De acuerdo al fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a los perjuicios materiales causados a desaparecidos o torturados se debe sumar una reparación por daños morales causados también a los familiares inmediatos.
Así las cosas, el fondo para indemnizaciones se distribuiría entre las víctimas directas y sus hijos, padres o hermanos siempre y cuando no hayan sido ya objeto de reparación económica.
“Esos siete millones de dólares pueden bajar porque hay que hacer unas deducciones de lo ya pagado y estaría divido en un grupo que oscila entre 138 y 140 personas aproximadamente”, dijo Adriana Guillén, directora de Agencia de Defensa Jurídica del Estado.
La funcionaria aclaró que ese monto está incluido dentro de los parámetros de indemnización normales del Sistema Interamericano pese a que las víctimas aspiraban a una reparación mayor.