La Contraloría General reveló un crítico panorama frente a la ejecución presupuestal y de funcionamiento de las cárceles y el instituto penitenciario del país.
Al alto grado de hacinamiento en los centros penitenciarios, se suma la mala ejecución en el presupuesto para aplicar cupo en cárceles y falencias en el seguimiento a las personas condenadas a detención domiciliaria, lo cual eleva de forma significativa los niveles de fuga.
Según el informe de la Contraloría, el 74% de las fugas registradas por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, INPEC, corresponden a evadidos con ocasión de detención domiciliaria, prisión domiciliaria y vigilancia electrónica.
La investigación establece que la labor de este organismo se limita exclusivamente a realizar revistas aleatorias, periódicas y esporádicas al lugar de residencia con el objeto de verificar su permanecía en la misma e informar de ello al juez conocedor de la causa.
Sin embargo, se evidenció que el INPEC informa al juez que el privado no se encontraba en su domicilio, tres (3) meses o más después de las visitas.
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Además, la Contraloría denuncia que el esfuerzo fiscal del Gobierno para crear nuevos cupos carcelarios, fracasa ante la incapacidad de la USPEC para ejecutar los recursos presupuestados a su misión.
Por ejemplo, en 2016 solo ejecutó el 10% de su presupuesto de inversión que ascendía a los $248.046 millones, asignados para adelantar proyectos de ampliación carcelaria.
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