El homicidio de un sacerdote a manos de un adolescente en el oeste de Venezuela encendió las alarmas de un país tradicionalmente católico, pues el menor asesinó al cura para librarse de los abusos sexuales que padecía.
Un caso en el que por momentos se desdibujan los roles de víctima y victimario.
EL HOMICIDIO
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Tras seis días desaparecido, el sacerdote Jesús Manuel Rondón Molina, de 47 años, fue encontrado muerto el 22 de enero en una zona boscosa de la población de Rubio, en Táchira.
Un joven de 17 años, cuya identidad es protegida por las autoridades venezolanas por tratarse de un menor de edad, confesó haber asesinado a Rondón Molina y que este abusaba sexualmente de él desde hacía casi cuatro años.
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El ministro de Interior, Néstor Reverol, explicó que el cura "mantenía acosado y bajo amenaza" al adolescente, quien citó al religioso a una zona cerca de un convento donde lo estranguló dentro de un vehículo.
LA PEDERASTIA
La Fiscalía venezolana ha confirmado que el sacerdote, que amenazaba al joven con violar a su hermano de 10 años si oponía resistencia o lo denunciaba, abusó sexualmente de ambos.
El fiscal general, Tarek William Saab, denunció que el comportamiento del cura era reiterado y del conocimiento de sus superiores, y aseguró tener pruebas de ello.
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Por ejemplo, informó que al menos dos niños más presentaron denuncias en su contra ante la iglesia en los años 2014 y 2015.
Rondón Molina, dijo, tenía una "carrera letal" en contra de menores de edad, sin que las autoridades eclesiásticas lo colocaran a las órdenes de la Justicia.
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"EL ENCUBRIMIENTO"
Tanto el fiscal general como el titular de Interior han recriminado a la Iglesia católica venezolana el "encubrimiento" de este hecho.
"¿Por qué este sujeto no se colocó ante los órganos de justicia competentes? Más bien se encubrió este caso, es lo que se presume", dijo Saab tras informar que 1.340 personas han sido condenadas en los últimos dos años por casos de abuso sexual contra niños y adolescentes.
Reverol, entretanto, considera que hay "perpetradores de la pedofilia instalados en la Iglesia católica y actúan con la complicidad de algunas de sus autoridades".
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"Las autoridades católicas en vez de dedicarse a la política (...) deberían hacer una campaña profiláctica para execrar de sus filas a estos sacerdotes que se dedican a esta aberrante actividad", manifestó en una postura que expresó frente a los medios de comunicación y reiteró luego en redes sociales.
LA RESPUESTA
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La Conferencia Episcopal de Venezuela (CEV) ha difundido un comunicado de 12 puntos en los que repudia la actuación del sacerdote, a la vez que lamenta su trágica muerte y ora por el joven abusado.
En este texto, los obispos reconocen que habían recibido "varias denuncias" en contra de Rondón Molina, por lo que hicieron las investigaciones de rigor y las autoridades eclesiásticas dictaron medidas cautelares contra el acusado, como la prohibición de tratar con menores de edad "mientras durara el proceso respectivo".
"A quienes presentaron las denuncias nunca se le impidió que pudieran acudir al fuero civil (...) no se ha encubierto ni a este ni a ningún clérigo que haya sido denunciado e investigado (...) tenemos la conciencia clara de haber obrado sin encubrimientos y de acuerdo a lo que exige la Iglesia", prosigue el escrito.
La CEV pide a las autoridades del Gobierno de Nicolás Maduro, con quienes tienen públicas enemistades, que "terminen de aclarar lo ocurrido, pero sin valerse de este triste suceso para fines políticos o de otra índole".
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EL PRECEDENTE
El cura de origen español Iván Merino Pedial fue detenido en noviembre de 2018 cuando abusaba de una niña de 12 años que pertenecía a su feligresía, en el estado de Zulia (noroeste), también fronterizo con Colombia.
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El religioso, de 35 años, abusó de la menor durante tres años y durante su sacerdocio en España había dado "señales claras" de pedofilia, según la denuncia de entonces hecha por el secretario de gobernación del Zulia, Lisandro Cabello.
Vea aquí: Cura confesó que abusó de niña de 11 años; ella lo grabó para que le creyeran
En diciembre de 2019 el papa Francisco promulgó dos leyes que eliminan el secreto pontificio cuando se trate de abusos sexuales, para que nunca más el ampararse en el silencio pontificio sirva a esconder u obstaculizar la investigación de los casos de pederastia por parte del clero.
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