La Sala de Reconocimiento de Verdad de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) imputó a 11 antiguos comandantes de los extintos Bloques Magdalena Medio y Caribe de las Farc-EP por crímenes graves cometidos en el norte y nororiente de Colombia.
Entre los altos mandos atribuidos como máximos responsables figuran dos exintegrantes del último Secretariado de la guerrilla: Rodrigo Londoño, conocido como 'Timochenko' o 'Timoleón Jiménez', y Pastor Lisandro Alape Lascarro, conocido como 'Pastor Alape'. Esta decisión judicial se enmarca en el Caso 10 de la JEP, que investiga crímenes no amnistiables cometidos por la antigua guerrilla que no fueron abordados en otros macrocasos.
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Imputación por crímenes no amnistiables y de lesa humanidad
La investigación, conducida bajo la correlatoría de la magistrada Julieta Lemaitre Ripoll, determinó que los 11 comparecientes son máximos responsables de crímenes de guerra como homicidio, desplazamiento forzado, dirigir intencionalmente ataques contra la población civil y bienes protegidos, tortura, violación y violencia sexual.
De igual manera, deberán responder ante la Justicia Transicional Restaurativa por crímenes de lesa humanidad que incluyen asesinato, traslado forzoso de población, desaparición forzada, tortura y otros actos inhumanos. La JEP subrayó la trascendencia de esta calificación jurídica al remarcar que, debido a su gravedad, "estos crímenes no pueden recibir perdón judicial".
Un hito frente a la impunidad histórica
Durante décadas, la intensidad del conflicto armado y la persecución contra jueces y fiscales impidieron que la justicia ordinaria investigara efectivamente estos hechos en los territorios.
Las cifras presentadas por la Jurisdicción revelan la magnitud de la impunidad en el pasado: en la justicia ordinaria "más del 95 % de los procesos por estos crímenes nunca llegaron a juicio y más del 72 % permanecían en etapa de indagación preliminar". El panorama era aún más crítico en las regiones del Caribe y el Magdalena Medio, donde "el desplazamiento y la desaparición forzada registraron un 100 % de impunidad". Con esta decisión, que da respuesta a las acreditaciones y relatos de 733 víctimas —incluyendo campesinos, docentes, líderes sociales, comunidades de fe, autoridades indígenas y afrodescendientes, así como integrantes de la fuerza pública—, la JEP "honra la lucha incansable de las víctimas por la verdad, y contribuye a saldar una deuda histórica de la justicia con el país por estos hechos".
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Dos patrones sistemáticos de violencia
La Sala de Reconocimiento de Verdad concluyó que las violaciones al Derecho Internacional Humanitario cometidas por estas estructuras no fueron hechos aislados, sino que respondieron a "dos grandes patrones: el primero, crímenes cometidos para ejercer control social y territorial; y el segundo, crímenes perpetrados durante el desarrollo de las hostilidades".
En el primer patrón, la guerrilla impuso un régimen de coerción en zonas de escasa presencia estatal mediante señalamientos a percibidos colaboradores del enemigo, castigos por desobedecer sus "normas de convivencia" y la estrategia de generar un "vacío de poder".
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Bajo esta lógica se persiguió a comunidades de fe, docentes y organizaciones campesinas como las Juntas de Acción Comunal, la ANUC y la ATCC. El ataque con mayor número de víctimas mortales contra trabajadores del campo documentado en este patrón fue la masacre perpetrada en 2004 en la finca La Duquesa, en Tibú (Catatumbo), donde integrantes del Frente 33 "asesinaron a 34 campesinos, entre ellos dos menores de 15 y 17 años". Asimismo, se constató que la violencia sexual se empleó de forma deliberada como un "dispositivo de castigo, disciplina e intimidación" contra la población civil.
En el segundo patrón, referente al desarrollo de las hostilidades, la extinta guerrilla empleó armas de efectos indiscriminados en tomas urbanas e incursiones. Entre las acciones más impactantes figura la toma de Chalán (Sucre) en 1996, en la que el Frente 35 detonó un "burro bomba" cargado con 50 kilogramos de explosivos que destruyó el casco urbano, mató a 11 policías y provocó el desplazamiento masivo de sus habitantes, dejando una localidad abandonada que fue apodada "el pueblo candado".
También se documentaron atentados urbanos como la detonación de un carro bomba en Bogotá frente a Caracol Radio en 2010 para asestar un "golpe de opinión", el ataque en Barranquilla en 2002 contra la caravana del entonces candidato presidencial Álvaro Uribe Vélez mediante un carro de helados cargado con explosivos, y sabotajes sistemáticos a la infraestructura energética y petrolera que desencadenaron catástrofes ambientales en ríos como el Catatumbo.