En entrevistas a 214 víctimas, la JEP evidencia cómo, tras ser reclutados, los sometían a cargas y tareas que excedían su capacidad física; los privaban de alimento y sueño como castigo cuando fallaban en entrenamientos de manejo de armas y explosivos.La magistrada Rueda detalló que las víctimas de reclutamiento forzado de las extintas Farc relataron malos tratos en las actividades cotidianas, como transportar leña, abrir trincheras, cocinar, hacer labores de aseo, pero también acciones como intentar comunicarse con su familia, comer un pedazo de panela sin permiso o negarse a torturar. La magistrada también reveló que se documentaron casos de suicidios de menores de edad como consecuencia de esos malos tratos.En el patrón de malos tratos, torturas y ejecuciones, la Jurisdicción documentó 104 víctimas sometidas a tortura, 28 a tratos crueles y 208 víctimas de condenas y ejecuciones sin juicio previo o sin las garantías indispensables.Otras 68 víctimas describieron los abusos durante los entrenamientos militares, en los que eran obligadas a cargar armamento pesado, realizar largas caminatas y manipular explosivos y minas antipersonal sin la preparación necesaria.Además, 81 contaron que fueron llevadas a operaciones militares y expuestas al fuego enemigo, incluso sin experiencia suficiente para afrontar los combates. Por otro lado, al menos 156 mujeres reportaron haber sido sometidas a la anticoncepción forzada y 91 denunciaron abortos forzados."Estos niños y niñas no tenían una posibilidad real de controvertir las órdenes, de cuestionarlas ni de rechazarlas. La disciplina se extendía a sus actividades cotidianas, a sus relaciones personales, a las tareas, a los entrenamientos e incluso a su participación en operaciones militares", explicó la magistrada Rueda.Otras 68 víctimas describieron los abusos durante los entrenamientos militares, en los que eran obligadas a cargar armamento pesado, realizar largas caminatas y manipular explosivos y minas antipersonal sin la preparación necesaria.Además, 81 contaron que fueron llevadas a operaciones militares y expuestas al fuego enemigo, incluso sin experiencia suficiente para afrontar los combates.Por otro lado, al menos 156 mujeres reportaron haber sido sometidas a la anticoncepción forzada y 91 denunciaron abortos forzados.Las sanciones incluían trabajos obligados, aislamiento, castigos físicos, humillaciones y fusilamientos. Según Rueda, los procedimientos disciplinarios y los llamados consejos revolucionarios de guerra no respetaron garantías básicas como el derecho de defensa, la legalidad o la independencia.Entre 1971 y 2016, las antiguas FARC reclutaron al menos a 18.677 menores. El Caso 07 cuenta con 11.319 víctimas acreditadas individual y colectivamente y acompaña la búsqueda de 533 niños y niñas reclutados que permanecen desaparecidos.
La diligencia fue programada para los días 7, 8 y 9 de abril de 2027. Ante las víctimas, la justicia y el país, Rodrigo Londoño, Jaime Alberto Parra, Milton de Jesús Toncel, Pablo Catatumbo, Pastor Alape y Julián Gallo, antiguos integrantes de las extintas Farc, deberán reconocer su responsabilidad como máximos responsables por los crímenes imputados en el Caso 07.Según la JEP, la decisión se da en respuesta a las recomendaciones de las víctimas y sus representantes. La preparación de la audiencia comienza con los patrones de reclutamiento y utilización de niñas y niños, y de malos tratos, torturas y homicidios intrafilas. Además, las violencias reproductivas, sexuales y por prejuicio serán abordadas en sesiones diferenciadas que harán parte de esa misma audiencia.Antes de la diligencia, la Sala de Reconocimiento resolverá las observaciones presentadas por las víctimas, los pueblos étnicos acreditados y el Ministerio Público, incluidas aquellas relacionadas con los patrones de violencias reproductivas, sexuales y por prejuicio."La Jurisdicción valoró preliminarmente el reconocimiento expresado por los comparecientes y encontró que reúne los elementos básicos de las dimensiones fáctica, jurídica y restaurativa que permiten convocarlos a la audiencia. Ese será el escenario para profundizar y fortalecer el reconocimiento", indicó la JEP en un comunicado.En otra decisión, la Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP llamó a nueve antiguos integrantes de las extintas Farc a reconocer su máxima responsabilidad por malos tratos, torturas, ejecuciones y juicios sin garantías, así como por violencias reproductivas contra niñas y niños reclutados.Cinco de los comparecientes también fueron llamados a reconocer su máxima responsabilidad por liderazgo regional del patrón de violencias reproductivas cometidas contra niñas reclutadas.En el primer patrón, la Jurisdicción encontró bases suficientes para determinar que al menos 104 víctimas fueron sometidas a tortura, 28 a tratos crueles y 208 fueron víctimas de condenas y ejecuciones sin previo juicio o sin las garantías indispensables. La información recopilada también da cuenta de que al menos 62 niñas y niños fueron ejecutados por estructuras de las antiguas Farc.En el segundo patrón, la Sala documentó al menos 218 víctimas de violencias reproductivas, quienes sufrieron 356 hechos. Esta cifra es superior al número de víctimas, pues algunas sufrieron dos o más hechos durante su permanencia en las filas. De los 356 hechos documentados, 313 ocurrieron cuando las víctimas eran niñas, por lo que la Sala concentró su análisis en estos casos.Entre las conductas identificadas en el segundo patrón están la anticoncepción forzada, los abortos forzados, los malos tratos asociados a estos procedimientos, la entrega forzosa de hijos e hijas recién nacidos a terceras personas y dos hechos de asesinato de recién nacidos.Las decisiones identifican la responsabilidad de mandos regionales que, desde sus posiciones jerárquicas, tuvieron capacidad de decisión, dirección y control sobre la implementación de estos patrones en los territorios bajo su autoridad. La Sala los llama a reconocer su responsabilidad como coautores mediatos.
La Sala de Reconocimiento de Verdad de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) imputó a 11 antiguos comandantes de los extintos Bloques Magdalena Medio y Caribe de las Farc-EP por crímenes graves cometidos en el norte y nororiente de Colombia. Entre los altos mandos atribuidos como máximos responsables figuran dos exintegrantes del último Secretariado de la guerrilla: Rodrigo Londoño, conocido como 'Timochenko' o 'Timoleón Jiménez', y Pastor Lisandro Alape Lascarro, conocido como 'Pastor Alape'. Esta decisión judicial se enmarca en el Caso 10 de la JEP, que investiga crímenes no amnistiables cometidos por la antigua guerrilla que no fueron abordados en otros macrocasos.Imputación por crímenes no amnistiables y de lesa humanidadLa investigación, conducida bajo la correlatoría de la magistrada Julieta Lemaitre Ripoll, determinó que los 11 comparecientes son máximos responsables de crímenes de guerra como homicidio, desplazamiento forzado, dirigir intencionalmente ataques contra la población civil y bienes protegidos, tortura, violación y violencia sexual. De igual manera, deberán responder ante la Justicia Transicional Restaurativa por crímenes de lesa humanidad que incluyen asesinato, traslado forzoso de población, desaparición forzada, tortura y otros actos inhumanos. La JEP subrayó la trascendencia de esta calificación jurídica al remarcar que, debido a su gravedad, "estos crímenes no pueden recibir perdón judicial".Un hito frente a la impunidad históricaDurante décadas, la intensidad del conflicto armado y la persecución contra jueces y fiscales impidieron que la justicia ordinaria investigara efectivamente estos hechos en los territorios. Las cifras presentadas por la Jurisdicción revelan la magnitud de la impunidad en el pasado: en la justicia ordinaria "más del 95 % de los procesos por estos crímenes nunca llegaron a juicio y más del 72 % permanecían en etapa de indagación preliminar". El panorama era aún más crítico en las regiones del Caribe y el Magdalena Medio, donde "el desplazamiento y la desaparición forzada registraron un 100 % de impunidad". Con esta decisión, que da respuesta a las acreditaciones y relatos de 733 víctimas —incluyendo campesinos, docentes, líderes sociales, comunidades de fe, autoridades indígenas y afrodescendientes, así como integrantes de la fuerza pública—, la JEP "honra la lucha incansable de las víctimas por la verdad, y contribuye a saldar una deuda histórica de la justicia con el país por estos hechos".Dos patrones sistemáticos de violenciaLa Sala de Reconocimiento de Verdad concluyó que las violaciones al Derecho Internacional Humanitario cometidas por estas estructuras no fueron hechos aislados, sino que respondieron a "dos grandes patrones: el primero, crímenes cometidos para ejercer control social y territorial; y el segundo, crímenes perpetrados durante el desarrollo de las hostilidades".En el primer patrón, la guerrilla impuso un régimen de coerción en zonas de escasa presencia estatal mediante señalamientos a percibidos colaboradores del enemigo, castigos por desobedecer sus "normas de convivencia" y la estrategia de generar un "vacío de poder". Bajo esta lógica se persiguió a comunidades de fe, docentes y organizaciones campesinas como las Juntas de Acción Comunal, la ANUC y la ATCC. El ataque con mayor número de víctimas mortales contra trabajadores del campo documentado en este patrón fue la masacre perpetrada en 2004 en la finca La Duquesa, en Tibú (Catatumbo), donde integrantes del Frente 33 "asesinaron a 34 campesinos, entre ellos dos menores de 15 y 17 años". Asimismo, se constató que la violencia sexual se empleó de forma deliberada como un "dispositivo de castigo, disciplina e intimidación" contra la población civil.En el segundo patrón, referente al desarrollo de las hostilidades, la extinta guerrilla empleó armas de efectos indiscriminados en tomas urbanas e incursiones. Entre las acciones más impactantes figura la toma de Chalán (Sucre) en 1996, en la que el Frente 35 detonó un "burro bomba" cargado con 50 kilogramos de explosivos que destruyó el casco urbano, mató a 11 policías y provocó el desplazamiento masivo de sus habitantes, dejando una localidad abandonada que fue apodada "el pueblo candado". También se documentaron atentados urbanos como la detonación de un carro bomba en Bogotá frente a Caracol Radio en 2010 para asestar un "golpe de opinión", el ataque en Barranquilla en 2002 contra la caravana del entonces candidato presidencial Álvaro Uribe Vélez mediante un carro de helados cargado con explosivos, y sabotajes sistemáticos a la infraestructura energética y petrolera que desencadenaron catástrofes ambientales en ríos como el Catatumbo.
La nueva acusación presentada por la Fiscalía de Estados Unidos contra Nicolás Maduro señala que el mandatario venezolano habría acordado entregar minas explosivas y otras armas a las FARC para pagar una deuda relacionada con actividades de narcotráfico.Según el documento, el hecho se remonta aproximadamente a 2013, poco después de la muerte del expresidente venezolano Hugo Chávez, cuando Maduro y Cilia Flores habrían participado en una reunión con varios dirigentes de la antigua guerrilla colombiana.Entre los asistentes mencionados por la Fiscalía están Rodrigo Londoño, conocido como alias Timochenko; Luciano Marín Arango, alias Iván Márquez; y Seuxis Pausias Hernández Solarte, alias Jesús Santrich.El escrito sostiene que durante ese encuentro se trataron asuntos relacionados con una deuda que Maduro tendría con las FARC por su asociación en el narcotráfico. Para pagar al menos una parte de esa obligación, Maduro habría aceptado vender minas explosivas y otras armas a la organización guerrillera.La acusación agrega que Maduro habría reconocido que el suministro de ese armamento aumentaría la capacidad de las FARC para combatir contra Colombia. También afirma que las ventas de minas continuaron aproximadamente hasta 2015 y que entre las operaciones mencionadas figuraba la entrega de minas fabricadas en Cuba.El documento no precisa la cantidad de explosivos que se habrían entregado ni detalla cada una de las transacciones. Sin embargo, vincula el presunto suministro de armamento con la deuda atribuida a Maduro y con las relaciones que, según los fiscales, mantenía con integrantes de la guerrilla colombiana.La acusación también describe otra operación relacionada con las FARC y el Ejército de Liberación Nacional (ELN). Según el escrito, alrededor de 2017, un funcionario venezolano identificado como CC-3 habría ordenado a integrantes de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) transportar armas a miembros de ambas organizaciones a cambio de cargamentos de cocaína.La acusación sitúa estos hechos dentro de una presunta red de narcotráfico que habría utilizado estructuras del Estado venezolano para facilitar el transporte de cocaína y establecer relaciones con organizaciones armadas. También sostiene que esas operaciones habrían generado beneficios económicos para funcionarios y grupos involucrados.Los señalamientos sobre las minas explosivas aparecen en las páginas 7 y 8 del documento, en el contexto de la reunión atribuida a Maduro, Flores y los dirigentes de las FARC. Las referencias al intercambio de armas por cocaína aparecen en la página 8.Las afirmaciones forman parte de la acusación de la Fiscalía estadounidense y no constituyen, por sí mismas, una declaración judicial de culpabilidad. El documento tampoco establece en los fragmentos citados la cantidad exacta de explosivos entregados ni ofrece un registro detallado de cada operación mencionada.
Las declaraciones de Rodrigo Londoño, antes conocido con el alias de “Timochenko”, durante una audiencia ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en 2019, siguen generando reacciones entre las víctimas del secuestro. El general retirado Luis Mendieta, quien permaneció 12 años secuestrado por las Farc, aseguró que las afirmaciones conocidas en las últimas horas representan una nueva revictimización.Mendieta cuestionó particularmente la forma en la que, según él, Londoño se refirió a las condiciones en las que permanecían los secuestrados y sostuvo que las víctimas recuerdan los tratos crueles e inhumanos que sufrieron durante el cautiverio. “Es una revictimización. Las declaraciones no dejan de asombrarnos, y especialmente pensaría que para todas las víctimas que ellos ocasionaron viene una revictimización, porque, pues, lo hace con sonrisas, con burlas, con sornas, con unos calificativos de lo que ellos nunca tuvieron, es decir, esa compasión que se debe tener con quien está allí en esas jaulas de concentración, en esos tratos crueles, inhumanos, debrantes, sometidos a esos vejámenes, a esas torturas, y también lo que ellos nunca reconocieron al delito de esclavitud, causa asombro”, afirmó el general.La polémica se originó por la publicación de partes de una audiencia reservada, en la que Londoño habló de las instrucciones que tenían las antiguas Farc para garantizar alimentación y lo que denominó un “buen trato” a los cautivos. La JEP posteriormente aclaró que la existencia de una directriz interna no significaba que las condiciones de cautiverio hubieran sido adecuadas y señaló que en el Caso 01 estableció graves vulneraciones a los derechos de las víctimas.Mendieta cuestionó el trato a las víctimasEn diálogo con Blu Radio, el general retirado aseguró que las víctimas han reclamado desde hace años un trato diferente dentro de la justicia transicional.Mendieta sostuvo que, desde su experiencia como víctima del secuestro, tuvo que acudir incluso a acciones de tutela para poder participar en algunas diligencias de la JEP. En contraste, afirmó que los antiguos integrantes de las Farc han contado con mayores posibilidades de participación.“Lo que ha sido la participación de ellos, pues, con todas las ventajas y todos los presupuestos disponibles para que ellos allí puedan estar a sus anchas, lo que no pasó con las víctimas”, agregó.También cuestionó los recursos destinados a las sanciones propias que cumplen los antiguos integrantes del Secretariado de las Farc. Actualmente, Rodrigo Londoño y otros seis exmiembros del Secretariado cumplen sanciones restaurativas por su responsabilidad en los secuestros y graves privaciones de la libertad investigados en el Caso 01.Sobre este punto, Mendieta reclamó que los programas de reparación y las decisiones presupuestales tengan también en cuenta a las víctimas.“Para ellos sí hay presupuesto para todas esas actividades. Ahora, si vamos a lo de memoria histórica, también se les destinó presupuesto para que ellos puedan contar esa memoria histórica, y allí se dejaron de lado totalmente a todas las víctimas que ellos ocasionaron”, dijo el general retirado. Por otro lado, el general Mendieta se refirió a la reforma que actualmente genera debate en el Congreso y que plantea una revisión de las decisiones de la JEP relacionadas con integrantes de la Fuerza Pública.El general manifestó que, desde su perspectiva, los integrantes de la Fuerza Pública deberían ser juzgados por la jurisdicción militar.“Si la JEP es el juez natural de las Farc, ¿por qué van a ser los jueces naturales de los integrantes de la Fuerza Pública?. En este caso, pensaría que son los tribunales militares, los jueces militares, quienes son los jueces naturales de los integrantes de la fuerza pública y, por lo tanto, no deben de estar allí siendo procesados por la JEP”, agregó.En medio de esta nueva polémica que rodea a la Jurisdicción, el general Mendieta pidió que las víctimas tengan una mayor participación en las decisiones relacionadas con el proceso de paz y con las medidas de reparación.
La Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, respondió a los cuestionamientos que surgieron tras la publicación de una audiencia de 2019, en donde Rodrigo Londoño, antes conocido como Timochenko, habló sobre las condiciones en las que permanecían los secuestrados de las antiguas Farc.Los apartes de esa audiencia reservada fueron revelados por la senadora María Clara Posada, del Centro Democrático, en medio del debate que se adelanta en el Congreso por el presupuesto de la justicia transicional.En uno de los fragmentos divulgados, Londoño aseguró que dentro de las Farc existían instrucciones para garantizar la alimentación y el buen trato de los secuestrados, y sostuvo que no estaba permitido torturarlos. Frente a esto, la JEP hizo una precisión sobre lo establecido en sus investigaciones dentro del Caso 01, que investiga la toma de rehenes, las graves privaciones de la libertad y otros crímenes cometidos por las Farc.El tribunal señaló que sí encontró la existencia de una norma interna de “buen trato” para los cautivos. Sin embargo, aclaró que esa directriz no se cumplió en la práctica.Según la JEP, los secuestrados quedaron a merced de quienes estaban encargados de vigilarlos y fueron sometidos a diferentes formas de violencia y graves vulneraciones de sus derechos.La jurisdicción recordó que, dentro del Caso 01, imputó crímenes de guerra y de lesa humanidad a 63 exintegrantes de las Farc por la toma de rehenes y graves privaciones de la libertad.Entre los responsables señalados se encuentran los siete integrantes del antiguo Secretariado, incluido Rodrigo Londoño.La JEP también estableció responsabilidades por otros crímenes relacionados con el cautiverio, entre ellos tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes, homicidio, desaparición forzada, desplazamiento forzado y violencia sexual. De acuerdo con una sentencia de la JEP sobre el Caso 01, los antiguos integrantes del Secretariado no impartieron instrucciones suficientemente claras y específicas para garantizar condiciones dignas de reclusión. El tribunal señaló que, más allá de la consigna general de preservar la vida de los cautivos, existió una amplia discrecionalidad para quienes estaban encargados directamente de los secuestrados.Es por esto por lo que la JEP recordó que sus conclusiones sobre los secuestros no se basan únicamente en lo expresado por los excomandantes, sino en el conjunto de pruebas y testimonios recopilados durante la investigación del Caso 01.
La senadora María Clara Posada cuestionó una audiencia reservada que Rodrigo Londoño, alias 'Timochenko', rindió ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en 2019, al considerar que durante la diligencia hubo una actitud de cercanía entre los magistrados y el excomandante de las Farc.La audiencia ocurrió el 14 de febrero de 2019 y correspondió al entonces denominado macrocaso de secuestro. La JEP había citado a Londoño como parte de las versiones de los integrantes del antiguo Estado Mayor de las Farc por los hechos relacionados con la privación de la libertad de personas.Según Posada, quien reveló nuevos extractos de la diligencia, esta se extendió durante seis horas y tuvo carácter reservado. “Parecía más bien una charla de amigos con risillas, anécdotas, sin preguntas incómodas y cargada de complicidades”, aseguró la senadora al referirse al desarrollo de la audiencia.¿Qué cuestiona la senadora sobre la audiencia de 'Timochenko'?Posada señaló como uno de los puntos que considera más relevantes las declaraciones de Timochenko sobre el trato que recibían los secuestrados. De acuerdo con la congresista, el excomandante de las Farc sostuvo durante la diligencia que existían criterios de buen trato, alimentación y ausencia de torturas.La senadora cuestionó que los magistrados no hubieran interrumpido la audiencia frente a esas afirmaciones y las contrastó con testimonios y registros conocidos públicamente sobre las condiciones de personas secuestradas durante el conflicto.Otro de los asuntos que destacó fue la discusión sobre las penas que enfrentarían los integrantes de las Farc después del acuerdo de paz. Posada aseguró que durante la audiencia quedó expuesta la posición de Londoño frente a la posibilidad de que los excombatientes fueran enviados a prisión.En ese contexto, también se mencionó la posibilidad de que las penas fueran cumplidas en La Habana. La senadora señaló que durante la conversación hubo incluso una referencia, en tono de broma, a la posibilidad de viajar a Varadero.¿Qué dijo Timochenko sobre la JEP?Uno de los apartes que Posada destacó corresponde a una expresión de Rodrigo Londoño sobre el tribunal de paz. “¿Cómo nosotros vamos a atacar una criatura que nosotros mismos ayudamos a parir?”, habría dicho Timochenko durante la audiencia, en referencia a la JEP.La diligencia hacía parte del Caso 01, relacionado con los secuestros cometidos por las Farc. La propia JEP registra que Londoño rindió su versión individual el 14 de febrero de 2019.Posada sostuvo que lo ocurrido en esa audiencia demuestra, desde su perspectiva, una actitud “condescendiente y a veces cómplice” de los magistrados frente a los antiguos integrantes de las Farc. Esa es la interpretación expresada por la senadora sobre los apartes que está divulgando.La congresista también planteó que estas audiencias deberían ser públicas y cuestionó los recursos destinados a la JEP. Según sus cifras, la jurisdicción ha representado un costo de $3,8 billones durante sus primeros ocho años.
La senadora del Centro Democrático, María Clara Posada, volvió a cuestionar el funcionamiento de la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, en medio del debate que se adelanta en el Congreso por el recorte de cerca de $170.000 millones de pesos al presupuesto de esta jurisdicción para 2027.La congresista reveló extractos de una audiencia reservada realizada el 14 de febrero de 2019 entre la magistrada Julieta Lemaitre y el excomandante de las FARC Rodrigo Londoño, conocido como Timochenko, durante su primera comparecencia dentro del macrocaso 01, relacionado con secuestros. En uno de los fragmentos divulgados, Londoño se refiere al trato que recibían los secuestrados y asegura que existían instrucciones para garantizarles alimentación y evitar agresiones físicas. Según su relato, incluso las riñas entre integrantes de las entonces FARC eran sancionadas internamente.Durante la diligencia, el exjefe de las FARC también recordó una conversación con el entonces jefe negociador del Gobierno, el exvicepresidente Humberto de la Calle, sobre las penas que enfrentarían los integrantes de la organización tras la firma del acuerdo de paz. Londoño cuestionó en ese momento la posibilidad de que los excombatientes terminaran en prisión y planteó interrogantes sobre quiénes asumirían las responsabilidades por el conflicto.En otro de los apartes, Timochenko relató que se llegó a hablar de penas más suaves, tomando como referencia el tratamiento dado a los paramilitares, y que estas podrían cumplirse en La Habana. Incluso mencionó que alguien, en tono de broma, habló de la posibilidad de que los condenados tuvieran derecho a ir a la playa de Varadero.Londoño también se refirió directamente a la JEP y la calificó como una “criatura” surgida de los acuerdos de La Habana, al señalar que él mismo había participado en las negociaciones y en la construcción del mecanismo de justicia transicional. Precisamente, la senadora cuestionó que la audiencia de febrero de 2019 tuviera carácter reservado y sostuvo que, por su contenido, debería ser conocida públicamente. Posada afirmó que la diligencia, que se extendió durante cerca de seis horas, no se habría desarrollado como un interrogatorio judicial riguroso, sino como una conversación en la que, según su interpretación, hubo risas, anécdotas y ausencia de preguntas incómodas.La congresista también relacionó la audiencia con el costo que, según sus cifras, ha tenido la JEP para el Estado y aseguró que lo ocurrido representa una afectación para las víctimas. Estas últimas afirmaciones corresponden a la interpretación y los cuestionamientos planteados por la senadora.
Los siete integrantes del último Secretariado de las Farc comenzaron a cumplir la sanción impuesta por la Jurisdicción Especial para la Paz por su responsabilidad en los más de 21.000 secuestros investigados en el Caso 01.La medida cobija a Rodrigo Londoño Echeverry, Jaime Alberto Parra Rodríguez, Milton de Jesús Toncel Redondo, Pablo Catatumbo Torres Victoria, Pastor Lisandro Alape Lascarro, Julián Gallo Cubillos y Rodrigo Granda Escobar. El cumplimiento de la sanción comenzó el pasado 21 de septiembre y se extenderá por diferentes regiones del país, en un proceso que contempla siete fases y que está previsto hasta marzo de 2034.La Jurisdicción estableció que los comparecientes deberán desarrollar proyectos restaurativos y estarán sometidos a restricciones efectivas de sus derechos y libertades.Una de las primeras acciones se desarrolla en el cementerio San Antonio de Padua de Pitalito, Huila, donde entre el 21 y el 30 de septiembre participan en la recuperación de cuerpos de personas no identificadas.La intervención está liderada por la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas y se realiza en articulación con la JEP.En este trabajo también participan máximos responsables de la Fuerza Pública vinculados a investigaciones por asesinatos y desapariciones forzadas presentadas falsamente como bajas en combate, así como cuatro máximos responsables por secuestro que pertenecieron al extinto Estado Mayor del Bloque Sur de las Farc.La sentencia establece que los siete exintegrantes del Secretariado deberán trabajar en diferentes proyectos restaurativos durante un periodo de hasta ocho años.Las líneas de trabajo incluyen búsqueda de personas dadas por desaparecidas, desminado humanitario, reconstrucción de infraestructura rural y urbana, acciones de protección y recuperación del medio ambiente, construcción de memoria histórica y reparación simbólica y proyectos de vida económicos en favor de las víctimas.Los trabajos se desarrollarán en distintas regiones, entre ellas Huila, Putumayo, Nariño, Meta, Antioquia, Bolívar, Cesar, Santander, Casanare, Vaupés y Bogotá.El cumplimiento de la sanción no implica libertad plena para los comparecientes. La JEP estableció restricciones sobre su movilidad, residencia y actividades.La JEP realizará el seguimiento mediante monitoreo remoto, geocercas y alertas, además de verificaciones presenciales en los lugares donde se desarrollen los proyectos.
Luego de que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) activará las sanciones para siete exintegrantes del secretariado de las Far, desde el lunes 21 de septiembre y hasta el 30 de agosto Rodrigo Londoño, Rodrigo Granda, Pastor Alape, Jaime Alberto Parra y Milton de Jesús Toncel cumplirán dicha sentencia con la búsqueda de personas dadas por desaparecidas en el cementerio San Antonio de Padua, en Pitalito Huila.“Como comparecientes del Caso 01, iniciamos el cumplimiento de la sanción que nos ha sido impuesta a los miembros del último secretariado de las Farc, pero también con la presencia de comparecientes del antiguo Bloque Sur. No lo hacemos como quien salda una obligación”, dijeron en un comunicado los integrantes del último Secretariado de las extintas Farc-EP.Desde el secretariado señalaron que dicha acción no es solo un trámite y que durante sus encuentros con las víctimas han aprendido que las palabras no son lo único que funciona para reparar los daños causados por la antigua guerrilla.“No venimos a decir que estas acciones cierran las heridas, venimos a decir que estamos abriendo un camino, con hechos, hacia una reparación que las víctimas y las comunidades merecen y que Colombia necesita”, añadieron.Asimismo, señalaron que cumplirán con las tareas establecidas por la JEP en el marco de este programa de justicia restaurativa con responsabilidad y respeto de cada una de las comunidades.“En un escenario complejo, como el que vive el país, tenemos el deber de demostrar que Colombia puede transformar su historia mediante la verdad, la justicia y la reparación. Es por ello que hoy trabajamos codo a codo, con los comparecientes de la fuerza pública y algunos comparecientes del bloque sur”, señaló Rodrigo Londoño, antes conocido como 'Timochenko' y antiguo comandante de las Farc.Desde el último secretariado defendieron además el proceso de paz y señalaron que continuarán cumpliendo cada una de las partes de este proceso.“A ellas, las víctimas, le reafirmamos que cumplir esta sanción no es un trámite, sino un ejercicio de responsabilidad y compromiso revolucionario de escucha y de reparación frente a lo que nos corresponde”, dijo Londoño.
El Gaula Militar detuvo en el barrio Quirinal de Neiva a Carlos Andrés Oyola Tovar, de 36 años, un funcionario activo de la Dirección Nacional de Inteligencia, quien trabajaba en la DNI desde la época del expresidente Gustavo Petro.La captura del hombre, quien es ingeniero de sistemas, se produjo por el presunto delito de acceso abusivo a un sistema informático.No hay detalles oficiales de la detención; sin embargo, ha trascendido que estaría relacionada con la posible posesión de información de inteligencia. El detenido había sido mencionado en redes sociales por supuesta tenencia de información oficial, facilitada por sus funciones dentro de la DNI, sobre lo cual las autoridades aún no han ampliado información.De la captura se conoció la fotografía en la cual aparece entre una funcionaria del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), un policía y dos militares, en las instalaciones del Gaula Militar Huila.
La búsqueda de ropa para estrenar el 24 y el 31 de diciembre ya empieza a tomar fuerza en Bogotá. Con la llegada de la temporada navideña, miles de compradores se preparan para elegir sus prendas, renovar el vestuario y encontrar opciones para las celebraciones de fin de año.En medio de ese movimiento comercial, una conocida zona del centro de la capital tendrá una novedad para quienes acostumbran hacer sus compras de diciembre. Se trata de la apertura de un espacio que reunirá a más de 40 comerciantes y emprendedores, justo cuando aumenta la demanda de prendas de vestir, calzado y accesorios. ¿Qué novedades encontrarán quienes busquen ropa para estrenar en diciembre?Este espacio de comercio estará ubicada en uno de los sectores tradicionales de compras de Bogotá: el reconocido lugar de San Victorino, donde cientos de personas acuden año tras año a este lugar a realizar sus compras. Allí abrirá La 1010 – La Esquina de San Victorino, en las reconocidas calle 10 con carrera 10, un establecimiento que se sumará a la oferta comercial durante la temporada de Navidad y Año Nuevo. Durante noviembre y diciembre aumenta la llegada al centro de Bogotá de compradores que buscan jeans, camisas, ropa, calzado y accesorios para las celebraciones de fin de año.¿Por qué abrirán más de 40 nuevos locales en San Victorino?El sector tiene una historia marcada por profundas transformaciones. Durante años, una parte de esta zona estuvo relacionada con la antigua calle del Cartucho, recordada por los problemas de violencia, inseguridad, consumo de drogas y deterioro urbano.Actualmente, sus calles concentran actividades de confección, distribución y comercialización de productos. Desde temprano llegan compradores de diferentes regiones del país al reconocido “madrugón”.La llegada de estos nuevos negocios (La 1010 – La Esquina de San Victorino) coincide con la temporada en la que muchos bogotanos salen a buscar ropa, calzado y accesorios para estrenar el 24 y el 31 de diciembre.
Inflar un neumático puede parecer una tarea sencilla y rutinaria, pero hacerlo sin las precauciones necesarias puede ser un riesgo para quienes se encuentran cerca. Una presión de aire excesiva, una falla en la estructura de la llanta o un daño previo pueden provocar una explosión repentina, capaz de lanzar piezas a gran velocidad y causar lesiones graves.Un momento de tensión se vivió en Vietnam, donde un hombre estuvo a punto de ser alcanzado por un neumático que salió disparado mientras era inflado.Neumático explotó y salió disparado a centímetros de un hombreEl hecho quedó registrado en un video que muestra el instante en el que un neumático explota de manera inesperada mientras varias personas realizaban labores para inflarlo.En el video difundido en redes sociales se ve una tractomula estacionada a pocos metros de un grupo de hombres que estaban trabajando en un taller. Uno de ellos estaba inflando una llanta con ayuda de una herramienta mecánica cuando, en cuestión de segundos, el neumático estalló y salió disparado por los aires.La detonación provocó un fuerte estruendo y ocasionó que la llanta saliera despedida con gran fuerza. En medio de la situación, el neumático pasó muy cerca de uno de los hombres que se encontraba en el lugar y terminó cayendo justo detrás de él.La persona estuvo a centímetros de recibir el impacto, por lo que el episodio pudo terminar en una tragedia.Las imágenes muestran la fuerza con la que puede salir expulsado un neumático cuando se produce una explosión durante el proceso de inflado, por lo cual es importante mantener una distancia prudente y utilizar equipos adecuados para evitar accidentes de este tipo.
Este sábado, 7 de noviembre de 2026, Travesía Blu analizó el trasfondo económico de las siete maravillas del mundo moderno y los retos de la infraestructura turística para viajar con niños. En este episodio se exploró la votación de los monumentos más icónicos del planeta, el festival gastronómico y pet-friendly Burfest y Belú en Bogotá, el filme 'Yo soy Rocky' ambientado en Filadelfia y la exhibición floral Caliorquídeas 2026 en Cali. Además, los oyentes descubrieron el sobrecogedor paisaje sonoro del despegue de un globo aerostático sobre Florencia.Se debatió sobre: ¿Qué tan amigable es el turismo con los niños? Se concluyó que actualmente no es suficientemente amigable, debido a fallas de infraestructura en hoteles y ciudades, falta de chalecos salvavidas a la medida en embarcaciones, restricciones en aerolíneas y espacios poco adecuados para las familias.Tema central: Raúl Solarte relató la historia y las curiosidades tras la elección de las siete maravillas del mundo moderno. Destacó que el concurso fue impulsado por Bernard Weber mediante votaciones pagadas e por internet, lo que benefició a naciones más pobladas. Asimismo, abordó la exclusión de la pirámide de Keops tras recibir un título honorífico, la desvinculación de la UNESCO, el sobreturismo en lugares como Machu Picchu o Venecia y la urgencia de regular la capacidad de carga para proteger el patrimonio cultural.En 'El mundo a la carta': Marco Cadavid anunció la llegada a Bogotá de Velú & Friends y Burfest, un festival que se realizará en la Hacienda San Rafael. El evento reunirá 13 hamburgueserías con un precio único de $27.000, además de zonas de adopción de mascotas, talleres y espacios de juego con entrada gratuita.En 'Cinema travel': Luis Carlos Rueda reseñó la película 'Yo soy Rocky', que relata la etapa en que Sylvester Stallone escribió el icónico guion viviendo en la pobreza. Sugirió visitar Filadelfia (Pensilvania) para subir corriendo los famosos escalones del Museo de Arte emulando al personaje, además de recorrer la Campana de la Libertad y el Hall de la Independencia.En 'Ecosistemas Blu': Carlos Mario Wagner expuso la biodiversidad de la exposición Caliorquídeas 2026 en el Orquideorama de Cali. Explicó la enorme variedad nacional de orquídeas (tardaría casi 12 años en contarse una diaria), compartió consejos sobre su cultivo y enfatizó la conservación de especies extintas en los bosques.En 'Paisaje sonoro': Se escuchó el rugido del fuego al inflar un globo aerostático a las 6:00 a.m. en la plaza principal de Florencia (Italia). Se resaltó la magia de contemplar la cuna del Renacimiento desde el cielo y se recordaron otros destinos emblemáticos para este vuelo, como el Eje Cafetero y Capadocia.Escuche el programa completo acá:
Un escándalo se desató luego de que un alcalde ingresara a una de las habitaciones destinadas al descanso del personal médico y encontrara a dos profesionales de la salud. El mandatario los acusó de estar teniendo un encuentro íntimo mientras varios pacientes esperaban atención en urgencias. Su reacción quedó grabada en video y provocó consecuencias para la administración del centro asistencial.El episodio ocurrió la noche del miércoles 4 de noviembre en el Hospital Jailton Messias de Souza de Albuquerque, ubicado en Barreiros, municipio del estado de Pernambuco, en Brasil. El alcalde Carlos Artur Soares llegó al establecimiento para verificar las quejas que había recibido sobre la falta de personal médico y las demoras en la atención de los usuarios.Según explicó el propio funcionario, al llegar comprobó que había tres médicos asignados al turno, pero solamente uno estaba atendiendo a los pacientes. Por esa razón, decidió recorrer las instalaciones hasta llegar a una habitación destinada al descanso de los trabajadores, donde encontró a un médico y una médica.El mandatario reaccionó con furia y los acusó de estar durmiendo y besándose durante su jornada laboral. Incluso los llamó "vagabundos", les ordenó abandonar el hospital y solicitó la intervención de la Policía para que fueran detenidos. Sin embargo, ninguno de los profesionales terminó arrestado."¡Lo que están haciendo es absurdo! ¡Dios mío! La sala de urgencias está abarrotada y ustedes están aquí durmiendo y besándose. ¡Es indignante! Los voy a echar ahora mismo. ¡Fuera de aquí, fuera de este hospital!", gritó Soares durante el enfrentamiento.¿Qué pasó con los médicos tras el escándalo?La versión del alcalde fue cuestionada por el Sindicato de Médicos de Pernambuco (Simepe), que aseguró que los dos profesionales estaban en su período de descanso después de cumplir 12 horas de intensa actividad. Según la organización, otro médico continuaba atendiendo a los pacientes.Además, el sindicato advirtió que no se habían presentado pruebas que demostraran que ambos trabajadores mantenían una relación íntima dentro del establecimiento. Por su parte, el Consejo Regional de Medicina rechazó la exposición pública de los profesionales y cuestionó la forma en que se difundieron las imágenes.El episodio también provocó cambios administrativos. La alcaldía anunció que terminaría el contrato con la Asociación João Paulo II, encargada de gestionar el hospital, y que la Secretaría de Salud municipal asumiría temporalmente su operación, mientras se adelanta un proceso de licitación para seleccionar un nuevo administrador.
