La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) imputó crímenes de guerra y de lesa humanidad a 27 antiguos comandantes de las extintas Farc, entre ellos, cuatro exmiembros del último secretariado: Rodrigo Londoño, ‘Timochenko’; Julián Gallo, ‘Carlos Antonio Lozada’; Jaime Alberto Parra, ‘el médico’ y Milton de Jesús Toncel, ‘Joaquín Gómez’.Según la Sala de Reconocimiento, los comparecientes son máximos responsables de hechos de violencia sexual, además de desapariciones forzadas, masacres, homicidios, atentados, desplazamientos forzados y torturas.La investigación recoge hechos ocurridos en Arauca, Casanare, Meta, Guaviare, Caquetá, Putumayo, Vichada, Vaupés, Guainía y sectores de Huila, Nariño, Cauca, Boyacá y Amazonas.“Es la radiografía judicial más completa y profunda que se ha realizado en Colombia en relación con los 2 bloques más grandes de las antiguas Farc, el bloque oriental y el bloque sur. (…) Estamos hablando de que estos 2 grandes bloques de las Farc básicamente operaban en 15 departamentos, es decir, estamos hablando de casi la mitad de Colombia. O sea, este auto es la mitad de Colombia”, afirmó Alejandro Ramelli, presidente de la JEP.Para explicar cómo operó esa estructura, la Sala agrupó los hechos en tres patrones de criminalidad. El primero corresponde a los crímenes cometidos en medio de las hostilidades. Allí la JEP documentó tomas guerrilleras, hostigamientos, emboscadas, ataques contra estaciones de Policía y bases militares, además del uso de minas antipersonal y explosivos que terminaron afectando a la población civil.Entre los casos más representativos está la toma de Mitú, en noviembre de 1998, que se prolongó durante cerca de 72 horas, dejó 56 personas muertas y gran parte de la capital del Vaupés destruida. También figura el combate de El Billar, en Caquetá, donde el 3 de marzo de 1998 murieron 64 militares tras un enfrentamiento con cerca de 1.800 guerrilleros.El segundo patrón reúne los crímenes que, según la JEP, estuvieron relacionados con el control territorial ejercido por las Farc-EP. La Sala concluyó que varias de estas conductas tenían como propósito consolidar la presencia de la guerrilla en las zonas donde operaba y describió tres modalidades de actuación.La primera, dirigida contra quienes desobedecían sus órdenes, se negaban a pagar extorsiones o se resistían al reclutamiento forzado; la segunda, contra personas señaladas de colaborar o simpatizar con la fuerza pública o con otros grupos armados; y la tercera, orientada a generar un “vacío de poder” mediante ataques contra alcaldes, concejales, candidatos y líderes sociales para forzar su salida y debilitar la presencia del Estado.“La guerrilla castigó los liderazgos campesinos independientes, incluyendo presidentes de las juntas de acción comunal, miembros de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos de Colombia, ANUC, y líderes de la Asociación Nacional de Mujeres Campesinas, Negras e Indígenas de Colombia, ANMUCIC. También castigaron a las familias que se resistían al reclutamiento, a quienes desobedecían sus órdenes, a quienes eran sospechosos de simpatizar o colaborar con el Ejército Nacional o los paramilitares, y a quienes resentía como rivales dentro del ejercicio de la función democrática”, subraya la JEP.La Jurisdicción documentó 807 registros de desplazamiento forzado, 284 homicidios, 231 desapariciones forzadas, 47 hechos de violencia sexual y 14 casos de torturaEn el tercer patrón la Sala atribuye atentados con explosivos de gran magnitud y homicidios selectivos contra personas declaradas “objetivo militar”.Entre ellos aparecen los rockets disparados contra el Palacio de Nariño durante la posesión presidencial de Álvaro Uribe Vélez el 7 de agosto de 2002, que dejaron 31 personas muertas, incluidos niños, y 29 heridas tras caer en los barrios El Cartucho y La Estanzuela; el atentado contra el Club El Nogal, que dejó 36 muertos y cerca de 200 heridos; la moto bomba en la Zona Rosa de Villavicencio, con 14 muertos y 48 heridos; y la casa bomba en Neiva.“Nos reconocieron que la casa bomba, lo que se estaba preparando, era un atentado a una caravana en la cual iría el presidente Álvaro Uribe. Sin embargo, llegaron, la fuerza pública, no. La Fiscalía, con una delegación de la policía, llegó a investigar y estallaron la casa los que tenían el control de la bomba, asesinando a 15 personas, incluyendo varios civiles, incluyendo a la fiscal que investigaba, y destruyendo viviendas de la comunidad”, subrayó la magistrada Julieta Lemaitre.“Aceptaron que la guerrilla cometió los atentados contra el exministro Fernando Londoño; el entonces presidente de Fedegán, Jorge Visbal Martelo; el entonces senador Germán Vargas Lleras, y los asesinatos del profesor y economista Jesús Bejarano, del general (r) Fernando Landazabal y de Hernando Pizarro”, se lee en el auto.En medio de esta decisión también se dio la primera imputación conjunta con el Caso 11 por violencia sexual y basada en género. La Sala documentó que integrantes de las Farc utilizaron la violencia sexual como mecanismo de castigo contra mujeres que, según la organización, incumplían sus normas o desafiaban su autoridad, así como agresiones sexuales cometidas durante las hostilidades.
La directora de la Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz, Gloria Cuartas, denunció penalmente este miércoles al presidente electo de Colombia, Abelardo De La Espriella, por presuntos delitos de hostigamiento agravado, injuria e instigación a delinquir contra el exjefe de las FARC Rodrigo Londoño y los firmantes del acuerdo de paz de 2016.La denuncia presentada ante la Fiscalía sostiene que las manifestaciones públicas de De La Espriella "incrementan el riesgo" para los excombatientes en proceso de reincorporación y constituyen una forma de estigmatización contra quienes se acogieron al acuerdo.La acción judicial responde al anuncio hecho el pasado lunes por De La Espriella de que, cuando asuma la Presidencia el próximo 7 de agosto, eliminará el cargo del alto comisionado para la Paz y desmontará lo que calificó como un "perverso sistema de impunidad".En ese pronunciamiento, el futuro mandatario cuestionó que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) autorizara un viaje de Londoño a España y aseguró que el antiguo jefe de las FARC "merece estar preso de por vida", además de criticar que Pilar Rueda Jiménez, esposa del senador y excandidato presidencial de izquierda Iván Cepeda, trabaje en ese tribunal.Cuartas también pidió a la Fiscalía investigar las expresiones de De La Espriella dirigidas contra Rueda, al considerar que podrían constituir violencia política de género.En un mensaje publicado en X, la funcionaria aseguró que las declaraciones del presidente electo "representan una amenaza" para la implementación del acuerdo de paz y afirmó que agotará "todas las instancias" para que respete la justicia transicional pactada en ese acuerdo.La denuncia fue presentada antes de la posesión de De La Espriella, prevista para el próximo 7 de agosto, fecha a partir de la cual quedará amparado por el fuero constitucional que ampara al presidente de la República.
En medio del Congreso Internacional por los 10 años del Acuerdo de Paz, que se llevó a cabo en el Teatro Colón en Bogotá, Rodrigo Londoño, más conocido como ‘Timochenko’, hizo un llamado a mantener un tono moderado en los recientes debates sobre el acuerdo de paz y la situación jurídica de los firmantes.“No respondamos, incluso a los discursos incendiarios, con respuestas incendiarias. Eso agudiza más la polarización a la que nos quieren llevar y a la que no debemos dejarnos llevar. Sí hay que confrontar las ideas y las propuestas, pero la forma es muy importante”, afirmó el firmante de paz.Además, se refirió a la polémica que generó su viaje a España para participar en un seminario convocado por la organización política Izquierda Unida, especialmente por las declaraciones del presidente electo, Abelardo de la Espriella. “Hay una estigmatización de quienes van a asumir la conducción del país en los próximos días hacia quienes estamos comprometidos con la paz y con los derechos humanos”, afirmó Londoño.En la misma línea del expresidente y Nobel de Paz Juan Manuel Santos, Londoño advirtió sobre la importancia de frenar las narrativas estigmatizantes que, según dijo, pueden alimentar mensajes de odio contra los firmantes y poner en riesgo sus vidas. “Y esa es la situación que estamos comenzando a vivir en este momento en Colombia. Entonces, la vida de todos los firmantes está en peligro en este momento con esos mensajes de odio. Tenemos que trabajar en función de eso”, afirmó.Finalmente, Londoño reiteró su disposición a dialogar con el Gobierno entrante y recordó la carta enviada al presidente electo, que firmó junto con otros seis integrantes del antiguo secretariado de las Farc. En el documento expresaron su voluntad de trabajar con el nuevo gobierno y priorizar el cumplimiento del Acuerdo de Paz por encima de las diferencias ideológicas o políticas.“Esto va a estar duro, va a estar difícil, pero la decisión que nunca podemos tomar es volver a las armas, porque sería un suicidio político y personal”, concluyó Rodrigo Londoño.
La negociadora de paz y vocera de Defendamos la Paz, Gloria Arias, manifestó su preocupación por las declaraciones del presidente electo, Abelardo de la Espriella, relacionadas con el Acuerdo de Paz firmado en 2016. En entrevista con Mañanas Blu 10:30 AM, sostuvo que este cuenta con respaldo jurídico y que cualquier intento de revertirlo afectaría los avances alcanzados durante la última década."La paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento, y tratar de reversar el acuerdo pactado en el 2016 sería de verdad algo que no tiene ninguna lógica y que sería un suicidio para el país. Es mucho lo que se ha avanzado, hay más de 12.000 excombatientes que dejaron las armas, que han hecho sus mejores esfuerzos por poderse vincular a una vida civil", precisó.Arias afirmó que el acuerdo fue suscrito por el Estado colombiano y no por un gobierno en particular, por lo que, a su juicio, debe cumplirse independientemente de los cambios de administración."Ese es un acuerdo que se hizo con el Estado colombiano y el Estado tiene la obligación de cumplirlo”, destacó.En la entrevista, la integrante del movimiento Defendamos la Paz señaló que las preocupaciones no se limitan al eventual cierre de la Unidad de Implementación del Acuerdo Final, sino también a los cuestionamientos dirigidos contra la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).Explicó que las instituciones creadas tras la firma del acuerdo constituyen la estructura que permite su ejecución y advirtió que reducirles recursos o limitar su funcionamiento tendría efectos similares a eliminarlas."Igual de grave sería acabarlas que asfixiarlas. Entonces, sí, por eso hacemos un llamado a la ciudadanía, un llamado al país entero para que de manera absolutamente pacífica, respetuosa y coherente defendamos un acuerdo que nos ha costado llegar a ese acuerdo, llegar a ese punto al que se llegó en el 2016 costó 10 millones de víctimas, costó 60 años de conflicto armado. No podemos volver a empezar otros 60 años de conflicto armado", dijo.En ese contexto, hizo un llamado para respaldar el proceso de paz por vías democráticas y recordó que el acuerdo fue el resultado de décadas de conflicto armado y millones de víctimas.Consultada sobre las críticas a la JEP, Arias reconoció que el Acuerdo de Paz no ha sido implementado en su totalidad. Sin embargo, atribuyó ese rezago a la falta de ejecución por parte de los distintos gobiernos y no a los excombatientes que firmaron el proceso."Lamentablemente no se ha cumplido el 100% de lo acordado. Estamos lejos de ese porcentaje, aunque no le pueda dar una cifra exacta, pero debo decir que no se ha cumplido no tanto por incumplimiento de los firmantes, que han cumplido, sino porque gobiernos sucesivos no hemos estado a la altura de lo que se ha debido hacer y no hemos cumplido de manera satisfactoria, íntegra y completa lo que deberíamos haber cumplido", destacó.También pidió analizar el funcionamiento de la JEP dentro de su naturaleza de justicia transicional y no bajo los parámetros de la justicia ordinaria."La JEP es un sistema de justicia transicional. Nosotros no podemos juzgar la JEP como si fuera un régimen de justicia normal que se aplica en otros casos. Es un régimen de justicia transicional y así lo debemos entender”, precisó.Por último, la negociadora sostuvo que ninguno de los gobiernos posteriores a la firma del acuerdo ha cumplido de manera satisfactoria con la reincorporación de los excombatientes.Como ejemplo, mencionó los más de 500 firmantes asesinados y afirmó que detrás de esos hechos han participado distintos actores armados.Entrevista completa aquí:
Rodrigo Londoño, conocido como 'Timochenko', respondió este martes a las declaraciones del presidente electo, Abelardo de la Espriella, quien afirmó que el exjefe de las extintas Farc "merece estar preso de por vida" y aseguró que trabajará para lograrlo. La reacción de Londoño se produjo durante una intervención desde la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).“Si nos toca ser el firmante 501 asesinado, bienvenida sea la muerte. Estamos convencidos de que más de 12 millones de colombianos recogerán esa bandera que hemos mantenido en alto con orgullo y sin arrepentimiento”, afirmó Londoño, al hacer referencia a los excombatientes firmantes del Acuerdo de Paz que han sido asesinados desde la firma en 2016.El firmante de paz también se refirió a las campañas de estigmatización que, según él, ha recibido. Dijo que a pesar de los discursos de odio, reafirma su compromiso con la paz, la verdad y la reparación de las víctimas del país. Cerró su intervención con el mensaje: “Firmes por la paz con justicia social”, en referencia al conocido símbolo de la campaña del presidente electo, Abelardo de la Espriella.El viaje de Londoño a Madrid, España, con la organización Izquierda Unida, ocasionó los señalamientos del presidente electo, Abelardo de la Espriella, y de distintos sectores políticos, especialmente por la reciente condena de la JEP contra los miembros del secretariado de las antiguas Farc por los crímenes relacionados con el Caso 01, que investiga las tomas de rehenes y otras graves privaciones de la libertad cometidas por las Farc-EP.Sin embargo, la sentencia establece que los sancionados pueden desplazarse libremente dentro del espacio territorial definido para el cumplimiento de la sanción, es decir, dentro de Colombia, y que, cuando necesiten salir del país, deberán solicitar autorización previa de la JEP.
En su más reciente intervención, el presidente electo, Abelardo De La Espriella arremetió de manera contundente contra Rodrigo Londoño, conocido en su época de guerrillero como 'Timochenko', y contra la propia Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Dijo que trabajará activamente para enviar a prisión al antiguo miembro del secretariado de las FARC. Este anuncio abrió un profundo debate técnico, jurídico y político en los micrófonos de Mañanas Blu, con Néstor Morales, donde diversos analistas confrontaron la viabilidad real de esta promesa de gobierno frente al bloque de constitucionalidad que ampara el Acuerdo de Paz de 2016.El blindaje constitucional del Acuerdo de PazLa primera gran controversia giró en torno a las facultades del poder ejecutivo para ordenar la captura de un compareciente ante la justicia transicional. Diversos panelistas del programa coincidieron en que un presidente de la República carece de la competencia jurídica directa para tomar una medida de esta naturaleza, debido al marco legal que rige en el país desde hace una década."El acuerdo de paz es claro y no podría el presidente de la República pasar por encima de lo que fue el acuerdo del Teatro Colón, que tiene rango constitucional. No podría hacerlo hoy, tendría que impulsar un proyecto de acto legislativo, una reforma constitucional para tumbar lo que hoy está vigente", dijo el periodista Ricardo Ospina.En consonancia con esta postura, se recordó el desgaste político que ya vivió el país en el pasado al intentar alterar los textos de lo acordado en La Habana. Otro de los analistas complementó señalando la complejidad del trámite en el Congreso: "Todo esto requeriría una reforma constitucional que yo veo muy difícil que un gobierno cualquiera que sea se desgaste en este tema".Asimismo, se enfatizó que el proceso judicial no es de resorte presidencial: "Sería un desgaste enorme intentar modificar el acuerdo, eliminar la JEP, intentar pretender la cárcel como el castigo que pues seguramente se merecían, pero pues no fue el convenido con los miembros de la guerrilla de las FARC", opinó Héctor Riveros.Cuestionamientos a la JEP y el cumplimiento de las víctimasPor otra parte, el debate en Mañanas Blu también le dio voz a las posturas críticas que coinciden con el malestar expresado por el presidente electo De la Espriella. Para este sector de la opinión y del panel, los exmiembros de las FARC han quedado en deuda con las obligaciones del sistema de justicia, reparación y no repetición.Felipe Zuleta cuestionó abiertamente la legitimidad con la que actúan los desmovilizados: "Timochenko y los demás tampoco cumplieron el acuerdo. No aceptaron todos los delitos, no devolvieron todos los bienes. Está bien, ellos incumplieron el acuerdo. Entonces el tema es, a ver, un momentico, si ellos incumplieron el acuerdo, ¿por qué el Estado colombiano debe cumplirlo?".Adicionalmente, se pusieron sobre la mesa las millonarias cifras operativas del tribunal transicional y sus bajos resultados tangibles en cuanto a condenas en firme tras diez años de vigencia: "La JEP le ha costado al país más de 4 billones de pesos, ha producido 2 sentencias en el caso 01 y 02. La 01, que era el secretariado de las FARC, y es básicamente que su sentencia es irse a sembrar zanahorias".La mesa concluyó advirtiendo que, si bien el malestar ciudadano frente a los beneficios penales de las FARC es real y representó un capital político clave para la elección de De La Espriella, la vía para exigir responsabilidades sigue perteneciendo exclusivamente a la magistratura.Vea el debate completo en Mañanas Blu
El presidente electo, Abelardo De La Espriella, lanzó duras críticas contra la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) tras la autorización otorgada al exjefe de las extintas FARC, Rodrigo Londoño, conocido como Timochenko, para viajar a España y participar en una serie de conferencias.Durante una declaración en sus redes sociales, De la Espriella sostuvo que el antiguo comandante guerrillero debería permanecer en prisión y anunció que buscará impulsar medidas para lograrlo."Hoy vemos al criminal de guerra alias Timochenko en gira internacional con salvoconducto de quienes pretenden lavar sus crímenes con el disfraz de tribunal, la JEP. Ese bandido de Timochenko merece estar preso de por vida. Voy a trabajar en ello", afirmó. El mandatario electo aseguró que, a su juicio, "ningún formalismo aparente puede esconder que los crímenes de guerra y contra la humanidad de los jefes de las FARC siguen impunes".Críticas a la JEPDe la Espriella cuestionó el funcionamiento de la Jurisdicción Especial para la Paz, creada tras el Acuerdo de Paz firmado en 2016 entre el Gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC.Según el presidente electo, la JEP ha permitido que antiguos integrantes de la guerrilla desarrollen actividades internacionales mientras, en su opinión, no han respondido plenamente por los delitos cometidos durante el conflicto armado. Asimismo, criticó que Pilar Rueda Jiménez, antropóloga y esposa del excandidato presidencial Iván Cepeda, haya retomado sus funciones en la JEP."¿Y qué decir de un tribunal que le da refugio al entorno familiar del mal perdedor que se niega a reconocer el resultado en las urnas y promueve una falsa desobediencia civil? (...) Mientras eso ocurre, la JEP le da cobijo a su esposa. Esa es la JEP", manifestó.El viaje de Rodrigo LondoñoLa controversia surgió después de que la JEP autorizara a Rodrigo Londoño a viajar a España para participar en conferencias internacionales. Londoño, último comandante de las FARC y firmante del Acuerdo de Paz de 2016, está sometido a la Jurisdicción Especial para la Paz, mecanismo de justicia transicional que contempla sanciones restaurativas —en lugar de penas privativas de la libertad— para quienes aporten verdad, reconozcan responsabilidad y contribuyan a la reparación de las víctimas.
La autorización que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) concedió a Rodrigo Londoño, 'Timochenko', para viajar a Madrid, España, ha causado cuestionamientos de distintos sectores políticos. Sin embargo, la decisión no estaría contradiciendo lo dispuesto por las sanciones contra los máximos responsables del antiguo Secretariado de las FARC, dentro de la sentencia del pasado 25 de junio.La reciente imposición de las primeras sanciones no impide que los comparecientes viajen al exterior. La sentencia TP-SA-SP 620 de 2026, que comenzará a aplicarse desde el 15 de agosto, establece que los sancionados podrán desplazarse libremente dentro del espacio territorial definido para el cumplimiento de la sanción y que, cuando necesiten salir de ese espacio, deberán solicitar autorización previa a la JEP, específicamente de la Sección de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad (SeRVR).En otras palabras, las restricciones de movilidad previstas en las sanciones no eliminan la posibilidad de viajar, sino que sujetan esos desplazamientos al control y supervisión de la Jurisdicción, que evalúa cada solicitud de manera individual para verificar que no afecte el cumplimiento de las obligaciones asumidas por los comparecientes. Precisamente, ese fue el procedimiento que se siguió en este caso.La Sección de Primera Instancia para Casos de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad autorizó el desplazamiento de Londoño entre el 22 de junio y el 11 de julio de 2026 para asistir a un seminario organizado por el movimiento político español Izquierda Unida y participar en otras actividades relacionadas.Para conceder el permiso, la JEP verificó que el viaje tenía una justificación válida, que el exjefe de las extintas FARC-EP presentó toda la documentación exigida —lo que incluye a carta de invitación de la organización que lo convocó y las reservas de los tiquetes aéreos de Avianca—, que no tenía diligencias presenciales pendientes y que ha cumplido con las obligaciones derivadas de su sometimiento a la justicia transicional. Aunque tenía una audiencia programada para el 24 de junio, esta fue autorizada para realizarse de manera virtual.En la decisión, el tribunal también concluyó que el desplazamiento no representaba un riesgo de incumplimiento de las condiciones impuestas por la JEP ni afectaba los derechos de las víctimas, razón por la cual autorizó la salida temporal y le ordenó presentarse nuevamente ante la Jurisdicción a más tardar el 14 de julio, una vez regresara al país.
El presidente del partido Comunes y exdirigente de las extintas Farc, Rodrigo Londoño, hizo un llamado a los firmantes del Acuerdo de Paz de 2016 para mantener su compromiso con la legalidad y la implementación de lo pactado, al tiempo que descartó cualquier posibilidad de regresar a la lucha armada.En un mensaje dirigido a los excombatientes a través de su cuenta de X, Londoño se refirió al nuevo escenario político tras la elección presidencial y manifestó su preocupación por los anuncios del presidente electo, Abelardo de la Espriella, sobre el Acuerdo de Paz. Sin embargo, insistió en que la respuesta debe darse dentro de la institucionalidad y mediante la participación democrática."Las diferencias en nuestra sociedad se deben dirimir a través del diálogo y la concertación, no con violencia", afirmó Londoño, quien también sostuvo que el Acuerdo de Paz hace parte de la Constitución y que su cumplimiento constituye una obligación para el Estado colombiano.El excomandante de las extintas Farc, antes conocido como Timochenko, hizo un llamado a fortalecer las organizaciones que trabajan por la implementación del acuerdo, superar las diferencias internas surgidas durante los últimos diez años y mantener la unidad entre los firmantes.Además, fue enfático al rechazar cualquier intento de retomar la vía armada. Según dijo, quienes crean que esa es una alternativa "caerían en su mayor equivocación", pues representaría "un suicidio político e incluso personal". Aseguró que esa opción "no tiene futuro" en Colombia, por lo que invitó a continuar la defensa del proceso mediante la organización y la acción política.Las declaraciones de Londoño coinciden con la publicación de una carta abierta del Consejo Nacional de Reincorporación y de los firmantes del Acuerdo de Paz dirigida al presidente electo.En el documento, los excombatientes recuerdan que la implementación del acuerdo es un compromiso del Estado que trasciende los cambios de gobierno y afirman que cumplir lo pactado no significa respaldar una administración en particular, sino fortalecer la institucionalidad y la confianza en la palabra del Estado.También sostienen que el Acuerdo de Paz va más allá de la reincorporación de quienes dejaron las armas. Señalan que su propósito incluye reparar a las víctimas, fortalecer la presencia institucional en las regiones más afectadas por el conflicto, promover el desarrollo rural, ampliar la democracia y evitar que nuevas generaciones vuelvan a encontrar en la violencia una alternativa.
El expresidente Juan Manuel Santos, artífice del Acuerdo de Paz con las FARC, calificó como “un hito histórico” la primera condena emitida por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) contra los máximos excomandantes de esa guerrilla. En entrevista con Mañanas Blu, con Néstor Morales, el Nobel de Paz reconoció que el fallo despierta sentimientos encontrados, especialmente entre las víctimas, pero lo consideró necesario para garantizar la estabilidad del proceso.Justicia transicional y el dolor de las víctimasEl expresidente fue enfático en señalar que el modelo de justicia transicional acogido en Colombia responde a estándares internacionales, en particular al Estatuto de Roma. Sin embargo, admitió que para muchas víctimas la sanción de ocho años en trabajos restaurativos no satisface las expectativas de justicia plena.“Yo siento también el dolor de las víctimas que reclaman que quien mató a su hijo pague solo con sanciones restaurativas. Pero de eso se trata la justicia transicional, y es un sapo que tenemos que tragarnos si queremos la paz”, explicó.Santos recordó que en su recorrido por el país escuchó directamente a sobrevivientes del conflicto, quienes pese al sufrimiento expresaban su apoyo a las negociaciones.Blindaje internacional del acuerdoEl exmandatario destacó que el acuerdo firmado en 2016 está jurídicamente blindado y cuenta con el respaldo de la comunidad internacional. La Corte Penal Internacional (CPI) acompañó el diseño del sistema de justicia y avaló las sanciones previstas.Sobre la polémica en torno a la restricción efectiva de la libertad, Santos señaló que las zonas de cumplimiento aún deben ser definidas, pero insistió en que la sentencia de la JEP se ajusta a lo pactado en La Habana y refrendado en el Teatro Colón.Disidencias y la “paz total” de PetroConsultado por el rearme de algunos excombatientes, Santos fue tajante al afirmar que se trata de bandas criminales y no de estructuras políticas con legitimidad. Criticó además la política de “paz total” del actual gobierno, al considerar que se lanzó sin planeación ni marco jurídico.“Las disidencias son bandas criminales que se han fortalecido por la falta de implementación del acuerdo. Este gobierno les dio un estatus político que no se merecen”, cuestionó. El expresidente subrayó que el 85% de los firmantes sigue cumpliendo con lo pactado, lo que a su juicio confirma la solidez del proceso pese a los incumplimientos estatales en materia de seguridad territorial y sustitución de economías ilegales.El plebiscito y el costo políticoSantos también se refirió al plebiscito de 2016, que rechazó el acuerdo inicial. Admitió que convocarlo fue un error que lo persigue hasta hoy, aunque insistió en que lo hizo por cumplir una promesa al país.“Muchísimos dolores de cabeza me ha traído el plebiscito. Reconozco que me equivoqué, hubiera sido mejor no hacerlo. Pero me sentí obligado a cumplir con mi palabra”, confesó. Tras la derrota, recordó, se renegociaron 56 de los 58 puntos planteados por los promotores del “No” y el nuevo texto fue aprobado unánimemente por el Congreso.Expectativa por futuras decisiones de la JEPDe cara a las próximas decisiones de la JEP, particularmente en casos que involucran a miembros de la Fuerza Pública, Santos pidió serenidad y respeto por lo acordado.“Lo mejor que podemos hacer los colombianos es implementar lo que no se ha implementado del acuerdo. Ahí están buena parte de las soluciones a la inseguridad, el control del territorio y el problema de las drogas”, concluyó.
Desde Barranquilla, la Fiscalía 216 de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales, señaló que Ober Ricardo Martínez Gutiérrez, alias ‘Negro Ober’, quien se encuentra actualmente en un centro reclusorio en Popayán cumpliendo otras condenas, es el cabecilla de la estructura criminal ‘Bloque Resistencia Caribe’ del grupo delincuencial ‘Los Costeños’.En total, el ente acusador imputó a seis personas más por los delitos de concierto para delinquir y extorsión agravada.Según la investigación de la Fiscalía, estos sujetos no solo extorsionaban a comerciantes en Barranquilla y Soledad entre el 2025 y parte del 2026, sino que también a algunas comunidades a las que les imponían supuestas multas a los que tuvieran riñas y otros conflictos entre vecinos.De igual forma, se logró identificar que los presuntos criminales recaudaban parte de sus extorsiones en billeteras digitales y sus ganancias superarían los 1.000 millones de pesos.Los capturados responden a los nombres de Yorcelin Palencia Sarmiento, Luis y Hember Rodríguez Echeverría, Jean Carlos Mejía Arrieta, Giovanny Ortiz Villamizar y Janeth González Piñéres.Estas personas fueron capturadas en un operativo conjunto de la Policía Metropolitana de Barranquilla, el Gaula y la Fiscalía en el mes de junio de este año y entre todos sumaban 24 anotaciones judiciales por los delitos de: homicidio, extorsión, hurto, amenazas, tortura y porte ilegal de armas, según información proporcionada por el ente acusador.
Después de un año bajo vigilancia especial, la Universidad de Antioquia recuperó plenamente su autonomía administrativa tras la decisión del Ministerio de Educación de levantar la medida de inspección y vigilancia que había impuesto desde el pasado 29 de julio de 2025.La cartera nacional concluyó que las condiciones que dieron origen a esa actuación fueron superadas en buena parte y que la institución registró una mejora significativa en su desempeño.Según la Alma Mater, la determinación del Ministerio se sustenta en una recuperación progresiva de los indicadores financieros y administrativos. Mientras al finalizar 2025 la Universidad enfrentaba un panorama con pagos aplazados por más de $84.600 millones y una disponibilidad de recursos de libre destinación que apenas superaba los $3.600 millones, durante 2026 la institución logró mantener un flujo de caja positivo y estable.A ese resultado se suma el cumplimiento de los compromisos adquiridos dentro del plan de recuperación diseñado tras la intervención. De las 24 acciones contempladas para corregir las principales observaciones financieras, 19 ya habían sido ejecutadas en su totalidad al cierre de junio de este año.Asimismo, el seguimiento realizado por el Ministerio mostró que la universidad alcanzó un nivel de cumplimiento cercano al 94% en las actividades programadas para responder a los requerimientos formulados por el Ministerio.Pese al alivio que representa el fin de la intervención, el proceso aún deja inquietudes dentro de la comunidad universitaria. Melisa Olarte, representante estudiantil ante el Consejo Superior Universitario, indicó que ya se ha solicitado que se haga público el informe elaborado por la inspectora in situ, Angelly Paola Martínez.La vocera de los estudiantes considera que ese documento permitirá conocer con precisión el diagnóstico que motivó la intervención, evaluar la pertinencia de las medidas implementadas y abrir un debate sobre nuevas estrategias.“El informe debe detallar el análisis a profundidad de la situación financiera y administrativa de la universidad y el por qué se llegó a la crisis de 2024. Además, cuáles son los hallazgos registrados en la inspección realizada por el Ministerio de Educación Nacional”, señaló Olarte.Tras la llegada de Luquegi Gil como nuevo rector en propiedad, un nuevo panorama también estará respaldado por recursos frescos para la Universidad.Recientemente, el Ministerio de Educación también confirmó la incorporación de 72.520 millones de pesos a la base presupuestal de la institución, una inyección de recursos que tendrá carácter permanente y que permitirá distribuir esa financiación en los próximos años para atender necesidades prioritarias.Los recursos podrán ser invertidos en asuntos como funcionamiento y fortalecimiento académico para seguir consolidando el proceso de recuperación.
El caso de María Camila Potosí, una joven de 21 años que tenía un embarazo de ocho meses, abrió una discusión sobre los factores psicológicos y psiquiátricos que pueden estar presentes en crímenes planeados con violencia. Yulieth Angulo es señalada por las autoridades como presunta responsable del feminicidio y, de acuerdo con la investigación, habría buscado quedarse con la bebé de la víctima.María Camila fue vista por última vez el 16 de julio de 2026 en compañía de Angulo y cuatro días después fue encontrada sin vida a orillas del río Meléndez. Sin embargo, la bebé, que habría sido extraída mediante una cesárea artesanal, fue encontrada posteriormente sin vida en una zona boscosa.Según han señalado varios expertos, no es posible establecer un diagnóstico psicológico sin realizar una evaluación clínica y forense. Sin embargo, sí existen comportamientos que pueden aparecer en hechos de esta naturaleza.¿Qué factores psicológicos estarían detrás de este crimen?Varios especialistas, como Jennifer Paola Avellaneda, señalaron que un delito de estas características podría exponer situaciones como planificación, control emocional y una desconexión de la moralidad. “Un crimen de esta magnitud implica procesos de planificación y control emocional, así como una desconexión de la moralidad”, señaló la especialista.De hecho, entre los factores que suelen ser más evidentes en estos casos se encuentran:Baja empatía, manipulación y cambios bruscos de ánimo.Mentiras persistentes y construcción de historias para generar confianza.Deseo de control, resentimiento u obsesiones.Deshumanización de la víctima.Planificación y estrategias para ocultar el delito.Adicionalmente, la experta habló sobre la "empatía cognitiva", mediante la cual una persona puede comprender las emociones de otra y utilizar ese conocimiento para alcanzar un propósito.¿Un trastorno mental significa ser violento?Tener un trastorno mental no significa que una persona vaya a cometer actos violentos. De acuerdo con la especialista Susana Ramírez, algunos trastornos pueden relacionarse con falta de empatía, percepción distorsionada de la realidad o incluso dificultades para gestionar las emociones. Sin embargo, son elementos que deben analizarse de manera individual.Para determinar si existe un trastorno debe realizarse una evaluación clínica. Asimismo, elementos como traumas infantiles, abandono o exclusión social pueden influir en el desarrollo emocional, pero estos no determinan por sí mismos la existencia de una conducta homicida.
La capital de Antioquia será la primera visita oficial de Abelardo De La Espriella como Presidente de Colombia luego de asumir la Jefatura de Estado el pasado viernes 7 de agosto, y lo hará en el marco del Desfile de Silleteros evento con el que clausura la Feria de las Flores.La llegada del recién posesionado Jefe de Estado a Medellín está programada hacia el mediodía, cuando inicie el tradicional desfile, ya que en horas de la mañana estará en otro departamento del país.“Nos confirmó que efectivamente va a estar el en el desfile de silleteros ya como Presidente de la República, su primera visita a Medellín y Antioquia ya como Jefe de Estado. Tengo entendido que él en las horas de la mañana va a estar en otro departamento, el mismo domingo, y arribará en horas de la tarde entre 2:00 p. m. y 3:00 p. m. a Medellín para asistir al desfile de silleteros”, señaló el concejal Alejandro de Bedout, en declaraciones al canal local Telemedellín.La vista de Abelardo De La Espriella a la capital de Antioquia seda apenas 48 horas después de haber juramentado como Presidente de la República, y el Desfile de Silleteros será el primer acto público como Primer Mandatario de los colombianos.Esta visita a Medellín, y en la que estará acompañado del Alcalde de la ciudad, Federico Gutiérrez, y el Gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, tiene como marco el reciente traslado de 106 criminales de alta peligrosidad, entre ellos varios cabecillas de estructuras criminales, y que fueron ubicados en diferentes cárceles de máxima seguridad en el país.
El papa León XIV urgió a detener la espiral de violencia entre Ucrania y Rusia y que ambos países eviten los ataques a objetivos civiles, durante un llamamiento tras el rezo del ángelus dominical celebrado en la plaza de San Pedro."Siguen llegando noticias dolorosas sobre personas inocentes muertas y heridas en trágicos episodios en Ucrania y Rusia. Se siguen, incluso se están multiplicando, cada vez más víctimas civiles, incluidos niños", condenó el papa.Expresó su solidaridad "con las familias de las víctimas, los heridos y todos aquellos que sufren a causa del conflicto en curso" y ante "tanto dolor" lanzó un llamamiento para que "ambas partes respeten el derecho humanitario y eviten los ataques contra objetivos civiles"."La guerra solo engendra más guerra y causa un sufrimiento inmenso. Es hora de detener la espiral de violencia y dar paso a la diplomacia y el diálogo para allanar el camino hacia la paz", añadió el papa.El pontífice estadounidense también expresó su preocupación "por la trágica situación en Sudán, en particular en la ciudad de El Obeid," y renovó su llamamiento "a quienes están en primera línea para garantizar la ayuda humanitaria a la población civil".Asimismo pidió "a la comunidad internacional a que respalde estos esfuerzos y proporcione un alivio inmediato"."Rezo para que el Señor pueda poner fin al sufrimiento de quienes padecen, convertir los corazones de quienes infligen tanta violencia y conceder la paz tan esperada", señaló.
