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Aunque la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) está a punto de emitir la primera sentencia contra los miembros del último secretariado de las Farc, las víctimas de secuestro insisten en que los exjefes de la guerrilla no han cumplido con su obligación de aportar verdad plena, especialmente en lo relacionado con los bienes obtenidos durante el conflicto.
Blu Radio conoció que Fevcol, la Federación Colombiana de Víctimas del Terrorismo, ha presentado al menos tres incidentes de incumplimiento contra los excomandantes, que en conjunto evidencian propiedades y recursos ocultos por más de 180.000 millones de pesos. Estos bienes superan ampliamente los 42.000 millones de pesos que fueron entregados oficialmente por las Farc a la JEP.
El primer incidente, radicado el 17 de julio de 2024, señala la existencia de propiedades valoradas en más de 100.000 millones de pesos. El segundo, presentado el 21 de agosto, revela bienes cercanos a los 25.000 millones de pesos que estarían a nombre de 17 testaferros. Finalmente, el tercer documento, radicado el 22 de agosto ante el magistrado Camilo Suárez de la Sección de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad, da cuenta de bienes por 68.000 millones de pesos, presuntamente manejados por seis testaferros, cuya relación fue documentada por los abogados de las víctimas.
Ante estas revelaciones, las víctimas solicitaron a la JEP que se adopte una medida drástica: la expulsión del proceso de justicia transicional de los exintegrantes del secretariado, entre ellos, Rodrigo Londoño Echeverry, alias ‘Timochenko’; Jaime Alberto Parra Rodríguez, alias ‘El médico’ o 'Mauricio Jaramillo'; Jorge Torres Victoria, alias ‘Pablo Catatumbo’; José Lisandro Lascarro, alias ‘Pastor Alape’; Julián Gallo Cubillos, alias ‘Carlos Antonio Lozada’; y Rodrigo Granda, alias ‘Ricardo Téllez’.
Las víctimas sostienen que mientras no se esclarezca la magnitud real de los bienes de la extinta guerrilla, no habrá verdad plena ni reparación efectiva, condiciones indispensables para avanzar en el proceso de paz. Ahora será la JEP la que decida si estos hallazgos comprometen la permanencia de los exjefes en el sistema y qué impacto tendrán en la sentencia que está próxima a conocerse.
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