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La decisión de la Sala de Apelación revocó una negativa anterior, pero dejó claro que la institución podrá participar como víctima e interviniente especial, es decir, podrá aportar información y observaciones.
El tema no es menor. El 16 de octubre de 2006, en plena Bogotá, un carro bomba explotó en las instalaciones de la Universidad Militar Nueva Granada, dejando al menos 23 personas heridas y graves daños materiales. El ataque fue atribuido a las Farc y marcó a la institución como un blanco directo de la violencia de esa guerrilla.
Este reconocimiento no solo reivindica a la Universidad Militar Nueva Granada como víctima del conflicto armado, sino que también abre la posibilidad de que su voz, como institución educativa y comunidad universitaria, sea escuchada en los escenarios de verdad y justicia. La participación activa de las universidades en la JEP contribuye a una comprensión más integral del daño colectivo sufrido y fortalece el carácter restaurativo del proceso transicional
En la parte resolutiva, la Sala de Apelación señaló:
La Universidad podrá estar en el proceso, intervenir en audiencias y aportar documentos, y recibirá los beneficios y las garantías que el sistema de justicia transicional da a las víctimas. En otras palabras: la JEP reconoce su papel como institución con memoria e investigación y afectada directa de las Farc.
La decisión abre un debate sensible: si una universidad que sufrió un ataque con carro bomba en pleno campus debe ser considerada víctima, ¿hasta dónde llega el concepto de víctima colectiva en la justicia transicional?.
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