El presidente Abelardo De La Espriella dio a conocer un nuevo balance de operaciones de la Fuerza Pública contra estructuras armadas ilegales en Cali, Cauca y Putumayo, que dejaron cuatro personas capturadas, entre ellas presuntos integrantes de las disidencias de ‘Iván Mordisco’, y una mujer muerta en medio de combates con el Ejército.El más reciente se registró en Cali, donde la Policía Nacional capturó a tres presuntos integrantes de una célula del Frente Jaime Martínez, de las disidencias de ‘Mordisco’, señalada de planear los ataques con explosivos ocurridos el pasado 7 de agosto en Manizales. Entre los detenidos se encuentran alias ‘Nano’, señalado como líder de la célula y enlace para el suministro de explosivos y armas; alias ‘Trozo’, señalado de encargarse de movilizar a estas personas, y alias ‘Madre Carmen’, quien presuntamente reclutaba colaboradores para transportar el material explosivo.Durante los allanamientos fueron incautados ocho cartuchos, cinco celulares, una barra de pentolita y una motocicleta. Según el mandatario, otros tres presuntos implicados en estos atentados ya habían sido capturados, entre ellos quienes serían sus autores materiales.“¡EN COLOMBIA NO HAY REFUGIO PARA LOS TERRORISTAS! Vamos a perseguir a quienes planean, financian y ejecutan ataques contra la población ¡Nuestra ofensiva no se detiene!”, escribió el presidente.Por otra parte, en la vereda Los Cerrillos, en Popayán, Cauca, en medio de la operación KRATHOS, fue capturado alias ‘Caballo’, señalado cabecilla de comisión del Frente Jaime Martínez.Según el mandatario, este hombre estaría vinculado con homicidios de líderes sociales, masacres de alto impacto, reclutamiento de menores, amenazas y extorsiones. Además, fueron incautados seis celulares y un computador portátil.Entre tanto, en Puerto Guzmán, Putumayo, tropas del Ejército sostuvieron combates contra los Comandos de Frontera, estructura de la Segunda Marquetalia.Durante los enfrentamientos fue dada de baja alias ‘Maryi’, integrante de esta organización, quien, según el presidente, se desempeñaba como enfermera. En este operativo también fueron incautadas tres armas largas, material de guerra, elementos de intendencia y documentos de interés para la inteligencia militar.
Al menos cuatro presuntos miembros de las disidencias de las Farc murieron este lunes en un bombardeo efectuado por las Fuerzas Militares en el departamento de Norte de Santander, en una operación en la que además fueron detenidos seis integrantes de ese grupo armado ilegal.El presidente Abelardo De La Espriella, aseguró que autorizó el bombardeo contra el Frente 33 del Estado Mayor de Bloques y Frentes (EMBF), la disidencia de las Farc que lidera alias 'Calarcá'.En camuflado y armado, De La Espriella presentó en Cúcuta a alias ‘Barba chivo’, capturado en Tibú tras los bombardeos a las disidencias. La bomba llevaba su firma y el mensaje: “bienvenidos a la patria milagro“. La boina terracota que usa el mandatario es el distintivo de los comandos de Fuerzas Especiales del Ejército colombiano, mientras que el escudo metálico es la insignia de los comandos de operaciones especiales.La FAC realizó el bombardeo con aviones Súper Tucano, mientras los comandos especiales del Ejército ingresaron posteriormente al área para adelantar el asalto terrestre. Antes del ataque, uno de los oficiales le dijo al presidente Abelardo De La Espriella que una de las bombas contenía “460 kilos de democracia”. El mandatario escribió sobre la bomba, con un marcador, “Bienvenidos a la patria milagro”, estampó su firma y le echó la bendición. Entre los seis capturados está Jorge Luis Galvis Rodríguez, alias 'Barba Chivo', señalado como mando medio del frente 33, quien llevaba cerca de 11 años en esa estructura y es señalado de participar en asesinatos de líderes sociales, ataques con drones contra la Fuerza Pública, extorsiones, reclutamiento de menores y desplazamiento forzado….En el operativo también fueron incautados siete fusiles y 15 granadas de mortero acondicionadas para ser lanzadas desde drones. En esa operación, siete personas murieron, entre ellas Jason Arley García, alias Álex o Canoso, identificado como el tercer jefe del grupo y "articulador de homicidios, reclutamiento de menores y minería ilegal" en el suroeste de Antioquia y el sur del Chocó.El presidente De La Espriella advirtió entonces que su Gobierno va a "perseguir" a "narcoterroristas" para desmantelar los grupos armados ilegales que operan en el país.
Este lunes en la madrugada, el presidente Abelardo De La Espriella autorizó un bombardeo contra el frente 33 de las disidencias de las Farc, al mando de alias ‘Andrey’.Esa estructura delinque en el Catatumbo, donde también sostiene disputas con el ELN. Tras la operación, el presidente anunció que cuatro personas fueron abatidas y otras seis fueron capturadas.“En una contundente operación militar que autoricé en zona rural de Tibú, Norte de Santander, nuestro Ejército Nacional y la Fuerza Aérea Colombiana golpearon a esta estructura criminal que pretende sembrar el terror y controlar a sangre y fuego el Catatumbo”, dijo el mandatario.En esta operación Noah también se incautaron 7 fusiles y 15 granadas para drones.“Entre los capturados está alias ‘Barba Chivo’ o ‘Costeño’, cabecilla de comisión y hombre de confianza de alias ‘Andrey Avendaño’, máximo cabecilla de la estructura 33. Este criminal llevaba cerca de 11 años delinquiendo y liderando confrontaciones armadas en Tibú”, anunció el mandatario.Este es el séptimo bombardeo que se adelanta durante el gobierno del presidente Abelardo De La Espriella.“He dado la orden de mantener la ofensiva militar, golpear sus estructuras, destruir sus capacidades criminales y recuperar el control de cada territorio que pretenden someter”, agregó el mandatario.
Cuatro presuntos integrantes de las disidencias de las Farc, pertenecientes a la estructura 33, fueron capturados y un menor de edad recuperado durante una operación conjunta del Ejército y la Policía Nacional en la vereda La Perla, en el municipio de Tibú, Norte de Santander.El operativo fue desarrollado por tropas de la Segunda División del Ejército Nacional. Las cinco personas quedaron a disposición de las autoridades competentes para los respectivos procedimientos judiciales y, en el caso del menor, el restablecimiento de sus derechos.Entre los capturados se encuentra alias Eddy, señalado por las autoridades como segundo cabecilla de escuadra de la comisión Roque González de las disidencias. También fueron detenidos alias Franyer, quien sería sicario de esta estructura, y alias Franklin, señalado de desempeñarse como dronista y sicario.Durante el procedimiento, las autoridades incautaron tres pistolas, un arma larga, un cañón de fusil AK-47, una culata, dos cerrojos, un supresor de sonido, una mira telescópica, un bípode de precisión, siete proveedores y abundante munición de diferentes calibres."En materia de comunicaciones fueron encontrados tres radios, dos cargadores de dos metros, diez teléfonos celulares y tres brazaletes alusivos a esta organización armada ilegal", afirmó el general Néstor Nieto, comandante de la Trigésima Brigada del Ejército. Uno de los resultados más importantes de la operación fue la incautación de material explosivo. Según el reporte militar, fueron encontrados aproximadamente 938 metros de cordón detonante, cinco kilogramos de pentolita, cuatro detonadores, dos tarros de pólvora negra y dos cilindros de 20 libras."Además, personal especializado destruyó de manera controlada una granada y cinco dispositivos explosivos improvisados. Uno de ellos, por sus características, se asemejaba a una mina antipersonal, mientras que los otros cuatro podían ser utilizados como trampas explosivas", manifestó el coronel Gonzalo Esteban Blanco, comandante de la Policía Norte de Santander. En el operativo también fueron recuperados una camioneta y una motocicleta que, de acuerdo con los registros judiciales, figuraba como hurtada. Según las autoridades, estos automotores presuntamente eran utilizados para movilizar integrantes de la organización, armamento e insumos.Con este resultado, la Fuerza Pública reportó una nueva afectación a las capacidades armadas, logísticas y explosivas de las disidencias de las Farc, que mantiene presencia en esta zona del Catatumbo.
El presidente de la República, Abelardo De La Espriella, dio a conocer este lunes 9 de noviembre, a través de su cuenta en X, los resultados de tres operaciones de la Fuerza Pública en Norte de Santander, La Guajira y Cauca, que dejaron capturas, incautación de material bélico y la recuperación de dos menores de edad vinculados a estructuras armadas ilegales.Capturas en Tibú, Norte de SantanderSegún el mandatario, en Tibú las tropas golpearon a la estructura 33 de las disidencias de las FARC, con la captura de cuatro presuntos integrantes y la recuperación de un menor de edad.Entre los capturados figuran alias ‘Eddy’, señalado de ser segundo cabecilla de escuadra; alias ‘Franyer’, presunto sicario, y alias ‘Franklin’, a quien se le atribuye la operación de drones y la participación en acciones criminales.En el procedimiento también fueron incautadas armas, municiones y explosivos, entre ellos 938 metros de cordón detonante y cinco kilos de pentolita.Enfrentamiento en Uribia, La GuajiraEn Uribia, de acuerdo con el reporte presidencial, uniformados enfrentaron al Frente Javier Cáceres de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN). Durante la operación se incautaron cuatro armas largas, cuatro proveedores y 103 cartuchos.Operación humanitaria en Suárez, CaucaEn Suárez, el Ejército Nacional y la Fuerza Aérea Colombiana adelantaron una operación humanitaria que permitió recuperar a un menor de edad reclutado por la estructura Jaime Martínez, de las disidencias, y evacuar a tres de sus familiares que se encontraban amenazados.El mensaje del presidente“¡Tres operaciones, tres golpes contundentes contra el narcoterrorismo! ¡La ofensiva no se detiene!”, escribió De La Espriella, quien reconoció la labor de la Fuerza Pública y aseguró que con inteligencia y coordinación se está “recuperando la autoridad del Estado”.El jefe de Estado también lanzó una advertencia a los grupos armados: “¡Tienen los días contados! No importa dónde se escondan ni cuántas armas tengan. Los vamos a perseguir, a desmantelar sus estructuras y a llevarlos ante la justicia”.
Dos hechos de orden público mantienen en alerta a las autoridades en el Nordeste de Antioquia. En la vereda Providencia de Anorí, tropas del Ejército adelantan la desactivación de cargas explosivas instaladas en dos mulas, mientras que en Segovia un subintendente de la Policía resultó herido durante un ataque armado y fue hallado el cuerpo sin vida de una mujer de 39 años.En Anorí, la alerta se activó luego de que las autoridades detectaran que los animales transportaban explosivos. El Ejército interviene para neutralizar las cargas y evitar que sean detonadas. Este hecho sería responsabilidad del frente 36 de las disidencias de las Farc, al mando de alias Calarcá.El otro hecho ocurrió en las últimas horas en el sector de Matuna, zona rural de Segovia. De acuerdo con el reporte de la Policía, unidades del Escuadrón Móvil de Carabineros número 12 acudieron a atender un requerimiento ciudadano relacionado con un presunto secuestro y el hurto de un vehículo.Los uniformados, que estaban en un puesto de control sobre la vía de Interrapidísimo, se desplazaron hasta el sitio y fueron recibidos con disparos. En el hostigamiento resultó lesionado el subintendente Jonatan Alexander Castro Díaz, quien sufrió una afectación en el dedo pulgar de la mano izquierda y aturdimiento. Una vez controlada la situación, los policías encontraron el cuerpo sin vida de Lady Patricia Guerrero, de 39 años. La Policía informó que los actos urgentes quedaron a cargo de unidades de la Sijín de Antioquia.En el lugar fueron incautadas dos escopetas Mossberg, dos fusiles y una carabina. Según información de inteligencia de la Policía, en esta zona tienen presencia la subestructura Jorge Iván Arboleda Garcés, del Clan del Golfo, y el frente 4 de las disidencias, grupos que mantienen una confrontación por el control territorial. El ataque en Segovia sería atribuido a este último grupo.
Un depósito ilegal con 34 kilogramos de material explosivo del Frente 36 de las disidencias de alias 'Calarcá' fue hallado por las tropas del Ejército Nacional en el corregimiento de San Pablo, jurisdicción del municipio de Santa Rosa de Osos.De acuerdo con la información entregada por las autoridades, en el lugar también fueron encontrados tres dispositivos explosivos improvisados, material de intendencia y tres brazaletes con distintivos alusivos al Frente 36 de alias 'Calarcá'.Este material, que presuntamente estaría relacionado con posibles atentados contra la Fuerza Pública, fue ubicado durante las labores de control territorial que hace el Ejército Nacional en el Norte antioqueño.Hay que mencionar que es el segundo golpe que se da contra las disidencias en menos de 24 horas luego de que en el municipio de Yarumal fueran abatidos dos delincuentes que harían parte de la alianza entre alias 'Calarcá' y alias 'Primo Gay'.En ese operativo, donde también se halló un fusil de las Fuerzas Armadas de Venezuela, fueron destruidos algunos explosivos del Frente 36 que serían usados no solo para atentar contra la Fuerza Pública sino para atemorizar a la población en el Norte del departamento.Otros operativos contra la mineríaEl Ejército Nacional logró intervenir cinco unidades de producción minera del Clan del Golfo que operaban en el río Man sin permisos ni licencias ambientales en zona rural del municipio de Cáceres.Durante la intervención, las tropas destruyeron cinco motobombas, cinco clasificadoras y 30 metros de manguera negra, elementos utilizados para las actividades de explotación minera. Estos equipos tendrían un valor comercial aproximado de 30 millones de pesos, según las autoridades.Los datos entregados por el Ejército Nacional dejan en evidencia que la operación representaría una afectación superior a los 100 millones de pesos mensuales a las finanzas ilegales del Clan del Golfo, específicamente de la subestructura Yeison Leudo Chaverra.Los recursos generados en el municipio de Cáceres estarían relacionados con la extracción estimada de 243 gramos de oro y, presuntamente, serían destinados al fortalecimiento de las capacidades financieras, armadas y logísticas del Clan del Golfo.
A través de su cuenta de X, el presidente Abelardo De La Espriella informó sobre la captura de ocho presuntos integrantes del frente ‘Franco Benavides’, perteneciente a las disidencias de las Farc bajo el mando de alias 'Iván Mordisco'. El operativo se llevó a cabo en Soacha, Cundinamarca, cuando, al parecer, estas personas intentaban trasladar a cuatro menores de edad para someterlos a reclutamiento forzado.Según explicó el mandatario, el procedimiento fue adelantado por la Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación. Los capturados son señalados de los delitos de reclutamiento ilícito y porte ilegal de armas de fuego.“En Soacha, Cundinamarca, nuestra Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, capturó a 8 integrantes del Frente Franco Benavides, de las disidencias de las FARC de alias 'Iván Mordisco', por delitos de reclutamiento ilícito y porte ilegal de armas de fuego”, manifestó el jefe de Estado.De acuerdo con la información entregada por el presidente, el propósito de los detenidos era sacar a los cuatro menores de Soacha y trasladarlos hasta el departamento del Guaviare, donde serían entregados a integrantes de las disidencias de las Farc. Esta situación habría impedido que los niños fueran incorporados a las filas de ese grupo armado ilegal.Asimismo, el mandatario señaló que cinco de los ocho capturados ya fueron cobijados con medida de aseguramiento intramural, por lo que deberán permanecer privados de la libertad mientras avanza el proceso judicial en su contra.Finalmente, De La Espriella rechazó el reclutamiento de menores de edad por parte de las estructuras armadas ilegales y aseguró que su Gobierno continuará adelantando acciones para combatir este delito.“¡QUE LES QUEDE CLARO A LOS NARCOTERRORISTAS: NO VAMOS A PERMITIR QUE SIGAN ROBÁNDOLES LA INFANCIA Y EL FUTURO A NUESTROS NIÑOS! Seguiremos persiguiendo a quienes reclutan menores para convertirlos en instrumentos de la violencia. ¡Todo el peso de la ley caerá sobre ellos!”, puntualizó el presidente.
Un operativo conjunto entre la Policía Nacional y el Ejército Nacional dejó como resultado la muerte de dos hombres, entre ellos William Andrés Daza Guetio, conocido con el alias de ‘Pincher’, señalado como uno de los principales cabecillas del frente 'Jaime Martínez' de las disidencias de las Farc. Su muerte ocurrió en medio de fuertes combates en el sector La Cima, en la zona alta del corregimiento de La Liberia, en Jamundí, Valle del Cauca, donde las autoridades mantienen operaciones contra esta estructura armada.De acuerdo con información preliminar de las autoridades, alias ‘Pincher’ era identificado como el tercer cabecilla de la Comisión Valle y estaría vinculado con la coordinación de diferentes acciones criminales, entre ellas ataques contra la Fuerza Pública, secuestros y homicidios en zona rural de Jamundí.A este hombre también se le atribuye responsabilidad en varios secuestros registrados en el sector de Villacolombia, algunos de los cuales terminaron en asesinatos. Entre los casos se encuentra el de un padre y su hijo, quienes permanecieron cuatro días en poder de esta estructura armada y posteriormente fueron asesinados. Sus cuerpos fueron abandonados en la vía que conduce al corregimiento de Potrerito.Otro de los hechos que se relacionan con su accionar criminal es el asesinato de un adolescente de 16 años, ocurrido en 2022. El joven, quien tenía una condición psiquiátrica, se movilizaba en motocicleta con un grupo de amigos desde la zona plana de Jamundí hacia el balneario El Retiro, en Villacolombia, cuando fueron interceptados por integrantes del frente Jaime Martínez. Mientras los demás menores regresaron a Jamundí, el adolescente quedó en poder del grupo armado.Durante más de tres días, la madre del joven subió a Villacolombia para buscarlo y se reunió en varias oportunidades con alias ‘Pincher’, quien le aseguró que su hijo estaba vivo y que se lo entregaría. Incluso, la mujer le presentó la historia clínica del menor para acreditar su condición. Sin embargo, al cuarto día, el cuerpo del adolescente fue encontrado en zona rural de Timba, Cauca, en estado de descomposición. Según el relato que la misma madre entregó, su hijo habría sido asesinado el mismo día de su retención, mientras su madre recibía información falsa sobre su supuesto paradero.Entretanto, las operaciones militares contra el frente Jaime Martínez continúan en el sector de Timba, y La Liberia, donde tropas de la Tercera División del Ejército mantienen combates con integrantes de esta estructura, al servicio de alias ‘Iván Mordisco’. En la zona fue reforzado el despliegue operacional con capacidades de artillería y apoyo de la Fuerza Aérea Colombiana, con el propósito de debilitar el componente armado de esta organización y evitar nuevas acciones contra las comunidades.
La Sala de Reconocimiento de Verdad de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) imputó a 11 antiguos comandantes de los extintos Bloques Magdalena Medio y Caribe de las Farc-EP por crímenes graves cometidos en el norte y nororiente de Colombia. Entre los altos mandos atribuidos como máximos responsables figuran dos exintegrantes del último Secretariado de la guerrilla: Rodrigo Londoño, conocido como 'Timochenko' o 'Timoleón Jiménez', y Pastor Lisandro Alape Lascarro, conocido como 'Pastor Alape'. Esta decisión judicial se enmarca en el Caso 10 de la JEP, que investiga crímenes no amnistiables cometidos por la antigua guerrilla que no fueron abordados en otros macrocasos.Imputación por crímenes no amnistiables y de lesa humanidadLa investigación, conducida bajo la correlatoría de la magistrada Julieta Lemaitre Ripoll, determinó que los 11 comparecientes son máximos responsables de crímenes de guerra como homicidio, desplazamiento forzado, dirigir intencionalmente ataques contra la población civil y bienes protegidos, tortura, violación y violencia sexual. De igual manera, deberán responder ante la Justicia Transicional Restaurativa por crímenes de lesa humanidad que incluyen asesinato, traslado forzoso de población, desaparición forzada, tortura y otros actos inhumanos. La JEP subrayó la trascendencia de esta calificación jurídica al remarcar que, debido a su gravedad, "estos crímenes no pueden recibir perdón judicial".Un hito frente a la impunidad históricaDurante décadas, la intensidad del conflicto armado y la persecución contra jueces y fiscales impidieron que la justicia ordinaria investigara efectivamente estos hechos en los territorios. Las cifras presentadas por la Jurisdicción revelan la magnitud de la impunidad en el pasado: en la justicia ordinaria "más del 95 % de los procesos por estos crímenes nunca llegaron a juicio y más del 72 % permanecían en etapa de indagación preliminar". El panorama era aún más crítico en las regiones del Caribe y el Magdalena Medio, donde "el desplazamiento y la desaparición forzada registraron un 100 % de impunidad". Con esta decisión, que da respuesta a las acreditaciones y relatos de 733 víctimas —incluyendo campesinos, docentes, líderes sociales, comunidades de fe, autoridades indígenas y afrodescendientes, así como integrantes de la fuerza pública—, la JEP "honra la lucha incansable de las víctimas por la verdad, y contribuye a saldar una deuda histórica de la justicia con el país por estos hechos".Dos patrones sistemáticos de violenciaLa Sala de Reconocimiento de Verdad concluyó que las violaciones al Derecho Internacional Humanitario cometidas por estas estructuras no fueron hechos aislados, sino que respondieron a "dos grandes patrones: el primero, crímenes cometidos para ejercer control social y territorial; y el segundo, crímenes perpetrados durante el desarrollo de las hostilidades".En el primer patrón, la guerrilla impuso un régimen de coerción en zonas de escasa presencia estatal mediante señalamientos a percibidos colaboradores del enemigo, castigos por desobedecer sus "normas de convivencia" y la estrategia de generar un "vacío de poder". Bajo esta lógica se persiguió a comunidades de fe, docentes y organizaciones campesinas como las Juntas de Acción Comunal, la ANUC y la ATCC. El ataque con mayor número de víctimas mortales contra trabajadores del campo documentado en este patrón fue la masacre perpetrada en 2004 en la finca La Duquesa, en Tibú (Catatumbo), donde integrantes del Frente 33 "asesinaron a 34 campesinos, entre ellos dos menores de 15 y 17 años". Asimismo, se constató que la violencia sexual se empleó de forma deliberada como un "dispositivo de castigo, disciplina e intimidación" contra la población civil.En el segundo patrón, referente al desarrollo de las hostilidades, la extinta guerrilla empleó armas de efectos indiscriminados en tomas urbanas e incursiones. Entre las acciones más impactantes figura la toma de Chalán (Sucre) en 1996, en la que el Frente 35 detonó un "burro bomba" cargado con 50 kilogramos de explosivos que destruyó el casco urbano, mató a 11 policías y provocó el desplazamiento masivo de sus habitantes, dejando una localidad abandonada que fue apodada "el pueblo candado". También se documentaron atentados urbanos como la detonación de un carro bomba en Bogotá frente a Caracol Radio en 2010 para asestar un "golpe de opinión", el ataque en Barranquilla en 2002 contra la caravana del entonces candidato presidencial Álvaro Uribe Vélez mediante un carro de helados cargado con explosivos, y sabotajes sistemáticos a la infraestructura energética y petrolera que desencadenaron catástrofes ambientales en ríos como el Catatumbo.
El presidente Abelardo De La Espriella ordenó revocar la designación de Camilo Noguera Pardo como director del Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH). De acuerdo con lo informado por el mandatario, la decisión se tomó tras detectarse la modificación del manual de funciones de la entidad para presuntamente facilitar su vinculación al cargo.¿Por qué el Gobierno revocó la designación de Camilo Noguera en el ICANH?Según explicó el presidente De La Espriella a través de sus canales oficiales, el designado director, Camilo Noguera Pardo, quien es yerno del ministro del Interior, Alejandro Ordóñez, adelantó cambios en los requisitos del manual de funciones en coordinación con el director encargado del instituto, Javier Estrada.El jefe de Estado señaló que las modificaciones administrativas se realizaron a espaldas de la ministra de Cultura, Paola Holguín. De la Espriella precisó que, aunque el ICANH es una entidad adscrita al Ministerio de Cultura con autonomía administrativa, no existe autorización para alterar los reglamentos internos con el fin de favorecer o acomodar aspirantes a cargos públicos.¿Qué medidas administrativas ordenó el presidente De la Espriella?Ante las irregularidades reportadas en la tramitación del nombramiento, el mandatario dispuso la salida inmediata del director encargado de la entidad y la anulación de la designación del nuevo funcionario."Mi instrucción ha sido clara: en el gobierno no se modifican los manuales de funciones para favorecer personas o acomodar cargos. Quien no entienda esta regla no puede formar parte de mi gobierno", aseveró el presidente.El mandatario concluyó que la institucionalidad y los manuales de funciones deben respetarse sin excepción, ratificando que ningún funcionario cuenta con aval para adoptar determinaciones presupuestales o administrativas al margen de los ministerios de cabeza de sector.
Una operación conjunta entre las autoridades de Colombia y España permitió desarmar una red transnacional que esclavizaba a más de 100 colombianos en centros de llamadas en Camboya, informaron este martes fuentes oficiales.La Policía colombiana, a través de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijin), y la Policía de España realizaron tres capturas por orden judicial y dos retenciones por notificaciones rojas de Interpol en las localidades españolas de Zamora y Castellón, como parte de una investigación contra una red de trata de personas vinculada a la 'mafia china' en Asia.La organización criminal, liderada por alias de Jiaxing Ye, se dedicaba a captar ciudadanos colombianos mediante falsas ofertas de empleo en el extranjero para trasladarlos a Camboya y obligarlos a participar en fraudes financieros y estafas virtuales.Según las investigaciones, la red funcionaba mediante cabecillas financieros y coordinadores internacionales establecidos en Zamora y Castellón, que a su vez coordinaban con reclutadores en Colombia encargados de identificar, captar y trasladar a las víctimas.Los reclutadores buscaban principalmente a hombres y mujeres de entre 25 y 35 años con dificultades económicas, a quienes ofrecían trabajos bien remunerados en supuestos centros de llamadas en Tailandia o Camboya, dedicados a la comercialización de criptomonedas.La ruta comenzaba en Colombia, continuaba con escalas en Países Bajos o España y seguía hacia Tailandia antes de terminar en Phnom Penh, la capital camboyana, o en zonas fronterizas con Vietnam.Una vez en Camboya, los colombianos eran despojados de sus documentos, sometidos a vigilancia armada y obligados a trabajar jornadas nocturnas de hasta doce horas en complejos tecnológicos cerrados, con acceso restringido a atención médica.Para recuperar su libertad, la red exigía a las víctimas el pago de una supuesta deuda de 30 millones de pesos colombianos (unos 9.000 dólares) por los gastos de traslado o que cumplieran al menos seis meses de trabajo forzado.En esos centros recibían una capacitación delictiva denominada "mastereo", mediante la cual eran obligados a llamar a ciudadanos en Colombia y hacerse pasar por funcionarios de la Registraduría Nacional para ofrecerles tramitar la cédula digital.Durante las llamadas, los trabajadores inducían a las víctimas a instalar aplicaciones en sus teléfonos móviles, lo que permitía a los miembros de la organización acceder a los dispositivos y vaciar sus cuentas bancarias.La Policía identificó a Eslaineir Alexis Campo Rodríguez y Cristian Camilo Ortiz Avendaño como responsables de perfilar, captar y trasladar a las víctimas hacia Camboya. También están acusadas Yuris Marcela Reyes Zambrano, Karina Yulieth Doncell Rojas y Viviana Karoly Daza Ospino.Las autoridades también emitieron tres notificaciones azules de Interpol para localizar a otros integrantes de esta red.
A pocas semanas de su regreso a Colombia, la agrupación mexicana Maná presentó mundialmente MANÁ: VIVIR SIN AIRE TOUR (LIVE FROM RED ROCKS), un especial audiovisual que recoge uno de los conciertos más destacados de su trayectoria, grabado en el legendario Red Rocks Amphitheatre, en Morrison, Colorado. El estreno gratuito se realizó el pasado 6 de noviembre, a través del canal oficial de la banda en YouTube, donde permanece disponible para sus seguidores.El lanzamiento, realizado en alianza con YouTube y Warner Music, incluye un espectáculo con producción visual cinematográfica y sonido de alta definición, además de un mini documental que revela la conexión emocional de Fher Olvera con este escenario. Cuando tenía 21 años, el vocalista vivía en Denver y trabajaba lavando platos mientras soñaba con presentarse algún día en el emblemático anfiteatro. Cuatro décadas después, aquel anhelo se convirtió en realidad.El especial reúne algunas de las canciones más representativas de la banda, que ha vendido más de 50 millones de discos y se ha consolidado como uno de los grandes referentes del rock en español.Maná prepara su regreso a ColombiaEste lanzamiento sirve como antesala al regreso de Maná al país. El próximo 28 de noviembre, la agrupación abrirá su Vivir Sin Aire Tour en Latinoamérica con un único concierto en Colombia, programado en Vive Claro Distrito Cultural de Bogotá. La gira continuará por Lima, Santiago de Chile, Buenos Aires y Ciudad de México.El repertorio promete clásicos como “Rayando el Sol”, “Clavado en un Bar”, “Labios Compartidos” y “Oye Mi Amor”.En 2026, Maná también recibió el premio a Artista Latin Pop del Año, Dúo o Grupo, en los Premios Billboard de la Música Latina. Además, fue incluida entre las 50 mejores bandas de rock de todos los tiempos, según Billboard, y alcanzó 47 presentaciones en arenas de Los Ángeles.
En el borrador del Plan Nacional de Desarrollo 2026-2030, el Gobierno de Abelardo De La Espriella planteó una transformación de la Dirección Nacional de Inteligencia, DNI, y la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF).La propuesta, incluida en el eje de Patriotismo Constitucional, busca fortalecer la capacidad del Estado para anticipar amenazas, recuperar la confianza en sus organismos de inteligencia y debilitar las estructuras económicas de las organizaciones criminales y surge en medio de las nuevas denuncias de la Unidad Investigativa de Noticias Caracol por el uso indebido y otras irregularidades en la entidad durante el Gobierno de Gustavo Petro.En el diagnóstico sobre la DNI, el Gobierno identificó problemas operativos y una pérdida de capacidades institucionales y “del enfoque diferencial de la inteligencia civil frente a los demás organismos de inteligencia”, así como “la obsolescencia de material y equipo” y una “rigidez institucional que impide atender las necesidades operacionales”.El documento reconoce además que existe una “limitada comprensión y la distorsión que existen sobre la finalidad, alcance, y controles de las actividades de inteligencia, que hoy afectan la confianza y ponen en duda su credibilidad ante la ciudadanía y las instituciones”.El documento también cuestiona que la inteligencia estatal haya concentrado sus esfuerzos en asuntos coyunturales, en detrimento de los temas estratégicos de seguridad. Para cambiar ese enfoque, propone que la DNI genere “conocimiento anticipativo y prospectivo” que permita “reducir la incertidumbre que generan actores estatales y no estatales”, en particular frente a fenómenos como el crimen transnacional y las disputas por recursos estratégicos.La modernización de la DNI contempla inversiones en “nuevas tecnologías seguras y resilientes para el procesamiento y la analítica masiva de información”. El plan también incluye renovar los medios técnicos y fortalecer el talento humano, con personal profesional y especializado, formación, gestión del conocimiento y mejores condiciones de bienestar.En el ámbito internacional, el Gobierno busca revertir la “tendencia de reducción de la cooperación internacional y su presencia en instancias estratégicas de inteligencia”. Además, pretende posicionar a la DNI como un “proveedor objetivo de análisis para la identificación de prioridades estratégicas y la toma de decisiones del Estado”, con canales de relacionamiento con las instituciones, la academia y la ciudadanía.La segunda transformación se concentra en la UIAF, una entidad también bajo la lupa durante el gobierno anterior. Dicha estrategia responde al plan para desfinanciar las economías ilegales y afectar la capacidad económica de las organizaciones criminales pues señala que el lavado de activos movilizó “cerca de 169,73 billones de pesos entre 2022 y 2025”, recursos que, según el diagnóstico, alimentan las redes criminales y sus mecanismos de corrupción.Para enfrentar esas operaciones, el Gobierno propone modernizar la capacidad tecnológica de la UIAF, con énfasis en el procesamiento de grandes volúmenes de información, la analítica avanzada, la inteligencia financiera y la ciberseguridad para enfrentar los “riesgos emergentes derivados de los activos virtuales, las plataformas digitales, las tecnologías financieras y las nuevas modalidades de criminalidad económica”.
La ministra de Salud, Ana María Vesga, dio a conocer que puso a disposición de las autoridades competentes una serie de hallazgos sobre la contratación directa realizada en el sector salud por la administración anterior entre 2022 y 2026, la cual asciende a más de 20.600 contratos por un valor cercano a los 8,47 billones de pesos.De acuerdo con el reporte oficial del ministerio, la revisión evidenció que 143 personas contaban con contratos simultáneos en distintas entidades del sector. En algunos casos, la sumatoria de honorarios percibidos mensualmente ascendía a los 46 millones de pesos. A esto se suma el hallazgo de 176 contratistas con posibles inconsistencias en sus aportes al Sistema de Seguridad Social.En el caso puntual del Ministerio de Salud, se identificaron 8.517 contratos directos durante el periodo analizado. Más de la mitad de estas vinculaciones contractuales se concentraron entre enero de 2025 y agosto de 2026.Frente al alcance de las indagaciones, la ministra de Salud, Ana María Vesga, aclaró que la contratación directa o la pluralidad de contratos no constituyen en sí mismas una conducta ilegal. No obstante, enfatizó la necesidad de auditar la efectividad de las obligaciones contraídas al señalar: "Contratar directamente o tener varios contratos no es ilegal. Lo que debe establecerse es si esos servicios eran necesarios, si efectivamente se prestaron, si los valores estaban justificados y quién verificó su cumplimiento".El ministerio explicó que estas auditorías buscan esclarecer la trazabilidad de los recursos públicos, verificar la pertinencia de las contrataciones y constatar la ejecución real de las actividades pactadas. Ante esto, los antecedentes recopilados fueron trasladados a los organismos de control disciplinarios, fiscales y judiciales correspondientes para que determinen si existieron faltas o delitos.La ministra Vesga reiteró el compromiso de la cartera sanitaria con la protección de los dineros del sector: "Los recursos de la salud son de los colombianos. Nuestra obligación es protegerlos y exigir que cada peso esté debidamente justificado".