Para un campesino de las zonas más apartadas de Colombia, hacer un trámite notarial puede significar viajar hasta cinco horas a caballo y perder un día de trabajo. Pero, ¿qué pasaría si la única notaría de su municipio dejara de funcionar? El recorrido podría convertirse en un viaje de hasta tres días, una situación que preocupa a los notarios subsidiados del país, quienes advierten que cerca de 500 notarías estarían en riesgo de cerrar por problemas presupuestales.
En entrevista con Blu Radio, Amed Velásquez, notario del municipio de Marulanda, Caldas, explicó que las consecuencias de un eventual cierre irían mucho más allá de la suspensión de trámites, pues afectarían especialmente a las comunidades rurales que ya enfrentan dificultades para acceder a estos servicios.
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“Un campesino que tiene que salir de una finca que está a cuatro horas de la cabecera municipal ya perdió un día de jornal”, señaló Velásquez, quien explicó que desplazarse para realizar un trámite también representa dejar de percibir ingresos necesarios para sus familias.
El panorama sería todavía más complicado si las notarías subsidiadas desaparecieran, pues según el funcionario, un habitante de una zona rural “ya no se gastaría cuatro horas, se tendría que gastar uno o dos días o tres” para desplazarse hasta otra población donde pudiera realizar sus diligencias.
Las dificultades de los notarios para atender a las comunidades más apartadas
Velásquez, notario de Marulanda, explicó que también debe recorrer largas distancias para prestar sus servicios en comunidades como el corregimiento de Montebonito y relata que “si un ciudadano me dice que hay una persona enferma en una de esas fincas a tres horas, pues yo cojo un caballo y me voy a recogerle la firma y autenticar el documento al ciudadano”.
A las dificultades para llegar a estas poblaciones se suman los problemas económicos que enfrentan algunos notarios por los retrasos en los subsidios. Uno de ellos es Javier Enrique Moreno Bayona, notario único de Barrancominas, Guainía, quien publicó un video dirigido al Gobierno nacional en el que aseguró que los pagos pendientes lo han llevado a enfrentar la pérdida de la vivienda que estaba pagando mediante un crédito.
“Nunca había visto un notario fiar su canasta familiar, como me ha tocado a mí, quedarse viendo arriendos, vivir situaciones tan precarias como la estamos viviendo”, expresó Moreno y le pidió al Gobierno adoptar medidas que permitan garantizar la continuidad del servicio notarial en los municipios más alejados del país.
¿Por qué están en riesgo cerca de 500 notarías?
El problema, según Velásquez, está relacionado con los recursos del Fondo Cuenta Especial del Notariado, un mecanismo que recibe aportes provenientes de la actividad notarial del país y permite financiar el funcionamiento de las notarías que no generan ingresos suficientes para sostenerse por sí mismas.
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El notario explicó que, aunque durante el año deben realizarse 14 pagos a los despachos subsidiados, para 2026 solamente se habrían presupuestado 12.
A esto se suman las dificultades que enfrentaron durante los primeros meses del año, pues afirmó que “llegó enero, febrero, marzo, abril y nosotros no habíamos recibido a cuatro meses del año el primer pago”.
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Sin embargo, señaló que los despachos tuvieron que continuar funcionando y asumir sus obligaciones económicas.
“Nosotros como notarios sí tenemos que sostener el servicio porque tenemos que pagar arrendamiento donde funciona la notaría, tenemos que pagar servicios públicos, tenemos que pagar nuestra seguridad social y la carga prestacional del equipo que tiene cada notario en su notaría”, explicó.
De acuerdo con Velásquez, harían falta aproximadamente 11.700 millones de pesos para completar los pagos correspondientes a este año. No obstante, sostuvo que el dinero estaría disponible en el fondo y que lo necesario es realizar un ajuste presupuestal.
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“La plata está en el fondo, lo único que se necesita es esa formalidad de que se surta el traslado presupuestal”, aseguró.
El funcionario también advirtió que el problema podría repetirse en 2027, pues considera que los recursos contemplados en el presupuesto para el próximo año volverían a ser insuficientes.
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Por ahora, los notarios subsidiados insisten en la necesidad de adoptar medidas que eviten la suspensión del servicio, mientras la preocupación principal es que un eventual cierre obligue a las comunidades de municipios pequeños y zonas rurales a recorrer distancias mucho mayores para realizar trámites tan cotidianos como autenticar documentos, solicitar copias de registros civiles o adelantar diligencias relacionadas con sus propiedades.