Para un campesino de las zonas más apartadas de Colombia, hacer un trámite notarial puede significar viajar hasta cinco horas a caballo y perder un día de trabajo. Pero, ¿qué pasaría si la única notaría de su municipio dejara de funcionar? El recorrido podría convertirse en un viaje de hasta tres días, una situación que preocupa a los notarios subsidiados del país, quienes advierten que cerca de 500 notarías estarían en riesgo de cerrar por problemas presupuestales.En entrevista con Blu Radio, Amed Velásquez, notario del municipio de Marulanda, Caldas, explicó que las consecuencias de un eventual cierre irían mucho más allá de la suspensión de trámites, pues afectarían especialmente a las comunidades rurales que ya enfrentan dificultades para acceder a estos servicios.“Un campesino que tiene que salir de una finca que está a cuatro horas de la cabecera municipal ya perdió un día de jornal”, señaló Velásquez, quien explicó que desplazarse para realizar un trámite también representa dejar de percibir ingresos necesarios para sus familias.El panorama sería todavía más complicado si las notarías subsidiadas desaparecieran, pues según el funcionario, un habitante de una zona rural “ya no se gastaría cuatro horas, se tendría que gastar uno o dos días o tres” para desplazarse hasta otra población donde pudiera realizar sus diligencias.Las dificultades de los notarios para atender a las comunidades más apartadasVelásquez, notario de Marulanda, explicó que también debe recorrer largas distancias para prestar sus servicios en comunidades como el corregimiento de Montebonito y relata que “si un ciudadano me dice que hay una persona enferma en una de esas fincas a tres horas, pues yo cojo un caballo y me voy a recogerle la firma y autenticar el documento al ciudadano”.A las dificultades para llegar a estas poblaciones se suman los problemas económicos que enfrentan algunos notarios por los retrasos en los subsidios. Uno de ellos es Javier Enrique Moreno Bayona, notario único de Barrancominas, Guainía, quien publicó un video dirigido al Gobierno nacional en el que aseguró que los pagos pendientes lo han llevado a enfrentar la pérdida de la vivienda que estaba pagando mediante un crédito. “Nunca había visto un notario fiar su canasta familiar, como me ha tocado a mí, quedarse viendo arriendos, vivir situaciones tan precarias como la estamos viviendo”, expresó Moreno y le pidió al Gobierno adoptar medidas que permitan garantizar la continuidad del servicio notarial en los municipios más alejados del país.¿Por qué están en riesgo cerca de 500 notarías?El problema, según Velásquez, está relacionado con los recursos del Fondo Cuenta Especial del Notariado, un mecanismo que recibe aportes provenientes de la actividad notarial del país y permite financiar el funcionamiento de las notarías que no generan ingresos suficientes para sostenerse por sí mismas.El notario explicó que, aunque durante el año deben realizarse 14 pagos a los despachos subsidiados, para 2026 solamente se habrían presupuestado 12.A esto se suman las dificultades que enfrentaron durante los primeros meses del año, pues afirmó que “llegó enero, febrero, marzo, abril y nosotros no habíamos recibido a cuatro meses del año el primer pago”.Sin embargo, señaló que los despachos tuvieron que continuar funcionando y asumir sus obligaciones económicas.“Nosotros como notarios sí tenemos que sostener el servicio porque tenemos que pagar arrendamiento donde funciona la notaría, tenemos que pagar servicios públicos, tenemos que pagar nuestra seguridad social y la carga prestacional del equipo que tiene cada notario en su notaría”, explicó.De acuerdo con Velásquez, harían falta aproximadamente 11.700 millones de pesos para completar los pagos correspondientes a este año. No obstante, sostuvo que el dinero estaría disponible en el fondo y que lo necesario es realizar un ajuste presupuestal.“La plata está en el fondo, lo único que se necesita es esa formalidad de que se surta el traslado presupuestal”, aseguró.El funcionario también advirtió que el problema podría repetirse en 2027, pues considera que los recursos contemplados en el presupuesto para el próximo año volverían a ser insuficientes.Por ahora, los notarios subsidiados insisten en la necesidad de adoptar medidas que eviten la suspensión del servicio, mientras la preocupación principal es que un eventual cierre obligue a las comunidades de municipios pequeños y zonas rurales a recorrer distancias mucho mayores para realizar trámites tan cotidianos como autenticar documentos, solicitar copias de registros civiles o adelantar diligencias relacionadas con sus propiedades.
Continúan los cuestionamientos por los nombramientos realizados por el Gobierno nacional en varias notarías del país, a días de finalizar la administración del presidente Gustavo Petro. Entre las designaciones que han generado mayor controversia se encuentra la del excongresista Inti Asprilla, quien fue nombrado como notario segundo del Círculo Notarial de Soacha.Asprilla, exintegrante de la Alianza Verde y cercano al presidente Gustavo Petro, quien finalmente no llegó al Congreso tras las elección de marzo 2026 y ahora asumirá este cargo en la Notaría Segunda de Soacha bajo la figura de interinidad.La resolución fue firmada por la ministra de Justicia (e), Cielo Rusinque, quien además se desempeña como superintendente de Industria y Comercio, dentro de una serie de designaciones efectuadas en distintas notarías del país durante los últimos días del actual Gobierno.La discusión gira alrededor del uso de la figura de la interinidad, mecanismo que permite designar temporalmente a un notario cuando la vacante no puede ser ocupada mediante concurso de méritos o por una lista de elegibles, con el fin de garantizar la continuidad en la prestación del servicio.Sin embargo, las recientes decisiones han despertado críticas por tratarse de nombramientos realizados al cierre del periodo presidencial y por recaer, en algunos casos, sobre personas con trayectoria política o cercanas al Gobierno nacional.Otro de los casos que ha sido objeto de cuestionamientos corresponde a la Notaría 61 del Círculo de Bogotá, donde fue designado el abogado José Gregorio Beltrán Pérez para ocupar la vacante dejada por Pablo Méndez Barajas.Esa notaría se encontraba actualmente bajo encargo de la notaria Oriana Ospina mientras se definía la provisión del cargo.Además, quienes han cuestionado esta designación sostienen que la funcionaria que venía ejerciendo las funciones notariales es madre cabeza de familia y tendría una condición que la convertiría en sujeto de especial protección constitucional, por lo que consideran que esa circunstancia debía ser tenida en cuenta antes de adoptar la decisión.
A pocos días de finalizar el gobierno del presidente Gustavo Petro, continúa la controversia por varios nombramientos en notarías del país, firmados por la ministra de Justicia (E), Cielo Rusinque, quien además ejerce como superintendente de Industria y Comercio. La discusión se centra en designaciones realizadas bajo la figura de interinidad, mecanismo que permite ocupar temporalmente una notaría vacante cuando el cargo no puede proveerse mediante concurso o lista de elegibles, con el propósito de garantizar la continuidad del servicio.Uno de los casos que ha generado cuestionamientos corresponde a la Notaría 61 de Bogotá, donde fue designado el abogado José Gregorio Beltrán Pérez, quien ocupará la vacante dejada por Pablo Méndez Barajas y actualmente designada en encargo a la notaria Oriana Ospina.El documento lo justifica por la ausencia de una lista de 2016 con elegibles vigentes, la cual caducó en julio de 2018. "Que la lista definitiva de elegibles aprobada mediante Acuerdo 026 de 2016 en el marco del concurso de méritos público y abierto para el ingreso a la carrera notarial convocado con el Acuerdo 001 de 2015, ambos expedidos por el Consejo Superior de la Carrera Notarial, estuvo vigente hasta el 3 de julio de 2018”,.Abogados consultores cercanos a los procesos notariales denuncian que estos nombramientos podrían desconocer los principios que rigen el acceso a las notarías, al explicar que los notarios no son funcionarios de libre nombramiento y remoción del Ejecutivo y que, por mandato constitucional, estos cargos deben ser ocupados mediante concurso de méritos. Señalan que la intervención del Gobierno Nacional únicamente procede de manera excepcional cuando existe un vacío que pueda afectar la continuidad del servicio.Los expertos cuestionan que, en el caso de la Notaría 61, no existiría una interrupción en la prestación del servicio que justificara un nombramiento en interinidad. Según explican, la notaría venía funcionando con normalidad y no se presentaban circunstancias que hicieran necesaria una designación excepcional por parte del Gobierno.Adicionalmente, quienes han denunciado la situación sostienen que la funcionaria que venía ejerciendo la labor notarial es madre cabeza de familia y tendría una condición que la convierte en sujeto de especial protección constitucional.La rapidez con la que se han expedido estos actos administrativos ha llamado la atención debido a la cercanía del cambio de gobierno entre Gustavo Petro y el presidente electo Abelardo De La Espriella, en medio de un ambiente de cuestionamientos sobre decisiones adoptadas en los últimos días de la actual administración.La polémica por los nombramientos en notarías ya había generado consecuencias dentro del Gobierno. Uno de los episodios más relevantes fue la salida del entonces ministro de Justicia, Iván Cuervo, quien manifestó públicamente su desacuerdo con que la Presidencia mantenga injerencia para designar notarios y propuso trasladar esa competencia a un órgano colegiado, con el fin de garantizar mayor independencia y transparencia en estos procesos.
A pocos días de la finalización del mandato del presidente Gustavo Petro, el Gobierno expidió una serie de decretos con nombramientos en notarías que han despertado cuestionamientos por realizarse en la recta final de la administración. Entre el 17 y el 24 de julio fueron firmados al menos 13 decretos relacionados con designaciones notariales y la creación de una nueva notaría.Los decretos, publicados en la página del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), incluyen designaciones en interinidad para notarías de Cali, Barranquilla, Medellín, Bogotá, Chía y Zipaquirá, además de la creación de una nueva notaría en Rionegro, Antioquia.Uno de los casos fue denunciado por el exconcejal de Cali, Juan Martín Bravo, quien cuestionó la designación de Jorge Armando Ruiz Viveros como notario interino de la Notaría Décima de Cali."Petro se despide nombrando como notario interino de Cali a Jorge Armando Ruiz Viveros, quien figuró como asesor de la UTL de la exconcejal y hoy representante a la Cámara (del Pacto Histórico), Ana Leidy Erazo", aseguró Bravo.Las designaciones más recientes comenzaron el 17 de julio con los decretos 0774, 0775 y 0776, mediante los cuales fueron nombrados notarios en las notarías Séptima y Décima de Cali, y en la Notaría Primera de Zipaquirá.Posteriormente, el 22 de julio, el Gobierno expidió el Decreto 0791 para designar un notario interino en la Notaría Veinte de Cali.La mayor parte de los nombramientos se concentró el 24 de julio. Ese día fueron expedidos los decretos 0805 al 0812, que incluyen designaciones en las notarías Segunda y Séptima de Barranquilla, Sexta de Medellín, Catorce de Cali, Segunda de Chía y Sesenta y Uno de Bogotá. Ese mismo día también se firmó el Decreto 0811, mediante el cual se creó la Notaría Tercera del Círculo Notarial de Rionegro, Antioquia.A estas decisiones se suma el Decreto 0706, antes de los ya mencionados, del 7 de julio de 2026, con el que el Gobierno designó en interinidad a un notario para la Notaría Sexta del Círculo Notarial de Cartagena.
La decisión la tomó el magistrado Luis Eduardo Mesa, quien ordenó suspender de manera cautelar la totalidad del Acuerdo 01 del 15 de agosto de 2025, mediante el cual se había convocado oficialmente el proceso meritocrático.El acuerdo suspendido establecía las bases, reglas y cronograma del concurso nacional de notarías, liderado por el Consejo Superior de la Carrera Notarial y la Superintendencia de Notariado y Registro, con el objetivo de proveer notarías vacantes en todo el país.La medida cautelar implica que, mientras se resuelve de fondo la demanda presentada ante el Consejo de Estado, el proceso concursal queda temporalmente detenido y no podrá continuar avanzando en sus diferentes etapas.La decisión judicial se conoce en medio de cuestionamientos sobre el desarrollo del concurso y tras recientes observaciones formuladas por la Contraloría General de la República, que advirtió presuntas fallas de planeación, supervisión y organización contractual relacionadas con el proceso de selección de notarios.Precisamente ayer hubo una reunión del Consejo Superior de la Carrera Notarial (CSCN), en la que hicieron presencia el ministro de Justicia, Jorge Iván Cuervo, y los presidentes del Consejo de Estado y la Corte Suprema de Justicia. Allí fue donde se conoció de primera mano la decisión del alto tribunal de imponer una medida cautelar al acuerdo.En septiembre del año pasado, el CSCN suspendió el concurso que elegiría a más de 300 notarios. La decisión fue tomada un día después de que la Procuraduría advirtiera sobre riesgos en la financiación y la legalidad del proceso.
En el marco de la estrategia paz electoral, el procurador general de la Nación, Gregorio Eljach, selló un compromiso institucional con los 920 notarios del país, con el objetivo de fortalecer las garantías de transparencia, legalidad y confianza ciudadana en los procesos electorales que se avecinan. La iniciativa se desarrolla de manera articulada entre la Procuraduría, la Contraloría General de la República y la Registraduría Nacional del Estado Civil.El jefe del Ministerio Público explicó que la denominada paz electoral busca proteger el derecho al voto y preservar la legitimidad de los resultados en las urnas. “Es la estrategia que la Procuraduría, la Contraloría y la Registraduría venimos adelantando para garantizar un proceso electoral limpio, oportuno, consciente, con transparencia y que se respeten los resultados que arrojen las urnas en cada fecha que se hagan elecciones”, afirmó Eljach.En ese sentido, subrayó que las autoridades trabajarán para evitar cualquier interferencia indebida en la voluntad del electorado. “Vamos a tratar de combatir cualquier asomo que perturbe el ánimo y el deseo de todo elector para depositar su voto, que lo hagan en entera libertad y en la oportunidad que corresponde”.El compromiso con los notarios fue destacado como un componente clave de esta estrategia, dado su papel en la confianza pública y en la prevención de prácticas irregulares durante la temporada electoral. El superintendente de Notariado y Registro, Ricardo Agudelo, aseguró que existe una responsabilidad compartida entre las instituciones para garantizar la estabilidad democrática.“Todos los organismos, incluso los notarios, debemos impulsar que haya una paz electoral, que todos los colombianos puedan ejercer el derecho al voto, que las instituciones permanezcan fuertes, garantizando que haya un cambio tranquilo en las diferentes instituciones, por ejemplo en el Congreso o en Presidencia”, señaló. Agudelo añadió que se trata de “una apuesta de país para que haya una paz total en Colombia”.Frente a los riesgos de corrupción en el contexto electoral, el procurador general recalcó que la vigilancia no recae únicamente en las autoridades, sino también en la ciudadanía y en quienes cumplen funciones públicas o privadas con incidencia en los procesos democráticos.Sobre el rol de los notarios, indicó que “es una tarea de cada ciudadano y ellos lo han entendido así; siempre lo han hecho y esta vez también vamos a tratar de combatir cualquier asomo que perturbe el ánimo y el deseo de todo elector para depositar su voto”.En el mismo escenario, Eljach destacó el papel del sector empresarial en el desarrollo del país y su respaldo a iniciativas que promuevan estabilidad institucional. “Es el sector privado el que genera empleo, paga impuestos y crea riqueza”, afirmó, al resaltar su importancia en el crecimiento económico y en el fortalecimiento de la democracia.Desde el ámbito empresarial, Ovidio Claros Polanco, presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Bogotá, manifestó el respaldo del sector productivo a la estrategia de paz electoral. “Venimos haciendo un acompañamiento a una idea que surgió de la Procuraduría, de la Contraloría General y de quien es el registrador actual. Los empresarios y las empresarias lo que quieren es que haya una paz adecuada en todo sentido, no solamente en lo electoral”.Añadió que se trata de un sector que “seguirá aportando y que, en todas las interpretaciones de paz que aparezcan, vamos a estar ahí acompañando”.
El abogado penalista Majer Abushihab, representante de la familia Forero, cuyas niñas fueron víctimas de un envenenamiento con talio en Bogotá, ofreció detalles cruciales sobre la investigación que adelanta la Fiscalía. El proceso investigativo ha sido catalogado como profundo, minucioso y fundamentalmente respaldado en evidencia de toda índole. La Fiscalía está rastreando varias hipótesis que podrían involucrar a más personas, aunque ya hay elementos objetivos que comprometen seriamente la responsabilidad de la señora Zulma Guzmán, la presunta responsable.El mecanismo de entregaUno de los puntos clave aclarados por el abogado es el rol del mensajero que entregó las frambuesas contaminadas. Majer Abushihab enfatizó que el mensajero fue instrumentalizado y que la Fiscalía tiene esto "muy develado". Esta persona trabajaba con varias aplicaciones de domicilios y ha entregado información muy valiosa para la investigación. El abogado es enfático en que el domiciliario no tiene nada que ver con el plan criminal.Respecto a la entrega, se reveló que el mensajero llegó inicialmente con lo que dijo ser un regalo, pero no fue recibido porque la familia no había solicitado nada. El domiciliario se fue de la casa, pero luego regresó e insistió en que el paquete era para una persona específica del núcleo familiar. Este regreso e insistencia se dio luego de que el mensajero fuera contactado por la persona que envió las frambuesas, utilizando contactos telefónicos. Bajo el entendimiento de que se trataba de un regalo, la familia lo recibió.UbicaciónLa Fiscalía, a través de Elsa Reyes, ha llevado a cabo un ejercicio "muy juicioso" para identificar y rastrear el origen del talio, una sustancia prohibida que solo se utiliza para procesos industriales muy concretos. El rastreo a través de canales oficiales ha permitido identificar posibles fuentes y potenciales destinos del talio.Sobre la ubicación de la presunta responsable, Zulma Guzmán, surgieron dudas sobre si la orden se había realizado desde Argentina. El abogado aclaró que Zulma Guzmán estaba en Colombia al momento de los hechos. Aunque existen vínculos técnicos con Argentina, la llamada, el pedido y la orden de las frambuesas se hicieron en Bogotá. La Fiscalía cuenta con pruebas técnicas, incluyendo ejercicios con teléfonos y ubicaciones, para rastrear los puntos de contacto con la sindicada, lo que incluso permitió obtener una orden de captura internacional.Hipótesis de envenenamiento sistemáticoEl caso actual, que cobró la vida de la niña Emilia y afectó a Inés, se está investigando bajo la hipótesis de un posible envenenamiento sistemático. Esta línea investigativa busca conectar este suceso con el fallecimiento de la mamá de una de las niñas hace cuatro años, ya que en ambos eventos se encontró talio y las personas pertenecen a un mismo núcleo familiar. Esta identidad de sucesos y el paso del tiempo de alrededor de cuatro años hacen que la hipótesis de conexión sea "absolutamente plausible".En cuanto al móvil del crimen y la víctima específica, el abogado explicó que existe la posibilidad de que el veneno estuviera dirigido al padre de la familia, o que pudiera haber estado destinado a todos los miembros. Si bien el móvil no es estrictamente necesario para determinar un homicidio, probatoriamente sí da luces importantes para determinar el responsable. Escuche aquí la entrevista:
En la reciente sesión del Consejo Superior de la Carrera Notarial (CSCN), celebrada el 28 de octubre de 2025, una denuncia anónima alertó que continuarían las dudas sobre la transparencia de las decisiones adoptadas en torno al futuro del concurso notarial.Esta alerta, luego de que el Ministerio de Justicia y la Superintendencia de Notariado decidieron suspender el concurso de notarios por las alertas de la Procuraduría General de la Nación y del presidente Gustavo Petro sobre presuntas irregularidades del derecho fundamental al debido proceso.Según el denunciante, en esa última reunión, la notaria de Envigado, Paulina Gómez González, al parecer participó y votó en contra de la prórroga del concurso, pese a enfrentar quejas disciplinarias por presunta extralimitación de funciones, conflicto de intereses y actuaciones contrarias al principio de legalidad.En una queja disciplinaria presentada por el abogado Jaime Galvis asegura que presuntamente “Gómez González , actuando en calidad de representante de los notarios de carrera, suscribió y envió comunicaciones al Ministerio de Justicia cuestionando la falta de aplicación del derecho de preferencia por parte del Ministerio y su obstaculización al trámite de varios decretos de nombramiento, entre ellos el suyo propio y el de otros notarios de carrera, lo cual genera dudas sobre la imparcialidad, transparencia y ética en su actuación”.Según la denuncia, al parecer su postura en la sesión en favor de aplicar el artículo 178 del Decreto Ley 960 de 1970, el cual explica que pertenecer a la carrera notarial implica el derecho a permanecer en la misma Notaría, derecho a participar en concursos de ascenso,preferencia para ocupar, a solicitud propia y dentro de la misma circunscripción político - administrativa, otra Notaría de la misma categoría que se encuentre vacante, entre otros elementos, fue presuntamente interpretada por varios de los asistentes como un intento de mantener vigentes los mecanismos operativos suspendidos judicialmente.Dicen en la denuncia que Gómez habría promovido acuerdos amistosos entre notarios aspirantes a plazas vacantes “con el fin de evitar la competencia y facilitar nombramientos por consenso, una práctica que, de confirmarse, vulneraría los principios de mérito y transparencia que rigen la carrera notarial”.Agregaron que, en la reciente sesión, Gómez se opuso a la suspensión del concurso notarial, sin embargo, las autoridades recordaron que la suspensión respondió a las alertas de la Procuraduría General de la Nación, el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Justicia, que advirtieron posibles irregularidades en la gestión del proceso, desde presuntas ventas de cupos hasta violaciones al debido proceso.Por este motivo, los juristas reclaman una revisión urgente de la legalidad de su voto y de las decisiones adoptadas en la sesión, para garantizar la transparencia y la legitimidad del concurso.¿Qué responde la notaria Paulina Gómez ante las denuncias?La notaría Paulina Gómez aseguró que, tras dicha queja disciplinaria, presentó una respuesta a la Superintendencia de Notariado y Registro, documento en el cual sustentó que sus actuaciones en la defensa del mérito son transparentes y reconocidas por buena parte del gremio de carrera.Agregó que, al parecer, estas denuncias hacen parte de una atmósfera de retaliación tejida en su contra por sus posturas en defensa del Principio del mérito. En dicho documento argumentó que “La defensa del procedimiento se sustenta en lo que he sostenido en todas mis posturas y es que la carrera no puede ser vaciada de contenido, en perjuicio del notariado escalafonado y en beneficio de intereses de notarios que aún no ingresan a la carrera, entonces, no he asumido posturas que me benefician, tengo la suficiente formación y capacidad de independencia para trabajar y luchar por las causas que benefician a un grupo importante de notarios pertenecientes a la carrera que han sido despojados de sus derechos”.Según la respuesta, dicha postura no la beneficiaría “porque mi situación para ese momento ya era de las que el propio Consejo Superior consideró y clasificó como derechos adquiridos o situaciones consolidadas; tercero: acompañé el escrito como quien no deja en soledad, a quienes la eligieron para ese momento en calidad de suplente para hacerse escuchar sobre todo ante tanto desconcierto y falta de claridad”.Por estos motivos, Gómez asegura que la queja disciplinaria “no precisa hechos de tiempo, modo y lugar en los que basa afirmaciones de amplio calibre. Con mi equipo jurídico evalúo y me reservo la decisión de iniciar las acciones penales a que haya lugar por el desprestigio que se pretende infundir, además por las presiones indebidas a que estoy siendo sometida teniendo que soportar en mi condición de representante de los notarios de carrera ante su cuerpo rector, por el ataque sistemático y de género que me ha tocado padecer por medio de anónimos y señalamientos de este tipo que buscan seguramente minar con mi ausencia o participación”.
Cuatro mujeres y siete hombres que presuntamente forman parte de la banda criminal ‘Los Pepes’, fueron capturados por orden judicial en allanamientos practicados por la Policía en los barrios Barlovento, Bendición de Dios, Villanueva, Rebolo, sector del mercado, El Boliche, La Isla y Soledad 2000, en Barranquilla.Así mismo otro presunto miembro que permanece detenido en un centro carcelario, fue imputado por los delitos de extorsión agravada y concierto para delinquir.De acuerdo con labores de inteligencia de la Policía, el máximo cabecilla de esta organización, alias 'Digno Palomino', quién está recientemente fue trasladado a la cárcel La Picota de Bogotá, para avanzar en los diálogos de paz con el Gobierno Nacional, desde el centro penitenciaría ‘La Picaleña’, donde permanecía recluido, lideraba y coordinaba las extorsiones, además de ordenar actos violentos como la incineración y disparos contra establecimientos comerciales.Estos individuos bajo el liderazgo de 'Digno Palomino', quien se encuentra recluido en un centro carcelaria, exigían dinero a comerciantes. Entre $150.000 y $300.000 exigían de manera mensual a sus víctimas”, detalló el general Edwin Urrego, comandante de la Policía Metropolitana.Entre todos los capturados suman 33 anotaciones judiciales por delitos como concierto para delinquir, homicidio, extorsión, porte y tráfico de estupefacientes, receptación, así como fabricación, tráfico y porte de armas y municiones.Con estas capturas dice la Policía que se esclarecen dos atentados contra negocios, uno de ellos cometido el 4 de septiembre de 2025 y el 25 de junio de 2025 en establecimientos comerciales de la ciudad de Barranquilla.
Paulina Gómez, representante de los notarios en el Consejo Superior de Carrera Notarial, habló en Mañanas Blu sobre la reciente suspensión de un concurso de notarios en el país.De acuerdo con Gómez, el Consejo Superior de la Carrera Notarial no tiene conocimiento oficial sobre la supuesta venta de cupos para notarías en Colombia por valores de hasta 1000 millones de pesos, una afirmación realizada por el presidente Gustavo Petro y por la que se habría frenado el proceso."No hemos tenido ninguna información al respecto. Escuchando al presidente, uno entiende que él está hablando en base a un rumor que le llegó de un supuesto negocio de cupos para el próximo concurso de notarios. Eso es lo que tiene que aclarar el presidente, porque la Fiscalía debe estar conociendo ya con más detalles el caso y, según la fuente que tuvo el presidente", indicó Gómez.Piden investigación a la FiscalíaNo obstante, destacó que el ministro de Justicia y el superintendente de Notariado y Registro han actuado de manera adecuada al trasladar estos rumores a la Fiscalía General de la Nación."El objetivo es que la Fiscalía inicie las investigaciones correspondientes lo antes posible y por el bien del país y de la institucionalidad notarial para aclarar la seriedad y profundidad de estas alegaciones y determinar quiénes son los responsables", enfatizó la funcionaria. Desde la perspectiva de Gómez, el Consejo Superior de la Carrera ha mantenido una postura "muy vigilante" para garantizar que el concurso se desarrolle con plena transparencia y permita que quienes cumplan las condiciones señaladas en la ley puedan participar en condiciones de igual.Escuche la entrevista aquí:
El mundo del entretenimiento está sorprendido por la muerte del actor RJ Mitte, quien saltó a la fama al interpretar a Walter White Jr en la exitosa serie Breaking Bad.En desarrollo...
Charles Duke, uno de los astronautas que logró llegar a la superficie lunar durante las misiones Apolo de la NASA, sorprendió con una interpretación religiosa sobre los objetos voladores no identificados (ovnis). Según el exastronauta, estos fenómenos no estarían relacionados con civilizaciones extraterrestres, sino con entidades demoníacas que, desde su perspectiva, buscan alejar a las personas de la fe.Duke, quien tiene 91 años, compartió esta visión durante una entrevista con la cadena cristiana estadounidense CBN. En la conversación, hizo referencia a un pasaje de la Biblia para explicar por qué considera que la búsqueda de vida extraterrestre podría representar un riesgo espiritual para la humanidad.El astronauta sostuvo que los ovnis son fenómenos reales, pero cuestionó la interpretación que se les da y advirtió sobre lo que considera una posible intención de apartar a las personas de sus creencias religiosas.“El Señor dice que lo que estamos viendo es real, pero el diablo puede aparecer como un ángel de luz, dice la Biblia”, afirmó Duke durante la entrevista.La advertencia bíblica que citó Charles DukePara respaldar su postura, el exastronauta mencionó el capítulo 11, versículo 14, de la Segunda Carta a los Corintios. Este pasaje señala que Satanás puede disfrazarse como un ángel de luz, una advertencia que el apóstol Pablo utilizó en un contexto relacionado con los falsos apóstoles y los engaños espirituales.A partir de esa referencia, Duke planteó que los fenómenos asociados con los ovnis podrían interpretarse desde una perspectiva religiosa y no necesariamente como evidencia de visitantes procedentes de otros planetas.“Los ovnis intentan apartarnos de la verdad. Son demoníacos”, aseguró el astronauta, al explicar su interpretación de estos acontecimientos.Sus declaraciones reflejan su visión personal, basada en sus convicciones cristianas, sobre un tema que durante décadas ha generado preguntas, investigaciones y debates en distintos sectores de la sociedad.¿Quién es Charles Duke, el astronauta que caminó sobre la Luna?Charles Duke hizo historia en abril de 1972, cuando participó en la misión Apolo 16 de la NASA. Durante aquella expedición, se convirtió en la décima persona en caminar sobre la superficie lunar y, con 36 años, fue el astronauta más joven en lograrlo.Su experiencia como integrante de una de las misiones tripuladas del programa Apolo le dio un lugar destacado en la historia de la exploración espacial estadounidense.
El presidente Abelardo De La Espriella conversó este lunes por teléfono con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, sobre la situación del país y los desafíos en materia de seguridad, cooperación y estabilidad regional, informó la Presidencia.La conversación se extendió cerca de 15 minutos, según un comunicado del Gobierno nacional, que no detalló los asuntos específicos abordados por los dos funcionarios.Durante el diálogo, precisa la información oficial, ambos "destacaron la importancia del apoyo mutuo, la cooperación bilateral y el fortalecimiento de las relaciones estratégicas" entre los dos países.La Presidencia señaló que el contacto permitió intercambiar perspectivas sobre el contexto del país y los asuntos de interés común, particularmente en materia de seguridad y estabilidad regional.El Gobierno de De La Espriella reiteró además su compromiso de mantener una comunicación directa y permanente con Washington y de fortalecer los mecanismos de cooperación para afrontar los desafíos compartidos.Desde su llegada al poder, el pasado 7 de agosto, De la Espriella ha impulsado un acercamiento con Washington tras las tensiones que marcaron la relación bilateral durante el mandato de Gustavo Petro (2022-2026) y la Administración del presidente estadounidense, Donald Trump.Ese acercamiento tuvo uno de sus principales hitos el pasado 8 de septiembre, durante la visita de Rubio a Barranquilla, en la que ambos Gobiernos definieron los llamados Acuerdos de Barranquilla, una hoja de ruta centrada en la recuperación económica, la seguridad y la cooperación regional.En ese encuentro se firmaron dos memorandos de entendimiento sobre el suministro y procesamiento de minerales críticos y tierras raras, y la cooperación estratégica en energía nuclear civil.
El Deportivo Pasto confirmó la contratación de un nuevo cuerpo técnico para dirigir al equipo, luego de anunciar la salida de René Rosero. A través de un comunicado oficial publicado este lunes, 12 de octubre, el club nariñense informó que el entrenador español Diego Merino Rivera asumirá las riendas del conjunto para afrontar los próximos retos competitivos.Merino, de 38 años, cuenta con formación y metodología europea, además de experiencia en el fútbol internacional. Entre sus antecedentes profesionales se destaca el título que consiguió con Carabobo FC en la Primera División de Venezuela en 2024. También tuvo un paso por el fútbol colombiano al frente de La Equidad y comenzó su trayectoria en el fútbol formativo del Rayo Vallecano, en España.Cuerpo técnico del PastoEl nuevo cuerpo técnico estará integrado por varios profesionales con experiencia en el fútbol sudamericano. Como primer asistente técnico fue anunciado Fabiany Francia, de 34 años, quien cuenta con licencia A de la Conmebol y ha trabajado en procesos de selecciones juveniles de Venezuela. Asimismo, ha hecho parte de clubes como Monagas SC, Deportivo La Guaira y Carabobo FC, con participación en torneos continentales como la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana.Por su parte, Héctor Carrión Mayo asumirá como preparador físico principal. El profesional es licenciado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte por el INEF de Madrid y cuenta con una maestría en preparación física y readaptación de lesiones en el fútbol. Su trayectoria incluye experiencia en Carabobo FC y La Equidad. El equipo también tendrá a Carlos Rendón como segundo asistente técnico y a Carlos David Gómez como segundo preparador físico, quienes reforzarán las labores técnico-tácticas y el acondicionamiento de los jugadores.La llegada de Merino y su equipo de trabajo se produce después de que el pasado 9 de octubre el Deportivo Pasto anunciara la salida de René Rosero y de su asistente Wilson Morelo. En ese momento, la institución expresó su agradecimiento a ambos “por su trabajo, profesionalismo y aporte al equipo profesional masculino”.Debut del entrenador europeoEn el calendario, el próximo partido del conjunto volcánico será el lunes 19 de octubre. Por la fecha 15 de la liga, el entrenador de 38 años debutará enfrentando a Alianza de Valledupar.El reto para el europeo no es fácil, pues el Pasto es penúltimo con solo nueve puntos después de 12 partidos disputados. Acumula solo dos victorias, tres empates y siete derrotas en este segundo semestre del 2026.
El reciente terremoto en Panamá liberó una importante cantidad de energía acumulada durante aproximadamente un siglo en el sistema de fallas Azuero-Soná, y aunque los sismos son impredecibles, no se esperaría uno igual en la zona, dijo este lunes a EFE el director del Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá, Néstor Luque.“Este sistema de fallas en el área de Azuero-Soná ha liberado bastante energía que tenía acumulada en el rango de los cien años. No esperaría que vuelva a darse uno en esa área con esa magnitud”, explicó el experto.El Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá situó la magnitud de ese terremoto del viernes con epicentro en la península de Azuero, en el suroeste del país, en 7,5, mientras que el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) lo elevó a 7,7.El especialista comparó el movimiento telúrico reciente con el ocurrido en 1913, de magnitud 6,9, y señaló que "ambos eventos se encuentran en un rango similar de energía liberada por este sistema de fallas".No obstante, el geólogo subrayó que la actividad sísmica “no puede anticiparse con certeza”, por lo que no es posible descartar de manera concluyente que puedan ocurrir en el futuro próximo nuevos terremotos de esta magnitud.Explicó que Panamá está constituido geológicamente por lo que se conoce como una micro placa llamada bloque de Panamá y está rodeada entre las cuatro placas tectónicas principales: la placa del Caribe al norte, la placa de Coco, la placa de Nazca y la placa de Sudamérica.Sobre la preparación de Panamá ante estos eventos de la naturaleza, señaló el experto que al igual que otros ésta "es continua en todos los países, irse preparando para los eventos que pueden causar desastres".Riesgo sísmico en la capitalLuque también advirtió de que varias fallas geológicas ubicadas alrededor de Ciudad de Panamá -donde aunque se sintió fuertemente el terremoto no se produjeron daños graves- tienen potencial para generar terremotos de magnitud cercana a 7, según estudios realizados durante la ampliación del Canal de Panamá.“Un evento de esa intensidad (en la ciudad) podría afectar estructuras construidas hace más de treinta o cuarenta años, cuando comenzaban a implementarse en el país las normas de diseño estructural sismorresistente”, advirtió el especialista.Ante este escenario, precisó que el Gobierno ha dispuesto la revisión de infraestructuras consideradas vitales, entre ellas escuelas, centros de salud, estadios y puentes, para evaluar su respuesta a los movimientos telúricos y determinar si requieren refuerzos estructurales.“Las inspecciones buscan establecer las condiciones de estas instalaciones y las intervenciones necesarias para reducir su vulnerabilidad ante futuros eventos sísmicos”, señaló.Porque aunque el potente terremoto no ha dejado víctimas mortales y tan solo cerca de una treintena de heridos leves, sí causó daños en más de dos mil infraestructuras, principalmente en la península de Azuero, caracterizada por pequeños pueblos con una población envejecida dependiente de la agricultura y la ganadería.Según el último reporte oficial, el terremoto provocó daños en más de 1.280 residencias, 619 centros escolares, más de 60 edificios gubernamentales, 44 iglesias, 24 centros de salud, 11 hoteles y una decena de carreteras, vías y puentes de todo el país.Réplicas a la bajaLuque señaló que hasta la mañana de este lunes se han registrado alrededor de unas 350 réplicas, una actividad que continúa, aunque los movimientos son cada vez más espaciados y sus magnitudes han disminuido progresivamente."Las réplicas pueden prolongarse durante días e incluso uno o dos meses, hasta alcanzar un nivel en el que las vibraciones del suelo sean imperceptibles para las personas y solo puedan detectarse mediante instrumentos”, comentó el experto.Luque detalló que durante las primeras diez horas posteriores al evento principal se registraron réplicas de magnitudes cercanas a 6, mientras que posteriormente los movimientos pasaron al rango de 5 y luego descendieron a magnitudes de entre 3 y 4.Agregó que las réplicas se producen porque “el sistema de fallas se está reacomodando” y mientras se dé esto disminuirá la cantidad de movimientos.Sobre el aprendizaje que deja este terremoto, Luque hizo una petición: “Ya no hay dudas de que Panamá es un país tectónicamente activo. Panamá está expuesto a grandes sismos; hay que seguir haciendo estudios de las fallas activas en Panamá y de los tipos de suelo”.
