La decisión la tomó el magistrado Luis Eduardo Mesa, quien ordenó suspender de manera cautelar la totalidad del Acuerdo 01 del 15 de agosto de 2025, mediante el cual se había convocado oficialmente el proceso meritocrático.El acuerdo suspendido establecía las bases, reglas y cronograma del concurso nacional de notarías, liderado por el Consejo Superior de la Carrera Notarial y la Superintendencia de Notariado y Registro, con el objetivo de proveer notarías vacantes en todo el país.La medida cautelar implica que, mientras se resuelve de fondo la demanda presentada ante el Consejo de Estado, el proceso concursal queda temporalmente detenido y no podrá continuar avanzando en sus diferentes etapas.La decisión judicial se conoce en medio de cuestionamientos sobre el desarrollo del concurso y tras recientes observaciones formuladas por la Contraloría General de la República, que advirtió presuntas fallas de planeación, supervisión y organización contractual relacionadas con el proceso de selección de notarios.Precisamente ayer hubo una reunión del Consejo Superior de la Carrera Notarial (CSCN), en la que hicieron presencia el ministro de Justicia, Jorge Iván Cuervo, y los presidentes del Consejo de Estado y la Corte Suprema de Justicia. Allí fue donde se conoció de primera mano la decisión del alto tribunal de imponer una medida cautelar al acuerdo.En septiembre del año pasado, el CSCN suspendió el concurso que elegiría a más de 300 notarios. La decisión fue tomada un día después de que la Procuraduría advirtiera sobre riesgos en la financiación y la legalidad del proceso.
En el marco de la estrategia paz electoral, el procurador general de la Nación, Gregorio Eljach, selló un compromiso institucional con los 920 notarios del país, con el objetivo de fortalecer las garantías de transparencia, legalidad y confianza ciudadana en los procesos electorales que se avecinan. La iniciativa se desarrolla de manera articulada entre la Procuraduría, la Contraloría General de la República y la Registraduría Nacional del Estado Civil.El jefe del Ministerio Público explicó que la denominada paz electoral busca proteger el derecho al voto y preservar la legitimidad de los resultados en las urnas. “Es la estrategia que la Procuraduría, la Contraloría y la Registraduría venimos adelantando para garantizar un proceso electoral limpio, oportuno, consciente, con transparencia y que se respeten los resultados que arrojen las urnas en cada fecha que se hagan elecciones”, afirmó Eljach.En ese sentido, subrayó que las autoridades trabajarán para evitar cualquier interferencia indebida en la voluntad del electorado. “Vamos a tratar de combatir cualquier asomo que perturbe el ánimo y el deseo de todo elector para depositar su voto, que lo hagan en entera libertad y en la oportunidad que corresponde”.El compromiso con los notarios fue destacado como un componente clave de esta estrategia, dado su papel en la confianza pública y en la prevención de prácticas irregulares durante la temporada electoral. El superintendente de Notariado y Registro, Ricardo Agudelo, aseguró que existe una responsabilidad compartida entre las instituciones para garantizar la estabilidad democrática.“Todos los organismos, incluso los notarios, debemos impulsar que haya una paz electoral, que todos los colombianos puedan ejercer el derecho al voto, que las instituciones permanezcan fuertes, garantizando que haya un cambio tranquilo en las diferentes instituciones, por ejemplo en el Congreso o en Presidencia”, señaló. Agudelo añadió que se trata de “una apuesta de país para que haya una paz total en Colombia”.Frente a los riesgos de corrupción en el contexto electoral, el procurador general recalcó que la vigilancia no recae únicamente en las autoridades, sino también en la ciudadanía y en quienes cumplen funciones públicas o privadas con incidencia en los procesos democráticos.Sobre el rol de los notarios, indicó que “es una tarea de cada ciudadano y ellos lo han entendido así; siempre lo han hecho y esta vez también vamos a tratar de combatir cualquier asomo que perturbe el ánimo y el deseo de todo elector para depositar su voto”.En el mismo escenario, Eljach destacó el papel del sector empresarial en el desarrollo del país y su respaldo a iniciativas que promuevan estabilidad institucional. “Es el sector privado el que genera empleo, paga impuestos y crea riqueza”, afirmó, al resaltar su importancia en el crecimiento económico y en el fortalecimiento de la democracia.Desde el ámbito empresarial, Ovidio Claros Polanco, presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Bogotá, manifestó el respaldo del sector productivo a la estrategia de paz electoral. “Venimos haciendo un acompañamiento a una idea que surgió de la Procuraduría, de la Contraloría General y de quien es el registrador actual. Los empresarios y las empresarias lo que quieren es que haya una paz adecuada en todo sentido, no solamente en lo electoral”.Añadió que se trata de un sector que “seguirá aportando y que, en todas las interpretaciones de paz que aparezcan, vamos a estar ahí acompañando”.
El abogado penalista Majer Abushihab, representante de la familia Forero, cuyas niñas fueron víctimas de un envenenamiento con talio en Bogotá, ofreció detalles cruciales sobre la investigación que adelanta la Fiscalía. El proceso investigativo ha sido catalogado como profundo, minucioso y fundamentalmente respaldado en evidencia de toda índole. La Fiscalía está rastreando varias hipótesis que podrían involucrar a más personas, aunque ya hay elementos objetivos que comprometen seriamente la responsabilidad de la señora Zulma Guzmán, la presunta responsable.El mecanismo de entregaUno de los puntos clave aclarados por el abogado es el rol del mensajero que entregó las frambuesas contaminadas. Majer Abushihab enfatizó que el mensajero fue instrumentalizado y que la Fiscalía tiene esto "muy develado". Esta persona trabajaba con varias aplicaciones de domicilios y ha entregado información muy valiosa para la investigación. El abogado es enfático en que el domiciliario no tiene nada que ver con el plan criminal.Respecto a la entrega, se reveló que el mensajero llegó inicialmente con lo que dijo ser un regalo, pero no fue recibido porque la familia no había solicitado nada. El domiciliario se fue de la casa, pero luego regresó e insistió en que el paquete era para una persona específica del núcleo familiar. Este regreso e insistencia se dio luego de que el mensajero fuera contactado por la persona que envió las frambuesas, utilizando contactos telefónicos. Bajo el entendimiento de que se trataba de un regalo, la familia lo recibió.UbicaciónLa Fiscalía, a través de Elsa Reyes, ha llevado a cabo un ejercicio "muy juicioso" para identificar y rastrear el origen del talio, una sustancia prohibida que solo se utiliza para procesos industriales muy concretos. El rastreo a través de canales oficiales ha permitido identificar posibles fuentes y potenciales destinos del talio.Sobre la ubicación de la presunta responsable, Zulma Guzmán, surgieron dudas sobre si la orden se había realizado desde Argentina. El abogado aclaró que Zulma Guzmán estaba en Colombia al momento de los hechos. Aunque existen vínculos técnicos con Argentina, la llamada, el pedido y la orden de las frambuesas se hicieron en Bogotá. La Fiscalía cuenta con pruebas técnicas, incluyendo ejercicios con teléfonos y ubicaciones, para rastrear los puntos de contacto con la sindicada, lo que incluso permitió obtener una orden de captura internacional.Hipótesis de envenenamiento sistemáticoEl caso actual, que cobró la vida de la niña Emilia y afectó a Inés, se está investigando bajo la hipótesis de un posible envenenamiento sistemático. Esta línea investigativa busca conectar este suceso con el fallecimiento de la mamá de una de las niñas hace cuatro años, ya que en ambos eventos se encontró talio y las personas pertenecen a un mismo núcleo familiar. Esta identidad de sucesos y el paso del tiempo de alrededor de cuatro años hacen que la hipótesis de conexión sea "absolutamente plausible".En cuanto al móvil del crimen y la víctima específica, el abogado explicó que existe la posibilidad de que el veneno estuviera dirigido al padre de la familia, o que pudiera haber estado destinado a todos los miembros. Si bien el móvil no es estrictamente necesario para determinar un homicidio, probatoriamente sí da luces importantes para determinar el responsable. Escuche aquí la entrevista:
En la reciente sesión del Consejo Superior de la Carrera Notarial (CSCN), celebrada el 28 de octubre de 2025, una denuncia anónima alertó que continuarían las dudas sobre la transparencia de las decisiones adoptadas en torno al futuro del concurso notarial.Esta alerta, luego de que el Ministerio de Justicia y la Superintendencia de Notariado decidieron suspender el concurso de notarios por las alertas de la Procuraduría General de la Nación y del presidente Gustavo Petro sobre presuntas irregularidades del derecho fundamental al debido proceso.Según el denunciante, en esa última reunión, la notaria de Envigado, Paulina Gómez González, al parecer participó y votó en contra de la prórroga del concurso, pese a enfrentar quejas disciplinarias por presunta extralimitación de funciones, conflicto de intereses y actuaciones contrarias al principio de legalidad.En una queja disciplinaria presentada por el abogado Jaime Galvis asegura que presuntamente “Gómez González , actuando en calidad de representante de los notarios de carrera, suscribió y envió comunicaciones al Ministerio de Justicia cuestionando la falta de aplicación del derecho de preferencia por parte del Ministerio y su obstaculización al trámite de varios decretos de nombramiento, entre ellos el suyo propio y el de otros notarios de carrera, lo cual genera dudas sobre la imparcialidad, transparencia y ética en su actuación”.Según la denuncia, al parecer su postura en la sesión en favor de aplicar el artículo 178 del Decreto Ley 960 de 1970, el cual explica que pertenecer a la carrera notarial implica el derecho a permanecer en la misma Notaría, derecho a participar en concursos de ascenso,preferencia para ocupar, a solicitud propia y dentro de la misma circunscripción político - administrativa, otra Notaría de la misma categoría que se encuentre vacante, entre otros elementos, fue presuntamente interpretada por varios de los asistentes como un intento de mantener vigentes los mecanismos operativos suspendidos judicialmente.Dicen en la denuncia que Gómez habría promovido acuerdos amistosos entre notarios aspirantes a plazas vacantes “con el fin de evitar la competencia y facilitar nombramientos por consenso, una práctica que, de confirmarse, vulneraría los principios de mérito y transparencia que rigen la carrera notarial”.Agregaron que, en la reciente sesión, Gómez se opuso a la suspensión del concurso notarial, sin embargo, las autoridades recordaron que la suspensión respondió a las alertas de la Procuraduría General de la Nación, el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Justicia, que advirtieron posibles irregularidades en la gestión del proceso, desde presuntas ventas de cupos hasta violaciones al debido proceso.Por este motivo, los juristas reclaman una revisión urgente de la legalidad de su voto y de las decisiones adoptadas en la sesión, para garantizar la transparencia y la legitimidad del concurso.¿Qué responde la notaria Paulina Gómez ante las denuncias?La notaría Paulina Gómez aseguró que, tras dicha queja disciplinaria, presentó una respuesta a la Superintendencia de Notariado y Registro, documento en el cual sustentó que sus actuaciones en la defensa del mérito son transparentes y reconocidas por buena parte del gremio de carrera.Agregó que, al parecer, estas denuncias hacen parte de una atmósfera de retaliación tejida en su contra por sus posturas en defensa del Principio del mérito. En dicho documento argumentó que “La defensa del procedimiento se sustenta en lo que he sostenido en todas mis posturas y es que la carrera no puede ser vaciada de contenido, en perjuicio del notariado escalafonado y en beneficio de intereses de notarios que aún no ingresan a la carrera, entonces, no he asumido posturas que me benefician, tengo la suficiente formación y capacidad de independencia para trabajar y luchar por las causas que benefician a un grupo importante de notarios pertenecientes a la carrera que han sido despojados de sus derechos”.Según la respuesta, dicha postura no la beneficiaría “porque mi situación para ese momento ya era de las que el propio Consejo Superior consideró y clasificó como derechos adquiridos o situaciones consolidadas; tercero: acompañé el escrito como quien no deja en soledad, a quienes la eligieron para ese momento en calidad de suplente para hacerse escuchar sobre todo ante tanto desconcierto y falta de claridad”.Por estos motivos, Gómez asegura que la queja disciplinaria “no precisa hechos de tiempo, modo y lugar en los que basa afirmaciones de amplio calibre. Con mi equipo jurídico evalúo y me reservo la decisión de iniciar las acciones penales a que haya lugar por el desprestigio que se pretende infundir, además por las presiones indebidas a que estoy siendo sometida teniendo que soportar en mi condición de representante de los notarios de carrera ante su cuerpo rector, por el ataque sistemático y de género que me ha tocado padecer por medio de anónimos y señalamientos de este tipo que buscan seguramente minar con mi ausencia o participación”.
Cuatro mujeres y siete hombres que presuntamente forman parte de la banda criminal ‘Los Pepes’, fueron capturados por orden judicial en allanamientos practicados por la Policía en los barrios Barlovento, Bendición de Dios, Villanueva, Rebolo, sector del mercado, El Boliche, La Isla y Soledad 2000, en Barranquilla.Así mismo otro presunto miembro que permanece detenido en un centro carcelario, fue imputado por los delitos de extorsión agravada y concierto para delinquir.De acuerdo con labores de inteligencia de la Policía, el máximo cabecilla de esta organización, alias 'Digno Palomino', quién está recientemente fue trasladado a la cárcel La Picota de Bogotá, para avanzar en los diálogos de paz con el Gobierno Nacional, desde el centro penitenciaría ‘La Picaleña’, donde permanecía recluido, lideraba y coordinaba las extorsiones, además de ordenar actos violentos como la incineración y disparos contra establecimientos comerciales.Estos individuos bajo el liderazgo de 'Digno Palomino', quien se encuentra recluido en un centro carcelaria, exigían dinero a comerciantes. Entre $150.000 y $300.000 exigían de manera mensual a sus víctimas”, detalló el general Edwin Urrego, comandante de la Policía Metropolitana.Entre todos los capturados suman 33 anotaciones judiciales por delitos como concierto para delinquir, homicidio, extorsión, porte y tráfico de estupefacientes, receptación, así como fabricación, tráfico y porte de armas y municiones.Con estas capturas dice la Policía que se esclarecen dos atentados contra negocios, uno de ellos cometido el 4 de septiembre de 2025 y el 25 de junio de 2025 en establecimientos comerciales de la ciudad de Barranquilla.
Paulina Gómez, representante de los notarios en el Consejo Superior de Carrera Notarial, habló en Mañanas Blu sobre la reciente suspensión de un concurso de notarios en el país.De acuerdo con Gómez, el Consejo Superior de la Carrera Notarial no tiene conocimiento oficial sobre la supuesta venta de cupos para notarías en Colombia por valores de hasta 1000 millones de pesos, una afirmación realizada por el presidente Gustavo Petro y por la que se habría frenado el proceso."No hemos tenido ninguna información al respecto. Escuchando al presidente, uno entiende que él está hablando en base a un rumor que le llegó de un supuesto negocio de cupos para el próximo concurso de notarios. Eso es lo que tiene que aclarar el presidente, porque la Fiscalía debe estar conociendo ya con más detalles el caso y, según la fuente que tuvo el presidente", indicó Gómez.Piden investigación a la FiscalíaNo obstante, destacó que el ministro de Justicia y el superintendente de Notariado y Registro han actuado de manera adecuada al trasladar estos rumores a la Fiscalía General de la Nación."El objetivo es que la Fiscalía inicie las investigaciones correspondientes lo antes posible y por el bien del país y de la institucionalidad notarial para aclarar la seriedad y profundidad de estas alegaciones y determinar quiénes son los responsables", enfatizó la funcionaria. Desde la perspectiva de Gómez, el Consejo Superior de la Carrera ha mantenido una postura "muy vigilante" para garantizar que el concurso se desarrolle con plena transparencia y permita que quienes cumplan las condiciones señaladas en la ley puedan participar en condiciones de igual.Escuche la entrevista aquí:
La Procuraduría le pidió al superintendente de Notariado y Registro, Roosvelt Rodríguez, que evalúe la posibilidad de suspender el contrato con la Universidad Libre por medio del cual se adelanta el concurso de mérito público para el nombramiento de notarios en propiedad e ingreso a carrera. Lo anterior ya que no han obtenido respuesta sobre unas inquietudes que plantearon frente al proceso."Al no proceder recursos contras las decisiones preliminares del operador ni contra las definitivas del Consejo, consignadas en los acuerdos, los participantes quedan sin posibilidad alguna de ejercer su derecho fundamental a la defensa contra las que se tomen sobre las listas de admitidos, las calificaciones de prueba y las calificaciones de entrevista", señala la Procuraduría.También señalan desde el Ministerio Público que el hecho de que el mismo Consejo Superior de Carrera Notarial sea el que establece qué pueden o no cuestionar los participantes, respecto a las decisiones administrativas, podría afectar el acceso a la administración de justicia."El Ministerio Público tuvo acceso a las convocatorias de algunas sesiones del CSCN y en ellas observó posibles violaciones al debido proceso e incumplimientos al principio de legalidad", señaló el Ministerio Público.El presidente Gustavo Petro también se refirió al tema y aseguró que es extraño que el concurso se aceleró justo antes de las elecciones."Ojo con el concurso notarial. El procurador solicitó suspender el concurso, extrañamente se aceleró antes de elecciones. Cobran mil millones por cupo y son 700 y preciso, antes de elecciones. Los actuales notarios no fueron en su inmensa mayoría puestos por mi, pero no me interesa echarlos y menos propiciar una inmensa olla de corrupción", dijo Petro.
El gimnasta colombiano Ángel Hernández acudirá a su cita de los Juegos Olímpicos de París libre de presiones, fortalecido por la experiencia y con la mirada puesta en la final olímpica, instancia en la que espera que el trampolín lo catapulte al podio, ahora que se siente en el mejor momento de su carrera."Parece que cada vez que me hago más viejo, me siento mejor", expresó Hernández, nacido hace 29 años en la ciudad española de Albacete, y quien es una de las cartas de Colombia para pelear por una medalla en los Juegos Olímpicos.Hernández, que incluso tuvo que sortear una reacción alérgica a un medicamento, se colgó oro en competencias como el Campeonato Panamericano de Gimnasia en Río de Janeiro 2023 y en los Juegos Panamericanos Santiago 2023.Pero su clasificación a París la obtuvo este año en marzo durante la quinta parada de Copa Mundo de Gimnasia de Trampolín en la ciudad alemana de Cottbus al ocupar el puesto 13.Los de París serán sus segundos Juegos Olímpicos, a los que llega más curtido y con una visión renovada. Tokio le dejó grandes lecciones tras un noveno lugar, que no le alcanzó para ir a pelear por una medalla y a la distancia vio coronarse al bielorruso Ivan Litvinovich, rival con el que se cruzará en Francia."Estoy muy entusiasmado con lo que viene. Muy feliz de poder estar en mis segundos Juegos Olímpicos y muy a la expectativa de lo que vamos a hacer", comentó el deportista de padres colombianos nacido en Albacete.Tokio, una bofetada de realidadHernández afronta más reposado este desafío, consciente de sus progresos y de los detalles técnicos en el trampolín que ha ajustado para pensar en esa final que le fue esquiva hace tres años.Si bien Tokio fue una "vivencia espectacular" y que disfrutó al máximo, el real valor estuvo en darse cuenta de "lo talentoso" que es y de lo bien posicionado que estaba en el ranking, pues ha llegado a estar séptimo en el mundo."Las presiones me entran por un oído y me salen por el otro", dijo tras garantizar que esta actitud la ha incorporado a su vida en los últimos años.La primera participación en unos Olímpicos la describió como "una bofetada" de alerta tras la que escuchó una voz que le dijo: "'oye, eres muy bueno, tienes con qué'"."Y, en estos tres años, me he repetido eso durante cada entrenamiento", añadió.Tiene todo planificado para el 2 de agosto cuando se suba al trampolín en el Arena Bercy, donde espera "salir de allí muy orgulloso, con la cabeza en alto" en una competencia que enfrenta a los 15 mejores del mundo.Para él, la clave va a estar en terminar los 10 elementos con "una buena altura" y si logra hacer unos 60 puntos, que es una nota "muy buena", estará ahí "peleando para estar entre los cinco o cuatro primeros", lo que no significa que descarte subir al podio."Yo sí me visualizo con la medalla. Si yo no lo creo, va a ser imposible. Me siento ahora mismo en mi mejor momento y esta es una oportunidad que tengo que aprovechar", afirmó Hernández, quien representó a España hasta los 18 años y en 2012 llegó a ser el mejor junior de Europa.Colombiano con acento españolDe la mano de su madre y entrenadora Katish Recalde espera dar ese paso, como lo hizo cuando llegó a Colombia a promover la disciplina y competir por esa bandera."Tiene un acento muy español, pero Ángel ha sido muy colombiano siempre. Yo lo he criado con changua y arepa", dijo al explicar que consume un desayuno muy tradicional en el centro del país". Además, garantizó su madre que es "un excelente bailarín de salsa".El gimnasta lleva un mes concentrado en Barcelona y con un fogueo en dos Copas del Mundo, una en Suiza y otra en Portugal, de esta última se tuvo que retirar por problemas de salud, pero confirmó que ha "mejorado" y está con "muy buenas sensaciones"."El trabajo ya está hecho y ahora hay que dejar que fluya", puntualizó.
Cuando usted adquiere un contrato de arrendamiento, surgen algunas dudas sobre por qué es importante autenticar este documento, cómo hacerlo y quién debe asumir este gasto.En este artículo encontrará la información detallada de lo que debe hacer para autenticar el contrato de arrendamiento y ante qué entidad tiene que realizar el trámite.¿Por qué se debe autenticar?Debe saber que la autenticación del contrato de arrendamiento certifica la veracidad y la legalidad del documento, por lo que tiene realizarse ante una notaría. Allí no solo se confirma la identidad de los firmantes, sino que también se corrobora que el contrato cumple con los requisitos legales.¿Cómo autenticar el contrato?Para poder realizar el proceso de autenticación sin contratiempos debe tener en cuenta que tanto el arrendatario como el arrendador deben estar presentes en la notaría.Luego de eso deberán presentar ante el notario el documento de identificación válido de las dos partes, el contrato de arrendamiento original y firmado por las dos partes y el recibo de pago de los impuestos.Al finalizar la entrega de la documentación, el notario verificará la autenticidad y le entregará a cada una de las partes una copia autenticada del contrato.¿Cuáles son los barrios más buscados para vivir en arriendo en Bogotá?¿Quién debe pagar la autenticación?Tenga en cuenta que quien debe asumir el costo del trámite de autenticación es el arrendatario. Sin embargo, si se llega a un acuerdo, las dos partes pueden asumir el costo.¿Qué debe tener un contrato de arrendamiento?Según el artículo 3 de la Ley 820 de 2003, un contrato de arrendamiento debe tener por lo menos el nombre completo y el número de identificación de las dos partes; la ubicación del inmuebles, es decir la dirección, el barrio, la localidad y la ciudad; el valor que se va a pagar mensualmente; la duración del contrato de arrendamiento y la designación de la parte del contratante a cuyo cargo esté el pago de los servicio públicos del inmueble objeto del contrato.¿Le pueden negar un arriendo por tener mascota?
A audiencia serán llevados en las próximas horas el notario local Augusto Osorio Berdugo, de 69 años, y el abogado Ever Edinson Castro Miranda, de 56 años, luego de ser capturados en la ciudad de Barranquilla por los delitos de concierto para delinquir y falsedad material en documento público.El operativo lo adelantó personal de la Dijin en el marco de una investigación que lleva la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales de la Fiscalía en contra de una ‘cartel de las tierras’ que se habría apropiado de manera ilegal de varios terrenos en Barranquilla y municipios del Atlántico.El notario y el abogado son señalados de presuntamente alterar documentación a cambio de dinero para que terceros pudieran apropiarse de terrenos.En el mismo operativo fue capturada una mujer cuya identidad aún no ha sido revelada.Osorio Berdugo, abogado de profesión, tiene en su hoja de vida que es Notario Encargado en las Notarías Primera, Segunda y Cuarta de Barranquilla y Notaria Única de Juan de Acosta.Del abogado Castro Miranda se conoció que en el año 2022 fue capturado en el barrio Loma de Oro por los delitos de concierto para delinquir con fines de desplazamiento forzado, homicidio, tráfico fabricación o porte de estupefacientes.En ese momento la Fiscalía lo presentó como presunto miembro del ‘Clan del Golfo’, sin embargo, tras ser llevado a audiencia pública, un juez de control de garantías lo dejó en libertad luego de que el testigo que había declarado en su contra inicialmente, afirmara que fue obligado a hacerlo.
Un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario contra Jhonatan Steven Villalobos Aguilón, alias 'Tom', y Yeiner Enrique Freyde Tolimán, alias 'Trenzas', señalados de integrar una red de apoyo de la estructura Jaime Martínez de las disidencias de las Farc y de participar presuntamente en el atentado terrorista perpetrado contra el cantón militar Pichincha, en Cali ,Valle del Cauca, el pasado 24 de abril, ataque que dejó dos mujeres heridas y ocasionó cuantiosos daños materiales.De acuerdo con la investigación de la Fiscalía, las evidencias recopiladas indican que alias 'Tom' habría adquirido por 20 millones de pesos la buseta escolar que posteriormente fue utilizada en el atentado. Según el ente acusador, además de realizar el trámite de traspaso del vehículo, lo habría puesto a disposición de otros integrantes de la organización para acondicionarlo con cilindros bomba que posteriormente fueron activados en las inmediaciones de la instalación militar.Por su parte, alias 'Trenzas' es investigado por, presuntamente, movilizarse en una motocicleta de su propiedad para alertar sobre la presencia de controles de la fuerza pública y facilitar el recorrido de la buseta hasta el lugar donde fueron detonados los artefactos explosivos improvisados.Los dos procesados fueron capturados durante diligencias de registro y allanamiento adelantadas de manera conjunta por funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía y unidades de la Policía Nacional en las comunas 3, 13 y 15 de Cali. Durante los operativos fueron incautadas varias bolsas con pentolita, teléfonos celulares, cordón detonante, cartillas y material impreso alusivo a las disidencias de las Farc, además de una motocicleta que haría parte de los elementos de prueba dentro de la investigación.Un fiscal especializado contra el Crimen Organizado imputó a los capturados, de acuerdo con su presunta participación individual, los delitos de concierto para delinquir agravado, homicidio en grado de tentativa, terrorismo, daño en bien ajeno y fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido, de uso privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos.Durante las audiencias preliminares, ninguno de los dos procesados aceptó los cargos formulados por la Fiscalía. No obstante, el juez consideró procedente imponerles medida de aseguramiento privativa de la libertad en establecimiento carcelario mientras avanzan las investigaciones por su presunta participación en el atentado contra el Cantón Militar Pichincha de Cali.
El presidente electo, Abelardo De La Espriella, anunció este viernes el primer integrante de su gabinete ministerial. A través de sus redes sociales confirmó que Rodrigo Lara será el nuevo ministro del Interior, el primer nombre oficial de su equipo de gobierno.En la publicación, De La Espriella destacó la trayectoria política y profesional de Lara, a quien describió como "emprendedor, abogado, docente universitario, senador de la República, presidente de la Cámara de Representantes y zar anticorrupción". Además, resaltó que "nunca, a pesar de haber sido víctima de la violencia, dejó de trabajar por su patria", y aseguró que "nunca renunció a sus principios" ni dejó de legislar "para las madres, los estudiantes y los pacientes que esperaban una oportunidad".El mandatario electo también exaltó que Rodrigo Lara "nunca ha dejado de combatir", en un mensaje con el que presentó oficialmente al dirigente político como el encargado de liderar el Ministerio del Interior durante el próximo cuatrienio.Con este anuncio comienza la conformación del gabinete del nuevo gobierno. Se espera que en el transcurso del día el presidente electo revele nuevos nombres de quienes asumirán las diferentes carteras ministeriales y tendrán la responsabilidad de ejecutar las principales políticas de su administración.¿Quién es Rodrigo Lara Restrepo?Con una trayectoria de más de dos décadas en el sector público y la academia, Rodrigo Lara es abogado de la Universidad Externado de Colombia, especialista en el Instituto de Estudios Políticos de París y magíster de la Escuela Nacional de Administración de Francia (ENA). A lo largo de su carrera ha ocupado cargos estratégicos relacionados con la modernización del Estado, la lucha contra la corrupción y el fortalecimiento institucional.En el ámbito gubernamental, se desempeñó como asesor externo del Ministerio del Interior en temas de ordenamiento territorial y como asesor del Alto Consejero Presidencial para la Acción Social. En 2006 fue designado director del Programa Presidencial de Modernización, Eficiencia, Transparencia y Lucha contra la Corrupción, responsabilidad por la que fue reconocido como el "zar Anticorrupción" del Gobierno.Desde 2002 ha ejercido como docente e investigador de la Universidad Externado de Colombia, donde ha participado en estudios sobre reformas del Estado, fortalecimiento de los organismos de control y desarrollo de las entidades territoriales. Además, ha publicado diversos artículos especializados sobre control fiscal, regionalización, finanzas territoriales y los sistemas presidencial y parlamentario.En su carrera política, Lara asumió en abril de 2008 una curul en el Senado como vocero de Cambio Radical, en reemplazo de Germán Vargas Lleras. Posteriormente fue representante a la Cámara por Bogotá durante el periodo 2014-2018. En 2023, fue candidato a la Alcaldía de Bogotá.
La crisis financiera que enfrenta Canacol Energy comienza a generar preocupación en diferentes sectores económicos del país, luego de que una corte en Alberta (Canadá) autorizara, dentro del proceso de reestructuración de la compañía, la terminación anticipada de varios contratos de suministro de gas. La decisión, que aún deberá ser evaluada por la Superintendencia de Sociedades en Colombia, encendió las alarmas entre empresas e industrias que dependen del combustible para mantener sus operaciones.Una de las voces más preocupadas es la de Ricardo Gaviria, presidente de Cerro Matoso, quien advirtió en entrevista con Mañanas Blu que la continuidad de la operación de la mina de ferroníquel depende directamente del abastecimiento de gas natural y que una interrupción del suministro tendría consecuencias económicas y sociales de gran magnitud.Sin gas, Cerro Matoso tendría que detener su producciónDurante la entrevista, Gaviria fue enfático en señalar que el gas natural es un insumo indispensable para el funcionamiento de la planta industrial ubicada en Montelíbano, Córdoba."Nosotros sin gas simplemente no podemos operar y resulta que las líneas de producción se tendrían que parar. (...) La reparación de una línea sería alrededor de 450 mil millones de pesos y la otra costaría más o menos 770 mil millones de pesos", afirmó el directivo.Explicó que un eventual apagado de los hornos industriales provocaría daños irreversibles en los materiales refractarios, lo que obligaría a realizar millonarias reparaciones antes de reiniciar la producción.Además del impacto operativo, Gaviria advirtió que una suspensión de actividades pondría en riesgo el sustento de miles de familias."Somos más o menos 2.000 empleados entre directos e indirectos y alrededor de 50.000 personas dependen de la operación de Cerro Matoso en el territorio", sostuvo.La preocupación se extiende a toda la Costa CaribeEl presidente de Cerro Matoso señaló que la problemática trasciende el ámbito empresarial, pues una parte significativa del suministro de gas en la región Caribe depende de Canacol Energy.Según explicó, la eventual cancelación de contratos podría afectar tanto a grandes industrias como a usuarios residenciales, en un contexto en el que Colombia enfrenta una reducción en las reservas de gas y una creciente necesidad de importar este energético."No sería solo la demanda nuestra de Cerro Matoso, sino la demanda del 50% de las poblaciones de la Costa Caribe colombiana", indicó durante la entrevista.Esta situación se suma a las advertencias que han realizado empresas distribuidoras del servicio de gas natural sobre los riesgos que tendría una disminución en el abastecimiento nacional.Importar gas no sería una solución viableConsultado sobre posibles planes de contingencia, Gaviria reconoció que actualmente no existe una alternativa inmediata para reemplazar el suministro que entrega Canacol.Explicó que el país cuenta únicamente con una planta de regasificación en Cartagena y que depender completamente del gas importado elevaría considerablemente los costos de operación."Tendríamos que importarlo, pero además con unos costos altísimos que no harían la operación viable y sostenible desde el punto de vista financiero", aseguró.A esto se suma la limitada infraestructura disponible para atender un aumento significativo en la demanda de gas importado.Cerro Matoso apelará la decisión de la Corte canadienseEl directivo aclaró que la autorización otorgada por la Corte de Alberta no consiste en una suspensión temporal de los contratos, sino en la posibilidad de terminarlos anticipadamente, situación que considera mucho más delicada.Por ello anunció que la empresa ejercerá los recursos legales disponibles: "Tenemos 21 días para apelar este fallo y le vamos a solicitar a la Corte canadiense una segunda instancia con el fin de que se revoque esta decisión", explicó.Mientras se desarrolla ese proceso, Cerro Matoso espera que las autoridades colombianas intervengan dentro de sus competencias para proteger la estabilidad del sistema de suministro de gas.Llamado al Gobierno y a las autoridadesDurante la entrevista, Gaviria hizo un llamado a la Superintendencia de Sociedades, la Superintendencia de Servicios Públicos, la Agencia Nacional de Hidrocarburos y al Ministerio de Minas y Energía para buscar una solución que permita garantizar el abastecimiento.El directivo insistió en que una renegociación contractual es diferente a la cancelación unilateral de los acuerdos vigentes: "Tenemos que garantizar el ordenamiento jurídico y los derechos que se tienen ante estos contratos. Una cosa es renegociar un contrato y otra muy distinta es cancelarlo", manifestó.Asimismo, señaló que diferentes empresas consumidoras de gas han intentado dialogar con Canacol para encontrar mecanismos que ayuden a superar su crisis financiera sin afectar el cumplimiento de los contratos, aunque hasta ahora esas conversaciones no han prosperado.
Cambio Radical le hizo una solicitud tanto a la Procuraduría como a la Contraloría para que se conformen unos equipos de vigilancia y control en todas las entidades del Estado. La idea, según dicen desde esta colectividad, es hacer control a los recursos públicos durante la transición al nuevo gobierno."Con la llegada del nuevo Gobierno, cuyo mandato inicia el próximo 7 de agosto, resulta imperativo que los organismo de control del Estado ejerzan una y sin concesiones sobre los procesos contractuales que se adelanten o pretendan celebrarse en todas las entidades públicas del orden nacional y territorial", dice la carta del partido.Es importante recordar que el presidente electo Abelardo De La Espriella ya está conformando sus equipos de empalme. Desde Cambio Radical le piden a la Procuraduría y Contraloría que monitoreen en tiempo real los procesos de contratación e impidan la celebración de contratos que comprometan indebidamente el presupuesto público o afecten la capacidad de gestión del gobierno entrante."El Gobierno en curso ha demostrado, a lo largo de su periodo, que la contratación pública no ha sido respetada ni protegida; las adjudicaciones irregulares, la falta de transparencia en los procesos contractuales y el detrimento del patrimonio público ha sido una constante que compromete los recursos del Estado y lesiona gravemente los intereses de los colombianos", dice Cambio Radical.
La Corte Constitucional recibió para estudio una demanda presentada contra la Ley 2578 de 2026, norma que estableció el 9 de julio como día festivo nacional en homenaje a Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá. Con este proceso, el alto tribunal deberá determinar si la creación del nuevo festivo es compatible con los principios establecidos en la Constitución Política.La acción fue presentada por el ciudadano Rodrigo Ospina Ortiz, quien sostiene que la ley desconoce el principio de neutralidad religiosa que debe regir al Estado colombiano. Según expuso en la demanda, declarar un día de descanso obligatorio para rendir homenaje exclusivamente a una figura central de la religión católica podría vulnerar el carácter laico de las instituciones públicas y el principio de igualdad frente a las distintas confesiones religiosas.Además de los reparos de carácter constitucional, el demandante planteó cuestionamientos relacionados con las consecuencias económicas de la medida. En su criterio, la creación de un nuevo día festivo implica efectos sobre la planeación institucional, la organización de los turnos laborales y el incremento de costos, tanto para las entidades públicas como para el sector privado.La Ley 2578 de 2026 convirtió oficialmente el 9 de julio en día festivo nacional en conmemoración de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, patrona de Colombia. En su contenido, la norma resalta la importancia histórica, cultural y religiosa de esta celebración, especialmente en el municipio de Chiquinquirá, en Boyacá, considerado uno de los principales centros de peregrinación del país.Con la demanda ya radicada, corresponderá ahora a la Corte Constitucional adelantar el estudio de fondo para establecer si la creación de este nuevo festivo se ajusta a los mandatos de la ley o, por el contrario, vulnera el principio de separación entre el Estado y las confesiones religiosas.Mientras se surte ese análisis constitucional y no exista una decisión definitiva del alto tribunal, la Ley 2578 de 2026 continúa vigente, por lo que el 9 de julio mantiene su condición de día festivo nacional en Colombia.
