La Contraloría General publicó un informe actualizado sobre la situación carcelaria del país, continuando el trabajo de la administración de Edgardo Maya, que investigó un contrato entre la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios por alrededor de 430.000 millones de pesos con Fonade para la construcción de varias cárceles en el país.
Sin embargo, el inicio del contrato que se tradujo en una intermediación de $33.000 millones para Fonade se demoró dos años en iniciar. Por lo que hubo un problema con el hacinamiento, que, hasta ahora, empieza a resolverse.
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La última revisión de la Contraloría asegura que en el 88 % de las cárceles hay obsolescencia, es decir que no se ha renovado la infraestructura y tampoco hay eficiencia con la entrega de algunos medicamentos para la población carcelaria.
Vea aquí: Con construcciones móviles se busca combatir hacinamiento en cárceles: MinJusticia
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Además, la Contraloría halló que en el 19 % de las cárceles en donde hizo la investigación no se garantiza el mínimo vital de 15 litros de agua para cada persona privada de la libertad. En la cárcel de Valledupar, por ejemplo, se pudo probar que el mal estado del agua afecta los alimentos lo que puede causar graves situaciones de salud y de contagio de enfermedades.
La Contraloría, finalmente, le dice a la Corte que valida el estado institucional de las cosas sobre la situación carcelaria en el país y concluye que hoy los procesos de resocialización no se cumplen y no se realizan de acuerdo a lo establecido en la Constitución.
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