Dentro de las funciones del fallecido auditor de la Ruta del Sol, Jorge Enrique Pizano, estaba la elaboración de un Manual Sistema de Prevención, Detección y Monitoreo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SARLAFT), esto para que la concesionaria evitara que se cometieran estos dos delitos en las obras a su cargo a través de contratos.
En octubre del 2015 Pizano envió un correo electrónico a Rafael Neira, vicepresidente contralor del Grupo Aval; al gerente general de Coviandes S.A., Alberto Mariño Samper, y al gerente contractual de Consol, Javier Mejía.
En el mensaje, Pizano advertía de irregularidades que se encontró en varios contratos (recientemente investigados por la Fiscalía) y les copiaba entonces las “preguntas hechas y recibidas, satisfactorias o no, preguntar por formular” a las empresas que estaban bajo su lupa.
Contratos y empresas en la lupa:
Pizano alertó de varios contratos con la firma Inversores Profesionales S en C. En una de esas advertencias, por ejemplo, reprochó que se efectuaran pagos sin que se tuviera evidencia de las labores realizadas.
También advirtió de la existencia de una orden de servicio que se suscribió con ellos para “prestar asesoría económica, administrativa y financiera en el proyecto”, y decía Pizano que ya se había cumplido ese objeto en un otrosí firmado en marzo de 2013, entre la ANI y la Concesionaria Ruta del Sol, un día antes de la suscripción de esta orden de servicio.
Sobre la firma Análisis Desimpro S.A., Pizano preguntó por qué la contrataron por $1.217 millones y se pagaban $2.154 millones. Es decir, por qué los pagos a ese proveedor eran superiores a los contratos firmados.
Agregó que le dieron un contrato para prestar el mismo objeto que se le dio a Inversores Profesionales, que era el de “asesoría económica, administrativa y financiera” y, además, a cada uno se le contrató por valores distintos.
Con la firma Gestora de Proyectos de Infraestructura, Pizano dijo que se efectuaron pagos sin que se tuviera evidencia de las labores realizadas por el mismo. Incluso, añadía que ya había contratistas que estaban realizando las mismas tareas, como Inversores Profesionales.
Asimismo, que se hicieron pagos sin que se legalizara el contrato por parte de la Concesionaria Ruta del Sol.
Finalmente, en la comunicación aparece mencionada una empresa que hasta hoy no se conocía: Ingream SAS.
Pizano dijo que sobre el proceso de selección participaron tres empresas y terminó ganadora esa firma, sin embargo, encontró que una de las proponentes era falsa y la otra se presentó un mes después de recibidas las dos anteriores.
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En el mismo informe, Pizano alertó sobre irregularidades en contratos con empresas en que sus representantes legales ya fueron imputados por la Fiscalía, como Profesionales de Bolsa, de Gustavo Torres, y Consultores Unidos, de Eduardo Zambrano.
Sin embargo, quedan varias preguntas; aunque estos nuevos destinatarios de los correos electrónicos de Pizano han sido llamados a declaración por algunos temas de contratación, aún no le cuentan a la Fiscalía porqué, si conocieron las presuntas irregulares desde 2015, no las denunciaron. Es decir, la opinión pública aún no conoce las explicaciones de la concesionaria sobre cómo trataron las alertas que repetidamente dio Jorge Pizano.
Sobre el tema, el vicepresidente contralor del Grupo Aval, Rafael Neira, dijo este fin de semana en El Espectador que en sus correos y reportes Pizano nunca señaló sospecha de sobornos.
Incluso, dijo que Pizano había enviado un informe en el que no hablaba de ninguna irregularidad, sino de que no le están dando toda la información.
“No habla nada diferente a eso. Dice que hay cinco proveedores de los que no tiene la información suficiente para poderlos cruzar. Pero si ven los correos, lo que hace Alberto Mariño y la gente que está representando a Episol (socia de Odebrecht en la Ruta del Sol 2, que pertenece a Corficolombiana) es decirles a los brasileños que le den la información a Pizano”.