La secretaria de Transparencia de la Presidencia, Cristina Lombana, solicitó, por instrucción directa del presidente Abelardo De La Espriella, que las investigaciones por presunta corrupción en San Andrés, Providencia y Santa Catalina queden en manos de una comisión conjunta de la Procuraduría General, la Contraloría General y la Fiscalía General de la Nación. "Hay un entramado corrupto que se apoderó de San Andrés y de sus recursos públicos", afirmó.
En un video publicado en la cuenta de X de la Presidencia, Lombana explicó que la corrupción en la contratación pública comienza cuando unos pocos contratistas, "casi siempre los mismos", se quedan con los contratos de una región mediante procesos diseñados a su medida.
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Después, según indicó, se apoderan de las entidades públicas mediante la financiación de campañas políticas y, finalmente, capturan los organismos de control. "Cuando quienes deberían vigilar ya no vigilan, cuando las denuncias no avanzan y los procesos se quedan quietos, el círculo se cierra, no hay quien ponga freno", dijo la funcionaria.
Lombana señaló que el presidente estuvo en la isla durante el fin de semana y escuchó directamente a sus habitantes, quienes denunciaron obras inconclusas, deficiencias en la prestación de servicios y falta de acciones de los organismos de control locales contra los responsables de presuntos hechos de corrupción, "que todo el mundo sabe quiénes son y nadie castiga". Según la secretaria, al revisar los casos que involucran a distintas entidades se evidencia un mismo patrón.
¡EN SAN ANDRÉS SE ACABÓ EL REINADO DE LA CORRUPCIÓN!
— Presidencia Colombia 🇨🇴 (@infopresidencia) October 18, 2026
Por instrucción directa del presidente Abelardo De La Espriella, desde la Secretaría de Transparencia se solicitó una intervención inmediata y articulada de la Procuraduría, la Contraloría y la Fiscalía para investigar las… pic.twitter.com/AZGpu3DYtg
Ante esta situación, la Secretaría de Transparencia solicitó tres medidas. La primera es que las investigaciones que se adelantan en el archipiélago sean dirigidas desde Bogotá por una comisión conjunta. La segunda, que la Procuraduría ejerza su poder preferente y la Contraloría, su control excepcional, facultades que, según Lombana, la ley les otorga "precisamente para situaciones como esta, cuando el control local no es suficiente".
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La tercera es conformar un grupo especial de investigación por fuera de la isla que reúna los distintos casos y agilice las actuaciones, como reclama la comunidad. "No desconfiamos de los isleños, sino de los tentáculos corruptos que interfieren en los organismos de control en la isla", aclaró.
Por su parte, la ministra de Salud, Ana María Vesga, denunció que, durante la intervención de la Superintendencia Nacional de Salud al Hospital Departamental de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, se encontró “un hospital desmantelado, con nóminas atrasadas, atrapado en la corrupción, la pésima gerencia y la politiquería”. La ministra anunció, además, acompañamiento técnico y jurídico para recuperar la atención en el centro asistencial.
Lo que encontramos desde @MinSaludCol en la ESE departamental de San Andrés es imperdonable: un hospital desmantelado, con nóminas atrasadas, atrapado en la corrupción, la pésima gerencia y la politiquería. Nada han hecho las autoridades en el archipiélago por ofrecer una buena… https://t.co/Uc39c1RWqe
— Ana Maria Vesga G (@AnaVesga_G) October 18, 2026
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Estas medidas se conocen después de que el presidente Abelardo De La Espriella señalara a la gobernadora de San Andrés, Girley Ordóñez, y a la representante a la Cámara Elizabeth Jay-Pang por su presunta oposición a la intervención del hospital. El mandatario también las cuestionó en medio de denuncias relacionadas con posibles irregularidades en la contratación de la Gobernación y el manejo de los recursos públicos. Asimismo, les atribuyó haber promovido bloqueos en rechazo a la medida adoptada por la Superintendencia de Salud.