La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) le solicitó formalmente a la senadora del Centro Democrático María Clara Posada que rectifique públicamente sus declaraciones sobre supuestos gastos excesivos en viajes del tribunal, luego de que señalara que la entidad había destinado más de $56.000 millones a ese rubro. En respuesta, la jurisdicción aclaró que los $56.435 millones ejecutados entre el 1 de enero de 2018 y el 31 de julio de 2026 no corresponden a viajes de turismo, sino a la financiación de más de 21.425 actividades judiciales y misionales en 337 municipios de 31 departamentos del país.
De acuerdo con la JEP, los recursos se distribuyeron en $25.425 millones para tiquetes aéreos, $20.501 millones en viáticos y $10.193 millones en traslados. La entidad precisó que el 98,87 % de los tiquetes, así como la totalidad de los viáticos y traslados, se destinaron a actividades dentro de Colombia, entre ellas audiencias judiciales, acompañamiento a víctimas y testigos, exhumaciones, entregas dignas y jornadas de acreditación de víctimas.
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Sobre los viajes internacionales, la jurisdicción informó que entre 2018 y 2026 financió 61 comisiones oficiales al exterior, por un valor de $286,4 millones. Según sus cifras, estos tiquetes representaron el 1,13 % del gasto total en pasajes aéreos. Además, desmintió la cifra de 75 viajes que circuló en medios y redes sociales y aseguró que durante 2026 no realizó ninguna comisión internacional por razones de austeridad.
La JEP explicó que estas misiones tuvieron como propósito presentar informes ante organismos internacionales, participar en audiencias y actuaciones judiciales, atender y acreditar víctimas residentes en el exterior y asistir a reuniones con entidades como la Corte Penal Internacional, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el Comité Internacional de la Cruz Roja y la Organización Internacional para las Migraciones.
La entidad también defendió dos desplazamientos cuestionados públicamente. Sobre el viaje de 14 días a París, Ginebra y La Haya, realizado entre noviembre y diciembre de 2025 por el presidente de la JEP, el magistrado Alejandro Ramelli, y su equipo, indicó que respondió a invitaciones de organismos internacionales que requerían su presencia física. Frente a la comisión a Nueva York, en julio de ese mismo año, recordó que el Tribunal Superior de Bogotá ordenó a la revista Semana rectificar información inexacta relacionada con ese desplazamiento.
En su pronunciamiento, la jurisdicción rechazó las afirmaciones que calificó como falsas o tendenciosas y advirtió que este tipo de señalamientos busca desacreditar su labor y afectar su financiación, sus competencias y su periodo constitucional. Como respaldo a su gestión, señaló que ha sido objeto de siete auditorías de la Contraloría General de la República y ha presentado 14 informes ante la Procuraduría General, sin hallazgos disciplinarios, fiscales o penales, según informó.
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Finalmente, la JEP reportó ahorros por $21.760 millones entre 2024 y julio de 2026, de los cuales $3.161 millones correspondieron a 2024, $9.956 millones a 2025 y $8.642 millones a lo corrido de 2026. La mayor parte de estos ahorros, $12.166 millones, provino del operador logístico. La jurisdicción reiteró su solicitud a la senadora Posada para que rectifique públicamente sus declaraciones y pidió que la discusión sobre el uso de los recursos públicos se adelante con cifras completas y contexto.
Atención 📍 La @JEP_Colombia desmiente la información difundida sobre gastos institucionales de traslados, viáticos y tiquetes por $56.435 millones. Estos recursos corresponden a más de 21.425 actividades judiciales y misionales desarrolladas en 337 municipios del país entre… pic.twitter.com/xy8flm10pm
— Jurisdicción Especial para la Paz (@JEP_Colombia) October 17, 2026