En el marco de las discusiones sobre la ley de ajuste fiscal que se tramita con mensaje de urgencia en el Congreso de la República, el Gobierno nacional y el Centro Democrático han logrado hallar terreno común en al menos dos medidas tributarias específicas. Así lo reveló el senador Carlos Meisel, integrante de las comisiones económicas conjuntas en Mañanas BLU, posterior a una reunión sostenida en la ciudad de Barranquilla.El congresista enfatizó que, aunque existen diferencias profundas sobre la visión económica global, ambas partes coinciden en la necesidad de abordar el problema de finanzas públicas: "Hay un acuerdo con el gobierno que sí se necesita un ajuste fiscal. La manera y yo creo que las diferencias en las propuestas está es en el cómo se va a hacer ese ajuste".Gravar las compras en plataformas digitales internacionalesUno de los principales puntos de convergencia entre la bancada de oposición y el Ejecutivo consiste en la eliminación de la exención del Impuesto sobre las Ventas (IVA) para las compras virtuales internacionales inferiores a 200 dólares realizadas a través de plataformas de comercio electrónico como Amazon, Temu o AliExpress. El parlamentario justificó la postura del partido señalando la necesidad de proteger al sector comercial nacional que opera de manera presencial.Al respecto, Meisel afirmó que "se trata de proteger al comercio físico colombiano" frente a las elevadas cargas tributarias, costos de arrendamiento y servicios públicos que deben asumir los locales dentro del país. Asimismo, advirtió sobre la magnitud que ha alcanzado este tipo de comercio transfronterizo: "Se estima que son alrededor de 40 millones de paquetes los que están entrando a este país anualmente y tiene una proyección ascendente muy importante que está golpeando al comercio físico". Con la aplicación del IVA a esta paquetería, las autoridades calculan un recaudo estimado superior a un billón de pesos. De igual forma, el senador indicó que su colectividad plantea revisar la triangulación de productos fabricados en China que ingresan amparados en el TLC con Estados Unidos.Tarifas del 19% de IVA para vehículos híbridosLa segunda coincidencia clave consiste en modificar el esquema tributario diferencial del que gozan actualmente los vehículos híbridos en Colombia para aplicarles la tarifa general del 19% de IVA, igualándolos con los automóviles de combustión tradicional.Frente al impacto que esta medida pueda generar en los consumidores, el senador Meisel reconoció el costo político de la propuesta, indicando que "en la base y en la realidad ningún impuesto es una buena noticia (...) pero en medio de este déficit tan impresionante, tenemos que hacer un esfuerzo en las cosas que menos duelan". Según sostuvo, diversos informes técnicos indican que ciertos tipos de vehículos híbridos no generan un beneficio ambiental significativo que justifique mantenerles un beneficio tributario en medio de la coyuntura fiscal.Reducción del gasto: la propuesta alternativa de la oposiciónA pesar de estos dos consensos, el Centro Democrático ratificó su rechazo a crear o elevar impuestos sobre la clase media y el sector productivo. "Nosotros no estamos en ese baile y no queremos eso", aseveró Meisel en relación con el conjunto de aumentos tributarios propuestos por el Gobierno.Como vía alternativa para subsanar el déficit fiscal, la colectividad planteó un paquete de 14 puntos centrados en la austeridad del gasto estatal. La propuesta incluye reducir la estructura del Ejecutivo de 19 a entre 6 y 7 ministerios (fusionando carteras bajo conceptos como Desarrollo Económico o Capital Humano), eliminar o fusionar cerca de 130 agencias públicas de las más de 350 existentes, y enajenar activos estatales no estratégicos. De acuerdo con el senador, este ajuste en los gastos de funcionamiento representaría un ahorro aproximado del 2% del PIB, equivalente a 40 billones de pesos.Escuche aquí la entrevista:
La bancada del Centro Democrático presentó un primer borrador de discusión denominado Ley de Rescate de la Economía, como respuesta al proyecto de ley de ajuste fiscal presentado por el Gobierno ante el Congreso.El documento de ocho páginas coincide con el Gobierno de De La Espriella en que la situación económica es grave, pero cuestiona buena parte de las medidas tributarias propuestas y plantea alternativas.El expresidente Álvaro Uribe Vélez explicó en un video que el texto fue elaborado con asesores y tras escuchar a gremios, sectores sociales y ciudadanos. Pidió aprovechar el momento para buscar un Estado sustancialmente más pequeño y una legislación tributaria simple que acelere el crecimiento y permita financiar el gasto social sin corrupción.Entre las preocupaciones del partido está el aumento del IVA a artículos de la canasta familiar, la maquinaria, los fertilizantes y los agroquímicos del sector agropecuario, así como el gravamen al café, que inquieta a unas 500.000 familias cafeteras. También menciona el IVA al internet para los estratos 1, 2 y 3, a las plataformas de inteligencia artificial y a los paneles solares, así como los efectos sobre el turismo.En salud, el documento señala que el gasto de bolsillo de los ciudadanos pasó del 15 % al 26 % y que las pólizas privadas se duplicaron, de dos a cuatro millones. Por eso considera “altamente inconveniente” subir el IVA de los seguros de salud, hoy en el 5 %.En cuanto a los recursos de las regiones, el proyecto dejaría los licores con un 80 % más de impuestos y la cerveza con un 160 % más, rentas que corresponden a los departamentos. El partido también advierte sobre las tiendas de barrio: cita cifras de Fenaltiendas y Fenalco, según las cuales las ventas ya han caído entre el 25 % y el 31 % y se han cerrado 48.000 establecimientos.Sobre el impuesto a la renta, el partido duda de que bajar la tarifa a las empresas sea efectivo si se compensa con mayores cargas parafiscales. A las personas naturales les queda una tarifa marginal máxima del 39 % y el tope de beneficios baja de 1.090 a 720 UVT. Además, considera que gravar la parte de los rendimientos financieros que corresponde a la inflación es un impuesto disfrazado al patrimonio.Para recaudar más, propone un descuento único de capital que incentive a los deudores de la DIAN y la UGPP a ponerse al día. Calcula que eso podría generar entre 10 y 15 billones de pesos adicionales.En la misma vía de buscar más recursos, el partido ve insuficiente el ahorro previsto, que no superaría el 30 % de lo esperado, y pide una meta más ambiciosa de eliminación y fusión de las más de 200 entidades del Estado, con estabilidad laboral para cabezas de familia pobres, personas con discapacidad y quienes están cerca de pensionarse. Un anexo con la propuesta de Lisandro Junco plantea reducir de 19 a seis los ministerios y ahorrar 20,4 billones de pesos en 48 entidades.Sobre Ecopetrol, plantea considerar la venta de otra parte de la participación estatal, con preferencia para el sector solidario y los inversionistas institucionales, y propone que la designación de la autoridad de la empresa quede fuera de la competencia del presidente.“Una propuesta de ruptura”El borrador pide al Gobierno y a las demás bancadas considerar una alternativa disruptiva, basada en la propuesta del economista Santiago Pardo: eliminar el impuesto al patrimonio, el 4 por mil y los impuestos a las bebidas azucaradas y a los ultraprocesados, entre otros, y bajar la renta de sociedades del 35 % al 30 %.Según el anexo, el costo sería de unos 190 billones de pesos entre 2026 y 2030 en el peor escenario. Para financiarlo, las empresas suscribirían durante cinco años bonos del Estado por el 20 % de sus utilidades, a plazos de 10 a 20 años, que se podrían negociar en el mercado.Según el cálculo, el Gobierno reuniría 309 billones, 119 más de lo que dejaría de recaudar. La contracara es que, en el peor escenario, la deuda pública subiría un 13 % del PIB, a lo que el partido responde que la apuesta es crecer por encima del 5 % y pide que el Gobierno y el Congreso la acuerden con los empresarios.El documento incluye, además, una propuesta de la Gobernación de Antioquia, de Andrés Julián Rendón, y pide un fondo con créditos a 30 años para los afectados por el terremoto.
El trámite del proyecto de ley de ajuste y rescate fiscal propuesto por el Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella afronta un ambiente de alta tensión política en el Congreso de la República. En el marco de los preparativos para la cumbre de las comisiones económicas en Barranquilla, el senador Christian Garcés, integrante de la Comisión Tercera del Senado por el Centro Democrático, ratificó la postura unificada de su colectividad frente a las pretensiones fiscales del Ejecutivo.Reducción del gasto como condición innegociableFrente al déficit de cerca de 90 billones de pesos argumentado por la administración nacional, la bancada de oposición ha supeditado cualquier análisis de nuevos tributos a una reestructuración profunda del presupuesto estatal. Según explicó el congresista, tras una extensa jornada de trabajo de seis horas con el expresidente Álvaro Uribe, tributaristas y expertos, el partido acordó que la prioridad absoluta debe ser frenar el gasto burocrático antes de tocar el bolsillo de los ciudadanos.En palabras textuales del senador Garcés: "Centro Democrático lo ha estado diciendo y se mantiene en su posición firme de que aquí debe haber máximo de reducción de funcionamiento". Asimismo, enfatizó que este ajuste presupuestal debe cobijar a la totalidad de las ramas e instituciones del poder público: "Yo creo que el apretón del gasto de funcionamiento no se puede quedar en el gobierno central únicamente. Yo creo que aquí nos toca ver es todo el estado completo, o sea, estamos hablando de órganos de control, justicia, Congreso de la República". El legislador cuestionó que actualmente el 62% del presupuesto nacional se destine a gastos de funcionamiento y apenas un 14% a la inversión.Alertas por el golpe a la economía familiar y la viabilidad técnicaUno de los ejes centrales de la preocupación opositora radica en el impacto que las medidas tributarias tendrían sobre los sectores de ingresos medios y el tejido empresarial. Garcés advirtió que gravar servicios esenciales como la medicina prepagada representaría una carga desproporcionada para los hogares. Al respecto, manifestó: "En las personas de altos ingresos porque tienen un salario bueno, hay personas que con la prepagada cubren no solamente su salud, cubren la de la esposa, la de los hijos, la de los papás y hasta los abuelos. Y ahora esas personas, ¿cuánto van a quedar pagando? Un millón más, 1,5 millones más. Y eso no golpea una familia, eso tenemos también que revisarlo".De igual manera, el parlamentario puso en duda la efectividad práctica de la devolución del IVA como mecanismo de compensación social. "Ese es un tema grueso que hasta el momento no ha convencido, yo creo que a todo el Congreso, no solamente a Centro Democrático", aseveró, señalando las severas dificultades logísticas que afrontaría una habitante de zona rural en municipios golpeados como Buenaventura para tramitar y recibir dichos reembolsos.Respecto a los tiempos legislativos para la eventual aprobación de la norma antes del 31 de diciembre, el congresista descartó posturas de rechazo automático pero garantizó que no se aprobarán reformas de manera apresurada ni improvisada. "A la carrera nosotros no vamos a probar algo que afecte el bolsillo de los colombianos o las empresas. Eso no lo vamos a hacer", puntualizó.Escuche aquí la entrevista:
En diálogo con Mañanas Blu, el senador y cabeza de lista del Centro Democrático, Andrés Forero, detalló la postura de su colectividad frente al trámite de la llamada ley de rescate fiscal promovida por el Gobierno nacional. Forero aclaró que el Centro Democrático mantiene la disposición de respaldar iniciativas gubernamentales con espíritu constructivo, pero dejó en claro que no aprobarán el proyecto en sus términos actuales: "Nosotros estamos comprometidos con que al gobierno le vaya bien, pero pues naturalmente eso no implica que vayamos a aprobar las iniciativas tal y como son presentadas".Exigencia de un mayor recorte presupuestal y diagnóstico fiscalEl legislador explicó que la bancada del uribismo sostuvo una sesión de trabajo con el expresidente Álvaro Uribe Vélez y varios expertos en materia económica, entre los cuales figuraron Santiago Montenegro, Santiago Pardo, Lisandro Junco, Andrés Felipe Arias y Juan Alberto Londoño. En dicho encuentro se analizó el panorama fiscal del país y el crecimiento del endeudamiento público registrado en los últimos años. Sobre este punto, el senador señaló: "Si Colombia se demoró 200 años en acumular una deuda pública de 800 billones de pesos, en el gobierno de Gustavo Petro solo 4 años esa deuda se aumentó en 400 billones de pesos adicionales". Frente a este escenario, Forero cuestionó que la meta inicial de austeridad planteada por el Gobierno sea de tan solo 12.2 billones de pesos para el primer año, asegurando que existen análisis técnicos que demuestran que el ajuste estatal puede ser sustancialmente mayor. En sus palabras: "Se habla de que en el proyecto del gobierno hay más o menos una estimación de que para el primer año el recorte sería de 12.2 billones de pesos y algunos de los expertos nos mostraban el día de ayer que eso puede subir por lo menos a 20 billones de pesos".Preocupación por el impacto en el IVA, la clase media y el contrabandoUno de los aspectos más críticos señalados por la colectividad opositora radica en la afectación que los nuevos tributos tendrían sobre los sectores populares y la clase media. Específicamente, el senador expresó dudas sobre la efectividad del mecanismo de devolución del IVA propuesto por el Ejecutivo para compensar los incrementos planteados a productos de la canasta familiar. De igual manera, advirtió sobre los efectos contraproducentes de incrementar los impuestos a productos como cigarrillos y licores. Sobre este tema, Forero indicó que esa medida "suena muy bien, pero preocupa mucho porque puede disparar el contrabando y puede finalmente hacer caer el recaudo". Por ello, enfatizó la necesidad de evitar cargas excesivas que desincentiven la economía o terminen golpeando el bolsillo de los ciudadanos.Alternativas de financiación y enajenación de activos en EcopetrolPara evitar el impacto de los aumentos tributarios, el Centro Democrático explora alternativas de financiamiento que incluyen la enajenación parcial de la participación accionaria del Estado en Ecopetrol. El congresista explicó que el Gobierno Nacional tendría la facultad de vender cerca de un 8% adicional de la petrolera sin necesidad de nueva legislación, pero que ceder el control mayoritario requeriría el trámite de un proyecto de ley en el Congreso. Sin embargo, Forero fue enfático en señalar cuál debería ser el destino de los recursos obtenidos mediante la venta de activos estatales: "Estamos conscientes de que no se puede financiar gasto, no se debe financiar gasto corriente con la enajenación de activos". El legislador concluyó manifestando que los fondos obtenidos por esta vía deberían destinarse a prepagar deuda y que, de forma paralela, el país debe discutir cómo "se mejora el gobierno corporativo" de la empresa para evitar situaciones complejas observadas en el pasado.Escuche aquí la entrevista:
El representante a la Cámara Mateo Hidalgo negó haber entregado hojas de vida al Gobierno nacional o haber solicitado puestos en entidades estatales, luego de que el expresidente Álvaro Uribe Vélez publicara un mensaje en el que recordó a los congresistas del Centro Democrático que no deben entregar estos documentos y pidió al Ministerio de Hacienda no solicitarlos. En la publicación, el exmandatario mencionó directamente al congresista.“Recuerdo a nuestros parlamentarios que no podemos entregar hojas de vida al Gobierno y pedimos al ministro de Hacienda no solicitarlas. Copio al representante Mateo Hidalgo”, escribió Uribe en su cuenta de X.En entrevista, Hidalgo afirmó que no conocía la publicación cuando fue consultado y aseguró que ningún funcionario le había pedido una hoja de vida. También sostuvo que sus comunicaciones con los ministros han estado relacionadas con su trabajo legislativo.¿Qué respondió Mateo Hidalgo al mensaje de Álvaro Uribe?El representante manifestó que le tomó por sorpresa la mención del expresidente y rechazó cualquier gestión para conseguir cargos en el Gobierno.“A nosotros no nos han pedido ni me han solicitado ninguna hoja de vida”, afirmó. Además, invitó a verificar su versión directamente con el ministro de Hacienda y otros funcionarios.Hidalgo explicó que su comunicación con esa cartera se ha dado principalmente en el contexto de las citaciones del Ministerio a la Comisión Quinta, de la cual es vicepresidente. Según indicó, esos contactos han estado relacionados con sus responsabilidades como integrante de la mesa directiva.El congresista también señaló que las reuniones con diferentes ministros han sido públicas y que su propósito ha sido discutir asuntos de interés nacional y las necesidades de los departamentos.¿Álvaro Uribe llamó al representante antes de publicar el mensaje?Durante la entrevista, Hidalgo confirmó que el expresidente sí intentó comunicarse con él. Sin embargo, explicó que no vio la llamada porque estaba siguiendo la sesión plenaria del Congreso. “Cuando le devolví la llamada ya había salido el trino”, precisó.El representante dijo que no había tenido oportunidad de hablar con Uribe antes de la publicación y reiteró que no ha entregado hojas de vida ni solicitado favores políticos a funcionarios del Gobierno.Por ahora, no se conoció una explicación del expresidente sobre las razones específicas por las que mencionó a Hidalgo en su mensaje.
La discusión sobre la ley de ajuste fiscal podría generar nuevas coincidencias entre sectores de la oposición y partidos cercanos al Gobierno en el Congreso, una situación que ha despertado interrogantes sobre un posible regreso del denominado petrouribismo.En entrevista con Recap Blu, el senador del Centro Democrático Hernán Cadavid se refirió a las diferencias frente a la iniciativa y aseguró que su partido no respaldará medidas que impliquen nuevos impuestos para la clase media colombiana.El congresista explicó que la bancada del partido tendrá una reunión la próxima semana para analizar el contenido del proyecto y establecer una posición oficial. Según indicó, existen artículos que generan preocupación y otros que podrían recibir acompañamiento, por lo que considera necesario revisar detalladamente la propuesta antes de definir el sentido de la votación."Nosotros le dijimos a los colombianos, no más impuestos, no resisten un impuesto más", afirmó Cadavid. El senador también señaló que comprende las dificultades económicas que enfrenta el Gobierno y la necesidad de buscar recursos, pero insistió en que las alternativas de financiación no deben afectar el bolsillo de los hogares de clase media. Por esa razón, manifestó que su colectividad será inflexible frente a ese compromiso.Frente a la posibilidad de que se repita una alianza entre el Centro Democrático y sectores del petrismo, como ocurrió en anteriores votaciones del Congreso, Cadavid rechazó que las coincidencias en determinados temas representen un acuerdo político. Además, cuestionó que desde algunos sectores se intente señalar de petristas a los integrantes de su partido cuando expresan reparos a las iniciativas del Ejecutivo."A los amigos hay que hablarles con la verdad", sostuvo, al defender la independencia de las decisiones de su bancada.Finalmente, el senador consideró que el Gobierno debió conversar previamente con las diferentes fuerzas políticas antes de presentar el proyecto, con el propósito de identificar acuerdos y evitar una confrontación pública alrededor de su contenido. También señaló que otros congresistas, incluso de partidos cercanos al Ejecutivo, han expresado reparos frente a los impuestos propuestos."Sí, ayudemos a salir al Gobierno de la crisis que encontró, pero no es destruyendo el bolsillo de la clase media colombiana", concluyó Cadavid, dejando en manos de la discusión interna de su partido la definición de su postura frente a la ley fiscal.
Las personas que lleguen a la edad de retiro sin completar las semanas exigidas para pensionarse podrían recuperar la totalidad de sus ahorros si avanza en el Congreso la contrarreforma pensional radicada por el Centro Democrático. Así lo explicó en Mañanas Blu la senadora Claudia Margarita Zuleta, una de las promotoras del proyecto, que busca modificar la reforma pensional del expresidente Gustavo Petro (Ley 2381 de 2024), cuya entrada en vigencia está prevista para el 1 de abril de 2027.La iniciativa, que según el partido busca corregir desequilibrios financieros del nuevo sistema, será liderada por los senadores Andrés Forero, Claudia Margarita Zuleta y Zandra Bernal. Devolución de ahorros: el cambio para quienes no alcanzan la pensiónDe acuerdo con la congresista, el grupo más favorecido con la propuesta sería el de los cotizantes que no logran reunir los requisitos. Zuleta lo planteó así: “Las personas que han cotizado pero no alcanzan a cumplir los requisitos serían las más beneficiadas con nuestro proyecto de contrarreforma”.La senadora calificó como “muy injusta” la Ley 2381, porque, según explicó, obliga a mujeres de 57 años y hombres de 62 que no han completado los requisitos a trabajar tres años más, y al cumplir ese plazo les ofrece una renta vitalicia calculada con base en lo ahorrado y en las semanas cotizadas, en lugar de devolverles el dinero. Sobre esas mesadas, afirmó: “Los estudios muestran que van a ser mesadas muy bajas, la mayoría de ellas por debajo de 500 mil pesos”.La contrarreforma propone dos cambios en este punto. El primero es mantener la edad de referencia en 57 años para mujeres y 62 para hombres. “No vamos a aumentar edad para optar por la pensión”, aseguró la senadora. El segundo es dar libertad de elección. En palabras de Zuleta, el proyecto “le deja a la persona la libertad de elegir entre o tomo la mesada que me ofrece la Ley 2381, o puedo recuperar mis ahorros, puedo pedir la devolución de mi saldo si estoy en AFP, o la indemnización sustitutiva si estoy en Colpensiones”.Para ilustrarlo, la congresista propuso un caso hipotético: una persona con 100 millones de pesos ahorrados podría decidir entre recibir ese monto en efectivo o una mesada de 300.000 pesos mensuales. Algunos, dijo, preferirán la renta por tener una situación estable, mientras que otros optarán por el dinero para terminar de pagar su vivienda, educar a sus hijos o invertir. “Démosle libertad a los colombianos para que cada uno, en virtud de su realidad, pueda decidir”, señaló.Fin de la obligatoriedad de cotizar en ColpensionesEl otro eje de la contrarreforma es la coexistencia de los regímenes. Zuleta lo resumió así: “Lo más importante es que rompemos un monopolio que intenta la Ley 2381 en el recaudo pensional en Colpensiones”.Según explicó, con la reforma aprobada todos los colombianos, salvo quienes están en régimen de transición, deberán cotizar en Colpensiones hasta el umbral de 2,3 salarios mínimos, y solo el excedente podrá ir a cuentas individuales en las administradoras de fondos de pensiones (AFP). El proyecto del Centro Democrático permitiría que cada afiliado elija entre el régimen público y el de ahorro individual, y que quienes ya están en un fondo privado puedan permanecer allí.Traslados entre regímenes cada cinco años y sin límite de edadLa propuesta también modifica las reglas de traslado. Hoy, bajo la Ley 100, los cambios entre regímenes solo pueden hacerse cada 10 años y hasta 10 años antes de la edad de pensión. La contrarreforma permitiría traslados cada cinco años y sin límite de edad. “Si un año antes de pensionarse usted quiere trasladarse, lo puede hacer”, afirmó Zuleta.La senadora sostuvo que esto es viable porque el proyecto busca reducir las diferencias entre ambos regímenes, de manera que la tasa de reemplazo que obtiene un afiliado en cada uno sea similar.El umbral de 2,3 salarios mínimos, el debate que se anticipaEl proyecto conserva el umbral de 2,3 salarios mínimos para cotizar en Colpensiones y respeta el sistema de pilares para quienes elijan el régimen público. “Nosotros no destruimos la idea del sistema de pilares”, precisó.Sin embargo, Zuleta anticipó que este será uno de los puntos más álgidos del trámite. Según la congresista, entre el 40 % y el 49 % de los recursos que necesita Colpensiones para cumplir sus compromisos provienen del Presupuesto General, lo que implica un subsidio mayor para las pensiones más altas. “El número 2.3 salió de una decisión política, no de una decisión técnica”, dijo, y agregó: “Una decisión técnica nos demuestra que el umbral de Colpensiones debe ser máximo de 1.5 o 1.6 salarios mínimos”.¿Qué dice el Gobierno De la Espriella sobre la contrarreforma?Frente al respaldo del Ejecutivo, la senadora reconoció: “No hay un mensaje definitivo, un mensaje oficial de apoyo todavía de parte del gobierno”. No obstante, aseguró que en diálogos con la ministra de Trabajo, el ministro de Hacienda y el viceministro ha percibido que “el gobierno ve con buenos ojos el proyecto”, por la presión financiera que enfrenta Colpensiones.Como contexto, la Corte Constitucional le otorgó 30 días hábiles al Gobierno para sustentar su solicitud de aplazar hasta abril de 2028 la entrada en vigencia de la reforma, luego de que el ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, y Colpensiones pidieran más tiempo, y para ello abrió un incidente de impacto fiscal. Bono de semanas por hijo y régimen étnico, en la miraTras la decisión de la Cámara de Representantes, que al negar o retirar las proposiciones de los nueve artículos devueltos por la Corte dejó la reforma igual al texto aprobado en 2024, Zuleta anunció que la bancada estudia incorporar dos temas que no están en el texto radicado.El primero es el bono de 50 semanas por hijo, hasta un máximo de tres, para las mujeres. Según explicó, como a partir de 2036 las mujeres se pensionarán con 1.000 semanas, una mujer con tres hijos podría hacerlo con 850 semanas, lo que a su juicio tiene un impacto fiscal adicional. El segundo es el artículo 93, que establece condiciones especiales para poblaciones étnicas. La senadora sostuvo que, en su opinión, esa norma crea un régimen exceptuado, prohibido por el Acto Legislativo 01 de 2005.
El Centro Democrático busca una contrarreforma pensional con una iniciativa que plantea cambios en las edades para acceder a ciertos beneficios, la devolución de los ahorros y la libertad de elección entre Colpensiones y los fondos privados. El senador Andrés Forero explicó en entrevista con Recap Blu que el proyecto pretende corregir aspectos que considera problemáticos del nuevo sistema, sin eliminar algunos de los componentes que considera positivos de la reforma original.Uno de los cambios más relevantes está relacionado con las personas que llegan a la edad de jubilación sin completar las semanas necesarias para obtener una pensión. Según Forero, bajo la Ley 2381 de 2024, las mujeres en el pilar semicontributivo deben esperar hasta los 60 años para acceder a una renta vitalicia, mientras que los hombres deben hacerlo hasta los 65. El congresista propone eliminar ese aumento de tres años y permitir que las mujeres accedan a este beneficio desde los 57 años y los hombres desde los 62, como estaba previsto en el esquema anterior. Además, busca que estas personas puedan elegir entre recibir una mensualidad o solicitar la devolución de sus aportes y los rendimientos correspondientes.La propuesta también contempla cambios para quienes cotizan hasta 2,3 salarios mínimos mensuales. Forero sostuvo que los trabajadores deberían tener la posibilidad de elegir si continúan cotizando en Colpensiones o si prefieren hacerlo en un fondo privado. De acuerdo con su explicación, la iniciativa busca ofrecer alternativas a quienes no logren completar las semanas requeridas para pensionarse y permitirles tomar decisiones sobre sus ahorros según sus necesidades. El senador afirmó que el proyecto reconoce un rendimiento del 3 % por encima de la inflación para los ahorros en Colpensiones y destacó que, en el régimen privado, algunas personas que devengan un salario mínimo pueden acceder a una pensión con 1.150 semanas cotizadas, frente a las 1.300 exigidas en Colpensiones.Pensiones altasEn materia de equidad, la iniciativa también propone limitar los subsidios a las pensiones más altas. Según Forero, las personas con ingresos superiores a aproximadamente 12 millones de pesos mensuales dejarían de recibir el subsidio estatal que contempla la reforma para el componente de hasta 2,3 salarios mínimos.Frente al trámite legislativo, Forero confirmó que el proyecto fue radicado en el Senado con el número 319 y deberá superar cuatro debates: dos en el Senado y dos en la Cámara de Representantes. El senador aseguró que la propuesta ha sido socializada con diferentes bancadas y que cuenta con el respaldo de congresistas de Cambio Radical, además de acercamientos con integrantes de los partidos de la U, Conservador y Liberal.
Este miércoles, 21 de octubre, se viralizó el momento en que los representantes Jaime Arizabaleta y José Jaime Uscátegui, del Partido Centro Democrático, sostuvieron una fuerte discusión durante el debate sobre la Ley de Sometimiento en el Congreso de la República.En el clip se ve cómo ambos representantes, del mismo partido, se encaran en discusión y comienzan a levantarse la voz, como haciendo señas de reclamo entre ambos mientras no se quitan la mirada de encima, hasta que compañeros de ellos intervienen y los separan para evitar que todo pudiera escalar.¿Por qué hubo discusión entre representantes?Luego de que se viralizara este video, a través de sus redes, Jaime Arizabaleta explicó la situación que se vivió. Dijo que sí hubo una fuerte discusión, pero “fue algo del momento” y eso no cambia “el aprecio el cariño y el respeto que hay”. Sin embargo, no explicó la razón de la pelea, pero estaría relacionado con este debate.“Bueno hay momentos que uno tiene que reflexionar y hay veces hay actitudes de uno que no son las mejores, que se tienen que corregir. Hablé con él, que es miembro de mi partido, que le tengo aprecio y él a mí. Vamos a echar para adelante. Discúlpenme por ese encontronazo”, aseguró.De parte de José Jaime Uscátegui no hubo pronunciamiento, pero se supo que el altercado no pasó a mayores y ambos sostuvieron una segunda conversación, en donde se habló de manera más tranquila entre las partes.¿De qué trata la Ley de Sometimiento?La iniciativa mantiene la decisión de no realizar negociaciones políticas con grupos armados ilegales, entre los principales cambios incluidos por los congresistas ponentes está la inclusión de un filtro de control para la acreditación de los miembros de las estructuras ilegales.Avanza la ley de sometimiento que prepara el Gobierno. El ministro de Justicia, Iván Cancino, entregó nuevos detalles sobre las reglas que tendrá este mecanismo. El funcionario dejó claro que se tratará de un proceso de carácter jurídico y no político, con condiciones específicas para quienes quieran acogerse y acceder a los beneficios que contempla la iniciativa.Por esta razón, el ministro explicó que la persona que vaya a dialogar con el Gobierno deberá ser abogado, porque el proceso estará planteado desde el ámbito jurídico.
El senador Juan Caicedo explicó cómo una proposición retirada durante el debate del presupuesto nacional para 2027 terminó en el centro de la controversia legislativa y pidió al Gobierno de Abelardo De La Espriella buscar recursos para atender dos necesidades: la crisis del sistema de salud y la emergencia causada por el terremoto. El congresista aseguró que el alivio obtenido mediante una operación de refinanciación de deuda permitiría cubrir los recursos que quedaron por fuera del texto que sería expedido por decreto.Caicedo señaló que en el segundo debate se aprobaron $3 billones adicionales para salud y $6,2 billones para atender a las zonas afectadas por el terremoto, pero esas partidas no quedaron incorporadas en el texto aprobado en comisiones económicas.“Ellos no quieren buscar culpables. Ellos quieren es que les demos soluciones”, afirmó al referirse a los pacientes que no reciben sus medicamentos y a las personas afectadas por la emergencia.¿Por qué la proposición de Juan Caicedo generó la controversia?El senador explicó que presentó una propuesta para que el Gobierno evaluara y contratara coberturas frente a las variaciones del precio del petróleo y de la tasa de cambio, con el fin de proteger los ingresos de la Nación.Según su relato, el Ministerio de Hacienda avaló la proposición. Sin embargo, durante el debate en el Senado decidió retirarla públicamente y dejarla como constancia, para evitar que las discusiones sobre su reapertura retrasaran la votación del presupuesto.Caicedo afirmó que en la Cámara se habría aprobado el artículo 65 con la proposición, pese a que ya la había retirado del trámite en el Senado. Atribuyó lo ocurrido a una falla de coordinación entre los equipos legislativos y señaló que no se habría realizado el llamado “plan espejo” para verificar que ambos textos coincidieran.¿De dónde saldrían los recursos para salud y los damnificados?El congresista planteó utilizar parte de los $14,2 billones de alivio obtenidos con el reperfilamiento de deuda realizado el primero de octubre. Su propuesta consiste en trasladar $3 billones al sector salud y $6,2 billones a la atención de la emergencia.Caicedo insistió en que los recursos son necesarios para garantizar medicamentos, tratamientos y atención médica, así como para responder a las necesidades de las regiones afectadas.¿Qué otros recursos quedarían por fuera del presupuesto?El senador también advirtió sobre el impacto en las familias de soldados y policías asesinados por las Farc. Explicó que $11.000 millones destinados al pago de sentencias habían sido incluidos en los ajustes debatidos, pero podrían quedar por fuera del presupuesto expedido por decreto.Según Caicedo, hay más de 850 sentencias pendientes desde 2013 y una deuda superior a $600.000 millones con esas familias. Por eso, pidió buscar mecanismos presupuestales que permitan atender esas obligaciones y corregir los cambios que quedaron por fuera del texto final.
La abogada Lina Sandoval, apoderada de Laura Sarabia, se pronunció en Recap Blu, de Blu Radio, sobre el fallo de tutela que ordenó a Angie Rodríguez rectificarse por dos señalamientos contra la exdirectora del DAPRE. Según la jurista, las afirmaciones sobre supuestos encuentros sexuales organizados para el presidente Gustavo Petro y presuntos chantajes con videos íntimos no tenían sustento probatorio.Sandoval explicó que el juez consideró que Rodríguez presentó esas acusaciones como hechos ciertos sin contar con elementos que les dieran respaldo. "Angie Rodríguez sobrepasó el límite de las opiniones políticas al hacer acusaciones muy graves sin ningún sustento, y el juzgado respalda nuestra postura", afirmó la abogada.La representante jurídica de Sarabia precisó que las dos afirmaciones objeto de la decisión judicial están relacionadas, por una parte, con la supuesta organización de encuentros sexuales para el presidente y, por otra, con la presunta tenencia de videos íntimos o información privada de Petro que habría utilizado para chantajearlo y mantenerse u obtener cargos públicos.¿Qué deberá hacer Angie Rodríguez para rectificarse?De acuerdo con Sandoval, el fallo de tutela establece los términos concretos en los que Angie Rodríguez deberá retractarse públicamente. La decisión incluye dos párrafos redactados por el juzgado, en los que se precisa el contenido de la rectificación que deberá realizar.La abogada indicó que Rodríguez tendrá que publicar la retractación en sus redes sociales, habilitar un enlace para descargar el documento y firmar una carta en la que reconozca que no le constan los hechos ni cuenta con fundamento suficiente para haber realizado esas afirmaciones.Además, explicó que el juzgado solicitó de oficio a los medios de comunicación que difundieron los señalamientos que publiquen el video de rectificación una vez esté disponible. Esta medida busca que la retractación tenga un alcance similar al de las acusaciones que dieron origen a la acción judicial.Denuncia contra Angie Rodríguez y posibles consecuencias por desacatoDurante la entrevista, Sandoval confirmó que Laura Sarabia ya presentó una denuncia ante la Fiscalía por estos mismos hechos. Según explicó, la decisión de tutela representa un respaldo a la posición que sostendrán ante las autoridades penales, aunque aseguró que están dispuestos a controvertir cualquier elemento probatorio que pueda aparecer."Lo cierto es que esas afirmaciones las hizo sin ningún sustento. Incluso, en la respuesta que le dio al juzgado, dice que escuchó esos hechos de terceros, pero el juzgado es muy preciso en advertir que eso es incorrecto", señaló la abogada.Sobre los pasos que siguen en el proceso, Sandoval explicó que Angie Rodríguez tendría un plazo de tres días para impugnar la decisión. Si no presenta ese recurso o si un juez de segunda instancia confirma el fallo, deberá cumplir con la rectificación en los términos establecidos.La jurista también advirtió que un eventual incumplimiento podría dar lugar a un incidente de desacato. "Puede existir una orden de arresto, pero eso ya lo veremos más adelante", manifestó, al explicar las posibles consecuencias de no acatar la orden judicial.Laura Sarabia prepara pruebas para entregar a la FiscalíaOtro de los puntos abordados por la abogada tiene que ver con las pruebas que prepara la defensa para controvertir los señalamientos sobre el supuesto acceso de Laura Sarabia a información privada del presidente Gustavo Petro.Sandoval aseguró que ya comenzaron a recopilar evidencias digitales que próximamente serán entregadas a la Fiscalía. Según indicó, ese material demostraría que la exfuncionaria nunca tuvo acceso a computadores, correos electrónicos, celulares ni otros dispositivos del entonces mandatario."Laura nunca tuvo acceso a videos, fotos ni información privada del presidente Gustavo Petro", sostuvo la apoderada, quien manifestó que tiene tranquilidad frente a la defensa jurídica de su representada y confía en que los elementos recopilados respaldarán su versión.Asimismo, se refirió a los cuestionamientos relacionados con las hojas de vida y aseguró que Sarabia no tuvo conocimiento de esos documentos. Según explicó, para el momento de los hechos a los que se hace referencia, su representada ya no estaba en el DAPRE ni en la jefatura, por lo que no hacía parte del círculo central del Gobierno.Abogada defiende el buen nombre y la honra de Laura SarabiaSandoval también insistió en que la acción de tutela busca proteger los derechos fundamentales de Laura Sarabia, especialmente su buen nombre y su honra. Reconoció que su representada ha sido objeto de cuestionamientos públicos por su paso por el Gobierno, pero advirtió que eso no significa que haya perdido sus garantías constitucionales."Un funcionario público, así haya sido funcionario público y así haya sido cuestionado, no quiere decir que no tenga derecho al buen nombre, a la presunción de inocencia ni a la honra", expresó.Finalmente, la abogada defendió que la discusión pública y las opiniones políticas tienen un lugar legítimo en los medios de comunicación, pero señaló que deben existir límites cuando se presentan acusaciones graves sin respaldo.Frente a los demás señalamientos que han circulado sobre la exfuncionaria, Sandoval aseguró que no existe siquiera un indicio que permita vincularla con esos hechos y retó a quienes tengan pruebas a presentarlas ante la Fiscalía. "Si tienen alguna prueba o algún indicio de que ella participó o supo de alguna de estas cosas, que lo presenten ante la Fiscalía. Nosotros allá nos defendemos también con todo el gusto", concluyó.
La directora de la Misión de Observación Electoral (MOE), Alejandra Barrios, advirtió que la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) podría representar una vulnerabilidad para la seguridad nacional si no cuenta con suficientes mecanismos de vigilancia y control, en medio del escándalo por las presuntas irregularidades que se habrían cometido durante el gobierno anterior. En entrevista con Recap Blu, la funcionaria pidió esclarecer el origen de los documentos que alertan sobre posibles contrataciones irregulares, ataques informáticos contra la Registraduría y actuaciones que habrían comprometido información clasificada."Tener una Dirección Nacional de Inteligencia adscrita a la Presidencia de la República sin controles suficientes es una vulnerabilidad a la seguridad nacional", sostuvo la directora.Las denuncias reveladas por Noticias Caracol incluyen el caso de Carlos Andrés Oyola, funcionario de la DNI quien fue capturado el 6 de noviembre y es investigado por presuntas irregularidades en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD). La Fiscalía le imputó los delitos de falsedad en documento público, concierto para delinquir, acceso abusivo a un sistema informático y fraude procesal, en una investigación por la presunta alteración de registros académicos y financieros. Además, documentos relacionados con la entidad lo vincularían con posibles accesos irregulares a información clasificada y supuestos intentos de alterar resultados electorales y atacar los sistemas de la Registraduría.Frente a la gravedad de estos señalamientos, Barrios pidió establecer quién elaboró el documento que contiene las alertas y cuál fue su recorrido hasta llegar al actual Gobierno. La directora de la MOE explicó que el archivo está identificado como un documento de "empalme", pese a que, según recordó, no hubo un proceso formal de empalme entre las administraciones de Gustavo Petro y Abelardo De La Espriella. Por esa razón, consideró necesario determinar si se trata de una auditoría del Gobierno actual, quién estuvo a cargo de su elaboración y qué medidas se han adoptado para atender las posibles vulnerabilidades.Próximas elecciones en ColombiaLa preocupación de la MOE también está relacionada con las garantías para el próximo proceso electoral, previsto para octubre del próximo año. Barrios señaló que las posibles fallas en los controles de inteligencia no solo comprometerían la seguridad de las autoridades electorales, sino también la protección de mandatarios, expresidentes y altas entidades del Estado. Por eso, planteó que el Congreso y expertos deben abrir una discusión de fondo sobre el funcionamiento de la DNI y su relación de dependencia con la Presidencia de la República.Finalmente, la directora de la MOE recordó que una de las principales preocupaciones de la organización durante las elecciones anteriores estuvo relacionada con la desinformación y las campañas coordinadas para generar desconfianza hacia las autoridades electorales sin pruebas que respaldaran esos señalamientos. Advirtió que el nuevo escenario exige fortalecer los mecanismos de protección y transparencia. Para Barrios, el escándalo debe servir para revisar los controles de la inteligencia estatal y garantizar que sus capacidades no puedan utilizarse para poner en riesgo la democracia ni la seguridad de quienes participan en las elecciones.
Estos fueron los temas más relevantes tratados en La Nube del 9 de noviembre de 2026:La tecnológica Nvidia alcanzó a caer un 5 % a media sesión de Wall Street ante nuevos detalles de la investigación sobre su director ejecutivo, Jensen Huang, quien admitió haber tenido una aventura con una mujer de negocios que es una presunta espía del Gobierno chino.Gabriel Lobitsky, general manager de One Identity, explicó cómo las personas pueden cuidar su identidad digital y protegerla del fraude durante la temporada de compras por internet, apropósito del Black Friday.TikTok pide a Maldita.es su investigación para localizar y eliminar vídeos de abuso sexual; la mayoría son contra menores de edad.
La selección chilena inició este lunes su concentración para preparar dos amistosos ante Colombia, que disputará el próximo viernes 13 en Cali, y luego el martes 17 en Santiago, los últimos que se jugarán este año.El técnico interino Selección de Chilea, a la espera de que se integren algunos jugadores que vienen del exterior antes de que viajen el miércoles a Colombia.El encuentro ante los cafeteros tiene carácter benéfico y la recaudación se destinará a los damnificados por el terremoto que afectó a ese país en agosto.Entre los jugadores esperados está el mediocampista del León mexicano Rodrigo Echeverría y los delanteros Maxi Gutiérrez del ruso Dinamo Moscú y Darío Osorio, del Crystal Palace inglés.Las principales novedades de la nómina, por su parte, con el defensor del Inter de Porto Alegre brasileño Guillermo Maripán y el volante Williams Alarcón, reciente campeón con el argentino Boca Juniors, quienes no fueron llamados para la pasada gira en Norteamérica.La Roja viene de enfrentar, en octubre pasado, a Canadá con quien perdió por 1-0 en Toronto, a Estados Unidos ante el que cayó por 4-2 en St. Louis y a México con el que cerró un triunfo por 0-2 en Los Ángeles.Chile llegará a Cali con la baja del zaguero Benjamín Kuscevic, del Toronto FC de la Major League Soccer (MLS), quien fue desafectado tras lesionarse el tobillo derecho durante un entrenamiento con su club.
La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) ordenó el archivo de la investigación por presuntas prácticas restrictivas de la competencia en seis procesos de contratación de transporte de personas y carga en helicópteros, realizados entre 2011 y 2023.La decisión favorece a Ecopetrol, Cenit, Ocensa y Helistar, además de las personas naturales vinculadas a la investigación, debido a que la autoridad no encontró pruebas suficientes para establecer su responsabilidad en las conductas examinadas.La determinación, detalló la SIC en un comunicado, acogió la recomendación de archivo del Consejo Asesor de Competencia y tuvo en cuenta las observaciones de la Procuraduría General de la Nación, que había advertido posibles inconsistencias en la fundamentación del informe motivado y riesgos relacionados con la justificación de una eventual sanción.Luego de evaluar las pruebas y los documentos del expediente, la superintendencia concluyó que no se acreditó un direccionamiento de los procesos de contratación para favorecer a Helistar. Tampoco encontró evidencia de actuaciones coordinadas entre las empresas investigadas con el propósito de otorgarle beneficios de manera ilícita.En cuanto a los requisitos de antigüedad y disponibilidad de las aeronaves, la entidad estableció que respondían a razones técnicas y operativas relacionadas con la seguridad, la confiabilidad y la continuidad del servicio de transporte.Por esta razón, tampoco se demostró que dichas exigencias constituyeran restricciones injustificadas para la participación de otros oferentes en los procesos de contratación.La SIC determinó que el material probatorio no cumplía con el estándar necesario para imponer sanciones y, en consecuencia, dispuso el archivo de la actuación administrativa, sin declarar responsables a las empresas ni a las personas naturales investigadas.