Adriana Guillén, directora de la Agencia Jurídica del Estado, dijo en BLU Radio que la petición de entidades del Estado a la Corte Constitucional para que anule el fallo sobre la isla de Barú en Cartagena se basa en que las personas favorecidas por el mismo no son nativos de la zona. (Lea también: Entidades del Estado piden a Corte anular fallo sobre tierras en isla de Barú )
“Ese reconocimiento se reserva únicamente a comunidades afrodescendientes y en Barú son comerciantes, es decir, no los une ningún vínculo ni tradición con la tierra. Es un grupo de comerciantes foráneos que vienen de Barranquilla, de Venezuela, de Argentina, de Paraguay, de España”, explicó.
La funcionaria señaló que estos comerciantes están desplazando a las comunidades afrodescendientes que sí tienen vínculo con la tierra y que están reconocidas.
“Estos grupos ancestrales (Santa Ana, Barú y Ararca) están siendo desplazados por este grupo de comerciantes que han logrado que se les reconozca como grupo ancestral”, explicó.
Las entidades que hicieron la petición son Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, el Ministerio del Interior, la Dimar, la Alcaldía de Cartagena, Fonade e Incoder.