Reporteros Sin Frontera (RSF) reveló este 3 de mayo la vigesimoprimera edición de la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa, donde reveló grandes cambios, en ocasiones radicales, vinculados con la inestabilidad política, social y tecnológica.La edición de 2023 pone a Colombia en el puesto 139, si bien subió algunos puestos respecto al año 2022 (puesto 145), para RFS el país sigue siendo uno de los más peligrosos del contienen para ejercer el periodismo."La cobertura de temas relativos al medio ambiente, los conflictos armados, la corrupción o la connivencia entre políticos, empresas, grupos armados ilegales y mafias expone sistemáticamente a los periodistas al acoso, la intimidación y la violencia", señaló el informe de RSF.La radio sigue siendo el medio con mayor audiencia, pero también, dice Reporteros Sin Fronteras, el de mayor con precariedad económica para emprender iniciativas independientes de los grandes conglomerados mediáticos. Más de la mitad de la ciudadanía en las capitales de departamento se informa a través de medios digitales y redes sociales por lo que la diversidad de fuentes de información sigue siendo insuficiente para la población.Sobre el contexto político se refieren a la elección del presidente Gustavo Petro y que por primera vez en la historia es la victoria a un gobernante de izquierda. "La oposición logró un importante número de representantes, lo que mantiene tanto la tensión entre las fuerzas políticas, como la polarización en el seno de la sociedad. A través de las redes sociales, el gobierno busca contrarrestar las críticas reiteradas que recibe de los grandes medios, mientras altos funcionarios han sido señalados por estigmatizar a los periodistas", se lee en el informe.Frente a la cobertura de temas medioambientales, como la minería o la deforestación, así como todos los relativos a conflictos armados, la reclamación de tierras, la organización comunitaria, los derechos de las comunidades étnicas o las instancias de los acuerdos de paz exponen a los periodistas a la violencia."La seguridad de los profesionales de los medios también se ve gravemente amenazada cuando cubren temas relacionados con la corrupción, la expansión de los cárteles mexicanos y las alianzas entre políticos, grupos armados y empresas. Los periodistas sufren amenazas, estigmatizaciones e incluso pierden la vida: dos periodistas fueron asesinados en 2022; uno de ellos, bajo protección del Estado", recalca RSF. La libertad de prensa en el mundo Noruega se mantiene en primera posición por séptimo año consecutivo. Por primera vez, un país no nórdico se sitúa en segundo lugar, concretamente Irlanda (2º; +4), por delante de Dinamarca (3º; -1). Países Bajos (6º), que sube 22 puestos, ha vuelto a la posición que ocupaba en 2021, antes del asesinato del periodista Peter R. de Vries.También se registran cambios en la parte baja de la Clasificación. El trío final está formado exclusivamente por países asiáticos: Vietnam (178º), que ha rematado su caza a los reporteros y periodistas independientes; China (179º; -4), la mayor cárcel de periodistas del mundo y uno de los principales exportadores de contenidos propagandísticos; y, como era de esperar, Corea del Norte (180º).Le puede interesar (“En mí se concentran las esperanzas y me da temor no poderlas cumplir”: Petro en Congreso español):
El Servicio Federal de Seguridad (FSB) ruso detuvo en la ciudad de Yekaterimburgo, la capital de los Urales, al periodista estadounidense Evan Gershkovich, corresponsal del The Wall Street Journal en Rusia, por presunto espionaje, informó el departamento de prensa de esta entidad. "El FSB abortó las actividades ilegales del corresponsal de la delegación de Moscú del periódico estadounidense The Wall Street Journal y ciudadano estadounidense Evan Gershkovich, sospechoso de espionaje en interés del Gobierno de EEUU", señaló el servicio a la agencia Interfax.Según las autoridades rusas, Gershkovich "recopilaba por encargo de la parte estadounidense informaciones secretas sobre las actividades de una de las empresas del complejo militar industrial ruso"."Durante el intento de recibir informaciones secretas el estadounidense fue detenido en Yekaterimburgo", indicó el FSB, que abrió en su contra una causa penal por espionaje y que podía conllevar a una pena de cárcel de hasta 20 años.Según el medio independiente Meduza, Gershkovich fue detenido este miércoles frente a un restaurante de la capital de los Urales.El medio señaló que el reportero estadounidense se encontraba en esta ciudad recopilando informaciones sobre la actitud de la población rusa respecto al ejército privado Wagner, actualmente punta de lanza de la ofensiva rusa en el este de Ucrania. Según el periódico local Vechernie Novosti (Novedades Vespertinas), un lector fue testigo de la detención de un hombre en el centro de la ciudad."Cuando se llevaban al detenido le cubrieron la cabeza con una camiseta para que los transeúntes no viesen su rostro", añadió el medio.También le puede interesar:
El presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), Michael Greenspon, defendió este martes la necesidad de redoblar esfuerzos en 2023 a favor de la seguridad de los periodistas, el respeto de la libertad de prensa y un mayor acceso a la información pública."El 2022 pasará a la historia como uno de los años más violentos para la prensa de las Américas. Cuarenta y dos periodistas fueron ultimados en 10 países", dijo Greenspon en un mensaje con motivo de fin de año en el que pasa revista a lo sucedido en 2022 y los desafíos para 2023, que, según dice, "serán muchos".Greenspon, director global de Licencias e Innovación de Impresión de The New York Times Company, subrayó que "el flagelo de la violencia y la falta de resolución de los crímenes contra periodistas generan una profunda fisura sobre la actividad periodística y una amenaza a la democracia en nuestra región que debemos combatir".Además de los asesinatos y agresiones, mencionó el exilio de 29 comunicadores debido a la persecución política y el encarcelamiento de otros 15, entre ellos dos integrantes de la Junta de directores de la SIP, Juan Lorenzo Holmann, en Nicaragua, y José Rubén Zamora, en Guatemala.Greenspon denunció "las graves consecuencias para la democracia si continúan desapareciendo medios de comunicación, ante la indiferencia de los gobiernos, agencias multilaterales, empresas, plataformas digitales y la sociedad civil".En este sentido subrayó que la SIP ha alertado en numerosos foros internacionales que los medios de comunicación han ido perdiendo constantemente ingresos publicitarios y han migrado a plataformas digitales como Google y Meta.LA PARADOJA DE LA PUBLICIDAD"Y la paradoja de este desequilibrio es que las plataformas usan contenido de medios de forma gratuita para atraer audiencias y generar más ingresos publicitarios. Los medios, entonces, no son recompensados ni se benefician de la creación de sus contenidos", agrega.Ello impacta negativamente en la sostenibilidad económica de los medios, pero también crea "desiertos de información", lo que afecta a la democracia, subraya el presidente de la SIP."Sin medios locales, sin organismos de control, se propaga la corrupción y las violaciones a los derechos humanos, mientras se reduce la participación ciudadana en los procesos electorales y el compromiso de la gente con su comunidad. Sin periodismo local, las democracias corren más peligro que nunca", dice.Greenspon anticipó que en 2023 la SIP se propone, con el acompañamiento de fundaciones y empresas, redoblar esfuerzos a favor de la seguridad y protección de los periodistas, así como crear una mayor cultura de acceso a la información pública."También trabajaremos con otras organizaciones y plataformas como Google para apoyar la sustentabilidad de los medios, en especial en aquellas regiones más vulnerables debido a los avatares económicos y políticos", agregó.Otro de los propósitos es elevar la voz ante organismos multilaterales para exigir justicia ante la impunidad de los crímenes contra periodistas e insistir sobre la autorregulación en materia de moderación de contenidos en las plataformas digitales."Vigilaremos que toda regulación sobre moderación en temas de desinformación, discurso de odio y violación a la intimidad se circunscriba a principios universales sobre derechos humanos", agregó.Por último, la SIP continuará buscando alianzas con otras organizaciones regionales y globales a favor de las libertades de prensa y expresión. Este año, junto a 26 organizaciones, nos expresamos con la "Declaración sobre Nicaragua" y, con otras seis, denunciamos el "Año trágico para la prensa"."Todos nuestros proyectos y compromiso para el 2023 estarán enfocados en los principios de nuestras declaraciones de Chapultepec y Salta. Estas gritan que no puede haber verdadera democracia sin libertad de prensa ni sin medios sustentables e independientes", declaró Greenspon.La SIP es una organización sin fines de lucro dedicada a la defensa y promoción de las libertades de prensa y de expresión en las Américas y está compuesta por más de 1.300 publicaciones.Le puede interesar:
Reporteros Sin Fronteras (RSF), una organización internacional que defiende la libertad de informar en todo el mundo, exigió al PSG que deje de "intimidar" a los periodistas "con prácticas deplorables", como las que practican los que considera "mercenarios digitales".Este mensaje de RSF se hace público después de que el medio de investigación Mediapart asegurase que el PSG había contratado los servicios de un "ejército digital" de cuentas falsas con el fin de atacar a medios hostiles, a diversas personalidades y a algunos jugadores, entre los que figuraría Kylian Mbappé, algo desmentido por el club parisino.Sin embargo, Frédéric Geldhof, director de operaciones de URéputation, filial de la agencia Digital Big Brother (DBB), confirmó esa operación, en declaraciones a la emisora RTL, e insistió en que "todo se hizo en cooperación con el club".Según la prensa francesa, este episodio de acoso y desprestigio digital ha sido uno de los detonantes para que Mbappé quiera abandonar el PSG cuanto antes."Es responsabilidad del presidente del PSG, Nasser Al-Khelaïfi, terminar con esas prácticas que atentan contra la libertad de prensa y dar las garantías para que los periodistas puedan trabajar sin obstáculos abusivos, discriminaciones o intimidaciones", declaró el secretario general de RSF, Christophe Deloire.La ONG recordó algunas prácticas contra la prensa del club parisino, entre ellas la exclusión en 2018 de periodistas del prestigioso diario L’Équipe en las conferencias de prensa del PSG y la prohibición de que sus jugadores hablen con determinados periodistas.El director adjunto de comunicación del PSG, Nicolas Serres, negó que la entidad haya contratado una agencia para mancillar la reputación de nadie y afirmó que el club "respeta la libertad de prensa y los periodistas", en el mismo comunicado de RSF.Le puede interesar: 'El poder de la aceptación'
En este 2022, ya son 5 periodistas asesinados en México. Héctor López de Noticias Web de Guajaca, fue asesinado en el estudio de grabación mientras se encontraba con su hijo. Por el momento hay dos personas capturadas por este crimen. Emmanuel Colombié, director regional de Reporteros Sin Fronteras en América Latina, expresó su preocupación por la censura a la libertad de prensa en el país centroamericano.“Los periodistas son asesinados porque con sus primicias divulgan información que incomoda el poder local. Hasta donde vamos a llegar para que las autoridades actúen con rigurosidad para evitar más casos como este”, mencionó.En México, según cifras que reveló Colombié, el 95% de los casos de periodistas asesinados y con desaparición forzosa quedan impunes. “Se le muestra una mala imagen a la sociedad, que la vida de los periodistas no cuesta nada”, dijo.Emmanuel, abarcó también el momento que vive la prensa colombiana en las diferentes olas de violencia que se han venido presentando. “En Colombia hay zonas silenciadas, existen temas intocables. Sigue siendo uno de los países más peligrosos de América Latina para la prensa local e internacional”, sentenció.
Una periodista mexicana fue "asesinada" el domingo por la noche en el estado de Baja California, menos de una semana después de que un fotógrafo de prensa muriera tiroteado en la misma localidad.Lourdes Maldonado fue "atacada con un arma de fuego, mientras se encontraba en un vehículo", reportó en un comunicado la Fiscalía General del Estado (FGE)."Se desempeñaba como periodista", dijo la FGE, que anunció una investigación.Lourdes Maldonado trabajó como corresponsal en Tijuana desde los años noventa para un medio mexicano.Colaboró luego en varios medios, entre ellos Primer Sistema de Noticias (PSN), de Jaime Bonilla, que fue gobernador de Baja California de 2019 a 2021, en el seno de una coalición política que sostiene al partido del presidente Andrés Manuel López Obrador, Morena.La víctima había ganado hace unos días una demanda laboral contra PSN por despedido abusivo.Maldonado acudió en 2019 a una de las conferencias matutinas del presidente Andrés Manuel López Obrador para pedirle ayuda en el juicio laboral contra Jaime Bonilla."Vengo aquí a pedirle apoyo, ayuda y justicia laboral porque temo por mi vida", dijo en aquella ocasión.El presidente la había remitido a su "coordinador de comunicación social" (portavoz)."Para que te atienda, te apoye para que se pida justicia, y que no haya influyentismo (amiguismo)", dijo el mandatario en ese momento.- No descartar móvil político -López Obrador expresó este lunes el pésame a los familiares de Maldonado y dijo que "duele mucho lo que pasó".Aseguró que tras su presencia en aquella conferencia matutina, el gobierno mantuvo comunicación con Maldonado, "se le ayudó y se le garantizó que su demanda fuese atendida".Sostuvo que debe investigarse el móvil y las circunstancias del crimen. "No se puede así en automático vincular una demanda de tipo laboral a un crimen, no es responsable adelantar ningún juicio", dijo López Obrador.No obstante, consideró que tampoco debe descartarse "lo político porque siempre hay confrontación, hay diferencias y siempre se busca perjudicar a adversarios".La delegada de Reporteros Sin Fronteras (RSF) en México, Balbina Flores, dijo a la AFP que "está por confirmarse" si Maldonado contaba con protección oficial.Estos crímenes "envían el mensaje de que se mata a los periodistas y no pasa nada porque no hay quién los detenga (a los agresores)", denunció Flores.El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) se declaró en Twitter "conmocionado" por el asesinato de Maldonado y pidió "a las autoridades que investiguen el ataque de manera exhaustiva y transparente".- Impunidad -El lunes pasado había sido asesinado en Tijuana el fotoperiodista Margarito Martínez, colaborador del semanario Zeta y de medios extranjeros.Su cuerpo fue encontrado a un lado de un vehículo en un sector residencial de esta ciudad fronteriza con Estados Unidos. Según la fiscalía, el reportero murió tiroteado.El pasado 10 de enero, en la ciudad de Xalapa, en el estado de Veracruz, el comunicador José Luis Gamboa recibió varias puñaladas en la calle y fue trasladado al hospital, donde falleció cuatro días después.La Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas (CEAPP) pidió a las autoridades que investiguen la agresión.El comunicador ya no trabajaba en medios pero hacía análisis en redes sociales en las que denunciaba la complicidad de los políticos con el crimen organizado.En 2021, según un recuento de la AFP, al menos siete periodistas fueron asesinados en México, aunque no ha quedado demostrado en todos los casos que sus muertes fueran consecuencia de su trabajo.México es considerado uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo, con más de un centenar de comunicadores asesinados desde 2000, según cifras de la Comisión de Derechos Humanos (defensoría).En 2020 fueron asesinados ocho periodistas, de acuerdo con Reporteros sin Fronteras (RSF). Más del 90% de los homicidios de comunicadores en el país permanecen impunes, denuncian organizaciones defensoras de la libertad de expresión.
Los dos periodistas españoles y otro irlandés que fueron secuestrados tras sufrir un ataque en el este de Burkina Faso han sido asesinados."Se confirma la peor de las noticias. Todo el cariño para los familiares y allegados de David Beriain y Roberto Fraile, asesinados en Burkina Faso. Y nuestro reconocimiento a quienes, como ellos, realizan a diario un periodismo valiente y esencial desde las zonas de conflicto", afirmó este martes en Twitter el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, en referencia a los dos compatriotas asesinados.La ministra española de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, explicó en rueda de prensa en Madrid que los dos periodistas españoles realizaban junto a un reportero irlandés un documental sobre caza furtiva en una región cercana a la frontera con Benín.El suceso ocurrió el lunes en la zona de Pama, donde individuos armados emboscaron a una patrulla de unos cuarenta efectivos burkineses contra la caza furtiva, en la que iban empotrados los periodistas.González Laya indicó que se trata de una zona peligrosa, en la que actúan grupos terroristas, furtivos y bandidos, además de redes yihadistas.El Gobierno de Burkina Faso atribuyó a "terroristas" el ataque contra un convoy en el que iban los reporteros."Por ahora, la identidad de los secuestradores no ha sido claramente establecida", afirmó el ministro de Comunicación y portavoz del Ejecutivo del país africano, Ousséni Tamboura, quien subrayó que oficialmente "el balance humano del incidente es tres heridos y cuatro desaparecidos, incluidos los tres expatriados y un burkinés"."Sin embargo, las imágenes de los cuerpos sin vida de tres expatriados aún no identificados formalmente están circulando en las redes sociales", precisó el ministro en un comunicado.El portavoz explicó que el ataque ocurrió este lunes alrededor de las 09:00 hora local (misma GMT), cuando individuos armados se dirigieron hacia un "convoy mixto" de las Fuerzas de Defensa y Seguridad de Burkina Faso y extranjeros en el eje Fada N'Gourma-Pama, en la Región del Este."El incidente -indicó- tuvo lugar precisamente a la altura de la reserva de Pama, donde los elementos del convoy iban en un vehículo y en motocicletas. Los expatriados eran tres, de nacionalidades española e irlandesa".El portavoz agregó que "según las primeras informaciones disponibles, durante su excursión el equipo se encontró con una posición ocupada por terroristas que abrieron fuego".Reporteros Sin Fronteras indicó en Twitter que es un día negro para una profesión "que dignificaban" los fallecidos, que eran "muy admirados y queridos".La Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE), a través de su presidente, Nemesio Rodríguez, mostró su "más sentido pésame" por el "asesinato"."Urge que Gobiernos y Naciones Unidas refuercen la protección a periodistas. El periodismo de investigación es fundamental para dar a conocer hechos que se quieren ocultar", apuntó.
La posición se da tras la publicación de The New York Times sobre la situación en las Fuerzas Militares. Denuncian el incremento de “agresivas reacciones” e incluso amenazas contra los periodistas del diario. Según Reporteros Sin fronteras, las revelaciones hechas por The New York Times “que se basan en órdenes escritas y en entrevistas a altos oficiales, desencadenaron agresivas declaraciones de políticos y amenazas” contra el periodista del diario Nicolás Casey y Federico Ríos, fotógrafo independiente que colabora con el diario. Lea también: Semana sin Coronell, ¿qué significado tiene para el periodismo? Debate Denuncian que “hay un ambiente nocivo para el periodismo en Colombia” y piden a las autoridades que respeten el trabajo de la prensa. Así mismo, invitan a los medios de comunicación a mantener su compromiso con la verdad. Por otro lado, advierten que las reacciones agresivas y amenazas en redes sociales obligaron a los dos reporteros a dejar el país el 19 de mayo e incluso “provocó conmoción en la prensa colombiana” la cancelación de la columna del periodista Daniel Coronell en la Revista Semana.
Los informadores están cada vez más expuestos a presiones, amenazas y agresiones según el documento titulado ‘Clima hostil para los periodistas ambientales’ y en el que se señala que desde 2010, diez periodistas especializados en información ambiental han sido asesinados El documento examina las dificultades para informar que se ponen a estos profesionales con casos de censura o soborno para evitar que se hable de contaminación u otros temas relacionados con la naturaleza, los residuos, la contaminación o la degradación ambiental Según el secretario general de Reporteros Sin Fronteras, Christophe Deloire “La violencia contra los hombres y mujeres que investigan sobre el terreno, a menudo en solitario, ha alcanzado un nivel sin precedentes en 2015?. Diez periodistas ambientales asesinados Desde 2010, diez periodistas ambientales han sido asesinados, según los registros de Reporteros Sin Fronteras. En los últimos cinco años, casi todos (el 90%) de las muertes han ocurrido en el sur de Asia (India) y el sudeste asiático (Camboya, Filipinas e Indonesia). Dos periodistas indios, Jagendra Singh y Sandeep Kothari, han sido asesinados este 2015. En respuesta a todos esos obstáculos, prolifera el asociacionismo entre los periodistas de información ambiental. Su primer objetivo es mejorar la calidad de sus informaciones, pero también tener la oportunidad de colaborar y estar mejor equipados y protegidos cuando se aventuran sobre el terreno.
La Corte Constitucional le puso límites a la forma en que el Gobierno podrá calcular los recursos de la salud para 2027. Mediante el Auto 1302 del 22 de septiembre de 2026, la Sala Especial de Seguimiento a la Sentencia T-760 de 2008, integrada por los magistrados Vladimir Fernández Andrade, Miguel Polo Rosero y presidida por Carlos Camargo Assis, fijó parámetros preventivos y obligatorios para determinar la Unidad de Pago por Capitación (UPC).Por un lado, el Ministerio de Salud deberá corregir las deficiencias de información que han sido utilizadas para calcular la UPC y demostrar técnicamente que el valor de la prima es suficiente para cubrir las necesidades del sistema. La Corte también reiteró que la UPC integral del régimen subsidiado deberá ser, como mínimo, equivalente al 95% de la UPC integral del régimen contributivo, mientras no exista evidencia técnica suficiente que justifique una diferencia mayor.Además, al definir la UPC correspondiente a 2027, el Ministerio de Salud tendrá que aplicar los parámetros establecidos por la Corte y comunicar oportunamente a Hacienda cuáles son las necesidades de financiación que técnicamente determine. La decisión busca que el cálculo de la prima parta de las necesidades reales que deben ser financiadas y que estas sean conocidas con anticipación por la cartera encargada de la programación presupuestal.La Corte también fijó una fecha concreta para que el Ministerio de Salud explique cómo realizó todo el proceso. A más tardar el 15 de enero de 2027, deberá entregar a la Sala de Seguimiento un informe consolidado con las medidas adoptadas y los resultados obtenidos en la definición de la UPC de ese año.Ese informe deberá ser detallado. La cartera de Salud tendrá que explicar la calidad de la información utilizada, anexar la metodología aplicada, justificar técnicamente por qué el valor establecido para la UPC es suficiente y presentar información sobre el proceso de participación adelantado. De esta manera, la Corte no solo exige conocer el resultado final, sino también las razones técnicas que llevaron al Gobierno a establecerlo.La responsabilidad también recae sobre el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. La Corte reiteró la orden impartida en el Auto 007 de 2025 y posteriormente en el Auto 2049 de 2025 para garantizar los recursos necesarios destinados al cumplimiento de las órdenes vigésima primera y vigésima segunda de la Sentencia T-760 de 2008.Hacienda deberá, además, adoptar dentro de sus competencias las medidas presupuestales y financieras necesarias para garantizar la disponibilidad y el giro oportuno de los recursos requeridos para financiar la UPC de 2027. Para hacerlo, deberá tomar como fundamento las necesidades de financiación que sean determinadas técnicamente por el Ministerio de Salud.La Corte justificó su intervención por el deterioro en el acceso oportuno y continuo a los servicios de salud. La Sala registró un 18% de aumento en las tutelas de salud entre 2024 y 2025, de 265.000 a cerca de 312.500, con una concesión aproximada del 74,3% de los amparos.El proceso de definición de la UPC de 2027 queda así sometido a una ruta precisa de información, sustentación técnica, financiación y rendición de cuentas ante la Sala.
La retractación de David Murcia Guzmán ante la Fiscalía, en la que aseguró que sus señalamientos contra el presidente Abelardo De La Espriella estuvieron precedidos por expectativas relacionadas con una eventual designación como gestor de paz y la posibilidad de recuperar su libertad, abrió un nuevo capítulo sobre el uso de esta figura durante el anterior Gobierno.El tema fue analizado este jueves en Mañanas Blu, donde el periodista Felipe Zuleta aseguró que el caso de Murcia no sería, según su versión, un hecho aislado. Zuleta afirmó que durante el Gobierno de Gustavo Petro también se habría producido una gestión ante integrantes de grupos paramilitares con un propósito político.Felipe Zuleta habla de una supuesta gestión ante paramilitaresAl referirse a la carta enviada por Murcia a la Fiscalía, Zuleta dijo que no le sorprendía la retractación y recordó que el exdirector de DMG había manifestado que le ofrecieron la posibilidad de ser gestor de paz. A partir de ese episodio, el periodista aseguró que tenía conocimiento de otro caso que, según él, guardaría similitudes: “Sí señor, el presidente Petro también en su momento mandó a dos altos funcionarios del Gobierno a reunirse con los paramilitares”, afirmó Zuleta.Según su relato, esas reuniones se habrían producido en el contexto de lo que denominó el “cierre de Ralito” o cierre de las conversaciones con los paramilitares. Zuleta aseguró que la misión encomendada a esos funcionarios habría sido convencer a integrantes de esos grupos, a cambio de “prebendas”, para que hablaran del entonces candidato presidencial Abelardo De La Espriella y del expresidente Álvaro Uribe.El periodista agregó que tiene documentación relacionada con lo que estaba contando, aunque decidió reservar los nombres de las personas que, según su versión, habrían participado en esas gestiones.La relación con la figura de gestor de pazMurcia, quien permanece recluido en la cárcel de Palogordo, en Girón, Santander, envió una carta de cuatro páginas a la Fiscalía 63 Local de la Unidad de Conciliación Preprocesal. En ella se retractó de los señalamientos que había formulado en febrero contra De La Espriella, quien en ese momento era candidato presidencial. En el documento, Murcia explicó que sus declaraciones estuvieron precedidas por expectativas que, según afirmó, le fueron planteadas desde sectores cercanos al Gobierno nacional anterior y que estaban relacionadas con una eventual vinculación como gestor de paz y con la posibilidad de recuperar su libertad.En Mañanas Blu se planteó precisamente la pregunta sobre quién habría ofrecido esa posibilidad a Murcia y bajo qué condiciones. El periodista Felipe Zuleta sostuvo que el episodio debía analizarse dentro de un contexto más amplio y volvió a referirse a las supuestas reuniones con paramilitares.También mencionó a Angie Rodríguez, quien, según se recordó durante el programa, había hablado anteriormente sobre reuniones y gestiones relacionadas con este asunto. Zuleta afirmó que Rodríguez no se habría prestado para realizar la gestión que, según su versión, se buscaba adelantar.Zuleta también mencionó a Salvatore MancusoDurante la conversación, Zuleta y los periodistas de Mañanas Blu también hicieron referencia a Salvatore Mancuso. En particular, se mencionó una retractación relacionada con señalamientos contra Álvaro Uribe y con hechos como las masacres de El Aro y La Granja. El argumento planteado durante el programa fue que estos episodios tendrían elementos en común con la discusión sobre las declaraciones de Murcia y las gestiones que supuestamente se habrían realizado para obtener determinados testimonios.Zuleta afirmó que, según su versión, una de las razones por las que el Gobierno habría cuestionado a Angie Rodríguez estaría relacionada con que los paramilitares no terminaron hablando en contra de quienes se buscaba señalar. En ese punto, además de De La Espriella y Uribe, mencionó al exvicepresidente Germán Vargas Lleras como otro de los nombres que, según su relato, habría estado dentro de ese contexto.La carta de David Murcia está ahora en manos de la FiscalíaLa revelación de Zuleta se produce después de que Murcia presentara formalmente su retractación ante la Fiscalía. En el documento, el condenado por el caso DMG negó varias de las afirmaciones que había realizado en febrero contra De La Espriella. Entre ellas, aseguró que los honorarios pagados al entonces abogado correspondían a los servicios jurídicos prestados y negó que este se hubiera apropiado indebidamente de dinero.También negó haber recibido de De La Espriella propuestas para entregar dinero a congresistas o funcionarios públicos con el propósito de influir en un trámite legislativo. Murcia igualmente se retractó de la afirmación relacionada con unos supuestos 5.000 millones de pesos y negó que el padre de De La Espriella hubiera recibido beneficios o un nombramiento como notario a cambio de que el abogado abandonara su defensa.El caso se originó después de que De La Espriella presentara una querella por las declaraciones de Murcia en una entrevista del 12 de febrero de 2026. Ahora, la Fiscalía deberá establecer qué ocurrió y determinar el alcance de las afirmaciones contenidas en la nueva versión de Murcia.Detalles en el siguiente video:
El Juzgado 25 con Función de Conocimiento absolvió a Nelsy Tirado Chacón y Hernando Barón Ayala, quienes habían sido señalados por la Fiscalía de presuntamente colaborar en las exigencias económicas realizadas a integrantes de la Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) de la excongresista Tatiana Cabello Flórez Martínez.La investigación estaba relacionada con el proceso por el que la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia condenó a Cabello a 144 meses y un día de prisión, equivalentes a 12 años, por el delito de concusión en modalidad continuada y en concurso homogéneo.De acuerdo con esa investigación, la entonces congresista habría solicitado mensualmente a integrantes de su UTL la devolución de un porcentaje de sus salarios. Las personas identificadas como víctimas fueron Luisa Fernanda Puerto Vela, Lina Marcela García Pinto, Daniela Salazar Puerto y Sonia Astrid Blanco Reyes.Sin embargo, al analizar la situación particular de Tirado Chacón y Barón Ayala, el Juzgado 25 de Conocimiento concluyó que las pruebas practicadas no permitían establecer que hubieran realizado actos de constreñimiento, inducción o solicitud de dinero.La juez explicó que las funciones desempeñadas por ambos eran de carácter “secundario, secretariales, conducción y mensajería” y que no se acreditó que hubieran utilizado esas labores para generar una relación de superioridad o doblegar la voluntad de alguna de las víctimas.El despacho también analizó las transferencias de dinero que aparecen en el expediente. Sobre los 670.000 pesos enviados a la cuenta de Nelsy Tirado y los giros realizados a Hernando Barón, la juez señaló que “la mera recepción de dinero no configura el delito de concusión”.Según la decisión, las pruebas mostraron que la instrucción relacionada con la devolución de dinero provenía de un tercero, identificado en el proceso como la jefa, y no de una solicitud directa realizada por los dos procesados. Por esa razón, el juzgado consideró que la recepción material de los recursos no era suficiente para configurar el delito.En el caso de Tirado Chacón, la juez señaló que nunca realizó una exigencia económica verbal o escrita. De acuerdo con el análisis del testimonio, la iniciativa de enviar el dinero habría surgido de Lina García a través de WhatsApp y Tirado se habría limitado a suministrar los datos de su cuenta bancaria como canal receptor.Además, la juez indicó que la testigo había reconocido que la instrucción inicial de entregar un porcentaje de su salario le fue comunicada por Luisa Fernanda Puerto y no por los procesados. Frente a Barón Ayala, sostuvo que la testigo manifestó que este nunca le realizó constreñimiento, inducción o solicitud económica.El despacho también cuestionó aspectos del testimonio de Puerto. La juez habló de “inconsistencias y contradicciones esenciales” y señaló que la defensa la confrontó con un documento físico firmado por ella el 17 de agosto de 2017, en el que manifestó haber recibido siempre un trato respetuoso y negó que se le hubiera solicitado dinero.La decisión también indicó que durante el juicio se evidenciaron variaciones en sus declaraciones sobre el grado de conocimiento que Hernando Barón habría tenido respecto del origen de los dineros.Tras conocer la absolución, la defensa de Barón Ayala, encabezada por el abogado Juan Manuel Castellanos, destacó el resultado del proceso y afirmó “es una decisión acertada en derecho porque la Fiscalía General de la Nación no probó, y no tenía cómo probar alguna responsabilidad en contra del señor Barón Ayala.Es decir, no existían elementos materiales probatorios contundentes en su momento. Yo creo que, aprovechando la coyuntura del país, sí es necesario apoyar en este momento al ministro de justicia, pues, en punto de la eliminación de una audiencia de imputación, y precisamente este es el caso, porque una imputación que se realizó sin un solo elemento material probatorio, pero que sí daña la vida, no solamente del procesado, sino de la familia”Por otro lado, rechazó el principio de oportunidad de Luisa Fernanda Puerto “Yo creo que la Fiscalía se equivocó al otorgar un principio de oportunidad a la señora Luisa Fernanda Puerto. Gracias a ese principio de oportunidad, y creo que así lo determina la juez en un primer momento, es que ella tenía que involucrar a inocentes. Como abogado, sí tengo que rechazar esas presiones indebidas que se hacen para buscar principios de oportunidad e involucrar a terceras personas o personas cercanas para obtener beneficios e irse impunes”.
¡Mucho cuidado! Autoridades en Medellín alertan a comerciantes por suplantación de funcionarios y cobros indebidos. Aseguran que ninguna persona puede cobrar dinero por agilizar procesos o realizar visitas.Sobre la alertaLa Alcaldía de Medellín lanzó una alerta dirigida a comerciantes, propietarios y administradores de establecimientos abiertos al público ante posibles casos de suplantación de servidores públicos y falsos inspectores sanitarios que estarían realizando cobros indebidos.Es por esta razón que la Administración Distrital recordó que ningún funcionario está autorizado para solicitar dinero o beneficios económicos a cambio de realizar visitas, entregar conceptos favorables o agilizar trámites.La subsecretaria Administrativa y Financiera de la Secretaría de Salud, María Rivera, indicó que la advertencia se relaciona con las labores de inspección, vigilancia y control sanitario que adelantan las autoridades en diferentes zonas de la ciudad.“En Medellín, hacemos un llamado a los comerciantes y propietarios de establecimientos abiertos al público, recuerden que ningún funcionario está autorizado para solicitar dinero, dádivas o beneficios económicos a cambio de visitas sanitarias, conceptos, trámites o para evitar medidas sanitarias”, dijo.Ante una visita, la recomendación de la Alcaldía de Medellín es que los comerciantes soliciten la identificación del funcionario y verifiquen su nombre, cargo y entidad. Además, pidió desconfiar de personas que prometan evitar sanciones o gestionar visitas a cambio de dinero.Las autoridades en la capital de Antioquia hizo un llamado a los comerciantes para mantenerse atentos frente a posibles intentos de engaño y verificar siempre la identidad de quienes se presenten como funcionarios encargados de realizar controles sanitarios.
Ya son 32 los cuerpos recuperados en el Cementerio Universal de Medellín, en un proceso humanitario realizado a nivel regional que, además, ha permitido hallar a más de 100 personas con vida y entregar más de 200 cuerpos recuperados a sus familias.Tras culminar su quinta fase de intervención en el Jardín Cementerio Universal de Medellín, la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas recuperó 14 cuerpos de personas reportadas como desaparecidas, sumando un total de 32 recuperaciones en este camposanto desde el año 2020.Las labores recientes permitieron intervenir igual número de bóvedas en las galerías Mausoleo Municipal, Coonaltef, Ferroviarios y Aspenjudas.Este sitio de interés forense ha sido históricamente el principal punto de inhumación de cuerpos no identificados y no reclamados en la ciudad, albergando a víctimas de desaparición procedentes, tanto de zonas urbanas del Valle de Aburrá como de áreas rurales de Antioquia, incluidas personas en situación de vulnerabilidad, habitantes de calle y víctimas del conflicto armado vinculadas a los ríos Medellín, Porce y Cauca.“Históricamente, este sitio o este camposanto ha sido un epicentro para la inhumación de cuerpos de no solo el Valle de Aburrá, sino de todo noroccidente. A la fecha, en el marco de nuestra investigación humanitaria, ha realizado un total de cinco fases de intervención desde el 2020 a la fecha y hemos recuperado un total de 32 cuerpos”, aseveró.A nivel regional, la Unidad de Búsqueda registra un universo de más de 33.000 personas dadas por desaparecidas en el noroccidente del país que comprende los departamentos de Antioquia, Caldas y Chocó, apoyadas por 19 Planes Regionales y un registro de 9.712 personas buscadoras. En esta demarcación, la labor humanitaria ha permitido hallar a 122 personas con vida y recuperar 1.628 cuerpos, de los cuales 224 han sido entregados dignamente a sus familias.“Tenemos aproximadamente un universo de más de 33,000 personas dadas por desaparecidas. A la fecha hemos recuperado más de 1,600 cuerpos. Tenemos un resultado de 122 personas encontradas con vida y hemos realizado 124 entregas dignas”, puntualizó.En el panorama nacional, la entidad ha logrado ubicar un total de 5.721 cuerpos y a 633 personas con vida, consolidando procesos de investigación extrajudiciales que buscan dar respuesta a las familias que continúan buscando a sus seres queridos en el país.