Exministro Alejandro Gaviria critica decisión de la Contraloría sobre caso Saludcoop

Luego de la decisión de la Contraloría General de imputar responsabilidad fiscal a dos ex superintendentes de Salud y tres interventores de Salucoop, por un presunto desvío de recursos públicos por 70 mil millones de pesos, el exministro de Salud Alejandro Gaviria habló con BLU Radio y señaló que es un mal mensaje para el sistema y que aleja a futuros inversionistas.

Según Gaviria, Colombia tomó la decisión histórica de pasar de un sistema controlado por el Estado a realizar una alianza público-privada en 1993 para mejorar la atención en salud de los afiliados, porque hasta ese momento el país por sí mismo había fracasado en prestar eficazmente el servicio de salud para los colombianos. 

“Detrás de la decisión de la Contraloría hay un asunto de mucho fondo, hay una discusión fundamental sobre el uso de los recursos públicos de la salud, sobre un tema regulatorio muy complicado”, explicó el exministro y hoy director del Centro de Pensamiento de la Universidad de los Andes. 

La decisión de la Contraloría tiene que ver con unos créditos de arrendamiento de bienes, clínicas, y equipos que fueron pactados por SaludCoop desde el 2007 con Bancolombia y el Banco de Occidente. Según Gustavo Morales y Conrado Gómez, los dos ex superintendentes que tienen que pagar cerca de 40 mil millones de pesos, no se podía suspender o detener los pagos porque se habría creado una situación más difícil para el sistema de salud. 

Gómez señaló que los bienes que se estaban usando producto de los contratos con las entidades bancarias eran instrumentos de cirugía, quirófanos y más de 30 clínicas y centros de urgencias en todo el país. 

La decisión de la Contraloría tiene repercusiones en la actualidad pues se imputó responsabilidad fiscal a dos ex superintendentes por no detener los pagos con la UPC de créditos con los que se había endeudado Saludcoop. 

Sin embargo, es difícil pensar en una EPS que no tenga créditos o préstamos con los bancos, por lo que la Contraloría podría opinar que el actual superintendente, Fabio Aristizábal, o incluso el anterior, Luis Fernando Cruz también serían responsables fiscales por no detener los giros de las EPS a asesorías de abogados para defenderse de pleitos jurídicos, créditos bancarios, o pautas en publicidad. 

Gaviria concluyó que la situación actual del fantasma de corrupción sembrado en el sector ha llegado a “un punto difícil de no retorno” y expresó que, si el país quiere dar el debate sobre un cambio en el modelo de intermediación, debe haber un proceso legislativo. 

El exministro Gaviria comentó que, si se quisiera desmontar el sistema, tendría que ser de manera ordenada en el Congreso y con un debate serio sobre otras alternativas. 

Hasta ahora, ni el ministro Juan Pablo Uribe ni el superintendente Aristizábal se han referido a la decisión de la Contraloría.