El nombramiento de Carolina Soto como presidenta ejecutiva de la Cámara Colombiana de la Infraestructura, se cayó anoche, pocas horas después de que la economista confirmara públicamente que había aceptado el cargo. Soto debía asumir como presidente del gremio el primero de septiembre de este año.Soto había sido elegida por la Junta Directiva Nacional de la Cámara de Infraestructura en una sesión extraordinaria realizada ayer 25 de agosto, luego de la renuncia de María Consuelo Araújo, quien dejó la presidencia del gremio para asumir como embajadora de Colombia en Estados Unidos.Anoche estaba prevista una cena de su Junta Directiva de la Cámara para celebrar la llegada de Soto. De hecho, sobre las 7:20 de la noche, Carolina Soto publicó en su cuenta de X un mensaje en el que agradeció la confianza de la junta y confirmó que aceptaba esa responsabilidad. Sin embargo, horas después, la Junta Directiva le pidió que desistiera del cargo.La caída de la designación de Soto se produjo después de las presiones políticas alrededor de la relación entre la Cámara de Infraestructura y el Gobierno de Abelardo De La Espriella.Uno de los argumentos que habría pesado es que ella es la esposa de Alejandro Gaviria, quien fue ministro de Educación del Gobierno de Gustavo Petro.El asunto había comenzado horas antes con un mensaje de Carolina Gómez, vocera del Gobierno nacional, quien cuestionó en su cuenta de X que la Cámara eligiera a una persona sin cercanía con la administración de Abelardo De La Espriella, después de la salida de María Consuelo Araújo hacia la embajada en Estados Unidos.“Torpeza gremial? Con esa pregunta cuestionó la vocera si la decisión de la CCI implicaba romper el acercamiento que había existido entre Araújo y el Gobierno nacional.Luego borró ese trino.La Cámara de Infraestructura representa a empresas de cuatro sectores principales de la infraestructura: concesionarios, constructores, consultores y proveedores. La organización reúne empresas vinculadas con carreteras, transporte, infraestructura pública y proyectos de desarrollo del país.
Un grupo de 19 exministros y exviceministros de Salud y Protección Social, entre ellos Alejandro Gaviria, Fernando Ruiz, Augusto Galán y otros exfuncionarios, expresaron su respaldo a la decisión de la Comisión Séptima del Senado de archivar la reforma a la salud.En una carta dirigida a la opinión pública, los firmantes señalaron que el proyecto archivado no resolvía los problemas de fondo del sistema y que, por el contrario, generaba riesgos en aspectos clave como el aseguramiento, la gestión del riesgo en salud y la continuidad en la atención a los pacientes.Según el documento, la iniciativa no ofrecía garantías claras sobre el flujo de recursos ni sobre el pago oportuno a los prestadores de servicios de salud.Uno de los puntos centrales expuestos por los exministros fue la falta de aval fiscal del proyecto. Indicaron que la reforma no contaba con una estimación creíble de costos ni con fuentes de financiación suficientes y sostenibles, un requisito considerado básico para cualquier cambio estructural en el sistema. Esta situación, afirmaron, generaba incertidumbre sobre la viabilidad de las nuevas funciones y responsabilidades que se pretendían crear.La carta también hace referencia a la situación que enfrentan actualmente los usuarios del sistema de salud. Los exfuncionarios señalaron problemas como el desabastecimiento de medicamentos, la suspensión de tratamientos de alto costo y de enfermedades huérfanas, el cierre de servicios y el deterioro de la red hospitalaria, así como el aumento de acciones de tutela y PQRS.Además, recordaron recientes decisiones de la Corte Constitucional relacionadas con la financiación del sistema de salud y señalaron que el Gobierno no obtuvo la prórroga solicitada para el cumplimiento de esas órdenes.En ese contexto, hicieron un llamado a que las definiciones sobre la Unidad de Pago por Capitación (UPC) y los presupuestos máximos para 2026 se adopten con base en la metodología vigente y con la información completa necesaria.Finalmente, el grupo de exministros y exviceministros invitó al Gobierno nacional a promover un diálogo con los distintos actores del sistema y a avanzar en ajustes que permitan responder a las necesidades de los pacientes, sin improvisaciones ni decisiones que aumenten la incertidumbre en la atención en salud.
Con solo 100 días exactos restantes para las elecciones legislativas y las consultas interpartidistas, el panorama político colombiano se encuentra en una etapa crucial de definiciones y registro de listas. La fecha límite para la inscripción de listas al Congreso es el 8 de diciembre, aunque los partidos probablemente finalizarán los registros el viernes o sábado anteriores debido al puente festivo. Definiciones cruciales en el Centro Democrático y la lista al SenadoEste fin de semana se prevé como clave para las determinaciones del Centro Democrático. El líder natural del partido, el expresidente Álvaro Uribe Vélez, junto al director Gabriel Vallejo y un comité de selección, definirán el orden de la lista al Senado, la cual cuenta con cerca de 100 aspirantes. La complejidad radica en que "no hay cama para tanta gente", obligando al partido a organizar prioridades y asegurar escaños para figuras clave.Entre los nombres sorpresa que se perfilan, destaca Marelen Castillo, quien fue fórmula vicepresidencial de Rodolfo Hernández en 2022 y actualmente ocupa una curul como representante a la Cámara gracias al Estatuto de la Oposición. El periodista Lucas Sampedro contó en Recap Blu que fuentes cercanas al partido indican que su inclusión en la lista al Senado por el Centro Democrático es un hecho confirmado.Además, el partido ha confirmado la participación de Álvaro Uribe Vélez, quien ocupará el número 25 en la lista, en una estrategia arriesgada que busca duplicar la meta actual de 13 curules. Otro nombre relevante que ingresaría a la lista es el exgobernador del Meta, Juan Guillermo Zuluaga, luego de renunciar a su aspiración presidencial. También se espera que Andrés Forero, hoy representante a la Cámara, asegure un cupo para dar el salto al Senado.El futuro de Alejandro Gaviria: cortejado por el tradicionalismoEn otro frente político, el exministro Alejandro Gaviria ha generado gran expectativa sobre su destino en las próximas elecciones legislativas. Inicialmente, su nombre se barajó para encabezar una lista junto al Nuevo Liberalismo y la coalición Ahora Colombia, pero tras haber comunicado a Juan Manuel Galán que no aspirará al Senado, ese plan se cayó.Sin embargo, a Gaviria le están "haciendo ojos" al menos tres partidos. Se ha informado que el Partido Liberal y *Cambio Radical* lo tienen en el radar. Aunque los Verdes también tuvieron acercamientos, estos no prosperaron. La posible alianza con Cambio Radical resulta particularmente llamativa, dado que este partido ha mantenido una fuerte oposición al Gobierno de Gustavo Petro, del cual Gaviria fue ministro. Es importante señalar que las negociaciones o conversaciones que se están dando no buscan que Gaviria encabece ninguna lista, sino que se integre en algún número para aspirar al Senado.Los próximos días serán determinantes para aclarar el camino políticos de estos aspirantes a las elecciones del 2026.
La decisión sobre quién encabezaría la lista al Senado de la coalición Ahora Colombia —integrada por el Nuevo Liberalismo, el Partido MIRA y Dignidad y Compromiso— generó una intensa discusión pública. Aunque inicialmente el Nuevo Liberalismo propuso a Alejandro Gaviria como su candidato, la coalición terminó eligiendo por consenso a Juan Sebastián Gómez, actual primer vicepresidente de la Cámara. En entrevista con Recap Blu, Juan Manuel Galán, precandidato presidencial, explicó por primera vez con claridad qué ocurrió detrás de esa determinación.Galán aseguró que su partido veía en Gaviria al aspirante más idóneo para encabezar la lista; sin embargo, al interior de la coalición surgieron reparos, especialmente desde Dignidad y Compromiso. Allí, según Galán, cuestionaron que Gaviria hubiese hecho parte del Gobierno de Gustavo Petro cuando fue ministro de Educación. Ese antecedente, reconoció, se convirtió en la principal resistencia para respaldarlo como cabeza visible de la lista."Ellos en un momento dado expresaron que estaban de acuerdo en que Alejandro fuera parte de la lista al Senado, pero que no compartían la idea de que fuera la cabeza de lista, el vocero de la lista. Entre otras razones expresaron el haber sido parte del Gobierno de Gustavo Petro. Ese fue, digamos, el reparo principal", relató Galán en Recap Blu.Aunque el Nuevo Liberalismo insistió ante el Consejo Nacional del partido en mantener la propuesta de Gaviria, este finalmente desistió. Galán explicó que la decisión no tomó por sorpresa al exministro, pues desde hacía un mes le habían compartido los reparos internos y la necesidad de explorar otros nombres. En ese proceso también se barajó públicamente la opción de Mauricio Gaona, un perfil técnico y académico que el partido veía con buenos ojos, pero que declinó por compromisos personales y profesionales fuera de Colombia.Ante el retiro de Gaviria y la imposibilidad de sumar a Gaona, la coalición se volcó hacia Juan Sebastián Gómez, una figura del Nuevo Liberalismo con trayectoria en cargos locales y departamentales en Caldas y reconocimiento por proyectos como el de perfiles genéticos para investigaciones criminales. Galán destacó que su experiencia, independencia y compromiso con la construcción del partido hicieron que su nombre fuera aprobado por unanimidad como cabeza de lista.¿Qué pasará ahora con Alejandro Gaviria?Una pregunta adicional surgió en la entrevista con Recap Blu: si Gaviria no encabezaba la lista, ¿estaría dispuesto al menos a integrar el tarjetón al Senado? La respuesta de Galán fue clara: el exministro decidió no aspirar al Congreso en esta elección.Aun así, el precandidato confirmó que avanzan en conversaciones para que Gaviria ingrese formalmente al Nuevo Liberalismo y participe en la vida interna del partido, reconociendo su trayectoria académica, su experiencia ministerial y el trabajo conjunto que ambos realizaron en la ley sobre el uso medicinal del cannabis.Con esta decisión, la coalición Ahora Colombia cierra un capítulo complejo, en el que también figuraba con candidata a encabezar la lista al Senado Jennifer Pedraza.
El grupo, integrado por 16 exfuncionarios, entre exministros y exviceministros de Salud y Protección Social, advirtió que la crítica situación que vive el sistema de salud colombiano no es producto del azar, sino de una estrategia que buscó provocar su deterioro estructural. “El colapso de la salud fue planeado”, señalaron.De acuerdo con el documento, en los últimos tres años el Gobierno nacional habría intentado imponer su reforma sin argumentos técnicos ni evidencia suficiente, sino mediante una “estrategia deliberada” para desfinanciar y desordenar el sistema, con el fin de justificar su reemplazo. En ese sentido, citan afirmaciones de altos funcionarios que indicaban que se debía “dejar caer” a las EPS o mantenerlas “en cuidados intensivos” para presionar el cambio institucional.Según el grupo, estas decisiones han generado un aumento en las tutelas, quejas, desabastecimientos y demoras en la atención. También señalan incertidumbre laboral para el personal de salud y el incumplimiento de órdenes de la Corte Constitucional, mientras el sector se convierte en un escenario de confrontación política y electoral sin precedentes.Los exfuncionarios recuerdan que el Gobierno buscó imponer una reforma estructural por decreto ordinario, pese a que la Constitución establece que estos cambios deben tramitarse en el Congreso. Esa decisión fue suspendida provisionalmente por el Consejo de Estado, tras considerar que podría afectar la salud de la población y contrariar la legalidad vigente.En el Legislativo, agregan, la propuesta tampoco ha logrado avanzar por falta de aval fiscal y por no cumplir los requisitos para transformar un derecho fundamental. Advierten, además, que se ha recurrido al ataque reputacional contra voces críticas, lo cual interpretan como un indicio de debilidad argumentativa.Finalmente, el comunicado plantea que el próximo Gobierno deberá priorizar la reconstrucción del sistema: restaurar la liquidez, asegurar suficiencia en la Unidad de Pago por Capitación (UPC), pagar deudas, fortalecer la capacidad técnica de las entidades y recuperar la confianza ciudadana y entre los actores del sector, poniendo a los pacientes en el centro.
Nicolás Ávila, exjefe de gabinete de Alejandro Gaviria durante su paso por el Ministerio de Educación, falleció en Bogotá en circunstancias que todavía no han sido esclarecidas. De acuerdo con versiones preliminares, Ávila habría sufrido un desmayo mientras caminaba, lo que derivó en su muerte. El cuerpo, que permanecía en Medicina Legal desde el fin de semana, ya fue identificado por sus familiares. Hasta el momento, las autoridades no han entregado un parte oficial sobre las causas del fallecimiento.Cabe recordar que en su momento Ávila había sido noticia en 2023, cuando el Ministerio de Educación abrió una investigación en su contra tras denuncias de algunos funcionarios de esa cartera, quienes señalaron que habrían recibido de su parte gomas con marihuana. Aunque el hecho generó polémica en ese momento, no trascendieron sanciones posteriores.El fallecimiento del exfuncionario se conoce en medio de la expectativa por los informes que emita Medicina Legal, entidad que deberá esclarecer las condiciones exactas de su muerte. Mientras tanto, familiares y allegados lamentan este hecho.
Varios de los posibles precandidatos a las elecciones presidenciales 2026 se dieron en cita en la Convención Bancaria que se realiza en Cartagena, para debatir sobre el futuro del país y sus propuestas en materia de economía, seguridad, e, incluso, sobre las actuales reformas del Gobierno nacional.Precisamente la polémica consulta popular fue uno de los temas centrales del debate moderado por el director de Noticias Caracol, Juan Roberto Vargas, y en el que participaron el Alejandro Gaviria, exministro de Educación; Felipe Córdoba, excontralor; Enrique Peñalosa, exalcalde de Bogotá; la senadora María José Pizarro y el empresario Santiago Botero y Ricardo Arias.En medio de su intervención, los precandidatos calificaron la decisión del presidente Gustavo Petro de aprobar la consulta popular vía decreto como “un irrespeto a la democracia” que pone en juego la institucionalidad.Uno de los más críticos con la decisión fue el exministro Gaviria, quien señaló que cada vez duda más de que el presidente Petro sea un demócrata.“Es como si quisiera que el Congreso no actuara, que se convirtiera en un simple notario de sus reformas”, sostuvo.Por su parte, el excontralor Córdoba dijo que los más de 700 millones de pesos que costaría una consulta popular deberían ser invertidos en temas prioritarios para el país, como la deuda a la salud o los subsidios de Icetex.“No puedo estar de acuerdo con saltarnos la legalidad, las instituciones de este país (…) Si el presidente lo quiere hacer que lo haga como lo que tiene hacer, ir al Congreso de la República, ya el congreso le dijo que no, y es allí dónde están representados los más de 22 millones de colombianos, yo creo que eso hay que respetarlo, y que él como demócrata, que dijo que era al principio, debe respetar la voluntad del Congreso de la República”, aseguró.A su vez, Juan Daniel Oviedo dijo que la consulta del presidente Petro rompe la balanza de poderes.“Rechazo en concreto a esa decisión, porque en Colombia hay 28.1 millones de personas que dicen que el equilibrio de poderes es fundamental para que la democracia funcione; y hay apenas hay 15 millones de colombianos que conocen la figura de la consulta popular”, detalló.El exalcalde de Bogotá Enrique Peñalosa fue un poco más allá y dijo que el presidente lo que busca es quedarse en el poder.“Por supuesto que lo rechazo, pero si la llegan a sacar adelante no van a pasar el umbral y van a perder (…) Pero aquí lo está en juego, Petro siempre ha querido quedarse en el poder, de eso es que se trata, aquí lo está midiendo es si la Corte Constitucional le va a dar el apoyo, porque después se inventa cualquier pretexto, problemas de orden público, para prolongar su periodo o alguna salvajada parecidas”, agregó.Por su parte, la senadora María José Pizarro, del Pacto Histórico, la única a favor de la consulta, dijo que lo que se ha vivido en el Congreso son “trampas constantes, y la incapacidad absoluta de dialogar y debatir”.Asimismo, indicó que está a la espera que la justicia defina la legalidad de esa votación en el Congreso.“Quienes realmente han actuado con un absoluto autoritarismo y hay una persona en concreto se llama Efraín Cepeda, y creo él actuó de manera atropellada en la forma en la que condujo el debate y creo que hubiéramos podido evitarnos todas esas circunstancias si realmente si hubiera podido permitir ese debate”, señaló.
El exministro Alejandro Gaviria, quien fue el primer jefe de la cartera de Educación del presidente Gustavo Petro, afirmó que en el país se está moviendo "de manera muy acelerada" un "rompimiento institucional" por la tensión existente entre el Gobierno y el Congreso."Me parece que eso ya está moviéndose de manera muy acelerada a lo que uno podría llamar un rompimiento institucional, que no lo veo inminente pero sí en esa dirección. No es que vaya a haber un cruce de ese umbral definitivo que uno diga, ahí está, pero yo creo que estamos caminando por esa cuerda floja", afirmó el exministro.Gaviria fue ministro de Educación del actual Gobierno entre agosto de 2022 y febrero de 2023, cuando salió del cargo por sus críticas a la reforma a la salud que tramitaba en esa época el Ejecutivo en el Congreso.Desde entonces, Gaviria, que también fue ministro de Salud en el Gobierno de Juan Manuel Santos, ha tenido una posición crítica frente al de Petro e incluso ha tenido enfrentamientos en las redes sociales con el presidente.Consulta popular y reformaLa tensión entre el Gobierno y el Congreso se agudizó después de que el Senado rechazara a mediados de mayo la propuesta de consulta popular presentada por el presidente para reflotar su reforma laboral, una de sus iniciativas bandera.El Gobierno volvió a radicar el pasado lunes una solicitud de consulta popular, esta vez con 16 preguntas: las 12 originales centradas en la reforma laboral, y otras cuatro vinculadas a asuntos del sistema de salud.Sin embargo, el Senado está enfocado en sacar en tiempo récord la reforma laboral que había sido hundida en marzo y que fue revivida el mismo día en que fue rechazada la consulta popular."Cuando el ministro del Interior (Armando Benedetti) dice (al Senado): 'Yo estoy muy pendiente de lo que van a hacer', es básicamente una pretensión de que si el Congreso no es notario de la reforma del Gobierno, entonces el Congreso está yendo en contra del pueblo y el Ejecutivo puede hacer cualquier cosa", expresó Gaviria.A renglón seguido agregó: "Eso es casi desconocer el Congreso y es implícitamente la idea de cerrar el Congreso".Sobre la reforma, el exministro opinó que, "pensando un poquito como economista", el "futuro de los mercados laborales en Colombia nada tiene que ver con la discusión" de ese proyecto, que ayer fue aprobado por una comisión del Senado en tercer debate, con lo que avanza para convertirse en ley."Es una reforma paramétrica menor, que con todo lo que está cambiando, con el contexto internacional, con la transformación profunda de los mercados de trabajo, con la desaparición de muchas profesiones, en nada va a influir sobre el futuro del trabajo económico, pero todos estamos allá (hablando del tema)", detalló.La metamorfosis de PetroGaviria afirmó que el presidente "representa todavía una ilusión, todavía articula una frustración, todavía representa una voz que logra por lo menos darle salida en la arena política a muchas voces que reclaman una sociedad más justa"."Eso fue lo que me hizo entrar a mí al Gobierno de Petro. Yo no lo había pensado de esa manera", expresó Gaviria, a quien "la idea de un gabinete plural", como el que formó el presidente cuando asumió el cargo, le pareció atractiva porque buscaba consensos.Sin embargo, dice sentirse frustrado porque nunca se imaginó la "metamorfosis" que, como en el libro de Kafka, considera que ha sufrido el presidente, a quien compara con Benedetti, su ministro del Interior, un político tradicional con varias denuncias de corrupción e incluso de violencia machista."Una mañana amaneció Gustavo Petro convertido en Benedetti. ¿Eso quién lo iba a esperar?", añadió.Para Gaviria, "es una metamorfosis muy rara, muy extraña, imprevista (...) Yo no creo que nos imagináramos que toda esta historia política iba a terminar con, básicamente, Armando Benedetti siendo jefe de Gobierno. El presidente seguirá siendo el jefe de Estado y hace discursos y habla del fin del mundo, pero en los términos prácticos es Benedetti quién está gobernando Colombia"
El exministro de Educación y Salud, Alejandro Gaviria, lanzó una contundente advertencia sobre el nuevo intento del Gobierno Nacional por impulsar una consulta popular, incluyendo cuatro nuevas preguntas sobre salud, en adición a las doce previamente hundidas por el Senado. En entrevista con Mañanas Blu, Gaviria calificó esta estrategia como “una forma de hacerle el quite al Congreso” y alertó sobre un posible quiebre institucional.Consulta popular: “Esto es un intento de eludir al Congreso”Para Gaviria, el primer y más grave problema del nuevo paquete de preguntas es el impacto institucional que tendría esta consulta. A su juicio, llevar al voto popular temas que aún se debaten en el Legislativo representa “una forma de cerrar el Congreso por parte del Gobierno”.“Me parece que es antidemocrático en ese sentido. Es una especie de quiebre institucional. Me parece populista en el peor sentido del término”, afirmó el exministro. Según explicó, la reforma a la salud aún está en discusión en el Congreso, donde se han realizado audiencias públicas recientes. Por ello, considera que adelantar una consulta popular con los mismos temas ya tratados o aún vigentes es un intento por saltar los mecanismos de la democracia representativa.¿Qué dicen las preguntas de las consulta popular?Otra de las preocupaciones expresadas por Gaviria es la falta de claridad en las preguntas formuladas por el Gobierno. Asegura que la redacción es confusa, no presenta de manera transparente los dilemas ni los costos asociados, y genera falsas expectativas en la ciudadanía.“La redacción de las preguntas es engañosa. No plantea claramente cuáles son los beneficios, pero tampoco los costos. Y algunas de las propuestas pueden ser perjudiciales si se implementan en su versión maximalista”, dijo. Como ejemplo, citó la pregunta sobre si el Gobierno debería producir o comprar medicamentos para garantizar su entrega oportuna. A esto respondió que, con la legislación actual, ya es posible realizar compras centralizadas, regular precios y coordinar la logística sin necesidad de una consulta popular.Falta de viabilidad fiscalEl exministro también cuestionó la viabilidad financiera de las propuestas, especialmente aquellas relacionadas con el modelo de atención primaria en salud y el aumento de servicios especializados.“No solo no existen los recursos, sino que el crecimiento presupuestal destinado a servicios de alta complejidad está disminuyendo, lo cual es una contradicción con lo que plantea la reforma”, enfatizó Gaviria.También señaló que la propuesta de establecer un régimen laboral especial para trabajadores de la salud carece de respaldo presupuestal. “No tiene un solo peso designado en la reforma. Es una promesa falsa por abuso”, advirtió.“Todos por la Salud”: respuesta de la sociedad civilFrente a este escenario, ha surgido un nuevo movimiento social llamado “Todos por la Salud”, del cual Gaviria hace parte, junto con asociaciones médicas, pacientes y gremios del sector. El objetivo de este colectivo es visibilizar la crisis actual del sistema de salud colombiano y exigir acciones inmediatas por parte del Gobierno.“El problema de la salud es ya. La gente se está muriendo ahora. No podemos esperar a que se apruebe o no una consulta. Queremos sacudir la pasividad de la sociedad sobre este tema”, manifestó.El grupo también busca detener la estrategia, supuestamente confesada por el propio ministro Jaramillo, de “ahorcar a las EPS” para presionar al Congreso y lograr la aprobación de la reforma.Un pronóstico sombríoAlejandro Gaviria concluyó su intervención con un diagnóstico preocupante sobre el rumbo político del país. Anticipó que la situación derivará en una campaña anticipada, marcada por polarización, donde “hay más calor que luz”.“Esto va a parar en una situación trágica para el país. Problemas acumulándose, inacción destructiva y un deterioro progresivo. Todo mientras se debaten propuestas engañosas en medio de la incertidumbre”, finalizó.
La campaña presidencial del 2026 ha empieza a calentar con en el debate político, y uno de los protagonistas es el exministro Alejandro Gaviria, quien en Mañanas Blu, habló de sus aspiraciones políticas de cara a la próxima contienda. La política colombiana está marcada por divisiones: izquierda, derecha y el eterno debate sobre el centro. Entre las preguntas, se discutió la relevancia de una consulta popular, comenzando por la postura de Gaviria, quien opina que la consulta debe celebrarse después de las elecciones presidenciales de 2026. “La consulta popular es entregarle con recursos públicos al Gobierno la campaña presidencial”, dijo. Asimismo, añade que, aunque está en contacto con Sergio Fajardo, este parece preferir un camino solitario por ahora, desalentando las alianzas con otros líderes del centro. A lo largo de la conversación, Gaviria reconoció la complejidad de posicionar al centro político en una nación dividida y cómo el legado de Petro impacta a la política contemporánea en Colombia. Esto incluye una crítica al estado actual del partido político que representa la izquierda, que, según dice, ha perdido su rumbo y capacidad de generar consensos. El exministro enfatizó en la necesidad de trabajar como un centro consolidado que ofrezca una alternativa viable a los extremos. "Creí que desde la izquierda estaban dispuestos a hacer acuerdos parciales entre diferentes. Creí que la izquierda en Colombia, representada por Petro, tenía de verdad una intención pluralista", reflexionó.La situación actual plantea un desafío mayor: ¿cómo revitalizar un centro político ante el auge de discursos más polarizados? Gaviria llamó la atención sobre la importancia del consenso para abordar cuestiones como la crisis de salud y fiscal del país. "El próximo presidente heredará un país con un gran déficit fiscal y una crisis humanitaria en la salud", alertó Gaviria, lo que obliga a establecer acuerdos desde el inicio. Asimismo, mencionó que el nuevo panorama significativo de la política requiere un mayor esfuerzo por parte de todos los sectores para no aislarse en luchas internas, dado que el futuro del país está en juego. Escuche aquí la entrevista:
La nueva acusación presentada por la Fiscalía de Estados Unidos contra Nicolás Maduro señala que el mandatario venezolano habría acordado entregar minas explosivas y otras armas a las FARC para pagar una deuda relacionada con actividades de narcotráfico.Según el documento, el hecho se remonta aproximadamente a 2013, poco después de la muerte del expresidente venezolano Hugo Chávez, cuando Maduro y Cilia Flores habrían participado en una reunión con varios dirigentes de la antigua guerrilla colombiana.Entre los asistentes mencionados por la Fiscalía están Rodrigo Londoño, conocido como alias Timochenko; Luciano Marín Arango, alias Iván Márquez; y Seuxis Pausias Hernández Solarte, alias Jesús Santrich.El escrito sostiene que durante ese encuentro se trataron asuntos relacionados con una deuda que Maduro tendría con las FARC por su asociación en el narcotráfico. Para pagar al menos una parte de esa obligación, Maduro habría aceptado vender minas explosivas y otras armas a la organización guerrillera.La acusación agrega que Maduro habría reconocido que el suministro de ese armamento aumentaría la capacidad de las FARC para combatir contra Colombia. También afirma que las ventas de minas continuaron aproximadamente hasta 2015 y que entre las operaciones mencionadas figuraba la entrega de minas fabricadas en Cuba.El documento no precisa la cantidad de explosivos que se habrían entregado ni detalla cada una de las transacciones. Sin embargo, vincula el presunto suministro de armamento con la deuda atribuida a Maduro y con las relaciones que, según los fiscales, mantenía con integrantes de la guerrilla colombiana.La acusación también describe otra operación relacionada con las FARC y el Ejército de Liberación Nacional (ELN). Según el escrito, alrededor de 2017, un funcionario venezolano identificado como CC-3 habría ordenado a integrantes de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) transportar armas a miembros de ambas organizaciones a cambio de cargamentos de cocaína.De acuerdo con ese relato, la droga habría sido movilizada en tres o cuatro camiones militares hasta una base venezolana y posteriormente a un puerto para su envío fuera del país.Este episodio es distinto del presunto acuerdo de Maduro para pagar su deuda con las FARC mediante minas explosivas. En el caso de 2017, la Fiscalía describe un intercambio de armas por cocaína en el que habrían intervenido funcionarios venezolanos y miembros de las dos guerrillas colombianas.La acusación sitúa estos hechos dentro de una presunta red de narcotráfico que habría utilizado estructuras del Estado venezolano para facilitar el transporte de cocaína y establecer relaciones con organizaciones armadas. También sostiene que esas operaciones habrían generado beneficios económicos para funcionarios y grupos involucrados.Los señalamientos sobre las minas explosivas aparecen en las páginas 7 y 8 del documento, en el contexto de la reunión atribuida a Maduro, Flores y los dirigentes de las FARC. Las referencias al intercambio de armas por cocaína aparecen en la página 8.Las afirmaciones forman parte de la acusación de la Fiscalía estadounidense y no constituyen, por sí mismas, una declaración judicial de culpabilidad. El documento tampoco establece en los fragmentos citados la cantidad exacta de explosivos entregados ni ofrece un registro detallado de cada operación mencionada.
El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, afirmó este jueves que el público podrá ver la ejecución por fusilamiento del exmayor del Ejército Nidal Hasan, condenado a muerte por matar a 13 personas en el ataque de 2009 en la base de Fort Hood, Texas.Hasan será ejecutado el próximo 3 de diciembre en Fort Hood por un pelotón integrado por soldados armados con fusiles, según explicó Hegseth, quien aseguró que se garantizará que la población pueda presenciar el procedimiento.El secretario justificó la decisión al señalar que debe conocerse que este tipo de actos tienen "consecuencias graves", de acuerdo con declaraciones a medios locales.El Pentágono todavía no precisó sobre las implicaciones de una ejecución sea pública, por lo que no está claro si habrá espectadores en la base, una retransmisión o algún otro mecanismo de acceso.Hegseth tampoco detalló cuántos soldados formarán el pelotón ni cómo serán seleccionados.El secretario señaló además que la ejecución se llevará a cabo a la una de la tarde, en Fort Hood, y consideró "obvio" que tenga lugar en esa misma base, donde Hasan perpetró el ataque el 5 de noviembre de 2009.Cuando fue preguntado por una eventual última petición del condenado o por un contacto con el presidente estadounidense, Donald Trump, Hegseth respondió: "No me importa. Lo veremos el 3 de diciembre".La ejecución de Hasan, aprobada por Trump a recomendación de Hegseth, será la primera ejecución militar estadounidense desde 1961 y la primera por fusilamiento desde 1945.Hasan, psiquiatra del Ejército, fue declarado culpable en 2013 de 13 cargos de asesinato premeditado y 32 de intento de asesinato por el ataque, por los 32 heridos que dejó.
Las fuertes lluvias y una falla en una tubería provocan inundaciones en el corredor de la carrera 7 con calle 127, en Bogotá. Ante esta situación, el Acueducto ya mandó un equipo especializado para atender la emergencia."Ya tenemos asignada la orden de trabajo 🚧 1002395353, a través de la cual nuestro equipo operativo realizará la intervención correspondiente", informó la empresa de acueducto y alcantarillado en su cuenta de X.Como vías alternas, las autoridades recomiendan tomar la carrera 9 y la calle 116.Impactantes videosA través de redes sociales se han viralizado videos del tubo madre del acueducto que presentó la falla y, por lo tanto, la gran cantidad de agua que ha estado botando en este sector del norte de la capital.Esta situación ha provocado una afectación en este importante corredor vial y varios conductores han tenido que desviarse a la altura de la estación de gasolina Texaco para evitar afectaciones en sus vehículos o en su propia integridad, como es el caso de los motociclistas.En otro video se puede ver, desde la altura de un edificio, la gran altura que tiene el chorro de agua que sale de este tubo que se rompió y cómo afectó ambas calzadas (norte-sur y sur-norte).
Al menos diez personas fallecieron y dieciséis más resultaron heridas este jueves durante una riña en el penal de El Castillo en Mazatlán, en el estado de Sinaloa (noroeste de México), lo que generó un fuerte despliegue de fuerzas federales en la zona, según confirmaron las autoridades locales.Entre los fallecidos hay nueve reclusos y un menor de edad que estaba de visita, informó la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa -en un mensaje en X-. La institución agregó que los dieciséis lesionados también son personas privadas de la libertad. "El resto de la población penitenciaria se encuentra bien", aseguró el comunicado.La riña fue controlada tras la intervención de un grupo interinstitucional y será la Fiscalía de Sinaloa la encargada de esclarecer los hechos, añadió la Secretaría.Finalmente, el mensaje señaló que las instalaciones permanecerán resguardadas por las autoridades sin acceso temporal de visitas.Los hechos ocurrieron en el Centro de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito (Cecjude) en la localidad de El Castillo, al sur de Mazatlán, uno de los principales centros turísticos del Pacífico mexicano.De acuerdo con los primeros reportes, se escucharon disparos dentro de la prisión, y posteriormente se restringió el acceso al recinto mientras las fuerzas de seguridad intervenían para controlar la situación.Al menos ocho ambulancias ingresaron al centro penitenciario, según informes de la prensa local. En el exterior del penal, las familias de personas privadas de la libertad exigían información sobre sus seres queridos, mientras las visitas permanecían suspendidas, según los reportes.El motín ocurre en un estado sacudido por una prolongada crisis de violencia. Sinaloa vive desde septiembre de 2024 una escalada de hechos violentos ligada a la disputa entre Los Chapitos y Los Mayos, facciones del Cartel de Sinaloa enfrentadas tras la captura en Estados Unidos de Ismael 'el Mayo' Zambada.Aunque la disputa comenzó en Culiacán, con el paso de los meses se extendió a municipios del sur del estado, como Mazatlán, donde las autoridades han reportado homicidios, desapariciones, ataques armados y decomisos de armas y explosivos.Esa ola de violencia ha persistido pese a los sucesivos operativos policiales y al refuerzo de tropas federales en la región, con recientes nuevos despliegues hacia Culiacán y Mazatlán.
La Superintendencia Nacional de Salud ordenó 30 medidas de cumplimiento inmediato para corregir situaciones que afectan la calidad, oportunidad y seguridad de la atención en el Hospital Departamental de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. De estas, 23 fueron dirigidas a la institución hospitalaria y 7 a la Gobernación del Archipiélago.La decisión se tomó, luego de las visitas de inspección y seguimiento realizadas por la Supersalud, en las que se identificaron reiterados incumplimientos relacionados con la prestación de servicios, seguridad del paciente, pagos de servicios médicos especializados, disponibilidad de medicamentos e insumos, infraestructura, capacidad resolutiva y gestión administrativa y financiera.La Superintendencia ordenó al hospital fortalecer la prestación de los servicios de salud mediante la vinculación de un director científico de tiempo completo, la normalización de los pagos por servicios médicos especializados y el fortalecimiento de áreas críticas como urgencias, hospitalización, UCI, salud mental, unidad renal, cirugía, laboratorio clínico y banco de sangre.Además, deberá reducir los represamientos en estudios diagnósticos, gestionar las listas de espera quirúrgicas, garantizar la disponibilidad de medicamentos e insumos, mejorar la infraestructura y la dotación de sus sedes y corregir los retrasos en los pagos al talento humano.La Secretaría Departamental de Salud deberá fortalecer el seguimiento al hospital para verificar que los servicios reportados correspondan a los que realmente están disponibles para los usuarios. También tendrá que hacer control al mantenimiento de la infraestructura y la dotación hospitalaria, garantizar que existan las condiciones necesarias para la prestación de los servicios y contar con el personal idóneo para adelantar los procesos administrativos sancionatorios que correspondan.Además, deberá consolidar y revisar los recursos asignados al hospital en el año 2023, evaluar los proyectos financiados, actualizar los planes de acción a financiar con recursos 2024, 2025 y 2026 y establecer los mecanismos permanentes de monitoreo que permitan asegurar la correcta inversión de estos recursos, la transparencia en su manejo y la adopción de medidas oportunas ante cualquier irregularidad identificada.La Superintendencia ha activado un plan de seguimiento permanente y continuo para verificar el cumplimiento de estas órdenes y seguir con el análisis de la situación de la prestación de los servicios en el hospital de San Andrés, con el fin de establecer si hay lugar a medidas adicionales.
