El fallo de responsabilidad fiscal por $2.585 millones de pesos fue proferido por la Contraloría General de la República por el indebido reconocimiento que se hizo de $1.973 millones por casas de interés social que se pagaron pero no se construyeron (Lea también: Los bancos, los grandes beneficiados de las regalías ).
De las 1.055 viviendas contratadas por el departamento de Casanare en 2004 se construyeron 882 y quedaron sin construir 173 que, pese a ello, le fueron pagadas en su totalidad al contratista.
Los recursos pagados por la Gobernación eran provenientes de regalías y dejaron de destinarse a satisfacer necesidades básicas de su población como salud, educación, saneamiento básico y otros (Lea también: Hombres armados quemaron carro en la vía Yopal-Arauca ).
Los $2.585 millones deberán ser resarcidos por el entonces gobernador Whitman Porras, la empresa contratista Unión Temporal Casanare Habitat de Paz y la sociedad MRB, además del interventor Consorcio JG-2004.