Farc deberá responder por secuestro de los uniformados en Arauca: MinDefensa

El Ministerio de Defensa a través de un comunicado celebró la liberación de los soldados César Rivera y Jhonatan Díaz que fueron liberados en manos de la guerrilla de las Farc en el departamento de Arauca.

Asimismo condenó el secuestro calificándolo como un acto delictivo y violatoria del derecho internacional humanitario.

Agradecieron además en esta misiva el acompañamiento del Comité Internacional de la Cruz Roja y de los países garantes, Cuba y Noruega.

Aquí el comunicado

El Ministerio de Defensa Nacional se permite informar:

1. Que hoy, luego de 16 días de secuestro de nuestros soldados Paulo César Rivera y Jonathan Andrés Díaz, han sido devueltos a la libertad estos héroes de la patria. Así como nos solidarizamos con las familias de los secuestrados durante su cautiverio, hoy celebramos con ellas este hecho, condenando el secuestro y calificándolo como un acto delictivo y violatorio del Derecho internacional humanitario.

2. El Ministerio de Defensa agradece el acompañamiento del CICR y de los países garantes, en este caso Cuba y Noruega. Se trató de un trabajo conjunto con la Fuerza Pública, en el cual se garantizó el regreso con vida de los secuestrados a sus hogares, compromiso que primó en cada una de las actividades militares realizadas.

3. El Ministerio de Defensa y las Fuerzas Armadas siempre han cumplido a cabalidad con lo establecido en los protocolos utilizados en todas las liberaciones de ciudadanos colombianos secuestrados por las Farc, y esta no fue la excepción.

4. Ahora, una comisión de médicos expertos se encargará de estudiar el estado de salud en el que se encuentran los soldados liberados, cumpliendo de esta manera con los protocolos humanitarios establecidos.

5. Finalmente, el Ministerio de Defensa reitera al pueblo colombiano que los únicos responsables de la vida de todos los secuestrados son aquellos quienes, en un acto de total violación a los DDHH y DIH cometen ese delito. En este caso son las Farc  las que deben responder ante el país y el mundo por sus actuaciones contra  la libertad y la vida de los ciudadanos.