A través de un oficio enviado al ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, el procurador General Alejandro Ordóñez solicitó al Gobierno Nacional “se analice la pertinencia de continuar con el proceso de venta (de Isagen) antes mencionado, por cuanto a la fecha se encuentran en curso 9 acciones judiciales, cuyas decisiones pueden resultar adversas a los intereses de la Nación”.
La Procuraduría aseguró que seguir adelante en la venta de la participación del 56% que tiene la Nación en esa empresa puede “afectar no solo la estabilidad jurídica del negocio sino el patrimonio público” y pidió se actúe con “la debida prudencia y diligencia en la subasta que se tiene prevista para el 19 de mayo del año en curso”. En la misiva, el ministerio público basó su recomendación en el acompañamiento preventivo que adelanta sobre el proceso de venta de acciones de Isagen.
Esta recomendación le siguió a la que había hecho en días pasado la Contraloría General de la Nación, en la que aseguró que la venta generaría recursos de hasta 9,3 billones de pesos, pero con algunos riesgos implícitos.
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“La venta no solo limita el control que el Estado tiene en el mercado de energía eléctrica sino que se pasa a depender de las determinaciones de privados para expandir la oferta energética.
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El negocio puede generar presiones sobre las finanzas públicas, pues la Nación dejará de recibir dividendos de cerca de medio billón de pesos anuales”.