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El procurador general de la Nación, Alejandro Ordóñez, denunció que el Gobierno del presidente Juan Manuel Santos ocultó un documento del Instituto Nacional de Salud (INS) sobre glifosato. (Vea el estudio del INS aquí)
La Procuraduría explicó que una comisión realizó una visita al INS en donde encontraron un documento llamado “Apreciaciones al informe emitido por la IARC (Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer) y su potencial impacto en el uso del herbicida glifosato en Colombia”. (Lea también: Fin de aspersiones con glifosato es exigencia de las Farc: Uribe)
Según el Ministerio Público, aunque el documento es del 27 de abril de 2015, hasta este momento se mantuvo oculto.
En el documento, según publica la Procuraduría, dice que “las conclusiones obtenidas por la IARC, soportadas en las referencias presentadas en el documento publicado el 20 de marzo de 2015 en Lancet Oncology, no llevan a un escenario real de cambio en el nivel de riesgo para la salud de la población general que potencialmente pueda verse expuesta accidentalmente al herbicida glifosato, bajo sus condiciones actuales de uso en el programa PECIG”. (Lea también: Suspender el uso de glifosato fue una decisión tomada a la ligera: procurador)
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“Esta conclusión concuerda con el proceder que el sector salud ha mantenido frente al riesgo real que tiene la población general al exponerse al glifosato utilizado en las operaciones de aspersión aérea, soportada en la evaluación de riesgo realizada previamente para autorizar su uso, en el seguimiento efectuado a los casos presuntamente relacionados, así como en la revisión periódica de evidencia relacionada con efectos sobre la salud atribuibles al glifosato en diferentes estudios, y sobre los cuales pueden tomarse decisiones respecto a su uso en el PECIG, en el marco de la aplicación de la ficha 7 de la Resolución 1054 de 2003”, agrega el documento.
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En el informe del Instituto Nacional de Salud requerido por el Ministerio de Salud para la toma de decisiones del Gobierno, se especifica que no habría que suspender el uso de glifosato “en las condiciones de operación actual del programa”. (Lea también: Gobierno plantea sustitución de cultivos ilícitos para reemplazar glifosato)
“Este escenario soporta su decisión en que el nivel de riesgo para la población general no se modifica para su exposición en las condiciones de operación actual del programa, dado que la frecuencia e intensidad de la eventual exposición, es diferente a la que se presenta en el escenario ocupacional, desde el cual se soporta la conclusión de la IARC. Además, el mismo ya cuenta con una evaluación de riesgo efectuada por el Ministerio de Salud y Protección Social, que está avalando su ejecución actual”.
Estos son los cinco argumentos que tiene el informe, hasta el momento reservado del Gobierno Nacional, para continuar con el uso del glifosato:
1. “La IARC hace un planteamiento sobre evidencia que no es nueva”.
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2. “Existe bibliografía, informes técnicos y documentos de agencias y de diferentes fuentes que respaldan la seguridad del producto y su bajo nivel de riesgo sobre la salud humana, la cual ha permitido contar con un nivel de riesgo aceptable que permite la aplicación por aspersión”.
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3. “El escenario de exposición poblacional en el caso del PECIG no es ocupacional; la dosis y frecuencia de la exposición son bajas y no son equiparables al que se presenta en los estudios que soportan la decisión”.
4. “El análisis de las quejas reportadas a la fecha, por afectación a la salud presuntamente relacionada con la exposición a la mezcla de aspersión, ha mostrado la inexistencia de elementos que permitan establecer una relación de causalidad en casi la totalidad de las mismas”.
5. “La toxicidad e impacto agudo y crónico que originan otros productos químicos utilizados en el proceso de cuidado de cultivos de coca, elaboración y/o manejo, almacenamiento y eliminación de residuos de precursores usados para la síntesis de cocaína, es mucho mayor que el que puede originar la exposición a glifosato en el contexto del PECIG”.
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En ese sentido, la Procuraduría asegura que “el Ministerio de Salud hizo una recomendación de suspender la aspersión con glifosato en contra del dictamen de la autoridad técnico-científica, que es el Instituto Nacional de Salud”.
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Así las cosas, el presidente Juan Manuel Santos ordenó la suspensión de aspersión de cultivos ilícitos pese a que el informe avalaba su uso.
“El ministro de Salud y el presidente de la República deben informar a los colombianos por qué no dieron a conocer el informe del Instituto Nacional de Salud”, dice la Procuraduría.
“Es gravísima la falta de transparencia del Gobierno Nacional en este asunto, razón por la cual el Ministerio Público seguirá con atención y detalle cada una de las decisiones y actuaciones que se tomen”, finaliza el Ministerio Público.
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