Procurador anuncia demanda a decreto que suspende fumigación con glifosato

Luego de que el Gobierno determinara suspender el uso de glifosato en las aspersiones de cultivos ilícitos durante el Consejo Nacional de Estupefacientes, la Procuraduría General de la Nación asegura que “se trató de una decisión política, no jurídica, ni científica”.
 
Con un conjunto de estudios científicos y conceptos emitidos por el Instituto Nacional de Salud, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Ambiente, la Procuraduría argumentó la importancia de mantener el uso del químico en la lucha contra las drogas. (Lea también: Suspender glifosato hará que jóvenes estén más cerca de las drogas: procurador)
 
“Tales documentos acreditan que no existen los presupuestos que la Corte Constitucional exige para aplicar el principio de precaución y suspender la aspersión de cultivos ilícitos con glifosato”, dice el Ministerio Público.
 
La Procuraduría asegura que demandará ante la jurisdicción contenciosa administrativa la decisión por “carecer de la carga argumentativa que exige la Corte Constitucional”. (Lea también: Gobierno define futuro de las fumigaciones con glifosato en Colombia)
 
Además, reitera que el Gobierno del presidente Juan Manuel Santos “Nacional debe decirle al país con honestidad el propósito de esa decisión política, que satisface una exigencia reiterada de las Farc”.
 
Según la Procuraduría, estas son las consecuencias de suspender el uso de glifosato:
 
1. Deteriora aún más la seguridad nacional. Los cultivos de coca crecerán y con ello se fortalecerá la presencia de grupos armados ilegales en los territorios. Más coca es más dinero para las FARC, el ELN y las Bacrim. Y más dinero es más capacidad para matar soldados y policías, atacar a la población civil y cometer actos de terrorismo.
 
2. Deteriora aún más la seguridad en las ciudades. El aumento de la producción de coca, sumado a la eficacia de la interdicción área y marítima que realiza la fuerza pública, se traducirá en mayor importancia del consumo interno de estupefacientes para los narcotraficantes. El resultado será mayor consumo, en un país en que el consumo ya está en alarmante crecimiento especialmente en los jóvenes. Aumentará el microtráfico y con ello las bandas delincuenciales en las ciudades. El agravamiento del deterioro ya existente de la seguridad ciudadana se deberá a esa decisión.
 
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