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Un espacio de diálogo, donde se logren concertar "verdaderas garantías" de vivienda y trato digno, es lo que le exigen a la Alcaldía de Barranquilla las 44 familias que serán desalojadas de los alrededores de la ciénaga de Mallorquín.
"Solo nos dieron una notificación de que debíamos desalojar en media hora, porque si no, iban a proceder por la fuerza. Entonces, queremos diálogo, si se va a dar la reubicación, pues que se dé, pero como debe ser", expresó Nerlys Montes, una de las personas que recibió orden de desalojo.
"Nuestros derechos deben estar por delante, porque nosotros somos humanos y no somos ni 10 ni 20 familias las que viven aquí, somos muchísimos más. Aquí hay niños, ancianos, mujeres embarazadas, gente que lleva años, vulnerable", agregó.
Con una financiación por 105.000 millones de pesos por parte de la Nación, el Distrito planea construir un ecoparque en Mallorquín y para ello, en cumplimiento de un fallo administrativo, este jueves inició el desalojo de las decenas de familias que ocuparon este territorio de manera ilegal.
A las personas desalojadas se les entregó un subsidio de arriendo por tres meses; sin embargo, afirman sentirse en un limbo una vez transcurra este tiempo.
Las familias se oponen a toda costa a abandonar el lugar, al punto de que el procedimiento de desalojo que inició el jueves terminó en enfrentamientos con la Fuerza Pública que se prolongaron hasta altas horas de la noche.
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