La ministra de Trabajo, Natalia López, celebró la decisión del Juzgado Promiscuo Municipal de Heliconia de levantar la medida provisional que pesaba sobre Comfenalco Antioquia. La funcionaria aseguró que el fallo permite avanzar con legalidad y transparencia en el proceso de transición y ordenamiento de la caja y garantiza que el agente interventor cuente con la información necesaria para ejercer sus funciones. La decisión se conoce en medio de una disputa entre la Superintendencia del Subsidio Familiar, el agente especial de intervención y un grupo de directivos y afiliados por el control de Comfenalco Antioquia. La controversia surgió, luego de que el agente interventor suspendiera la Asamblea General Extraordinaria convocada por los directivos para el 31 de agosto, en la que se definiría, entre otros asuntos, la elección de los representantes de los empleadores ante el Consejo Directivo. Según la ministra, frente a esa suspensión fueron presentados un recurso de reposición, un derecho de petición y tres acciones de tutela. López también denunció presuntas irregularidades relacionadas con decisiones judiciales y cuestionó la rapidez con la que una de esas tutelas obtuvo una orden para reactivar la asamblea. En Heliconia, el juez consideró que mantener la medida provisional podía generar un perjuicio mayor y precisó que los derechos de los afiliados a participar y elegir sus delegados permanecen a salvo. El despacho señaló que, una vez el interventor cuente con la información requerida, deberá convocar nuevamente la asamblea. En paralelo, el Juzgado 23 Laboral del Circuito de Medellín suspendió provisionalmente la elección de los cinco representantes principales de los empleadores y sus suplentes ante el Consejo Directivo, mientras estudia de fondo otra tutela. La disputa tiene como trasfondo el manejo de recursos: Comfenalco proyecta ingresos superiores a 974.000 millones de pesos para 2026, destinados a unos 436.000 afiliados. Sectores gremiales han pedido transparencia y que los intereses políticos se mantengan al margen de la administración de estos recursos.
La Procuraduría General de la Nación anunció que le abrió una investigación disciplinaria al curador urbano tercero de Medellín, Wilmar Adolfo Serna Montoya, por presuntas irregularidades que se habría presentado en el cálculo y liquidación de obligaciones urbanísticas relacionadas con una resolución que fue expedida el 3 de mayo de 2024.Según confirmó el Ministerio Público, la actuación se inició tras una queja presentada ante la Contraloría y remitida a la Procuraduría, la cual detectó posibles diferencias entre la fórmula aplicada y la que exige el Acuerdo 048 de 2014, sobre aprovechamientos y cesiones.Ante la situación, el ente de control ordenó la práctica de pruebas para determinar si las fórmulas aplicadas fueron correctas.Finalmente, el Ministerio Público precisó que busca establecer si hubo impacto en la gestión del suelo urbano y en los recursos derivados de las cargas urbanísticas, con el fin de determinar si la actuación se ajustó a la ley.Vale la pena recordar que Serna Montoya, quien en el pasado fue Curador Cuarto de la capital antioqueña, fue mencionado en 2013 en denuncias sobre presuntas falsas Viviendas de Interés Prioritario, al tener el cargo encargado de asignar buena parte de las licencias de construcción para estos proyectos.Incluso, para ese año y tras dejar ese importante cargo, el ingeniero interpuso una tutela contra el entonces concejal de Medellín Bernardo Alejandro Guerra, aunque esta fue declarada improcedente por parte de un juez de la República, al considerar que no se le estaba vulnerando su derecho fundamental al buen nombre.
El Gobierno nacional amplió el plazo para que las personas afectadas por el terremoto del pasado 10 de agosto puedan quedar incluidas en el registro oficial de damnificados en el Valle del Cauca.La decisión se tomó, luego de la solicitud presentada por la Gobernación del Valle que permitirá que quienes todavía no han adelantado el trámite tengan la posibilidad de reportar las afectaciones sufridas durante la emergencia y puedan ser tenidos en cuenta para las ayudas destinadas a la recuperación.“Desde la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres nos informaron que se amplía el plazo para cargar el Registro Único de Familias en Emergencia o Registro Unifamiliar de Emergencias, RUFE, a la plataforma del Registro Único de Damnificados, RUD. Este plazo no tiene una fecha de cierre o de corte”, explicó Francisco Javier Tenorio Lara, secretario de Gestión del Riesgo de Desastres del Valle.Le puede interesar: Pereira en crisis comercial: más de 7.000 comerciantes afectados tras terremoto del 10 de agostoLa administración departamental pidió a las personas que aún no aparecen en el registro que adelanten el proceso directamente en sus municipios, debido a que esta información será utilizada para determinar las necesidades de las familias afectadas y orientar la entrega de los apoyos del Gobierno Nacional.“Las personas que hayan tenido alguna afectación por el sismo y todavía no se han registrado deben acercarse a las alcaldías o a los coordinadores municipales de Gestión del Riesgo de Desastres para diligenciar el formato y poder recibir los beneficios del Gobierno Nacional por esta emergencia”, señaló Tenorio.En el primer reporte enviado a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, el Valle del Cauca registró cerca de 90 mil damnificados. Las autoridades mantienen la verificación de los datos y de las condiciones de cada afectación para establecer las prioridades de atención durante las etapas de recuperación y reconstrucción.
La Universidad del Valle informó que, tras el terremoto del pasado 10 de agosto, se realizaron evaluaciones técnicas en sus diferentes edificaciones con el propósito de determinar las condiciones de la infraestructura y establecer las medidas necesarias para garantizar la seguridad de la comunidad universitaria.Las inspecciones se adelantan, luego de que estudiantes y trabajadores manifestaran su preocupación por las condiciones de algunos edificios ubicados en las sedes de Cali, Buga y Buenaventura, donde se han reportado posibles afectaciones derivadas del movimiento sísmico.De acuerdo con Patricia Andrea Martos, ingeniera de materiales, jefe de la Sección de Salud Ocupacional y coordinadora del Sistema Comando de Incidentes de la Universidad del Valle, los análisis realizados hasta el momento no han evidenciado daños estructurales en las edificaciones evaluadas. Sin embargo, aclaró que el proceso de valoración continúa y que la clasificación de los inmuebles puede modificarse a medida que avanzan las visitas de inspección y los estudios especializados.“Para esta evaluación, la universidad adoptó como referencia una guía técnica de la Asociación Colombiana de Ingeniería Sísmica. Los análisis realizados hasta el momento no han evidenciado daños estructurales en las instalaciones. La clasificación de los inmuebles en los niveles verde, amarillo, naranja y rojo es un mecanismo técnico que puede cambiar diariamente, dependiendo de las visitas de inspección y de los análisis especializados que se continúan realizando”, explicó Martos.Le puede interesar: Dos personas aturdidas y un vehículo afectado dejaron disturbios en la Universidad del ValleLa funcionaria señaló que esta clasificación permite establecer prioridades para las intervenciones y definir las acciones que deberán adelantarse en cada inmueble, como parte del proceso de reparación y mantenimiento de la infraestructura universitaria.La Universidad del Valle también aclaró que una edificación clasificada en los niveles naranja o rojo no significa necesariamente que exista un riesgo inminente de colapso. Estas categorías indican que se requieren estudios adicionales y, en algunos casos, el uso de equipos especializados para determinar con mayor precisión las condiciones de la estructura y establecer las intervenciones necesarias antes de autorizar nuevamente su ocupación.Uno de los casos que permanece bajo evaluación es el del Colegio Académico de Buga. Según explicó la institución, este inmueble es utilizado por la universidad bajo la modalidad de arrendamiento, por lo que la valoración de sus condiciones se desarrolla de manera conjunta con el propietario y las autoridades locales.“En el caso del Colegio Académico de Buga, se trata de un inmueble que la universidad ocupa bajo la modalidad de arrendamiento. Por esta razón, la valoración de sus condiciones se adelanta conjuntamente con el propietario del inmueble y las autoridades locales de Buga”, explicó Martos.La funcionaria agregó que las restricciones de ingreso a algunos espacios de los campus responden principalmente a la necesidad de proteger la integridad de estudiantes, docentes, trabajadores y demás integrantes de la comunidad universitaria, mientras continúan las evaluaciones y los trabajos técnicos.Según la institución, los resultados obtenidos hasta ahora hacen parte de un proceso de recuperación que permitirá establecer prioridades para las labores de reparación y mantenimiento, además de definir las condiciones necesarias para avanzar hacia un retorno progresivo a las actividades presenciales.
La cantante estadounidense Beyoncé anunció una donación de un millón de dólares para apoyar los esfuerzos de atención y recuperación de las comunidades afectadas por el terremoto que golpeó a Colombia.Según informó su equipo, los recursos serán destinados a organizaciones del país que participan en las labores de ayuda humanitaria para las familias damnificadas por la emergencia.El aporte busca fortalecer las acciones que se adelantan para atender las necesidades de las personas afectadas por el sismo y acompañar los procesos de recuperación en las zonas impactadas.Hasta el momento, no se han revelado cuáles serán las organizaciones que recibirán los recursos ni cómo será distribuido el dinero dentro de los programas de atención.La donación de Beyoncé se suma a los apoyos nacionales e internacionales que han llegado para respaldar la respuesta humanitaria tras el terremoto.
El presidente Abelardo De La Espriella sostuvo este martes una reunión con el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán. Tras el encuentro, el mandatario oficializó el nombramiento de Clara Lucía Sandoval como gerente para la capital del país.Sandoval es concejal de Bogotá y ahora asumirá el rol de articuladora entre el Gobierno y la alcaldía.“La tarea que tenemos desde el Gobierno es que podamos coordinar, destrabar, articular y avanzar para hacer que las cosas pasen en Bogotá”, dijo Sandoval.Desde el Gobierno han aclarado que no se busca sustituir las funciones de la alcaldía, sino revisar cómo desde el Gobierno se puede apoyar las iniciativas de la alcaldía.“Para nosotros será muy importante alguien desde el gobierno nacional que nos ayude a articular a destrabar y hacer seguimiento eso va a agilizar muchas cosas y va a agilizar esos resultados que usted pide”, agregó Galán.
La situación del reclutamiento de menores en Colombia llegó este martes a la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, donde Juanita Goebertus, directora de la División de las Américas de Human Rights Watch, presentó los principales hallazgos de un informe elaborado por esa organización sobre esta problemática.Durante la presentación, representantes y senadores que participaron en la sesión hicieron observaciones y formularon preguntas sobre las cifras, la respuesta del Estado y las condiciones particulares en las que niños, niñas y adolescentes están siendo reclutados por grupos armados.Una de las intervenciones fue la de la representante Catherine Juvinao, quien cuestionó la decisión del ICBF de utilizar el término “niñez” y sostuvo que, frente a una problemática como el reclutamiento, es necesario mantener una referencia específica a las niñas por las violencias particulares que pueden enfrentar dentro de los grupos armados.“1500 niños reclutados desde 2021, ojo, de los cuales 40 % son niñas a las que hay que nombrar, porque resulta que a las niñas en los grupos armados las reclutan para violarlas, para embarazarlas, para que ejerzan las labores de cuidado de los guerrilleros. Entonces, a mí que no me vengan a decir que esas niñas quedan incluidas en los niños”, dijo Juvinao.Ademas, le hizo una petición al nuevo gobierno, a la directora del ICBF, Carolina Restrepo, y a la ministra de educación Viviane Morales.Al responder una pregunta del representante Daniel Briceño, Goebertus explicó que Colombia no cuenta actualmente con un registro único que reúna los casos de niños y niñas reclutados.“Efectivamente, hoy Colombia no tiene un registro único de niños y niñas reclutados, de niños y niñas usados por la criminalidad que nos permita tener un universo claro. Lo que yo sí le puedo decir, representante Briceño, es que sobre el registro no hay. Si acaso hay subregistro”, señaló Goebertus.Mientras tanto, la senadora Jennifer Pedraza planteó al Congreso llamar a un debate o abrir una conversación regulatoria con plataformas como Meta y TikTok, con el objetivo de revisar medidas frente a las cuentas utilizadas para reclutar menores.“Considero que el Congreso de la República debería llamar a un debate o a una conversación regulatoria a las plataformas como Meta y TikTok para, por lo menos, garantizar que exista una política de sancionar y de cerrar estas cuentas, e incluso de ubicarles geográficamente”, sostuvo Pedraza.
Tras una reunión con la ministra de Salud, Ana María Vesga, la bancada del Partido Conservador conoció un diagnóstico sobre la situación del sistema de salud, que incluye deudas entre EPS y hospitales, el aumento de tutelas por problemas en la atención y cuestionamientos sobre contratación realizada en los últimos días del anterior gobierno.Sobre deudas entre EPS y hospitalesEl presidente del Partido Conservador, Efraín Cepeda, aseguró que las deudas entre EPS y hospitales estarían entre los $30 y $45 billones, aunque explicó que todavía se está consolidando una cifra definitiva.También señaló que la ministra expuso que actualmente se presentan cerca de 5.600 tutelas diarias y que el 70% corresponde a temas de salud. De estas, el 60% estaría relacionado con la falta de medicamentos.Otro de los puntos abordados fueron los equipos básicos en salud, que, según informaron, tuvieron un costo de $14 billones.“No tomaron datos de salud, sino datos para politizar, para agregar votos, pero esos 14 billones de pesos fueron para hacer la política, agrego yo, y no para mejorar la salud de los colombianos”, afirmó.Durante el encuentro también se habló del plan de choque anunciado para el sector. Cepeda señaló que la ministra reiteró que inicialmente se destinarían $10 billones y que la atención se organizaría en tres niveles, empezando por los casos más graves y las enfermedades huérfanas.“Que no va a desacatar la corte constitucional en el sentido del reajuste de la UPC como lo hizo el gobierno anterior, y acaba de llegar además el incidente de desacato, que la financiación a la salud se va a hacer a través de bonos que se puedan negociar en el mercado secundario, de compras y de reconfiguración de tarifas”, señaló.Además, señaló que la ministra se refirió a la contratación en el sector salud y aseguró que entre el 1 y el 6 de agosto se habrían firmado contratos por cerca de $600.000 millones “de gente que no trabaja, de funciones duplicadas, de manera que ahí hay unas incidencias también importantes de carácter penal”.
El general (r) Eduardo Enrique Zapateiro negó haber afirmado que el también general retirado José Luis Esparza Guerrero y su esposa, Liliana Zambrano, hagan parte de una supuesta “empresa criminal”.Su abogado, Jhonny Mercado González, presentó un derecho de petición en el que solicita a Esparza una retractación pública, además de explicaciones sobre un documento que, según el general retirado, habría sido presentado ante la Fiscalía General de la Nación.En el documento, dirigido directamente a Esparza, el abogado sostiene que su representado “jamás ha afirmado, sostenido, insinuado ni expresado” que Esparza y su esposa hagan parte de una “empresa criminal”. Por ello, considera que cualquier afirmación que atribuya esas palabras a Zapateiro no corresponde con lo que este habría manifestado.La defensa señala que la controversia surgió a partir de unas declaraciones públicas de Esparza, en las que habría hecho referencia a un supuesto “documento terrible” presentado ante la Fiscalía y posteriormente relacionado su contenido con una afirmación sobre una presunta “empresa criminal” integrada por él y su esposa.Por esta razón, Mercado le solicita a Esparza precisar qué documento tiene en su poder, cuál es su contenido, qué expresión concreta atribuye a Zapateiro y cuál fue la fuente de esa información. El abogado también pide establecer si esa afirmación fue efectivamente pronunciada por Esparza, en qué contexto y ante quién.Uno de los puntos centrales del derecho de petición es conocer cómo el general retirado habría tenido acceso al memorial presentado por Zapateiro y su abogado ante la Fiscalía.La defensa pregunta quién le suministró el documento, cuándo y por qué medio lo recibió, quién lo tenía antes de entregárselo y si provino directamente de la Fiscalía o de alguno de sus funcionarios. También solicita establecer si Esparza conserva una copia y a qué otras personas habría sido suministrado.Piden retractación públicaEn el documento solicita que, si se establece que la expresión no corresponde a una manifestación realizada por Zapateiro, Esparza haga una “retractación expresa, inequívoca y pública” a través de los mismos medios o canales en los que se difundió la afirmación.El abogado sostiene que la solicitud busca proteger la honra, el buen nombre y la reputación profesional de su representado. Asimismo, recuerda que la Constitución garantiza la libertad de expresión e información, pero establece exigencias relacionadas con la veracidad e imparcialidad de la información y reconoce el derecho a la rectificación.La defensa también hace referencia a una publicación de Blu Radio del 21 de agosto de 2026, titulada “General Esparza arrecia contra Zapateiro: ‘Presidente De La Espriella no entiende quién es’”, en la que, según el documento, se difundió una entrevista con Esparza en la que se abordó la controversia entre los generales retirados y la existencia de documentación que, de acuerdo con sus declaraciones, habría sido puesta a disposición de la Fiscalía.Según el documento, Zapateiro niega la afirmación que se le atribuye y pide que esta precisión también sea conocida por las personas o medios que hayan recibido esa información.
Tropas de la Quinta Brigada del Ejército Nacional ubicaron y destruyeron dos válvulas ilícitas que eran utilizadas para la extracción ilegal de hidrocarburos en la vereda La Morena, zona rural de Aguachica, Cesar.El procedimiento se desarrolló durante operaciones de control territorial adelantadas por soldados del Batallón de Infantería Liviana N.° 14 Capitán Antonio Ricaurte, quienes localizaron las estructuras instaladas de manera clandestina para el apoderamiento ilegal de hidrocarburos.Le puede interesar: Ecopetrol reportó caída en producción de hidrocarburos pese a aumento de sus utilidadesSegún el Ejército, estas conexiones ilegales afectan los recursos del Estado y podrían ser utilizadas como fuente de financiación para estructuras criminales. Con la destrucción de las válvulas, las autoridades buscan afectar las capacidades empleadas para este delito y proteger los activos estratégicos y la infraestructura petrolera de la región.La operación se realizó en el marco del Plan Ayacucho Plus, estrategia mediante la cual las Fuerzas Militares adelantan acciones para debilitar las capacidades de los grupos armados y fortalecer la seguridad en sus áreas de operaciones.La Quinta Brigada señaló que continuará desarrollando operaciones militares contra el hurto de hidrocarburos y otras actividades ilícitas en los municipios bajo su jurisdicción.
Tras el sismo de magnitud 5,1 registrado este miércoles a las 11:45 de la mañana en Colombia, las autoridades en Antioquia continúan adelantando averiguaciones para determinar si el movimiento causó daños materiales en el departamento.El movimiento tuvo una profundidad de 149 kilómetros y su epicentro fue localizado en Los Santos, Santander, según el Servicio Geológico Colombiano. Según confirmó el gobernador Andrés Julián Rendón el único municipio que registró daños materiales fue Argelia de María, en el Oriente del departamento, donde se vieron afectadas las cubiertas de tres viviendas.“Hemos contactado a los Consejos Municipales de Gestión del Riesgo en todo el territorio. Hasta el momento no se reportan víctimas mortales. Continuamos monitoreando la situación para atender cualquier eventualidad”, aseguró el mandatario en su cuenta de X.Camilo Montoya, director de Planeación de esa localidad, aseguró que los techos cedieron probablemente porque ya venían afectados desde el terremoto del 10 de agosto, que azotó con fuerza al país.Le puede interesar: Una casa de Los Santos se agrietó: nuevo balance de autoridades tras sismo de 5,1"Nos llegó el reporte de dos viviendas que fueron afectadas por el terremoto. Colapsaron partes de las cubiertas, pero ninguna persona se vio afectada. En ese momento, las personas estaban en la huerta, entonces, al momento de colapsar el techo, no hubo afectaciones humanas. En estos momentos se está haciendo un vuelo con el dron para poder mirar bien cuáles fueron las afectaciones y cómo se les va a ayudar a las personas", indicó Montoya.Para el caso de la capital antioqueña, el alcalde Federico Gutiérrez aseguró que están verificando y validando con estaciones de Bomberos Medellín si hay afectaciones, por lo que pidió a la ciudadanía reportar cualquier novedad a través de la línea 123.
En el Atlántico se están llevando a cabo las investigaciones alrededor de la cesión gratuita de dos lotes en el municipio de Puerto Colombia, que estaban destinados al uso público, pero que terminaron en manos de particulares luego de que Steimer Mantilla Rolong los entregara a particulares cuando era alcalde del municipio entre los años 2016 y 2019.El caso ya ha sido denunciado ante la Fiscalía y ahora el presidente Abelardo de la Espriella también puso sus ojos en él.Durante la posesión de Jorge Eliécer Laverde, nuevo contralor general, el jefe de Estado se refirió a la corrupción relacionada con el robo de tierras y puso de ejemplo lo ocurrido con estos terrenos, que fueron donados por el Grupo Argos en 2009 y 2017. Sin embargo, nueve años después siguen sin ser convertidos en lo que inicialmente se quería para ellos: un parque infantil y zonas verdes.“Un terreno destinado a un parque infantil en Barranquilla fue apropiado irregularmente con la permisividad de funcionarios del ejecutivo. Cuando un servidor público permite que un inescrupuloso se adueñe ilegalmente de un espacio, de un contrato, de una posición destinada al bien común, está lesionando el vínculo moral entre los ciudadanos y quienes tienen el deber de servirles”, dijo inicialmente.El presidente aseguró que así como combatirá a los criminales en las calles, también buscará a los funcionarios que se estén adueñando del dinero de los colombianos.Le puede interesar: Imputan cargos a capturados por robo de tierras en Atlántico“Los voy a identificar donde sea que estén, los voy a individualizar, los voy a denunciar y dentro de mis competencias legales y constitucionales los perseguiré hasta entregarlos a la administración de justicia como en derecho corresponde”, agregó.Uno de los lotes objeto de la controversia, el cual tiene 5.082 metros cuadrados quedó en manos de un hombre identificado como Francisco Javier Pizarro Guerra y el segundo, de 33.637 metros cuadrados aproximadamente, fue puesto a nombre de Alfredo Manuel Montoya Hoyos.Por estos episodios, hay una denuncia penal del exalcalde Wilman Vargas Altahona, quien vino después de Steimer, en la que se habla de falsedad en documento público y fraude procesal al informar presuntas irregularidades en la matrícula de uno de los terrenos y otra del actual alcalde Plinio Cedeño, en la que piden pide dejar sin efecto ambas entregas.
En medio de los graves daños ocasionados por el terremoto, desde Barranquilla, Natalia Bayona, directora de la Organización Mundial del Turismo en Colombia de Naciones Unidas, lanzó una propuesta para ayudar desde el gremio, a la reactivación económica de los territorios afectados por el desastre natural.La dirigente planteó que a través de estrategias como el turismo solidario, se conecte el sector público y el privado, es decir: agencias de viaje, aerolíneas y hoteles con ministerios como el de Comercio, Industria Turismo, Procolombia y Fontur, para lograr atraer a los viajeros de distintas partes del mundo a los territorios afectados por el sismo y que de esta manera se contribuya a su reactivación económica.El turismo solidario busca no solamente dar, sino recoger y entregar recursos financieros, pero también humanos, es decir, conocimiento, experiencia y sobre todo, conectar los dos mundos, el público y el privado para hacer que las cosas pasen”.Le puede interesar: Voces que reconstruyen: la iniciativa que impulsa a emprendedores tras el terremoto"Uniendo las aerolíneas, a las agencias de viaje, al sector público a través del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo con Procolombia, Fontur, y todas las entidades con los gremios, sin duda se pueden crear campañas de turismo solidario que permitan mandar dos mensajes: que Colombia es segura y que está lista para recibir e innovar en la manera como los territorios afectados por el terremoto pueden venderse con nuevos nichos y paquetes”, Procolombia.Añadió que con esa articulación los mercados internacionales de turismo, podrán percibir a Colombia “como un líder en actuar rápidamente” frente a un desastre natural como el terremoto, “y en la resiliencia turística que tanto se necesita en este momento”.La directora de la Organización Mundial del Turismo en Colombia de la ONU, hizo la propuesta en la conferencia que dictó en la Cumbre Internacional de Turismo que se lleva a cabo este miércoles en el Pabellón de Cristal, en el Gran Malecón. Allí, Bayona enfatizó en que si bien el Gobierno ahora está concentrado en la atención de las víctimas del terremoto y la reconstrucción, en 2 o máximo 3 meses hay que hacer una campaña con todos estos componentes que lleve el mensaje a los mercados internacionales de que Colombia está listo para recibir el turismo.
La encuesta, realizada en Bogotá por la Veeduría Distrital entre junio y septiembre de 2025, contó con la participación de más de 4.000 ciudadanos. Entre las mujeres consultadas, el 51,6 % manifestó haber vivido al menos una situación de acoso sexual callejero entre junio de 2024 y junio de 2025. La cifra fue del 15,8 % entre los hombres y del 56,9 % entre las personas de otras identidades de género.El temor también representa una de las principales conclusiones del estudio. El 95,4 % de las mujeres afirmó sentir miedo de ser víctima de acoso sexual callejero siempre o algunas veces. En el caso de los hombres, la cifra fue del 37,6 %, mientras que entre las personas de otras identidades de género llegó al 92,3 %.Esta percepción de inseguridad se refleja especialmente en los espacios públicos y el transporte de la capital. El 71,7 % de las mujeres encuestadas manifestó sentirse insegura o muy insegura en el transporte público, frente al 54,6 % de los hombres y el 69,2 % de las personas de otras identidades de género. En calles y espacios públicos, la percepción de inseguridad alcanzó el 83,1 % entre las mujeres, el 65,4 % entre los hombres y el 76,9 % entre otras identidades de género. La encuesta también permitió identificar los lugares que la ciudadanía considera de mayor riesgo. Para las mujeres, los principales son las calles oscuras, con 94,6 %; los lotes baldíos, con 92,1 %; las zonas de basura, con 90 %, y las zonas de construcción, con 83 %. Entre los hombres y las personas de otras identidades de género también aparecen como escenarios de mayor riesgo las calles oscuras y los lotes baldíos.En cuanto a los sitios donde más ocurren estas situaciones, las mujeres señalaron principalmente la calle, con 82,9 %, y los buses del sistema de transporte público, incluido TransMilenio, con 72,3 %. Los momentos de mayor ocurrencia son la tarde, con 75,4 %, y la mañana, con 61,3 %, lo que relaciona esta problemática con los desplazamientos cotidianos hacia lugares de estudio, trabajo y otras actividades.Las formas de acoso también son diversas. Entre las mujeres que reportaron haberlo vivido, las manifestaciones más frecuentes fueron las miradas o gestos morbosos, con 87,6 %; los silbidos, besos al aire y sonidos sexuales, con 78,9 %; los comentarios sobre el aspecto físico, con 72,1 %, y las palabras obscenas, con 67,1 %. La mayoría de quienes reportaron experiencias identificaron a hombres como los agresores. Para la Veedora Distrital, Adriana Herrera Beltrán, estas cifras muestran una realidad que no debe normalizarse y que exige fortalecer la prevención, mejorar las condiciones de seguridad en los espacios públicos y hacer más visibles y accesibles las rutas de atención y denuncia.Otro de los hallazgos está relacionado con la reacción de los ciudadanos que presencian estas situaciones. El 54,6 % de las mujeres, el 38,1 % de los hombres y el 70,8 % de las personas de otras identidades de género dijeron haber presenciado algún caso de acoso sexual callejero. Sin embargo, solo el 40,2 % de las mujeres y el 34,7 % de los hombres afirmó haber reaccionado o intervenido.Uno de los principales retos está en el desconocimiento de los mecanismos de denuncia. Solo el 27 % de las mujeres encuestadas sabe dónde denunciar un caso de acoso sexual callejero, mientras que el 73 % aseguró no saber dónde hacerlo. Además, únicamente el 8,3 % de las mujeres que participaron en la encuesta manifestó haber denunciado alguna situación.Frente a las instituciones, las mujeres manifestaron mayor confianza en la Secretaría Distrital de la Mujer, con 56,9 %; los hombres priorizaron la Línea 123, con 53,4 %, y las personas de otras identidades de género destacaron las Casas de Igualdad de Oportunidades, con 60 %.La Veeduría Distrital plantea que Bogotá cuenta con capacidades institucionales, pero el desafío está en articularlas y acercarlas a la ciudadanía. Por eso, recomienda fortalecer las acciones de prevención, protección, respuesta, denuncia y medición, así como también intervenir los puntos críticos de la ciudad, mejorar las rutas de atención, facilitar los reportes y promover una intervención ciudadana segura.Estas acciones están relacionadas con el Plan Distrital de Desarrollo “Bogotá Camina Segura 2024-2027”, que reconoce el acoso sexual callejero como un problema asociado a la seguridad, la movilidad, la autonomía y el derecho a una vida libre de violencias.
Bogotá inauguró once Paraderos Paralibros Paraparques, conocidos como PPP, que incorporan nuevas herramientas para acercar la lectura, la tecnología y la cultura a los ciudadanos.La iniciativa fue presentada por BibloRed en el marco de la celebración de los 488 años de la capital y busca convertir parques y otros espacios públicos en puntos de encuentro alrededor de los libros, el conocimiento y la participación comunitaria.La principal novedad de estos espacios es la incorporación de wifi gratuito y paneles solares, con los que se busca ampliar el acceso a la conectividad y, al mismo tiempo, contar con un modelo de funcionamiento más sostenible.Los 11 PPP para la innovación son resultado de un convenio firmado en 2025 entre BibloRed y los Fondos de Desarrollo Local de Usaquén, Santa Fe y Chapinero, alianza que permitió fortalecer estos espacios alternativos de lectura.Entre los puntos que hacen parte de esta nueva etapa están los PPP Cruces, CDC Lourdes, Hippies, Virrey Norte, Gustavo Uribe Botero, Altablanca, Plazoleta de Usaquén, Nueva Autopista, Santa Ana, Country y La Independencia.En estos espacios los ciudadanos podrán participar en actividades relacionadas con lectura, escritura y oralidad, además de acceder a contenidos y recursos digitales. Uno de los objetivos es facilitar el acercamiento de los habitantes de la ciudad a la Biblioteca Digital de Bogotá, que cuenta con más de tres millones de recursos.La apuesta también contempla reconocer la memoria y las particularidades de los territorios, así como promover que los parques sean apropiados por las comunidades como lugares para aprender, compartir y participar.Andrea Victorino, directora de Lectura y Bibliotecas de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte y BibloRed, explicó que la iniciativa busca llevar la lectura a escenarios cotidianos de la ciudad. “Con los nuevos Paraderos Paralibros Paraparques (PPP) para la innovación acercamos la lectura a los parques de la ciudad y ampliamos las posibilidades de encuentro con el conocimiento”, señaló.La funcionaria agregó que la conectividad gratuita y las soluciones sostenibles permiten fortalecer estos lugares como espacios de aprendizaje y participación, al tiempo que amplían las posibilidades de acceso a la cultura desde los territorios.Con la incorporación de estos 11 espacios, la capital cuenta con 95 Paraderos Paralibros Paraparques distribuidos en diferentes localidades.Los PPP funcionan como espacios alternativos de acceso a los libros y al diálogo comunitario. En ellos es posible realizar actividades de lectura en familia, consultar recomendaciones literarias y conocer los servicios de BibloRed.Cada uno dispone de una colección de más de 300 libros dirigidos a niños, jóvenes y adultos, con títulos de diferentes géneros.
Más de 40 municipios de Santander no han reportado, hasta el momento, afectaciones relacionadas con el sismo de magnitud 5,1 registrado este miércoles, cuyo epicentro fue localizado en el municipio de Los Santos, informó la Oficina de Gestión del Riesgo de Santander. Solo en ese municipio una casa presentó grietas leves, según el reporte. Eduard Sánchez, jefe de esta dependencia, explicó que el movimiento telúrico tuvo una profundidad de 147 kilómetros y que las autoridades avanzan en la recopilación de información desde los diferentes municipios del departamento.“Estamos esperando los reportes que se vienen haciendo a sala de crisis. A hoy, más de 40 municipios han reportado y no tenemos ninguna afectación significativa”, señaló Sánchez.La Gobernación de Santander indicó que todavía están pendientes los informes de otros 47 municipios, cuyos comités locales de gestión del riesgo aún no han entregado información sobre posibles daños en sus territorios.Le puede interesar: Fuerte temblor de magnitud 5.1 sacudió el territorio nacional este 26 de agostoLas autoridades buscan establecer la intensidad con la que el sismo fue percibido en las diferentes zonas de Santander y determinar si pudo ocasionar daños en infraestructura u otras situaciones derivadas del movimiento telúrico.“Seguiremos avanzando con esos reportes para lograr determinar la intensidad que hubiese podido generar este sismo y determinar si generó algún tipo de afectaciones en infraestructuras, en lesionados o en pérdidas de vidas”, agregó el funcionario.Finalmente, las autoridades confirmaron que no se registraron personas lesionadas ni pérdidas de vidas como consecuencia del sismo.Los organismos de gestión del riesgo mantienen activo el seguimiento y esperan completar los reportes de los municipios que aún no han entregado información.
Antioquia se ha caracterizado en los últimos años por ser uno de los departamentos más turísticos de Colombia. Por ejemplo, Medellín en 2025 recibió más de dos millones de visitantes, advirtiendo que el 58% de esta cifra corresponde a extranjeros.Al mismo tiempo, en la región se ha fortalecido la lucha por controlar la entrada de migrantes, a tal punto que el Aeropuerto José María Córdova en Rionegro, con 200 deportaciones, es el sexto del país con más trámites de este tipo en los últimos cuatro años.En el departamento la mayoría de los migrantes son de nacionalidad venezolana, con un total de 396 mil 335 personas. De esta cifra, 290 mil 928 venezolanos están regularizados, otros 39 mil 400 están en proceso y más de 66 mil no han hecho esta diligencia.Por eso, ante el anuncio del presidente Abelardo De La Espriella frente a posibles deportaciones, venezolanos en la ciudad insisten en que cada caso se evalúe de manera independiente y con todas las garantías. Yajaira Goita es líder de esta población en Medellín."Cada caso debe ser evaluado individualmente, porque los venezolanos que están ahorita aquí de manera irregular, no es porque quieren, es que no se le dio continuidad a un decreto que hizo el presidente Duque de otorgarnos un permiso de trabajo y el presidente Petro no le dio continuidad", sostuvo.La mayoría de los migrantes en Antioquia y Medellín tiene entre los 18 y los 29 años de edad, convirtiéndose en un factor fundamental para la permanencia en los territorios, dada su etapa productiva.
Después de más de un mes de espera, el cuerpo de Johan Sebastián Durán Guerrero regresó a Bucaramanga, la ciudad donde nació y creció, para que sus familiares y amigos puedan darle el último adiós.El joven será velado en la Funeraria San Pedro, en Bucaramanga, y posteriormente sus restos serán trasladados al cementerio Tierra Santa, donde se realizará el sepelio.La llegada del cuerpo marca el cierre de una larga espera para la familia Durán Guerrero, que durante las últimas semanas adelantó gestiones para lograr la repatriación del joven, mientras sus padres viajaron a Estados Unidos para exigir respuestas sobre las circunstancias de su muerte.Sobre la muerte de Johan Sebastián Ocurrió 13 de julio de 2026 en Biddeford, Maine, después de recibir varios disparos de un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE). El caso provocó indignación en esa ciudad y, posteriormente, generó pronunciamientos de autoridades y organizaciones defensoras de los derechos de los migrantes.Sobre su vida en Estados Unidos Durán Guerrero había llegado a Estados Unidos en 2023 en busca de oportunidades para sacar adelante a su familia. Vivía en Biddeford junto con su esposa, Karolina Rojas, y su hija de tres años. Sus familiares y compañeros de trabajo lo describieron como un hombre trabajador, dedicado a su familia y con proyectos para el futuro.En Estados Unidos contaba con autorización para trabajar y, según información de su familia y organizaciones de apoyo a migrantes, tenía número de Seguro Social y adelantaba trámites relacionados con su permanencia en ese país. Trabajaba en labores de limpieza y también realizaba entregas para sostener a su familia.Le puede interesar: Pintan enorme mural en EEUU para recordar al colombiano Johan Durán, asesinado por ICELa muerte de Johan Sebastián ocurrió cuando agentes de ICE realizaban un operativo en Biddeford. La versión entregada inicialmente por el Departamento de Seguridad Nacional señala que los funcionarios buscaban a otra persona y que Durán Guerrero habría intentado escapar en un vehículo, situación que, según las autoridades estadounidenses, llevó al agente a disparar al considerar que existía un riesgo para la seguridad pública.Sin embargo, con el paso de las semanas han surgido nuevos elementos alrededor del caso. En una audiencia realizada en Maine, la congresista Chellie Pingree señaló que el objetivo de la operación habría sido el compañero de vivienda de Johan, quien era propietario del vehículo que conducía el colombiano. También afirmó que Durán Guerrero no tenía una orden final de deportación y que contaba con un permiso de trabajo mientras adelantaba un proceso de asilo. El Departamento de Seguridad Nacional mantiene su versión y asegura que la operación estaba dirigida contra una persona con una orden final de expulsión.La investigación sobre el uso de la fuerza por parte del agente continúa en manos de la Fiscalía General de Maine. El funcionario involucrado fue puesto inicialmente en licencia administrativa mientras avanzaban las pesquisas.Para la familia de Johan, la llegada de sus restos representa finalmente la posibilidad de despedirlo en su tierra natal, pero también mantiene vivo el reclamo de justicia y de esclarecimiento de lo ocurrido aquella mañana en Biddeford.En Bucaramanga, el recuerdo del joven ya había congregado a familiares, amigos y vecinos del barrio La Victoria, donde creció. Allí se realizó una velatón pocos días después de su muerte, con oraciones, velas blancas y mensajes en los que se reclamaba que su caso no quedara en el olvido.Ahora, sus seres queridos podrán acompañar a Johan Sebastián en su último recorrido por Bucaramanga, la ciudad a la que regresó después de haber partido en busca de un futuro mejor y donde finalmente descansará.