El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, exigió hoy al Gobierno de Venezuela que respete a los colombianos que habitan en sus zonas de frontera y consideró "inaceptables" los maltratos de que son objeto sus compatriotas en el estado Táchira, tras el cierre de la frontera ordenado por el presidente del vecino país Nicolás Maduro.
“No es momento de hacer sonar las trompetas de guerra que muchos quisieran escuchar es momento de actuar con sensatez y eficacia para defender la vida de nuestros compatriotas. Al gobierno de Venezuela la exigimos respeto por todos los colombianos desde el más humilde hasta el más poderoso, desde los más cercanos hasta los que más nos critican duramente”, aseguró el presidente.
“Mañana la canciller María Ángela Holguín, el ministro del Interior y el ministro de Defensa se reunirán con la canciller venezolana para encontrar soluciones conjuntas y también para protestar por la forma como han sido maltratados nuestros compatriotas, todo ser humano debe ser tratado con respeto y dignidad, y merece un debido proceso y eso es lo que vamos a exigir”, afirmó el mandatario colombiano
Santos rechazó enérgicamente la forma como han procedido las autoridades del vecino país y aseguró que “allanar viviendas, sacarlos a la fuerza, marcar casas, son procedimientos totalmente inaceptables que recuerdan episodios lamentables de la humanidad que no pueden repetirse”.
De igual manera el presidente Santos se refirió al tema del contrabando, argumento utilizado por el gobierno venezolano para cerrar la frontera y señaló que, “si el problema es el contrabando o las bandas delincuenciales, no hay nada más ineficaz que cerrar los sitios legales de acceso fronterizo”.
Agregó además que Colombia es el primer interesado en combatir estos delitos y en colaborar con las autoridades del vecino país en la lucha contra estos flagelos, pero señaló que estos inconvenientes no son solo de “este lado del territorio” y que “en eso hay un tema de corresponsabilidad, las fuerzas militares de los dos países deben dedicarse a controlar los puntos fronterizos”.
De igual manera Santos enumeró al principio de su intervención, las diferentes medidas que ha tomado el gobierno desde que se presentó el cierre de la frontera, y señaló las diferentes medidas que se tomaron para proteger a los colombianos que han sido deportados.
Añadió el primer mandatario que hace 3 días dio instrucciones al ministro del Interior para que se trasladara inmediatamente a Cúcuta con una delegación del Gobierno. “El lunes la ministra de Relaciones Exteriores viajó a Cúcuta y ahí se conformó, por varias entidades del Estado, lo que hemos llamado la ‘mesa humanitaria unificada’ para monitorear la situación en la frontera que afecta a los colombianos”.
“En ese momento llamé al doctor Carlos Iván Márquez, se encontraba en la Patagonia, interrumpió sus vacaciones y en ese momento allá está. En los albergues atendiendo a los colombianos, a nuestros compatriotas”, añadió el presidente Santos.
Dijo también que hasta el momento 1.071 compatriotas han sido deportados, de los que 608 han sido trasladados a los albergues ubicados en Cúcuta y Villa del Rosario, “el resto se están quedando con sus amigos o familiares. A todos desde el comienzo se les están dado asesoramiento en salud, asesoría jurídica y la búsqueda de sus familiares y cualquier necesidad que tengan se les está atendiendo”.
“Hoy podemos decir que no hay un solo colombiano deportado que no esté durmiendo bajo techo con un colchón, con alimentación, sus elementos de aseo y las condiciones mínimas necesarias para su bienestar”, finalizó.
El siguiente es el discurso completo del presidente Juan Manuel Santos:
Hace un par de horas hablé con Graciela Portilla.
Ella es una colombiana que reside desde hace más de 40 años en Venezuela, donde tuvo a sus hijos e hizo su vida.
Hace tres días llegó de improviso la Guardia Bolivariana a su casa, se la marcaron, la sacaron, y demolieron la mitad de su vivienda, mientras en la otra mitad estaban sus hijos menores, de 16, 7 y 3 años.
La subieron en unas cajas, y la llevaron al otro lado de la frontera –a Colombia– y solo al día siguiente dejaron salir a sus hijos para que se reunieran con ella. Ahora están en un albergue en Cúcuta.
Ese es el drama que están sufriendo centenares de nuestros compatriotas en Venezuela por la decisión del Gobierno de ese país de cerrar la frontera y tomar medidas contra los inmigrantes colombianos, amparadas en estados de excepción.
La situación de nuestros compatriotas en Venezuela –y la de los que viven en la zona de frontera– nos preocupa, y por eso convoqué hoy a la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores, a la que acabo de informar en detalle sobre las acciones que hemos tomado.
Apenas se dio el cierre de la frontera, di instrucciones para que se trasladara a Cúcuta una delegación del gobierno liderada por la Ministra de Relaciones Exteriores y el Ministro del Interior.
Se conformó, por varias entidades del Estado, la Mesa Humanitaria Unificada, para monitorear la situación en la frontera y lo que sucede con los colombianos afectados.
Hasta este momento, 1.071 compatriotas han sido deportados, de los cuales 608 fueron trasladados a albergues –tanto en Cúcuta como en Villa del Rosario–, y el resto se está quedando con sus amigos o familiares.
Estamos dándoles asistencia en alojamiento, salud, asesoría jurídica, búsqueda de sus familiares, entre otras necesidades.
Hoy podemos decir que no hay un solo colombiano deportado que no esté durmiendo bajo techo, con un colchón, con alimentación, elementos de aseo y las condiciones mínimas necesarias para su bienestar.
También estamos vigilando temas sensibles como el de la especulación con el combustible en la frontera.
Le he dado instrucciones al Ministro de Minas y Energía para que se garantice el suministro, ampliando los cupos de la gasolina subsidiada si fuera necesario.
No podemos permitir que los especuladores hagan su agosto con esta situación, y le pido a la ciudadanía que nos ayude a controlar y denunciar.
Lo que más nos preocupa, por supuesto –lo que es absolutamente intolerable–, es el maltrato a nuestros compatriotas, y la afectación a la población en la zona de frontera.
Si el problema es el contrabando y las bandas delincuenciales, como aduce Venezuela, nada más ineficaz y contraproducente que cerrar los sitios legales de acceso fronterizo.
Colombia es la más interesada en combatir el contrabando y estamos siempre dispuestos a cooperar.
Aquí hay un tema de corresponsabilidad –además– porque este delito ocurre a ambos lados de la frontera.
Por eso –por ejemplo–, las Fuerzas Militares de los dos países deberían dedicarse a taponar las trochas y accesos ilegales, que es donde el contrabando realmente ocurre, en lugar de cerrar los puentes por donde se mueve el comercio legal, como lo ha hecho el Gobierno venezolano.
Situaciones como la que hoy se presenta con el vecino país deben solucionarse con firmeza pero con prudencia, privilegiando siempre el diálogo y las vías diplomáticas, y eso es lo que estamos haciendo.
Mañana, nuestra Canciller María Ángela Holguín –junto con los ministros del Interior, de Defensa y de Comercio– se reunirá con la Canciller venezolana para buscar soluciones conjuntas y para sentar también nuestra protesta por la forma en que han sido maltratados nuestros compatriotas.
Todo ser humano –aun si estuviera en un país sin todos los papeles legales– merece ser tratado con RESPETO y DIGNIDAD, y merece un debido proceso. Y eso es lo que vamos a exigir.
Allanar las viviendas, sacar a la fuerza a los habitantes, separar las familias, no dejarles sacar sus pocos bienes y marcar las casas para luego demolerlas, son procedimientos totalmente inaceptables y recuerdan episodios amargos de la humanidad que no pueden repetirse.
Estamos haciendo todas las gestiones necesarias para que los colombianos deportados puedan rescatar los bienes y enseres que tuvieron que dejar, y para que las familias se reúnan.
Ya hay un principio de acuerdo para que entren a Venezuela camiones colombianos, con los deportados, para que ellos mismos recojan sus pertenencias.
No es momento de hacer sonar las trompetas de guerra que algunos quisieran escuchar.
Es momento de obrar con firmeza, con sensatez y eficacia para solucionar esta situación y defender las vidas y la dignidad de nuestros compatriotas.
Al gobierno de Venezuela le exigimos RESPETO por todos los colombianos: desde los más humildes hasta los más poderosos; desde los más cercanos a nuestro gobierno hasta los que nos critican ferozmente.
Pero lo haremos por las vías de la diplomacia y el diálogo, que es como se entienden las naciones civilizadas.
Qué triste ver que esta situación es utilizada –en ambos países– para promover intereses políticos, que buscan pescar en río revuelto, teniendo en cuenta la proximidad de las elecciones regionales en Colombia y de las elecciones legislativas en Venezuela.
No podemos permitir esto. Los intereses de la patria –de las dos patrias– deben estar por encima de los afanes politiqueros.
Así hemos obrado siempre en Colombia y así debemos seguirlo haciendo: “La Patria por encima de los partidos”, como dijo en frase célebre el general Benjamín Herrera a comienzos del siglo pasado.
Los discursos incendiarios solo hacen eso: incendian y echan leña al fuego. Es la hora de los bomberos, no de los pirómanos.
Como Presidente, rodeado por las instituciones democráticas, mi deber es lograr soluciones con SERENIDAD y teniendo siempre como norte la protección de los derechos de los colombianos.
Con ese propósito, he ordenado a varios ministros del Gabinete que se desplacen mañana a la frontera para apoyar a la población afectada.
Los colombianos pueden tener la certeza de que, con prudencia y diplomacia –que no riñen con la firmeza y la autoridad–, vamos a seguir defendiendo nuestra soberanía y los derechos de nuestros compatriotas.
Ellos cuentan con un Gobierno y con todo un país que los respalda.
Buenas tardes.