La Fiscalía imputó cargos por el delito de interés indebido en la celebración de contratos al exgerente de la empresa Bioenergy, Javier Leonardo Flórez Muñoz, y al exrepresentante legal de la empresa española Isolux Corsal, Ignacio Juan Revilla Fernández.
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Al parecer, hubo irregularidades en la adjudicación de un contrato a la empresa Isolux Corsan para la construcción de la planta de etanol en Puerto López (Meta) y que tenía un costo inicial de 138.6 millones de dólares.
Los investigadores encontraron que aunque se presentaron dos consorcios con más experiencia, el gerente de Bioenergy aprobó la construcción de Isolux Corsan “sin tener la experiencia técnica en la planta industrial de alcohol carburante, lo que llevó a generar retrasos en las obras”.