Después de escuchar a la Fiscalía, al representante de la Procuraduría y la defensa sobre la solicitud de revocar la medida de aseguramiento para los siete políticos del Atlántico vinculados al caso de compra y venta de votos a favor de la excongresista Aida Merlano, el juez sexto penal del circuito con funciones de conocimiento decidió mantener en libertad, pero vinculados al proceso, a cada uno de los investigados.
El togado consideró que no hay inferencia razonable de autoría en el polémico caso de corrupción electoral.
En cuanto al delito de concierto para delinquir indicó que no es lo mismo un concierto para compra de votos a un homicidio o secuestro y que por tanto debe haber una gradualidad. También consideró que el delito de corrupción al elector debe demostrarse.
El togado consideró que el tiempo le ha dado la razón al juez anterior, quien no consideró que en ellos habría peligro de reincidencia del delito ni vio posible que pudieran obstruir a la justicia.
De esta manera, los diputados Margarita Ballen y Jorge Rangel, los concejales Aissar Castro Bravo y Juan Carlos Zamora Callejas, el exconcejal de Barranquilla Aissar Castro Reyes y el exconcejal de Soledad Vicente Támara Chamorro continúan con medida no privativa de la libertad.
Asimismo, como sucedió en primera instancia, el juez se abstuvo de imponer medida alguna contra la excandidata a la Cámara de Representantes Lilibeth Llinás.
Cabe decir que si bien los políticos siguen comprometidos a comparecer ante la justicia cada vez que sean llamados, el juez les revocó la medida restrictiva de salir del país porque los indiciados han demostrado su voluntad de colaborar con las autoridades.