En 2019, Aida Merlano Rebolledo ocupó los primeros titulares tras fugarse de un consultorio odontológico al norte de Bogotá. Hoy, 7 años después, el Ministerio Público está confirmando en un fallo de segunda instancia la destitución e inhabilidad por 10 años contra la exdirectora de la cárcel El Buen Pastor.La Procuraduría pudo comprobar que Diana Muñoz entregó las boletas hospitalarias y la orden judicial para la salida del centro de reclusión de Aida Merlano con el objeto de realizarse un procedimiento estético dental, sin autorización del Inpec.La misma sanción fue impuesta al excomandante de custodia, David Álvarez, quien suscribió la remisión médica de Merlano sin las medidas de seguridad necesarias; y a la exsubdirectora, Katherine Lozano, por aprobar el traslado de Merlano al consultorio médico, el 26 de septiembre y 1 de octubre de ese mismo año.Pero además la Procuraduría suspendió por tres meses al exdragoneante, Luis Ballesteros, por permitir el encuentro familiar de la exfuncionaria con sus hijos, durante una cita médica.En su decisión, la Procuraduría concluyó que los funcionarios disciplinados vulneraron los principios de moralidad, responsabilidad, transparencia y eficacia que rigen la función pública.Ahora, en materia penal, la excongresista Aida Merlano Rebolledo fue condenada a tres años y seis meses de prisión, además de igual período de inhabilidad para ejercer funciones públicas, tras aceptar su responsabilidad en los hechos relacionados con su fuga durante una cita odontológica en el norte de Bogotá el 1 de octubre de 2019.
Reapareció públicamente la excongresista Aida Merlano, esto, en medio de una audiencia preparatoria donde la Fiscalía General de la Nación presentó ante el juzgado 18 penal del circuito de Bogotá el preacuerdo suscrito entre Merlano y el ente acusador por el delito de fuga de presos.Todo esto, tras la cinematográfica fuga que protagonizó Merlano en octubre de 2019 mientras asistía a una cita odontológica en Bogotá y saltara desde un tercer piso con ayuda de una cuerda.Merlano tuvo unos minutos para dirigirse a la juez y, entre lágrimas, aseguró que en la guarnición militar donde está recluida actualmente siente más tranquilidad y que no se arrepiente de haberse fugado, pero sí de los delitos que la llevaron a estar presa la primera vez."Ahora mismo yo tampoco quiero salir de donde estoy porque me siento tranquila, solamente yo sé las razones que me llevaron a fugarme y quiero decirle por mi propia voluntad que yo estoy muy arrepentida, no de haberme fugado porque no me arrepiento de eso. Me arrepiento de haber cometido errores, entre esos los delitos que me llevaron a estar privada de la libertad por primera vez", añadió la excongresista.Para la Procuraduría, el preacuerdo suscrito entre la Fiscalía y Aida Merlano se ajusta a la legalidad, entre tanto, la jueza fijó para el próximo 5 de diciembre la fecha de lectura donde se conocerá si se imparte legalidad al preacuerdo.La Fiscalía llamó a juicio a Merlano Rebolledo hace ya casi 2 años.Según el documento del ente acusador, la excongresista aprovechó para lanzarse por la ventana del consultorio que daba al parqueadero del edificio, con la ayuda de una cuerda y guantes, elementos que le fueron suministrados por terceros, más un entramado de corrupción por parte de funcionarios del Inpec y de particulares que facilitaron su fuga.
Por octava ocasión fue aplazada la audiencia de imputación de cargos contra Julio Gerlein y los abogados Diego Muñeton y Antonio Deyongh por supuesto soborno en la fuga de la excongresista Aida Merlano, en octubre de 2019. De acuerdo con información entregada por el juzgado 36 penal municipal con función de control de garantías de Bogotá, el fiscal del caso solicitó el aplazamiento debido a que tenía en curso otra diligencia que le impedía atender esta. "El fiscal 104 Delegado ante el Tribunal Superior de Bogotá Dr. Daniel Ricardo Hernández Martínez manifiesta que retira la misma como quiera que se encuentra asistiendo a diligencia ante otro Estrado Judicial", indica el documento. Este caso, se remonta al agosto de 2023, cuando la Fiscalía radicó la solicitud de imputación de cargos, tras la denuncia presentada por Miguel Ángel del Río, quien funge como abogado defensor de Aida Merlano, por presuntos ofrecimientos económicos por parte de Gerlein, Muñeton y Deyongh, a la excongresista, para que no entregara información una vez hablara ante la Corte Suprema de Justicia. Desde entonces han sido programadas en ocho ocasiones las audiencias, pero estas han sido aplazadas por diferentes solicitudes de la Fiscalía. Para el caso de la más reciente, aún no ha sido entregada una fecha tentativa para la nueva audiencia. Del caso se conoce que Gerlein y Deyonhg serían imputados por soborno en actuación penal. Entre tanto, para el caso del abogado Muñeton, este sería por el mismo delito y también como determinador de falso testimonio.
Este jueves, 21 de marzo, el Tribunal Superior de Bogotá ratificó la condena contra la influencer Aida Victoria Merlano por su complicidad en la fuga de su madre, la excongresista Aida Merlano, de un consultorio médico en Bogotá en el año 2019.El tribunal no solo ratificó la culpabilidad de Merlano hija sino que hizo una corrección al fallo de primera instancia aumentando la pena de 7 a 13 años y ocho meses de cárcel, y sin el beneficio de casa por cárcel.Un golpe judicial que sin duda recibió la joven que actualmente se dedica a crear contenido para redes sociales. Y precisamente, fue por ese canal que Aida Victoria se comunicó horas antes de conocer su sentencia. A través de su cuenta de Instagram dedicó un mensaje a sus seguidores asegurando: "mañana podrían condenarme y mandarme a la cárcel o me puede absolver. pero no puedo llorar desde ahora que no ha pasado. Lo único que tenemos es el hoy, y hoy fui muy feliz". En otros post Merlano aseguró que su captura fue violenta porque "le pusieron un arma en la espalda" y que todo fue por montar un "show judicial". "Al final la tragedia más grande de mi vida, fue a la vez mi mayor bendición. Claro que me quebró, pero me obligó a reconstruirme pedazo a pedazo y me ha hecho lo que soy. Quédense con algo y es que si Aida, pudo pasar de la tragedia a la Victoria, todo lo malo que nos pasa no es para mal", comentó la joven en su red social. Los delitos de los que se le responsabilizó a Merlano fueron los relacionados con fuga de presos y uso de menores para la comisión de delitos.
La Fiscalía presentó el escrito de acusación contra Aida Merlano Rebolledo, por el delito de fuga de presos tras los hechos ocurridos el 1° de octubre del 2019, cuando la excongresista, quien se encontraba presa en la cárcel El Buen Pastor, por una medida de aseguramiento impuesta por la Corte Suprema de Justicia, aprovechó que se encontraba en una cita en el centro Médico de la Sabana, por un procedimiento estético practicado por el odontólogo particular Javier Guillermo Cely Barajas, para escaparse.Según el documento de la Fiscalía, la excongresista aprovechó para lanzarse por la ventana del consultorio que daba al parqueadero del edificio, con la ayuda de una cuerda y guantes, elementos que le fueron suministrados por terceros, más un entramado de corrupción por parte de funcionarios del Inpec y de particulares que facilitaron la fuga de Merlano Rebolledo.Según la Fiscalía, Aida Merlano, conocía que fugarse de su sitio de reclusión, que en ese momento era la cárcel Buen Pastor, estando privada de la libertad, era una conducta contraria a la ley y quiso hacerlo. Además señala que la excongresista tenía la plena capacidad para comprender la ilicitud de su actuación y tenía absoluta claridad de las consecuencias legales de fugarse al estar presa.Razón por la cual, la Fiscalía presentó el escrito de acusación por el delito contemplado en el artículo 448 del código penal, cuya sanción establece una pena de prisión de 48 a 104 meses de cárcel, y este jueves 16 de noviembre será acusada formalmente en audiencia pública.Aida Merlano indicó que los Char y Gerlein tienen que ver con su fugaAida Merlano denunció que los Char y Gerlein contrataron al criminal alias ‘Salvador’ para su fuga y reveló tres nombres de presuntos criminales que, según ella, fueron contratados por los Char y Gerlein para consumar su huida y luego secuestrarla.Además, la excongresista denunció a Alejandro Char, Arturo Char, Fuad Char y a Julio Gerlein porque, supuestamente, enviaron a sus abogados a visitarla a la cárcel Buen Pastor en 2019, para que no declarara contra ellos en la Corte Suprema sobre la presunta compra de votos en atlántico. La denuncia relata que Sergio Cadena, un abogado de Arturo Char, no solo visitó en la cárcel a Aida Merlano para decirle que cambiara su testimonio, sino que también apareció en la diligencia de Aida Merlano en la Corte Suprema, y producto de su presencia, ella en ese momento no hizo mención a los Char y a los Gerlein.Según la denuncia, justo antes que Aida Merlano entrara a esa diligencia, dentro de las instalaciones de la corte, la dragoneante del Inpec que la custodiaba le dijo que tenía una llamada, y en esa una persona le dijo: “Si usted quiere a su familia quédese con la boca callada”. Por miedo a que le pasara algo a sus hijos, Aida Merlano no dijo nada sobre ellos en esa diligencia.Otra revelación que hizo Merlano en la denuncia, es que tres días antes de la fuga, la excongresista tuvo una videollamada con un hombre identificado como ‘Salvador,’ a quien Merlano describe con un acento monteriano y de tez morena, y quien se encontraba acompañado con Arturo Char, Alejandro Char, Fuad Char y Julio Gerlein, donde se ultimaron detalles del escape de la excongresista, la ruta por la cual debía huir, así como elementos que servirían para un cambio de vestuario o la cuerda por la cual debía bajar desde el tercer piso de la clínica.Para Aida Merlano, Alejandro Char y Fuad Char “no solo idearon, sino que planearon el entramado criminal mediante la contratación de una organización criminal liderada por quien se identificaba como alias ‘Salvador’, pero donde también salen a relucir los alias de ‘El Paisa’ y ‘Juan Carlos’, quienes estuvieron involucrados no solo en la fuga, sino también, según Aida Merlano, en su secuestro donde sufrió abusos sexuales y golpizas.Cabe recordar que según la versión de la excongresista, luego de haberse fugado del consultorio odontológico el 1 de octubre de 2019, ella fue llevada a un apartamento en Bogotá, donde estuvo secuestrada y luego fue llevada contra su voluntad a Valledupar, donde logró escapar de sus captores para irse a Venezuela.Producto de esta denuncia y varias investigaciones, la Fiscalía imputará los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal a los abogados Antonio Deyong, Diego Muñetón y al empresario Julio Gerlein.
El pasado 1 de octubre de 2019 se dio la fuga de la excongresista Aida Merlano en Bogotá, que, según la Fiscalía General de la Nación, habrían sido dos hermanos los que la ayudaron a realizar su escape. Se trata de Kerly Pineda Matallana y su hermano Juhass, quienes habrían estado con la excongresista cuando esta escapó en una moto. Ella le habría ayudó a levantarse del suelo y él habría conducido el vehículo.Los hermanos aceptaron los cargos imputados por la fuga de Aida Merlano. Sin embargo, un juez rechazó esa aceptación de cargos debido a que "no se logró demostrar que los Pineda Matallana cometieran el delito de favorecimiento en la fuga de presos".El juez argumentó que los hermanos Pineda Matallana aceptaron su responsabilidad en el delito de favorecimiento de fuga en la audiencia de imputación, la Fiscalía no logró probar y evidenciar que ellos si cometieron esa supuesta conducta delictiva.“La figura del interviniente exige que su participación haya sido acordada con alguien que efectivamente ostente la condición especial necesaria, según el tipo penal y dicha circunstancia no ha sido debidamente comprobada, particularmente porque ni 'el boyaco', ni el 'paisano' ni 'Javier', tienen vínculos con el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), como tampoco lo tienen los propios procesados", aseguró el juez durante la audiencia.Si bien es cierto que, cuando un procesado acepta cargos, renuncia a su derecho de no auto incriminarse y a un juicio, no renuncia a la presunción de inocencia. En este caso, la Fiscalía no aportó el mínimo de evidencia para corroborar que los procesados eran culpables.Es por esto que, según el juez, así los hermanos hayan aceptado su responsabilidad, la presunción de inocencia es una derecho que tiene todo investigado; asimismo, dijo que los procesados no cumplen con la calidad especial requerida para configurar el delito de fuga de presos, descrito en el artículo 449 del Código Penal, razón por la cual tumbó la aceptación de cargos. "El juzgado 56 de conocimiento resuelve: improbar el allanamiento a cargos realizados por Juhass Pineda Matallana y Jelissa Kerly Pineda Matallana, por la conducta punible de favorecimiento de la fuga (...) La propuesta de admisión justificada en la violación de garantías fundamentales específicamente en lo que concierne con la tipicidad estricta, igualmente no es menos importante una ausencia del medio de convicción que permita establecer la participación de los procesados en el evento delictivo. Conforme con la jurisprudencia consolidada, la conducta delictiva objeto de análisis requiere la presencia de alguna condición especial para su configuración, es decir que dicho delito haya sido perpetrado por un servidor público o una persona particular encargada de la custodia del condenado”, indicó.Lo que viene ahora es que la Fiscalía debe retomar la investigación, pero no estuvo de acuerdo con la decisión de juez, y apeló la decisión y será el Tribunal Superior de Bogotá el que resuelva este caso.Le puede interesar
Blu Radio conoció que la excongresista Aida Merlano está negociando un principio de oportunidad con la Fiscalía General de la Nación por su fuga de prisión. Sin embargo, ella irá a juicio y a la audiencia de acusación que tiene programada para el 29 de septiembre a las 2:00 de la tarde, allí, debe responder por haberse fugado en 2019.La diligencia de acusación contra Aida Merlano se podría cancelar si logra firmar con la Fiscalía General de la Nación, solo por el delito de fuga de presos. Este es otro proceso que se suma en su contra, pues fue condenada por la Corte Suprema, con cinco años y seis meses de cárcel, por el delito de violación de los topes en campañas electorales, además, una condena por concierto para delinquir y corrupción al sufragante de 11 años.Cabe recordar que el principio de oportunidad es un mecanismo judicial usado por la Fiscalía General de la Nación para interrumpir, suspender, o renunciar a un proceso penal, teniendo en cuentas las circunstancias exigidas por la ley.Las dos personas que ayudaron en la fuga de MerlanoEste viernes, 28 de julio, se cursó la audiencia donde la Fiscalía imputó el delito de fuga de presos contra Jelissa Matallana, quien fue la persona que levantó del suelo a Aida Merlano , además de Juhas Pineda, quien la habría recogido en la moto para huir el 1 de octubre de 2019, en Bogotá.Estas dos personas aceptaron que fueron contratados para la fuga de la excongresista , quien estaba recluida en la cárcel Buen Pastor de Bogotá y quien estaba en un consultorio odontológico porque tenía permiso para atender esa cita médica, la cual aprovechó para volarse.Le puede interesar
Este miércoles, 6 de septiembre, la Corte Suprema emitió una orden de captura internacional contra el exsenador Arturo Char Chaljub, investigado por los presuntos delitos de concierto para delinquir y corrupción de sufragante agravados. La decisión va acompañada de una circular roja de la Interpol, teniendo en cuenta que el procesado tiene su lugar de residencia en Estados Unidos.La Corte Suprema explicó que la investigación contra Arturo Char son por hechos relacionados con el "supuesto acuerdo delictivo para comprar votos en Atlántico, el cual posiblemente se materializó en octubre de 2017, y en que habría intervenido un número plural de personas, entre otros Aida Merlano Rebolledo.Para la Corte dicho concierto delictivo habría ido más allá de un simple convenio político, "en la medida en que, supuestamente, para conseguir la elección de Aida Merlano Rebolledo en el Senado; de Lilibeth Llinás Delgado en la Cámara y la propia reelección de Arturo Char en el Senado, se habrían ejecutado delitos contra los mecanismos de participación democrática, a través de la compra de votos para estos tres candidatos".Para la Sala Especial de Instrucción del alto tribunal, las pruebas en la investigación permitieron sustentar la medida de aseguramiento contra Char, y definen que la determinación también obedece al "comportamiento" del procesado que pone en duda su comparecencia en el caso.Según estableció Blu Radio, en el expediente contra Arturo Char existen documentos y testimonios que demostrarían que el expresidente del Senado posiblemente “organizó, promovió y financió una estructura delictiva para atentar contra los mecanismos de participación democrática”, que habría facilitado la compra de votos en el marco de las elecciones al Congreso celebradas el 11 de marzo de 2018.Dentro del material probatorio que reposa en la Corte contra Arturo Char están los testimonios de Aida Merlano, Rafael Antonio Rocha, Rafael Palencia Barrera, Edwin Martínez Salas, Evelin Diaz y Adalberto Llinás.Además de estos testimonios entregados ante la Corte, hay documentos y otros elementos digitales obtenidos en el allanamiento a la “Casa Blanca” que muestran varios momentos en los cuales Arturo Char pudo encontrarse involucrado en la creación y dinámica de un entramado delictivo, que, según testigos, pretendería asegurar la hegemonía política de su familia en el Atlántico y posteriormente apoyar con esa misma estructura, la aspiración presidencial de Germán Vargas Lleras en el 2018.De acuerdo con las pruebas que reposan en la Corte, por ese motivo, con base en una metodología proselitista al parecer ilegal, Arturo Char apoyó la aspiración de Aida Merlano al Senado en 2018, pese a ser una candidata del Partido Conservador, partido diferente a Cambio Radical, que era el partido de Char.Según los testigos, el acuerdo habría consistido en que la fórmula de Merlano fuera Lilibeth Llinás, de Cambio Radical, entrañable amiga de Arturo Char, así como su hermano Adalberto Llinás, quien desde 'Casa Blanca' habría sido coordinador de la campaña de su hermana, y al mismo tiempo de la de Arturo Char, para la compra de 10.000 votos.Según varios testimonios recolectados dentro de la investigación, Arturo Char Chaljub visitó la sede 'Casa Blanca' entre octubre y diciembre de 2018, según Merlano y Rocha, con el propósito de concretar la presunta alianza criminal que sustenta el delito de concierto para delinquir por el cual es investigado el exsenador de la República.Ahora, la Corte Suprema procederá a resolver la situación jurídica de Arturo Char, es decir, si le imponen o no medida de aseguramiento por los dos delitos que fueron objeto de imputación en la diligencia de indagatoria.Cabe recordar que por estos hechos desarrollados desde su sede política conocida como la 'Casa Blanca' en Barranquilla, Aida Merlano Rebolledo fue condenada a 15 años de cárcel, por la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte el 12 de septiembre de 2019, confirmada por la Sala de Casación Penal el 28 de marzo de 2020.
Los representantes que integran la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes decidieron abstenerse de abrir investigación en contra del presidente de la República, Gustavo Petro, por una denuncia interpuesta por un ciudadano en el año 2021, cuando este era senador de la República, al considerar que estaba incitando a la violencia al convocar a movilizaciones.El ciudadano, identificado como Ricardo Castiblanco, presentó una denuncia a la Procuraduría, pero al perder la competencia, la denuncia llegó a la comisión. Sin embargo, al momento de ser llamado a ratificar sus argumentos, no respondió a los llamados, por lo que los congresistas decidieron cerrar la investigación que se adelantaba.Es de señalar que, los más recientes señalamientos contra la presunta financiación irregular de la campaña del presidente Petro en el año 2022, y los cuales no habrían sido reportadas en dicha campaña, continúan hasta que se resuelvan las recusaciones que se tienen contra los representantes Gloria Arizabaleta, Alirio Uribe, Alejandro Ocampo, Katherine Miranda y Olga Lucia Velásquez.Durante la sesión se presentó una proposición para archivar una indagación contra el fiscal general, Francisco Barbosa, quien fue denunciado por “no actuar” en el proceso contra los Char y Gerlein, quienes son mencionados por Aída Merlano en el proceso por corrupción electoral en la Región Caribe, sin embargo, no se votó por falta de Quórum.En los próximos días está previsto que se convoque nuevamente la comisión para continuar con el análisis de los procesos que se adelantan contra los aforados. Es de señalar que estas sesiones son a puerta cerrada.Le puede interesar:
Este miércoles 16 de agosto se radicó solicitud de audiencia de imputación y medida de aseguramiento contra del abogado Diego Muñetón por los delitos de: soborno en la actuación penal y determinador de falso testimonio. Asimismo, contra el abogado Teodoro Antonio Dejón y el señor Julio Gerlein Echeverria por el delito de soborno en la actuación penal.La diligencia quedó programada para el 19 de octubre a las 8:00 a.m. ante un juez de control de garantías en Bogotá.Los hechos están relacionados con las denuncias presentadas por el abogado Miguel Ángel del Río quien en representación de Aida Merlano denunció que la excongresista habría recibido ofrecimientos económicos de estas personas para que ella guardara silencio en sus declaraciones ante la honorable Corte Suprema de Justicia.Las denuncias fueron del pasado 25 de abril, pues desde la cárcel El Buen Pastor, en Bogotá, un fiscal se reunió con Aida Merlano en una diligencia que duró casi seis horas.Allí, la excongresista declaró sobre la alteración y desaparición de sus registros de visitas que habrían sido borrados por el centro penitenciario, según indicaron la excongresista y su abogado Miguel Ángel del Río, pero también sobre la supuesta organización y financiación de su fuga, que, según ella, fue organizada por los Char y Julio Gerlein.Más personajes envueltos en la fuga de Aida MerlanoHace pocos días fueron judicializados dos personas más de Aida Merlan. Se trata de los hermanos Juhass y Kerly Pineda Matallana, quienes admitieron haber brindado apoyo a la excongresista en su intento de evasión a la justicia.Según la Fiscalía, el hecho ocurrió el 1 de octubre de 2019, cuando Aida Merlano se fugó de un consultorio odontológico ubicado en Usaquén, utilizando una cuerda para descender desde una ventana del edificio.Los hermanos Pineda Matallana, según la investigación de la Fiscalía, estaban presentes afuera del consultorio en ese momento. Esta información sobre la imputación de cargos y solicitud de medida de aseguramiento se da a conocer por un trino del Abogado de Aida Merlano, Miguel Ángel del Río, quien anunció lo que viene para ellos en este proceso.Le puede interesar
El Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF) advirtió que el presupuesto de 2027, que fue aprobado por $634,9 billones, aún tiene riesgos sin cubrir, incluso en un escenario en el que se concrete buena parte de la reforma fiscal que el Gobierno plantea en el Congreso. Según su presidente, Juan Carlos Ramírez, hay presiones de gasto que no están debidamente contempladas en el presupuesto hoy aprobado.Entre los riesgos, el CARF señaló los gastos de personal, que podrían aumentar por los acuerdos sindicales del sector público, aunque el Gobierno propone que no crezcan por encima de la inflación. También mencionó las pensiones, por el agotamiento de los traslados entre regímenes y el posible impacto de la decisión de la Corte y de las aprobaciones de la Cámara sobre la reforma pensional. A esto se suman la financiación insuficiente del régimen subsidiado de salud, los subsidios de energía ante el fenómeno de El Niño y la falta de recursos suficientes para atender los efectos del terremoto de agosto.Ramírez enfatizó la urgencia del ajuste ante el peso de los intereses. "Hoy una tercera parte de los ingresos tributarios del Gobierno se destina al pago de intereses. Si no se hicieran las reformas importantes de, por lo menos, estas magnitudes, es decir, al cabo de tres años estaríamos dedicando el 50 %, la mitad de cada peso que ingresa al Estado por impuestos, al pago de intereses. De ahí la enorme urgencia".Según el CARF, en el escenario del presupuesto aprobado por decreto, el déficit total de 2027 sería del 9,5 % del PIB y el primario, del 4,5 %. "Son los niveles más altos en la historia del país y, como decía al inicio, en una situación que no podemos calificar de crisis económica especial", afirmó Ramírez. Si el ajuste del Gobierno no se concreta, agregó, el déficit quedaría lejos de lo que recomienda la regla fiscal, que además no estaría en vigencia.El presidente del CARF explicó que el origen del problema está, en buena parte, en la estimación de los ingresos. "Cada año, al presentarse el presupuesto, el Gobierno hace lo que se llama un aforo de ingresos, es decir, la estimación de los ingresos que se van a tener el siguiente año. Uno de los grandes problemas del déficit actual se gestó en 2024, cuando esa estimación tuvo una diferencia de alrededor de 4 puntos del PIB frente a lo que realmente se logró. Ese bache no fue corregido oportunamente y se convirtió en la base de los cálculos de los años siguientes", afirmó Ramírez.Esa sobreestimación, según explicó el dirigente, deja obligaciones sin pagar que se trasladan al año siguiente. "El presupuesto es una autorización de gastos. Si, con base en una sobreestimación de los ingresos, apruebo gastos que no puedo pagar en el año, se me acumulan obligaciones que pasan a la siguiente vigencia, que es lo que llamamos las reservas presupuestales. Eso genera una restricción para los nuevos gastos del año siguiente, porque tengo que estar pagando los compromisos que se generaron en el año anterior". Frente a unas reservas tradicionales de un poco más de 20 billones de pesos, en 2024 se duplicaron hasta los 50 billones y se redujeron un poco en 2025.Ramírez atribuyó la situación a un deterioro institucional. "La situación a la que llegamos se ha debido en gran parte a la pérdida de cierta tradición en la administración pública nacional, que fue la disciplina de las finanzas públicas. Uno de los problemas más importantes, además del déficit en sí mismo, ha sido el debilitamiento de los instrumentos de la planeación fiscal, que han hecho perder credibilidad y compromiso del sector público con sus propias metas".El CARF calcula que, sin ajuste, la deuda del Gobierno central pasaría del 60 % al 67 % del PIB, muy cerca del 71 % que considera el máximo sostenible. Sobre la propuesta oficial, que plantea un ajuste de entre 4 y 5 puntos del PIB en cuatro años, Ramírez la calificó de "relativamente razonable", pues con la regla fiscal vigente se esperaría que se hiciera en un año. Aclaró que el comité aún no evalúa en detalle los componentes ni las estimaciones de ingresos y gastos del proyecto.Por su parte, Olga Lucía Acosta, codirectora del Banco de la República, aseguró que la inflación no comenzaría a mostrar una disminución sino hasta mediados del próximo año.Acosta advirtió que las expectativas de inflación en Colombia siguen aumentando y se mantienen por encima de las proyecciones del Emisor. Según las distintas mediciones del mercado, la inflación podría cerrar 2026 entre el 6,7 % y el 6,91 %, mientras que las expectativas de inflación básica también se mantienen elevadas.
La inflación anual en el país se ubicó en 6,30 % en octubre de 2026, lo que representa un aumento de 0,79 puntos porcentuales frente al 5,51 % registrado en octubre de 2025, según los datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).Con este resultado, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) completó tres meses consecutivos al alza, después de pasar de 6,29 % en septiembre a 6,30 % en octubre de 2026.En cuanto a la variación mensual, el indicador fue de 0,20 % en octubre de 2026, en comparación con septiembre de este mismo año. Por su parte, la inflación acumulada entre enero y octubre de 2026 llegó a 5,94 %.Estas cifras mantienen la inflación por fuera del rango meta establecido por el Banco de la República, que se encuentra entre el 2 % y el 4 %.Entre enero y octubre de 2026, los mayores aportes a la variación del IPC se concentraron en cinco divisiones: alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles; alimentos y bebidas no alcohólicas; restaurantes y hoteles; transporte, y educación.En conjunto, estos grupos contribuyeron con 4,94 puntos porcentuales a la variación acumulada de 5,94 %.Para octubre, los mayores aportes a la variación mensual de 0,20 % correspondieron a alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles; alimentos y bebidas no alcohólicas, y restaurantes y hoteles. Estas tres divisiones aportaron conjuntamente 0,15 puntos porcentuales al resultado del mes.Inflación anual por ciudades: octubre de 2025 a octubre de 2026En la comparación anual, Armenia registró la mayor inflación, con 7,29 %, seguida de Bucaramanga (7,15 %), Medellín (7,11 %), Santa Marta (6,88 %), Pereira (6,82 %), Villavicencio (6,77 %), Ibagué (6,71 %), Cali (6,68 %), Cartagena de Indias (6,40 %), Popayán (6,38 %), Neiva (6,34 %), Florencia (6,32 %), Cúcuta (6,28 %), Tunja (6,12 %), Barranquilla (6,02 %), Manizales (5,99 %), Sincelejo (5,94 %), Bogotá (5,89 %), Montería (5,57 %), Pasto (5,34 %), Riohacha (4,93 %) y Valledupar (4,02 %).Inflación acumulada por ciudades: enero a octubre de 2026En lo corrido del año, Armenia también presentó la mayor variación, con 6,93 %, seguida de Bucaramanga (6,69 %), Ibagué (6,65 %), Medellín (6,57 %), Villavicencio (6,51 %), Santa Marta (6,38 %), Cali (6,37 %), Tunja (6,33 %), Neiva (6,23 %), Florencia (6,21 %), Pereira (6,18 %), Popayán (6,16 %), Cúcuta (6,06 %), Cartagena de Indias (6,04 %), Manizales (5,76 %), Bogotá (5,58 %), Sincelejo (5,45 %), Barranquilla (5,42 %), Montería (5,41 %), Pasto (5,40 %), Riohacha (4,47 %) y Valledupar (3,75 %).
Se acerca la temporada de Navidad y Fin de Año, una época en la que suelen aumentar los precios de los vuelos y hospedajes en diferentes ciudades del país. Cada año, destinos como Medellín, Santa Marta, Cartagena y San Andrés figuran entre los más apetecidos por los viajeros. Sin embargo, un reciente informe de Kayak destacó una ciudad cuyo interés creció un 31 %, posicionándola entre los destinos más buscados para esta temporada de 2026.Detrás de Cancún (México) y Río de Janeiro (Brasil), Bogotá se ubicó como el tercer destino más buscado para la temporada decembrina entre los turistas nacionales y la primera ciudad colombiana del listado. Este incremento en las búsquedas convierte a la capital en una de las sorpresas de Fin de Año.¿Por qué Bogotá se convirtió en un destino tendencia para Fin de Año?Aunque durante la temporada decembrina suele ocurrir lo contrario y muchos habitantes salen de Bogotá para visitar otros destinos, su importancia como punto de conexión hacia diferentes lugares y su oferta cultural podrían explicar el aumento en el interés de los viajeros.“Bogotá, pues, al ser la capital, es el centro, tiene una gran conectividad y también es cierto que mucha gente que se ha ido puede regresar en esta temporada a pasarla con su familia, con sus amigos. También, seguramente, a nivel de conectividad, tal vez pasar unos días en Bogotá y de ahí irse a un destino internacional. Seguramente, por ese tipo de cosas es que vemos ese tipo de destinos apareciendo en este ranking”, explicó Alejandro Lombana, director para Latinoamérica de Kayak, en entrevista con Blu Radio.También la música podría influir en esta tendencia, en especial por Karol G que tendrá triple concierto en El Campín lo cual habría aumentado las búsquedas la capital para diciembre.¿Qué ofrece Bogotá durante diciembre?Alumbrados navideños: diferentes sectores de la ciudad se llenan de luces, decoraciones y escenarios temáticos para recorrer en familia.Actividades culturales: museos, teatros, centros culturales y espacios públicos suelen desarrollar una programación especial durante la temporada.Ciclovía nocturna: tradicionalmente, Bogotá organiza jornadas especiales para recorrer la ciudad en bicicleta durante la época navideña.Gastronomía: restaurantes, cafeterías y mercados ofrecen experiencias especiales, además de platos tradicionales como natilla, buñuelos y otros productos de temporada.Compras navideñas: centros comerciales y zonas comerciales preparan actividades, decoraciones y eventos para los visitantes.Turismo y naturaleza: lugares como Monserrate, La Candelaria y el Jardín Botánico son alternativas para quienes quieren conocer diferentes facetas de la capital.Conciertos y espectáculos: escenarios como El Campín, el Movistar Arena y el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo reciben eventos musicales y culturales durante la temporada.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) imputó crímenes de guerra y de lesa humanidad a 11 antiguos comandantes e integrantes de los estados mayores de las extintas Farc por hechos de violencia sexual, violencia basada en género y agresiones por prejuicio contra la población civil durante el conflicto armado.La decisión de la Sala de Reconocimiento de Verdad señala a estos comparecientes como máximos responsables por su posición de mando o por su participación directa en los crímenes investigados. La jurisdicción les atribuye responsabilidad por delitos como violación, violencia sexual, esclavitud sexual, homicidio, asesinato, tortura, tratos crueles, desplazamiento forzado, persecución y traslado forzoso de población.La JEP aclaró que, por su gravedad, estos crímenes no pueden recibir perdón judicial.El tribunal asegura que los comparecientes pertenecieron a diferentes estructuras de las extintas Farc, la decisión incluye a antiguos comandantes de frente, integrantes de estados mayores y otros responsables de estructuras regionales.Los 11 imputados son: Fabián Ramírez Cabrera, conocido como ‘Fabián Ramírez’; Floresmiro Burbano, alias ‘Martín Corena’; Élmer Caviedes, alias ‘Albeiro Córdoba’; Bertulfo Caicedo Garzón, conocido como ‘Alberto Pitufo’; Jaime Vásquez Calderón, alias ‘Arquímedes’, responsable de la llamada oficina de quejas y reclamos de las Farc en Vista Hermosa, Meta. Además de Luis Óscar Úsuga Restrepo, alias ‘Isaías Trujillo’; Ovidio Antonio Mesa Ospina, conocido como ‘Anderson’ o ‘Carranza’; Luis Eduardo Rayo, alias ‘Marlon’, excomandante del Frente 21; y Gustavo Bocanegra Ortegón, conocido como ‘Donald’, encargado de la organización política y de masas de esa estructura; Jair Enrique Acosta Cuantindioy, alias ‘Javier Guzmán’ o ‘Chugo’, y Reinel Natalio García Mojica, conocido como ‘Ricardo el Pija’.De acuerdo con la JEP, ninguno de los 11 comparecientes había estado en prisión por estos crímenes. La sala determinó su responsabilidad individual al examinar sus posiciones de mando, las funciones que desempeñaron y su participación en los hechos. En algunos casos, la imputación responde a que no previnieron, investigaron ni sancionaron las agresiones cometidas por sus subordinados; en otros, se les atribuye autoría directa.La investigación, que comenzó en septiembre de 2023, identificó que las agresiones no fueron hechos aislados. La sala encontró dos patrones principales de criminalidad.El primero corresponde a la violencia sexual contra mujeres, niñas y adolescentes por el hecho de ser mujeres, en donde la JEP documentó violaciones, esclavitud sexual y otras agresiones utilizadas para controlar, castigar o someter a las víctimas. También encontró casos de violencia sexual contra mujeres señaladas de colaborar con grupos enemigos, incumplir órdenes de la guerrilla o resistirse al reclutamiento forzado.Entre los hechos documentados está el de una niña de 12 años que fue llevada a un campamento guerrillero, donde durante cuatro años sufrió violencia sexual, física y reproductiva. Según la investigación, fue obligada a abortar y a realizar labores domésticas, mientras que su padre fue torturado y asesinado cuando intentó rescatarla.El segundo patrón corresponde a la violencia por prejuicio contra personas con orientaciones sexuales, identidades y expresiones de género diversas. La jurisdicción encontró amenazas, agresiones sexuales, desplazamientos y asesinatos contra personas que no encajaban en las normas de comportamiento impuestas por la guerrilla.La imputación tuvo en cuenta los testimonios de 743 víctimas acreditadas, 80 informes de organizaciones de víctimas y de la sociedad civil, las versiones de 54 comparecientes de las extintas Farc y las observaciones presentadas por las víctimas.Ahora, los 11 comparecientes tienen 20 días hábiles para manifestar por escrito si reconocen o no los hechos y las responsabilidades que les atribuyó la JEP.Si los excomandantes reconocen su responsabilidad y aportan verdad, la jurisdicción podrá convocar una audiencia de reconocimiento. Después, la Sala de Reconocimiento emitirá una resolución de conclusiones para continuar con el trámite de las posibles sanciones propias o restaurativas, que incluyen restricciones efectivas de libertad y otros derechos, pero no cárcel.En caso de que nieguen su responsabilidad, los expedientes podrán pasar a la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP y avanzar hacia un juicio. Si son encontrados responsables, podrían recibir penas de hasta 20 años de prisión.
El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación confirmó la desvinculación de una persona que había sido contratada durante la administración de Gustavo Petro y que habría presentado títulos académicos falsos para ingresar a la entidad.La información fue confirmada por la ministra de Ciencia, Claudia Benavides Salazar, quien aseguró que la actual administración tomó medidas inmediatas después de identificar la irregularidad y reveló que el caso fue puesto en conocimiento de las autoridades competentes desde el pasado 9 de septiembre.La ministra cuestionó que una persona hubiera recurrido a documentos académicos falsos para acceder a un contrato estatal y señaló que este comportamiento representa una falta de respeto hacia quienes realizan esfuerzos económicos y personales para obtener una formación universitaria.“Un título académico representa años de estudio, esfuerzo y sacrificios. Hay familias que lo dan todo para que uno de sus hijos pueda llegar a una universidad. Ese esfuerzo merece respeto”, manifestó Benavides.De acuerdo con la ministra, la persona involucrada fue desvinculada y el expediente quedó en manos de las autoridades, que deberán determinar si hubo responsabilidades penales por la presunta falsedad de los documentos presentados. Sin embargo, Benavides no reveló la identidad de la persona.En su pronunciamiento, la ministra también se refirió al manejo de los recursos públicos destinados a la investigación y al desarrollo científico. Aseguró que estos dineros deben utilizarse exclusivamente para fortalecer el trabajo de los investigadores, generar oportunidades para los jóvenes y buscar soluciones a las necesidades del país.“La plata de la ciencia es de todos los colombianos. Debe servir para que nuestros investigadores trabajen, para que los jóvenes tengan oportunidades y para encontrar soluciones a los problemas del país. Cada peso merece cuidado”, afirmó.Por su parte, el Ministerio de Ciencia señaló que continuará identificando y denunciando posibles irregularidades para garantizar la transparencia en la contratación y el funcionamiento de la entidad.
