Corte Suprema emitió orden de captura internacional contra el exsenador Arturo Char

Este miércoles, 6 de septiembre, la Corte Suprema emitió una orden de captura internacional contra el exsenador Arturo Char Chaljub, investigado por los presuntos delitos de concierto para delinquir y corrupción de sufragante agravados. La decisión va acompañada de una circular roja de la Interpol, teniendo en cuenta que el procesado tiene su lugar de residencia en Estados Unidos.

La Corte Suprema explicó que la investigación contra Arturo Char son por hechos relacionados con el "supuesto acuerdo delictivo para comprar votos en Atlántico, el cual posiblemente se materializó en octubre de 2017, y en que habría intervenido un número plural de personas, entre otros Aida Merlano Rebolledo.

Para la Corte dicho concierto delictivo habría ido más allá de un simple convenio político, "en la medida en que, supuestamente, para conseguir la elección de Aida Merlano Rebolledo en el Senado; de Lilibeth Llinás Delgado en la Cámara y la propia reelección de Arturo Char en el Senado, se habrían ejecutado delitos contra los mecanismos de participación democrática, a través de la compra de votos para estos tres candidatos".

Para la Sala Especial de Instrucción del alto tribunal, las pruebas en la investigación permitieron sustentar la medida de aseguramiento contra Char, y definen que la determinación también obedece al "comportamiento" del procesado que pone en duda su comparecencia en el caso.

Según estableció Blu Radio, en el expediente contra Arturo Char existen documentos y testimonios que demostrarían que el expresidente del Senado posiblemente “organizó, promovió y financió una estructura delictiva para atentar contra los mecanismos de participación democrática”, que habría facilitado la compra de votos en el marco de las elecciones al Congreso celebradas el 11 de marzo de 2018.

Dentro del material probatorio que reposa en la Corte contra Arturo Char están los testimonios de Aida Merlano, Rafael Antonio Rocha, Rafael Palencia Barrera, Edwin Martínez Salas, Evelin Diaz y Adalberto Llinás.

Además de estos testimonios entregados ante la Corte, hay documentos y otros elementos digitales obtenidos en el allanamiento a la “Casa Blanca” que muestran varios momentos en los cuales Arturo Char pudo encontrarse involucrado en la creación y dinámica de un entramado delictivo, que, según testigos, pretendería asegurar la hegemonía política de su familia en el Atlántico y posteriormente apoyar con esa misma estructura, la aspiración presidencial de Germán Vargas Lleras en el 2018.

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De acuerdo con las pruebas que reposan en la Corte, por ese motivo, con base en una metodología proselitista al parecer ilegal, Arturo Char apoyó la aspiración de Aida Merlano al Senado en 2018, pese a ser una candidata del Partido Conservador, partido diferente a Cambio Radical, que era el partido de Char.

Según los testigos, el acuerdo habría consistido en que la fórmula de Merlano fuera Lilibeth Llinás, de Cambio Radical, entrañable amiga de Arturo Char, así como su hermano Adalberto Llinás, quien desde 'Casa Blanca' habría sido coordinador de la campaña de su hermana, y al mismo tiempo de la de Arturo Char, para la compra de 10.000 votos.

Según varios testimonios recolectados dentro de la investigación, Arturo Char Chaljub visitó la sede 'Casa Blanca' entre octubre y diciembre de 2018, según Merlano y Rocha, con el propósito de concretar la presunta alianza criminal que sustenta el delito de concierto para delinquir por el cual es investigado el exsenador de la República.

Ahora, la Corte Suprema procederá a resolver la situación jurídica de Arturo Char, es decir, si le imponen o no medida de aseguramiento por los dos delitos que fueron objeto de imputación en la diligencia de indagatoria.

Cabe recordar que por estos hechos desarrollados desde su sede política conocida como la 'Casa Blanca' en Barranquilla, Aida Merlano Rebolledo fue condenada a 15 años de cárcel, por la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte el 12 de septiembre de 2019, confirmada por la Sala de Casación Penal el 28 de marzo de 2020.