La Veeduría Nacional de la Verdad y la Justicia denunció ante los organismos de control presuntas irregularidades en el trámite de aprobación de un proyecto por 62.797 millones de pesos financiado con recursos de la Asignación para la Paz del Sistema General de Regalías, destinado a municipios del Pacífico colombiano como Timbiquí y Buenaventura.La organización solicitó una revisión urgente del proceso que actualmente cursa ante el OCAD Paz, al considerar que existen inconsistencias que podrían comprometer los principios de transparencia, planeación y adecuada destinación de los recursos públicos. Según la denuncia, una de las principales alertas está relacionada con una posible duplicación de inversiones. La Veeduría pidió establecer si algunas de las obras o actividades contempladas en el proyecto ya cuentan con financiación de otros programas del gobierno, lo que podría generar un uso indebido de los recursos.Otro de los puntos señalados tiene que ver con la identificación de los beneficiarios. La entidad advirtió que deben verificarse las cifras y la caracterización de las comunidades que serían favorecidas con la inversión, para garantizar que la información presentada corresponda realmente a la población objetivo.La denuncia también solicita investigar si se cumplieron los requisitos de consulta previa con comunidades étnicas que pudieran verse afectadas por el proyecto. De acuerdo con la Veeduría, este procedimiento es fundamental para la validez jurídica de la iniciativa y para la protección de los derechos de las poblaciones involucradas.Además, se pidió revisar la sostenibilidad de la inversión pública, es decir, si existen garantías para mantener y operar las obras o programas una vez entren en funcionamiento, evitando que los recursos se destinen a proyectos que posteriormente no puedan sostenerse.La Veeduría aclaró que corresponde a las autoridades determinar si efectivamente existen irregularidades, pero insistió en que las presuntas inconsistencias deben ser verificadas antes de comprometer más de 62 mil millones de pesos de recursos públicos, en un proyecto que se tramita a pocas semanas de la finalización del actual Gobierno Nacional.
La Procuraduría General de la Nación abrió una nueva investigación disciplinaria contra tres exdirectivos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) por presuntas irregularidades en un contrato de logística destinado a atender la emergencia ocasionada por el fenómeno de La Niña en 2022.La decisión cobija al exdirector general de la entidad, Olmedo de Jesús López Martínez; al exsubdirector para el Manejo de Desastres, Sneyder Augusto Pinilla Álvarez; y al exsubdirector general de la UNGRD y entonces ordenador del gasto delegado del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (FNGRD), Víctor Andrés Meza Galván.La actuación disciplinaria busca establecer si existieron irregularidades en el proceso contractual relacionado con la logística para garantizar la atención oportuna de la emergencia generada por el fenómeno climático de La Niña durante 2022.De acuerdo con la Procuraduría, la Segunda Delegada para la Contratación Estatal advirtió posibles deficiencias en la etapa de planeación del contrato, por lo que abrió la investigación para esclarecer si se cumplieron los requisitos legales en el desarrollo del proceso.Entre los aspectos que serán objeto de análisis figura el estudio previo realizado para la contratación. El ente de control pretende determinar si el análisis de precios y el estudio de mercado fueron suficientes, razonados y verificables para sustentar la celebración del contrato.Asimismo, la Procuraduría verificará la legalidad de la selección del contratista y establecerá si este cumplía con las condiciones de idoneidad exigidas para ejecutar las actividades contratadas.La investigación también abarcará la etapa de ejecución contractual. En ese sentido, el Ministerio Público busca determinar si existió una comprobación material del cumplimiento de las obligaciones pactadas, si se expidieron de manera adecuada las certificaciones de recibo a satisfacción y si los pagos efectuados contaron con la validación correspondiente.Esta nueva actuación disciplinaria se suma a los procesos que actualmente enfrentan Olmedo López y Sneyder Pinilla por el escándalo de corrupción en la UNGRD durante el gobierno del presidente Gustavo Petro. Ambos exfuncionarios continúan vinculados a las investigaciones que adelantan los organismos de control y las autoridades judiciales por presuntas irregularidades en la contratación de esa entidad.
La Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia condenó al exrepresentante a la Cámara Germán Alonso Olano Becerra a 3 años y 4 meses de prisión como responsable del delito de interés indebido en la celebración de contratos, dentro del proceso relacionado con el denominado carrusel de la contratación en Bogotá.En la misma decisión, la Corte condenó al excongresista al pago de $3.436.759.367 por concepto de daños materiales a favor del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU).Asimismo, el alto tribunal negó a Olano los beneficios de la suspensión condicional de la ejecución de la pena y de la prisión domiciliaria. En consecuencia, ordenó librar de manera inmediata la orden de captura para que cumpla la condena impuesta y dispuso gestionar la correspondiente notificación roja ante Interpol. No obstante, la decisión aún podrá ser revisada en segunda instancia antes de quedar ejecutoriada.De acuerdo con la investigación, los hechos se remontan a 2007, cuando Miguel Eduardo Nule, cabeza visible del Grupo Nule, sostuvo reuniones con Germán Olano y con Héctor Julio Gómez González, en las que se habría acordado el pago de 3.500 millones de pesos para obtener la adjudicación del contrato de construcción de la Fase III de TransMilenio por la calle 26.La Corte señaló que, aunque la propuesta presentada por el Grupo Nule no cumplía con los requisitos legales, el entonces congresista intervino para favorecer la adjudicación del contrato y parte del dinero pactado habría sido utilizado para sobornar a funcionarios del IDU. Finalmente, el contrato fue adjudicado por 315 mi millones de pesos.En la sentencia, la corporación explicó que “Miguel Eduardo Nule acudió al entonces congresista Germán Alonso Olano Becerra, quien a su vez era muy cercano al contratista Héctor Julio Gómez González para lograr salvar su propuesta licitatoria y hacerse al contrato”.El fallo agrega que, tras varias reuniones, “acordó con éstos que les entregaría 3.500 millones de pesos, valga decir, 1.750 millones para el ahora excongresista Olano y los otros 1.750 millones para Gómez González”.La Corte también concluyó que Olano intervino para evitar que la Contraloría Distrital ejerciera control fiscal sobre la ejecución del contrato, pese a los retrasos que ya presentaban las obras.En ese sentido, la providencia señala que “Olano Becerra realizó gestiones encaminadas a neutralizar el peligro que representaba la intervención del Contralor Distrital, Miguel Ángel Morales Russi, para la ejecución de las obras de TransMilenio por la Calle 26”, en medio de las investigaciones relacionadas con el pago de comisiones derivadas de otros contratos vinculados al denominado carrusel de la contratación.Con esta decisión, la Sala Especial de Primera Instancia declaró la responsabilidad penal del excongresista por su intervención indebida en la adjudicación del contrato de la Fase III de TransMilenio. Sin embargo, la condena aún deberá surtir el trámite de segunda instancia antes de quedar en firme y hacerse efectiva de manera definitiva.
Tras la audiencia de conciliación realizada entre la embajadora Laura Sarabia y el general (r) Henry Sanabria, exdirector de la Policía Nacional, quedó consignado que las comunicaciones sostenidas entre ambos fueron exclusivamente de carácter institucional y que, durante esos contactos, nunca se ordenó ni se solicitó suspender operaciones contra el Clan del Golfo, ni contra ningún otro grupo armado ilegal.La diligencia se llevó a cabo en el marco de una denuncia penal presentada por la exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE), luego de las declaraciones públicas realizadas por el exdirector de la Policía Nacional. El general (r) Henry Sanabria había señalado a Laura Sarabia como la persona que, desde el Gobierno Nacional, lo llamaba para reclamarle por procedimientos adelantados por la Policía Nacional durante el tiempo en que ejerció como director de la institución, siendo el primer comandante de la Policía en el gobierno del presidente Gustavo Petro.Según las manifestaciones del oficial en retiro, Sarabia le reprochaba las operaciones que adelantaba la Fuerza Pública contra grupos armados ilegales que, para ese momento, avanzaban en el proceso para vincularse a la política de paz total impulsada por el Gobierno Nacional.Sin embargo, tras la audiencia de conciliación quedó registrada una constancia en la que ambas partes reconocen que los contactos sostenidos obedecieron únicamente a asuntos institucionales y que en ningún momento existieron instrucciones o solicitudes para suspender operaciones contra el Clan del Golfo o cualquier otra organización armada ilegal. Las declaraciones de Sanabria surgieron luego de que Noticias Caracol revelara una serie de audios atribuidos a conversaciones entre el entonces alto comisionado para la Paz, Danilo Rueda y un cabecilla del Clan del Golfo.De acuerdo con el contenido divulgado por ese medio de comunicación, en dichos encuentros se habría hablado de una presunta depuración de la inteligencia policial y del cese de bombardeos contra esa organización criminal, encabezada por alias “Chiquito Malo”.
El Tribunal Superior de Bucaramanga confirmó la condena de seis años de prisión contra el exdirector de la Caja de Previsión Social de Bucaramanga, José Gabriel Jaimes Rodríguez, tras encontrarlo responsable en la celebración de un contrato sin el cumplimiento de los requisitos legales cuando estuvo al frente de la entidad.La decisión ratifica la sentencia emitida en primera instancia por un juez del circuito, luego de valorar las pruebas presentadas por la Fiscalía.La investigación estableció que en septiembre de 2014 el entonces funcionario suscribió un contrato de arrendamiento por 41,7 millones de pesos para el alquiler de un inmueble ubicado en el centro de Bucaramanga, donde funcionarían dependencias de la Caja de Previsión Social.De acuerdo con el ente acusador, “el contrato fue pactado inicialmente para los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2014 y su valor fue cancelado de manera anticipada. Posteriormente, en octubre de ese mismo año, las partes firmaron un acta aclaratoria mediante la cual se prorrogó el arrendamiento durante los tres primeros meses de 2015 y se redujo el canon mensual al 50 % del valor inicialmente acordado”.Durante el juicio, la Fiscalía sostuvo que el proceso contractual se adelantó sin cumplir los principios de transparencia, planeación y economía que rigen la contratación pública.Según la investigación, antes de suscribir el contrato debían realizarse estudios de conveniencia y oportunidad, análisis del sector, verificación de la disponibilidad presupuestal y la definición de las condiciones técnicas, requisitos que fueron elaborados de manera posterior a la firma del contrato.Además de la pena privativa de la libertad, el exdirector fue inhabilitado para ejercer cargos y funciones públicas durante el mismo término de la condena, es decir, seis años.
A horas del inicio del empalme en la Casa de Nariño, previsto para este jueves a las 10:00 de la mañana, se conocieron apartes de la intervención que dio el presidente electo Abelardo de la Espriella a los asistentes de la reunión de más de 1.000 personas que hacen parte de su equipo de transición, reunión privada adelantada el pasado martes en la universidad Sergio Arboleda.Allí, De lLa Espriella aseguró que su administración buscará convertirse en "el mejor gobierno de la historia de Colombia" y afirmó que el proceso de planeación comenzó hace varios meses con el propósito de diseñar una estrategia para enfrentar los principales problemas del país.En su discurso, De La Espriella detalló que el principal objetivo del empalme será identificar el estado en que se encuentran las entidades públicas y establecer soluciones para atender las dificultades encontradas pues considera que el país fue recibido en una situación de profunda crisis y atribuyó esa condición al gobierno saliente.También destacó que quienes integran el equipo de transición fueron escogidos por sus capacidades profesionales y no por recomendaciones de partidos políticos o dirigentes tradicionales, al tiempo que aseguró que su gobierno responderá exclusivamente al mandato recibido en las urnas. Para ello, agregó el mandatario, el equipo debe mantener la unidad alrededor del proyecto político.“Están aquí porque queremos hacer de este empalme lo mejor que se haya hecho. Y muchos llegarán al gobierno, otros no. Lo único cierto es que aquí vinimos a cambiar de paradigma, esto es un cambio de orden. Nunca más la política será como siempre ha sido, porque José Manuel y yo vinimos a cambiar la política para siempre”, dijo.De La Espriella ubicó la lucha contra la corrupción como el primer eje de trabajo por lo que ordenará identificar y denunciar los focos de corrupción que sean detectados durante el empalme y aseguró que cualquier funcionario involucrado en irregularidades, sin importar su cercanía con el gobierno, deberá responder ante la justicia.“Seré el primer defensor de los recursos públicos, y cualquiera que esté inmiscuido en un acto de corrupción, así sea cercano, recibirá todo el peso de la ley y va a saber lo duro que muerde el tigre. Porque no solamente es deshonesto quien roba, sino también quien permite que otro robe. (...) Todos esos focos de corrupción tienen que ser denunciados sin miedo, sin ambages, con determinación y patriotismo. Vamos a denunciarlos caiga quien caiga”, aseveró.Asimismo, planteó como objetivos la reconstrucción de las narrativas nacionales, la estabilización de la función pública y un rediseño del Estado para hacerlo, según expresó, más pequeño, funcional y eficiente. Por ello, cuestionó el funcionamiento actual del Estado y mencionó como ejemplo la ubicación de algunas entidades públicas para argumentar que es necesario reorganizar la estructura administrativa.Durante el encuentro, De La Espriella destacó el papel del vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, a quien calificó como una pieza fundamental del nuevo gobierno y responsable de dirigir el proceso de empalme.Al cierre de su intervención, afirmó que Colombia vive "sus horas más oscuras", pero expresó su confianza en que la nueva administración logrará conducir al país por una senda de desarrollo y progreso.
La Fiscalía General de la Nación solicitó prorrogar la medida de aseguramiento impuesta contra el exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), Carlos Ramón González, procesado por su presunta participación en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Aunque la medida continúa vigente en Colombia, no ha podido hacerse efectiva debido al asilo político que le fue concedido por Nicaragua.Durante la audiencia, la fiscal del caso explicó que la medida de aseguramiento vencería en julio y sustentó la necesidad de extenderla por la gravedad de los delitos atribuidos al exfuncionario. En ese sentido afirmó que “el delito de cohecho por dar u ofrecer, el peculado por apropiación agravado en favor de terceros y el lavado de activos superan el umbral establecido para que proceda la detención preventiva (…) y comprometen la integridad de las instituciones encargadas de la función legislativa y desvían recursos públicos destinados a la atención de desastres naturales para fines ilícitos, lo que comporta un fenómeno de desinstitucionalización del Estado”.La Fiscalía investiga a González por los delitos de cohecho por dar u ofrecer, lavado de activos y peculado por apropiación en favor de terceros, dentro de las actuaciones que buscan esclarecer la presunta desviación de recursos públicos de la UNGRD. Según el ente acusador, el exdirector del Dapre habría tenido un papel central en la presunta articulación política relacionada con la entrega de contratos y recursos a cambio de apoyos en el Congreso.El proceso tomó relevancia tras el asilo político concedido por Nicaragua, decisión adoptada bajo el argumento de una supuesta persecución política y judicial relacionada con su trayectoria en la izquierda colombiana, su cercanía con el presidente Gustavo Petro y sus antecedentes como integrante del M-19. Esta situación ha dificultado la ejecución de la orden de captura y las gestiones para lograr su comparecencia ante la justicia colombiana.En la audiencia también se abordó la situación de la notificación roja de Interpol. La fiscal explicó que “el 3 de abril del año que cursa se solicitó por la Fiscalía una nueva expedición de circular roja, recibiéndose respuesta el 7 de abril por parte de Interpol, en la cual señalaban que el requerido había solicitado a la comisión de ficheros de Interpol el retiro de la circular roja, y que la Secretaría General de Interpol procedería a su eliminación”.La representante del ente acusador sostuvo que la asistencia virtual del exfuncionario a las diligencias no garantiza su sometimiento a la justicia colombiana. Al respecto aseguró que “a pesar de tener pleno conocimiento de la existencia de una medida de aseguramiento de detención preventiva en establecimiento carcelario y la consecuente orden de captura, sin ningún reparo, sin ningún respeto por la judicatura, el señor González asistió virtualmente a la audiencia de acusación, vislumbrándose claramente que no es la pretensión de Carlos Ramón González sujetarse al cumplimiento de la pena que se llegare a imponer en su contra”, argumento con el que respaldó la solicitud de prorrogar la medida privativa de la libertad.Para la defensa del exdirector, en cabeza del abogado Iván Cancino, no hubo sustentos nuevos para prorrogar esta solicitud, destacando además que Carlos Ramón ya no está en Colombia para continuar siendo un peligro para la sociedad. Además, destacó su comparecencia virtual y su asilo político: “No es prófugo, sino asilado político, ya que salió del país y solicitó asilo antes de cualquier medida de aseguramiento, por lo que no puede exigírsele comparecencia presencial en esta etapa”.
La reposición de la infraestructura de la E.S.E. Hospital San José de San Andrés, Santander, vuelve a estar en el centro de la polémica. Veedores ciudadanos denunciaron presuntas irregularidades, retrasos en la ejecución y posibles problemas en la formulación del proyecto, situación que podría comprometer la culminación de una de las obras más importantes para la atención en salud de la provincia de García Rovira.Las preocupaciones fueron expuestas durante una reunión técnica en la que participaron representantes de la Personería Municipal, la gerencia del hospital y miembros de la veeduría ciudadana, quienes analizaron el estado actual de la construcción y las dificultades que enfrenta el proyecto.La obra fue contratada inicialmente por $16.258 millones y, de acuerdo con el cronograma establecido, debería registrar un avance cercano al 53 %. Sin embargo, los reportes presentados indican que existe un retraso aproximado del 2 % frente a la programación prevista, situación que ha generado inquietud entre las autoridades locales y la comunidad.Durante el encuentro también se reveló el estado financiero del contrato. Según las cifras expuestas, ya se han desembolsado cerca de $7.400 millones al contratista, equivalentes al 45,43 % del valor contratado, mientras que aún quedan pendientes pagos por más de $8.200 millones. Además, el hospital tendría disponibles cerca de $5.000 millones en sus cuentas.No obstante, uno de los aspectos que más preocupación genera es la necesidad de solicitar una adición presupuestal cercana a los $15.000 millones para poder culminar la obra. De aprobarse este incremento, el valor total del proyecto superaría los $30.000 millones, prácticamente el doble de lo presupuestado inicialmente.Según lo expuesto por algunos participantes de la reunión, gran parte de los inconvenientes tendrían origen en la etapa de formulación del proyecto, adelantada durante la administración anterior del hospital con acompañamiento de la Secretaría de Salud de Santander. Los asistentes señalaron que podrían existir fallas en los diseños y en la estructuración técnica que hoy estarían impactando los costos y la ejecución de la obra.Entre los ejemplos mencionados se encuentra el caso de un tablero eléctrico que, según los cuestionamientos realizados por los veedores, habría pasado de tener un valor estimado cercano a los $2 millones en la etapa precontractual a costar aproximadamente $45 millones durante la ejecución, situación que ha despertado interrogantes sobre posibles sobrecostos.A esto se suma la advertencia de que algunas modificaciones al proyecto se habrían realizado sin contar con la respectiva viabilidad del Ministerio de Salud, hecho que podría derivar en consecuencias administrativas, financieras y jurídicas.Los veedores también alertaron sobre un escenario aún más complejo: si los organismos de control o el Ministerio de Salud determinan irregularidades en la ejecución del convenio, el hospital podría verse obligado a reintegrar los recursos girados por la Nación. Esta situación representaría un duro golpe para las finanzas de la institución y podría generar un endeudamiento de grandes proporciones.Ante este panorama, no se descarta que las obras sean suspendidas en las próximas semanas mientras se revisan las alternativas técnicas, financieras y jurídicas que permitan garantizar la continuidad del proyecto.La situación ha generado preocupación entre los habitantes de San Andrés, Santander, quienes esperan que las autoridades departamentales, los organismos de control y el Ministerio de Salud esclarezcan las denuncias y definan el futuro de una infraestructura considerada fundamental para la atención médica de la región.
Una nueva controversia se ha generado en Santander por la posible llegada de una empresa investigada por la Contraloría General de la Nación. Se trata de DiBanka S.A.S., firma que ha sido objeto de cuestionamientos en auditorías relacionadas con un convenio suscrito con la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional (CASUR). Los cuestionamientos tienen origen en auditorías realizadas por la Contraloría General de la República a CASUR, en las que fueron identificados hallazgos relacionados con presuntas falencias en los procesos de contratación, falta de estudios técnicos y financieros, posibles conflictos de interés, inconsistencias en los mecanismos de compensación económica y deficiencias en los controles de transparencia.De acuerdo con la documentación conocida por los veedores, uno de los aspectos más polémicos corresponde a la contratación inicial de DiBanka en 2020 para la administración de libranzas de los afiliados a CASUR. En ese proceso, la Contraloría detectó que la firma consultora que recomendó la contratación de DiBanka compartía vínculos con la empresa beneficiada, situación que fue considerada un riesgo para la transparencia del proceso.Según informes conocidos por este medio, la Contraloría habría advertido múltiples inconsistencias en el origen, ejecución y continuidad del modelo de descuentos implementado con Dibanka S.A.S., empresa que presta servicios financieros a pensionados de la Policía Nacional.Veedores ciudadanos advirtieron que esa compañía estaría buscando quedarse con el millonario contrato para administrar la plataforma tecnológica utilizada por la Secretaría de Educación de Santander, pero fuentes consultadas por Blu Radio, señalaron que "no es cierto que esa empresa llegue a la Gobernación de Santander, no tiene ningún vínculo existente, ni lo tendrá, porque se siguen las orientaciones del Ministerio de Educación".La plataforma digital de la Secretaría de Educación de Santander es una herramienta estratégica para la gestión administrativa de créditos por libranzas de los funcionarios (docentes, personal administrativo y servicios generales) del sector educativo. Por esta razón, desde la Gobernación afirman que no tendrá cambios. La empresa Soporte Lógico S.A.S. acompaña desde hace varios años al departamento en la implementación de la plataforma para gestión de libranzas. Este proceso está en el marco de un contrato suscrito con el Ministerio para brindar asistencia técnica, capacitación y soporte funcional al sistema de información de recursos humanos a través de la plataforma transaccional SYGNUS, diseñada para administrar procesos de libranzas en línea, con el objetivo de ofrecer mayor transparencia y eficiencia en el manejo de descuentos por créditos y otras obligaciones financieras de los funcionarios.Sobre Dibanka S.A.S, se conoció que mantiene contratos similares con otras entidades del Estado como las alcaldías de Girón, Girardot, Inpec, las gobernaciones de Norte de Santander, Antioquia, Cesar y Nariño. "Empresas investigadas por la Contraloría o cualquier otra entidad por presuntas irregularidades y que no hallan sido sancionadas o judicializadas, podrán participar en procesos contractuales con el Estado, hasta que no exista un fallo definitivo en su contra", dijo el reconocido abogado administrativo, Carlos Alfaro Fonseca.
La Fiscalía General de la Nación imputó cargos por presuntas irregularidades en un contrato suscrito en 2024 para el suministro de alimentos destinados a perros y gatos del Centro de Atención y Protección Animal (CAPA) de Ibagué. Ninguno de los procesados aceptó los cargos.La alcaldesa de Ibagué, Johana Ximena Aranda Rivera, fue imputada por la Fiscalía General de la Nación junto con cuatro personas más por presuntas irregularidades detectadas en un proceso contractual relacionado con la adquisición de alimentos para los animales albergados en el Centro de Atención y Protección Animal (CAPA) de la capital tolimense.La diligencia judicial se realizó este 1 de junio ante el Juzgado 17 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Ibagué, luego de que el proceso fuera radicado el pasado 22 de mayo por la Fiscalía 34 Seccional.Los demás imputados son Johana Carolina Veloza Guio, asesora de despacho; Jessika Soto Salas, abogada de la Secretaría de Gobierno de la Alcaldía de Ibagué; el exsecretario de Gobierno Edward Amaya Márquez; y el contratista Ernesto Alfonso Quiroga.Presunto direccionamiento contractualDe acuerdo con la investigación adelantada por la Fiscalía, el contrato, suscrito en junio de 2024 para el suministro de alimentos destinados a perros y gatos del CAPA, habría sido adjudicado a una empresa que no contaba con experiencia relacionada con el objeto contractual y cuya actividad comercial principal no correspondía al suministro de alimentos para animales.Según el ente acusador, la empresa beneficiada prestaba servicios de aseo para la Alcaldía de Ibagué y varias instituciones educativas de la ciudad, situación que habría generado cuestionamientos sobre su idoneidad para ejecutar el contrato.Las labores investigativas, adelantadas con el apoyo del Grupo Anticorrupción de la DIJIN, permitieron establecer que presuntamente se elaboraron estudios previos con valores superiores a los del mercado y se solicitaron cotizaciones únicamente a dos oferentes. La Fiscalía señaló, además, que los representantes legales de las empresas consultadas tendrían vínculos de parentesco, circunstancia que habría afectado la pluralidad de oferentes exigida por la ley.Durante la audiencia, el ente investigador sostuvo que la empresa contratista habría sido presentada como la mejor opción para ejecutar el contrato, pese a que, presuntamente, no cumplía con los requisitos establecidos. Asimismo, indicó que algunos de los elementos suministrados no corresponderían a los requeridos en el pliego de condiciones.Sobrecostos por cerca de 35 millones de pesosSegún la investigación, las actuaciones atribuidas a los procesados habrían permitido direccionar el contrato a favor del contratista Ernesto Alfonso Quiroga Uribe, quien presuntamente obtuvo alrededor de 34,9 millones de pesos por concepto de sobrecostos.Por estos hechos, la Fiscalía imputó, según la participación individual de cada uno de los involucrados, los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación en favor de terceros.Ninguno de los procesados aceptó los cargos formulados por el ente acusador.No hubo solicitud de medida de aseguramientoDurante la diligencia, la Fiscalía no solicitó medida de aseguramiento contra los imputados, por lo que la alcaldesa Aranda continuará ejerciendo sus funciones mientras avanza el proceso judicial.De haberse solicitado y concedido una medida restrictiva que implicara su separación del cargo, se habría abierto la posibilidad de una suspensión temporal de la mandataria y la designación de un alcalde encargado por parte de la Gobernación del Tolima, escenario que finalmente no se materializó.El caso se convierte en uno de los procesos judiciales más relevantes que enfrenta la actual administración municipal, en medio de cuestionamientos sobre el manejo de los recursos públicos destinados a la protección y bienestar animal en la ciudad.La investigación continúa en etapa de judicialización y será la justicia la encargada de determinar la responsabilidad de los implicados en los hechos materia de investigación.
El chance Paisita Noche continúa consolidándose como uno de los sorteos más consultados en Colombia, especialmente en Antioquia, donde miles de jugadores revisan diariamente los resultados oficiales transmitidos por Teleantioquia. Sus diferentes modalidades de apuesta y las alternativas para obtener premios lo mantienen entre los juegos de azar con mayor seguimiento.Además, desde 2025 este chance incorporó la quinta balota, una modalidad complementaria que añade una cifra adicional al resultado principal y brinda más oportunidades de ganar cuando coincide con la apuesta realizada.Resultado del Paisita Noche hoy, sábado 18 de julio de 2026De acuerdo con los resultados oficiales, el número ganador del chance Paisita Noche de este sábado 18 de julio de 2026 fue: (en minutos):Número ganador: (en minutos)Dos últimas cifras: (en minutos)Tres últimas cifras: (en minutos)La quinta: (en minutos)La entidad recomienda a los participantes verificar cualquier premio utilizando el tiquete original y consultando únicamente los puntos de pago autorizados.¿A qué hora se juega Paisita Noche?Los sorteos del Paisita Noche se realizan todos los días, aunque el horario cambia según la jornada:De lunes a sábado: 6:00 p. m.Domingos y festivos: 8:00 p. m.Las apuestas pueden realizarse desde $500 hasta $25.000, dependiendo de la modalidad elegida. Para acceder al premio mayor es indispensable acertar el número completo en el mismo orden en que fue anunciado oficialmente.Modalidades de apuesta en Paisita NocheEl juego ofrece distintas alternativas para que cada participante elija la modalidad que mejor se adapte a su estrategia.Cuatro cifras directo o superplenoConsiste en acertar las cuatro cifras del número ganador exactamente en el orden oficial del sorteo.Combinado de cuatro cifrasPermite ganar acertando las cuatro cifras, sin importar la posición en la que aparezcan.Tres cifras directoPremia a quienes aciertan las tres últimas cifras en el mismo orden del resultado oficial.Combinado de tres cifrasEntrega premio cuando las tres últimas cifras coinciden, aunque aparezcan en un orden diferente.Dos cifras o pataConsiste en acertar únicamente las dos cifras finales del número ganador.Una cifra o uñaEsta modalidad premia a quienes logran acertar solamente la última cifra sorteada.Quinta balota: la opción adicional del chanceLa quinta balota se ha convertido en una de las principales novedades del juego desde su implementación en 2025. Esta modalidad incorpora una cifra adicional al sorteo y brinda la posibilidad de aumentar los premios cuando coincide con otros números apostados.Su llegada ha despertado un mayor interés entre los jugadores frecuentes, quienes encuentran una nueva alternativa para potenciar sus posibilidades de obtener ganancias.Requisitos para reclamar premiosEl proceso de cobro depende del valor obtenido, aunque todos los ganadores deben presentar la documentación exigida por el operador.Documentos básicosPara reclamar cualquier premio es necesario presentar:Tiquete original en buen estado.Documento de identidad original.Fotocopia legible de la cédula.Premios menores a 48 UVT: Solo requieren la documentación básica para realizar el cobro.Premios entre 48 y 181 UVT:Además de los documentos anteriores, es necesario diligenciar el formulario SIPLAFT en los puntos autorizados.Premios superiores a 182 UVT:Los ganadores deben presentar una certificación bancaria con una vigencia máxima de 30 días. En estos casos, el pago se realiza mediante transferencia bancaria y puede tardar hasta ocho días hábiles.
La violencia volvió a golpear al área metropolitana de Bucaramanga. En menos de 24 horas, tres ataques sicariales registrados en la capital santandereana y en Piedecuesta dejaron un saldo de tres personas asesinadas y una más herida, según los reportes preliminares de las autoridades.El primer caso ocurrió hacia las 7:38 de la noche del viernes 17 de julio en el barrio Andalucía, en Piedecuesta. La comunidad alertó a las autoridades tras escuchar varias detonaciones de arma de fuego en una placa huella que comunica este sector con el barrio La Feria.Al llegar al lugar, uniformados de la Policía encontraron tendido sobre la vía a Edwin Jesús Loza Castillo, de 35 años, conocido con el alias de “Pollo”, quien presentaba heridas ocasionadas con arma de fuego. Aunque algunas personas intentaron auxiliarlo, la víctima falleció en el sitio.Durante las labores de vecindario, habitantes del sector manifestaron a las autoridades que Loza Castillo era reconocido por el presunto expendio de estupefacientes. No obstante, los móviles del homicidio son materia de investigación.Horas más tarde, sobre las 11:16 de la noche, un nuevo ataque armado se registró en el barrio Altos del Cacique, en Bucaramanga. Según el reporte oficial, una patrulla de la Policía escuchó varios disparos y al verificar la situación encontró a un hombre herido y el cuerpo de otra víctima en vía pública.Se trata de Keinner Duarte García, de 19 años, quien fue trasladado a un centro asistencial donde el personal médico confirmó que había llegado sin signos vitales. Un segundo hombre resultó lesionado y permanece bajo atención médica.Las primeras versiones entregadas por testigos señalan que el agresor vestía prendas negras y portaba un tapabocas. El hombre habría disparado indiscriminadamente contra las víctimas antes de huir del lugar a pie.El más reciente hecho ocurrió hacia las 11:00 de la mañana de este sábado 18 de julio en el barrio Villas del Rosario, en Piedecuesta. La víctima fue identificada como Jhon David García Rico, de 21 años, quien se movilizaba en motocicleta cuando fue interceptado por dos hombres que también se desplazaban en otra motocicleta.De acuerdo con la información preliminar, los atacantes le dispararon en repetidas ocasiones y huyeron con rumbo desconocido. Inicialmente, el caso fue reportado como un atentado sicarial ocurrido en el sector de La Pesa y la víctima fue trasladada a un centro asistencial. Sin embargo, posteriormente se confirmó que se trataba de Jhon David García Rico, quien falleció a causa de la gravedad de las heridas.Unidades de la Policía Nacional y de la Seccional de Investigación Criminal, Sijín, adelantan las investigaciones para esclarecer las circunstancias en las que ocurrieron estos hechos e identificar a los responsables.Las autoridades no han establecido si existe alguna relación entre los tres ataques armados registrados en el área metropolitana de Bucaramanga.
Los combates entre el Ejército y presuntos integrantes del Clan del Golfo en el municipio Jericó no sólo dejaron dos presuntos ilegales muertos como se informó inicialmente, sino también el hallazgo de una caleta con armas y material de guerra que, según las autoridades, pertenecía a esa organización ilegal.Los hechos se registraron en la vereda Palenque, zona rural de este municipio del Suroeste antioqueño, donde los enfrentamientos generaron zozobra entre las comunidades aledañas.Según la Séptima División del Ejército, soldados del Batallón de Infantería N.° 11 Cacique Nutibara, de la Cuarta Brigada, adelantaron una ofensiva contra integrantes de la subestructura Edwin Román Velásquez Valle, del Clan del Golfo, que dejó a dos presuntos miembros de ese grupo armado muertos en desarrollo de operaciones militares.Tras los enfrentamientos, las tropas continuaron con la operación y ubicaron una caleta que, según el Ejército, pertenecía a esa misma estructura criminal. En el depósito ilegal fueron encontrados cuatro fusiles, dos subametralladoras, 15 proveedores, 257 cartuchos de diferentes calibres, dos supresores de sonido, varios chalecos multipropósito y otro material de uso privativo de las Fuerzas Militares.Frente a la situación, el alcalde de Jericó, Sebastián Garcés Piedrahita, alertó por el recrudecimiento de la violencia en el municipio. Por su parte, el teniente coronel Juan Carlos Fonseca Espejo, comandante del Batallón de Infantería Liviana N.° 11 Cacique Nutibara, aseguró que las operaciones militares continuarán en la zona para afectar la capacidad armada del grupo ilegal."Este resultado operacional permite debilitar de manera significativa las capacidades delictivas de esta estructura criminal, responsable de acciones terroristas que vienen alterando la seguridad, la tranquilidad y el bienestar de las comunidades en el suroeste antioqueño", manifestó.Durante la operación también fueron incautados dos fusiles adicionales, más de 400 cartuchos de diferentes calibres, siete proveedores, material de intendencia y explosivos.Este operativo se suma a otras acciones recientes de la Fuerza Pública contra el Clan del Golfo, como la desarrollada el pasado fin de semana en Amalfi, nordeste de Antioquia, una subregión donde esa organización criminal disputa el control del territorio con las disidencias de las Farc y el ELN.
La Corte Constitucional amparó los derechos a la libertad de expresión, la creación artística, la memoria histórica y la verdad extrajudicial de las víctimas del conflicto armado al ordenar disculpas públicas al concejal de Medellín Andrés Felipe Rodríguez Puerta, conocido políticamente como "Gury".Esto, por haber cubierto con pintura un mural con la frase “Las cuchas tienen razón”, una consigna convertida en símbolo de respaldo a las madres que durante años han buscado a sus familiares desaparecidos en La Escombrera, en la Comuna 13 de Medellín.La decisión del alto tribunal tiene origen en los hechos ocurridos el 1 de febrero de 2025, cuando el cabildante viajó hasta Manizales y pintó de negro parte de un mural autorizado por las autoridades locales, que además incluía los rostros de dos mujeres buscadoras.Posteriormente difundió la intervención en sus redes sociales con mensajes que invitaban a replicar esa conducta, lo que dio paso a acciones judiciales promovidas por organizaciones defensoras de derechos humanos.En su sentencia, el alto tribunal concluyó que la actuación del concejal no estuvo protegida por la libertad de expresión, pues vulneró derechos fundamentales al deslegitimar una manifestación artística de memoria histórica y reparación simbólica.Por ello, le ordenó publicar, en un plazo de 48 horas desde la notificación del fallo, un mensaje de disculpas en todas las redes sociales que utiliza, en el que reconozca que la frase y el mural constituyen un ejercicio legítimo de libertad de expresión y memoria de las víctimas, además de admitir que fueron inexactas sus afirmaciones sobre una supuesta instrumentalización política de esa expresión.Además, el alto tribunal le prohibió promover, realizar o incentivar nuevas acciones dirigidas a borrar, cubrir o sabotear expresiones artísticas relacionadas con las víctimas del conflicto y exhortó a los servidores públicos a proteger este tipo de manifestaciones como mecanismos de reparación simbólica y construcción de memoria histórica.Tras conocerse el fallo, el concejal manifestó su rechazo a la decisión de la Corte Constitucional. Aseguró que el magistrado Héctor Alfonso Carvajal Londoño dejó sin efecto las determinaciones judiciales que anteriormente habían respaldado su posición dentro de una acción de tutela relacionada con los murales.En sus declaraciones, sostuvo que el pronunciamiento responde a intereses políticos y cuestionó que, a su juicio, la justicia termine favoreciendo a quienes intervienen o deterioran bienes públicos.
En El Radar de este sábado 18 de julio de 2026, Ricardo Ospina analiza los hechos que marcaron la semana en Colombia y el mundo El programa aborda la expectativa por la gran final de la Copa del Mundo entre España y Argentina, la alerta ambiental por incendios forestales en Norteamérica, la inminente instalación del nuevo Congreso y la fuerte puja política entre el abelardismo y el uribismo por el control del Senado, además de la respuesta humanitaria ante los terremotos en Venezuela.Juan Pablo Dos Santos: El atleta y conferencista venezolano detalla la alianza con la Fundación Cirec para el "Fondo Humanitario 77", iniciativa que busca dotar de prótesis a cerca de 400 personas, incluidos más de 120 niños, que sufrieron amputaciones tras los sismos en Venezuela."Es posible tener una vida plena, una vida feliz, a pesar de tener una discapacidad".Gabriel Vallejo: El director del Centro Democrático cuestiona la interferencia del gobierno de Abelardo de la Espriella en la elección de la presidencia del Senado, defendiendo el derecho legítimo de su partido a liderar el legislativo y denunciando una ruptura de las tradiciones democráticas."Yo le pregunto hoy al gobierno es si realmente quieren que el partido Centro Democrático sea partido de gobierno".Alejandro Ramelli: El presidente de la JEP analiza los desafíos de la Jurisdicción Especial para la Paz frente al nuevo gobierno, advirtiendo que cualquier intento de desfinanciamiento o reforma radical afectaría los derechos de las víctimas y violaría compromisos con la Corte Penal Internacional: "Si usted comienza a recortar, pues finalmente a quien está afectando es a las víctimas y a los comparecientes"Escuche el programa completo aquí:
