La Fiscalía General de la Nación identificó actuaciones que, de acuerdo con los elementos materiales probatorios recopilados, evidenciarían un esquema de corrupción judicial en el que se habrían promovido demandas ante despachos que no tenían competencia territorial, con el propósito de obtener embargos sobre mesadas pensionales y posteriormente disponer de los recursos.La investigación señala que en este entramado estarían involucrados notarios, jueces, servidores públicos y particulares, quienes presuntamente habrían creado títulos ejecutivos para impulsar procesos relacionados con rentas vitalicias en ciudades diferentes a aquellas donde residían los demandantes y demandados.Entre los señalados figura Guillermo Hernán Burgos Rodríguez, exjuez de Sasaima, Cundinamarca. Según la Fiscalía, entre 2020 y 2025, el despacho que estaba a su cargo conoció 1.660 procesos relacionados con la modalidad que es objeto de investigación.La Fiscalía sostiene que Burgos Rodríguez, mientras ejercía como juez, habría admitido pretensiones pese a carecer de competencia territorial y habría ordenado retenciones sobre mesadas pensionales, además de adoptar otras decisiones encaminadas a mantener los recursos bajo custodia del juzgado.De los procesos conocidos por ese despacho, en 21 casos las decisiones habrían generado embargos de hasta el 50 por ciento de las pensiones, por lo cual más de 1.150 millones de pesos habrían sido captados.Otro de los hechos incorporados al expediente corresponde al caso de una mujer de 82 años, residente en Valledupar, Cesar, quien atravesaba dificultades económicas. Según la Fiscalía, en 2022 se habrían aprovechado de esa situación para obtener mediante engaños su firma en documentos en blanco, que posteriormente fueron utilizados para promover una demanda ejecutiva.Como consecuencia de ese proceso, a la mujer le habrían retirado 63 millones de pesos, de acuerdo con la investigación.Un fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción imputó a Burgos Rodríguez los delitos de concierto para delinquir agravado, prevaricato por acción, peculado por apropiación y abuso de la condición de inferioridad.
La Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia realizó este miércoles 23 de septiembre la audiencia de imputación de cargos contra el exgobernador de Santander Mauricio Aguilar Hurtado, por el presunto delito de peculado por apropiación, relacionado con el contrato para la construcción de la nueva sede del colegio Lucas Caballero, en Suaita.La investigación está relacionada con el contrato 3835 de 2023, adjudicado a la Unión Temporal Colucas 2022, con un presupuesto superior a $15.000 millones y un plazo inicial de ejecución de 12 meses.Sin embargo, tres años y medio después de la firma del contrato, el proyecto permanece paralizado. De acuerdo con la información conocida, el contratista únicamente ha ejecutado movimientos de tierra y no ha iniciado la construcción de la infraestructura educativa prevista.El proyecto ha enfrentado diferentes dificultades desde su inicio. Entre ellas se encuentran problemas relacionados con los estudios y diseños, el traslado de redes eléctricas y posteriormente restricciones ambientales.La Corporación Autónoma Regional de Santander (CAS) ordenó la suspensión de actividades de tala y remoción de tierra después de establecer que parte de la infraestructura proyectada estaría ubicada dentro de la franja de protección de las quebradas Chorreras e Inmaculada. Según información reportada, cerca del 38 % de la obra proyectada estaría dentro de esa zona de reserva.A esto se suma la decisión del Departamento Nacional de Planeación de suspender el flujo de recursos provenientes del Sistema General de Regalías, que representan aproximadamente el 60 % de la financiación del proyecto. La medida fue adoptada mientras se adelantan los procedimientos de control correspondientes.Incluso se ha planteado la posibilidad de una liquidación anticipada del contrato, debido a las dificultades que enfrenta la obra y a la imposibilidad de avanzar en su ejecución.El caso también ha generado actuaciones de los organismos de control. La Procuraduría formuló cargos contra funcionarios que ejercieron labores de supervisión y contra el representante legal del consorcio interventor, por presuntas irregularidades relacionadas con el seguimiento y control de la ejecución contractual.La investigación involucra a Antonio José Pinzón Páez y Próspero Alberto Arenas Castillo, quienes ejercieron labores de supervisión del contrato, y a Nelson Eduardo Navas Beltrán, representante legal del consorcio encargado de la interventoría de la obra.De acuerdo con la Procuraduría, las posibles irregularidades estarían relacionadas con las labores de seguimiento y control realizadas durante la ejecución del contrato, suscrito en 2022 y cuyo valor supera los $15.000 millones.El organismo de control busca establecer si los supervisores y el interventor cumplieron con las obligaciones que tenían a su cargo para garantizar que el proyecto se desarrollara de acuerdo con los requisitos establecidos.La audiencia judiciala de este miércoles determinará los términos de la imputación presentada por la Fiscalía contra el exmandatario. La imputación de cargos no constituye una condena y será la justicia la encargada de establecer la eventual responsabilidad penal de Aguilar Hurtado.Cabe recordar que la Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia acusó hace varios meses al exgobernador de Santander, Mauricio Aguilar Hurtado, por los presuntos delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación con el Canal TRO. De acuerdo con el ente acusador, existe material probatorio suficiente para demostrar la presunta responsabilidad del exmandatario departamental en la comisión de estos delitos, relacionados con irregularidades en la contratación de dos convenios por más de $8.000 millones entre la Gobernación de Santander y el Canal TRO, destinados a la producción y transmisión de contenidos institucionales.
Con las intervenciones del Alcaldía de Medellín como víctima en el caso y de las defensas jurídicas de los procesados, este lunes se reanuda la audiencia de medida de aseguramiento contra Miguel Quintero y otros tres implicados en presunta corrupción por seis contratos entre el Área Metropolitana del Valle de Aburrá y el cuerpo de Bomberos de Itagüí.Durante la más reciente sesión, la Fiscalía expuso reveladoras pruebas para sustentar la medida de aseguramiento contra el hermano del exalcalde de Medellín, señalado dentro del caso como un articulador para lograr el direccionamiento de dichos procesos que suman más de 17.000 millones de pesos y de los que se habrían apropiado indebidamente de 2.400 millones.La decisión justicia se conocerá no solo en medio de versiones que señalan tanto a Quintero como Álvaro Villada, exsubdirector financiero del Área Metropolitana, de establecer coimas del 15% del valor total de dichos contratos, sino también de supuestas presiones a testigos claves como Misael Cadavid, excomandante de ese cuerpo de bomberos.La fiscal del caso narró en su exposición presuntos ofrecimientos de asistencia jurídica y beneficios penitenciarios a él por parte de personas cercanas al exsenador y exalcalde de Itagüí, Carlos Andrés Trujillo, involucrando también al actual personero John Fredy Ortiz Tabares y al alcalde Diego Torres."Fue a llevarme una razón de parte del jefe, es decir, del señor Carlos Andrés Trujillo, ofreciéndome el apoyo de lo que necesitara y que me ponían los abogados. Inclusive, me dijeron que me buscaban cupo para la cárcel del municipio de Santo Domingo, Antioquia. Esto debido a que el alcalde de allá es parte del equipo de Trujillo", indicó el testigo. El excontralor de Antioquia, Sergio Zuluaga, fue otro de los mencionados por parte del ente acusador, quien presuntamente por su cercanía al grupo político de Daniel Quintero le habría sugerido a Misael Cadavid ir a juicio y descartar el principio de oportunidad en el que ya se encuentra."Aunado a ello, y muy importante, el señor Misael manifestó haber sido visitado por el excontralor de Antioquia, Sergio Zuluaga, de vínculo cercano con los Quintero. Le recomendó ir a juicio y no acogerse al principio de oportunidad", señaló.Ofrecimientos de diferentes sectores políticos en materia de asesoría jurídica a testigos en el caso que podrían terminar en presiones, se han convertido en uno de los principales argumentos para sustentar el riesgo de obstrucción a la justicia y la necesidad de una medida de aseguramiento contra Quintero.El alcalde Federico Gutiérrez nuevamente pidió celeridad en las decisiones y aseguró que durante la intervención de la defensa del Distrito se revelarán más pruebas."Mi llamado es a que no los dejen sueltos, porque están presionando a los testigos. Y algo que yo sé, están amenazando a los testigos. Si no agarran esa gente, van a matar algunos de esos testigos. ¿Por qué? Porque ellos saben lo que hay en juego", apuntó.Otro precedente a la hora de tomar una decisión por parte de la justicia tiene que ver con la primera condena en firme por este caso contra el excontador de los bomberos de Itagüí, Juan Alberto Cardona, quien confesó haber elaborado y utilizado 15 documentos falsos para soportar la legalidad y pagos de los contratos.El Juzgado 28 Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Medellín le concedió a Cardona una medida diferente a los 19 meses de prisión establecidos en sentencia. Para esto, el condenado deberá presentarse periódicamente ante las autoridades y pagar una caución.
La investigación por el manejo de los recursos destinados a garantizar la logística de las elecciones legislativas del pasado 8 de marzo en Riosucio, Chocó, terminó con la judicialización del alcalde y otros cinco funcionarios de su administración.El caso se originó en presuntas irregularidades detectadas en la destinación de recursos públicos para cubrir necesidades como transporte, alimentación, combustible y viáticos de jurados y delegados que participaron en la jornada electoral.Los otros funcionarios investigados son Roberto Bayron Tipton Caicedo, secretario de Hacienda; Francisco Calvo Romaña, jefe de Presupuesto; Wilmer Enrique Romaña Vargas, auxiliar administrativo; Jair García Rodríguez, coordinador de la Oficina de Riesgo, y Ariel Alejandro Moreno Ayala, recaudador de impuestos.Para la Fiscalía, el problema no estaría únicamente en la destinación final de los recursos por 200 millones de pesos divididos en cinco partidas presupuestales, sino en la manera como fueron tramitados.Esa fragmentación habría permitido evitar un procedimiento de contratación que exigiera la participación de una pluralidad de oferentes y, en su lugar, habría facilitado el giro directo de los recursos."Ordenó, de manera irresponsable, improvisada, sin ningún tipo de planificación ni motivación suficiente, el giro de 200 millones de pesos para un supuesto apoyo logístico a las elecciones de Congreso, desconociendo mandatos constitucionales y legales, así como los principios de moralidad, eficacia, economía, imparcialidad y publicidad", dijo el fiscal sobre la actuación del mandatario.Uno de los aspectos que ahora deberá esclarecerse en el proceso es qué ocurrió con el dinero después de su desembolso. Las evidencias recopiladas por la Fiscalía indican que solo una parte de los recursos habría terminado respaldando gastos efectivamente relacionados con la logística electoral.Entre esos soportes están cuentas de cobro relacionadas con la entrega de almuerzos, algunas de ellas sin fecha, así como facturas de combustible que habrían sido expedidas después de la realización de las elecciones.También, se encontraron documentos en los que los valores cobrados por combustible no coincidirían con los precios reales y constancias utilizadas para sustentar supuestos pagos de viáticos a jurados electorales por montos que, de acuerdo con la investigación, resultarían elevados.Los seis procesados ya fueron imputados por los delitos de peculado por apropiación, prevaricato por acción, contrato sin cumplimiento de requisitos legales y falsedad en documento privado. Sin embargo, ninguno aceptó los cargos.
Pese a ser condenado a 19 meses de prisión por su responsabilidad en un concurso de falsedades en documento privado, Juan Alberto Cardona Henao, quien fue contador y tesorero del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí, no irá a la cárcel para cumplir esta pena.En las últimas horas se conoció que el Juzgado 28 Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Medellín le concedió una medida diferente a la prisión. Cardona Henao deberá presentarse periódicamente ante las autoridades y pagar una caución, como parte de las obligaciones establecidas para cumplir la condena. Esta fue la lectura del fallo por parte del juez."Declarar la responsabilidad penal del ciudadano Juan Alberto Cardona Henao en comisiones civiles y personales reseñadas en precedencia. Se condena a Juan Alberto Cardona Henao a la pena principal de 19 meses de prisión. Accesoriamente, se le impone al sentenciado la inhabilitación en el ejercicio de derechos y funciones públicas por un tiempo igual al de la pena principal. Se impone al sentenciado la inhabilitación para el ejercicio de la profesión como contador público por el mismo término de la pena principal", precisó el despacho.La decisión se produjo luego de que el juzgado aprobara el preacuerdo suscrito entre la Fiscalía General de la Nación y el procesado, quien aceptó su responsabilidad por los hechos investigados.De acuerdo con la Fiscalía, Cardona Henao participó en la elaboración y utilización de 15 documentos falsificados, entre ellos cuentas de cobro y otros soportes que habrían sido utilizados para justificar el desembolso de recursos públicos por bienes y servicios que, según la investigación, nunca fueron suministrados. Incluso, Cardona ya había pedido perdón públicamente en una diligencia anterior."Quiero expresar sinceramente mis disculpas por los hechos relacionados con los documentos en cuestión. Reconozco que lo ocurrido fue una actuación equivocada de mi parte", reconoció Cardona.Para el ente acusador, esta documentación hacía parte de un mecanismo utilizado para dar apariencia de legalidad a pagos y facilitar el presunto desvío de recursos públicos.El caso está relacionado con al menos seis contratos suscritos entre 2020 y 2023 entre Bomberos de Itagüí y el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, por cerca de 18.000 millones de pesos.Las investigaciones buscan establecer la responsabilidad de otros funcionarios y particulares que presuntamente participaron en el esquema. Entre ellos está Miguel Quintero, hermano del exalcalde de Medellín Daniel Quintero, quien fue mencionado por la Fiscalía dentro de las pesquisas.
Se conoció la fotografía del senador electo Wadith Manzur en la cárcel La Picota de Bogotá luego de su traslado desde la Escuela de Carabineros, en medio de las investigaciones por su presunta participación en hechos de corrupción relacionados con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, UNGRD.En la foto se puede ver a Manzur recostado en una pared, la cual tiene la escala de altura o tabla antropométrica, que es usada para que medir la altura de las personas privadas de la libertad cuando ingresan a un centro penitenciario.El traslado de Manzur fue confirmado por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec, que informó que el senador electo dejó la instalación de la Policía en la que permanecía privado de la libertad para ser llevado al Complejo Carcelario y Penitenciario Metropolitano de Bogotá, conocido como La Picota.Manzur permanecía recluido en la Escuela de Carabineros desde marzo de 2026, luego de que la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia le impusiera una medida de aseguramiento en centro carcelario dentro de la investigación relacionada con el escándalo de la UNGRD.La investigación de la Corte está relacionada con presuntos ofrecimientos de dádivas a congresistas que integraban la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público. De acuerdo con lo informado sobre el proceso, los hechos investigados ocurrieron durante el segundo semestre de 2023 y estarían relacionados con operaciones de crédito y el impulso de contratos y obras de la UNGRD en Córdoba, Arauca y Bolívar.El movimiento de Manzur se produjo en el marco de una decisión del Gobierno nacional de revisar la situación de las personas privadas de la libertad que permanecían en estaciones de Policía, guarniciones militares u otras instalaciones especiales. El propósito anunciado fue establecer quiénes cumplían las condiciones legales para permanecer en esos lugares y quiénes debían ser trasladados a establecimientos penitenciarios bajo custodia del Inpec.La llegada de Manzur a La Picota se suma así a los movimientos ordenados por el Inpec para sacar de instalaciones policiales a personas privadas de la libertad que no tienen vínculo con la fuerza pública. El senador electo continuará privado de la libertad mientras avanza el proceso que adelanta la Corte Suprema de Justicia por los hechos relacionados con la UNGRD.
Destapando chats, interrogatorios a testigos clave, fechas y montos cobrados, la Fiscalía sustentó este miércoles ante el Juzgado 27 penal municipal con función de control de garantías por qué debía ser enviado a la cárcel Miguel Quintero Calle, hermano del ex alcalde de Medellín, por presuntamente direccionar contratos en un posible entramado de corrupción al interior del Área Metropolitana.De acuerdo con las pruebas expuestas por la fiscal 40 para delitos contra la administración pública, Magda Ramírez, las coimas fueron cobradas mediante 48 cheques en montos cerrados, en general de 50 millones de pesos y en un par de ocasiones por 100 millones, para un total de 944 millones de pesos, sin cuentas de cobro que sustentarán recibir este dinero. El dinero era cobrado por un bombero que rindió testimonio y reveló que nunca supo a qué correspondían estos dineros, pues era enviado por el entonces comandante del cuerpo de bomberos de Itagüí.Al parecer, Quintero Calle recibió 1.654 millones de pesos como destinatario final del 10% la cuota pactada sobre cada pago, mientras que el ente acusador estima que Villada García y Ortega Durán o atuvieron en total 827 millones de pesos, pues presuntamente se quedaban con el 5% de cada retiro solo por recibirlo. La fiscal detalló cómo se cobraban estos dineros."Una vez ingresaba cada pago al área metropolitana del Valle Ahurrá, a la cuenta del cuerpo de bomberos voluntarios de Itaúin, el monto equivalente al 15 por 100 se extraía en efectivo mediante cheques girados por cifras cerradas, en gran parte por valores de 50000000 de pesos, a nombre de varias personas. Entre estas, al señor Germán Osorio, quien era conductor y del cuerpo de bomberos voluntarios de Itagüí", indicó. Incluso el bombero que era el emisario de esos cobros, identificado como German Osorio, visitó al testigo clave del caso en la cárcel El Pedregal de Medellín: Misael Cadavid, quien se acogió a un principio de oportunidad para acceder a beneficios con la justicia. La representante de la Fiscalía indicó que los registros muestran 17 visitas entre abogados y presuntos cercanos a los señalados de este caso para “aconsejarlo” sobre el proceso judicial.Pero ahí no pararon las visitas: también, indicó la fiscal, se hizo presente allí el personero de Itagüí, John Fredy Ortiz Tabares, así como el excontralor de Antioquia Sergio Zuluaga, salpicado por otros escándalos de corrupción en el departamento. Incluso fue mencionado el alcalde de Itagüí Diego Torres, quien al parecer le ofreció a la hija de Cadavid ayuda jurídica en nombre del exsenador Carlos Andrés Trujillo."Me visitó el personero de Itagüí. Fue a llevarme una razón de parte del jefe, es decir, del señor Carlos Andrés Trujillo, ofreciéndome el apoyo de lo que necesitara y que me ponían los abogados. Este tema no se dio porque a mi hija la citaron al despacho del alcalde de Itagüí", indicó. A la par, presuntamente, hubo presiones hacia la expareja de Misael Cadavid, Ana María Balbín, quien manifestó haber recibido mensajes de SO y MQ (Interpretado en el proceso como Sebastián Ortega y Miguel Quintero) en julio de este año, para que desacreditara su testimonio ante la justicia con declaraciones públicas, como en efecto ocurrió en finales de este año.La fiscal concluyó la importancia de la medida de aseguramiento sustentada en que el hermano del exalcalde ha salido y entrado del país 18 veces, teniendo como principal destino Panamá, por estancias prolongadas.Tras cinco horas de audiencia, el juzgado 27 penal municipal de control de garantías suspendió la diligencia tras la intervención del procurador delegado. Se reanudará el lunes 21 de septiembre a las 2:00 de la tarde cuando intervendrá el representante de víctimas.
El senador electo Wadith Manzur, quien es investigado por la Corte Suprema de Justicia en relación con el escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, Ungrd, fue trasladado a la cárcel de máxima seguridad de La Picota.El Inpec confirmó el traslado de Manzur, quien inicialmente permanecía privado de la libertad en una instalación de la Escuela de Carabineros. El movimiento hace parte de una serie de traslados de personas privadas de la libertad que permanecían en estaciones policiales o guarniciones militares. La medida se produjo después de la orden del presidente Abelardo de la Espriella de revisar la situación de las personas privadas de la libertad que permanecían en estaciones de Policía y guarniciones militares, con el propósito de determinar cuáles cumplen las condiciones legales para permanecer en esos lugares y cuáles deben ser trasladadas a establecimientos carcelarios bajo custodia del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec.El pasado domingo 13 de septiembre, el presidente De la Espriella anunció en una alocución el traslado inmediato de personas condenadas por corrupción que permanecieran en guarniciones militares o lugares especiales de reclusión. En esa intervención cuestionó las condiciones de reclusión de los denominados “ladrones de cuello blanco” y afirmó que la corrupción no es un delito sin víctimas.Entre los movimientos recientes también están los de Andrés Calle, investigado por el caso de la Ungrd; el alcalde de Villa de Leyva, Víctor Gamboa, por actuaciones relacionadas con trámites urbanísticos en el municipio; y los condenados Álex Vernot, por el caso Hyundai, y Emiro Rojas, exdirector del DAS.
Tras la realización de la asamblea extraordinaria de accionistas de Ecopetrol en la que quedó conformada la nueva junta directiva de la estatal petrolera, el presidente del órgano directivo, el doctor Luis Felipe Henao, dio a conocer las tres líneas fundamentales que guiarán el rumbo de la empresa. Según explicó Henao, las prioridades inmediatas se concentran en ejecutar una auditoría forense con rigor técnico, evitar el desabastecimiento energético del país ante el fenómeno del Niño y retomar decisivamente la exploración de hidrocarburos. Auditoría forense y judicialización de hallazgos de corrupciónEl primer pilar anunciado por la junta directiva se enfoca en el esclarecimiento total de las irregularidades internas y el aseguramiento de evidencias para su posterior judicialización. El presidente de la junta enfatizó en Mañanas Blu, la necesidad de "apostarle lo que señalaba Felipe esta mañana y es tener una auditoría forense, decir la verdad con completa poder establecer punto de rigor técnico, qué pasó, cuánto costó y quiénes deben responder".De igual forma, recalcó que "sin verdad pues no hay confianza y si confianza pues no puede volver la inversión". Actualmente, el comité de auditoría —liderado por el exvicecontralor Ricardo Rodríguez G.— ha identificado preliminarmente más de 32 casos emblemáticos. Entre las investigaciones figuran presuntos pagos por nombramientos, el contrato de Covington & Burling, negocios de gas y paneles solares, mantenimientos de plantas y el caso de Termomorichal.Respecto a este último, Henao aclaró que no se tiene confirmado si el venezolano Alejandro Betancourt estuvo involucrado, pero garantizó que todas las pruebas se encuentran resguardadas bajo cadena de custodia. Asimismo, confirmó que la salida del presidente encargado, el ingeniero Juan Carlos Hurtado, se dio tras la revelación de unos audios por parte de la prensa.Al ser un emisor registrado ante la SEC y cotizar en la Bolsa de Nueva York, Ecopetrol contempla llevar estos hallazgos ante la justicia de Estados Unidos (SEC y Departamento de Justicia) por posibles violaciones a la ley de valores e irregularidades contables. Henao recordó la magnitud financiera en juego al señalar que "Ecopetrol es una empresa que ejecuta 80 millones de pesos por minuto".Plan de contingencia frente al fenómeno del NiñoEl segundo frente prioritario busca evitar que el país sufra un apagón ante un fenómeno del Niño de alta intensidad, que podría reducir los embalses a niveles cercanos al 13%. Frente a este escenario, Henao resaltó la relevancia operativa de la compañía al afirmar que "Ecopetrol es la única empresa que puede mover al mismo tiempo las tres palancas que sostiene la generación, que es todo el tema del diésel, el gas y su propia energía".Para responder a esta contingencia, la petrolera trabaja en asegurar más de 34.000 barriles diarios de diésel y combustóleo, además de aportar gas para encender más de 1.240 MW de energía térmica. Igualmente, se impulsan proyectos logísticos y de importación de gas en Buenaventura y Puerto Bahía.Reactivación de la exploración y soberanía energéticaPor último, la junta directiva determinó retomar la senda inversionista y la exploración de gas y petróleo propio para reducir la dependencia de moléculas importadas. Henao cuestionó la falta de exploración previa advirtiendo que "una petrolera que no explora, que fue lo que pasó los 4 años pasados, pues se va liquidando en cara maralenta".Para recuperar este eje, la empresa coordinará con la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) la oferta de nuevas áreas y reactivará proyectos no convencionales. Finalmente, se espera el nombramiento expedito del nuevo presidente definitivo para ejecutar estos lineamientos. Escuche aquí la entrevista:
La Fiscalía General de la Nación identificó un presunto detrimento patrimonial superior a 2.481 millones de pesos por el direccionamiento de seis contratos entre el Área Metropolitana del Valle de Aburrá y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí, por más de 17.657 millones de pesos.Los contratos, celebrados entre 2019 y 2023, buscaban fortalecer las capacidades de los bomberos, apoyar la atención de emergencias, desarrollar formación bomberil y suministrar kits durante la pandemia del Covid-19.Según la Fiscalía, la contratación se habría realizado de manera directa sin cumplir los requisitos legales. La investigación también habría establecido posibles sobrecostos en los kits para la pandemia y pagos por servicios de transporte y recargas de celulares que no habrían sido prestados.Le puede interesar: Acordó coimas: Fiscalía imputa a Miguel Quintero y lo acusa de liderar red de corrupción en el AMVAEntre los cuatro judicializados está Miguel Andrés Quintero Calle, hermano del exalcalde de Medellín Daniel Quintero. De acuerdo con el ente acusador, aunque no era servidor público, habría intervenido en los nombramientos de Juan David Palacio como director del Área Metropolitana y de Álvaro Villada como subdirector Administrativo y Financiero, con el propósito de ejercer control sobre la contratación.La Fiscalía sostiene que Quintero habría ordenado direccionar los seis contratos a cambio del 15 % de los recursos entregados. Por estos hechos fue imputado por interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación.También fueron imputados Álvaro Villada, Vanessa Álvarez y Sebastián Ortega, señalados de intervenir, según su presunta participación, en el proceso contractual y en la recepción de dinero. Ninguno de los cuatro aceptó los cargos y la imputación quedó en firme.Finalmente, hay que decir que la fiscal 40 para delitos contra la administración pública, Magda Ramírez, anunció que solicitará medida de aseguramiento únicamente contra Miguel Quintero, mientras el abogado Majer Abushihab, en calidad de representante de víctimas, sustenta que también se debe aplicar al contratista Sebastián Ortega. La petición será evaluada este miércoles a las 2 de la tarde por el juez de control de garantías.
Para muchos colombianos, acceder a un vehículo eléctrico puede representar un ahorro en el gasto de combustible. Sin embargo, durante mucho tiempo se consideró que el costo del seguro era más alto, lo que podía convertirse en un factor al momento de comprar estos vehículos.Ante ello, un estudio reveló que la diferencia en el valor de los seguros podría ser nula. Así lo señala Seguro Canguro, que analizó 220.552 cotizaciones realizadas entre enero de 2025 y septiembre de 2026 con 13 aseguradoras que ofrecen pólizas todo riesgo.De acuerdo con el análisis, los vehículos eléctricos pasaron de representar menos del 1 % de las cotizaciones en enero de 2025 a cerca del 6 % en 2026. Entre los vehículos nuevos, además, ya representan uno de cada tres carros cotizados en la plataforma.El Tesla Model Y fue el carro nuevo más cotizado para asegurar durante 2026, con 1.308 cotizaciones de vehículos cero kilómetros.¿Cuánto cuesta asegurar un carro eléctrico en Colombia?Según el estudio, el valor de la póliza depende principalmente del precio del vehículo y, al comparar carros de valores similares, los eléctricos no resultan más costosos de asegurar que los de gasolina.Para vehículos entre $90 y $120 millones, la oferta todo riesgo más económica representa el 2,07 % del valor del eléctrico, frente al 2,13 % para uno de gasolina. En carros entre $160 y $220 millones, las tasas son de 1,69 % y 1,92 %, respectivamente.La prima típica para un eléctrico parte de $2.359.060 al año. El Tesla Model Y puede asegurarse desde $2.343.700 anuales, mientras que el BYD Yuan Up parte de $2.273.545 y el MG S5, desde $1.741.764.¿Qué cambia al asegurar un Tesla o cualquier carro eléctrico?La principal diferencia está en la cantidad de aseguradoras que ofrecen cobertura. Mientras un carro de gasolina recibe ofertas de 10 aseguradoras en promedio, un eléctrico recibe ocho. Sura, Allianz y AXA Colpatria cotizan eléctricos en más del 80 % de los casos, según el estudio.La batería queda cubierta cuando el daño ocurre por un accidente, pero no ante una falla por sí sola. El cargador doméstico requiere ser declarado como accesorio para tener cobertura y la asistencia contempla grúa hasta la estación de carga más cercana.
Un hecho violento registrado en las últimas horas mantiene la atención de las autoridades en el municipio de Bolívar, Cauca, luego de que un integrante de la Policía Nacional fuera encontrado sin vida en una zona rural de esta localidad. La víctima fue identificada como Álvaro José Medina Peña, teniente y subcomandante de la estación de Policía de Bolívar. De acuerdo con la información conocida hasta el momento, el uniformado se movilizaba en un bus de servicio público con destino a El Bordo, donde tenía previsto apoyar labores relacionadas con el fortalecimiento de la seguridad.De manera preliminar, se estableció que durante el recorrido el oficial habría sido obligado a descender del vehículo. Posteriormente, fue encontrado muerto en una zona rural del municipio. Las autoridades adelantan las respectivas investigaciones para establecer cómo ocurrieron los hechos y quiénes estarían detrás del homicidio. Entre las hipótesis que se analizan está la posible participación de un grupo armado que tiene presencia en esta zona del departamento. En el sector también se ha reportado presencia del ELN.Álvaro José Medina Peña cumplía funciones como subcomandante de la estación de Policía de Bolívar. Su muerte es materia de investigación y se espera que las autoridades entreguen nuevos detalles a medida que avancen las labores de recolección de información y esclarecimiento del caso.
La violencia volvió a golpear al liderazgo comunitario en Santander. Esneider Zambrano, presidente de la Junta de Acción Comunal (JAC) de la vereda La Sierra, en Puerto Parra, fue asesinado con arma de fuego, en un hecho que es investigado por las autoridades.El homicidio fue confirmado por la Alcaldía de Puerto Parra, que rechazó el crimen y expresó sus condolencias a los familiares, amigos y habitantes de las veredas La Sierra y Las Montoyas.La Administración Municipal destacó el papel que desempeñaba Zambrano como representante de la comunidad y pidió a las autoridades avanzar con celeridad en las investigaciones para esclarecer lo ocurrido, identificar a los responsables y lograr su judicialización.Esneider Zambrano tenía reconocimiento en Puerto Parra por su liderazgo en la vereda La Sierra. En marzo de 2025, durante la presentación de un proyecto de recuperación de humedales en esta zona del departamento, la Gobernación de Santander lo identificó como presidente de la JAC.En ese momento, Zambrano destacó que las obras permitían generar empleo para más de 25 familias de la zona y contribuían a mejorar las condiciones de los cuerpos de agua de la región.Su asesinato deja nuevamente en el centro la situación de seguridad de quienes ejercen labores de liderazgo comunitario en el Magdalena Medio santandereano.Por ahora, las autoridades no han establecido públicamente quién estuvo detrás del asesinato ni se han reportado capturas relacionadas con el caso. Tampoco se ha confirmado oficialmente que el homicidio haya sido cometido debido a su condición de líder comunal.La investigación busca determinar las circunstancias del ataque, establecer los responsables y determinar el móvil del crimen.El asesinato de Zambrano ocurre pocos días después del homicidio de Rafael Julián Rodríguez Quiroz, presidente de Asojuntas del corregimiento El Centro, en Barrancabermeja, quien fue atacado con arma de fuego el pasado 22 de septiembre. Por este caso, las autoridades ofrecieron una recompensa de hasta $100 millones.Con el crimen de Esneider Zambrano, Puerto Parra vuelve a estar en el centro de la preocupación por la seguridad de los líderes comunitarios, mientras sus familiares y la comunidad de La Sierra esperan que las autoridades esclarezcan el homicidio.
La violencia continúa generando preocupación en el municipio de Andes, luego de que dos hombres fueron asesinados con arma de fuego en zona rural, elevando a 40 el número de muertes violentas registradas durante 2026.Los hechos más recientes ocurrieron en la vereda Guaymaral, aproximadamente a 15 minutos del casco urbano, cuando fueron identificados José Julián López Fernández y Juan Fernando Ruiz Ochoa, asesinados por desconocidos.Las autoridades realizaron los actos urgentes e iniciaron las investigaciones para establecer las circunstancias en las que ocurrieron los homicidios, determinar los móviles e identificar a los responsables.Una de las líneas de investigación apunta a grupos armados que tienen presencia en esta zona del departamento, por lo que las autoridades buscan establecer si los homicidios estarían relacionados con disputas por rentas o el territorio.Además, hay que mencionar que el doble asesinato ocurre en medio de una escalada violenta en Andes, ya que en menos de 48 horas se reportaron tres homicidios en el municipio.A la fecha, el Suroeste antioqueño ya supera las 220 muertes violentas en lo corrido del año y, de momento, las investigaciones continúan para esclarecer los recientes homicidios y determinar si existe una conexión entre los diferentes hechos violentos.
El incendio forestal que durante varios días mantuvo en vilo a Villa de Leyva y a otros sectores de Boyacá entra en una nueva etapa. Aunque las labores se han concentrado en controlar los últimos focos, el desafío ahora será recuperar los ecosistemas afectados y prepararse para posibles reactivaciones, luego de una emergencia que movilizó a cientos de personas y aeronaves.En entrevista con En Blu Jeans, Felipe Vergara Loboguerrero, ingeniero y habitante del municipio, aseguró que según los reportes conocidos por la comunidad el incendio alcanzaba un nivel de control cercano al 98 %, pero advirtió que la recuperación apenas comienza. El residente señaló que la afectación superaría las 1.000 hectáreas y que la restauración del territorio necesitará trabajo prolongado y recursos.La recuperación podría tomar entre 10 y 20 añosPara Vergara, el principal desafío no es apagar las llamas que son visibles, sino que los pequeños focos que permanecen en el terreno pueden requerir vigilancia y atención especializada, mientras comienza un proceso ambiental mucho más largo.“Al parecer, y según los reportes de las autoridades, el incendio está controlado en un 98 %. Sin embargo, los expertos, los que están en la tierra, los que cuidan el campo y la montaña, nos explican que los pequeños fuegos que quedan van a seguir permanentemente y es posible que mañana o pasado vuelva y se necesite apoyo. Pero la parte más importante es el daño ecológico gigantesco, que requiere de un trabajo muy fuerte de 10, 15 o 20 años de todas las fuerzas vivas”, aseguró el ingeniero.Entre las propuestas de la comunidad está la creación de viveros con especies nativas mediante jornadas colectivas, además de mejorar la preparación de fincas y viviendas rurales con elementos básicos que permitan responder rápidamente ante nuevos incendios.Esta preocupación se da después de jornadas en las que las condiciones climáticas dificultaron las labores y obligaron incluso a evacuar temporalmente a algunos bomberos que enfrentaban las llamas.¿Riesgo de avalancha en Villa de Leyva?Vergara también llamó la atención sobre la pérdida de la capa vegetal que sostiene el suelo. Según explicó a partir de las advertencias que ha recibido de técnicos y expertos presentes en la zona, las lluvias podrían arrastrar parte del terreno quemado y aumentar el riesgo de avalancha o acumulaciones de agua.“Esa capa vegetal que no tiene fuerza, que no tiene consistencia, cuando llegan las lluvias y se pierde, puede haber una avalancha o una inundación complicada”, sostuvo.La comunidad busca recursos para la recuperaciónEl experto indicó que habitantes y organizaciones locales trabajan para canalizar el apoyo económico, técnico y comunitario. Una de las prioridades será estructurar los proyectos de recuperación para evitar que las donaciones y ayudas lleguen de manera desorganizada.“Necesitamos recuperarla. La recuperación es lenta, costosa. Aquí está toda la gente capacitada y fuerte que puede lograr esto con la ayuda económica de donde más se pueda llegar”, manifestó.Para finalizar, Vergara señaló que existe una red de aliados para la convivencia, la prosperidad y la seguridad habilitada para recibir donaciones y articularlas con la Alcaldía, la Policía y los bomberos. La intención, explicó, es convertir la respuesta ciudadana en un proceso organizado de largo plazo para recuperar el territorio afectado.Escuche la entrevista completa aquí: