La Fiscalía General de la Nación abrió una indagación para establecer el alcance de la información contenida en la serie de audios revelados por la revista Semana, en los que se hacen señalamientos sobre presuntas irregularidades relacionadas con la primera dama, Verónica Alcocer, y personas de su círculo cercano.Las grabaciones publicadas contienen conversaciones atribuidas a la ciudadana colombo-española Eva Ferrer Galcerán, en las que se mencionan presuntos manejos irregulares de dinero, supuestas contrataciones en entidades del Estado y otros hechos que ahora serán objeto de verificación por parte del ente investigador.Según la publicación periodística, los audios harían referencia a un grupo de ciudadanos españoles que trabajaron con la Presidencia de la República y que eran cercanos a la primera dama, quienes, presuntamente, habrían participado en actuaciones relacionadas con contrataciones y manejo de recursos.Tras la divulgación del material, la defensa de Eva Ferrer, encabezada por la abogada María Soledad Morales Torrejano, aseguró que la difusión de las grabaciones constituye una vulneración de los derechos de su cliente, al sostener que fueron obtenidas de manera ilegal dentro de su residencia.Aunque inicialmente evitó confirmar la identidad de la persona que aparece en las grabaciones, posteriormente reconoció que “sí es la voz de Eva”, precisando que las conversaciones se desarrollaron en un ámbito privado y con una persona de su confianza.La defensa también reveló que Eva Ferrer ha promovido cuatro procesos judiciales relacionados con hechos que, según afirma, ocurrieron tras su salida del Gobierno nacional.La abogada María Soledad Morales aseguró que existen pagos pendientes por su trabajo. “A Eva le dejaron de pagar los últimos cuatro meses por su trabajo”, afirmó, al explicar que su cliente fue contratada bajo acuerdos económicos pactados en euros y pesos colombianos que, según sostiene, no fueron cumplidos. La defensa agregó que, tras el deterioro de la relación laboral, Ferrer quedó sin respaldo económico en Colombia y fue, según sus palabras, “aislada”.Por su parte, la primera dama, Verónica Alcocer, respondió a las publicaciones mediante una carta dirigida a la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, documento que posteriormente divulgó a través de sus redes sociales.En esa comunicación sostuvo que las versiones conocidas públicamente no corresponden a la realidad y manifestó que “las recientes publicaciones periodísticas que pretenden atribuirle conductas, compromisos o actuaciones irregulares carecen de todo sustento y no corresponden a la realidad”.
El presidente electo Abelardo De La Espriella denunció ante la Fiscalía, Procuraduría y Contraloría presuntos casos de corrupción que se habrían dado en el Gobierno Petro en diferentes ministerios y entidades. Según la denuncia, estos casos ascenderían a los 370.000 millones de pesos.“Entre los hallazgos se encuentra el contrato para la adquisición de 16 sistemas antidrones del Ministerio de Defensa y CODALTEC. El análisis técnico advierte posibles sobrecostos de hasta el 85 %, un presunto detrimento patrimonial superior a $20.700 millones y la entrega de equipos sin instalación completa, sin geolocalización operativa y con fallas críticas de inhibición reportadas por el Ejército Nacional”, se lee en la denuncia.En el mismo sentido, el Gobierno entrante señaló que seguirá entregando a las autoridades la información que les llegue sobre presuntas irregularidades en el Gobierno Petro. Estos datos los obtuvieron durante el llamado Empalme Anticorrupción.“También se solicitó investigar una contratación directa de la Unidad Nacional de Protección por $24.800 millones, adjudicada pese a una orden judicial de suspensión del proceso de selección que le dio origen. En el caso de CENIT, filial de Ecopetrol, se entregaron nuevos elementos sobre un contrato jurídico cercano a $23.000 millones, relacionados con presuntas presiones políticas, sugerencias de perfiles profesionales al contratista y la eliminación de mecanismos de control y seguimiento”, señaló el equipo de De la Espriella sobre las denuncias.
La Fiscalía compulsó copias para investigar a siete gobernadores y exgobernadores dentro del proceso que adelanta por el presunto esquema de corrupción que habría utilizado el Fondo Mixto para la Promoción de la Infraestructura, el Desarrollo Integral y la Gestión Social ‘Sierra Nevada’ para direccionar contratos financiados con recursos del Sistema General de Regalías (SGR) por más de 3 billones de pesos.De acuerdo con la investigación, la pérdida de recursos que se analiza en este expediente superaría el presupuesto anual de la mayoría de los municipios del país y equivaldría al monto requerido para la construcción de aproximadamente 40.000 viviendas de interés social.Las compulsas de copias fueron remitidas para establecer la eventual responsabilidad de Óscar Enrique Sánchez, gobernador del Amazonas; María Margarita Guerra Zúñiga, gobernadora del Magdalena; Luis Alfredo Gutiérrez García, gobernador del Vaupés; Fulberto Guevara, gobernador del Vichada; Ferney López Martínez, gobernador del Guaviare; Rafael Alejandro Martínez, exgobernador del Magdalena; y Álvaro León Flores, exgobernador del Vichada.Paralelamente, avanza la audiencia de legalización de captura de las 13 personas detenidas recientemente dentro de este mismo proceso. Entre los capturados se encuentran el alcalde de María La Baja (Bolívar), Ramiro González; un exalcalde del municipio de La Paz (Cesar); un contratista; así como exrepresentantes legales, exdirectores administrativo, financiero y ejecutivo, el revisor fiscal, el director técnico y supervisores del Fondo Mixto Sierra Nevada.La Fiscalía anunció que a los procesados les imputará los delitos de concierto para delinquir agravado, falsedad en documento privado, fraude procesal, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos, violación del régimen legal o constitucional de inhabilidades e incompatibilidades, prevaricato por acción, prevaricato por omisión y peculado por apropiación.Según los elementos materiales probatorios recopilados durante la investigación, funcionarios públicos y particulares habrían utilizado el Fondo Mixto Sierra Nevada para concentrar la ejecución de cerca de 480 proyectos financiados con recursos del Sistema General de Regalías.Los proyectos comprometidos corresponden a sectores como infraestructura, educación, agua potable y saneamiento básico, deporte y recreación, medio ambiente, gestión del riesgo, salud, energía eléctrica y mejoramiento de vivienda rural, entre otros.La investigación también permitió establecer que el Fondo Mixto habría adoptado un manual de contratación propio que, presuntamente, facilitó la adjudicación de contratos y subcontratos a terceros e incluso a integrantes de la misma organización, con el propósito de mantener el control sobre la ejecución de los recursos públicos.De acuerdo con la Fiscalía, los contratos habrían sido direccionados mediante procedimientos presuntamente irregulares, soportados en documentos, actas y registros falsos que, al parecer, indujeron en error a distintas autoridades y permitieron evadir los controles previstos para la contratación pública.
La organización Transparencia por Colombia presentó el balance final de la acción pública anticorrupción del Gobierno de Gustavo Petro (2022-2026), en el que advierte que varias de las principales apuestas del cuatrienio quedaron incompletas o aún no muestran resultados concretos en la prevención de la corrupción.Andrés Hernández, director ejecutivo de Transparencia por Colombia, resalta en el informe que que “la lucha contra la corrupción no puede depender únicamente de la voluntad política de cada gobierno. Colombia necesita una política de Estado con liderazgo, continuidad y capacidades institucionales que trasciendan los periodos presidenciales", afirmóEl informe señala que la principal iniciativa del Gobierno fue la Estrategia Nacional de Lucha contra la Corrupción, que buscaba orientar una política de largo plazo. Sin embargo, concluye que terminó enfocándose en acciones aisladas y, en varios casos, ya previstas en la normativa vigente.Entre los avances destaca la reglamentación de los Programas de Transparencia y Ética en el Sector Público, la creación del Sistema Nacional de Integridad, el Grupo de Transparencia del Sector Defensa y la Línea 157 para recibir denuncias por corrupción. No obstante, indica que todavía no es posible medir el impacto real de estas medidas.Denunciantes sin protección efectivaEn materia de protección a denunciantes, el balance reconoce avances legislativos para crear un marco de garantías, aunque advierte que el proceso perdió continuidad y aún no ofrece una protección efectiva. Además, cuestiona que los señalamientos públicos del presidente Gustavo Petro contra una exfuncionaria que denunció presuntos hechos de corrupción pudieron afectar la confianza de quienes buscan reportar irregularidades.En el texto no especifican a qué funcionaria hacen mención, aunque recientemente es conocido el caso de Angie Rodríguez, directora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), quien fue cuestionada por Petro, después que habló del presunto tráfico de influencias, incidencia en contratación y otras situaciones al interior del Gobierno.Deuda pendienteEl documento también resalta el inicio de la formulación de la Política Pública de Acceso a la Información, una deuda pendiente desde la expedición de la Ley de Transparencia de 2014, aunque recuerda que esta no alcanzó a ser aprobada antes del fin del mandato. Asimismo, reconoce avances en el fortalecimiento del Portal de Datos Abiertos y en la asistencia técnica a entidades públicas.En contratación estatal, Transparencia por Colombia destaca la consolidación de plataformas como SECOP II y la Tienda Virtual del Estado, así como la incorporación de herramientas para detectar riesgos en los procesos contractuales. Sin embargo, advierte que la lenta migración de entidades, las deficiencias en la calidad de la información y la falta de interoperabilidad entre sistemas siguen limitando el control ciudadano.Debilidades en la Política Criminal ElectoralRespecto a la integridad electoral, el informe señala que las reformas políticas promovidas por el Gobierno no prosperaron en el Congreso. Además, identifica debilidades en la Política Criminal Electoral y tensiones entre el Ejecutivo y las autoridades electorales, factores que redujeron la capacidad institucional para enfrentar riesgos como la financiación ilegal de campañas, la compra de votos y la injerencia de organizaciones criminales.En los sectores ambiental y de paz, la organización reconoce esfuerzos para fortalecer la transparencia en el manejo de recursos, pero advierte que persisten vacíos en el acceso a la información, el seguimiento a los proyectos y la implementación de herramientas clave como el Acuerdo de Escazú y el Sistema de Información Ambiental.El consejo al nuevo gobiernoDe cara al próximo gobierno, Transparencia por Colombia recomienda consolidar una estrategia anticorrupción con visión de Estado, fortalecer la protección a denunciantes, culminar la modernización de la contratación pública, aprobar la Política Pública de Acceso a la Información y mejorar los mecanismos de transparencia en la gestión de recursos para la paz y el medio ambiente.
La Fiscalía General de la Nación, a través del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), capturó a 13 personas señaladas de integrar una presunta red de corrupción que habría direccionado contratos financiados con recursos del Sistema General de Regalías por cerca de 3 billones de pesos, en proyectos ejecutados en 19 departamentos del país.Las diligencias se realizaron de manera simultánea en Bogotá, Cartagena, Valledupar, Sogamoso, Pereira y Villavicencio. Entre los capturados figuran el actual alcalde de María La Baja, Bolívar, Ramiro González; un exalcalde del municipio de La Paz ,Cesar; un contratista, así como varios exdirectivos y exfuncionarios del Fondo Mixto Sierra Nevada.Los capturados serán presentados en las próximas horas ante un juez de control de garantías para el desarrollo de las audiencias concentradas, en las que la Fiscalía expondrá los elementos materiales probatorios que sustentan la investigación.De acuerdo con fuentes del ente acusador, este proceso hace parte de una estrategia especializada para investigar posibles irregularidades en la contratación financiada con recursos del Sistema General de Regalías. Para ello, la Fiscalía conformó recientemente un grupo especial integrado por fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia, fiscales seccionales y fiscales especializados en corrupción, con el propósito de identificar estructuras criminales dedicadas al desvío de estos recursos públicos.Según las fuentes consultadas, hasta el momento se han identificado cinco grandes estructuras que, presuntamente, operaban mediante mecanismos similares para apropiarse de recursos destinados a proyectos regionales. Entre ellas se encuentra el denominado caso Aremca, por el cual nueve personas fueron enviadas a la cárcel dentro de una investigación relacionada con presuntas irregularidades que superarían el medio billón de pesos.El expediente conocido como Sierra Nevada corresponde al segundo gran caso identificado por ese grupo especializado, mientras que otras tres investigaciones continúan en desarrollo y permanecen bajo reserva.La Fiscalía ha establecido que el presunto esquema de corrupción detectado en Aremca sería similar al que ahora se investiga en el caso Sierra Nevada. De acuerdo con las indagaciones, las organizaciones habrían participado en un entramado que permitió la apropiación irregular de recursos del Sistema General de Regalías mediante la celebración y ejecución de contratos que, presuntamente, incumplían las disposiciones legales que regulan la contratación pública.Las investigaciones indican que las iniciativas financiadas con estos recursos habrían sido ejecutadas mediante órdenes de prestación de servicios y subcontrataciones con empresas fachada, firmas de papel y personas presuntamente vinculadas con la organización, mecanismos que, según la Fiscalía, facilitaron el direccionamiento de los recursos y el presunto desvío del dinero público.
Los congresistas del Centro Democrático Óscar Villamizar y Jonathan Pineda anunciaron que presentarán una denuncia penal contra Verónica Alcocer por los presuntos delitos de tráfico de influencias y peculado como interviniente, luego de la divulgación de unos audios que contienen graves señalamientos sobre un supuesto manejo irregular de recursos públicos y de influencia en entidades del Estado.La decisión se conoce tras la publicación de una investigación de la revista Semana, en la que se revelan grabaciones atribuidas a Eva Ferrer Galcerán, exconsejera presidencial y una de las personas más cercanas a Alcocer durante la campaña presidencial de Gustavo Petro y los primeros meses de su Gobierno.En los audios, Ferrer asegura que la entonces primera dama habría ejercido influencia en nombramientos dentro de entidades como Ecopetrol, la Dian y el Banco Agrario. Las grabaciones incluyen además señalamientos sobre presuntos testaferros, posibles irregularidades en el manejo de recursos públicos y una supuesta red de cobros por reuniones y nombramientos. Ferrer también afirma que en la Consejería Presidencial para la Reconciliación habrían desaparecido cerca de 1.000 millones de pesos y que parte de esos recursos se habría destinado a publicidad y campañas de comunicación. Ninguna de estas afirmaciones ha sido comprobada por las autoridades.Tras conocerse esas revelaciones, el senador Óscar Villamizar aseguró que los audios demostrarían que los escándalos de corrupción estarían siendo liderados por Verónica Alcocer y afirmó que esos hechos deben ser investigados por la justicia.Por su parte, el representante Jonathan Pineda señaló que Colombia no puede seguir tolerando este tipo de hechos y pidió a las autoridades competentes que adelanten las investigaciones correspondientes y que, de encontrarse responsables, se aplique todo el peso de la ley.Eva Ferrer fue una de las principales asesoras de imagen de Verónica Alcocer durante la campaña presidencial de 2022. Posteriormente ocupó los cargos de consejera presidencial para la Niñez y consejera para la Reconciliación. Salió del Gobierno en 2023 tras su distanciamiento con Alcocer y, aunque regresó brevemente en 2025 como asesora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la Republica (Dapre), dejó nuevamente ese cargo poco tiempo después.
Las declaraciones de Angie Rodríguez en Mañanas Blu siguen generando repercusiones. Un día después de que la exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE) asegurara que dentro del Gobierno existía "una red de mujeres que creía que mandaba", los panelistas del programa centraron el debate en el caso de Juliana Guerrero y en las implicaciones de las denuncias sobre un presunto intercambio de favores a cambio de poder e influencia.Durante la discusión, los participantes coincidieron en que las afirmaciones de Rodríguez ameritan una investigación de fondo, aunque también hubo diferencias sobre el alcance de las acusaciones y el tipo de pruebas necesarias para sustentarlas.El foco del debate: las acusaciones de Angie RodríguezLos panelistas insistieron en que el eje de la discusión no debía concentrarse en la vida personal de Angie Rodríguez ni en los ataques dirigidos contra ella, sino en las denuncias que hizo durante la entrevista del día anterior. La controversia gira alrededor de una acusación de enorme gravedad: determinar si desde la Presidencia se habría favorecido a una persona cercana al mandatario y si esa cercanía le permitió ejercer influencia sobre decisiones relacionadas con el Estado.En esa línea, se recordó que, según el testimonio de Rodríguez, Juliana Guerrero habría tenido acceso privilegiado a diferentes entidades y capacidad de intervenir en procesos administrativos, lo que, de comprobarse, podría configurar un caso de tráfico de influencias.¿Existía una red de mujeres con poder dentro del Gobierno?Uno de los momentos más polémicos del debate surgió cuando varios panelistas retomaron la afirmación de Angie Rodríguez sobre la existencia de una "red" de mujeres alrededor del presidente. Algunos interpretaron que esa red habría estado integrada por mujeres jóvenes que, presuntamente, obtenían posiciones de poder dentro del Estado. Incluso plantearon la hipótesis de que habría existido un intercambio de favores a cambio de nombramientos o influencia en entidades públicas.Sin embargo, otro de los participantes llamó a mantener prudencia frente a ese tipo de afirmaciones y advirtió sobre el riesgo de convertir las sospechas en hechos comprobados sin que existan decisiones judiciales o pruebas concluyentes.También cuestionó que se asociara automáticamente el ascenso de determinadas funcionarias con supuestos favores personales, al considerar que ese tipo de conclusiones puede derivar en prejuicios contra las mujeres.El caso Juliana Guerrero volvió al centro de la discusiónEl nombre de Juliana Guerrero ocupó buena parte del debate. Varios panelistas recordaron que Angie Rodríguez aseguró que Guerrero tenía acceso frecuente a la Casa de Nariño y que ejercía influencia en distintas entidades estatales.Uno de ellos afirmó que el verdadero interrogante consiste en establecer si el presidente permitió o facilitó que una persona cercana utilizara esa relación para intervenir en nombramientos o contratos.Según explicó, esa hipótesis puede investigarse mediante registros de ingreso a la Casa de Nariño, cámaras de seguridad, derechos de petición y otros elementos probatorios que permitan verificar los hechos denunciados.Las presuntas coimas y los contratosOtro de los puntos abordados fue la información publicada previamente por medios de comunicación sobre presuntas irregularidades en el Ministerio de la Igualdad. Una de las panelistas recordó que existen grabaciones divulgadas por Cambio en las que, según dijo, Juliana Guerrero y su hermana aparecían impartiendo instrucciones relacionadas con la contratación dentro de esa cartera.A partir de ese antecedente, sostuvo que las denuncias conocidas recientemente fortalecen la necesidad de esclarecer si existió una estructura que utilizó la cercanía con el poder para influir en procesos de contratación pública.Otro participante fue más allá y aseguró que el caso podría convertirse en una especie de "carrusel de la contratación" dentro del Gobierno, aunque reconoció que serán las autoridades las encargadas de establecer si existieron responsabilidades penales.También hubo llamados a exigir pruebasAunque el debate estuvo marcado por cuestionamientos al Gobierno, también hubo voces que insistieron en la importancia de respaldar las acusaciones con evidencia. Uno de los panelistas señaló que, además del testimonio de Angie Rodríguez, será indispensable presentar documentos, registros o elementos materiales que permitan corroborar las denuncias.Según explicó, las investigaciones deberán establecer si realmente existieron órdenes impartidas por Juliana Guerrero en nombre del presidente y si funcionarios públicos actuaron con base en esas instrucciones.Reviva el debate completo sobre Angie Rodríguez y Juliana Guerrero en Mañanas Blu
La directora del Fondo de Adaptación, Angie Rodríguez, aseguró en una entrevista concedida a con Mañanas Blu, con Néstor Morales, que el inicio del deterioro de su relación con el presidente Gustavo Petro estuvo relacionado con su oposición al nombramiento de Juliana Guerrero Juliana Guerrero como viceministra de Juventudes y con la influencia que, según afirmó, esta ejercía dentro del Gobierno Nacional.Rodríguez, quien permanece vinculada al Ejecutivo debido a una incapacidad médica, sostuvo que fue una de las pocas funcionarias que manifestó desacuerdos frente a decisiones presidenciales y afirmó que esa postura terminó convirtiéndola en un obstáculo para sectores cercanos al mandatario.“Yo era prácticamente la única que le revertía algo que él dijera, porque la gente lo tenía tan idealizado que nadie le levantaba la mano. Yo sí lo hacía”, aseguró durante la entrevista.La oposición al nombramiento de Juliana GuerreroUno de los principales episodios narrados por la exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE) fue su desacuerdo con el nombramiento de Juliana Guerrero como viceministra de Juventudes.Según Rodríguez, advirtió al presidente que la entonces aspirante no cumplía con los requisitos profesionales exigidos para el cargo.“Yo le dije: ‘No, señor presidente, porque ella no es profesional y por lo tanto no la puedo nombrar’”, recordó. La funcionaria aseguró que, tras expresar su posición, recibió una fuerte reprimenda del mandatario.“Me dijo que lo mío era envidia con ella”, relató Rodríguez, quien agregó que el comentario incluyó referencias a su aspecto físico, situación que calificó como un episodio de violencia de género. De acuerdo con su versión, ese momento marcó un antes y un después en la relación laboral con el jefe de Estado.“La influencia que tenía era desproporcionada”Durante la conversación con Blu Radio, Rodríguez afirmó que Juliana Guerrero ejercía una influencia superior a la de otros funcionarios del Gobierno. Asimismo, sostuvo que Guerrero acudía constantemente a la Casa de Nariño y promovía nombramientos en distintas entidades del Estado.“Ella llegaba con listas de hojas de vida diciendo: ‘Ya hablé con el presidente, nómbrame este secretario general’. Yo le respondía que no lo iba a hacer”, afirmó.La exfuncionaria aseguró además que existía una “red” de mujeres con capacidad de incidencia en decisiones administrativas: “La influencia que ella tenía en el Gobierno era una cosa desproporcionada”, expresó. Salud mental y críticas al presidenteOtro de los ejes centrales de la entrevista fue el estado de salud de Angie Rodríguez.La directora del Fondo de Adaptación confirmó que fue diagnosticada con depresión y ansiedad mientras ejercía como directora del DAPRE y rechazó que esa condición haya sido utilizada para desacreditar su trabajo: “Tener depresión no significa estar loco ni mucho menos ser incapaz”, afirmó. Rodríguez sostuvo que las declaraciones públicas del presidente Petro sobre su incapacidad médica contribuyen a estigmatizar los problemas de salud mental.“Son declaraciones desafortunadas y estigmatizantes que repudio con toda contundencia”, señaló. La funcionaria también aseguró que las presiones vividas durante su paso por la Presidencia fueron determinantes en el deterioro de su salud emocional.Diferencias por recursos para La MojanaAdemás del caso Juliana Guerrero, Rodríguez manifestó que otro de los puntos de ruptura con el Gobierno ocurrió cuando se opuso al traslado de recursos destinados a obras de adaptación climática en La Mojana.Según explicó, cuestionó la intención de mover cerca de un billón de pesos sin estudios técnicos previos. “No permití que se llevaran el billón de pesos que es de La Mojana”, afirmó. La directora sostuvo que, de concretarse cualquier modificación a esos recursos, promoverá las acciones legales correspondientes.Denuncias sobre presuntas presionesEn diferentes momentos de la entrevista, Rodríguez aseguró haber sido víctima de presiones políticas, amenazas y campañas para desacreditarla.También manifestó que teme por su seguridad y afirmó que decidió hablar públicamente porque considera necesario dejar constancia de sus denuncias.“Tengo un miedo profundo. Quiero que los colombianos oren por mí y por mi familia”, expresó. Durante la conversación, realizó otras acusaciones relacionadas con presuntas irregularidades dentro del Gobierno. Sin embargo, dichas afirmaciones no fueron acompañadas de pruebas en la entrevista y corresponden exclusivamente a su versión de los hechos.Entrevista completa de Angie Rodríguez en Mañanas Blu
En diálogo con Mañanas Blu Angie Rodríguez, actual directora del Fondo de Adaptación y exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), habló sobre las tensiones internas en el Gobierno de Gustavo Petro, su estado de salud mental y los motivos que fracturaron su relación con el mandatario. Rodríguez, quien se encuentra actualmente en incapacidad médica, denunció haber sido blanco de estigmatizaciones por parte del presidente debido a su diagnóstico de depresión y ansiedad.Salud mental y estigmatización presidencialRodríguez fue enfática al rechazar los comentarios del presidente Petro, quien sugirió que sus problemas psiquiátricos la invalidaban para el cargo. "Son desafortunadas, estigmatizantes y repudio fuertemente como mujer con toda contundencia esas declaraciones del señor presidente, porque eso no me invalida profesionalmente", afirmó la funcionaria.Según su relato, el diagnóstico de depresión y ansiedad surgió en noviembre de 2025 debido a las situaciones extremas vividas dentro del gobierno, señalando directamente al mandatario: "Creo que es mi mayor victimario".A pesar de su condición, Rodríguez destacó que en diciembre recibió máximas condecoraciones por su desempeño y mantuvo un promedio académico sobresaliente en su doctorado, lo que contradice la narrativa de incompetencia sugerida desde la Casa de Nariño. "Su relato no coincide con sus acciones", señaló, recordando que, tras conocer su diagnóstico, el presidente le asignó incluso más funciones, como la gerencia del Fondo Adaptación.El detonante: El caso de Juliana GuerreroLa relación entre Rodríguez y Petro comenzó a deteriorarse seriamente en agosto del año pasado, a raíz de la intención del presidente de nombrar a Juliana Guerrero como viceministra de Juventudes.Rodríguez se opuso al nombramiento argumentando que Guerrero no poseía título profesional, lo que desencadenó una reacción agresiva del mandatario."Ese día fue terrible porque yo le manifiesto a él que estoy en desacuerdo con nombrarla porque ella no tenía título profesional, a lo que él dice que yo soy mentirosa... básicamente me dijo que lo mío era envidia con ella", relató Rodríguez. La funcionaria agregó que el presidente hizo referencias ofensivas a su físico y que Guerrero llegó a presentar títulos de dudosa procedencia para justificar el cargo.Una red de poder e influencia "anormal"Uno de los puntos más polémicos de la entrevista fue la descripción del vínculo entre el presidente y Juliana Guerrero. Al ser consultada sobre la naturaleza de esta relación, Rodríguez fue contundente: "Había una relación que no era normal, pongámoslo en esos términos".Explicó que Guerrero ejercía una influencia desmedida en el gobierno, presionando por nombramientos de ordenadores del gasto en diversas entidades.Rodríguez describió la existencia de una "red de mujeres" que creían tener el mando en el gobierno y que veían en ella un obstáculo para sus intereses. "Era un vínculo que no es normal, que no era necesariamente laboral", añadió, sugiriendo presiones constantes para tramitar hojas de vida sin el debido rigor.Escuche aquí la entrevista:
La directora del Fondo de Adaptación, Angie Rodríguez, respondió públicamente a las declaraciones del presidente Gustavo Petro, quien hizo referencia a su incapacidad médica por razones psiquiátricas. En entrevista con Mañanas Blu, con Néstor Morales, la funcionaria rechazó las afirmaciones del mandatario, aseguró que sus diagnósticos de depresión y ansiedad no afectan su capacidad profesional y sostuvo que el jefe de Estado ha sido “su mayor victimario” debido a las presiones laborales que, según afirmó, enfrentó durante su paso por el Gobierno Nacional.Rodríguez, quien técnicamente continúa siendo directora del Fondo de Adaptación mientras permanece con incapacidad médica, explicó que no ha sido declarada insubsistente debido a su condición de salud. Sin embargo, el Gobierno designó un director encargado para la entidad mientras se resuelve su situación administrativa.Durante la entrevista, la funcionaria cuestionó el manejo que el presidente Petro dio a un tema relacionado con su salud mental y aseguró que las declaraciones públicas del mandatario contribuyen a estigmatizar a quienes enfrentan enfermedades como la depresión y la ansiedad.“Son desafortunadas, estigmatizantes, y repudio fuertemente como mujer esas declaraciones del señor presidente, porque eso no me invalida profesionalmente ni mucho menos tiene una afectación en mi intelecto ni en mi capacidad profesional para ejercer cualquier cargo público”, afirmó Rodríguez.Salud mental: un llamado contra la estigmatizaciónLa directora del Fondo de Adaptación explicó que fue diagnosticada con depresión y ansiedad en noviembre de 2025, cuando se desempeñaba como directora del Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE). Según relató, decidió acudir a atención especializada tras experimentar síntomas como insomnio, pérdida del apetito y un estado permanente de preocupación.Rodríguez aprovechó la entrevista para enviar un mensaje sobre la importancia de normalizar el cuidado de la salud mental y eliminar los prejuicios que aún existen alrededor de los tratamientos psicológicos y psiquiátricos.“Tener depresión no significa estar loco ni mucho menos ser incapaz”, manifestó, al tiempo que invitó a los colombianos a acudir a profesionales de la salud cuando identifiquen síntomas relacionados con estas enfermedades. La funcionaria señaló que millones de personas en Colombia y el mundo continúan desarrollando sus actividades laborales y académicas mientras reciben tratamiento por trastornos como la ansiedad o la depresión, razón por la cual consideró irresponsable utilizar este tipo de diagnósticos para descalificar públicamente a una persona.“Creo que es mi mayor victimario”A la pregunta de si consideraba que las presiones dentro del Gobierno habían influido en el deterioro de su salud mental. La respuesta fue directa: “Creo que es mi mayor victimario”, aseguró Rodríguez al referirse al presidente Gustavo Petro. La funcionaria explicó que llegar a esa conclusión no ha sido sencillo, pues durante varios años trabajó estrechamente con el mandatario y permaneció como una de las funcionarias de mayor duración en la Dirección del DAPRE.“Fueron muchos temas llevados al extremo y que yo aguanté por creer en un proyecto político”, agregó durante la conversación.Defiende su desempeño profesionalRodríguez rechazó cualquier insinuación de que su diagnóstico haya afectado su desempeño como servidora pública. Por el contrario, recordó que, después de conocer su condición médica, continuó recibiendo nuevas responsabilidades dentro del Gobierno.Según explicó, durante ese periodo fue designada como superintendente de Salud ad hoc para asuntos relacionados con la Nueva EPS y posteriormente fue encargada de la gerencia del Fondo de Adaptación.Asimismo, destacó que recibió reconocimientos por su gestión y que, paralelamente, continuó con sus estudios doctorales en la Universidad Externado de Colombia, donde aseguró haber obtenido uno de los mejores promedios académicos de su semestre.Para la funcionaria, estos hechos demuestran que un diagnóstico de salud mental no representa una incapacidad para ejercer funciones públicas ni disminuye las competencias profesionales de una persona.El punto de ruptura con el GobiernoDurante la entrevista también explicó cuál considera que fue el momento en que comenzó el deterioro definitivo de su relación con el presidente Petro. Rodríguez afirmó que las diferencias surgieron cuando empezó a manifestar desacuerdos frente a decisiones del Ejecutivo que, según dijo, consideraba inconvenientes.De acuerdo con su versión, el episodio que terminó por desencadenar la crisis ocurrió cuando expresó su oposición al traslado de recursos del Fondo de Adaptación destinados a proyectos en La Mojana, particularmente relacionados con el cierre de Caregato.La funcionaria sostuvo que manifestó sus reparos porque, según afirmó, la propuesta no contaba con los estudios técnicos necesarios para justificar esa decisión.
Colombia comenzó a recibir el respaldo de la comunidad internacional para atender la emergencia provocada por el terremoto del 10 de agosto. La Cancillería informó que ya fueron coordinados los primeros vuelos de ayuda humanitaria, que llegarán al país en las próximas horas con elementos destinados a las comunidades más afectadas.La operación se puso en marcha después de que las autoridades territoriales, junto con las entidades del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, evaluaran los daños y determinaran las necesidades específicas de cada municipio. Con esa información, el Gobierno comenzó a gestionar directamente la cooperación con países aliados.Entre las prioridades establecidas están los hospitales de campaña, necesarios para reforzar la atención médica en las zonas donde la infraestructura sanitaria resultó afectada. También se solicitaron kits de alimentación, aseo y hábitat, además de elementos para garantizar agua, saneamiento e higiene.La lista de necesidades incluye además kits de cocina y menaje para las familias que perdieron sus viviendas o parte de sus pertenencias. La ayuda internacional será coordinada con las autoridades nacionales y territoriales para definir su distribución en los lugares que presentan mayores necesidades.Desde las primeras horas posteriores al terremoto, el Ministerio de Relaciones Exteriores activó los canales diplomáticos para solicitar apoyo internacional. El Gobierno agradeció a los países y organizaciones que han expresado su solidaridad y disposición para contribuir a la atención de la emergencia.La llegada de estos primeros vuelos representa uno de los componentes de la respuesta que Colombia está articulando con otros países, mientras en las regiones afectadas continúan las labores de rescate, atención de heridos, asistencia a damnificados y evaluación de los daños ocasionados por el sismo.
La primera dama Ana Lucía Pineda entregó un balance de las acciones que se vienen adelantando para apoyar a las familias afectadas por el sismo y agradeció a las personas y organizaciones que se han sumado a la recolección de ayudas humanitarias en diferentes regiones del país.Según explicó, desde el día siguiente al terremoto comenzaron a funcionar puntos de acopio en distintas zonas de Colombia, una iniciativa que, dijo, ha permitido reunir elementos necesarios para atender a las comunidades afectadas. “Desde hoy en la mañana empezamos a desplazar todas estas ayudas humanitarias a los distintos territorios”.La primera dama señaló que las necesidades fueron identificadas a partir de información entregada por alcaldes y gobernadores de las regiones afectadas. Explicó que, desde las primeras horas posteriores al sismo, se realizaron visitas a diferentes Puestos de Mando Unificado para verificar las condiciones en terreno y establecer qué elementos eran prioritarios.Entre los elementos solicitados se encuentran mercados, kits de aseo, kits de cocina y elementos para pasar la noche, especialmente almohadas y colchonetas. A esto se suman medicamentos destinados a apoyar la atención de la población afectada y el funcionamiento de la red hospitalaria.Uno de los anuncios de la declaración estuvo relacionado con las familias que perdieron a sus seres queridos como consecuencia de la emergencia. Pineda informó que empresas funerarias ofrecieron servicios gratuitos para facilitar los trámites y cubrir los costos de quienes no cuentan con planes o seguros exequiales.La ayuda contempla dos modalidades. En el caso de las personas que cuentan con seguros o planes exequiales, las funerarias apoyarán la gestión necesaria para hacer efectiva la cobertura durante el proceso correspondiente ante Medicina Legal. Para quienes no tienen ningún tipo de cobertura, asumirán los costos de los servicios funerarios.De acuerdo con la información entregada por la primera dama, estarán disponibles los servicios de Capillas de la Fe, Funerales San Vicente y Funerarias del Remanso. Capillas de la Fe prestará apoyo en Pereira, Manizales y Cali, mientras que Funerales San Vicente estará disponible en Chocó. “Este servicio estará disponible en las funerarias Capillas de la Fe, en Pereira, en Manizales y en Cali, y en Chocó estará los funerales San Vicente”, explicó.Pineda indicó además que publicará en sus redes sociales los datos de la persona encargada de recibir las llamadas a nivel nacional para orientar a los familiares y facilitar el acceso a estos servicios.
Ante la emergencia provocada por el terremoto que afectó varias zonas de Colombia, Blessd, Dímelo Jara Company y la Fundación Sueños de Barrio movilizarán cerca de 150 toneladas de ayuda humanitaria para las comunidades damnificadas.La operación contempla 30 toneladas para cada uno de los territorios priorizados: Chocó, Quibdó, Pereira, Cali y Manizales. Las ayudas incluyen alimentos, agua potable, pañales, productos de higiene y otros elementos de primera necesidad.Primer envío llega al ChocóComo parte de la primera fase, cuatro camiones con 30 toneladas de ayuda ya se dirigen al Chocó. Elizabeth Quintero, integrante del equipo legal, llegó al territorio para coordinar la recepción y entrega de los suministros junto con las autoridades locales.Mientras se encontraba en la zona, Quintero fue sorprendida por un nuevo temblor, reflejo de la incertidumbre que aún enfrentan las comunidades afectadas.El equipo continúa articulando la distribución para garantizar que los recursos lleguen de manera organizada a las familias que más los necesitan.“No soy de subir, pero sí de ayudar”Blessd comunicó la iniciativa a los más de 519.000 integrantes de su grupo de difusión en Instagram. El artista explicó que, aunque no había podido publicar con normalidad, ya estaba trabajando en la organización de las ayudas.“Ustedes saben que yo no soy de subir, pero sí de ayudar. Ya estoy organizando para que la gente más necesitada tenga su ayuda”, escribió.Posteriormente, compartió imágenes del proceso de recolección y cargue de los productos.Blessd también aseguró que continúa gestionando nuevas entregas para Pereira y Manizales, mientras avanza la operación en los demás territorios priorizados.Aunque parte del proceso no se vea en redes sociales, las primeras 30 toneladas de ayuda humanitaria ya están en camino al Chocó, como parte de una iniciativa que busca atender las necesidades más urgentes de las familias afectadas por el terremoto.
La Lotería del Huila anunció el aplazamiento del Sorteo 4768, que estaba programado para realizarse este martes 11 de agosto de 2026. La entidad explicó que la decisión responde a las circunstancias que dificultan el normal desarrollo de las actividades, especialmente en consideración con los distribuidores y vendedores ubicados en las zonas más afectadas.De acuerdo con el comunicado divulgado por la entidad, el sorteo no fue cancelado, sino reprogramado para el jueves 13 de agosto de 2026, por lo que los compradores deberán tener en cuenta la nueva fecha antes de consultar los resultados.La medida fue adoptada en un contexto en el que diferentes actividades se han visto condicionadas por las circunstancias registradas en el territorio colombiano durante los últimos días. La Lotería del Huila señaló que su decisión busca actuar con solidaridad y consideración hacia quienes participan en la comercialización de sus productos.“En solidaridad y consideración con nuestros distribuidores y vendedores de las zonas más afectadas, y ante las circunstancias que dificultan el normal desarrollo de las actividades, el Sorteo 4768, programado para el martes 11 de agosto, será aplazado”, informó la Lotería del Huila.¿Cuándo será el sorteo 4768 de la Lotería del Huila?La nueva fecha establecida para el Sorteo 4768 de la Lotería del Huila es el jueves 13 de agosto de 2026.La entidad hizo énfasis en que el cambio corresponde a un aplazamiento, por lo que el sorteo mantiene su numeración y continuará bajo la nueva programación.El anuncio resulta relevante para los compradores que adquirieron billetes o fracciones correspondientes al sorteo inicialmente previsto para el martes, pues deberán conservarlos y tener presente la modificación del calendario anunciada oficialmente por la lotería.
La Lotería Nacional de la Cruz Roja Colombiana anunció la reprogramación del sorteo 3166, que estaba previsto para realizarse este martes 11 de agosto de 2026. La decisión fue adoptada luego del evento sísmico registrado en el territorio colombiano el lunes 10 de agosto, de acuerdo con la información divulgada oficialmente por la entidad.La nueva fecha establecida para el sorteo es el jueves 13 de agosto de 2026, manteniendo como hora de realización las 10:55 de la noche y con transmisión a través de Canal Uno.El cambio fue comunicado a todos los actores relacionados con la operación de la lotería, incluidos distribuidores, vendedores y público general, con el propósito de evitar confusiones frente a la fecha inicialmente anunciada y garantizar que los participantes tengan claridad sobre cuándo se efectuará el sorteo.“Debido al evento sísmico registrado en el territorio colombiano el día 10 de agosto de 2026, el sorteo 3166, programado inicialmente para hoy martes 11 de agosto, ha sido reprogramado”, informó la Lotería Nacional de la Cruz Roja Colombiana.¿Cuándo será el sorteo de la Lotería de la Cruz Roja?De acuerdo con el comunicado, el sorteo 3166 de la Lotería de la Cruz Roja se realizará el jueves 13 de agosto, a las 10:55 p. m., y será transmitido por Canal Uno.La modificación de la fecha no debe confundirse con una cancelación definitiva del sorteo. La entidad confirmó que se trata de una reprogramación, por lo que el proceso continuará en la nueva fecha establecida.La Lotería de la Cruz Roja solicitó a sus distribuidores y vendedores atender las nuevas instrucciones para el manejo de los billetes y las devoluciones correspondientes.Recepción de devoluciones continuará hasta las 9:30 p. m.Uno de los puntos destacados en el anuncio está relacionado con la recepción de devoluciones. Según la información publicada por la entidad, este procedimiento se mantendrá conforme al horario establecido, con recepción hasta las 9:30 p. m.La medida busca facilitar el proceso operativo para los vendedores y distribuidores ante el cambio en la programación del sorteo.Por ello, quienes tengan responsabilidades relacionadas con la devolución de material deberán tener presente el horario indicado por la organización y seguir los procedimientos establecidos por la Lotería Nacional de la Cruz Roja Colombiana.
