La Fiscalía General de la Nación solicitó prorrogar la medida de aseguramiento impuesta contra el exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), Carlos Ramón González, procesado por su presunta participación en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Aunque la medida continúa vigente en Colombia, no ha podido hacerse efectiva debido al asilo político que le fue concedido por Nicaragua.Durante la audiencia, la fiscal del caso explicó que la medida de aseguramiento vencería en julio y sustentó la necesidad de extenderla por la gravedad de los delitos atribuidos al exfuncionario. En ese sentido afirmó que “el delito de cohecho por dar u ofrecer, el peculado por apropiación agravado en favor de terceros y el lavado de activos superan el umbral establecido para que proceda la detención preventiva (…) y comprometen la integridad de las instituciones encargadas de la función legislativa y desvían recursos públicos destinados a la atención de desastres naturales para fines ilícitos, lo que comporta un fenómeno de desinstitucionalización del Estado”.La Fiscalía investiga a González por los delitos de cohecho por dar u ofrecer, lavado de activos y peculado por apropiación en favor de terceros, dentro de las actuaciones que buscan esclarecer la presunta desviación de recursos públicos de la UNGRD. Según el ente acusador, el exdirector del Dapre habría tenido un papel central en la presunta articulación política relacionada con la entrega de contratos y recursos a cambio de apoyos en el Congreso.El proceso tomó relevancia tras el asilo político concedido por Nicaragua, decisión adoptada bajo el argumento de una supuesta persecución política y judicial relacionada con su trayectoria en la izquierda colombiana, su cercanía con el presidente Gustavo Petro y sus antecedentes como integrante del M-19. Esta situación ha dificultado la ejecución de la orden de captura y las gestiones para lograr su comparecencia ante la justicia colombiana.En la audiencia también se abordó la situación de la notificación roja de Interpol. La fiscal explicó que “el 3 de abril del año que cursa se solicitó por la Fiscalía una nueva expedición de circular roja, recibiéndose respuesta el 7 de abril por parte de Interpol, en la cual señalaban que el requerido había solicitado a la comisión de ficheros de Interpol el retiro de la circular roja, y que la Secretaría General de Interpol procedería a su eliminación”.La representante del ente acusador sostuvo que la asistencia virtual del exfuncionario a las diligencias no garantiza su sometimiento a la justicia colombiana. Al respecto aseguró que “a pesar de tener pleno conocimiento de la existencia de una medida de aseguramiento de detención preventiva en establecimiento carcelario y la consecuente orden de captura, sin ningún reparo, sin ningún respeto por la judicatura, el señor González asistió virtualmente a la audiencia de acusación, vislumbrándose claramente que no es la pretensión de Carlos Ramón González sujetarse al cumplimiento de la pena que se llegare a imponer en su contra”, argumento con el que respaldó la solicitud de prorrogar la medida privativa de la libertad.Para la defensa del exdirector, en cabeza del abogado Iván Cancino, no hubo sustentos nuevos para prorrogar esta solicitud, destacando además que Carlos Ramón ya no está en Colombia para continuar siendo un peligro para la sociedad. Además, destacó su comparecencia virtual y su asilo político: “No es prófugo, sino asilado político, ya que salió del país y solicitó asilo antes de cualquier medida de aseguramiento, por lo que no puede exigírsele comparecencia presencial en esta etapa”.
La reposición de la infraestructura de la E.S.E. Hospital San José de San Andrés, Santander, vuelve a estar en el centro de la polémica. Veedores ciudadanos denunciaron presuntas irregularidades, retrasos en la ejecución y posibles problemas en la formulación del proyecto, situación que podría comprometer la culminación de una de las obras más importantes para la atención en salud de la provincia de García Rovira.Las preocupaciones fueron expuestas durante una reunión técnica en la que participaron representantes de la Personería Municipal, la gerencia del hospital y miembros de la veeduría ciudadana, quienes analizaron el estado actual de la construcción y las dificultades que enfrenta el proyecto.La obra fue contratada inicialmente por $16.258 millones y, de acuerdo con el cronograma establecido, debería registrar un avance cercano al 53 %. Sin embargo, los reportes presentados indican que existe un retraso aproximado del 2 % frente a la programación prevista, situación que ha generado inquietud entre las autoridades locales y la comunidad.Durante el encuentro también se reveló el estado financiero del contrato. Según las cifras expuestas, ya se han desembolsado cerca de $7.400 millones al contratista, equivalentes al 45,43 % del valor contratado, mientras que aún quedan pendientes pagos por más de $8.200 millones. Además, el hospital tendría disponibles cerca de $5.000 millones en sus cuentas.No obstante, uno de los aspectos que más preocupación genera es la necesidad de solicitar una adición presupuestal cercana a los $15.000 millones para poder culminar la obra. De aprobarse este incremento, el valor total del proyecto superaría los $30.000 millones, prácticamente el doble de lo presupuestado inicialmente.Según lo expuesto por algunos participantes de la reunión, gran parte de los inconvenientes tendrían origen en la etapa de formulación del proyecto, adelantada durante la administración anterior del hospital con acompañamiento de la Secretaría de Salud de Santander. Los asistentes señalaron que podrían existir fallas en los diseños y en la estructuración técnica que hoy estarían impactando los costos y la ejecución de la obra.Entre los ejemplos mencionados se encuentra el caso de un tablero eléctrico que, según los cuestionamientos realizados por los veedores, habría pasado de tener un valor estimado cercano a los $2 millones en la etapa precontractual a costar aproximadamente $45 millones durante la ejecución, situación que ha despertado interrogantes sobre posibles sobrecostos.A esto se suma la advertencia de que algunas modificaciones al proyecto se habrían realizado sin contar con la respectiva viabilidad del Ministerio de Salud, hecho que podría derivar en consecuencias administrativas, financieras y jurídicas.Los veedores también alertaron sobre un escenario aún más complejo: si los organismos de control o el Ministerio de Salud determinan irregularidades en la ejecución del convenio, el hospital podría verse obligado a reintegrar los recursos girados por la Nación. Esta situación representaría un duro golpe para las finanzas de la institución y podría generar un endeudamiento de grandes proporciones.Ante este panorama, no se descarta que las obras sean suspendidas en las próximas semanas mientras se revisan las alternativas técnicas, financieras y jurídicas que permitan garantizar la continuidad del proyecto.La situación ha generado preocupación entre los habitantes de San Andrés, Santander, quienes esperan que las autoridades departamentales, los organismos de control y el Ministerio de Salud esclarezcan las denuncias y definan el futuro de una infraestructura considerada fundamental para la atención médica de la región.
Una nueva controversia se ha generado en Santander por la posible llegada de una empresa investigada por la Contraloría General de la Nación. Se trata de DiBanka S.A.S., firma que ha sido objeto de cuestionamientos en auditorías relacionadas con un convenio suscrito con la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional (CASUR). Los cuestionamientos tienen origen en auditorías realizadas por la Contraloría General de la República a CASUR, en las que fueron identificados hallazgos relacionados con presuntas falencias en los procesos de contratación, falta de estudios técnicos y financieros, posibles conflictos de interés, inconsistencias en los mecanismos de compensación económica y deficiencias en los controles de transparencia.De acuerdo con la documentación conocida por los veedores, uno de los aspectos más polémicos corresponde a la contratación inicial de DiBanka en 2020 para la administración de libranzas de los afiliados a CASUR. En ese proceso, la Contraloría detectó que la firma consultora que recomendó la contratación de DiBanka compartía vínculos con la empresa beneficiada, situación que fue considerada un riesgo para la transparencia del proceso.Según informes conocidos por este medio, la Contraloría habría advertido múltiples inconsistencias en el origen, ejecución y continuidad del modelo de descuentos implementado con Dibanka S.A.S., empresa que presta servicios financieros a pensionados de la Policía Nacional.Veedores ciudadanos advirtieron que esa compañía estaría buscando quedarse con el millonario contrato para administrar la plataforma tecnológica utilizada por la Secretaría de Educación de Santander, pero fuentes consultadas por Blu Radio, señalaron que "no es cierto que esa empresa llegue a la Gobernación de Santander, no tiene ningún vínculo existente, ni lo tendrá, porque se siguen las orientaciones del Ministerio de Educación".La plataforma digital de la Secretaría de Educación de Santander es una herramienta estratégica para la gestión administrativa de créditos por libranzas de los funcionarios (docentes, personal administrativo y servicios generales) del sector educativo. Por esta razón, desde la Gobernación afirman que no tendrá cambios. La empresa Soporte Lógico S.A.S. acompaña desde hace varios años al departamento en la implementación de la plataforma para gestión de libranzas. Este proceso está en el marco de un contrato suscrito con el Ministerio para brindar asistencia técnica, capacitación y soporte funcional al sistema de información de recursos humanos a través de la plataforma transaccional SYGNUS, diseñada para administrar procesos de libranzas en línea, con el objetivo de ofrecer mayor transparencia y eficiencia en el manejo de descuentos por créditos y otras obligaciones financieras de los funcionarios.Sobre Dibanka S.A.S, se conoció que mantiene contratos similares con otras entidades del Estado como las alcaldías de Girón, Girardot, Inpec, las gobernaciones de Norte de Santander, Antioquia, Cesar y Nariño. "Empresas investigadas por la Contraloría o cualquier otra entidad por presuntas irregularidades y que no hallan sido sancionadas o judicializadas, podrán participar en procesos contractuales con el Estado, hasta que no exista un fallo definitivo en su contra", dijo el reconocido abogado administrativo, Carlos Alfaro Fonseca.
La Fiscalía General de la Nación imputó cargos por presuntas irregularidades en un contrato suscrito en 2024 para el suministro de alimentos destinados a perros y gatos del Centro de Atención y Protección Animal (CAPA) de Ibagué. Ninguno de los procesados aceptó los cargos.La alcaldesa de Ibagué, Johana Ximena Aranda Rivera, fue imputada por la Fiscalía General de la Nación junto con cuatro personas más por presuntas irregularidades detectadas en un proceso contractual relacionado con la adquisición de alimentos para los animales albergados en el Centro de Atención y Protección Animal (CAPA) de la capital tolimense.La diligencia judicial se realizó este 1 de junio ante el Juzgado 17 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Ibagué, luego de que el proceso fuera radicado el pasado 22 de mayo por la Fiscalía 34 Seccional.Los demás imputados son Johana Carolina Veloza Guio, asesora de despacho; Jessika Soto Salas, abogada de la Secretaría de Gobierno de la Alcaldía de Ibagué; el exsecretario de Gobierno Edward Amaya Márquez; y el contratista Ernesto Alfonso Quiroga.Presunto direccionamiento contractualDe acuerdo con la investigación adelantada por la Fiscalía, el contrato, suscrito en junio de 2024 para el suministro de alimentos destinados a perros y gatos del CAPA, habría sido adjudicado a una empresa que no contaba con experiencia relacionada con el objeto contractual y cuya actividad comercial principal no correspondía al suministro de alimentos para animales.Según el ente acusador, la empresa beneficiada prestaba servicios de aseo para la Alcaldía de Ibagué y varias instituciones educativas de la ciudad, situación que habría generado cuestionamientos sobre su idoneidad para ejecutar el contrato.Las labores investigativas, adelantadas con el apoyo del Grupo Anticorrupción de la DIJIN, permitieron establecer que presuntamente se elaboraron estudios previos con valores superiores a los del mercado y se solicitaron cotizaciones únicamente a dos oferentes. La Fiscalía señaló, además, que los representantes legales de las empresas consultadas tendrían vínculos de parentesco, circunstancia que habría afectado la pluralidad de oferentes exigida por la ley.Durante la audiencia, el ente investigador sostuvo que la empresa contratista habría sido presentada como la mejor opción para ejecutar el contrato, pese a que, presuntamente, no cumplía con los requisitos establecidos. Asimismo, indicó que algunos de los elementos suministrados no corresponderían a los requeridos en el pliego de condiciones.Sobrecostos por cerca de 35 millones de pesosSegún la investigación, las actuaciones atribuidas a los procesados habrían permitido direccionar el contrato a favor del contratista Ernesto Alfonso Quiroga Uribe, quien presuntamente obtuvo alrededor de 34,9 millones de pesos por concepto de sobrecostos.Por estos hechos, la Fiscalía imputó, según la participación individual de cada uno de los involucrados, los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación en favor de terceros.Ninguno de los procesados aceptó los cargos formulados por el ente acusador.No hubo solicitud de medida de aseguramientoDurante la diligencia, la Fiscalía no solicitó medida de aseguramiento contra los imputados, por lo que la alcaldesa Aranda continuará ejerciendo sus funciones mientras avanza el proceso judicial.De haberse solicitado y concedido una medida restrictiva que implicara su separación del cargo, se habría abierto la posibilidad de una suspensión temporal de la mandataria y la designación de un alcalde encargado por parte de la Gobernación del Tolima, escenario que finalmente no se materializó.El caso se convierte en uno de los procesos judiciales más relevantes que enfrenta la actual administración municipal, en medio de cuestionamientos sobre el manejo de los recursos públicos destinados a la protección y bienestar animal en la ciudad.La investigación continúa en etapa de judicialización y será la justicia la encargada de determinar la responsabilidad de los implicados en los hechos materia de investigación.
El próximo 2 de julio, la ex alcaldesa de Santa Marta Virna Johnson deberá comparecer ante los estrados judiciales de su ciudad para atender la imputación de cargos y la solicitud de medida de aseguramiento que presentará la Fiscalía en su contra por presuntos sobrecostos e irregularidades en un millonario contrato que realizó durante su administración.La ex mandataria fue citada a las 4 de la tarde en el Juzgado 8 Penal Municipal del Magdalena, donde la Fiscalía le imputará los delitos de contrato sin el cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación.La investigación se originó tras denuncias públicas que advertían presuntos sobrecostos e irregularidades en un contrato por 1.100 millones de pesos, destinado a jornadas de esterilización de perros y gatos en Santa Marta, durante la pasada administración de Johnson.El abogado Julián Quintana, quien representa a la Alcaldía de Santa Marta como víctima en el proceso, indicó que “este contrato contemplaba la realización de 2.000 procedimientos, pese a que médicos, veterinarios y animalistas aseguraron que con esos mismos recursos podrían realizarse más de 5.000 esterilizaciones”.“Entre los presuntos hallazgos denunciados se mencionaron cobros excesivos en insumos veterinarios, gastos elevados en transporte de animales, compra masiva de elementos como lapicero y costos, es decir, sobrecostos totalmente evidenciados en esa denuncia”, expresó el abogado.Este polémico caso también ha sido investigado por la Contraloría Distrital, que en su momento detectó hallazgos fiscales y administrativos por más de 684 millones de pesos.Por este caso, la Fiscalía también imputará cargos y solicitará medida de aseguramiento con Rosibel Carrillo de la Cruz, representante legal actual de la fundación Despertar Solidario.
Olmedo López, exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y considerado testigo clave en el escándalo de corrupción que sacudió a esa entidad, aceptó cargos para someterse a una sentencia anticipada. El exfuncionario aceptó su responsabilidad por los delitos de peculado por apropiación y concierto para delinquir, luego de que le fueran negados dos preacuerdos judiciales.Durante la diligencia, López aseguró que su decisión no corresponde a una estrategia procesal ni a un intento de evitar responsabilidades. “Mi decisión de aceptar responsabilidad no nació hoy. No es una decisión oportunista, producto de la base procesal, y mucho menos constituye una maniobra para evitar mi responsabilidad frente a la justicia y frente al país”, afirmó ante el juez. También señaló que desde antes de la imputación inició acercamientos con la Fiscalía General de la Nación, entregando información, documentos y participando en diligencias para esclarecer los hechos investigados.El exdirector de la UNGRD manifestó además que comprende la gravedad de los hechos y el impacto institucional generado por el caso. “Acepto los cargos formulados por la Fiscalía General de la Nación. Lo hago libre, voluntariamente y plenamente asesorado por mi defensa”, sostuvo López, quien agregó que considera que asumir responsabilidades y decir la verdad era “el camino correcto frente al país y frente a las instituciones”.Con esta diligencia judicial ahora deberá surtirse el trámite de la avalación del allanamiento a cargos el próximo martes, mientras un juez de conocimiento avanzará en la definición de la condena que enfrentará el exfuncionario. La audiencia relacionada con la sentencia anticipada quedó programada para junio, dentro del proceso derivado del entramado de corrupción que compromete recursos de la UNGRD.
Blu Radio conoció en primicia que la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia abrió investigación formal en contra de la Senadora del Pacto Histórico, Martha Peralta, por el escándalo de corrupción al interior de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres UNGRD.La magistrada Cristina Lombana llevó la ponencia que fue debatida por los 6 magistrados de la Sala. Antes de eso, el magistrado Marco Antonio Rueda hace una semanas se había inhibido de abrir investigación contra la parlamentaria al no encontrar méritos para ello.Hace apenas un par de semanas las congresistas Martha Peralta y Berenice Bedoya tuvieron una cita con la Corte para rendir versión libre. Fue en marzo del año pasado cuando el nombre de la congresista Peralta sonó durante una de las audiencias por este escándalo de corrupción, y allí, la Fiscalía mencionó a la senadora del Pacto Histórico, quien, según las investigaciones, habría sostenido reuniones con directivos de la UNGRD con el propósito de gestionar contratos.“Usted, Olmedo López, se reunió con la senadora Martha Peralta y representantes de la empresa Inversiones IRL SAS, propietaria de maquinaria amarilla. En esta reunión se habría acordado tramitar un negocio jurídico con la Unidad para el mantenimiento de infraestructura, requiriendo el uso de dicha maquinaria”, señaló la Fiscalía en su momento.La Fiscalía General de la Nación señaló a la senadora Martha Peralta por su presunta intervención indebida en un contrato de $2.170 millones destinado a la compra de maquinaria para el departamento de La Guajira.Por estos hechos de corrupción hay varios exaltos funcionarios del gobierno del presidente Gustavo Petro y congresistas investigados por presunta corrupción. A la Senadora Martha Peralta se le investigará por la presunta comisión de los delitos de cohecho impropio y tráfico de influencias.
Agentes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) adelantan una operación judicial en las instalaciones del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), en Bogotá, en medio de una investigación por un presunto caso de corrupción relacionado con la oficina de traslados de la entidad penitenciaria.La diligencia se desarrolla por orden de la Dirección contra la Corrupción de la Fiscalía General de la Nación y tiene como propósito verificar posibles irregularidades en los procedimientos de traslado de personas privadas de la libertad ordenados por el Inpec.De acuerdo con la Fiscalía, se trata de una actuación judicial enmarcada dentro de una investigación penal que se sigue por hechos asociados a presuntos actos de corrupción al interior de esa dependencia. Los investigadores buscan recopilar documentación, registros y otros elementos materiales probatorios que permitan establecer si existieron anomalías en el manejo de los traslados carcelarios.Hasta el momento, las autoridades no han revelado resultados preliminares de las pesquisas ni han confirmado si existen funcionarios específicos del Inpec bajo investigación formal dentro de este proceso penal.Según se conoció, funcionarios del Inpec colaboraron con los agentes judiciales durante el desarrollo de la inspección y facilitaron la recolección de la información requerida por el ente acusador para avanzar en las verificaciones.La diligencia hace parte de las actuaciones que adelanta la Fiscalía en casos relacionados con posibles redes de corrupción dentro del sistema penitenciario y busca establecer si hubo manipulación irregular en la asignación o autorización de traslados carcelarios.
El Juzgado 35 Penal con Función de Control de Garantías dejó en libertad por vencimiento de términos a Sandra Liliana Ortiz Nova, exconsejera presidencial para las regiones, en medio del proceso penal por el presunto entramado de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, UNGRD.La decisión se produjo luego de una solicitud presentada por la defensa de la exfuncionaria, que argumentó que ya se habían superado los tiempos establecidos por la ley para mantenerla privada de la libertad sin que iniciara el juicio oral.Durante la audiencia, el juez centró el análisis en el cómputo de términos relacionados con el delito de lavado de activos. El despacho explicó que, de acuerdo con el artículo 317 del Código de Procedimiento Penal, en este tipo de delitos deben transcurrir 240 días desde la presentación del escrito de acusación sin que se inicie el juicio oral para que proceda la libertad por vencimiento de términos.Uno de los puntos más debatidos durante la diligencia estuvo relacionado con el conteo de los días que, según la Fiscalía y la representación de víctimas, debían atribuirse a presuntas maniobras dilatorias de la defensa. Entre esos hechos se mencionaron solicitudes de aplazamiento, recursos judiciales y actividades relacionadas con la búsqueda de información para estructurar la estrategia de defensa.Sin embargo, el abogado defensor Mauricio Camacho sostuvo que las actuaciones realizadas por la defensa correspondían al ejercicio legítimo de preparación del caso, y no podían interpretarse como maniobras dilatorias. Según explicó, en total han pasado aproximadamente más de 400 días desde la acusación y que su defendida completa más de 500 días privada de la libertad.La Procuraduría respaldó la posición de la defensa y consideró que las actuaciones cuestionadas por la Fiscalía hacían parte del legítimo ejercicio del derecho a la defensa y del debido proceso.Frente a ese debate, el juez cuestionó que se pretendiera sancionar procesalmente a una parte por ejercer derechos reconocidos por la ley. “Reitero, es inaudito que el Estado colombiano le diga a una parte que puede solicitar algo, y cuando la parte lo solicita, entonces la castigan, entonces la sancionan. Eso es un contrasentido”, señaló durante la audiencia.El funcionario judicial agregó que no es razonable derivar consecuencias negativas por la solicitud de aplazamientos justificados o por actividades orientadas a recaudar pruebas para la defensa. “¿Dónde queda el principio de igualdad?”, cuestionó el juez al explicar su decisión.
El Juzgado Primero Penal del Circuito de Socorro condenó al exalcalde de San Gil, Ariel Fernando Rojas, por irregularidades en un contrato firmado en 2019 para el suministro de alimentación a miembros de la Policía Nacional que supuestamente prestaban apoyo en ese municipio de Santander.La decisión judicial fue anunciada durante la audiencia de lectura del sentido del fallo realizada el pasado 30 de abril de 2026, en la que el despacho judicial declaró la responsabilidad penal del exmandatario por el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales.El proceso se originó por un contrato suscrito entre la Alcaldía de San Gil y la fundación Fundasander por un valor cercano a los 130 millones de pesos. El convenio tenía como objetivo suministrar alimentación durante un mes a un grupo de uniformados que cumplirían labores específicas en el municipio.Sin embargo, según la investigación adelantada por las autoridades, las supuestas raciones alimentarias no habrían sido entregadas en las condiciones contratadas. Además, se estableció que varios de los policías que aparecían como beneficiarios no estaban prestando servicio en San Gil durante ese periodo. Algunos se encontraban de vacaciones e incluso otros ya estaban pensionados.Por estos hechos, también fue condenado el exsecretario de Gobierno de San Gil, Urbano Ballesteros, quien participó en el trámite y aprobación de los documentos relacionados con el contrato. En su caso, la condena corresponde al delito de celebración de contratos sin cumplimiento de requisitos legales.El caso generó atención en Santander, debido a que, durante el proceso judicial, las defensas intentaron solicitar el vencimiento de términos para evitar una decisión de fondo. Además, trascendió que algunos de los implicados habrían intentado impedir la divulgación pública del avance del proceso.La condena también tuvo repercusiones políticas y administrativas. Esta semana, Ariel Fernando Rojas Rodríguez se apartó de sus funciones en el Instituto Departamental de Recreación y Deportes de Santander, Indersantander.El proceso hace parte de las investigaciones por presuntas irregularidades en contratación pública que han involucrado a exfuncionarios de distintos municipios de Santander, especialmente en contratos relacionados con prestación de servicios y manejo de recursos públicos.
En el marco del Día Internacional del Orgullo LGBTIQ+, este 28 de junio, la organización Colombia Diversa entregará al Museo Nacional de Colombia la demanda jurídica que fue determinante para el reconocimiento del matrimonio igualitario en el país.La actividad conmemorará los 10 años de uno de los hitos más importantes en materia de derechos para las parejas del mismo sexo y busca preservar este documento como parte de la memoria histórica nacional.El matrimonio igualitario fue reconocido en Colombia mediante la Sentencia SU-214 de 2016 de la Corte Constitucional, decisión que puso fin a años de debates jurídicos sobre el derecho de las parejas del mismo sexo a contraer matrimonio civil. La demanda que ahora ingresará a la colección del Museo fue elaborada por Colombia Diversa en 2010 y sirvió como uno de los insumos que respaldaron la decisión del alto tribunal.La ceremonia se realizará a las 11:00 de la mañana en el atrio del Museo Nacional y contará con la participación de cuatro parejas del mismo sexo que han sido protagonistas en la defensa de estos derechos. Entre ellas estarán Adriana González y Marcela Rojas, reconocidas por haber sido la primera pareja en celebrar un matrimonio civil entre personas del mismo sexo en Colombia, en medio de un proceso que enfrentó cuestionamientos y obstáculos legales.Según Colombia Diversa, desde la entrada en vigor de la sentencia y hasta abril de 2026, cerca de 18.000 parejas del mismo sexo han contraído matrimonio en el país. Sin embargo, la organización asegura que todavía existen barreras para ejercer plenamente este derecho, debido a que continúan recibiendo denuncias sobre demoras injustificadas, actos discriminatorios y dificultades en algunas notarías y despachos judiciales.La organización considera que conservar la demanda en el Museo Nacional permitirá mantener viva la memoria de las luchas jurídicas y sociales que hicieron posible este avance, especialmente en un contexto en el que advierte sobre posibles retrocesos en los derechos de la población LGBTIQ+.La conmemoración también busca recordar que el reconocimiento del matrimonio igualitario fue el resultado de más de dos décadas de litigios, movilización social y decisiones judiciales encaminadas a garantizar la igualdad y el libre desarrollo de la personalidad consagrados en la Constitución.
La fase de grupos del Mundial 2026 comienza a definir los cruces de eliminación directa y el Grupo L ya tiene sus clasificados. Inglaterra aseguró el primer lugar de la zona, mientras que Croacia avanzó como segunda y Ghana logró ubicarse entre los mejores terceros.Este desenlace en la clasificación de este grupo cobra especial importancia para la selección Colombia, que espera conocer a su rival en los dieciseisavos de final. Dependiendo de su ubicación definitiva en el Grupo K, el combinado dirigido por Néstor Lorenzo podría enfrentarse a Croacia o cruzarse con Ghana que logró avanzar como una de las mejores terceras del campeonato.Los ingleses confirmaron su favoritismo y terminaron en la cima del Grupo L con siete puntos. El conjunto británico ratificó su candidatura al título.La segunda posición fue para los croatas, que sumaron seis unidades y sellaron su clasificación directa a la fase de eliminación. Los balcánicos volvieron a demostrar su capacidad competitiva en torneos internacionales y sin duda será un adversario de máxima exigencia para cualquier selección.Por su parte, Ghana concluyó tercera con cuatro puntos, situación que lo coloca alas Las Estrellas Negras entre los mejores terceros de la Copa del Mundo.En contraste, Panamá cerró su participación sin sumar puntos y quedó eliminada del torneo tras finalizar en la última posición del grupo.Ahora con la definición del Grupo L, las miradas ahora se centran en la definición del Grupo K, donde Colombia busca asegurar el primer lugar. Si la Tricolor conserva el liderato, se enfrentará a Ghana, que culminó tercera. Sin embargo, si termina segundo, el panorama cambiará y el camino hacia los octavos de final podría incluir un exigente duelo frente a Croacia.Así quedó la tabla del Grupo L:1 - Inglaterra: 7 puntos.2 - Croacia: 6 puntos.3 - Ghana: 4 puntos.4 - Panamá: 0 puntos.La definición del Grupo K terminará por completar el rompecabezas de los cruces, en una Copa del Mundo que entra en su fase decisiva y donde cada detalle puede marcar la diferencia en el camino hacia el título.
Lo que comenzó como una cita para concretar la venta de una bicicleta terminó en un violento asalto para un padre y su hijo en Houston, Texas. Ambos acudieron al encuentro tras acordar la transacción mediante Facebook Marketplace, pero fueron sorprendidos por un adolescente que, bajo amenazas con un arma, les quitó su camioneta antes de huir del lugar.El caso volvió a poner sobre la mesa los riesgos que pueden presentarse al realizar compras o ventas entre particulares a través de plataformas digitales. Aunque este tipo de servicios se ha convertido en una alternativa frecuente para comercializar artículos de segunda mano, las autoridades insisten en la importancia de adoptar medidas de seguridad al momento de concretar un encuentro presencial.De acuerdo con la información conocida, el padre y su hijo acudieron al sitio pactado convencidos de que realizarían una negociación habitual. Sin embargo, el supuesto comprador cambió el rumbo de la reunión cuando los amenazó con un arma para despojarlos de la camioneta en la que habían llegado.Tras el incidente, la víctima relató que uno de los aspectos que más le sorprendió fue la apariencia del responsable. Según explicó, en un primer momento no percibió un riesgo debido a que el sospechoso parecía un niño pequeño. Esa impresión inicial hizo que subestimara la situación y no anticipara que sería víctima del asalto.El delincuente escapó del lugar conduciendo el vehículo robado, lo que dio paso a una rápida respuesta de las autoridades. Una vez recibida la denuncia, la policía inició la búsqueda del automóvil y localizó al sospechoso, quien intentó evadir a los agentes.La localización del vehículo derivó en una persecución que se extendió por varios sectores de Houston. Finalmente, los uniformados lograron detener al adolescente y recuperar el control de la situación sin que se reportaran nuevos incidentes relacionados con el operativo.Después de la captura, las autoridades informaron que el menor enfrenta cargos por robo agravado, mientras continúan adelantando las actuaciones correspondientes dentro del proceso judicial.El episodio refleja una modalidad que ha sido reportada en distintas ciudades, en la que personas interesadas en comprar productos publicados en plataformas digitales acuerdan encuentros presenciales para posteriormente despojar a las víctimas de sus pertenencias o de sus vehículos.Facebook Marketplace se ha consolidado como uno de los principales espacios para la compra y venta de artículos usados, facilitando el contacto directo entre vendedores y compradores. Precisamente por ese modelo de funcionamiento, expertos en seguridad y cuerpos policiales suelen recomendar que las transacciones se realicen en lugares públicos, preferiblemente con alta afluencia de personas y, cuando sea posible, en zonas vigiladas o habilitadas para este tipo de intercambios.El caso ocurrido en Houston se suma a otros incidentes registrados durante transacciones concertadas mediante plataformas de compraventa en línea, un escenario que ha llevado a reforzar las recomendaciones de seguridad para quienes utilizan estos servicios con frecuencia. Mientras tanto, las autoridades continúan con las diligencias relacionadas con el adolescente detenido y con el esclarecimiento completo de los hechos.
La Selección Colombia define este sábado 27 de junio su posición en el Grupo K del Mundial 2026 ante Portugal, en un compromiso que va mucho más allá de los tres puntos. Con la clasificación a la fase de eliminación directa asegurada, el verdadero interés del partido radica en el rival que enfrentará en los dieciseisavos de final, donde el liderato de la zona plantea una encrucijada numérica.El cierre del Grupo L dejó configurados los posibles rivales para el combinado dirigido por Néstor Lorenzo. Dependiendo de si Colombia suma o pierde en su última salida de la fase de grupos, su destino en la llave definitiva cambiará radicalmente de continente y de estilo futbolístico.Las cuentas de Colombia: ¿por qué ganar o empatar cambia el rival?El reglamento del torneo cruza a los clasificados del Grupo K con los del Grupo L, generando dos escenarios automáticos para la Tricolor según el marcador final frente al equipo de Cristiano Ronaldo.Si la Selección Colombia gana o empata, asegurará matemáticamente el primer lugar del Grupo K. Al avanzar como líder de su zona, su rival en los dieciseisavos de final será Ghana, conjunto que se metió a la ronda final como uno de los mejores terceros del campeonato (3° del Grupo L).Por el contrario, si el equipo colombiano pierde ante Portugal, caerá a la segunda posición de la tabla. Este resultado provocará que el rival en la siguiente fase sea Croacia, escuadra europea que consolidó el segundo puesto de su respectivo cuadrangular (2° del Grupo L).Aunque sobre el papel clasificar en primer lugar otorga la ventaja teórica de enfrentar a un tercer lugar, el rival en mención es Ghana, una selección caracterizada por su despliegue físico y velocidad en transiciones.En la otra acera aparece Croacia, un equipo de alta experiencia en fases definitivas y rigor táctico europeo, que mediría las fuerzas de Colombia en caso de un tropiezo este sábado. Para Néstor Lorenzo, terminar en la cima sigue siendo la prioridad para mantener el impulso ganador y consolidar la confianza de un plantel que sueña con superar los cuartos de final de Brasil 2014.
La Asociación de Cultivadores de Caña de Azúcar de Colombia (Asocaña) denunció un ataque armado contra tres trabajadores de la agroindustria de la caña ocurrido en la madrugada de este sábado en zona rural del municipio de Padilla, en el norte del Cauca.De acuerdo con el gremio, los trabajadores realizaban labores de acompañamiento a un frente de cosecha cuando fueron interceptados por un grupo de hombres armados que les disparó. Como resultado del ataque, uno de los colaboradores resultó herido y fue trasladado a un centro asistencial, donde permanece en recuperación. La presidenta de Asocaña, Claudia Calero, rechazó lo ocurrido y advirtió sobre el deterioro de las condiciones de seguridad en la región. Calero agregó que la situación es cada vez más preocupante para quienes desarrollan actividades en el campo."Desde Asocaña rechazamos el ataque armado contra tres trabajadores de la agroindustria de la caña en la zona rural de Padilla, en el norte del Cauca. Uno de los trabajadores resultó herido y afortunadamente se está recuperando de forma satisfactoria en un centro hospitalario. Lo que está pasando es muy grave. Con este caso, en lo corrido del año ya tenemos un trabajador asesinado, dos heridos y seis más que fueron secuestrados durante varias horas", señaló.Ante estos hechos, Asocaña hizo un llamado a las autoridades para que adelanten las investigaciones que permitan identificar y judicializar a los responsables del ataque y, al mismo tiempo, fortalezcan las medidas de seguridad en esta zona del departamento. El gremio reiteró que la violencia continúa afectando el desarrollo de las actividades agroindustriales y aseguró que el campo colombiano no puede seguir siendo escenario de ataques contra sus trabajadores.
