La Dirección Nacional de Inteligencia desde el pasado siete de agosto, ha venido adelantando una serie de tareas para evaluar las actuaciones adelantadas durante el gobierno del expresidente Gustavo Petro y desde el comienzo, estaba en la mira el nombre de Carlos Andrés Oyola, quien estaría presuntamente involucrado en varias irregularidades.Según información de fuentes oficiales, Oyola habría intentado evitar su declaratoria de insubsistencia de su cargo como funcionario de la DNI por medio de incapacidades médicas de una reconocida clínica de Neiva, cuya autenticidad está siendo verificada por las autoridades. El presunto hacker habría decidido instalarse en la capital del Huila una vez terminó el gobierno de Gustavo Petro y de acuerdo con datos de inteligencia, estaría buscando fugarse hacia Brasil.Fuentes enteradas del asunto, indicaron que desde el pasado 7 de agosto, la DNI venía trabajando de la mano con la Fiscalía y específicamente con el CTI y por eso mantenía seguimiento y ubicación permanente a Carlos Oyola, hasta el viernes pasado cuando fue capturado en la capital del Huila.De acuerdo con personas que han formado parte de la investigación, mientras la DNI proveía información estratégica sobre la ubicación de Oyola, el CTI se desplazó a Neiva para adelantar las tareas investigativas relacionadas con el proceso penal en contra del exfuncionario.Según información de fuentes oficiales, el presidente Abelardo De La Espriella ha estado enterado permanentemente de las irregularidades presuntamente cometidas por Oyola y de la gravedad de las implicaciones de la posible fuga de información por esa vía.¿Qué actuaciones irregulares habría cometido Oyola en la DNI?Aunque hay certeza en la DNI que no se llevó la totalidad de las copias de la información de inteligencia, Carlos Andrés Oyola sí habría tenido acceso a elementos de interés, entre ellos discos duros, archivos digitales y copias de seguridad. Ahora se busca establecer qué clase de información estuvo comprometida y quiénes tuvieron acceso. No se descarta que eventualmente agencias de inteligencia rusas estén involucradas.Dentro de las funciones que Carlos Andrés Oyola habría cumplido en la DNI, se investiga si estaba la posibilidad de torpedear la cooperación en materia de inteligencia con Estados Unidos, Israel y Reino Unido, por instrucciones superiores.Pero lo más delicado que se investiga es si Carlos Oyola formó parte de una estructura con capacidades de inteligencia para afectar el proceso de las elecciones presidenciales de este año. Oyola habría tenido acceso a la información de la Registraduría sobre candidatos a la presidencia y también habría tenido la función de atacar al Registrador Nacional Hernán Penagos, cuestionar el software y deslegitimar el resultado de las elecciones, además de promover la desobediencia frente a los resultados.Finalmente, las autoridades tratan de investigar la posible venta de información de inteligencia por parte de Oyola a terceros países o a particulares.
La Procuraduría General de la Nación inició un seguimiento preventivo al contrato de mejoramiento y mantenimiento del corredor vial Duitama – Charalá – San Gil, en Santander, por presuntas irregularidades relacionadas con la ejecución física y financiera de las obras.Se trata del contrato de obra 987 de 2021, cuyo valor asciende a cerca de 310.625 millones de pesos y que, según el Ministerio Público, lleva seis años en ejecución.La actuación se produce luego de las denuncias y solicitudes presentadas por habitantes de la zona, quienes manifestaron su preocupación por las condiciones del proyecto, especialmente por la construcción de un paso nacional que atravesaría la mitad del casco urbano de Charalá.Ante esta situación, representantes de la comunidad solicitaron que se estudie la posibilidad de construir una variante que evite el paso de vehículos por el centro del municipio. La propuesta busca mejorar la seguridad de peatones, residentes, escolares y turistas, además de proteger el patrimonio histórico, cultural y paisajístico de Charalá.En desarrollo de este seguimiento, la Procuraduría informó que requirió al Instituto Nacional de Vías (INVÍAS) para que entregue información detallada sobre el avance físico y financiero del contrato, las condiciones de transitabilidad del corredor, el cumplimiento de las obligaciones pactadas y los estudios técnicos que respaldan la construcción del paso nacional.Por su parte, la Alcaldía de Charalá deberá informar sobre las actuaciones adelantadas frente al proyecto, particularmente en aspectos relacionados con el ordenamiento territorial, la seguridad vial, la protección del patrimonio histórico y cultural y los mecanismos de participación ciudadana.La Procuraduría señaló que esta actuación preventiva busca garantizar la conectividad de las comunidades rurales y proteger el acceso a servicios básicos, así como la seguridad de quienes transitan por este corredor vial de Santander.
La Fiscalía de Paraguay ordenó este domingo una operación de registro de una lujosa vivienda del expresidente Santiago Peña, quien se encuentra en prisión preventiva como parte de la investigación por el cierre de Ueno bank, una entidad con la que el ahora exmandatario es vinculado.Los fiscales Silvia González, Cristhian Benítez y Elena Fiore encabezaron el equipo del Ministerio Público que ingresó al inmueble en la ciudad de San Bernardino (centro), ubicada a unos 50 kilómetros de Asunción, la capital del país, según un comunicado de la Fiscalía.El exmandatario, destituido tras ser hallado culpable de "mal desempeño de funciones", fue imputado el sábado por presunta lesión de confianza y administración en provecho propio por lo que permanece recluido en el Regimiento de Escolta Presidencial, una unidad militar en Asunción.La caída de Ueno congeló los recursos de unos 2,94 millones de clientes, entre ellos instituciones del Estado que durante la Administración de Peña colocaron millonarios fondos públicos en ese banco.Según la acusación de Fiscalía, Ueno bank habría otorgado a Peña en mayo de 2024 "dos préstamos simultáneos" por 3.548.000.000 guaraníes (unos 577.192 dólares al cambio actual) destinados "a financiar la construcción de su vivienda en San Bernardino".Este préstamo, agrega el documento, debía pagarlos con cuotas mensuales de 239.000.000 guaraníes (38.880 dólares), "equivalentes a seis veces su remuneración presidencial".La vivienda está valuada en más de un millón de dólares, según medios locales.La imputación del Ministerio Público señala que el expresidente "habría intervenido en circunstancias relacionadas con la colocación, renovación y permanencia de importantes sumas de dinero provenientes de entidades públicas y previsionales" en la entidad.Además, Peña, según la acusación de los fiscales, "habría mantenido una relación económica y corporativa previa" con Ueno holding, un grupo empresarial que incluye a la intervenida entidad financiera.Por este caso, la Fiscalía también ha imputado a 27 personas, entre ellas Miguel Vásquez, uno de los fundadores de Ueno bank.
La Personería de Barrancabermeja abrió una investigación disciplinaria contra siete funcionarios y exfuncionarios de la Alcaldía, por presuntas irregularidades relacionadas con la ejecución de recursos de regalías y la participación de FONCOLOMBIA en proyectos del distrito. Como medida preventiva, ordenó la suspensión provisional de seis de ellos durante tres meses, sin derecho a remuneración.Los suspendidos son Jessie Stivent Moreno Salom, secretario general; Maribel Benítez Perea, secretaria de Planeación; Óscar Enrique Jaramillo Jiménez, secretario de Hacienda; Dayron Oswaldo Aguilera Cárdenas, asesor jurídico; Johana Paola Santos Rey, secretaria de Infraestructura, y Laura Vanessa Rangel Acosta, directora de Planeación Institucional.En el proceso también figura Leonardo Granados Cárdenas, exsecretario de Ambiente y Transición Energética, quien recientemente renunció a su cargo para aspirar a la Alcaldía de Barrancabermeja. Aunque está vinculado a la investigación, no fue incluido entre los funcionarios suspendidos.Las actuaciones disciplinarias abarcan cuatro proyectos financiados con recursos de regalías, relacionados con obras viales, la construcción de los colegios Los Laureles y 26 de Marzo, y la implementación de granjas solares. La Personería busca establecer si se presentaron irregularidades en su aprobación, en el cobro de estampillas y tributos que presuntamente no tendrían que causarse, así como en la designación de FONCOLOMBIA como ejecutor.De acuerdo con la información del caso, también se examinan posibles restricciones a la libre competencia en procesos contractuales por más de $72.000 millones, que habrían favorecido a empresas vinculadas a Jorge Humberto Argüello, de CONYSER S.A.S., y Yoleida Calderón, de Servicios Industriales de Barrancabermeja S.A.S.La Personería también compulsó copias a la Fiscalía General de la Nación para que evalúe la posible participación del alcalde Jonathan Vásquez, la exalcaldesa encargada Ingrid Armesto y el director de FONCOLOMBIA, Michael Martín Mojica, entre otros, en hechos que podrían tener relevancia penal. Entre las conductas por establecer se mencionan posibles delitos relacionados con contratación pública, peculado, prevaricato y falsedad documental.Adicionalmente, el organismo de control advirtió sobre cinco nuevos proyectos de regalías que superarían los $174.211 millones.La suspensión provisional busca evitar posibles interferencias en el desarrollo de la investigación o la reiteración de las conductas que son objeto de revisión. Estas decisiones tienen carácter preventivo y no representan una declaración de responsabilidad disciplinaria o penal. Los investigados conservan la presunción de inocencia y tendrán derecho a ejercer su defensa.
El presidente Abelardo De La Espriella estuvo este jueves en Leticia, Amazonas, en un evento sobre la construcción del Plan Nacional de Desarrollo. Allí se refirió a una licitación que dejó en marcha el Gobierno anterior de fibra óptica para los ríos Putumayo y Amazonas.Según el presidente, el costo de este proyecto pasó de 683.000 millones de pesos en 2025 a más de 1.14 billones en 2026, además habría incertidumbre financiera, riesgos ambientales y posibles fallas técnicas. Sin mencionar a ninguna persona en específico, el mandatario se refirió a presuntos casos de corrupción en el anterior gobierno.“Yo todo lo que hizo el Gobierno pasado lo veo con gran sospecha, donde uno levanta siempre hay corrupción, desastre y una que otra novia del anterior presidente contratada”, dijo el mandatario.Recordemos que además el director del Dapre, Carlos Ríos, denunció recientemente el caso de 48 mujeres que, según él, fueron instrumentalizadas durante el Gobierno del expresidente Gustavo Petro, a través de contratos de prestación de servicios.Tras esta denuncia, Ríos fue citado a declaración libre en la Fiscalía los días 18 y 19 de noviembre.Además, en las últimas horas, la Presidencia publicó las fotos de las tres personas que fueron ubicadas en la vivienda del director del Dapre, Carlos Ríos, un caso que se dio justo después de que el funcionario denunciara ante el Congreso la presunta instrumentalización por parte del anterior Gobierno de 48 mujeres.En el mismo sentido se conoció la imagen de la persona que habría rondado el centro educativo del hijo de Ríos. Según la denuncia de presidencia, esta persona huyó una vez se percató de la presencia de las autoridades.
El ministro de Defensa, el general en retiro Jorge Mora, reveló que esa cartera ha identificado 82 reportes de presuntas irregularidades que comprometerían cerca de 155.000 millones de pesos de recursos públicos. De acuerdo con el funcionario, 41 de estos reportes ya se convirtieron en denuncias formales ante las autoridades competentes.El anuncio fue realizado por el general Mora, quien aseguró que se han fortalecido los mecanismos para recibir, identificar y trasladar información relacionada con posibles hechos de corrupción dentro del sector.Entre las conductas reportadas mencionó presunto interés indebido en la celebración de contratos, contratos sin cumplimiento de requisitos legales, cohecho, concusión y posibles falsedades en documentos públicos. No obstante, aclaró que corresponde a las autoridades judiciales establecer si estas conductas constituyen delitos y determinar las eventuales responsabilidades individuales.Uno de los casos destacados por el ministro es el de los helicópteros rusos MI-17 del Ejército Nacional, cuya contratación para mantenimiento y suministro de repuestos está bajo investigación. Mora señaló que, según la información reportada, los hechos estarían relacionados con actuaciones ocurridas durante el gobierno anterior.La investigación está relacionada con el contrato 012 del 31 de diciembre de 2024, suscrito entre el Ministerio de Defensa y la empresa estadounidense Vertol Systems, por un valor de 32 millones de dólares.La Fiscalía investiga presuntas irregularidades en la adjudicación del contrato, pues la hipótesis del ente acusador apunta a que la empresa habría sido favorecida pese a que, aparentemente, no contaba con la experiencia, capacidad técnica y financiera necesarias para cumplir con el mantenimiento de las aeronaves.Por estos hechos son investigados el exviceministro de Defensa Luis Edmundo Suárez Soto y otras cinco personas, entre ellas particulares y antiguos funcionarios del Ministerio de Defensa y del Ejército.En el desarrollo del proceso, el Juzgado 48 Penal Municipal con Función de Control de Garantías avaló la práctica de una prueba anticipada al testigo Diego Alejandro Manrique, considerado clave para la investigación.Frente a este panorama, el ministro Jorge Mora aseguró que el Ministerio de Defensa continuará entregando la información requerida por la justicia, fortalecerá los mecanismos de control y adoptará las medidas administrativas correspondientes.
El alcalde de Villanueva, Santander, José Luis Gómez Mancilla, y el concejal Fredy Alveyro Pineda Vesga quedaron cobijados con medida de aseguramiento en centro carcelario por decisión del Juzgado Promiscuo Municipal de Coromoro. Ambos son investigados por los presuntos delitos de cohecho y corrupción, relacionado con el supuesto ofrecimiento de dinero a dos concejales para que aprobaran un empréstito de $2.726 millones destinado a pavimentar vías en dos barrios del municipio.La juez Deisy Mayerly Pico acogió la solicitud de la Fiscalía Anticorrupción de Bogotá, que argumentó que los investigados representarían un riesgo para la comunidad y para los concejales denunciantes, Eliseo Morales León y Ángel Miguel Chaparro Vargas. La Procuraduría también respaldó la medida de aseguramiento.Como elementos de prueba, los denunciantes aportaron grabaciones de audio de una reunión del alcalde con uno de los concejales, registros de llamadas telefónicas, capturas de conversaciones de WhatsApp y reportes de visitas del concejal Pineda al negocio de Chaparro Vargas.La defensa de los dos procesados apeló la decisión judicial. La juez descartó la detención domiciliaria, debido a las restricciones legales aplicables a los delitos contra la administración pública.Los dos funcionarios habían sido capturados el 20 de octubre en Bucaramanga y Villanueva. Permanecían bajo custodia en la estación de Policía de Rionegro y, por orden judicial, deberán ser trasladados a un establecimiento carcelario de Berlín, en el municipio de Socorro.La investigación continúa para establecer las presuntas responsabilidades de los procesados en los hechos denunciados. La medida de aseguramiento no constituye una condena y ambos conservan la presunción de inocencia mientras avanza el proceso penal.A la cárcel de Berlín, ubicada en El Socorro, podría ser llevados por el Inpec el alcalde y el concejal de Villanueva, Santander.
La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra el exalcalde de Charta, Santander, Álvaro Toloza Rojas, el exsecretario de Planeación e Infraestructura, Juan Carlos Gómez Castro, y el exfuncionario Harold Marcel Moreno Landazábal, por presuntas irregularidades en un contrato para la construcción de dos puentes metálicos en zona rural del municipio.Según el organismo de control, las posibles anomalías estarían relacionadas con la ejecución de un contrato de 2023, cuyo valor ascendió a $1.719 millones, destinado a construir puentes para el tránsito vehicular en las veredas La Rinconada y La Caña.La investigación disciplinaria busca establecer si los estudios técnicos entregados por la firma consultora presentaban deficiencias geotécnicas y estructurales que no fueron advertidas ni corregidas antes de avanzar con el proyecto.La Procuraduría también examina la actuación del entonces secretario de Planeación e Infraestructura, quien habría supervisado el trabajo de la consultora sin exigir el cumplimiento de los estándares técnicos y las normas aplicables. Además, investiga si el funcionario que apoyaba la supervisión omitió advertir las inconsistencias detectadas en los estudios.El caso se centra en posibles fallas en la planeación y supervisión de una obra pública, aspectos que pueden comprometer la calidad, seguridad y adecuada inversión de los recursos del municipio. Sin embargo, la formulación de cargos corresponde a una etapa del proceso disciplinario y no constituye una declaración de responsabilidad.La entidad calificó provisionalmente las conductas investigadas como faltas gravísimas cometidas a título de culpa grave. El proceso deberá determinar si los tres exfuncionarios incurrieron en responsabilidad disciplinaria.
La Procuraduría General de la Nación remitió a la función disciplinaria el caso relacionado con la elección del contralor de Santander para el periodo 2026-2029, tras identificar posibles incumplimientos de las normas que regulan el proceso de selección. La decisión busca establecer si hubo irregularidades y determinar eventuales responsabilidades.El Ministerio Público informó que cerró la actuación preventiva que adelantaba sobre este procedimiento, luego de solicitar información a la Asamblea Departamental de Santander y al Tribunal Administrativo de Santander sobre la convocatoria pública, las actuaciones administrativas y las decisiones judiciales relacionadas con el concurso de méritos.Según la Procuraduría, la convocatoria inicial fue objeto de una medida judicial de suspensión provisional. Posteriormente, se presentaron nuevas actuaciones judiciales y administrativas que mantuvieron suspendidos los efectos de la convocatoria, mientras la Asamblea Departamental adelantaba actuaciones relacionadas con la continuidad del proceso.Uno de los aspectos que llamó la atención del organismo de control es que, al cierre de la actuación preventiva, todavía no se había elegido al contralor departamental para el periodo 2026-2029. Por esta razón, el expediente fue trasladado a la instancia disciplinaria, que deberá evaluar los hechos y establecer si se presentaron conductas que ameriten una investigación formal.La Procuraduría aclaró que esta actuación busca determinar posibles responsabilidades y no constituye, por sí misma, una declaración de culpabilidad contra los funcionarios o servidores públicos que hayan intervenido en el procedimiento.El contralor departamental es el funcionario encargado de vigilar el manejo de los recursos públicos de la Gobernación de Santander y de las entidades sujetas a su control fiscal. Su elección se realiza mediante una convocatoria pública basada en el mérito, con participación de la Asamblea Departamental y bajo las reglas constitucionales y legales aplicables.La suspensión judicial de una convocatoria puede afectar el cronograma y la continuidad del proceso, por lo que las decisiones administrativas deben ajustarse a las órdenes de los jueces y a la normativa vigente. La actuación disciplinaria anunciada por la Procuraduría deberá establecer si las actuaciones adelantadas en Santander cumplieron esas obligaciones.El caso pone nuevamente la atención sobre el procedimiento para elegir a quien tendrá la responsabilidad de vigilar el uso de los recursos públicos del departamento durante el periodo 2026-2029.
La Corte Suprema de Justicia negó la solicitud de la defensa para anular el llamado a juicio contra seis excongresistas investigados por su presunta participación en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).Los procesados son Wadith Manzur, Karen Manrique, Liliana Bitar, Julián Peinado, Juan Pablo Gallo y Juan Diego Muñoz, señalados de presuntamente recibir ofrecimientos de contratos para proyectos en sus regiones a cambio de respaldar operaciones de crédito del Gobierno en 2023.La decisión se conoció durante la audiencia preparatoria de juicio, en la que la Sala de Primera Instancia definió las pruebas y los testimonios que serán tenidos en cuenta durante el proceso. La defensa había solicitado excluir algunas declaraciones y elementos probatorios, pero la Corte consideró que estos podrán ser debatidos en el juicio.Entre las decisiones del alto tribunal está citar a declarar a los exministros de Hacienda Ricardo Bonilla y del Interior Luis Fernando Velasco, así como al exdirector de la UNGRD, Olmedo López.También fueron llamados los exministros Mauricio Cárdenas y Alberto Carrasquilla, quienes deberán explicar el funcionamiento histórico de las reuniones, la programación y la coordinación de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público.La Corte además tendrá en cuenta los testimonios de Carlos Ramón González, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), quien permanece prófugo de la justicia; de los expresidentes del Congreso Iván Name y Andrés Calle; del exministro Mauricio Lizcano; del exasesor Jaime Ramírez Cobo y de Óscar Enrique Cárdenas.Adicionalmente, ordenó un peritaje informático forense a los celulares de María Alejandra Benavides, Sneyder Pinilla y Olmedo López, con el propósito de establecer si es posible recuperar registros eliminados y verificar la información contenida en esos dispositivos.La investigación se centra en presuntos ofrecimientos de contratos y proyectos de inversión en Córdoba, Arauca y Bolívar a cambio de que los entonces congresistas respaldaran operaciones de crédito público del Gobierno en 2023.La audiencia preparatoria fue suspendida y se reanudará este miércoles a las 8:00 a.m, cuando continuará el trámite judicial contra los seis excongresistas.
Valentina Montes López, de 17 años, padece neurofibromatosis, una enfermedad que le ha provocado el crecimiento acelerado de tumores en el cuello. Su madre, Janet de Jesús López, asegura que la joven ha perdido peso, tuvo que abandonar el colegio desde el pasado mes de agosto y actualmente permanece hospitalizada en Barranquilla, donde su condición sigue deteriorándose.El tumor ha alcanzado un tamaño que compromete vasos sanguíneos y estructuras del cuello, por lo que una cirugía es muy riesgosa. La única salida que le dan los médicos es la aplicación de un medicamento, selumetinib el cual requiere ser importado desde EE.UU y aunque la EPS Proteger ya autorizó su compra y aplicación, ahora requieren que el Invima apruebe de manera urgente su ingreso al país.Janet insiste que su hija está en una lucha contrarreloj para que su vida no se apague: "El medicamento lo que va a hacer es suprimir el tamaño del tumor. Se busca conseguir que esas masas que ella tiene disminuyan de tamaño entre un 20 y 30% para que los cirujanos estudien la posibilidad de intervenir para que ella descanse. Esa masa le produce a ella demasiado dolor. Necesito con urgencia que el Invima dé vía libre y no se me vaya a morir mi niña. Eso es eso es lo más urgente que necesitamos, porque yo estoy viendo a mi hija que todos los días se me va deteriorando", clamó Janeth.Valentina es la mayor de 3 hermanos. La adolescente vive en la ciudad de Valledupar, pero ya completa 3 meses de estar internada en la clínica Porto Azul, en Barranquilla. Blu Radio logró contactarse con personal del Invima la mañana de este martes y nos indicaron que revisarán el caso para darle trámite lo antes posible.
Un cambio en los impuestos al tabaco podría terminar generando un efecto contrario al que busca la política de salud pública en Colombia. Así lo advirtieron organizaciones de la sociedad civil y del sector salud, que hicieron un llamado urgente a los congresistas encargados de conciliar el proyecto de ley para que mantengan el texto aprobado por el Senado y no permitan retrocesos en las medidas para desincentivar el consumo de cigarrillos.El llamado fue realizado por Red PaPaz, la Liga Colombiana Contra el Cáncer, Fundación Anáas, ReCeTa Colombia y NATTI, luego de conocer los resultados de una microsimulación académica que comparó los efectos de las propuestas aprobadas por Senado y Cámara de Representantes. El estudio fue desarrollado por investigadores de la Universidad del Rosario, la Universidad Icesi, a través de Proesa, y Tabaconomía, de la Universidad Adolfo Ibáñez de Chile. Entre sus principales conclusiones advierte que, si durante la conciliación prevalece el texto de la Cámara, Colombia podría tener 92.450 fumadores adicionales de cigarrillos convencionales y 46.408 muertes prematuras más a lo largo de la vida de la población analizada.En contraste, si se mantiene la propuesta aprobada por el Senado el pasado 4 de noviembre, se podrían evitar 52.180 fumadores y 18.143 muertes prematuras.Otro de los argumentos que ha surgido durante la discusión es el posible aumento del contrabando por cuenta de los impuestos. Sin embargo, Guillermo Paraje, profesor de Tabaconomía de la Universidad Adolfo Ibáñez de Chile, aseguró que no existe evidencia en América Latina que demuestre que los incrementos tributarios generen un aumento del comercio ilegal.Según el comunicado, las estimaciones de comercio ilícito presentadas por la industria tabacalera en la región son entre 1,4 y 3,6 veces superiores a las mediciones independientes. Además, un estudio realizado en Bogotá, Medellín, Cali, Cartagena y Cúcuta estimó que el comercio ilegal representaba el 16,9 % del consumo de cigarrillos en esas cinco ciudades durante 2023. Las organizaciones también pusieron sobre la mesa el impacto del consumo de tabaco entre niños y adolescentes. De acuerdo con el Estudio Nacional de Consumo de Sustancias Psicoactivas en Población Escolar de 2022, cerca de 11 de cada 100 estudiantes entre los 12 y los 18 años habían probado cigarrillos convencionales, mientras que alrededor de 23 de cada 100 habían utilizado cigarrillos electrónicos. En ambos casos, la mitad de quienes los habían probado reportó haber comenzado a los 14 años o antes.El proyecto de ley deberá superar la conciliación entre Senado y Cámara de Representantes. Posteriormente, el texto definitivo tendrá que ser aprobado por ambas plenarias antes de pasar a sanción presidencial. Para las organizaciones, esta decisión será determinante para evitar que la reforma termine debilitando las medidas de prevención del tabaquismo en Colombia.
La reconocida chef y empresaria colombiana Leo Espinosa, considerada la figura más influyente de la alta cocina en el país, habló en Mañanas Blu, sobre las consecuencias que generaría el proyecto de ley de ajuste fiscal promovido por el Gobierno, luego de publicar un video en sus redes sociales en representación del gremio gastronómico para denunciar la coyuntura.De acuerdo con la empresaria, los negocios de restauración y hospitalidad se encuentran contra las cuerdas debido al encarecimiento desmedido de los insumos alimentarios, el peso de la nómina y las cargas tributarias existentes. "La estructura de costos se volvió insostenible en los restaurantes y hoy en día ese es entre el encarecimiento desmedido de los alimentos y el peso de las cargas laborales, insumos y nómina, además de los impuestos como impuesto al consumo... los empresarios están remando contra un consumo resentido", afirmó la chef.El fantasma de 2016Para dimensionar el impacto de la iniciativa gubernamental, Espinosa recordó los efectos de la reforma tributaria aprobada durante el mandato de Juan Manuel Santos. En sus declaraciones, la Ley 1816 de 2016 representó "una verdadera estocada para el sector" al imponer una tarifa ad valorem del 20% y un IVA del 19% a los vinos y licores. "Sacamos el vino del bolsillo del consumidor promedio y por eso desde ese entonces el consumo de vinos o la cadena de valor del vino es costosísima", enfatizó.El nuevo proyecto fiscal busca incrementar el impuesto ad valorem al 35%, elevando de igual forma el cobro por grado de alcohol. Ante este panorama, la empresaria advirtió que la medida sofocará a los comercios legales y fomentará la ilegalidad. "Esto va a ser asfixiante para las ventas de la industria formal y lo peor de todo es que puede abrir las posibilidades al contrabando", subrayó.Transformación drástica en el consumoPese a que la percepción ciudadana sugiere que los comedores lucen concurridos, Espinosa aclaró que la afluencia no equivale a solvencia económica, pues el consumo por mesa ha experimentado una contracción aproximada del 50%. Los comensales han tenido que recortar sustancialmente su gasto para poder salir a comer fuera de casa."Una pareja salía y se tomaba una copa de vino y en los restaurantes tradicionales de entrada, plato fuerte y postre pedían dos entradas, dos fuertes y cada uno su postre. Pues ahora no, ahora no se pide entrada, se pide fuerte y se toma agua", detalló la chef. Asimismo, precisó que la responsabilidad no recae en los establecimientos, sino en la inflación generalizada: "La gente quiere salir, pero el problema es que no puede pagar los altos costos y la culpa no es de los restaurantes que los insumos están altos".Espinosa hizo hincapié en las diferencias operativas entre categorías de establecimientos. A diferencia de un restaurante de carretera, de comida casual o un "corrientazo", los establecimientos de alta cocina operan con un factor multiplicador de costos mucho más elevado. Este factor responde a la exigencia de mantener altos estándares de servicio y a la imposibilidad de sustituir insumos de calidad por opciones de menor valor.Frente a esta coyuntura, Espinosa urgió al Gobierno nacional a revisar la política tributaria sectorial. La empresaria recordó que la exención o reevaluación del impuesto al consumo aplicada tras la emergencia sanitaria permitió que la gastronomía se convirtiera en uno de los sectores de mayor crecimiento en la pospandemia. Por ello, solicitó formalmente "que se reevalúe el impuesto al consumo" para evitar el colapso de la hospitalidad y preservar la sostenibilidad de la cocina formal en Colombia.Escuche aquí la entrevista:
El padre de Rony, futbolista del Santos brasileño, fue asesinado el lunes de una puñalada en el cuello motivada por el impago de un servicio sexual, según confesó este martes a la Policía la detenida y pudo confirmar EFE.Selma Soares Cordovil, de 48 años, fue arrestada como sospechosa de asesinar a Marigerson Barbosa Carneiro, de 72, pocos minutos después del crimen en el municipio de Terra Alta, a unos 100 kilómetros de Belém, capital del estado de Pará.Durante su declaración ante la Policía Civil, la mujer confesó que no se arrepiente de lo sucedido y que le clavó un cuchillo de 20 centímetros en el cuello al padre del atacante porque no le había pagado el importe de un servicio sexual que le prestó una semana antes del suceso.Los testimonios recogidos por las autoridades afirmaron que la puñalada mortal se produjo en torno a las 15:30 horas del lunes (18:30 GMT), mientras el padre de Rony, bicampeón de la Copa Libertadores con el Palmeiras (2020 y 2021), se encontraba de espaldas a su agresora.El progenitor del futbolista, que llegó a debutar con la selección nacional, fue trasladado de urgencia a un puesto médico, donde finalmente falleció desangrado a causa de la herida.Tras conocerse la noticia, el Santos liberó a Rony de sus compromisos con el equipo y su compañero Neymar Jr. le prestó su avión privado para que pudiera trasladarse junto a su familia hacia la región de Pará, en el norte brasileño."Afronto este momento con profunda tristeza y dolor en el corazón", declaró en un comunicado el jugador, que añadió que su deseo es honrar la memoria de su padre y "encontrar fuerzas para seguir adelante".A las condolencias enviadas por el Santos y sus jugadores también se sumaron las del Remo, equipo en el que Rony se formó y debutó como futbolista profesional, y las del Palmeiras, club con el que conquistó once títulos entre 2020 y 2025.
El chance Chontico Día se mantiene entre los más populares del Valle del Cauca y cuenta con miles de apostadores que siguen sus resultados en cada jornada.¿Cuál fue el número ganador del Chontico Día hoy, martes 10 de noviembre de 2026?El resultado del chance Chontico Día de este martes 10 de noviembre de 2026 es el (resultado en breve). Los apostadores pueden verificar su tiquete en los puntos de venta autorizados para confirmar si obtuvieron algún premio.Número ganador: resultado en breve.Dos últimas cifras: resultado en breve.Tres últimas cifras: resultado en breve.La quinta: resultado en breve.¿A qué hora juega el Chontico Día?El sorteo del Chontico Día se realiza todos los días y sus resultados oficiales se conocen después de la 1:00 p. m.. La información está disponible en los canales autorizados y en los puntos de venta.Además, el sorteo se transmite en vivo, una alternativa para quienes prefieren seguir el anuncio del número ganador en tiempo real.¿Cómo se juega el Chontico Día?Los participantes pueden escoger entre varias modalidades, de acuerdo con las cifras que desean acertar y el orden de su apuesta:Cuatro cifras directo o superpleno: se deben acertar las cuatro cifras en el orden exacto.Cuatro cifras combinado: se deben acertar las cuatro cifras, sin importar el orden.Tres cifras directo: se deben acertar las tres últimas cifras en el orden correcto.Tres cifras combinado: se deben acertar las tres últimas cifras en cualquier orden.Dos cifras o pata: se deben acertar las dos últimas cifras exactas.Una cifra o uña: basta con acertar la última cifra.Estas modalidades ofrecen distintas alternativas para participar, desde apuestas que requieren acertar las cuatro cifras hasta opciones centradas en los últimos dígitos.¿Cuánto cuesta apostar en el Chontico Día?El valor de las apuestas permite participar con diferentes presupuestos. Los montos establecidos son:Apuesta mínima: $500 pesos colombianos.Apuesta máxima: $10.000 pesos colombianos.¿Qué requisitos se necesitan para reclamar un premio?Los ganadores deben presentar la documentación solicitada para validar el tiquete y recibir el dinero. Los requisitos dependen del monto del premio.Documentos básicos:Tiquete original en buen estado, diligenciado correctamente y sin tachones ni enmendaduras.Documento de identidad original.Fotocopia legible del documento de identidad.Requisitos según el valor del premio:Premios inferiores a 48 UVT: se requieren únicamente los documentos básicos.Premios entre 48 y 181 UVT: además de los documentos básicos, es necesario diligenciar el formulario SIPLAFT.Premios superiores a 182 UVT: se debe presentar una certificación bancaria a nombre del ganador, con una vigencia máxima de 30 días. El pago se realiza mediante transferencia bancaria y puede tardar aproximadamente ocho días hábiles.Con sorteos diarios y diferentes modalidades de apuesta, el Chontico Día continúa como una de las opciones de chance más consultadas por los jugadores en Colombia.
