La Contraloría General de la República imputó responsabilidad fiscal por más de $ 22.000 millones contra el exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Olmedo de Jesús López Martínez, y el exsubdirector de Manejo de Desastres, Sneyder Augusto Pinilla Álvarez, por presuntas irregularidades en la compra de 80 carrotanques destinados al suministro de agua en La Guajira, así como en contratos del programa Hambre Cero en La Guajira y Arauca.
El anuncio fue hecho por el contralor general, Carlos Hernán Rodríguez, quien detalló que las investigaciones involucran dos procesos fiscales derivados de la adquisición de 80 vehículos cisterna, así como sobrecostos detectados en programas de alimentación humanitaria en regiones vulnerables del país.
El jefe del ente de control informó que los primeros hallazgos están relacionados con contratos del programa ‘Hambre Cero’ en 2023. Según la Contraloría, se detectaron presuntos sobrecostos superiores a $ 2.000 millones, discriminados en $1.000 millones en La Guajira y $1.064 millones en Arauca.
“Sobre un contrato para suministrar alimentación a 700 personas en los municipios de Albania y Manaure durante 90 días, con una inversión de $5.240 millones, se inicia un proceso de responsabilidad fiscal mediante el cual se determina la existencia de sobrecostos por más de 1.000 millones de pesos en la contratación de raciones alimentarias para la población wayúu. Estamos hablando de 5 mil millones de pesos en total, con sobrecostos que superan los mil millones de pesos. Los contratos cuestionados presentaron irregularidades como falta de inscripción en el RUES, ausencia de experiencia contractual, uso de códigos RUES del sector educativo y falta de soporte técnico”, dijo el contralor general.
En Arauca, el contrato por $9.200 millones buscaba entregar raciones alimentarias a 6.200 beneficiarios en los municipios de Saravena, Tame, Fortul y Arauca, en zonas urbanas y rurales. El proceso arrojó un presunto detrimento fiscal de $1.064 millones.
Pero el caso de mayor envergadura corresponde al suministro de 80 carrotanques destinados a garantizar el acceso al agua potable en La Guajira.
La Contraloría imputó dos procesos fiscales. El primero, por $9.573 millones (sin indexar), contra Impoamericana Roger S. A. S., pues de acuerdo con el ente de control, la empresa sobrestimó el valor de los vehículos, no ejecutó obligaciones contractuales y no presentó soportes que justificaran pagos anticipados.
En este mismo proceso fueron imputados, a título de dolo, Olmedo de Jesús López Martínez, exdirector de la UNGRD, y Sneyder Augusto Pinilla Álvarez, exsubdirector de Manejo de Desastres y supervisor del contrato.
La investigación determinó que los carrotanques, pagados como entregados en noviembre de 2023, solo fueron recibidos a satisfacción el 16 de enero de 2024, evidenciando incumplimientos y manejos irregulares.
Aunque el sobrecosto inicialmente calculado superaba los $10.772 millones, la cifra quedó en $1.708 millones tras descontar reintegros efectuados en el proceso penal adelantado por la Fiscalía.
La segunda imputación, por $12.579 millones (sin indexar), fue contra la Corporación Mixta para la Sustentabilidad y el Desarrollo Social Integral (Yapurutú) y exdirectivos de la UNGRD. Este proceso se refiere a la compra de otros 40 carrotanques mediante una orden de proveeduría por $29.000 millones, suscrita entre el FNGRD y la Corporación Yapurutú.
Según la Contraloría, hubo sobrecostos frente a valores de mercado, pagos por mantenimientos que nunca se ejecutaron, además de falencias en la planeación y ejecución del contrato.
Por estos hechos, se imputó responsabilidad fiscal a título de culpa grave contra Olmedo López, Sneyder Pinilla y la Corporación Yapurutú.
Asimismo, la entidad ordenó archivar la actuación a favor del actual director de la UNGRD, Carlos Carrillo, al comprobar que los carrotanques ya se encuentran operando en la región.