Las lluvias registradas en diferentes municipios de Santander ya generan afectaciones en la movilidad, inundaciones, deslizamientos y caída de rocas sobre varios corredores viales. La situación mantiene en alerta a las autoridades de gestión del riesgo, especialmente por el pronóstico del IDEAM, que advierte que las precipitaciones podrían continuar durante los próximos días.En el Magdalena Medio se reportan lluvias en Puerto Wilches, Sabana de Torres, Barrancabermeja, Puerto Parra, Cimitarra y Bajo Rionegro, mientras que en el área metropolitana de Bucaramanga se han presentado diferentes emergencias asociadas al colapso de sistemas de alcantarillado y movimientos de tierra.La creciente de la quebrada La Ruitoca cobró la vida de un motociclista en Floridablanca. Carlos Arturo Gómez, de 40 años, fue arrastrada por la fuerza del agua. El Cuerpo de Bomberos Voluntarios realizó las labores de rescate del cuerpoUno de los puntos afectados está en Cañaveral, en Floridablanca, donde el colapso del sistema de alcantarillado ha generado dificultades de movilidad sobre la autopista Bucaramanga–Floridablanca.En Bucaramanga también se reportaron inundaciones por el colapso del alcantarillado en la vía entre El Palenque y Café Madrid, en el corredor que conduce hacia Centroabastos.A estas situaciones se suman la caída de rocas en el tramo de ascenso hacia el aeropuerto Palonegro y los deslizamientos en Girón, sobre la vía que conduce a Zapatoca, a la altura del barrio Nuevo Girón.Las intensas lluvias también han generado encharcamientos en el sector de Pangua, donde se adelantan obras por parte de contratistas del Instituto Nacional de Vías (INVÍAS), dificultando el tránsito de los usuarios en la carretera a Málaga. De igual manera, en la vía nacional Cúcuta–Bogotá, entre Capitanejo y Málaga, se reportó caída de rocas sobre la carretera, lo que representa un riesgo para los conductores que utilizan este corredor.Ante este panorama, la Gobernación de Santander, a través de la Oficina para la Gestión del Riesgo de Desastres, recomendó a los ciudadanos reducir la velocidad, mantener distancia entre vehículos y estar atentos a posibles deslizamientos y caída de material, especialmente en zonas montañosas.También pidió evitar transitar por sectores inundados, no intentar cruzar corrientes de agua y consultar el estado de las vías antes de iniciar cualquier desplazamiento.La administración departamental mantiene el seguimiento a las condiciones meteorológicas y a las emergencias reportadas, en coordinación con los consejos municipales de gestión del riesgo y los organismos de socorro.
El Tribunal Superior de Bogotá ordenó la libertad del exministro del Interior Luis Fernando Velasco, luego de resolver la apelación presentada contra la medida de aseguramiento que se había impuesto en su contra dentro del proceso por el caso de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, UNGRD.Durante la audiencia, el Tribunal avaló los argumentos expuestos por el delegado del Ministerio Público relacionados con el retiro de Velasco de la vida pública y con las actuales condiciones políticas del país. En ese sentido, la decisión tuvo en cuenta que el exministro ya no hace parte del Gobierno ni cuenta con el poder político que ejercía cuando ocupaba el cargo.A partir de esas circunstancias, la corporación consideró que no se mantienen las condiciones necesarias para concluir que Velasco representa un peligro para la sociedad o que pueda afectar el desarrollo del proceso penal que se adelanta en su contra.En la decisión, el Tribunal Superior de Bogotá señaló que la posibilidad de que continuara una eventual actividad delictiva a través de otros integrantes de la organización criminal que aún no han sido vinculados al proceso perdió sustento.“La posible continuidad de la actividad delictiva por intermedio de otros integrantes de la organización criminal aún no vinculados al proceso se diluye y disuelta tal previsión, desaparece el peligro para la comunidad y, por ende, la necesidad de las medidas de aseguramiento, quedando así la petición sin sustento alguno”, indicó el Tribunal.De esta manera, la corporación resolvió dejar sin efecto la medida de aseguramiento que mantenía privado de la libertad al exministro y ordenó su libertad, al considerar que las circunstancias que sustentaban la necesidad de esa medida ya no permanecen.La decisión no pone fin al proceso penal que se adelanta contra Velasco. El juicio continuará el próximo martes 2 de febrero de 2027 en la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia.Precisamente, durante la audiencia preparatoria de juicio realizada el pasado miércoles, el exministro y su defensa cuestionaron las actuaciones de la Fiscalía General de la Nación relacionadas con la entrega de los elementos materiales probatorios. Según lo expuesto por la defensa, no se les habrían entregado todas las pruebas necesarias para preparar su estrategia frente a los señalamientos que se mantienen dentro del proceso.
La Corte Suprema de Justicia aplazó por segunda vez, hasta el 2 de febrero de 2027, la audiencia preparatoria contra los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco, investigados por el escándalo de corrupción de la UNGRD.La diligencia fue reprogramada porque las defensas aseguran que todavía no han podido conocer en su totalidad las pruebas que tiene la Fiscalía y que están bajo cadena de custodia. Este mismo inconveniente ya había provocado el aplazamiento de la audiencia en una primera oportunidad. Los abogados de los exministros han advertido dificultades para acceder a los archivos, entre documentos que no abren, están encriptados o requieren contraseñas.La magistrada de la Sala señaló que el nuevo plazo busca que las partes puedan completar la revisión de los elementos probatorios y superar las dificultades técnicas, especialmente las relacionadas con la apertura de los documentos bajo custodia. Por lo que pidió que para la próxima sesión estén listas las solicitudes de pruebas y las razones por las que consideran que deben ser admitidas.“Entendemos que, para abrir los documentos que están sometidos a cadena de custodia, lo que va a llevar cierto tiempo. Hemos acordado que esta audiencia se llevará a cabo el día 2 de febrero del 2027. Creemos que es un tiempo razonable, prudente, que va a facilitar el trabajo de las partes, para que se complemente el descubrimiento probatorio”, señaló la magistrada.Por su parte, el exministro del Interior Luis Fernando Velasco cuestionó que la Fiscalía presente documentos que, según él, ni siquiera conoce y aseguró que esta situación está dificultando el trabajo de la defensa. También reclamó que no se hayan revisado conversaciones de Olmedo López, exdirector de la UNGRD, que considera relevantes para el proceso.“¿Cómo es posible que en un sistema de partes llegue quien acusa con una serie de documentos que no conoce? (...) Atosigando a la defensa para que no podamos concentrarnos, por ejemplo, en los chats de Olmedo que la Fiscalía no vio y que tiene cosas gravísimas que el país debe conocer. Pero la Fiscalía no vio. Uno sí pide en este tipo de actuaciones lealtad y yo no la he sentido”, indicó Velasco.A su turno, el exministro de Hacienda Ricardo Bonilla cuestionó que entre los documentos entregados haya información que, según él, no tiene relación con la investigación. Sin embargo, su principal reclamo fue que la Fiscalía habría dejado por fuera elementos que considera necesarios para esclarecer el manejo de los recursos públicos.“Pero más grave aún es lo que no hay, lo que la Fiscalía nunca miró. La Fiscalía no trae nada absolutamente ni hizo seguimiento de pruebas al peculado de Olmedo López y Sneyder Pinilla. Se quedó con eso, se quedó con la confesión y no lo siguió. (...) La Fiscalía no ha sido leal con nosotros”, señaló Bonilla.Frente a estos cuestionamientos, la fiscal del caso, María Cristina Patiño, rechazó que las dificultades en el descubrimiento de las pruebas signifiquen una falta de transparencia del ente acusador. Explicó que la Fiscalía solicitó documentos a la Corte Suprema y que recibió copias completas de los expedientes, incluso de información que no había requerido específicamente, por lo que decidió entregar todo ese material a las defensas.“La Fiscalía ha descubierto todo lo que tiene, y no ha descubierto aquello que no tiene. (...) Hemos sido tan leales que hemos descubierto con total transparencia todo lo que tenemos. Si ello no fuera así, el alegato de hoy no sería que nosotros les damos información que no es pertinente”.La fiscal también sostuvo que corresponde a las defensas adelantar sus propias investigaciones y buscar los elementos que consideren necesarios para respaldar sus teorías del caso.La magistrada, por su parte, aclaró que la Sala hizo un llamado a garantizar la lealtad procesal, pero que no estaba atribuyendo una actuación desleal a la Fiscalía. El proceso continuará el 2 de febrero de 2027.
Las lluvias de las últimas horas y la saturación de humedad en los suelos mantienen en alerta por riesgo de deslizamientos de tierra a 50 municipios de Santander. De acuerdo con el más reciente reporte de la Oficina para la Gestión del Riesgo de Desastres del Departamento, con pronóstico del IDEAM, dos municipios se encuentran en alerta roja, 27 en naranja y 21 en amarilla.Entre el martes y miércoles se registraron precipitaciones fuertes en Barrancabermeja, Sabana de Torres, Bajo Rionegro, Cimitarra, Puerto Parra y Simacota, en la provincia de Yariguíes. También se registraron lluvias en Bucaramanga y el área metropolitana. La Gobernación de Santander advirtió que se mantienen las condiciones de humedad en el departamento y que existe probabilidad de nuevas lluvias durante las próximas horas, especialmente en sectores del oriente y sur de Santander, con especial atención en las provincias de García Rovira y Guanentá.Según el reporte de amenaza por movimientos en masa del IDEAM, los niveles de alerta están distribuidos así:Alerta roja: Suaita y San Andrés, donde existe una probabilidad alta de ocurrencia de deslizamientos.Alerta naranja: 27 municipios, entre ellos Aguada, Betulia, Bolívar, Charalá, Chima, Contratación, Coromoro, El Guacamayo, El Peñón, El Playón, Encino, Guadalupe, Guapotá, Gámbita, La Paz, Mogotes, Ocamonte, Oiba, Onzaga, Palmas del Socorro, Rionegro y San Benito.Alerta amarilla: 21 municipios, entre ellos Cepitá, Chipatá, Cimitarra, Confines, El Carmen de Chucurí, Enciso, Girón, Guaca, Guavatá, Hato, La Belleza, Landázuri, Lebrija, Matanza, Piedecuesta, Páramo, San Vicente de Chucurí, Santa Bárbara, Socorro, Valle de San José y Vélez.Ante este panorama, la Oficina para la Gestión del Riesgo de Santander recomendó a los consejos municipales mantener el monitoreo de las condiciones meteorológicas, especialmente en zonas cercanas a ríos y quebradas y en sectores susceptibles a movimientos en masa.También hizo un llamado a la comunidad para evitar exponerse a crecientes súbitas, no intentar cruzar corrientes de agua y reportar oportunamente cualquier emergencia a los organismos de socorro.Las autoridades de Santander mantienen el seguimiento a las condiciones climáticas y recomiendan especial precaución a quienes transitan por corredores viales rurales y zonas de montaña del departamento.
Los municipios de Charta y Suratá, en Santander, cuentan con nueva maquinaria amarilla para atender emergencias, intervenir puntos críticos de sus vías y mejorar su capacidad de respuesta ante situaciones de riesgo.Se trata de siete equipos entregados por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), a través del mecanismo de Obras por Impuestos, que representaron una inversión total de $4.583 millones.La maquinaria fue distribuida entre los dos municipios. Charta recibió una volqueta, una retroexcavadora, un minicargador y un vibrocompactador, equipos que fueron adquiridos con una inversión de $2.221 millones.Por su parte, Suratá recibió un vibrocompactador, una motoniveladora y un minicargador, con recursos por $2.362 millones.Con estos equipos, las administraciones municipales podrán realizar directamente trabajos de mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura vial, intervenir sectores afectados por emergencias y reducir la necesidad de contratar maquinaria externa para atender las dificultades en sus territorios.El alcalde de Suratá, Ecxon Pabón, destacó la importancia de contar con estos equipos para mejorar las condiciones de movilidad en las zonas rurales y fortalecer la conectividad del municipio. “Con una gran satisfacción de poder dejar a mi municipio estas herramientas que nos van a permitir mejorar la conectividad de nuestros centros poblados desde El Mohán, Turbay, Cachirí y también la parte de las vías secundarias, en un trabajo con la Secretaría de Infraestructura de Santander”, manifestó el mandatario.La inversión corresponde a recursos de aportados por la empresa Aris Mining Segovia, mediante el programa Obras por Impuestos, mientras que la Fundación Oleoductos de Colombia estuvo a cargo de la gerencia de los proyectos.La UNGRD participó en la revisión, aprobación y seguimiento de las iniciativas, con el propósito de fortalecer las capacidades de los municipios en materia de gestión del riesgo de desastres.
Alrededor de 2.000 familias del corregimiento Laguna de Ortices y de las veredas Caracol, La Ramada, Pablo Sexto y El Ciral, en jurisdicción de San Andrés, Santander, enfrentan dificultades de movilidad por los problemas que afectan la construcción del puente El Congreso. Ante la falta de un paso habilitado, los habitantes deben utilizar una tarabita para atravesar el río y desplazarse hacia otros sectores.El costo del paso es de $2.000 por persona y de $5.000 cuando se cruza con motocicleta, un gasto adicional para quienes necesitan movilizarse diariamente. La situación también obliga a los habitantes a buscar rutas alternas que implican recorridos más largos, mayores costos de transporte y dificultades para realizar sus actividades cotidianas.Una de las alternativas es la vía que conduce al municipio de Molagavita, pero el recorrido puede tardar hasta cinco horas adicionales. También existe el paso por el sector de Petaquero, aunque esta ruta es distante y, según la información entregada por la comunidad, tendrá un cierre a partir del 15 de noviembre por obras de placa huellas, lo que podría reducir aún más las opciones de movilidad para estas comunidades.Mientras las familias deben recurrir a estas alternativas, la construcción del puente El Congreso enfrenta problemas técnicos por la socavación que el agua está provocando en las bases de la estructura.El gobernador de Santander, Juvenal Díaz Mateus, se reunió con el contratista y funcionarios departamentales para revisar las condiciones del terreno y establecer medidas que permitan contener el avance del agua y evitar mayores daños.“Tenemos un problema de aguas que están socavando la base del puente que se está construyendo”, advirtió el mandatario, quien explicó que se requiere una solución definitiva cuyo costo se estima entre $5.000 y $8.000 millones, recursos que actualmente no tiene disponibles la Gobernación.Ante esta situación, el departamento solicitará apoyo a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres para financiar la intervención. Entretanto, anunció el envío de una máquina de oruga y un vibrocompactador para construir una barrera que ayude a contener el agua, reducir la socavación y permitir la continuidad de los trabajos.A los problemas en las bases del puente se suma el deterioro de la vía de acceso, donde las lluvias recientes provocaron grietas. El alcalde de San Andrés, Fredy Ramírez Ortiz, aseguró que la administración municipal está utilizando maquinaria y volquetas, además de transportar material desde la laguna de Ortices, para mejorar las condiciones del corredor.Sin embargo, manifestó su preocupación por que una grúa instalada por el contratista está atravesada en el acceso e impide el ingreso de la maquinaria y del material que el municipio necesita para adelantar las intervenciones.“De parte de la administración estamos aportando con estos trabajos para que ellos no paralicen o no suspendan la obra, pero ahora de parte de ellos no nos dejan ingresar el material para mejorar este sitio”, señaló Ramírez.El alcalde pidió la intervención de la Gobernación, la supervisión del contrato, los organismos de control y el Gobierno Nacional para superar los inconvenientes y garantizar que el proyecto avance.
Un juez de ejecución de penas concedió la libertad condicional a Pedro Andrés Rodríguez Melo, exasesor jurídico de la Dirección Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), quien fue condenado a 58 meses y 10 días de prisión tras suscribir un preacuerdo con la Fiscalía General de la Nación por hechos relacionados con el escándalo de corrupción en la compra de carrotanques destinados a La Guajira.En la decisión, el despacho determinó “conceder el beneficio de la Libertad Condicional, con un periodo de prueba igual al que le falta para cumplir la pena impuesta, esto es, 35 meses y 15 días”. La determinación se tomó tras revisar el cumplimiento de la condena y los reportes sobre su comportamiento durante el tiempo que permaneció privado de la libertad.Entre los aspectos valorados por el juez estuvieron las actividades de estudio y trabajo realizadas por Rodríguez Melo en el centro carcelario, así como los registros de buena conducta. La libertad condicional implica que deberá cumplir las condiciones establecidas por la autoridad judicial durante el periodo de prueba fijado en la providencia.Rodríguez Melo fue asesor jurídico de la UNGRD durante la dirección de Olmedo López y fue procesado por recibir, presuntamente, 1.000 millones de pesos para favorecer la adjudicación del contrato destinado a la compra de 40 carrotanques para La Guajira. La contratación fue adjudicada al contratista Luis Eduardo López, conocido como alias ‘El Pastuso’, por un valor superior a los 46.000 millones de pesos.Además, el exfuncionario suscribió un principio de oportunidad para colaborar con la justicia como testigo en otras líneas de investigación relacionadas con el expediente. Entre los nombres mencionados en ese contexto está el del exgobernador de Nariño y exembajador de Colombia en Argentina, Camilo Romero, por otro caso de presunta corrupción.
Las fuertes lluvias registradas durante las últimas horas en municipios de Santander dejaron afectaciones en algunas viviendas de Málaga, San Andrés y San José de Miranda, donde se reportó el ingreso de lodo y problemas en los sistemas de alcantarillado, según informó la Oficina para la Gestión del Riesgo de Desastres de Santander.Las emergencias se presentaron en medio de tormentas eléctricas que obligaron a la atención de los cuerpos de bomberos voluntarios. Entretanto, las autoridades mantienen el seguimiento a las condiciones meteorológicas y a los riesgos asociados a las precipitaciones en diferentes zonas del departamento.En el barrio Ricaurte de Málaga, los habitantes grabaron videos que muestran calles inundadas y vehículos afectados."En la noche de este lunes se presentó un fuerte aguacero aquí en el municipio de San Andrés y en sectores aledaños, incluso también en la capital de la provincia como lo es el municipio de Málaga. Un aguacero acompañado de fuertes vientos, estruendos que realmente pues atemorizaban a las comunidades. En el municipio de San Andrés algunas de las calles se inundaron", contó Kendy Jaimes, habitante de San Andrés.Las autoridades también advierten el riesgo de movimientos en masa en los municipios de Jesús María, Oiba, Rionegro, San Andrés, San Vicente de Chucurí, Suaita y Sucre, que figuran en alerta roja por posibles deslizamientos. En kla vía entre Socorro y San Gil, se presentó un desprendimiento de rocas.La situación también genera preocupación por el comportamiento de los ríos. En alerta roja se encuentran el río Lebrija en el sector de Sabana de Torres y el bajo Rionegro, mientras que los ríos Carare, Opón, Suárez y Fonce permanecen en alerta naranja en diferentes sectores de Santander.Ante este panorama, la Oficina para la Gestión del Riesgo de Desastres hizo un llamado a los organismos de respuesta y a los consejos municipales para mantener la vigilancia permanente, informar oportunamente sobre nuevas emergencias y reforzar las medidas de prevención en las zonas más expuestas.Asimismo, recomendó a la comunidad no acercarse a las orillas de ríos y quebradas durante las lluvias, evitar cruzar corrientes de agua y atender las indicaciones de las autoridades.
Una avalancha en Guaca, Santander, dejó cuatro puentes afectados, dos viviendas con daños y 120 familias sin agua potable por las afectaciones en el acueducto de la vereda Sisota. La emergencia también ocasionó afectaciones en la movilidad por daños en las vías. El balance preliminar reporta la pérdida de 10.000 alevinos de trucha y daños en 10 hectáreas de cultivos de papa, cebolla y ajo, con pérdidas económicas estimadas en más de $1.000 millones.Las afectaciones incluyen el cierre de la vía Guaca–Los Ranchos–Sisota, que dificulta la movilidad de las comunidades rurales y el acceso a las zonas impactadas. "Además, los daños en el acueducto de la vereda Sisota mantienen a 120 familias sin suministro de agua potable", dijo el alcalde Ángel Ferney Villamizar. El mandatario dijo que es necesaria la llegada de maquinaria amarilla para solucionar los problemas de movilidad en las vías rurales. "Tenemos daños en el sistema de alcantarillado, una batea, dos puentes peatonales y afectaciones en cultivos agrícolas", señaló. Ante la magnitud de la emergencia, la Alcaldía de Guaca solicitó apoyo a la Gobernación de Santander, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y el Ministerio de Agricultura para disponer de maquinaria amarilla, asistencia humanitaria y recursos que permitan recuperar la movilidad, restablecer el servicio de agua y atender a las familias damnificadas.La situación también genera preocupación en San Andrés, Cerrito y Suratá, donde las autoridades mantienen bajo monitoreo los ríos El Congreso, Servitá y Suratá, respectivamente. Asimismo, se reportan fuertes lluvias en el páramo del Almorzadero.Las autoridades recomendaron a las comunidades mantenerse alejadas de las riberas de ríos y quebradas, evitar el tránsito por puentes averiados y vías afectadas, y atender las indicaciones de los organismos de socorro.
Las fuertes lluvias que se registran en Santander mantienen en alerta a los organismos de gestión del riesgo por las emergencias reportadas en cinco municipios. El balance preliminar incluye una persona desaparecida, una vivienda afectada, un puente vehicular averiado y el cierre total de una vía rural.En Barbosa, los organismos de socorro, la Policía Nacional y el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo adelantan labores de búsqueda de una persona de 23 años que desapareció tras una creciente de cañadas y arroyos durante la noche del 20 de octubre.Entre tanto, en Guaca se reportaron crecientes súbitas de las quebradas Sisota y Los Verdes, que afectaron una vivienda y ocasionaron daños en un puente vehicular. Además, permanece cerrado el paso por la vía que comunica al casco urbano con las veredas Los Ranchos y Sisota.La situación también genera preocupación en San Andrés, Cerrito y Suratá, donde las autoridades mantienen bajo monitoreo los ríos El Congreso, Servitá y Suratá, respectivamente. Asimismo, se reportan fuertes lluvias en el páramo del Almorzadero.De acuerdo con el pronóstico del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), las precipitaciones podrían continuar durante la noche, aumentando el riesgo de nuevas crecientes súbitas, inundaciones y movimientos en masa.Las autoridades recomendaron a las comunidades mantenerse alejadas de las riberas de ríos y quebradas, evitar el tránsito por puentes averiados y vías afectadas, y atender las indicaciones de los organismos de socorro.Los consejos municipales de gestión del riesgo mantienen el seguimiento a las emergencias para coordinar la atención y reducir los riesgos para las comunidades. La prioridad es encontrar a la persona desaparecida en Barbosa y evaluar las afectaciones ocasionadas por las lluvias.
Momentos de pánico se vivieron en zona rural del municipio de Caldas, Antioquia, tras una fuerte explosión registrada a inicios de la tarde de este martes 10 de noviembre.Según información oficial, la emergencia se registró en un inmueble que operaba como una fábrica artesanal de pólvora en la vereda Salinas, donde como consecuencia de la detonación fallecieron dos personas.Tras la inspección del lugar por parte de organismos de rescate y la Policía, las autoridades confirmaron el deceso de dos hombres con quemaduras en difeerntes partes del cuerpo: John Freddy Muñoz Guerra, de 47 años de edad; e Iván Darío Bedoya Tamayo, de 60 años. Este último reconocido ampliamente por la comunidad como presidente de Obras Públicas y miembro de la Junta de Acción Comunal.Alejandra Castaño, secretaria de Infraestructura de esta localidad del sur del Valle de Aburrá, se refirió a las acciones desplegadas para atender la situación que no dejó otras personas heridas.Le puede interesar: Reportan incendio forestal en inmediaciones de la Polvorería El Vaquero, en Soacha"Se atiende la situación, encontramos dos personas fallecidas. Se convoca al grupo de gestión del riesgo, Alcaldía Municipal, Bomberos, Policía y Tránsito. Se deja la situación en competencia de la Policía Nacional", indicó la funcionaria.Ahora, serán las autoridades judiciales las que determinen las causas que derivaron en la explosión y las condiciones en las que allí se almacenaba este material explosivo.Ya a finales de 2024 en esta misma vereda se había registrado una situación similar con una polvorería que dejó dos personas lesionadas y al menos ocho viviendas con afectaciones.
Más de 130 personas desplazadas de Urabá le piden protección al Gobierno nacional y garantías a la Agencia Nacional de Tierras (ANT) para ocupar y trabajar las tierras que les fueron entregadas el pasado 31 de julio en la hacienda La Antigua, en Venecia, suroeste antioqueño.Aunque el predio pasó a manos del Estado mediante un proceso de extinción de dominio, las familias denuncian que terceros relacionados con los antiguos propietarios continúan ocupando el terreno, lo que les ha impedido poner a producir las 2,4 hectáreas adjudicadas como medida de reparación.La propiedad perteneció a Bernardo Alberto Sánchez Noreña, capturado en 1999 durante la Operación Milenio, condenado y extraditado por narcotráfico. La extinción de dominio fue decretada en 2004 y confirmada un año después. Posteriormente, el inmueble pasó de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) a la ANT para su adjudicación.Gerardo Vega Medina, abogado de la Fundación Forjando Futuros, señaló que entre los ocupantes estaría el suegro del antiguo propietario, además de otras dos personas que alegan tener derechos sobre el terreno. Según explicó, no existiría posesión que pueda prevalecer sobre la titularidad estatal."Esta otra persona es César Augusto Hernández y Juan Diego Acosta, uno trabajador que alega ser poseedor. Allí no hay ninguna posesión. Los predios del Estado no prescriben, son inalienables y son intransferibles", indicó.Le puede interesar: JEP identificará 8 restos hallados en La Escombrera y sitios cercanos; serían víctimas del conflictoJosé Augusto Echeverry, representante de la asociación de víctimas ACUVIC, recordó que sus integrantes son sobrevivientes del genocidio de la Unión Patriótica y reclaman reparación efectiva, incluso en cumplimiento de una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos."Nosotros esperamos que el Estado no abandone las víctimas, ya que venimos de un conflicto y seguimos los conflictos porque aún uno siguen eh respetando nuestros derechos como víctimas. Y el 30 de julio la la Agencia Nacional le entrega a esta asociación este inmueble", señaló.Ante la falta de respuestas, el 27 de octubre las familias ingresaron pacíficamente al predio y solicitaron acompañamiento policial para dialogar con los ocupantes. Durante la inspección, las autoridades encontraron un arma sin los permisos correspondientes en poder de uno de ellos.De momento, desde la asociación piden a la ANT intervenir para garantizar su seguridad, hacer efectiva la entrega material del terreno y avanzar en nuevas adjudicaciones que les permitan desarrollar proyectos productivos y generar ingresos.
Presuntas irregularidades administrativas y cobros por transferencias de jugadores menores de edad tienen en el centro de la polémica a la liga de fútbol del Meta. Así lo denunció Jorge Hernández, el exjugador de Llaneros y director de una escuela de formación deportiva que cuenta con cerca de 800 niños en varios municipios del departamento. En entrevista con Blog Deportivo, aseguró que algunos clubes y escuelas han enfrentado presiones, sanciones y dificultades para desarrollar sus actividades por cuestionar las decisiones de los directivos de la liga.Uno de los señalamientos más graves tiene que ver con el cobro de dinero cuando un niño quiere cambiar de equipo. Según Hernández, aunque el Ministerio del Deporte expidió una resolución en 2024 que establece que las ligas no pueden cobrar por transferencias, en el Meta se habría mantenido esta práctica. "Mis escuelas son en barrios vulnerables de estrato 1 y 2, se tiene que pagar 120.000 pesos por la transferencia", afirmó el exfutbolista. También aseguró que su organización ha pagado más de cuatro millones de pesos durante este año por ese concepto y que conserva consignaciones y facturas como respaldo de sus denuncias.Hernández explicó que sus diferencias con la dirigencia comenzaron cuando manifestó su desacuerdo con estos cobros. A partir de entonces, según su versión, habría sido apartado del grupo de presidentes de clubes y enfrentado decisiones que afectaron su participación en la liga. "Se volvió un tema como una dictadura", sostuvo. Además, cuestionó que el entonces presidente llevara 11 años en el cargo, pese a que, según indicó, los estatutos contemplaban dos periodos de cuatro años. El dirigente deportivo señaló que presentó una demanda ante el Ministerio del Deporte y aseguró que la entidad encontró irregularidades en el procedimiento de una asamblea de la liga del Meta. De acuerdo con su relato, también se habrían tomado decisiones sin convocar debidamente a todos los integrantes de la junta directiva. "Él toma las decisiones solo. Después de que las toma, los pone a firmar", manifestó Hernández, quien contó que algunos clubes permanezcan en silencio por temor a perder su afiliación o recibir sanciones.Finalmente, Hernández aseguró que su intención es continuar la defensa de los niños, sus familias y las escuelas de formación que dependen de la actividad futbolística.
El estadio Signal Iduna Park, casa del Borussia Dortmund de Alemania, es reconocido mundialmente por albergar a más de 81.000 aficionados y por su emblemática tribuna 'Muralla Amarilla'. Sin embargo, detrás de su actividad deportiva existe una apuesta tecnológica poco conocida: la implementación de soluciones para optimizar el consumo de energía y mejorar la sostenibilidad de sus instalaciones. Para avanzar en ese propósito, el club anunció una alianza estratégica con ABB, compañía que se convirtió en su Socio Oficial de Gestión Energética.La colaboración busca transformar la operación del escenario deportivo mediante tecnologías de electrificación inteligente, automatización de edificios y sistemas certificados de gestión energética. Estas herramientas permitirán optimizar el funcionamiento de las instalaciones, especialmente durante los días de partido, cuando aumenta considerablemente la demanda de electricidad por la presencia de miles de espectadores, equipos de transmisión, zonas de hospitalidad y sistemas de seguridad.Uno de los aspectos más importantes de esta iniciativa es que el Signal Iduna Park no es una construcción reciente. Inaugurado en 1974, el estadio ha evolucionado durante décadas. Se incorporan sistemas de automatización basados en tecnología KNX, optimización de calefacción, ventilación y aire acondicionado (HVAC), además de soluciones de distribución eléctrica inteligente y gestión energética bajo la norma ISO 50001.La estrategia también contempla otras instalaciones del Borussia Dortmund, como el centro de entrenamiento de Brackel y BVB Fanwelt, así como la futura infraestructura de carga para vehículos eléctricos. Estas acciones respaldan los objetivos climáticos del club, cuyas metas de reducción de emisiones cuentan con la validación de la iniciativa Science Based Targets (SBTi).El modelo implementado en Alemania también representa un referente para Colombia, donde estadios, centros de convenciones, edificios comerciales y plantas industriales enfrentan el desafío de reducir su consumo energético sin interrumpir sus actividades.
El terremoto que se registró el 10 de agosto no solo dejó una emergencia humanitaria en el Chocó que desborda las capacidades financieras y operativas de sus municipios, también agudizó los problemas en su infraestructura vial.El movimiento sísmico de hace tres meses, cuyo epicentro estuvo en el municipio de San José del Palmar, dejó afectaciones en 30 de los 32 municipios del departamento, 13 personas fallecidas, 348 lesionadas y más de 45.000 damnificadas.Según cifras de la Gobernación, aproximadamente 3.200 viviendas quedaron completamente destruidas y más de 19.000 resultaron averiadas. A esto se suman daños en cerca de 300 establecimientos educativos y más de un centenar de centros de salud, lo que compromete tanto las condiciones de habitabilidad como la prestación de servicios esenciales, a lo que se suma que de los 2,7 billones que necesita el país para reconstruir las vías afectadas por el sismo, el 37% debe ser destinado solo al Chocó, según confirmó la Ministra de Transporte, Elsa Noguera."De esos 2.5 billón corresponde al Plan Marshall de las cinco vías que van a transformar el Chocó. Allá no se sabe si fue el terremoto o es el estado de las vías, porque son vías completamente destruidas, pero no sabemos bien si fue el terremoto", indicó. Ahora los problemas no solo son en Quibdó, su capital, también en municipios de quinta y sexta categoría presupuestal, como Istmina, donde su alcalde Jaison Mosquera pidió al Gobierno nacional que vuelque sus ojos en todos los territorios afectados, reporta 1.700 familias afectadas y cerca de un centenar de viviendas averiadas, de las cuales apenas 17 han podido ser intervenidas con recursos propios."Hacemos el llamado al Gobierno nacional de que se presente acá al departamento en Chocó y sobre todo en Mina porque a veces fijamos nuestra atención únicamente en Quibdó, que es la es la la capital del departamento, pero hay municipios que son fueron muy afectados por este sismo del del del 10 de agosto y necesitan la presencia efectiva del gobierno nacional", indicó.Volviendo a las viviendas, vale la pena mencionar que la entrega de soluciones habitacionales comenzó en septiembre. El pasado 7 de ese mes fue asignada la primera vivienda modular del proyecto denominado Casas Pacífico, en el barrio Medrano de Quibdó.Las autoridades departamentales proyectan que varios frentes de construcción permitirán realizar una entrega más amplia de viviendas entre diciembre de 2026 y enero de 2027. No obstante, el cumplimiento de ese cronograma dependerá de la disponibilidad de recursos y de la superación de los obstáculos que todavía afectan la ejecución.
