La Fiscalía Novena Delegada ante la Corte Suprema de Justicia envió el 16 de septiembre de 2026 una carta al teniente coronel Raúl Llano, director de Centros de Reclusión Militar (DICER).En la misiva, la entidad pidió formalmente no trasladar a Olmedo López y Sneyder Pinilla de los centros militares donde permanecían recluidos, debido a los riesgos para su seguridad y a su condición de testigos de cargo dentro de investigaciones por el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).La carta, firmada por la fiscal María Cristina Patiño González, explica además que ambos tienen principios de oportunidad con la Fiscalía, acuerdos mediante los cuales se comprometieron a colaborar con la justicia y entregar información sobre otras personas involucradas en los procesos.En el caso de Sneyder Pinilla, el principio de oportunidad fue legalizado el 20 de agosto de 2025 y prorrogado el 14 de agosto de 2026. Según el documento, se comprometió a declarar ante jueces y ante la Corte Suprema de Justicia contra 23 personas.Olmedo López también tiene un principio de oportunidad, legalizado el 29 de agosto de 2025 y prorrogado el 27 de agosto de 2026. Al igual que Pinilla, se comprometió a declarar contra 23 personas ante jueces y la Corte Suprema.La Fiscalía recordó que el 31 de agosto de 2024, el Juzgado 35 Penal Municipal con Función de Control de Garantías había dispuesto que Pinilla permaneciera en el Cantón Militar de Artillería y que López fuera recluido en el Cantón Militar Caldas. La entidad sostuvo que estas decisiones judiciales tuvieron en cuenta las condiciones de seguridad de los dos colaboradores.Por esa razón, la Fiscalía solicitó que no fueran trasladados de los centros de reclusión militar, al considerar que su situación de seguridad se agravaba por las declaraciones que entregan dentro de los procesos.A pesar de esta solicitud, el Inpec trasladó a López y Pinilla a la cárcel La Picota, en Bogotá, el 6 de octubre. Ese mismo día, el presidente Abelardo De La Espriella publicó en sus redes sociales imágenes del traslado y afirmó que había dado la orden. “Se acabó la guachafita y se acabaron los privilegios”, escribió el mandatario.De La Espriella sostuvo que los recursos involucrados en el escándalo de la UNGRD estaban destinados a atender necesidades como suministro de agua, alimentación y ayuda a familias afectadas por emergencias. También afirmó que en su Gobierno no habría “cárceles VIP” ni privilegios para personas privadas de la libertad.La defensa de Pinilla rechazó la decisión y pidió dejarla sin efecto. Su abogado sostuvo que existe una orden judicial vigente que establece su permanencia en un centro de reclusión militar y recordó que su cliente decidió colaborar con la justicia.En el caso de López, su abogado, José Luis Moreno, cuestionó el traslado y sostuvo que la permanencia en un centro militar no constituía un privilegio, sino una medida de protección ordenada por un juez.Moreno también advirtió que la vida de Olmedo López podría estar en riesgo en La Picota porque allí podría coincidir con personas contra las que ha declarado. Según el abogado, el exdirector de la UNGRD ha recibido amenazas y enfrentó un supuesto intento de soborno por $13.000 millones para cambiar su versión.La defensa también mencionó seguimientos, pérdida de información y amenazas atribuidas a grupos armados ilegales. Moreno señaló que algunos detalles no podían hacerse públicos porque podrían aumentar el riesgo para su representado.Olmedo López y Sneyder Pinilla son dos de los principales colaboradores de la Fiscalía en las investigaciones por el escándalo de corrupción de la UNGRD. Sus declaraciones hacen parte de varios procesos judiciales y buscan establecer responsabilidades de otras personas relacionadas con el manejo irregular de recursos públicos.
La defensa de Olmedo López, exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), advirtió que su traslado a la cárcel La Picota compromete su seguridad y desconoce una decisión judicial. José Luis Moreno Caballero, su abogado, dijo en Mañanas Blu que la reclusión en el Batallón Caldas fue una medida de protección ordenada por un juez y no un beneficio. El traslado, en el que también fue incluido Sneyder Pinilla, se hizo en la tarde del martes.Una medida de protección, no un beneficioMoreno aclaró que su defendido comparte el principio de que nadie debe tener privilegios. Sin embargo, rechazó que la reclusión en un centro militar pueda calificarse así. “Una medida de protección ordenada por un juez a petición de la fiscalía para un testigo de cargo con riesgo probado no es un privilegio”, afirmó.El abogado explicó que el 31 de agosto de 2024 el Juzgado 35 penal municipal de control de garantías dispuso que López permaneciera en el Batallón Caldas. Según Moreno, el propio juez expresó reservas personales sobre ese tipo de reclusión, pero la consideró necesaria para salvaguardar la vida del testigo. También señaló que el 16 de septiembre de 2026 la Fiscalía manifestó que el centro de reclusión militar era el lugar donde debía permanecer López, debido al incremento del riesgo para él y su familia por sus declaraciones.Ante la objeción de los periodistas de que un batallón no equivale a una cárcel ordinaria, Moreno respondió que dentro de esa unidad funciona un centro de reclusión con los mismos parámetros. “Él no está en un club de oficiales, él no está en donde pueda salir libremente”, dijo, y agregó que allí hay conteo de internos, celda y restricciones equivalentes a las de La Picota.Amenazas e intentos de sobornoEl abogado enumeró hechos que, a su juicio, demuestran el riesgo. Mencionó que a López se le habrían ofrecido 13.000 millones de pesos para que cambiara su versión, situación que él denunció mediante una operación de agente encubierto y por la cual, según Moreno, ya hay personas respondiendo ante la justicia. Añadió que se perdieron 60 cajas en la UNGRD y discos duros en la Presidencia, que hubo seguimientos y que le robaron dos cajas fuertes con información. Dijo también que hay amenazas de grupos armados ilegales, entre ellos el ELN.Preguntado por si alguno de los implicados lo ha amenazado de muerte, Moreno evitó dar detalles. “Hay unos temas que mencionarlos acá puede incrementar el riesgo”, respondió, y remitió a la Fiscalía, que a su juicio tiene datos objetivos sobre las amenazas.Los “vecinos” de La PicotaMoreno planteó que en La Picota López compartiría espacio con personas contra quienes ha declarado. Citó al presidente del Congreso, Iván Name, y al de la Cámara de Representantes, Andrés Calle, así como a otros implicados que han aceptado responsabilidad. Recordó además que en esa cárcel fueron asesinados testigos de otros procesos y cuestionó que el Inpec pueda garantizar su protección cuando, según un informe que citó, el ELN ha asesinado a más de 60 personas vinculadas a esa institución.Sobre las preguntas de los periodistas acerca de si todos los testigos deberían estar en guarniciones militares, fue enfático: “Cada caso debe ser individualizado, cada caso debe revisarse cuál es su riesgo”.Colaboración con la justiciaEl abogado aseguró que López ha entregado sus celulares y chats y que su colaboración ha tenido resultados. Como ejemplo, citó que hace unos 15 días el Consejo de Estado declaró la pérdida de investidura del presidente de la Cámara y del presidente del Congreso. Dijo que López quiere seguir colaborando, pero lanzó una advertencia: “Esperemos que pueda llegar vivo al proceso”.La defensa solicitó al Juzgado 35 una audiencia inmediata por el presunto incumplimiento de una orden judicial y pidió que se estudien posibles faltas disciplinarias. Moreno cuestionó la Resolución 8041, que justifica los traslados por razones de seguridad sin precisar el análisis hecho frente a López. “Un oficio administrativo no puede estar por encima de una decisión judicial”, afirmó.El abogado reclamó garantías procesales: “Aquí no estamos en la época de la Santa Inquisición”. También cuestionó que, mientras en redes se afirma que el traslado busca acabar privilegios, la resolución habla de seguridad. Comparó el caso con el del hermano del expresidente Uribe, quien, dijo, sigue recluido en un batallón. “Acá la igualdad tiene que ser para todos, y ese es el mensaje”, concluyó.Los periodistas del programa expusieron posiciones distintas. Felipe Zuleta respaldó la decisión del presidente de enviar a los corruptos a centros de reclusión sin privilegios, pero advirtió que López y Pinilla “corren serio peligro” por ser testigos de una presunta organización criminal.
El presidente Abelardo De La Espriella reveló las imágenes del traslado del exdirector de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, Olmedo López, y el exsubdirector de esa misma entidad, Sneyder Pinilla.En el video ambos exfuncionarios aparecen esposados de pies y manos, con un uniforme café con naranja.Posteriormente, en el video se ve cómo le cortan el pelo a Pinilla y cómo los suben a un vehículo del INPEC en el cual fueron trasladado a la cárcel La Picota de Bogotá.“Se acabó la guachafita y se acabaron los privilegios. Di la orden y hoy se cumplió: Olmedo López y Sneyder Pinilla fueron trasladados a La Picota. Estamos hablando de plata que era para llevar agua donde no había una gota, alimentar niños, ayudar a familias que lo habían perdido todo y atender emergencias. Los involucrados en ese escándalo hoy responden ante la justicia y no van a tener privilegios mientras enfrentan sus procesos”, dijo el mandatario.Es importante recordar que López y Pinilla están siendo investigados por los casos de corrupción que se dieron en la UNGRD.“Que quede claro: en mi Gobierno no hay cárceles VIP, pabellones a la medida ni privilegios. No importa cuánto dinero, poder, influencias o amigos tenga alguien. Aquí nadie tiene corona y nadie está por encima de la ley. La plata pública es sagrada. Quien la toque tendrá que responder ante la justicia. Y quien esté privado de la libertad estará donde legalmente corresponda”, manifestó De La Espriella.
El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, INPEC, ordenó el traslado de Olmedo de Jesús López Martínez y Sneyder Augusto Pinilla, exdirectivos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, UNGRD, vinculados al caso de corrupción en esa entidad, hacia la cárcel La Picota.La decisión también cobija a Jorge Armando Torres Reyes y Jairo Rueda García, quienes permanecían recluidos en establecimientos para miembros de la Fuerza Pública. El INPEC dispuso los traslados teniendo en cuenta las condiciones de seguridad correspondientes a cada interno. Olmedo López, se encontraba recluido en la Cárcel y Penitenciaría de Alta y Media Seguridad para Miembros de la Fuerza Pública, CPAMS EJEPO.Sneyder Pinilla,, permanecía en la Cárcel y Penitenciaría de Alta y Media Seguridad para Miembros de la Fuerza Pública, CPAMS EJART. La orden establece su traslado a la cárcel La Picota, en Bogotá.La decisión también incluye a Jorge Armando Torres Reyes, para quien se relacionan los delitos de fabricación o porte de armas y concierto para delinquir. Asimismo, cobija a Jairo Rueda García, relacionado con el delito de actos sexuales con menor de catorce años, cuyo traslado fue dispuesto a la cárcel de La Paz, en Itagüí, de media seguridad.Frente al traslado de Sneyder Pinilla, su abogado manifestó su oposición a la decisión del INPEC y pidió que fuera dejada sin efectos. La defensa sostuvo que existe una orden judicial vigente que dispone que Pinilla permanezca en un centro de reclusión militar y señaló que las decisiones de los jueces deben ser respetadas y cumplidas.“Como defensa de Sneyder Pinilla, solicitamos que sea dejada sin efectos la decisión del INPEC que ordena su traslado a la cárcel La Picota. Existe una orden judicial vigente que dispone que nuestro representado permanezca en un centro de reclusión militar”, señaló el abogado. La defensa también argumentó que Pinilla es un testigo que decidió colaborar con la justicia y pidió que las garantías relacionadas con su proceso de cooperación sean efectivas.“Sneyder Pinilla es un testigo que ha decidido colaborar con la justicia. Su vida e integridad deben ser protegidas y las garantías otorgadas dentro de su proceso de cooperación deben ser efectivas”, sostuvo el abogado.
Olmedo López, exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y procesado por hechos de corrupción en la entidad, fue trasladado de urgencia a la clínica Shaio, en el norte de Bogotá. Según las primeras versiones, el exfuncionario presentó quebrantos de salud asociados a un presunto infarto mientras permanecía privado de la libertad.López se encontraba recluido en una guarnición militar cuando manifestó el malestar físico que motivó su remisión inmediata al centro asistencial. Fuentes en el lugar confirmaron que el exdirector está recibiendo atención médica especializada, a la espera de un reporte oficial por parte del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) y el parte médico de la clínica.Este quebranto de salud ocurre en momentos en que el exfuncionario funge como testigo clave de la Fiscalía General de la Nación dentro del entramado de corrupción de la UNGRD, proceso en el cual se declaró culpable en mayo pasado tras aceptar los delitos de peculado por apropiación y concierto para delinquir.¿Cuál es el estado del proceso judicial de Olmedo López?Actualmente, el expediente contra el exdirector de la UNGRD se encuentra en la etapa final de individualización de la pena ante el Juzgado Cuarto Penal Especializado, luego de que se negaran dos preacuerdos y el procesado decidiera someterse a sentencia anticipada.Fecha de la condena: la lectura de la sentencia definitiva quedó programada para el próximo 14 de diciembre.Devolución de dinero: su defensa, encabezada por el abogado José Luis Moreno, argumentó que López realizó el reintegro de $724 millones mediante consignaciones hechas entre enero y abril de 2025.Petición de rebaja: la representación legal solicitó un beneficio de reducción del 50 % de la pena debido a la aceptación unilateral de cargos y a la colaboración entregada a la justicia.¿Qué denuncias existen sobre la seguridad de Olmedo López?Durante las recientes audiencias, la defensa del exdirector solicitó formalmente que la pena impuesta sea cumplida en el centro penitenciario del Batallón 13 de Caldas por motivos de seguridad.El abogado Moreno reveló que han acudido a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) tras señalar supuestas presiones e interferencias del Gobierno. De igual forma, advirtió que recientemente se pusieron en conocimiento de la Fiscalía graves amenazas de muerte emitidas por grupos al margen de la ley contra la vida de Olmedo López.
El abogado penalista José Luis Moreno, defensor del exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) Olmedo López, denunció el manejo irregular de un celular que, según explicó, fue entregado voluntariamente por su cliente a la Fiscalía General de la Nación en el marco del proceso por el escándalo de corrupción en la entidad.Moreno aseguró que la defensa recibió preguntas de un medio de comunicación relacionadas con información que haría parte de contenido reservado y que haría parte de las investigaciones que se adelantan en contra de López. Dicha situación que, a su juicio, genera interrogantes sobre el origen, la trazabilidad, la integridad y el contexto de ese material.“Si se trata de información sometida a reserva, resulta indispensable establecer quién tuvo acceso a ella”, afirmó el abogado por medio de un video.Según la defensa, al momento de entregar el dispositivo se habrían establecido condiciones sobre el acceso y utilización de la información contenida en el teléfono. Por esta razón, Moreno sostiene que la entrega no podía interpretarse como una autorización ilimitada para acceder, reproducir o divulgar todo su contenido.“La ley 906 de 2004, particularmente en sus artículos 254 y siguientes, establece reglas destinadas a garantizar la autenticidad, la integridad y adecuada cadena de custodia de los elementos materiales probatorios, además que estas pruebas son el material de reserva de la investigación. La situación es especialmente grave porque una información verdadera, pero fragmentada, puede ser presentada fuera de contexto y terminar construyendo una historia que los propios testigos nunca dijeron”, agregó.El abogado pidió establecer quién tuvo acceso al dispositivo, quién realizó la extracción de la información, qué copias fueron generadas, cómo fueron preservadas y quién tuvo posteriormente acceso a esos archivos.Moreno también señaló que fragmentos de conversaciones, audios, capturas de pantalla o archivos puedan ser presentados fuera de su contexto original, por lo que la defensa sostiene que una información puede ser auténtica pero, si se presenta de manera parcial, podría generar una interpretación diferente a la que tendría el contenido completo.Asimismo, el abogado llamó la atención sobre el uso de herramientas de inteligencia artificial, al señalar que actualmente existen tecnologías capaces de editar, reconstruir o conectar fragmentos de información para producir contenidos que aparenten ser originales.“La verdad judicial no puede construirse con fragmentos filtrados ni con relatos fabricados. A partir de ellos, debe surgir de pruebas auténticas, íntegras y sometidas a la contradicción, y no violentando el régimen penal”, dijo la defensa de López.Por ello, pidió que cualquier material que pueda tener incidencia en el proceso penal sea confrontado con su fuente original y sometido a las verificaciones correspondientes.
Luego de que Olmedo López, exdirector de la Unidad para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y considerado testigo clave dentro de la investigación por hechos de corrupción en esa entidad, aceptara responsabilidad por los delitos de peculado por apropiación y concierto para delinquir, avanzó ante el Juzgado Cuarto Penal Especializado la audiencia de individualización de la pena.La diligencia se desarrolla después de que fueran negados dos preacuerdos judiciales y de que López optara por aceptar cargos para someterse a una sentencia anticipada. En esta etapa, las partes presentan sus posiciones frente a la pena que debe imponerse y el lugar en el que deberá cumplirse, decisión que corresponde adoptar al juez.El abogado José Luis Moreno, defensor de López, solicitó que se reconozcan los beneficios derivados de la aceptación de responsabilidad y de la colaboración de su representado con la justicia. Además, pidió que la pena sea cumplida en una guarnición militar, argumentando razones relacionadas con su seguridad. “La determinación de que el señor López pueda cumplir su pena en el lugar de reclusión militar en donde se encuentra hoy en día, señoría, en el caso concreto. Y comparecemos ante su despacho con una certeza jurídica, y es que, en este caso, convergen la colaboración temprana, la reparación, la aceptación unilateral y de material de responsabilidad, elementos que, conforme a la ley y la jurisprudencia, obligan a reconocer el beneficio punitivo, en este caso, de allanamiento a cargo, señoría. Y no pedimos indulgencia, sino exigimos la aplicación estricta de la ley”, sostuvo el abogado.La defensa también señaló que López habría reintegrado integralmente el dinero que, de acuerdo con el proceso, fue objeto de apropiación irregular. Moreno indicó que se trató de 724 millones de pesos, mediante consignaciones realizadas entre enero y abril de 2025.“Reintegró integralmente el incremento patrimonial apropiado, los 724.000.000, mediante consignaciones entre enero y abril de 2025, mucho antes de haber realizado estas diligencias, señor Gil. Y ha mantenido una actitud respetuosa y cooperativa durante su privación de la libertad en la guarnición militar. Y estos antecedentes de reintegro también fueron acordados, señoría, desde el 2024, cuando se iniciaron las negociaciones con la Fiscalía General de la Nación”, afirmó.Durante la audiencia, el abogado también destacó la colaboración de López con las autoridades y aseguró que la información entregada por el exdirector de la UNGRD ha permitido avanzar en investigaciones que involucran a funcionarios de alto nivel y exministros del Gobierno de Gustavo Petro. La defensa además puso sobre la mesa las condiciones de seguridad de López y afirmó que se han presentado denuncias ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por presuntas interferencias del expresidente Gustavo Petro que, según su versión, habrían afectado al exdirector de la UNGRD.“Hemos presentado unas denuncias a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por las interferencias que ha podido generar el señor hoy en día, expresidente, pero en su momento presidente, el señor Gustavo Petro. Y eso hay que tenerlo en cuenta, porque cuando se tiene semejante poder en contra de un testigo amedrentándolo, tratando de callarnos, intentando sobornarnos, y donde las últimas amenazas que se pusieron en conocimiento de la Fiscalía y que no fueron públicas por peticiones del señor López, fueron amenazas de grupos al margen de la ley, que no lo voy a mencionar por seguridad y la tranquilidad del señor Olmedo López, pasaron los pasos de seguridad que tenía la vivienda del señor Olmedo López a hacer una amenaza que, si continuaba hablando, pues, el siguiente acto es imponer una bomba al señor Olmedo López”, manifestó Moreno.Con base en estos argumentos, la defensa pidió que se aplique una rebaja del 50 % por la aceptación de cargos y que se tengan en cuenta la colaboración y las demás actuaciones de López dentro del proceso.“En ese sentido, que se aplique el 50 % de la rebaja, señoría, que se aplique el descuento del artículo 401, en cuenta esa colaboración, esas manifestaciones de allanamiento y todo lo que hemos manifestado anteriormente”, solicitó el abogado.Respecto al lugar de reclusión, Moreno pidió que López permanezca en el establecimiento donde actualmente se encuentra: la cárcel y penitenciaría de alta y mediana seguridad para miembros de la fuerza pública, ubicada en el Batallón 13 de Caldas.Durante una diligencia previa, el propio López aseguró ante el juez que su decisión de aceptar responsabilidad no obedecía a una estrategia para evitar las consecuencias judiciales.La lectura de la sentencia quedó programada para el próximo 14 de diciembre. La pena que finalmente se imponga será determinada por el juez luego de valorar los argumentos de las partes y las reglas aplicables a la aceptación de cargos y los demás elementos expuestos durante la individualización.
En medio de la rendición de cuentas al cierre de la administración, la Contraloría emitió dos fallos de responsabilidad fiscal por más de 24 mil millones de pesos contra el exdirector de la UNGRD, Olmedo López, el exsubdirector Sneyder Pinilla y contratistas, por irregularidades en la compra y arrendamiento de los carrotanques que iban a llevar agua a La Guajira.“Señor contralor, se acaban de emitir 2 fallos de responsabilidad fiscal contra el antiguo director y su director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y sus contratistas por estos 80 carrotanques, por un valor de más de 24 mil millones de pesos”, afirmó la delegada de la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción, Alexandra Cárdenas. Cárdenas aclaró que esta cifra, los 24 mil millones de pesos no representa la totalidad de los recursos que estuvieron inicialmente bajo investigación, pues parte del dinero ya fue devuelto al Estado, por personas involucradas en el caso, tras acuerdos alcanzados con la Fiscalía.“Se logró también demostrar que hay dineros que ya fueron pagados y reintegrados al erario a través de los preacuerdos realizados con la Fiscalía General de la Nación. Entonces, es una noticia. La unidad le cumplió, le cumplió al país, le cumplimos, señor Contralor”, afirmó Cárdenas. Aunque la Contraloría ya había adelantado otros procesos relacionados con este escándalo, con estos dos fallos se establece responsabilidad fiscal contra los exfuncionarios y los contratistas vinculados al detrimento patrimonial del Estado.
El Juzgado Cuarto Penal del Circuito Especializado de Bogotá aprobó el allanamiento a cargos presentado por Olmedo López, exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), dentro del proceso que se adelanta por el escándalo de corrupción que afectó a esa entidad. Con la decisión judicial, el exfuncionario avanzará hacia una sentencia anticipada tras aceptar su responsabilidad penal por los delitos de peculado por apropiación y concierto para delinquir.La determinación se produce después de que a López le fueran negados previamente dos preacuerdos judiciales y un primer intento de allanamiento a cargos. En esta oportunidad, el exdirector ratificó su intención de reconocer su responsabilidad y acogerse al mecanismo procesal que permite una terminación anticipada del proceso.Durante la diligencia judicial, López aseguró que su decisión fue adoptada de manera libre y consciente. “Sé que aceptar responsabilidad no es un acto simbólico ni una simple formalidad. Sé que implica asumir consecuencias reales. A pesar de esto, quiero manifestar que mi decisión es libre, voluntaria, consciente e informada. Nadie me está obligando a aceptar, nadie me está presionando, nadie me está amenazando para que lo haga”, afirmó ante el juzgado.El exfuncionario también señaló que su determinación está relacionada con el análisis realizado junto a su equipo de defensa sobre el alcance jurídico de la actuación. “Lo hago porque, después de hablar con mi defensa y entender el alcance de esta audiencia, considero que corresponde ratificar mi aceptación de responsabilidad en los términos del escrito con allanamiento”, indicó.Durante su intervención, López pidió que se tuviera en cuenta su actuación previa dentro de las investigaciones que adelantan las autoridades por los hechos de corrupción en la UNGRD. Según manifestó, el reconocimiento de responsabilidad no constituye un hecho aislado, sino que hace parte de un proceso de colaboración que viene desarrollando desde hace varios meses.“Lo que sí solicito respetuosamente es que quede constancia de que esta aceptación no nace hoy, sino que está precedida de una conducta anterior de colaboración, interrogatorios, entrega de información, manifestaciones de verdad, escenario de justicia premial, preacuerdo, principio de oportunidad, perdón, reparación y voluntad de no repetición”, expresó el exdirector de la entidad.Con la aprobación del allanamiento, el proceso entra ahora en la etapa de individualización de pena y definición de la sentencia anticipada que se impondrá al exfuncionario. Para continuar con ese trámite, el juzgado fijó una nueva audiencia para el próximo 7 de septiembre a las 8:30 de la mañana.
La juez 17 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá negó el allanamiento a cargos presentado por Olmedo López dentro del proceso por el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres,UNGRD. La decisión se fundamentó en que la Fiscalía ya había radicado el escrito de acusación por los delitos de concierto para delinquir y peculado por apropiación antes de que se formalizara la aceptación de cargos.Durante la diligencia, la juez sostuvo que “declarar que la competencia para verificar la aceptación de responsabilidad de Olmedo de Jesús López Martínez en el estadio procesal en que se encuentran estas diligencias corresponde al Juzgado Cuarto Penal Del Circuito Especializado De Bogotá, despacho que por reparto le corresponden estas diligencias y que ya tiene una audiencia fijada para dicha situación” .La próxima audiencia quedó fijada para el 23 de junio.Tras conocerse la decisión, la defensa de Olmedo López, encabezada por el abogado José Moreno, anunció la apelación de la decisión y aseguró que la juez centró su análisis únicamente en la fecha de radicación del escrito de acusación, sin valorar la manifestación previa de aceptación de cargos realizada por su cliente.“Aquí sí lo hay, fue radicado con allanamiento, lo que prueba que la Fiscalía reconoció la aceptación previa”, sostuvo el abogado durante la audiencia.La defensa insistió en que antes de la radicación formal del escrito acusatorio ya existía una manifestación expresa de Olmedo López aceptando los cargos. “Miró la fecha de radicación del escrito de acusación, pero no valoró suficientemente el hecho de que antes de esa radicación ya existía un memorial de allanamiento”, señaló Moreno.En otro de los apartes de su intervención, el abogado agregó: “Miró el hito formal, pero no la realidad material. Miró la puerta que se cerraba, pero no advirtió que el procesado ya había entrado por ella antes de que se cerraran”.
Por tercera semana consecutiva, EPM mantendrá suspendidos los racionamientos de agua en Medellín, pero advierte que aún no se cumplen las metas de ahorro. En los embalses Piedras Blancas, La Fe y Riogrande II no se alcanza aún los 92 y 70 litros por hogar.Aunque los embalses presentan buenos niveles de almacenamiento y las lluvias recientes han favorecido la recuperación de las reservas, EPM advirtió que disminuyó el ahorro de agua en los sistemas Piedras Blancas, La Fe y Riogrande II. La empresa insistió en que noviembre será clave para prepararse ante los meses más difíciles del fenómeno de El Niño.Empresas Públicas de Medellín confirmó que entre el 9 y el 15 de noviembre no habrá interrupciones programadas del servicio de acueducto en las comunas abastecidas por el embalse Piedras Blancas, debido a las condiciones actuales de almacenamiento y al comportamiento reciente de las lluvias.El reporte de este domingo 8 de noviembre muestra que los tres embalses presentan una evolución favorable durante las últimas semanas. Riogrande II pasó de 72,29 % en la primera semana de octubre a 84,82 % actualmente; La Fe aumentó de 70,14 % a 98,11 %, mientras que Piedras Blancas pasó de 76,17 % a 97,69 %.Sin embargo, la empresa advirtió que los niveles de ahorro siguen por debajo de las metas diarias y que durante el sábado 7 de noviembre se registró una disminución en los tres sistemas de abastecimiento.En Piedras Blancas, el ahorro fue de 47 litros diarios por hogar, 10 litros menos que el día anterior. En La Fe pasó de 39 a 29 litros, mientras que en Riogrande II disminuyó de 41 a 39 litros diarios por hogar.Aunque actualmente no se requieren suspensiones programadas, EPM insistió en que noviembre es un mes determinante para conservar las reservas antes de la temporada más compleja del fenómeno de El Niño, prevista entre diciembre de este año y marzo de 2027.
En medio de las recientes denuncias de presunta corrupción que han generado controversia alrededor del expresidente Gustavo Petro, el senador Germán Rodríguez, del partido Salvación Nacional, anunció que este martes 10 de noviembre presentará ante la plenaria del Senado una proposición para solicitar que se revoque el permiso de salida del país otorgado al exmandatario.Según el congresista, el Senado debe revisar la decisión adoptada el pasado 12 de agosto de 2026, teniendo en cuenta los señalamientos conocidos.“Pediré ante el Congreso de la República revocar el permiso de salida del país del expresidente Gustavo Petro debido a la cantidad de denuncias por corrupción y sexo contratos que lo involucran directamente a él y a su círculo más cercano. El Congreso de la República no puede ser su cómplice. Petro se va a volar del país y exigimos que le dé la cara a Colombia”, dijo el senador.Carta a la Secretaría General del SenadoComo parte de esta iniciativa, el senador Germán Rodríguez envió una comunicación al secretario general del Senado, Diego González, solicitando información y antecedentes documentales relacionados con la autorización concedida al expresidente.En la carta, el congresista pidió copia de la solicitud que presentó Petro para obtener el permiso, así como del texto definitivo de la proposición aprobada por la plenaria el 12 de agosto.También solicitó el acta de la sesión y las condiciones establecidas por el Senado para autorizar los desplazamientos internacionales del exmandatario.Adicionalmente, Rodríguez pidió que se informe si, desde el otorgamiento del permiso, Petro ha remitido comunicaciones a la Secretaría General, la Presidencia o la Mesa Directiva del Senado para reportar viajes al exterior. En caso afirmativo, solicitó conocer las fechas de radicación, los destinos y los periodos informados.El congresista también pidió establecer si anteriormente se han presentado solicitudes para revisar, modificar o revocar esa autorización y, de ser así, conocer el estado de dichos trámites.Finalmente, Rodríguez solicitó que durante la plenaria de este martes 10 de noviembre la Secretaría General presente ante los senadores los antecedentes de la autorización, las condiciones bajo las cuales fue aprobada y las comunicaciones recibidas, para que sean tenidos en cuenta durante la discusión y eventual votación de su proposición.
El senador paraguayo Gustavo Leite, del Partido Colorado, arremetió contra el expresidente Santiago Peña, su compañero de partido, a quien calificó de “bandido” y acusó de haber traicionado al país en medio de la crisis de Ueno Bank, el escándalo financiero que dejó a cerca de 3 millones de ahorristas sin acceso a su dinero y que terminó con la destitución y captura del exmandatario. En diálogo con Mañanas Blu, el legislador afirmó que la ciudadanía exige ver a Peña en una cárcel común y que el proceso judicial “recién comienza”.“Nos traicionó a todos los paraguayos, y con más razón a nosotros”, afirmó Leite al explicar por qué cuestiona con dureza a un político de su misma colectividad. Según recordó, el Partido Colorado acogió a Peña en 2016, cuando provenía del partido tradicional de oposición.“Resultó ser un gran impostor. No sé si un caballo de Troya o un impostor”, sostuvo el senador, quien aseguró que en la sesión del Senado en la que se votó la destitución pidió que el exmandatario saliera del cargo “con deshonra”.Partido Colorado debe asumir “el error histórico”, según LeiteEl legislador insistió en que la filiación política no puede servir de escudo ante los hechos investigados. “Da igual que sea mi partido o no, cuando uno comete una traición no importa de qué partido sea”, declaró.Leite fue más allá y señaló la responsabilidad de su propia colectividad: “El Partido Colorado tiene que asumir históricamente el error de haber puesto a un bandido en la presidencia, que tenemos que tener el coraje para sacarlo y que la fiscalía tiene que tener el coraje para meterlo en la cárcel”.Peña fue enviado a prisión preventiva en el Regimiento Escolta Presidencial de Asunción, imputado por presunta lesión de confianza y administración en provecho propio, delitos que podrían acarrear hasta 10 años de cárcel. Además, los fiscales del caso allanaron su vivienda en la ciudad de San Bernardino.Para el senador, sin embargo, la situación de reclusión del expresidente no responde a lo que reclama la ciudadanía. “La gente quiere a Peña no en el regimiento escolta, lo quiere en la cárcel nacional donde van todos los delincuentes comunes”, dijo, y agregó: “La gente lo quiere a Peña sin sonrisa, lo quiere esposado como todos los delincuentes comunes”.Senador anticipa nuevas imputaciones contra Santiago PeñaDe acuerdo con Leite, el caso podría ampliarse en las próximas semanas. El senador afirmó que existen presunciones de que Peña era socio oculto del banco y que la entidad actuó “sin dudas en connivencia con el Ejecutivo”, señalamientos que forman parte de su versión y que deberán ser establecidos por la justicia.“Hay demasiados rastros que van a acelerar otras imputaciones. Aquí creo que no se va a salvar de lavado de dinero y de asociación ilícita”, aseguró.El legislador también se refirió al papel del ente acusador: “Yo dije en mi intervención en el Senado cuando el día de la destitución que el fiscal general del estado tiene la brillante ocasión de ser héroe o villano”.El juicio político que llevó a la salida de Peña se desarrolló en medio de una de las peores crisis políticas y financieras del país, cuando el mandatario había cumplido tres años de gobierno.Las alertas sobre Ueno Bank que no fueron atendidasLeite relató que su distanciamiento con Peña comenzó en marzo de este año, cuando, siendo aún embajador de Paraguay en Estados Unidos, denunció públicamente que durante el gobierno de Horacio Cartes, líder del Partido Colorado, “no había olor a coima y los proveedores cobraban al día”. Tras esa ruptura, renunció a la embajada y regresó a Asunción.Según el senador, un grupo de legisladores colorados, entre ellos el actual vicepresidente Antonio Barrios, solicitó al Banco Central del Paraguay un informe de 31 puntos sobre la supervisión de la entidad. La respuesta, afirmó, se limitó a invocar el secreto bancario. “El Banco Central, por instrucciones de Peña, nos responde una estupidez, no nos responde nada”, aseguró.El congresista sostuvo que posteriormente se conocieron créditos que calificó de “absolutamente temerarios”, como préstamos de 40 millones de dólares a empresas relacionadas con el grupo del banco que facturaban 10.000 dólares al mes. “Eso ya era un indicio de vaciamiento”, dijo. Añadió que, aun con el banco sometido a un sumario público, la entidad siguió recibiendo fondos estatales, entre ellos recursos de Itaipú.Comisión bicameral para establecer “quién dio la orden”Frente al destino de los recursos públicos depositados en el banco, Leite anunció que impulsará este miércoles en el Senado una comisión bicameral de investigación. “Es para ir al fondo de la cuestión y entender quién dio la orden, y entender quién dio la orden de esconder el déficit, porque es un daño tremendo a la reputación de Paraguay”, explicó.El nuevo Gobierno también busca rastrear el dinero: el vicepresidente Barrios anunció que solicitará cooperación internacional, incluso a Estados Unidos, para establecer el paradero de los recursos y los bonos manejados por la entidad.Así avanza la devolución de ahorros en ParaguayLa crisis de Ueno Bank estalló luego de que la junta del Banco Central sometiera a la entidad a un procedimiento de resolución, tras detectar que su índice de solvencia había caído por debajo de la mitad del mínimo legal.Mediante una ley especial, el Banco Central reportó en apenas dos días pagos a 1.196.000 personas por unos 160 millones de dólares a través del Fondo de Garantía de Depósitos. Aún quedan pendientes 669.336 cuentas, y cerca de 32.000 pensionados serán trasladados a otras ocho entidades bancarias.Leite explicó que la ley garantiza la devolución de hasta 75 salarios mínimos por ahorrista, con recursos acumulados desde la última crisis financiera, y dimensionó el impacto: “3 millones de ahorristas para 6 millones de paraguayos, es la mitad del país damnificado”.Qué espera el senador del gobierno de Pedro AllianaSobre el nuevo presidente, Pedro Alliana, quien era vicepresidente de Peña y asumió tras la destitución, Leite expresó confianza en un cambio: “Porque o cambiamos o nos cambian”. A su juicio, Alliana, expresidente del Partido Colorado y de la Cámara de Diputados, “sabrá entender que la gente quiere cambio de verdad”.Al cierre, el senador envió un mensaje de calma. Aseguró que la crisis afecta al 8 % del sistema financiero, que calificó de sólido, solvente y líquido. “Es un hecho aislado, tremendo pero aislado”, afirmó, y destacó que las instituciones dieron cuenta del caso en 72 horas “sin que haya un muerto”.
Los seguidores de Maluma podrán comprar anticipadamente las entradas para su concierto en Bogotá como parte del Loco X Volver World Tour 2027. La preventa comienza este lunes 9 de noviembre, a las 10:00 a. m., y estará habilitada para clientes con tarjetas de crédito Bancolombia Visa, quienes podrán adquirir hasta seis boletas por tarjeta.La presentación del artista colombiano está programada para el 5 de febrero de 2027 en El Corazón de Bogotá – Arena. La venta anticipada se realizará a través de TuBoleta y tendrá una duración de 48 horas o finalizará antes si se completa el 50 % del aforo previsto para esta primera fecha.La alianza entre Visa y la gira también contempla beneficios para sus tarjetahabientes en América Latina y el Caribe. En Colombia, los clientes de Bancolombia y los usuarios de Nequi que tengan activa la tarjeta Visa podrán acceder a la preventa.¿Quiénes pueden comprar hasta seis boletas para Maluma?De acuerdo con la información entregada por Bancolombia, el beneficio de compra de hasta seis entradas por tarjeta está disponible para los clientes que tengan tarjetas de crédito Bancolombia Visa.La entidad recomendó verificar antes de ingresar a la plataforma que la tarjeta tenga cupo suficiente para cubrir el valor total de la compra. También pidió revisar los topes, pues si el límite está por debajo del monto necesario, puede modificarse a través de la Sucursal Virtual Personas.Por su parte, los usuarios de Nequi también podrán participar en la preventa. Para acceder, deben activar la Tarjeta Nequi Visa desde la aplicación. La compañía explicó que esta opción busca ampliar los beneficios de su tarjeta y permitir que sus usuarios accedan a experiencias como conciertos y eventos.“Con solo activar la Tarjeta Nequi-Visa pueden aprovechar la preventa de esta alianza”, afirmó Santiago Johnson, director de Mercadeo de Nequi. El directivo agregó que la intención es que este medio de pago abra las puertas a nuevas experiencias y facilite que las personas utilicen su dinero en actividades de su interés.¿Cuándo comienza la venta general de entradas para Maluma?La preventa estará disponible desde las 10:00 a. m. del lunes 9 de noviembre y se extenderá por 48 horas, siempre que no se complete antes el 50 % del aforo previsto.Una vez termine esta etapa, se habilitará la venta general el 11 de noviembre, con todos los medios de pago y hasta agotar existencias.La alianza también contempla la posibilidad de pagar en cuotas con tarjetas Visa de crédito Bancolombia y beneficios especiales para clientes Visa Infinite. Además, durante el concierto en Bogotá se ofrecerán activaciones dentro del recinto.El único canal oficial para adquirir las entradas es TuBoleta. La organización anunció que en las próximas semanas dará a conocer nuevas ciudades de Sudamérica, Centroamérica y México que harán parte del recorrido de Loco X Volver World Tour 2027.
El exministro del Interior, Luis Fernando Velasco, rompió el silencio tras recuperar su libertad luego de 11 meses de detención prevenitiva. En diálogo con Mañanas Blu, el exfuncionario abordó los señalamientos en su contra por el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), defendió su actuación política y cuestionó los procedimientos judiciales que lo llevaron a prisión.Ante el cuestionamiento sobre si la responsabilidad recaía exclusivamente en Olmedo López o si alcanzaba a otras instancias del Gobierno, Velasco aclaró que sus críticas se dirigen hacia operadores específicos y no a la totalidad de la administración del presidente Gustavo Petro: “En el gobierno de Petro encontré gente maravillosa. Así como gente muy mala y que debemos reconocer como este señor Olmedo y de pronto otra gente”.Libertad tras 11 meses y duras críticas al procedimiento judicialVelasco calificó su encarcelamiento como una "barbaridad" y responsabilizó a la actuación de la magistrada Aura Rosero, señalando que tomó una medida intramural desproporcionada. “Es doloroso saber que el 18 de diciembre del año pasado por la vacancia judicial, una magistrada... me mandara a la cárcel... 11 meses después, después de que la Corte Suprema de Justicia en tutela diga, 'Mire, eso fue palabras más palabras menos, una barbaridad lo que hicieron con Velasco', un magistrado del propio tribunal reconozca esos errores, esas decisiones francamente ilegales y me devuelva la libertad”, afirmó.El exministro sostuvo que nunca intentó evadir a la justicia y que ejercerá su defensa plenamente en libertad.Desvinculación del desfalco en la UNGRDFrente a las acusaciones que lo vinculan con los entramados de corrupción en la Gestión del Riesgo, Velasco enfatizó que la propia Fiscalía General de la Nación ha reconocido que él no participó en la apropiación ilícita de recursos.“La propia Fiscalía en una audiencia de hace unos meses dijo con toda claridad que yo no tengo nada que ver con el saqueo de la Unidad de Gestión de Riesgos. O sea, no me he apropiado de un solo centavo”, aseveró Velasco. Asimismo, precisó que no ha sido acusado de peculado y que los señalamientos en su contra se basan en interpretaciones sesgadas de su labor institucional.Niega la "compra de congresistas" y defiende reuniones de GobiernoConsultado sobre las declaraciones de Olmedo López y Sneyder Pinilla —quienes afirmaron que en reuniones de la Casa de Nariño se habría planificado la entrega de dádivas a parlamentarios para respaldar proyectos oficiales—, Velasco rechazó tajantemente dicha versión.“Mientras yo fui ministro, en lo que respecta, no vi ni actué para eso y es lo que puedo decir y es lo que diré ante la Corte”, sostuvo. Velasco explicó que como ministro del Interior participó en más de 50 reuniones de coordinación política del Gobierno, pero negó que en ellas se acordara comprar votos. Destacó además que los otros ocho asistentes a las reuniones mencionadas por Olmedo López han desmentido la existencia de pactos ilícitos.Respecto a los trámites con congresistas, aclaró que facilitar encuentros entre legisladores y altos funcionarios es una tarea cotidiana y legítima del Ministerio del Interior: “El ministro del Interior entre sus funciones está la de acercar al gobierno con congresistas, gobernadores, alcaldes... Conseguí no menos de 100 citas de congresistas con altos funcionarios del gobierno”.Velasco identificó a Olmedo López como el "gran operador" de las irregularidades en la UNGRD y cuestionó que las investigaciones de la Fiscalía no hayan profundizado en otros contratos multimillonarios. Como ejemplo, citó contrataciones para atender la emergencia en La Mojana, donde según sus afirmaciones se suscribieron acuerdos por 129.000 millones de pesos para obras que podían ejecutarse por 45.000 millones. Finalmente, sobre su relación con el presidente Gustavo Petro, señaló que fue institucional y motivada por coincidencias programáticas, aunque aclaró que nunca existió una amistad personal cercana.Escuche aquí la entrevista:
