El abogado penalista José Luis Moreno, defensor del exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) Olmedo López, denunció el manejo irregular de un celular que, según explicó, fue entregado voluntariamente por su cliente a la Fiscalía General de la Nación en el marco del proceso por el escándalo de corrupción en la entidad.Moreno aseguró que la defensa recibió preguntas de un medio de comunicación relacionadas con información que haría parte de contenido reservado y que haría parte de las investigaciones que se adelantan en contra de López. Dicha situación que, a su juicio, genera interrogantes sobre el origen, la trazabilidad, la integridad y el contexto de ese material.“Si se trata de información sometida a reserva, resulta indispensable establecer quién tuvo acceso a ella”, afirmó el abogado por medio de un video.Según la defensa, al momento de entregar el dispositivo se habrían establecido condiciones sobre el acceso y utilización de la información contenida en el teléfono. Por esta razón, Moreno sostiene que la entrega no podía interpretarse como una autorización ilimitada para acceder, reproducir o divulgar todo su contenido.“La ley 906 de 2004, particularmente en sus artículos 254 y siguientes, establece reglas destinadas a garantizar la autenticidad, la integridad y adecuada cadena de custodia de los elementos materiales probatorios, además que estas pruebas son el material de reserva de la investigación. La situación es especialmente grave porque una información verdadera, pero fragmentada, puede ser presentada fuera de contexto y terminar construyendo una historia que los propios testigos nunca dijeron”, agregó.El abogado pidió establecer quién tuvo acceso al dispositivo, quién realizó la extracción de la información, qué copias fueron generadas, cómo fueron preservadas y quién tuvo posteriormente acceso a esos archivos.Moreno también señaló que fragmentos de conversaciones, audios, capturas de pantalla o archivos puedan ser presentados fuera de su contexto original, por lo que la defensa sostiene que una información puede ser auténtica pero, si se presenta de manera parcial, podría generar una interpretación diferente a la que tendría el contenido completo.Asimismo, el abogado llamó la atención sobre el uso de herramientas de inteligencia artificial, al señalar que actualmente existen tecnologías capaces de editar, reconstruir o conectar fragmentos de información para producir contenidos que aparenten ser originales.“La verdad judicial no puede construirse con fragmentos filtrados ni con relatos fabricados. A partir de ellos, debe surgir de pruebas auténticas, íntegras y sometidas a la contradicción, y no violentando el régimen penal”, dijo la defensa de López.Por ello, pidió que cualquier material que pueda tener incidencia en el proceso penal sea confrontado con su fuente original y sometido a las verificaciones correspondientes.
Luego de que Olmedo López, exdirector de la Unidad para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y considerado testigo clave dentro de la investigación por hechos de corrupción en esa entidad, aceptara responsabilidad por los delitos de peculado por apropiación y concierto para delinquir, avanzó ante el Juzgado Cuarto Penal Especializado la audiencia de individualización de la pena.La diligencia se desarrolla después de que fueran negados dos preacuerdos judiciales y de que López optara por aceptar cargos para someterse a una sentencia anticipada. En esta etapa, las partes presentan sus posiciones frente a la pena que debe imponerse y el lugar en el que deberá cumplirse, decisión que corresponde adoptar al juez.El abogado José Luis Moreno, defensor de López, solicitó que se reconozcan los beneficios derivados de la aceptación de responsabilidad y de la colaboración de su representado con la justicia. Además, pidió que la pena sea cumplida en una guarnición militar, argumentando razones relacionadas con su seguridad. “La determinación de que el señor López pueda cumplir su pena en el lugar de reclusión militar en donde se encuentra hoy en día, señoría, en el caso concreto. Y comparecemos ante su despacho con una certeza jurídica, y es que, en este caso, convergen la colaboración temprana, la reparación, la aceptación unilateral y de material de responsabilidad, elementos que, conforme a la ley y la jurisprudencia, obligan a reconocer el beneficio punitivo, en este caso, de allanamiento a cargo, señoría. Y no pedimos indulgencia, sino exigimos la aplicación estricta de la ley”, sostuvo el abogado.La defensa también señaló que López habría reintegrado integralmente el dinero que, de acuerdo con el proceso, fue objeto de apropiación irregular. Moreno indicó que se trató de 724 millones de pesos, mediante consignaciones realizadas entre enero y abril de 2025.“Reintegró integralmente el incremento patrimonial apropiado, los 724.000.000, mediante consignaciones entre enero y abril de 2025, mucho antes de haber realizado estas diligencias, señor Gil. Y ha mantenido una actitud respetuosa y cooperativa durante su privación de la libertad en la guarnición militar. Y estos antecedentes de reintegro también fueron acordados, señoría, desde el 2024, cuando se iniciaron las negociaciones con la Fiscalía General de la Nación”, afirmó.Durante la audiencia, el abogado también destacó la colaboración de López con las autoridades y aseguró que la información entregada por el exdirector de la UNGRD ha permitido avanzar en investigaciones que involucran a funcionarios de alto nivel y exministros del Gobierno de Gustavo Petro. La defensa además puso sobre la mesa las condiciones de seguridad de López y afirmó que se han presentado denuncias ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por presuntas interferencias del expresidente Gustavo Petro que, según su versión, habrían afectado al exdirector de la UNGRD.“Hemos presentado unas denuncias a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por las interferencias que ha podido generar el señor hoy en día, expresidente, pero en su momento presidente, el señor Gustavo Petro. Y eso hay que tenerlo en cuenta, porque cuando se tiene semejante poder en contra de un testigo amedrentándolo, tratando de callarnos, intentando sobornarnos, y donde las últimas amenazas que se pusieron en conocimiento de la Fiscalía y que no fueron públicas por peticiones del señor López, fueron amenazas de grupos al margen de la ley, que no lo voy a mencionar por seguridad y la tranquilidad del señor Olmedo López, pasaron los pasos de seguridad que tenía la vivienda del señor Olmedo López a hacer una amenaza que, si continuaba hablando, pues, el siguiente acto es imponer una bomba al señor Olmedo López”, manifestó Moreno.Con base en estos argumentos, la defensa pidió que se aplique una rebaja del 50 % por la aceptación de cargos y que se tengan en cuenta la colaboración y las demás actuaciones de López dentro del proceso.“En ese sentido, que se aplique el 50 % de la rebaja, señoría, que se aplique el descuento del artículo 401, en cuenta esa colaboración, esas manifestaciones de allanamiento y todo lo que hemos manifestado anteriormente”, solicitó el abogado.Respecto al lugar de reclusión, Moreno pidió que López permanezca en el establecimiento donde actualmente se encuentra: la cárcel y penitenciaría de alta y mediana seguridad para miembros de la fuerza pública, ubicada en el Batallón 13 de Caldas.Durante una diligencia previa, el propio López aseguró ante el juez que su decisión de aceptar responsabilidad no obedecía a una estrategia para evitar las consecuencias judiciales.La lectura de la sentencia quedó programada para el próximo 14 de diciembre. La pena que finalmente se imponga será determinada por el juez luego de valorar los argumentos de las partes y las reglas aplicables a la aceptación de cargos y los demás elementos expuestos durante la individualización.
En medio de la rendición de cuentas al cierre de la administración, la Contraloría emitió dos fallos de responsabilidad fiscal por más de 24 mil millones de pesos contra el exdirector de la UNGRD, Olmedo López, el exsubdirector Sneyder Pinilla y contratistas, por irregularidades en la compra y arrendamiento de los carrotanques que iban a llevar agua a La Guajira.“Señor contralor, se acaban de emitir 2 fallos de responsabilidad fiscal contra el antiguo director y su director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y sus contratistas por estos 80 carrotanques, por un valor de más de 24 mil millones de pesos”, afirmó la delegada de la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción, Alexandra Cárdenas. Cárdenas aclaró que esta cifra, los 24 mil millones de pesos no representa la totalidad de los recursos que estuvieron inicialmente bajo investigación, pues parte del dinero ya fue devuelto al Estado, por personas involucradas en el caso, tras acuerdos alcanzados con la Fiscalía.“Se logró también demostrar que hay dineros que ya fueron pagados y reintegrados al erario a través de los preacuerdos realizados con la Fiscalía General de la Nación. Entonces, es una noticia. La unidad le cumplió, le cumplió al país, le cumplimos, señor Contralor”, afirmó Cárdenas. Aunque la Contraloría ya había adelantado otros procesos relacionados con este escándalo, con estos dos fallos se establece responsabilidad fiscal contra los exfuncionarios y los contratistas vinculados al detrimento patrimonial del Estado.
El Juzgado Cuarto Penal del Circuito Especializado de Bogotá aprobó el allanamiento a cargos presentado por Olmedo López, exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), dentro del proceso que se adelanta por el escándalo de corrupción que afectó a esa entidad. Con la decisión judicial, el exfuncionario avanzará hacia una sentencia anticipada tras aceptar su responsabilidad penal por los delitos de peculado por apropiación y concierto para delinquir.La determinación se produce después de que a López le fueran negados previamente dos preacuerdos judiciales y un primer intento de allanamiento a cargos. En esta oportunidad, el exdirector ratificó su intención de reconocer su responsabilidad y acogerse al mecanismo procesal que permite una terminación anticipada del proceso.Durante la diligencia judicial, López aseguró que su decisión fue adoptada de manera libre y consciente. “Sé que aceptar responsabilidad no es un acto simbólico ni una simple formalidad. Sé que implica asumir consecuencias reales. A pesar de esto, quiero manifestar que mi decisión es libre, voluntaria, consciente e informada. Nadie me está obligando a aceptar, nadie me está presionando, nadie me está amenazando para que lo haga”, afirmó ante el juzgado.El exfuncionario también señaló que su determinación está relacionada con el análisis realizado junto a su equipo de defensa sobre el alcance jurídico de la actuación. “Lo hago porque, después de hablar con mi defensa y entender el alcance de esta audiencia, considero que corresponde ratificar mi aceptación de responsabilidad en los términos del escrito con allanamiento”, indicó.Durante su intervención, López pidió que se tuviera en cuenta su actuación previa dentro de las investigaciones que adelantan las autoridades por los hechos de corrupción en la UNGRD. Según manifestó, el reconocimiento de responsabilidad no constituye un hecho aislado, sino que hace parte de un proceso de colaboración que viene desarrollando desde hace varios meses.“Lo que sí solicito respetuosamente es que quede constancia de que esta aceptación no nace hoy, sino que está precedida de una conducta anterior de colaboración, interrogatorios, entrega de información, manifestaciones de verdad, escenario de justicia premial, preacuerdo, principio de oportunidad, perdón, reparación y voluntad de no repetición”, expresó el exdirector de la entidad.Con la aprobación del allanamiento, el proceso entra ahora en la etapa de individualización de pena y definición de la sentencia anticipada que se impondrá al exfuncionario. Para continuar con ese trámite, el juzgado fijó una nueva audiencia para el próximo 7 de septiembre a las 8:30 de la mañana.
La juez 17 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá negó el allanamiento a cargos presentado por Olmedo López dentro del proceso por el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres,UNGRD. La decisión se fundamentó en que la Fiscalía ya había radicado el escrito de acusación por los delitos de concierto para delinquir y peculado por apropiación antes de que se formalizara la aceptación de cargos.Durante la diligencia, la juez sostuvo que “declarar que la competencia para verificar la aceptación de responsabilidad de Olmedo de Jesús López Martínez en el estadio procesal en que se encuentran estas diligencias corresponde al Juzgado Cuarto Penal Del Circuito Especializado De Bogotá, despacho que por reparto le corresponden estas diligencias y que ya tiene una audiencia fijada para dicha situación” .La próxima audiencia quedó fijada para el 23 de junio.Tras conocerse la decisión, la defensa de Olmedo López, encabezada por el abogado José Moreno, anunció la apelación de la decisión y aseguró que la juez centró su análisis únicamente en la fecha de radicación del escrito de acusación, sin valorar la manifestación previa de aceptación de cargos realizada por su cliente.“Aquí sí lo hay, fue radicado con allanamiento, lo que prueba que la Fiscalía reconoció la aceptación previa”, sostuvo el abogado durante la audiencia.La defensa insistió en que antes de la radicación formal del escrito acusatorio ya existía una manifestación expresa de Olmedo López aceptando los cargos. “Miró la fecha de radicación del escrito de acusación, pero no valoró suficientemente el hecho de que antes de esa radicación ya existía un memorial de allanamiento”, señaló Moreno.En otro de los apartes de su intervención, el abogado agregó: “Miró el hito formal, pero no la realidad material. Miró la puerta que se cerraba, pero no advirtió que el procesado ya había entrado por ella antes de que se cerraran”.
La Fiscalía General de la Nación adelanta una investigación contra Olmedo López, exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), y Fernando Albert Granada Escudero, exgerente y socio de la empresa Practimax S.A., por el presunto delito de administración desleal relacionado con hechos ocurridos en 2018 en una comercializadora ubicada en el municipio de La Estrella, Antioquia.De acuerdo con la investigación, Fernando Albert Granada Escudero, quien para la época se desempeñaba como gerente y socio de la compañía, habría autorizado de manera irregular un supuesto préstamo por 300 millones de pesos a favor de Olmedo López Martínez, también socio y representante legal suplente de la empresa.Según la Fiscalía, la operación habría desconocido el objeto social de la compañía y generado un perjuicio económico tanto para el patrimonio empresarial como para los demás socios.Dentro de las indagaciones, el ente acusador también investiga si esos recursos presuntamente tendrían como finalidad ser entregados a manera de préstamo a la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2018.La Fiscalía concluyó preliminarmente que existen elementos materiales probatorios que permitirían atribuir a ambos investigados la conducta de administración desleal.En desarrollo del proceso judicial y bajo un procedimiento abreviado, la Fiscalía trasladó recientemente el escrito de acusación contra Olmedo López por ese delito.“El 13 de mayo se dio traslado del escrito de acusación al señor Olmedo López”, se conoció dentro de la actuación judicial. Inicialmente, la Fiscalía solicitó al juez de garantías declararlo en contumacia; sin embargo, el exfuncionario finalmente compareció acompañado de su abogado defensor.Durante la diligencia, la defensa interpuso un recurso de apelación frente a las decisiones adoptadas en el proceso. La audiencia para resolver ese recurso quedó programada para el próximo 22 de julio de 2026.Este nuevo expediente judicial avanza de manera paralela a los procesos que enfrenta Olmedo López por el escándalo de corrupción en la UNGRD.Precisamente esta semana, el exdirector de la entidad se declaró culpable de los delitos de concierto para delinquir y peculado por apropiación dentro de las investigaciones relacionadas con el direccionamiento irregular de contratos y el desvío de recursos públicos en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.
Olmedo López, exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y considerado testigo clave en el escándalo de corrupción que sacudió a esa entidad, aceptó cargos para someterse a una sentencia anticipada. El exfuncionario aceptó su responsabilidad por los delitos de peculado por apropiación y concierto para delinquir, luego de que le fueran negados dos preacuerdos judiciales.Durante la diligencia, López aseguró que su decisión no corresponde a una estrategia procesal ni a un intento de evitar responsabilidades. “Mi decisión de aceptar responsabilidad no nació hoy. No es una decisión oportunista, producto de la base procesal, y mucho menos constituye una maniobra para evitar mi responsabilidad frente a la justicia y frente al país”, afirmó ante el juez. También señaló que desde antes de la imputación inició acercamientos con la Fiscalía General de la Nación, entregando información, documentos y participando en diligencias para esclarecer los hechos investigados.El exdirector de la UNGRD manifestó además que comprende la gravedad de los hechos y el impacto institucional generado por el caso. “Acepto los cargos formulados por la Fiscalía General de la Nación. Lo hago libre, voluntariamente y plenamente asesorado por mi defensa”, sostuvo López, quien agregó que considera que asumir responsabilidades y decir la verdad era “el camino correcto frente al país y frente a las instituciones”.Con esta diligencia judicial ahora deberá surtirse el trámite de la avalación del allanamiento a cargos el próximo martes, mientras un juez de conocimiento avanzará en la definición de la condena que enfrentará el exfuncionario. La audiencia relacionada con la sentencia anticipada quedó programada para junio, dentro del proceso derivado del entramado de corrupción que compromete recursos de la UNGRD.
El Juzgado 35 Penal con Función de Control de Garantías dejó en libertad por vencimiento de términos a Sandra Liliana Ortiz Nova, exconsejera presidencial para las regiones, en medio del proceso penal por el presunto entramado de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, UNGRD.La decisión se produjo luego de una solicitud presentada por la defensa de la exfuncionaria, que argumentó que ya se habían superado los tiempos establecidos por la ley para mantenerla privada de la libertad sin que iniciara el juicio oral.Durante la audiencia, el juez centró el análisis en el cómputo de términos relacionados con el delito de lavado de activos. El despacho explicó que, de acuerdo con el artículo 317 del Código de Procedimiento Penal, en este tipo de delitos deben transcurrir 240 días desde la presentación del escrito de acusación sin que se inicie el juicio oral para que proceda la libertad por vencimiento de términos.Uno de los puntos más debatidos durante la diligencia estuvo relacionado con el conteo de los días que, según la Fiscalía y la representación de víctimas, debían atribuirse a presuntas maniobras dilatorias de la defensa. Entre esos hechos se mencionaron solicitudes de aplazamiento, recursos judiciales y actividades relacionadas con la búsqueda de información para estructurar la estrategia de defensa.Sin embargo, el abogado defensor Mauricio Camacho sostuvo que las actuaciones realizadas por la defensa correspondían al ejercicio legítimo de preparación del caso, y no podían interpretarse como maniobras dilatorias. Según explicó, en total han pasado aproximadamente más de 400 días desde la acusación y que su defendida completa más de 500 días privada de la libertad.La Procuraduría respaldó la posición de la defensa y consideró que las actuaciones cuestionadas por la Fiscalía hacían parte del legítimo ejercicio del derecho a la defensa y del debido proceso.Frente a ese debate, el juez cuestionó que se pretendiera sancionar procesalmente a una parte por ejercer derechos reconocidos por la ley. “Reitero, es inaudito que el Estado colombiano le diga a una parte que puede solicitar algo, y cuando la parte lo solicita, entonces la castigan, entonces la sancionan. Eso es un contrasentido”, señaló durante la audiencia.El funcionario judicial agregó que no es razonable derivar consecuencias negativas por la solicitud de aplazamientos justificados o por actividades orientadas a recaudar pruebas para la defensa. “¿Dónde queda el principio de igualdad?”, cuestionó el juez al explicar su decisión.
La defensa del exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) Olmedo López solicitó que la justicia tenga en cuenta su colaboración en el caso de corrupción, al momento de definir las consecuencias jurídicas tras su decisión de aceptar cargos dentro del proceso.El abogado defensor José Moreno explicó que el preacuerdo inicialmente planteado a favor de su cliente no prosperó por razones técnicas relacionadas con su estructuración por parte de la Fiscalía General de la Nación. Según indicó, esta situación no modifica la voluntad manifestada por López desde el inicio del proceso judicial.El defensor aseguró que el exfuncionario ha reiterado su intención de asumir responsabilidades penales que permitan avanzar hacia una sentencia anticipada. En ese sentido, afirmó que “la Fiscalía ya radicó el escrito correspondiente con allanamiento, porque desde el inicio, Olmedo López ha sido claro en algo, su voluntad es aceptar cargos y asumir su responsabilidad. Y eso cambia completamente el escenario jurídico”.De acuerdo con la defensa, el proceso judicial entró en una nueva etapa en la que el debate ya no gira en torno a la aceptación de responsabilidad, sino a la determinación de las sanciones correspondientes. "Ya no estamos en una discusión para un preacuerdo, sino estamos en una etapa en la que el juez va a definir las consecuencias de una responsabilidad que ya fue reducida. Aquí no se está discutiendo la verdad, se está redefiniendo o se está definiendo la pena”, explicó el abogado.Asimismo, Moreno destacó que el principio de oportunidad otorgado a López continúa vigente, lo que implica su compromiso de colaborar con las autoridades como testigo dentro de las investigaciones relacionadas con el caso.La defensa también insistió en que la colaboración entregada por López ha generado resultados concretos dentro de las investigaciones relacionadas con el caso de corrupción en la UNGRD. Por ello, espera que en la etapa actual del proceso judicial se valore el impacto de la información suministrada por el exfuncionario en la toma de decisiones futuras.En ese contexto, Moreno planteó que el sistema judicial debe reconocer los aportes de quienes colaboran con las autoridades."Aquí hay una pregunta de fondo que el país debe hacerse, ¿vale la pena colaborar con la justicia? Porque si en Colombia termina siendo más costoso decir la verdad que ocultarla, el problema no es solo el procesado, sino es del sistema”, agregó.En paralelo, López Martínez manifestó su intención de aceptar cargos y someterse a una sentencia anticipada, lo que marca un nuevo giro en el proceso.
El exdirector de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (UNGRD) Olmedo López irá a juicio por el escándalo de corrupción que salpica el Gobierno del presidente Gustavo Petro, esto luego de que la Fiscalía desistió de buscar un preacuerdo con el exfuncionario tras dos negativas de los jueces.Ante esto, López se comprometió a aceptar cargos para obtener una sentencia anticipada. Deberá responder por los delitos de concierto para delinquir agravado y peculado por apropiación agravado.La investigación señala que él, en su calidad de ordenador del gasto, habría favorecido a un contratista específico en un proceso por más de 48.000 millones de pesos para el suministro de carrotanques destinados a las comunidades indígenas de La Guajira.Incluso, el ente acusador aseguró que por esta intervención irregular, el exfuncionario habría recibido una dádiva de 24 millones de pesos y permitió que terceros se apropiaran de hasta 340 millones de pesos.Olmedo López, además, es señalado de direccionar otro contrato en agosto de 2023 por la adquisición de cuarenta carrotanques por más de 29.000 millones de pesos, en el que se habría presentado una apropiación indebida de cerca de 11.114 millones de pesos.
Un devastador movimiento telúrico ocurrido el 16 de noviembre de 1827 destruyó por completo el asentamiento original de la población donde se ubicaba el municipio de Chaparral. Al cumplirse 199 años de este evento histórico, el estudio de la amenaza sísmica en esa zona del país mantiene en alerta a la población de Chaparral.Zonas de subducción y acumulación de energíaLos sismos de mayor magnitud a nivel mundial se originan en contextos geológicos específicos, principalmente en las zonas de subducción, donde el choque entre placas tectónicas genera un proceso continuo de acumulación de fricción y energía. La geóloga Martha Calvache habló para la emisora Ecos del Combeiba 790AM sobre la evaluación de las fuentes sismogénicas y la desinformación asociada a este tipo de eventos."Hay muchos estudios, muchas teorías. Cada vez hay más información de cómo esa energía se va acumulando en zonas mucho más propensas a sismos grandes, muy muy grandes, que son, por ejemplo, la zona donde se acumula toda esta energía porque una placa se choca contra la otra, como son las zonas de subducción", explicó la experta.Frente a la idea extendida de que los eventos telúricos se repiten en intervalos fijos de tiempo, el informe de Calvache desmitifica la posibilidad de fijar fechas o plazos exactos:"Se pretende decir muchas veces que cada 50 años ocurre un sismo, que ya va a ocurrir porque son 49 años que han pasado desde ese sismo y entonces ya va a pasar el otro. La naturaleza y los humanos no llegamos a esas precisiones", aseveró.
La Unión Sindical Obrera, USO, se pronunció sobre la designación de Joaquín Gutiérrez como nuevo presidente de Ecopetrol y manifestó su disposición para trabajar con la nueva administración en el fortalecimiento de la empresa.Martín Ravelo, integrante de la USO, señaló que los trabajadores esperan que durante esta nueva etapa se adopten medidas encaminadas a fortalecer la soberanía y la seguridad energética del país, además de consolidar a Ecopetrol como una de las principales empresas de Colombia.“Aspiramos en la expectativa desde los trabajadores que se implementen las políticas correctas para recuperar la soberanía y la seguridad energética de los colombianos, fortalecer a Ecopetrol como la empresa insignia del país”, señaló Ravelo.El dirigente sindical también destacó la importancia de que la industria petrolera tenga una relación más cercana con las comunidades donde desarrolla sus actividades. Según dijo, esperan que los territorios vean a la industria extractiva como un aliado y que se continúe generando empleo digno para las familias vinculadas al sector.La posición de la USO también fue expresada a través de su cuenta en X, donde el sindicato manifestó su disposición al diálogo y al trabajo conjunto, manteniendo su independencia y autonomía sindical.La USO también señaló que será estratégico que las vicepresidencias que hacen parte del comité directivo de Ecopetrol estén encabezadas por personas con amplia experiencia en el sector de petróleo y gas.Para el sindicato, el diálogo social será uno de los elementos centrales para avanzar en la reactivación de la industria y fortalecer a Ecopetrol como empresa mayoritariamente pública y activo estratégico de la Nación.
La fuerza pública en Cali llevó a cabo la denominada 'Operación Iron', un despliegue operativo enfocado en golpear las estructuras delictivas radicadas en el sector céntrico de El Calvario y en otras zonas estratégicas de la capital vallecaucana.En dialogo con Mañanas Blu, el alcalde de Cali, Alejandro Eder, entregó el balance definitivo de esta ofensiva e informó que el despliegue permitió neutralizar a siete organizaciones criminales dedicadas al tráfico de estupefacientes a pequeña escala, al robo y a los homicidios.Detalles de la Operación Iron y el impacto en El CalvarioEl mandatario local explicó que las acciones no solo se concentraron en el corazón de la ciudad, sino que se extendieron a sectores como El Vallado, en el oriente, y Meléndez, en la comuna 18.Refiriéndose a los resultados del despliegue policial y militar, Eder afirmó que “esta inicial fue un operativo que se llevó a cabo en el centro de Cali, pero también en el oriente, en el sector del Vallado y en la comuna 18 en el sector de Meléndez y logramos desarticular siete bandas dedicadas al microtráfico, al hurto y al homicidio”.Entre las estructuras desmanteladas o intervenidas en este sector céntrico se encuentran bandas reconocidas en la zona como Los Buitres, La Luna y Los Pascuas.El sector de El Calvario ha sido históricamente catalogado como uno de los principales focos de delincuencia en la ciudad.Sobre la magnitud de este problema, el alcalde Alejandro Eder comparó la situación con zonas críticas de la capital colombiana: “El Calvario es, haga de cuenta, el Bronx en Bogotá... una olla que lleva 50 años de esta manera”.Añadió además la gravedad geográfica de este punto al señalar que “tener la olla donde está en Cali es como si en Bogotá el Bronx quedara en la 78... están en el corazón de la ciudad, en el corazón del motor económico de la ciudad”.Solamente en el sector de El Calvario se ejecutaron cerca de 40 capturas de integrantes de estas bandas dedicadas al expendio de sustancias psicoactivas.Renovación urbana y articulación con el Gobierno NacionalA diferencia de intervenciones pasadas que terminaban en el traslado de la criminalidad a otros barrios, la administración distrital sostiene que esta estrategia estará respaldada por proyectos concretos de transformación física e institucional.El mandatario destacó que ya se encuentra en funcionamiento la sede principal del búnker de la Fiscalía en ese sector, sumado al inicio de la construcción de la Estación Central del MÍO —una infraestructura de 90.000 metros cuadrados— y la edificación de tres torres de vivienda nueva con cerca de 80 apartamentos cada una.Asimismo, Eder enfatizó la importancia de la voluntad política y el respaldo del Gobierno Nacional para ejecutar operaciones de gran escala. Para llevar a cabo esta incursión simultánea en siete puntos de la ciudad, se requirieron más de 100 efectivos, tanquetas y unidades de fuerzas especiales urbanas de las Fuerzas Militares.Con el fin de ratificar la continuidad de la estrategia de seguridad, el mandatario fue categórico al declarar: “esto no es flor de una noche, esto es la primera parte del operativo y vendrán más”.Finalmente, al referirse al impacto de la presencia del presidente de la República y los altos mandos institucionales en el terreno de las operaciones, el alcalde destacó el aspecto psicológico y de respaldo operacional. “Cuando la fuerza pública ve el compromiso de sus gobernantes, comenzando con el presidente de la República, presencia del alcalde, presencia de todos los altos mandos, eso motiva a la tropa”.Escuche aquí la entrevista:
La visita a Washington del presidente chino, Xi Jinping, para reunirse con su homólogo estadounidense, Donald Trump, ha despertado comparaciones entre las limusinas blindadas que acompañan a los dos hombres más poderosos del mundo: 'La Bestia' de Trump y la llamada 'Bandera Roja' de Xi.Trump y la primera dama, Melania Trump, recibieron el miércoles a pie de pista, en la base aérea Andrews, a Xi y a su esposa, Peng Liyuan, y, tras la ceremonia de bienvenida, ambas parejas partieron en sus respectivos vehículos oficiales.Ambos mandatarios buscan proyectar una imagen de buena sintonía pese a las tensiones entre Washington y Pekín por asuntos como los aranceles, la guerra de Irán, el futuro de Taiwán o la carrera por la inteligencia artificial.Las características de sus limusinas, que funcionan también como símbolos de poder de Estados Unidos y China, están rodeadas de secretismo por motivos de seguridad, lo que alimenta las especulaciones sobre sus capacidades.La Bestia, un búnker sobre ruedas'La Bestia' estadounidense, uno de los grandes símbolos de la Presidencia junto al avión Air Force One, es un Cadillac, la emblemática marca de automóviles de lujo propiedad de General Motors.El actual modelo utilizado por Trump, fabricado específicamente para el presidente estadounidense, entró en servicio en 2018, con un coste estimado de 1,5 millones de dólares.Aunque el Servicio Secreto no ha difundido detalles específicos sobre sus sistemas de seguridad, medios estadounidenses estiman que pesa entre 6,8 y 9,1 toneladas y que combina rasgos de Cadillac con componentes propios de vehículos pesados.Considerada un búnker sobre ruedas, a 'La Bestia' se le atribuyen un blindaje multicapa, puertas con un peso similar al de las de un Boeing 757 y neumáticos capaces de seguir operativos tras sufrir daños, además de un habitáculo sellado con sistemas de filtración de aire para proteger al presidente frente a un ataque químico.El hermetismo del HongqiEl automóvil utilizado por Xi es un modelo N701 de la marca de lujo Hongqi (que en chino significa 'Bandera Roja') perteneciente al grupo estatal FAW que el mandatario chino utiliza en sus desplazamientos desde 2022 y cuyo precio algunas estimaciones sitúan en torno a los 700.000 dólares.El Hongqi llamó la atención en 2023 del entonces presidente estadounidense, Joe Biden, durante una reunión en San Francisco."Es un vehículo hermoso", le dijo el demócrata a Xi durante un breve intercambio en el que compararon el automóvil chino con su Cadillac, después de que el mandatario chino le explicara que era un "Hongqi, de fabricación doméstica".El N701 mantiene el icónico adorno de la bandera roja en el capó, característico de la marca, pero presenta un aspecto más alargado que los modelos tradicionales de la marca y conserva un diseño que recuerda a los automóviles de los años 50 del pasado siglo, en un guiño estético al primer Hongqi, que data de 1958.Diversos reportes sitúan su longitud por encima de los 5,5 metros y estiman su peso en unas tres toneladas, lo que lo haría considerablemente más ligero que 'La Bestia', aunque Pekín no ha hecho públicos sus datos técnicos ni sus sistemas de protección.Mientras el vehículo de Trump está diseñado para resistir un ataque directo, el Hongqi de Xi apuesta por la potencia de su motor para poder escapar a gran velocidad en caso de una emboscada.Ambas limusinas se desplazan en avión para acompañar a los presidentes en sus viajes internacionales.Pero mientras 'La Bestia' ha sido durante años objeto de cobertura mediática, el Hongqi de Xi permanece prácticamente fuera del escrutinio público, en un hermetismo que alimenta las especulaciones sobre las capacidades de la industria automovilística china.
Decenas de hogares migrantes venezolanos en Bucaramanga están enfrentando retrasos de varios meses en el pago del subsidio de arrendamiento otorgado por el Ministerio de Vivienda, a través de Fonvivienda. Ante la falta de desembolsos, algunos beneficiarios ya acudieron a la tutela.El programa hace parte de una estrategia de subsidios de arrendamiento para hogares migrantes venezolanos y cuenta con recursos de cooperación internacional del Banco Mundial. En Bucaramanga, Fonvivienda abrió convocatorias durante 2025 y asignó subsidios para cubrir parcialmente el canon de arrendamiento durante un periodo de hasta 12 meses.De acuerdo con los beneficiarios, los retrasos comenzaron a presentarse desde finales de 2025 y se han extendido durante 2026. Mientras algunos hogares que finalizaron el beneficio en julio todavía tendrían meses pendientes por recibir, quienes iniciaron el subsidio en enero aseguran que, en varios casos, solo les han pagado los primeros meses del año.El subsidio corresponde a un porcentaje del salario mínimo y el dinero es girado directamente al arrendador, no al beneficiario. Según la convocatoria de Fonvivienda, para el programa financiado por el Banco Mundial el aporte podía llegar al 45 % de un salario mínimo mensual y otorgarse durante 12 meses consecutivos.La demora en los pagos ha generado dificultades entre los beneficiarios y sus arrendadores. Algunos propietarios, según los testimonios recogidos, estarían reclamando directamente a los hogares migrantes el pago de los cánones atrasados e incluso se han presentado casos en los que las personas han tenido que buscar otro lugar para vivir.La situación ya llegó a la Alcaldía de Bucaramanga. El secretario de Desarrollo Social, Iván Torres, explicó que el municipio participó en la etapa inicial del programa, principalmente en la focalización de los hogares beneficiarios, pero que no es la entidad responsable de administrar o girar los recursos.La Alcaldía de Bucaramanga también quedó vinculada a una de las acciones de tutela interpuestas por los beneficiarios.Torres señaló que en Bucaramanga fueron identificados cerca de 140 beneficiarios y reconoció que los pagos han presentado retrasos. Según explicó, en algunos casos se acumulan dos o tres meses y posteriormente se realiza el desembolso.“No es que no se les vaya a pagar o se haya dejado de pagar. Se presentaron fue demoras”, explicó el funcionario.El secretario también confirmó que envió una comunicación al ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, para poner en su conocimiento la situación y buscar una solución. El funcionario señaló que, ante la incertidumbre generada por los retrasos, ya se han presentado tutelas y se prevé que se interpongan nuevas acciones judiciales.Ahora, los beneficiarios esperan que el Ministerio de Vivienda y Fonvivienda aclaren qué está ocasionando los retrasos y definan cuándo serán desembolsados los recursos pendientes.
