El Juzgado Cuarto Penal del Circuito Especializado de Bogotá aprobó el allanamiento a cargos presentado por Olmedo López, exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), dentro del proceso que se adelanta por el escándalo de corrupción que afectó a esa entidad. Con la decisión judicial, el exfuncionario avanzará hacia una sentencia anticipada tras aceptar su responsabilidad penal por los delitos de peculado por apropiación y concierto para delinquir.La determinación se produce después de que a López le fueran negados previamente dos preacuerdos judiciales y un primer intento de allanamiento a cargos. En esta oportunidad, el exdirector ratificó su intención de reconocer su responsabilidad y acogerse al mecanismo procesal que permite una terminación anticipada del proceso.Durante la diligencia judicial, López aseguró que su decisión fue adoptada de manera libre y consciente. “Sé que aceptar responsabilidad no es un acto simbólico ni una simple formalidad. Sé que implica asumir consecuencias reales. A pesar de esto, quiero manifestar que mi decisión es libre, voluntaria, consciente e informada. Nadie me está obligando a aceptar, nadie me está presionando, nadie me está amenazando para que lo haga”, afirmó ante el juzgado.El exfuncionario también señaló que su determinación está relacionada con el análisis realizado junto a su equipo de defensa sobre el alcance jurídico de la actuación. “Lo hago porque, después de hablar con mi defensa y entender el alcance de esta audiencia, considero que corresponde ratificar mi aceptación de responsabilidad en los términos del escrito con allanamiento”, indicó.Durante su intervención, López pidió que se tuviera en cuenta su actuación previa dentro de las investigaciones que adelantan las autoridades por los hechos de corrupción en la UNGRD. Según manifestó, el reconocimiento de responsabilidad no constituye un hecho aislado, sino que hace parte de un proceso de colaboración que viene desarrollando desde hace varios meses.“Lo que sí solicito respetuosamente es que quede constancia de que esta aceptación no nace hoy, sino que está precedida de una conducta anterior de colaboración, interrogatorios, entrega de información, manifestaciones de verdad, escenario de justicia premial, preacuerdo, principio de oportunidad, perdón, reparación y voluntad de no repetición”, expresó el exdirector de la entidad.Con la aprobación del allanamiento, el proceso entra ahora en la etapa de individualización de pena y definición de la sentencia anticipada que se impondrá al exfuncionario. Para continuar con ese trámite, el juzgado fijó una nueva audiencia para el próximo 7 de septiembre a las 8:30 de la mañana.
La juez 17 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá negó el allanamiento a cargos presentado por Olmedo López dentro del proceso por el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres,UNGRD. La decisión se fundamentó en que la Fiscalía ya había radicado el escrito de acusación por los delitos de concierto para delinquir y peculado por apropiación antes de que se formalizara la aceptación de cargos.Durante la diligencia, la juez sostuvo que “declarar que la competencia para verificar la aceptación de responsabilidad de Olmedo de Jesús López Martínez en el estadio procesal en que se encuentran estas diligencias corresponde al Juzgado Cuarto Penal Del Circuito Especializado De Bogotá, despacho que por reparto le corresponden estas diligencias y que ya tiene una audiencia fijada para dicha situación” .La próxima audiencia quedó fijada para el 23 de junio.Tras conocerse la decisión, la defensa de Olmedo López, encabezada por el abogado José Moreno, anunció la apelación de la decisión y aseguró que la juez centró su análisis únicamente en la fecha de radicación del escrito de acusación, sin valorar la manifestación previa de aceptación de cargos realizada por su cliente.“Aquí sí lo hay, fue radicado con allanamiento, lo que prueba que la Fiscalía reconoció la aceptación previa”, sostuvo el abogado durante la audiencia.La defensa insistió en que antes de la radicación formal del escrito acusatorio ya existía una manifestación expresa de Olmedo López aceptando los cargos. “Miró la fecha de radicación del escrito de acusación, pero no valoró suficientemente el hecho de que antes de esa radicación ya existía un memorial de allanamiento”, señaló Moreno.En otro de los apartes de su intervención, el abogado agregó: “Miró el hito formal, pero no la realidad material. Miró la puerta que se cerraba, pero no advirtió que el procesado ya había entrado por ella antes de que se cerraran”.
La Fiscalía General de la Nación adelanta una investigación contra Olmedo López, exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), y Fernando Albert Granada Escudero, exgerente y socio de la empresa Practimax S.A., por el presunto delito de administración desleal relacionado con hechos ocurridos en 2018 en una comercializadora ubicada en el municipio de La Estrella, Antioquia.De acuerdo con la investigación, Fernando Albert Granada Escudero, quien para la época se desempeñaba como gerente y socio de la compañía, habría autorizado de manera irregular un supuesto préstamo por 300 millones de pesos a favor de Olmedo López Martínez, también socio y representante legal suplente de la empresa.Según la Fiscalía, la operación habría desconocido el objeto social de la compañía y generado un perjuicio económico tanto para el patrimonio empresarial como para los demás socios.Dentro de las indagaciones, el ente acusador también investiga si esos recursos presuntamente tendrían como finalidad ser entregados a manera de préstamo a la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2018.La Fiscalía concluyó preliminarmente que existen elementos materiales probatorios que permitirían atribuir a ambos investigados la conducta de administración desleal.En desarrollo del proceso judicial y bajo un procedimiento abreviado, la Fiscalía trasladó recientemente el escrito de acusación contra Olmedo López por ese delito.“El 13 de mayo se dio traslado del escrito de acusación al señor Olmedo López”, se conoció dentro de la actuación judicial. Inicialmente, la Fiscalía solicitó al juez de garantías declararlo en contumacia; sin embargo, el exfuncionario finalmente compareció acompañado de su abogado defensor.Durante la diligencia, la defensa interpuso un recurso de apelación frente a las decisiones adoptadas en el proceso. La audiencia para resolver ese recurso quedó programada para el próximo 22 de julio de 2026.Este nuevo expediente judicial avanza de manera paralela a los procesos que enfrenta Olmedo López por el escándalo de corrupción en la UNGRD.Precisamente esta semana, el exdirector de la entidad se declaró culpable de los delitos de concierto para delinquir y peculado por apropiación dentro de las investigaciones relacionadas con el direccionamiento irregular de contratos y el desvío de recursos públicos en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.
Olmedo López, exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y considerado testigo clave en el escándalo de corrupción que sacudió a esa entidad, aceptó cargos para someterse a una sentencia anticipada. El exfuncionario aceptó su responsabilidad por los delitos de peculado por apropiación y concierto para delinquir, luego de que le fueran negados dos preacuerdos judiciales.Durante la diligencia, López aseguró que su decisión no corresponde a una estrategia procesal ni a un intento de evitar responsabilidades. “Mi decisión de aceptar responsabilidad no nació hoy. No es una decisión oportunista, producto de la base procesal, y mucho menos constituye una maniobra para evitar mi responsabilidad frente a la justicia y frente al país”, afirmó ante el juez. También señaló que desde antes de la imputación inició acercamientos con la Fiscalía General de la Nación, entregando información, documentos y participando en diligencias para esclarecer los hechos investigados.El exdirector de la UNGRD manifestó además que comprende la gravedad de los hechos y el impacto institucional generado por el caso. “Acepto los cargos formulados por la Fiscalía General de la Nación. Lo hago libre, voluntariamente y plenamente asesorado por mi defensa”, sostuvo López, quien agregó que considera que asumir responsabilidades y decir la verdad era “el camino correcto frente al país y frente a las instituciones”.Con esta diligencia judicial ahora deberá surtirse el trámite de la avalación del allanamiento a cargos el próximo martes, mientras un juez de conocimiento avanzará en la definición de la condena que enfrentará el exfuncionario. La audiencia relacionada con la sentencia anticipada quedó programada para junio, dentro del proceso derivado del entramado de corrupción que compromete recursos de la UNGRD.
El Juzgado 35 Penal con Función de Control de Garantías dejó en libertad por vencimiento de términos a Sandra Liliana Ortiz Nova, exconsejera presidencial para las regiones, en medio del proceso penal por el presunto entramado de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, UNGRD.La decisión se produjo luego de una solicitud presentada por la defensa de la exfuncionaria, que argumentó que ya se habían superado los tiempos establecidos por la ley para mantenerla privada de la libertad sin que iniciara el juicio oral.Durante la audiencia, el juez centró el análisis en el cómputo de términos relacionados con el delito de lavado de activos. El despacho explicó que, de acuerdo con el artículo 317 del Código de Procedimiento Penal, en este tipo de delitos deben transcurrir 240 días desde la presentación del escrito de acusación sin que se inicie el juicio oral para que proceda la libertad por vencimiento de términos.Uno de los puntos más debatidos durante la diligencia estuvo relacionado con el conteo de los días que, según la Fiscalía y la representación de víctimas, debían atribuirse a presuntas maniobras dilatorias de la defensa. Entre esos hechos se mencionaron solicitudes de aplazamiento, recursos judiciales y actividades relacionadas con la búsqueda de información para estructurar la estrategia de defensa.Sin embargo, el abogado defensor Mauricio Camacho sostuvo que las actuaciones realizadas por la defensa correspondían al ejercicio legítimo de preparación del caso, y no podían interpretarse como maniobras dilatorias. Según explicó, en total han pasado aproximadamente más de 400 días desde la acusación y que su defendida completa más de 500 días privada de la libertad.La Procuraduría respaldó la posición de la defensa y consideró que las actuaciones cuestionadas por la Fiscalía hacían parte del legítimo ejercicio del derecho a la defensa y del debido proceso.Frente a ese debate, el juez cuestionó que se pretendiera sancionar procesalmente a una parte por ejercer derechos reconocidos por la ley. “Reitero, es inaudito que el Estado colombiano le diga a una parte que puede solicitar algo, y cuando la parte lo solicita, entonces la castigan, entonces la sancionan. Eso es un contrasentido”, señaló durante la audiencia.El funcionario judicial agregó que no es razonable derivar consecuencias negativas por la solicitud de aplazamientos justificados o por actividades orientadas a recaudar pruebas para la defensa. “¿Dónde queda el principio de igualdad?”, cuestionó el juez al explicar su decisión.
La defensa del exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) Olmedo López solicitó que la justicia tenga en cuenta su colaboración en el caso de corrupción, al momento de definir las consecuencias jurídicas tras su decisión de aceptar cargos dentro del proceso.El abogado defensor José Moreno explicó que el preacuerdo inicialmente planteado a favor de su cliente no prosperó por razones técnicas relacionadas con su estructuración por parte de la Fiscalía General de la Nación. Según indicó, esta situación no modifica la voluntad manifestada por López desde el inicio del proceso judicial.El defensor aseguró que el exfuncionario ha reiterado su intención de asumir responsabilidades penales que permitan avanzar hacia una sentencia anticipada. En ese sentido, afirmó que “la Fiscalía ya radicó el escrito correspondiente con allanamiento, porque desde el inicio, Olmedo López ha sido claro en algo, su voluntad es aceptar cargos y asumir su responsabilidad. Y eso cambia completamente el escenario jurídico”.De acuerdo con la defensa, el proceso judicial entró en una nueva etapa en la que el debate ya no gira en torno a la aceptación de responsabilidad, sino a la determinación de las sanciones correspondientes. "Ya no estamos en una discusión para un preacuerdo, sino estamos en una etapa en la que el juez va a definir las consecuencias de una responsabilidad que ya fue reducida. Aquí no se está discutiendo la verdad, se está redefiniendo o se está definiendo la pena”, explicó el abogado.Asimismo, Moreno destacó que el principio de oportunidad otorgado a López continúa vigente, lo que implica su compromiso de colaborar con las autoridades como testigo dentro de las investigaciones relacionadas con el caso.La defensa también insistió en que la colaboración entregada por López ha generado resultados concretos dentro de las investigaciones relacionadas con el caso de corrupción en la UNGRD. Por ello, espera que en la etapa actual del proceso judicial se valore el impacto de la información suministrada por el exfuncionario en la toma de decisiones futuras.En ese contexto, Moreno planteó que el sistema judicial debe reconocer los aportes de quienes colaboran con las autoridades."Aquí hay una pregunta de fondo que el país debe hacerse, ¿vale la pena colaborar con la justicia? Porque si en Colombia termina siendo más costoso decir la verdad que ocultarla, el problema no es solo el procesado, sino es del sistema”, agregó.En paralelo, López Martínez manifestó su intención de aceptar cargos y someterse a una sentencia anticipada, lo que marca un nuevo giro en el proceso.
El exdirector de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (UNGRD) Olmedo López irá a juicio por el escándalo de corrupción que salpica el Gobierno del presidente Gustavo Petro, esto luego de que la Fiscalía desistió de buscar un preacuerdo con el exfuncionario tras dos negativas de los jueces.Ante esto, López se comprometió a aceptar cargos para obtener una sentencia anticipada. Deberá responder por los delitos de concierto para delinquir agravado y peculado por apropiación agravado.La investigación señala que él, en su calidad de ordenador del gasto, habría favorecido a un contratista específico en un proceso por más de 48.000 millones de pesos para el suministro de carrotanques destinados a las comunidades indígenas de La Guajira.Incluso, el ente acusador aseguró que por esta intervención irregular, el exfuncionario habría recibido una dádiva de 24 millones de pesos y permitió que terceros se apropiaran de hasta 340 millones de pesos.Olmedo López, además, es señalado de direccionar otro contrato en agosto de 2023 por la adquisición de cuarenta carrotanques por más de 29.000 millones de pesos, en el que se habría presentado una apropiación indebida de cerca de 11.114 millones de pesos.
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca anuló la resolución que autorizaba la transferencia de más de 7.000 millones de pesos destinados al mantenimiento y operación de carrotanques en el municipio de Uribia, recursos que habían sido ordenados en 2024 durante la administración del entonces director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, Olmedo López.La decisión judicial confirmó irregularidades en la expedición de la Resolución 117 de 2024 y evitó el giro de más de 7.100 millones de pesos al municipio de Uribia. El proceso se originó tras una demanda interpuesta por la actual dirección de la UNGRD, luego de que se ordenara la transferencia de los recursos a través de un Fondo de Inversión Colectiva, mecanismo que posteriormente fue cuestionado por presuntas inconsistencias en su sustentación.En el análisis del caso, el Tribunal concluyó que, si bien existía una situación de emergencia que requería medidas urgentes, la decisión adoptada carecía de los soportes necesarios para justificar la magnitud de los recursos comprometidos. Según lo determinado por la corporación judicial, el acto administrativo presentaba fallas en su motivación y fue expedido de manera irregular, al no explicar de forma clara y suficiente las razones que sustentaban una transferencia por más de 7.100 millones de pesos destinada a la operación de carrotanques en el territorio.El alto tribunal indicó que la medida no contaba con el respaldo técnico, financiero y operativo suficiente que justificara tanto la cuantía como la destinación específica de los recursos públicos.Tras conocerse la decisión, el actual director de la UNGRD, Carlos Carrillo, aseguró que la entidad ha optado por acudir a la justicia para evitar el desembolso de los recursos. En sus declaraciones señaló que “desde que llegamos a la entidad, tomamos la decisión de frenar estos giros y acudir a la justicia. Hoy el Tribunal confirma que las decisiones sobre recursos públicos deben estar debidamente sustentadas y ajustadas a los procedimientos”.Los giros que fueron objeto de este proceso hacen parte de un conjunto de operaciones ordenadas durante los últimos días de la administración de Olmedo López en 2024. Estas decisiones han sido objeto de revisión en el marco de investigaciones relacionadas con el manejo de recursos en la entidad, especialmente en medio de los procesos judiciales que enfrenta el exfuncionario, privado de la libertad tras haber reconocido su participación en un esquema de corrupción que comprometió recursos públicos destinados a la atención de emergencias.
Olmedo López, viejo aliado político de Gustavo Petro, nombrado por el presidente como director de la Unidad de Gestión de Riesgo en plena época del desfalco a esa entidad para la compra de conciencias de congresistas por parte del Gobierno nacional según han dicho las autoridades judiciales, hoy está en el limbo frente a la posibilidad de recibir beneficios penales a cambio de ser el principal testigo del escándalo.El Tribunal Superior de Bogotá dejó en firme la decisión que había tomado en primera instancia un juez, en el sentido de no dar luz verde al preacuerdo alcanzado entre la Fiscalía y López, que consistía en que el exdirector de la Unidad aceptaba los delitos de peculado por apropiación y concierto para delinquir, se convertía en testigo clave contra congresistas, exministros y otros involucrados en el escándalo y se comprometía a la devolución de 724 millones de pesos de lo que se robó del presupuesto de la entidad que dirigía, a cambio de una condena de 6 años y 2 meses de cárcel.La negativa del Tribunal a avalar el preacuerdo se basó en tres puntos: consideró que la condena negociada no es proporcional a la magnitud del escándalo de corrupción en la Unidad de Gestión de Riesgo, uno de los más grandes de los últimos años y el que ha salpicado con mayor fuerza al Gobierno de Gustavo Petro.Además, el Tribunal concluyó que la Fiscalía concedió rebajas muy amplias sin explicar de manera convincente por qué la colaboración de Olmedo López ameritaba tantos beneficios.El tercer punto del Tribunal para negar el preacuerdo es que la indemnización ofrecida por Olmedo López, de 724 millones de pesos es muy inferior, mucho menos de la mitad de todo el dinero que se robaron en el escándalo de corrupción en la Unidad de Gestión de Riesgo y no se justificó con claridad cómo se calculó ese monto.Tras esta contundente negativa de los jueces, a la Fiscalía y a Olmedo López les quedan dos alternativas: la primera es renegociar el preacuerdo eventualmente aumentando la condena que tendría que pagar el exdirector de la UNGRD, sumado a un aumento sustancial del dinero que el exfuncionario debe devolver. La otra opción es que se caiga la negociación y decidan irse a juicio, aunque López advirtió que seguirá delatando a otros funcionarios del gobierno y a otros congresistas involucrados en el entramado de corrupción.De manera simultánea, se conoció la decisión de la Corte Suprema de Justicia decidió no dejar en libertad a los expresidentes del Senado y de la Cámara, Iván Name y Andrés Calle, quienes querían salir de la cárcel argumentando un supuesto vencimiento de términos.
El Tribunal Superior de Bogotá confirmó en segunda instancia la decisión de no avalar el preacuerdo suscrito entre Olmedo López y la Fiscalía General de la Nación, en el cual el exfuncionario aceptaba su responsabilidad en los delitos de peculado por apropiación y concierto para delinquir, en hechos relacionados con el escándalo de corrupción que involucra a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).El acuerdo judicial, firmado en mayo de 2025, contemplaba una reducción de la pena a seis años y dos meses de prisión. Sin embargo, la magistrada del tribunal determinó que el contenido del acuerdo no cumplía con los requisitos legales exigidos para este tipo de negociaciones, por lo que decidió confirmar la improcedencia del mismo. Durante la sustentación de la decisión, la togada sostuvo que “la negociación sometida al examen de esta corporación es ilegal, por lo que habrá de confirmarse la decisión en el sentido de improbar el acuerdo”.La magistrada explicó que la decisión se fundamentó en el incumplimiento de un requisito considerado esencial en casos donde se ha producido apropiación indebida de recursos públicos. Citando precedentes judiciales, precisó que “cuando se trate de conductas ilícitas producto de las cuales el procesado obtuvo un incremento patrimonial para sí o para terceros, es requisito ineludible e imperativo y, por ende, no condonable, la devolución de la mitad del valor apropiado y garantizar el recaudo del monto restante”. En ese mismo sentido, aclaró que la responsabilidad no se limita a los casos en los que el procesado se haya beneficiado directamente del dinero. Según indicó, “que no haya sido directamente en favor del procesado la apropiación de los recursos estatales, no es óbice para exonerarlo del cumplimiento de dicha obligación”, razón por la cual la ausencia del reintegro de al menos el 50 % de los recursos apropiados impidió que el preacuerdo pudiera ser avalado.Previo a la diligencia judicial, Olmedo López reiteró su intención de continuar colaborando con las autoridades sin importar el resultado del trámite judicial. A través de una carta conocida dentro del proceso, el exdirector de la UNGRD aseguró que su compromiso con la justicia se mantiene firme y que su voluntad de aportar información no depende de que el preacuerdo sea aprobado o no. En el documento señaló: “Sin importar si se aprueba o no el preacuerdo mi decisión de colaborar es firme, consciente y no tiene marcha atrás”. Además, en el mismo pronunciamiento agregó que continuará respondiendo a las solicitudes de las autoridades judiciales y sostuvo: “Si la justicia requiere más, habrá más”.Dentro del expediente se ha establecido que el exfuncionario, en ejercicio de sus funciones como director de la UNGRD y ordenador del gasto, habría participado en el direccionamiento de contratos destinados a la mitigación y atención de emergencias en distintos departamentos del país, entre marzo de 2023 y febrero de 2024. Según las investigaciones, estos contratos habrían sido orientados para favorecer a determinados contratistas, congresistas y otros funcionarios públicos.
A las 3:30 de la madrugada de este viernes 26 de junio, dos aeronaves Hércules C-130 de la Fuerza Aeroespacial Colombiana despegaron desde la rampa militar del Comando Aéreo de Transporte Militar (CATAM) con rumbo a Maiquetía, Venezuela, llevando a bordo una misión humanitaria cuyo objetivo principal es salvar vidas entre los escombros que dejaron los fuertes terremotos registrados el pasado 24 de junio en territorio venezolano.En total, las aeronaves transportaron a 62 especialistas en búsqueda y rescate urbano, además de cerca de 12 toneladas de herramientas, equipos y suministros destinados a fortalecer las labores de atención de la emergencia. La operación hace parte de la respuesta inmediata del equipo USAR Colombia-1, del cual hace parte la Fuerza Aeroespacial Colombiana y que reúne capacidades de distintas instituciones del país.El contingente desplazado hacia Venezuela está integrado por personal del Ejército Nacional, la Policía Nacional, la Cruz Roja Colombiana, la Defensa Civil y Bomberos de Colombia, organismos especializados en operaciones de rescate en estructuras colapsadas y atención de desastres de gran magnitud.Junto al personal fueron transportados equipos tecnológicos para la localización de víctimas atrapadas bajo escombros, herramientas de corte y penetración de concreto y hormigón reforzado, dispositivos médicos y de biomedicina para la atención inicial de los afectados, así como unidades caninas entrenadas en la búsqueda y localización de personas vivas en escenarios de colapso estructural.El despliegue logístico se desarrolló durante la noche y bajo condiciones de alta exigencia operativa. La misión representó un reto adicional debido a que los aeropuertos habilitados por las autoridades venezolanas para la recepción de ayuda humanitaria solo operan durante el día, en medio del intenso flujo de aeronaves y equipos internacionales que han llegado para apoyar las labores de emergencia.Ante este escenario, la capacidad de las tripulaciones colombianas para ejecutar operaciones nocturnas fue determinante para garantizar el traslado oportuno del personal y de la ayuda humanitaria, permitiendo que los equipos de rescate llegaran en las primeras horas de la mañana para iniciar su trabajo sobre el terreno.
A las 3:30 de la madrugada de este viernes 26 de junio, dos aeronaves Hércules C-130 de la Fuerza Aeroespacial Colombiana despegaron desde la rampa militar del Comando Aéreo de Transporte Militar (CATAM) con rumbo a Maiquetía, Venezuela, llevando a bordo una misión humanitaria cuyo objetivo principal es salvar vidas entre los escombros que dejaron los fuertes terremotos registrados el pasado 24 de junio en territorio venezolano.En total, las aeronaves transportaron a 62 especialistas en búsqueda y rescate urbano, además de cerca de 12 toneladas de herramientas, equipos y suministros destinados a fortalecer las labores de atención de la emergencia. La operación hace parte de la respuesta inmediata del equipo USAR Colombia-1, del cual hace parte la Fuerza Aeroespacial Colombiana y que reúne capacidades de distintas instituciones del país.El contingente desplazado hacia Venezuela está integrado por personal del Ejército Nacional, la Policía Nacional, la Cruz Roja Colombiana, la Defensa Civil y Bomberos de Colombia, organismos especializados en operaciones de rescate en estructuras colapsadas y atención de desastres de gran magnitud.Junto al personal fueron transportados equipos tecnológicos para la localización de víctimas atrapadas bajo escombros, herramientas de corte y penetración de concreto y hormigón reforzado, dispositivos médicos y de biomedicina para la atención inicial de los afectados, así como unidades caninas entrenadas en la búsqueda y localización de personas vivas en escenarios de colapso estructural.El despliegue logístico se desarrolló durante la noche y bajo condiciones de alta exigencia operativa. La misión representó un reto adicional debido a que los aeropuertos habilitados por las autoridades venezolanas para la recepción de ayuda humanitaria solo operan durante el día, en medio del intenso flujo de aeronaves y equipos internacionales que han llegado para apoyar las labores de emergencia.Ante este escenario, la capacidad de las tripulaciones colombianas para ejecutar operaciones nocturnas fue determinante para garantizar el traslado oportuno del personal y de la ayuda humanitaria, permitiendo que los equipos de rescate llegaran en las primeras horas de la mañana para iniciar su trabajo sobre el terreno.
Un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario contra Jhonatan Steven Villalobos Aguilón, alias 'Tom', y Yeiner Enrique Freyde Tolimán, alias 'Trenzas', señalados de integrar una red de apoyo de la estructura Jaime Martínez de las disidencias de las Farc y de participar presuntamente en el atentado terrorista perpetrado contra el cantón militar Pichincha, en Cali ,Valle del Cauca, el pasado 24 de abril, ataque que dejó dos mujeres heridas y ocasionó cuantiosos daños materiales.De acuerdo con la investigación de la Fiscalía, las evidencias recopiladas indican que alias 'Tom' habría adquirido por 20 millones de pesos la buseta escolar que posteriormente fue utilizada en el atentado. Según el ente acusador, además de realizar el trámite de traspaso del vehículo, lo habría puesto a disposición de otros integrantes de la organización para acondicionarlo con cilindros bomba que posteriormente fueron activados en las inmediaciones de la instalación militar.Por su parte, alias 'Trenzas' es investigado por, presuntamente, movilizarse en una motocicleta de su propiedad para alertar sobre la presencia de controles de la fuerza pública y facilitar el recorrido de la buseta hasta el lugar donde fueron detonados los artefactos explosivos improvisados.Los dos procesados fueron capturados durante diligencias de registro y allanamiento adelantadas de manera conjunta por funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía y unidades de la Policía Nacional en las comunas 3, 13 y 15 de Cali. Durante los operativos fueron incautadas varias bolsas con pentolita, teléfonos celulares, cordón detonante, cartillas y material impreso alusivo a las disidencias de las Farc, además de una motocicleta que haría parte de los elementos de prueba dentro de la investigación.Un fiscal especializado contra el Crimen Organizado imputó a los capturados, de acuerdo con su presunta participación individual, los delitos de concierto para delinquir agravado, homicidio en grado de tentativa, terrorismo, daño en bien ajeno y fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido, de uso privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos.Durante las audiencias preliminares, ninguno de los dos procesados aceptó los cargos formulados por la Fiscalía. No obstante, el juez consideró procedente imponerles medida de aseguramiento privativa de la libertad en establecimiento carcelario mientras avanzan las investigaciones por su presunta participación en el atentado contra el Cantón Militar Pichincha de Cali.
El presidente electo, Abelardo De La Espriella, anunció este viernes el primer integrante de su gabinete ministerial. A través de sus redes sociales confirmó que Rodrigo Lara será el nuevo ministro del Interior, el primer nombre oficial de su equipo de gobierno.En la publicación, De La Espriella destacó la trayectoria política y profesional de Lara, a quien describió como "emprendedor, abogado, docente universitario, senador de la República, presidente de la Cámara de Representantes y zar anticorrupción". Además, resaltó que "nunca, a pesar de haber sido víctima de la violencia, dejó de trabajar por su patria", y aseguró que "nunca renunció a sus principios" ni dejó de legislar "para las madres, los estudiantes y los pacientes que esperaban una oportunidad".El mandatario electo también exaltó que Rodrigo Lara "nunca ha dejado de combatir", en un mensaje con el que presentó oficialmente al dirigente político como el encargado de liderar el Ministerio del Interior durante el próximo cuatrienio.Con este anuncio comienza la conformación del gabinete del nuevo gobierno. Se espera que en el transcurso del día el presidente electo revele nuevos nombres de quienes asumirán las diferentes carteras ministeriales y tendrán la responsabilidad de ejecutar las principales políticas de su administración.¿Quién es Rodrigo Lara Restrepo?Con una trayectoria de más de dos décadas en el sector público y la academia, Rodrigo Lara es abogado de la Universidad Externado de Colombia, especialista en el Instituto de Estudios Políticos de París y magíster de la Escuela Nacional de Administración de Francia (ENA). A lo largo de su carrera ha ocupado cargos estratégicos relacionados con la modernización del Estado, la lucha contra la corrupción y el fortalecimiento institucional.En el ámbito gubernamental, se desempeñó como asesor externo del Ministerio del Interior en temas de ordenamiento territorial y como asesor del Alto Consejero Presidencial para la Acción Social. En 2006 fue designado director del Programa Presidencial de Modernización, Eficiencia, Transparencia y Lucha contra la Corrupción, responsabilidad por la que fue reconocido como el "zar Anticorrupción" del Gobierno.Desde 2002 ha ejercido como docente e investigador de la Universidad Externado de Colombia, donde ha participado en estudios sobre reformas del Estado, fortalecimiento de los organismos de control y desarrollo de las entidades territoriales. Además, ha publicado diversos artículos especializados sobre control fiscal, regionalización, finanzas territoriales y los sistemas presidencial y parlamentario.En su carrera política, Lara asumió en abril de 2008 una curul en el Senado como vocero de Cambio Radical, en reemplazo de Germán Vargas Lleras. Posteriormente fue representante a la Cámara por Bogotá durante el periodo 2014-2018. En 2023, fue candidato a la Alcaldía de Bogotá.
La crisis financiera que enfrenta Canacol Energy comienza a generar preocupación en diferentes sectores económicos del país, luego de que una corte en Alberta (Canadá) autorizara, dentro del proceso de reestructuración de la compañía, la terminación anticipada de varios contratos de suministro de gas. La decisión, que aún deberá ser evaluada por la Superintendencia de Sociedades en Colombia, encendió las alarmas entre empresas e industrias que dependen del combustible para mantener sus operaciones.Una de las voces más preocupadas es la de Ricardo Gaviria, presidente de Cerro Matoso, quien advirtió en entrevista con Mañanas Blu que la continuidad de la operación de la mina de ferroníquel depende directamente del abastecimiento de gas natural y que una interrupción del suministro tendría consecuencias económicas y sociales de gran magnitud.Sin gas, Cerro Matoso tendría que detener su producciónDurante la entrevista, Gaviria fue enfático en señalar que el gas natural es un insumo indispensable para el funcionamiento de la planta industrial ubicada en Montelíbano, Córdoba."Nosotros sin gas simplemente no podemos operar y resulta que las líneas de producción se tendrían que parar. (...) La reparación de una línea sería alrededor de 450 mil millones de pesos y la otra costaría más o menos 770 mil millones de pesos", afirmó el directivo.Explicó que un eventual apagado de los hornos industriales provocaría daños irreversibles en los materiales refractarios, lo que obligaría a realizar millonarias reparaciones antes de reiniciar la producción.Además del impacto operativo, Gaviria advirtió que una suspensión de actividades pondría en riesgo el sustento de miles de familias."Somos más o menos 2.000 empleados entre directos e indirectos y alrededor de 50.000 personas dependen de la operación de Cerro Matoso en el territorio", sostuvo.La preocupación se extiende a toda la Costa CaribeEl presidente de Cerro Matoso señaló que la problemática trasciende el ámbito empresarial, pues una parte significativa del suministro de gas en la región Caribe depende de Canacol Energy.Según explicó, la eventual cancelación de contratos podría afectar tanto a grandes industrias como a usuarios residenciales, en un contexto en el que Colombia enfrenta una reducción en las reservas de gas y una creciente necesidad de importar este energético."No sería solo la demanda nuestra de Cerro Matoso, sino la demanda del 50% de las poblaciones de la Costa Caribe colombiana", indicó durante la entrevista.Esta situación se suma a las advertencias que han realizado empresas distribuidoras del servicio de gas natural sobre los riesgos que tendría una disminución en el abastecimiento nacional.Importar gas no sería una solución viableConsultado sobre posibles planes de contingencia, Gaviria reconoció que actualmente no existe una alternativa inmediata para reemplazar el suministro que entrega Canacol.Explicó que el país cuenta únicamente con una planta de regasificación en Cartagena y que depender completamente del gas importado elevaría considerablemente los costos de operación."Tendríamos que importarlo, pero además con unos costos altísimos que no harían la operación viable y sostenible desde el punto de vista financiero", aseguró.A esto se suma la limitada infraestructura disponible para atender un aumento significativo en la demanda de gas importado.Cerro Matoso apelará la decisión de la Corte canadienseEl directivo aclaró que la autorización otorgada por la Corte de Alberta no consiste en una suspensión temporal de los contratos, sino en la posibilidad de terminarlos anticipadamente, situación que considera mucho más delicada.Por ello anunció que la empresa ejercerá los recursos legales disponibles: "Tenemos 21 días para apelar este fallo y le vamos a solicitar a la Corte canadiense una segunda instancia con el fin de que se revoque esta decisión", explicó.Mientras se desarrolla ese proceso, Cerro Matoso espera que las autoridades colombianas intervengan dentro de sus competencias para proteger la estabilidad del sistema de suministro de gas.Llamado al Gobierno y a las autoridadesDurante la entrevista, Gaviria hizo un llamado a la Superintendencia de Sociedades, la Superintendencia de Servicios Públicos, la Agencia Nacional de Hidrocarburos y al Ministerio de Minas y Energía para buscar una solución que permita garantizar el abastecimiento.El directivo insistió en que una renegociación contractual es diferente a la cancelación unilateral de los acuerdos vigentes: "Tenemos que garantizar el ordenamiento jurídico y los derechos que se tienen ante estos contratos. Una cosa es renegociar un contrato y otra muy distinta es cancelarlo", manifestó.Asimismo, señaló que diferentes empresas consumidoras de gas han intentado dialogar con Canacol para encontrar mecanismos que ayuden a superar su crisis financiera sin afectar el cumplimiento de los contratos, aunque hasta ahora esas conversaciones no han prosperado.
