El Juzgado 35 Penal con Función de Control de Garantías dejó en libertad por vencimiento de términos a Sandra Liliana Ortiz Nova, exconsejera presidencial para las regiones, en medio del proceso penal por el presunto entramado de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, UNGRD.La decisión se produjo luego de una solicitud presentada por la defensa de la exfuncionaria, que argumentó que ya se habían superado los tiempos establecidos por la ley para mantenerla privada de la libertad sin que iniciara el juicio oral.Durante la audiencia, el juez centró el análisis en el cómputo de términos relacionados con el delito de lavado de activos. El despacho explicó que, de acuerdo con el artículo 317 del Código de Procedimiento Penal, en este tipo de delitos deben transcurrir 240 días desde la presentación del escrito de acusación sin que se inicie el juicio oral para que proceda la libertad por vencimiento de términos.Uno de los puntos más debatidos durante la diligencia estuvo relacionado con el conteo de los días que, según la Fiscalía y la representación de víctimas, debían atribuirse a presuntas maniobras dilatorias de la defensa. Entre esos hechos se mencionaron solicitudes de aplazamiento, recursos judiciales y actividades relacionadas con la búsqueda de información para estructurar la estrategia de defensa.Sin embargo, el abogado defensor Mauricio Camacho sostuvo que las actuaciones realizadas por la defensa correspondían al ejercicio legítimo de preparación del caso, y no podían interpretarse como maniobras dilatorias. Según explicó, en total han pasado aproximadamente más de 400 días desde la acusación y que su defendida completa más de 500 días privada de la libertad.La Procuraduría respaldó la posición de la defensa y consideró que las actuaciones cuestionadas por la Fiscalía hacían parte del legítimo ejercicio del derecho a la defensa y del debido proceso.Frente a ese debate, el juez cuestionó que se pretendiera sancionar procesalmente a una parte por ejercer derechos reconocidos por la ley. “Reitero, es inaudito que el Estado colombiano le diga a una parte que puede solicitar algo, y cuando la parte lo solicita, entonces la castigan, entonces la sancionan. Eso es un contrasentido”, señaló durante la audiencia.El funcionario judicial agregó que no es razonable derivar consecuencias negativas por la solicitud de aplazamientos justificados o por actividades orientadas a recaudar pruebas para la defensa. “¿Dónde queda el principio de igualdad?”, cuestionó el juez al explicar su decisión.
La defensa del exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) Olmedo López solicitó que la justicia tenga en cuenta su colaboración en el caso de corrupción, al momento de definir las consecuencias jurídicas tras su decisión de aceptar cargos dentro del proceso.El abogado defensor José Moreno explicó que el preacuerdo inicialmente planteado a favor de su cliente no prosperó por razones técnicas relacionadas con su estructuración por parte de la Fiscalía General de la Nación. Según indicó, esta situación no modifica la voluntad manifestada por López desde el inicio del proceso judicial.El defensor aseguró que el exfuncionario ha reiterado su intención de asumir responsabilidades penales que permitan avanzar hacia una sentencia anticipada. En ese sentido, afirmó que “la Fiscalía ya radicó el escrito correspondiente con allanamiento, porque desde el inicio, Olmedo López ha sido claro en algo, su voluntad es aceptar cargos y asumir su responsabilidad. Y eso cambia completamente el escenario jurídico”.De acuerdo con la defensa, el proceso judicial entró en una nueva etapa en la que el debate ya no gira en torno a la aceptación de responsabilidad, sino a la determinación de las sanciones correspondientes. "Ya no estamos en una discusión para un preacuerdo, sino estamos en una etapa en la que el juez va a definir las consecuencias de una responsabilidad que ya fue reducida. Aquí no se está discutiendo la verdad, se está redefiniendo o se está definiendo la pena”, explicó el abogado.Asimismo, Moreno destacó que el principio de oportunidad otorgado a López continúa vigente, lo que implica su compromiso de colaborar con las autoridades como testigo dentro de las investigaciones relacionadas con el caso.La defensa también insistió en que la colaboración entregada por López ha generado resultados concretos dentro de las investigaciones relacionadas con el caso de corrupción en la UNGRD. Por ello, espera que en la etapa actual del proceso judicial se valore el impacto de la información suministrada por el exfuncionario en la toma de decisiones futuras.En ese contexto, Moreno planteó que el sistema judicial debe reconocer los aportes de quienes colaboran con las autoridades."Aquí hay una pregunta de fondo que el país debe hacerse, ¿vale la pena colaborar con la justicia? Porque si en Colombia termina siendo más costoso decir la verdad que ocultarla, el problema no es solo el procesado, sino es del sistema”, agregó.En paralelo, López Martínez manifestó su intención de aceptar cargos y someterse a una sentencia anticipada, lo que marca un nuevo giro en el proceso.
El exdirector de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (UNGRD) Olmedo López irá a juicio por el escándalo de corrupción que salpica el Gobierno del presidente Gustavo Petro, esto luego de que la Fiscalía desistió de buscar un preacuerdo con el exfuncionario tras dos negativas de los jueces.Ante esto, López se comprometió a aceptar cargos para obtener una sentencia anticipada. Deberá responder por los delitos de concierto para delinquir agravado y peculado por apropiación agravado.La investigación señala que él, en su calidad de ordenador del gasto, habría favorecido a un contratista específico en un proceso por más de 48.000 millones de pesos para el suministro de carrotanques destinados a las comunidades indígenas de La Guajira.Incluso, el ente acusador aseguró que por esta intervención irregular, el exfuncionario habría recibido una dádiva de 24 millones de pesos y permitió que terceros se apropiaran de hasta 340 millones de pesos.Olmedo López, además, es señalado de direccionar otro contrato en agosto de 2023 por la adquisición de cuarenta carrotanques por más de 29.000 millones de pesos, en el que se habría presentado una apropiación indebida de cerca de 11.114 millones de pesos.
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca anuló la resolución que autorizaba la transferencia de más de 7.000 millones de pesos destinados al mantenimiento y operación de carrotanques en el municipio de Uribia, recursos que habían sido ordenados en 2024 durante la administración del entonces director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, Olmedo López.La decisión judicial confirmó irregularidades en la expedición de la Resolución 117 de 2024 y evitó el giro de más de 7.100 millones de pesos al municipio de Uribia. El proceso se originó tras una demanda interpuesta por la actual dirección de la UNGRD, luego de que se ordenara la transferencia de los recursos a través de un Fondo de Inversión Colectiva, mecanismo que posteriormente fue cuestionado por presuntas inconsistencias en su sustentación.En el análisis del caso, el Tribunal concluyó que, si bien existía una situación de emergencia que requería medidas urgentes, la decisión adoptada carecía de los soportes necesarios para justificar la magnitud de los recursos comprometidos. Según lo determinado por la corporación judicial, el acto administrativo presentaba fallas en su motivación y fue expedido de manera irregular, al no explicar de forma clara y suficiente las razones que sustentaban una transferencia por más de 7.100 millones de pesos destinada a la operación de carrotanques en el territorio.El alto tribunal indicó que la medida no contaba con el respaldo técnico, financiero y operativo suficiente que justificara tanto la cuantía como la destinación específica de los recursos públicos.Tras conocerse la decisión, el actual director de la UNGRD, Carlos Carrillo, aseguró que la entidad ha optado por acudir a la justicia para evitar el desembolso de los recursos. En sus declaraciones señaló que “desde que llegamos a la entidad, tomamos la decisión de frenar estos giros y acudir a la justicia. Hoy el Tribunal confirma que las decisiones sobre recursos públicos deben estar debidamente sustentadas y ajustadas a los procedimientos”.Los giros que fueron objeto de este proceso hacen parte de un conjunto de operaciones ordenadas durante los últimos días de la administración de Olmedo López en 2024. Estas decisiones han sido objeto de revisión en el marco de investigaciones relacionadas con el manejo de recursos en la entidad, especialmente en medio de los procesos judiciales que enfrenta el exfuncionario, privado de la libertad tras haber reconocido su participación en un esquema de corrupción que comprometió recursos públicos destinados a la atención de emergencias.
Olmedo López, viejo aliado político de Gustavo Petro, nombrado por el presidente como director de la Unidad de Gestión de Riesgo en plena época del desfalco a esa entidad para la compra de conciencias de congresistas por parte del Gobierno nacional según han dicho las autoridades judiciales, hoy está en el limbo frente a la posibilidad de recibir beneficios penales a cambio de ser el principal testigo del escándalo.El Tribunal Superior de Bogotá dejó en firme la decisión que había tomado en primera instancia un juez, en el sentido de no dar luz verde al preacuerdo alcanzado entre la Fiscalía y López, que consistía en que el exdirector de la Unidad aceptaba los delitos de peculado por apropiación y concierto para delinquir, se convertía en testigo clave contra congresistas, exministros y otros involucrados en el escándalo y se comprometía a la devolución de 724 millones de pesos de lo que se robó del presupuesto de la entidad que dirigía, a cambio de una condena de 6 años y 2 meses de cárcel.La negativa del Tribunal a avalar el preacuerdo se basó en tres puntos: consideró que la condena negociada no es proporcional a la magnitud del escándalo de corrupción en la Unidad de Gestión de Riesgo, uno de los más grandes de los últimos años y el que ha salpicado con mayor fuerza al Gobierno de Gustavo Petro.Además, el Tribunal concluyó que la Fiscalía concedió rebajas muy amplias sin explicar de manera convincente por qué la colaboración de Olmedo López ameritaba tantos beneficios.El tercer punto del Tribunal para negar el preacuerdo es que la indemnización ofrecida por Olmedo López, de 724 millones de pesos es muy inferior, mucho menos de la mitad de todo el dinero que se robaron en el escándalo de corrupción en la Unidad de Gestión de Riesgo y no se justificó con claridad cómo se calculó ese monto.Tras esta contundente negativa de los jueces, a la Fiscalía y a Olmedo López les quedan dos alternativas: la primera es renegociar el preacuerdo eventualmente aumentando la condena que tendría que pagar el exdirector de la UNGRD, sumado a un aumento sustancial del dinero que el exfuncionario debe devolver. La otra opción es que se caiga la negociación y decidan irse a juicio, aunque López advirtió que seguirá delatando a otros funcionarios del gobierno y a otros congresistas involucrados en el entramado de corrupción.De manera simultánea, se conoció la decisión de la Corte Suprema de Justicia decidió no dejar en libertad a los expresidentes del Senado y de la Cámara, Iván Name y Andrés Calle, quienes querían salir de la cárcel argumentando un supuesto vencimiento de términos.
El Tribunal Superior de Bogotá confirmó en segunda instancia la decisión de no avalar el preacuerdo suscrito entre Olmedo López y la Fiscalía General de la Nación, en el cual el exfuncionario aceptaba su responsabilidad en los delitos de peculado por apropiación y concierto para delinquir, en hechos relacionados con el escándalo de corrupción que involucra a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).El acuerdo judicial, firmado en mayo de 2025, contemplaba una reducción de la pena a seis años y dos meses de prisión. Sin embargo, la magistrada del tribunal determinó que el contenido del acuerdo no cumplía con los requisitos legales exigidos para este tipo de negociaciones, por lo que decidió confirmar la improcedencia del mismo. Durante la sustentación de la decisión, la togada sostuvo que “la negociación sometida al examen de esta corporación es ilegal, por lo que habrá de confirmarse la decisión en el sentido de improbar el acuerdo”.La magistrada explicó que la decisión se fundamentó en el incumplimiento de un requisito considerado esencial en casos donde se ha producido apropiación indebida de recursos públicos. Citando precedentes judiciales, precisó que “cuando se trate de conductas ilícitas producto de las cuales el procesado obtuvo un incremento patrimonial para sí o para terceros, es requisito ineludible e imperativo y, por ende, no condonable, la devolución de la mitad del valor apropiado y garantizar el recaudo del monto restante”. En ese mismo sentido, aclaró que la responsabilidad no se limita a los casos en los que el procesado se haya beneficiado directamente del dinero. Según indicó, “que no haya sido directamente en favor del procesado la apropiación de los recursos estatales, no es óbice para exonerarlo del cumplimiento de dicha obligación”, razón por la cual la ausencia del reintegro de al menos el 50 % de los recursos apropiados impidió que el preacuerdo pudiera ser avalado.Previo a la diligencia judicial, Olmedo López reiteró su intención de continuar colaborando con las autoridades sin importar el resultado del trámite judicial. A través de una carta conocida dentro del proceso, el exdirector de la UNGRD aseguró que su compromiso con la justicia se mantiene firme y que su voluntad de aportar información no depende de que el preacuerdo sea aprobado o no. En el documento señaló: “Sin importar si se aprueba o no el preacuerdo mi decisión de colaborar es firme, consciente y no tiene marcha atrás”. Además, en el mismo pronunciamiento agregó que continuará respondiendo a las solicitudes de las autoridades judiciales y sostuvo: “Si la justicia requiere más, habrá más”.Dentro del expediente se ha establecido que el exfuncionario, en ejercicio de sus funciones como director de la UNGRD y ordenador del gasto, habría participado en el direccionamiento de contratos destinados a la mitigación y atención de emergencias en distintos departamentos del país, entre marzo de 2023 y febrero de 2024. Según las investigaciones, estos contratos habrían sido orientados para favorecer a determinados contratistas, congresistas y otros funcionarios públicos.
El Tribunal Superior de Bogotá deberá tomar una decisión frente a la apelación presentada tras la no aprobación del preacuerdo firmado entre Olmedo López y la Fiscalía General, en el que el exfuncionario aceptó su responsabilidad en los delitos de peculado por apropiación y concierto para delinquir en mayo de 2025. En ese acuerdo judicial se proponía una reducción de la pena a 6 años y 2 meses de prisión.Previamente a la diligencia, López reiteró su intención de mantener su cooperación con las autoridades sin importar el desenlace del trámite judicial. A través de una carta, el exfuncionario afirmó que su voluntad de colaborar no está condicionada al resultado del preacuerdo y que continuará aportando información en el marco de las investigaciones.“Sin importar si se aprueba o no el preacuerdo, mi decisión de colaborar es firme, consciente y no tiene marcha atrás”, señaló López en el documento, en el que también aseguró que seguirá atendiendo cada requerimiento de las autoridades judiciales. En ese mismo pronunciamiento agregó: “Si la justicia requiere más, habrá más”.El exfuncionario también sostuvo que desde el inicio del proceso descartó la posibilidad de abandonar el país o guardar silencio frente a las amenazas o el soborno ofrecido.Dentro de su comunicación, López destacó que sus declaraciones han involucrado a distintos niveles del Estado. Afirmó que sus testimonios han señalado a “altos funcionarios del Estado; incluyendo consejería presidencial, director del DAPRE, director nacional de la Función Pública, ministros, congresistas y contratistas”, y defendió el alcance de sus afirmaciones al asegurar que “mi deber es decir la verdad completa, sin reservas ni consideraciones personales. No se trata de versiones aisladas ni de afirmaciones sin sustento”.Por su parte, su defensa, encabezada por el abogado José Moreno, también se pronunció públicamente a través de su cuenta en la red social X. Allí reiteró que su cliente continuará colaborando con la justicia independientemente de la decisión que adopte el Tribunal Superior de Bogotá frente a la apelación.Según lo expresado por la defensa, la determinación que adopte el tribunal no afectará el compromiso del exfuncionario de seguir aportando información dentro de las investigaciones. Además, se indicó que López habría tenido la posibilidad de fugarse o solicitar asilo político por su pasado vínculo con el M-19, pero decidió permanecer en el país y atender los llamados judiciales.
La representante a la Cámara por Arauca, Karen Manrique, se entregó voluntariamente a las autoridades en el municipio de Tame tras conocerse la medida de aseguramiento dictada por la Corte Suprema de Justicia en el marco del escándalo de la UNGRD. En diálogo con Mañanas Blu, su abogado defensor, Andrés Garzón, confirmó que la parlamentaria se presentó inicialmente en la estación de Policía y luego en la Sijín, donde permanece a la espera de instrucciones de la Sala de Instrucción.CorrupciónLa defensa de Manrique sostiene que las actuaciones de la congresista no constituyen un delito, sino que se enmarcan en la Ley Quinta de 1992, la cual permite a los representantes gestionar proyectos para sus regiones. Según Garzón, existe un intento de "satanizar lo que hizo Karen, porque lo hizo sobre un proyecto del que ella se había comprometido en un paro cívico en el 2023". El abogado enfatizó que la gestión del proyecto de mantenimiento y dragado del río Bojabá surgió mucho antes de las discusiones en la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público.Ante los señalamientos de la Corte sobre una presunta venta de votos a cambio de beneficios, Garzón fue enfático en desmentir esta versión: "Karen Manrique no estaba gestionando nada personal, es algo que ya estaba realizando por las comunidades de Arauca". Además, señaló que testigos como el ministro Ricardo Bonilla y el viceministro Guevara han declarado no haber ofrecido ni recibido ofrecimientos ilegales.Testigos claveCon respecto a los testimonios de Olmedo López y Sneider Pinilla, aseguró que faltan a la verdad. Sobre la supuesta coordinación de la compra de votos, el abogado afirmó que "esa afirmación de que ella era la coordinadora, eso son las fábulas de Olmedo, que para ponerle misterio y ponerle un poco de sazón a su versión, pues ha dado en la Fiscalía". Respecto a los chats entregados por María Alejandra Benavides, exasesora del Ministerio de Hacienda, la defensa sostiene que el manejo de dicho teléfono y el contenido de los mensajes serán objeto de debate en el juicio para mostrar las verdaderas razones de esas comunicaciones. A pesar de la gravedad de la medida judicial, la defensa aseguró que Manrique no buscará beneficios mediante confesiones, ya que se mantiene firme en su presunción de inocencia. "Ella mantiene su presunción de inocencia y es claro que en el juicio trataremos de demostrar que Karen Manrique no cometió ningún delito", sentenció Garzón.Escuche aquí la entrevista:
Sneyder Pinilla, exsubdirector de la UNGRD, habló por primera vez en Noticias Caracol sobre el entramado de corrupción, principal escándalo del Gobierno de Gustavo Petro.Frente al caso, Pinilla dijo que “es por la ambición, por las ganas de crecer; muchas personas escogen el camino corto, yo escogí el camino corto y por eso hoy en día estoy pagando cárcel. Por eso le pido perdón a mi familia, porque lo termina pagando la familia”, indicó, pidindo perdón a cada miembro de su hogar y asegurando que quiere decir la verdad.Sneyder afirmó que la forma más fácil para los demás involucrados era echarle la culpa al más “huevón” y aseguró estar “completamente arrepentido” por todos los acuerdos para aprobar la entrega de dinero. Expresó que si no hubiera decidido cooperar, muchos salpicados estarían libres.“Aquí cayó gente muy poderosa: Olmedo. Cayó el presidente del Senado, de la Cámara, altos exfuncionarios del Gobierno, ministros, que hoy en día están en este proceso porque yo armé una estructura que le di a la Fiscalía y le dije cuál fue el actuar de cada una de las personas”, contó a Noticias Caracol.Funcionarios del Gobierno Petro implicados en escándalo de la UNGRDPinilla se refirió al exministro Luis Fernando Velasco; el exministro de Hacienda Ricardo Bonilla; Sandra Ortiz, exconsejera para las Regiones, todos capturados y vinculados; y al exdirector del Dapre, Carlos Ramón González, hoy prófugo.El exsubdirector de la UNGRD dijo que “nos equivocamos” sobre el cambio en el Gobierno actual. Añadió que si estuviera diciendo mentiras, Velasco y Bonilla no lo hubieran presuntamente sobornado con más de 13.000 millones de pesos.“Solo hay una persona que los puede juzgar y es Dios. Pero ellos saben lo que hicieron”. Sobre Carlos Ramón González, quien permanece en Nicaragua asilado y quien hace días fue visto en videos en una fiesta bailando, Pinilla afirmó que le indigna porque “acá siempre vamos a aplastar a los más pequeños”.Además, habló sobre César Manrique, segundo alto exfuncionario prófugo de la justicia colombiana: "Debe estar asustado porque muchas personas lo salpican a él como determinador”."Les estoy llevando una plata que es de un torcido": confesión de Sneyder PinillaTambién reveló que lo más indignante que le tocó vivir en el transporte de los 400 millones de pesos para los presidentes de la Cámara y Senado fue “que Sandra Ortiz dijera que se molestaron porque no llevé los tres mil millones, sino 1.500 un día y 1.500 el otro. Hombre, tienen huevo, les estoy llevando una plata que es de un torcido y cómo se van a molestar porque me demoré dos días”.Sneyder mandó un mensaje a Sandra Ortiz asegurando que “espero que recapacite y colabore con la justicia, porque ella sabe que fui con ella a llevar la plata al apartamento del señor Name”.Actualmente, hay cinco congresistas de la Comisión Parlamentaria de Crédito Público que están salpicados en este escándalo y algunos incluso se están lanzando nuevamente al Congreso. Sobre ellos, Pinilla dijo que “la Corte tiene que actuar”.Añadió que “las personas cercanas al presidente están inmersas en esta estructura criminal. Así lo dicen los diferentes hechos”. Sobre si Gustavo Petro sabía o no lo que pasaba, indicó que no puede asegurarlo, pero que sí puede afirmar que toda la gente cercana a él está untada.Hablando de los carrotanques de La Guajira, Pinilla le pidió perdón a la comunidad afectada y señaló: “Se me cae la cara de la vergüenza porque sabía que estábamos haciendo actos de corrupción. Solo les puedo decir que me perdonen, no me siento orgulloso porque los más afectados fueron ellos. Les fallé”.
La defensa de Olmedo López, exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), aseguró que su representado mantiene plena disposición para seguir declarando en contra del exministro de Hacienda Ricardo Bonilla, tras el anuncio de la Fiscalía General de la Nación de que solicitará formalmente una audiencia de imputación en su contra. El abogado José Moreno reiteró que la colaboración de López ha sido determinante para conocer el caso de corrupción y pidió que las decisiones judiciales avancen con celeridad para evitar mayores demoras en el caso.“Olmedo López seguirá declarando en contra del exministro Ricardo Bonilla”, afirmó Moreno, quien dijo recibir “con serenidad y sentido de justicia” el anuncio de la fiscal general Luz Adriana Camargo sobre la imputación. Según el abogado, este paso es coherente con el deber constitucional de investigar de manera imparcial todos los hechos vinculados al escándalo de corrupción en la entidad.Moreno recordó que, desde hace más de un año, López entregó a la Fiscalía información “determinante” y pruebas verificables que han permitido avanzar en el esclarecimiento de los hechos. Entre los elementos aportados, según explicó, se encuentran conversaciones, georreferenciaciones, documentos, registros, celulares y detalles del modus operandi que hoy sustentan los movimientos procesales. Esta colaboración, insistió, fue “temprana, eficaz y orientada exclusivamente a que las autoridades contaran con todos los elementos necesarios para actuar”.La defensa advirtió que los recientes acontecimientos, como la salida del país de dos de los implicados en el escándalo, evidencian la urgencia de que las decisiones judiciales se tomen con oportunidad. “La celeridad en la administración de justicia no es un beneficio para una de las partes, es una garantía constitucional para toda la sociedad y para la credibilidad institucional”, sostuvo Moreno.En ese sentido, el abogado hizo un llamado al Tribunal Superior de Bogotá para que resuelva prontamente el trámite de apelación del preacuerdo entre López y la Fiscalía, aún pendiente de decisión. Aseguró que el interés de su defendido seguirá siendo cooperar y que todas las responsabilidades se investiguen “con el mismo rigor, sin selectividades, sin presiones externas y sin demoras injustificadas”.
Desde la sede de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) en Bogotá, Néstor Lorenzo entregó la prelista de 55 convocados a la Copa del Mundo de la FIFA 2026. El argentino dio detalles de los nombres elegidos, al igual de algunos ausentes en donde resaltó el nombre de Radamel Falcao García si merecía un "último baile" o no con la Tricolor."Falcao es jugador de fútbol todavía, o sea, sería una falta de respeto. Yo lo pensé como jugador al principio del proceso, es decir, si hubiera tenido un nivel de competitivo con el resto de los compañeros que están en la lista, él estaría, porque lo que representa para el fútbol. Lo que pasa que acá el criterio también es el rendimiento deportivo y bueno, y la competencia que tiene con los compañeros. Pero yo lo adoro, lo quiero tener siempre al lado mío. Y me gustaría tenerlo en el área rival, ¿no? Pero bueno, esto es así. Hay que elegir, y yo sé que es duro. A mí me pasó, yo fui también jugador de selección, y cuando quedaba afuera te quiere matar. Yo entiendo a los muchachos", fueron las palabras de Lorenzo sobre por qué no llamó al '9' de Millonarios.Sin embargo, pese a que no será tenido en cuenta para el Mundial 2026, para Javier Hernández Bonnet, director de Gol Caracol y Blog Deportivo de Blu Radio, la Selección Colombia sí le debe algo al 'Tigre': un homenaje, que, para él, debe ser pronto y no esperar hasta que se retire y le pidió a Lorenzo tenerlo presente para una próxima convocatoria."Sí y es cierto, pero la campaña no termina. La Selección Colombia le debe un homenaje a Falcao García. Totalmente. Le debe un homenaje a Falcao García. No sé cuándo se lo van a hacer, que no sea cuando, cuando, cuando Falcao esté por ahí de 55, 60. No, no, nada. Ahorita que será ahorita, claro", fueron las palabras del director del Gol Caracol.Lo cierto es que en este momento el 'Tigre' no está sumando minutos en el fútbol colombiano por una lesión y, este semestre, no ha sido protagonista con Millonarios ante el gran nivel que ha mostrado Rodrigo Contreras en partidos determinantes. En total, Radamel ha disputado 104 partidos con la camiseta de Tricolor en donde anotó 36 goles en donde se volvió en uno de los máximos goleadores del equipo, por lo que esta petición es apenas lógica por la importancia e influencia del 'Tigre' en la historia de la selección.
La tensión alrededor del América de Cali sigue creciendo. En redes sociales se viralizaron unos videos sobre una presunta pelea entre jugadores e integrantes de barras del club en la sede deportiva, situación que habría ocurrido en medio del complejo ambiente que atraviesa el equipo tras su eliminación en cuartos de la Liga BetPlay y antes de su próximo compromiso frente a Tigre en la Copa Sudamericana.El periodista Juan Carlos Cortés contó en Blog Deportivo que, al principio, se habría pactado una reunión entre algunos futbolistas del América y representantes de barras populares. Según las versiones conocidas hasta ahora, el encuentro comenzó con reclamos e insultos hacia varios integrantes del plantel, especialmente contra Dylan Borrero y Rafael Carrascal.De acuerdo con lo relatado por Cortés, el ambiente habría escalado rápidamente y pasado de los reclamos verbales a empujones y agresiones físicas. Incluso, en redes sociales empezó a circular un video en el que se observa a varias personas persiguiendo a un jugador dentro de la sede del club, mientras otros intentan intervenir para evitar que la situación pase a mayores.El arquero Joel Graterol habría intervenido para proteger a algunos de sus compañeros. ¿Qué dicen desde el América?Desde el entorno directivo del América negaron inicialmente que se hubiera presentado una pelea. El periodista Pepe Garzón contó que se comunicó con Tulio Gómez, máximo accionista del club, quien respondió que la información era “falsa”. Aun así, el comunicador aseguró haberle enviado parte del video que circula en redes sociales y quedó a la espera de una nueva respuesta oficial.Mientras tanto, el ambiente alrededor del club se mantiene cada vez más hostil. En redes sociales, algunas barras ya comenzaron a pedir la salida de varios integrantes del equipo y del cuerpo directivo, entre ellos Alex Escobar, David González, Iván Vélez, Carrascal y otros futbolistas del plantel.
El director de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de EE. UU., John Ratcliffe, mantuvo este jueves una reunión en La Habana con representantes del Ministerio del Interior de la isla, informaron las autoridades cubanas.En un comunicado difundido en medios oficiales, el Gobierno cubano que "en un contexto caracterizado por la complejidad de las relaciones bilaterales, en aras de contribuir al diálogo político entre ambas naciones, como parte de los esfuerzos por afrontar el escenario actual".La nota explicó que la "dirección de la revolución", una denominación que incluye al expresidente Raúl Castro y otros líderes que no obligatoriamente ocupan cargos en el Gobierno, "aprobó la realización de esta visita", que apuntan que fue solicitada por representantes de la administración del presidente de EE. UU., Donald Trump.Las autoridades cubanas indicaron que sus representantes en el encuentro aportaron elementos que "permitieron demostrar categóricamente" que la isla "no constituye una amenaza para la seguridad nacional de EE. UU. ni existen razones legítimas para incluirla en la lista de países que, supuestamente, patrocinan el terrorismo"."Una vez más se evidenció que la isla no alberga, no apoya, no financia ni permite organizaciones terroristas o extremistas; ni existen bases militares o de inteligencia extranjera en su territorio, y nunca ha apoyado ninguna actividad hostil contra EE. UU. ni permitirá que desde Cuba se actúe contra otra nación", subraya el texto.El comunicado concluye diciendo que en el encuentro ambas partes mostraron su interés "en desarrollar la cooperación bilateral entre los órganos de aplicación y cumplimiento de la ley, en función de la seguridad de ambas naciones, regional e internacional".Las relaciones bilaterales se encuentran en uno de los momentos de mayor tensión en décadas, con las amenazas de agresión militar de EE. UU. a la isla, un escenario posible tras lo sucedido en Venezuela e Irán. Trump habló recientemente de "tomar" Cuba "casi de inmediato".Washington lleva desde enero presionando al Gobierno cubano para que implemente reformas profundas en su sistema económico y en su régimen político, a lo que La Habana se niega alegando que esos ámbitos quedan dentro de la soberanía nacional y no son negociables.Para aumentar la presión sobre la isla, Washington ha impuesto un bloqueo petrolero que está ahondando la crisis energética que ya sufría Cuba, y ha publicado una Orden Ejecutiva que amplía aún más la maraña de décadas de sanciones económicas, financieras y comerciales sobre la isla, incluyendo las medidas extraterritoriales.Ambos países han iniciado un diálogo, con al menos una reunión física el 10 de abril en La Habana, pero del que hasta ahora no han trascendido avances ni detalles.
Al menos seis integrantes de las disidencias de las Farc habrían muerto este jueves en medio de combates que sostiene el Ejército Nacional contra miembros de la estructura Ismael Ruiz, en la vereda Mazamorra, zona rural del municipio de Belalcázar, Cauca, en límites con el departamento del Huila.Según información preliminar, la operación militar se desarrolló tras labores de inteligencia que permitieron ubicar a este grupo armado ilegal, señalado de estar al mando de alias ‘Fernando Gómez’, quien al parecer sería uno de los presuntos disidentes abatidos. Gómez había asumido el mando de la estructura, luego de la muerte en combates de alias ‘Libardo’, registrada en julio de 2025. Sus integrantes serían responsables de intimidaciones y extorsiones contra campesinos, comerciantes y transportadores en varios municipios del Huila.Acciones militares continuaránEl Ejército Nacional confirmó los hechos a través de su cuenta oficial en X y señaló que las acciones militares continúan en la zona para consolidar el área, verificar la situación, establecer plenamente la identidad de los disidentes muertos y garantizar la seguridad y tranquilidad de los habitantes del occidente del Huila.
Los abogados penalistas Felipe Alzate y Simón Hernández radicaron una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación por presuntas amenazas, seguimientos, hostigamientos e intentos de infiltración relacionados, según indicaron, con el ejercicio de su actividad profesional y la representación de víctimas y procesados en distintos casos judiciales.De acuerdo con la denuncia presentada por los juristas, los hechos habrían comenzado desde el año pasado, luego de asumir la representación legal de varias víctimas dentro de procesos de alto perfil.En un comunicado público, los abogados aseguraron que las presuntas actuaciones intimidatorias representarían una afectación directa al ejercicio independiente de la profesión y al derecho de defensa.“Ningún abogado puede ser objeto de perfilamiento por cumplir con su deber profesional, por asumir una causa, por representar los intereses de sus clientes o por acudir ante las autoridades competentes en defensa de los derechos que le han sido confiados”, señalaron Alzate y Hernández.En el mismo documento, agregaron que “permitir que la intimidación condicione o limite el ejercicio libre e independiente de la profesión implicaría una afectación directa al derecho de defensa, debido proceso e incluso al acceso que debe tener cualquier ciudadano a la administración de justicia”.Los penalistas denunciaron haber sido víctimas de mensajes intimidatorios directos, seguimientos en entornos laborales y presuntos perfilamientos. Según indicaron, también existirían intentos de terceros por acceder a información sensible relacionada con su actividad profesional y los procesos judiciales que adelantan.Los abogados participan actualmente en varios casos de relevancia pública. Entre ellos aparece la representación de Beatriz Niño como presunta víctima del exembajador Daniel Garcés, la defensa del exalcalde William Dau y el litigio relacionado con el lote donde está ubicado el denominado Palo del Ahorcado.La denuncia también advierte que las presuntas intimidaciones no solo habrían afectado a los juristas, sino que se extenderían a familiares y personas de su entorno laboral.