El Juzgado Cuarto Penal del Circuito Especializado de Bogotá aprobó el allanamiento a cargos presentado por Olmedo López, exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), dentro del proceso que se adelanta por el escándalo de corrupción que afectó a esa entidad. Con la decisión judicial, el exfuncionario avanzará hacia una sentencia anticipada tras aceptar su responsabilidad penal por los delitos de peculado por apropiación y concierto para delinquir.La determinación se produce después de que a López le fueran negados previamente dos preacuerdos judiciales y un primer intento de allanamiento a cargos. En esta oportunidad, el exdirector ratificó su intención de reconocer su responsabilidad y acogerse al mecanismo procesal que permite una terminación anticipada del proceso.Durante la diligencia judicial, López aseguró que su decisión fue adoptada de manera libre y consciente. “Sé que aceptar responsabilidad no es un acto simbólico ni una simple formalidad. Sé que implica asumir consecuencias reales. A pesar de esto, quiero manifestar que mi decisión es libre, voluntaria, consciente e informada. Nadie me está obligando a aceptar, nadie me está presionando, nadie me está amenazando para que lo haga”, afirmó ante el juzgado.El exfuncionario también señaló que su determinación está relacionada con el análisis realizado junto a su equipo de defensa sobre el alcance jurídico de la actuación. “Lo hago porque, después de hablar con mi defensa y entender el alcance de esta audiencia, considero que corresponde ratificar mi aceptación de responsabilidad en los términos del escrito con allanamiento”, indicó.Durante su intervención, López pidió que se tuviera en cuenta su actuación previa dentro de las investigaciones que adelantan las autoridades por los hechos de corrupción en la UNGRD. Según manifestó, el reconocimiento de responsabilidad no constituye un hecho aislado, sino que hace parte de un proceso de colaboración que viene desarrollando desde hace varios meses.“Lo que sí solicito respetuosamente es que quede constancia de que esta aceptación no nace hoy, sino que está precedida de una conducta anterior de colaboración, interrogatorios, entrega de información, manifestaciones de verdad, escenario de justicia premial, preacuerdo, principio de oportunidad, perdón, reparación y voluntad de no repetición”, expresó el exdirector de la entidad.Con la aprobación del allanamiento, el proceso entra ahora en la etapa de individualización de pena y definición de la sentencia anticipada que se impondrá al exfuncionario. Para continuar con ese trámite, el juzgado fijó una nueva audiencia para el próximo 7 de septiembre a las 8:30 de la mañana.
La juez 17 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá negó el allanamiento a cargos presentado por Olmedo López dentro del proceso por el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres,UNGRD. La decisión se fundamentó en que la Fiscalía ya había radicado el escrito de acusación por los delitos de concierto para delinquir y peculado por apropiación antes de que se formalizara la aceptación de cargos.Durante la diligencia, la juez sostuvo que “declarar que la competencia para verificar la aceptación de responsabilidad de Olmedo de Jesús López Martínez en el estadio procesal en que se encuentran estas diligencias corresponde al Juzgado Cuarto Penal Del Circuito Especializado De Bogotá, despacho que por reparto le corresponden estas diligencias y que ya tiene una audiencia fijada para dicha situación” .La próxima audiencia quedó fijada para el 23 de junio.Tras conocerse la decisión, la defensa de Olmedo López, encabezada por el abogado José Moreno, anunció la apelación de la decisión y aseguró que la juez centró su análisis únicamente en la fecha de radicación del escrito de acusación, sin valorar la manifestación previa de aceptación de cargos realizada por su cliente.“Aquí sí lo hay, fue radicado con allanamiento, lo que prueba que la Fiscalía reconoció la aceptación previa”, sostuvo el abogado durante la audiencia.La defensa insistió en que antes de la radicación formal del escrito acusatorio ya existía una manifestación expresa de Olmedo López aceptando los cargos. “Miró la fecha de radicación del escrito de acusación, pero no valoró suficientemente el hecho de que antes de esa radicación ya existía un memorial de allanamiento”, señaló Moreno.En otro de los apartes de su intervención, el abogado agregó: “Miró el hito formal, pero no la realidad material. Miró la puerta que se cerraba, pero no advirtió que el procesado ya había entrado por ella antes de que se cerraran”.
La Fiscalía General de la Nación adelanta una investigación contra Olmedo López, exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), y Fernando Albert Granada Escudero, exgerente y socio de la empresa Practimax S.A., por el presunto delito de administración desleal relacionado con hechos ocurridos en 2018 en una comercializadora ubicada en el municipio de La Estrella, Antioquia.De acuerdo con la investigación, Fernando Albert Granada Escudero, quien para la época se desempeñaba como gerente y socio de la compañía, habría autorizado de manera irregular un supuesto préstamo por 300 millones de pesos a favor de Olmedo López Martínez, también socio y representante legal suplente de la empresa.Según la Fiscalía, la operación habría desconocido el objeto social de la compañía y generado un perjuicio económico tanto para el patrimonio empresarial como para los demás socios.Dentro de las indagaciones, el ente acusador también investiga si esos recursos presuntamente tendrían como finalidad ser entregados a manera de préstamo a la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2018.La Fiscalía concluyó preliminarmente que existen elementos materiales probatorios que permitirían atribuir a ambos investigados la conducta de administración desleal.En desarrollo del proceso judicial y bajo un procedimiento abreviado, la Fiscalía trasladó recientemente el escrito de acusación contra Olmedo López por ese delito.“El 13 de mayo se dio traslado del escrito de acusación al señor Olmedo López”, se conoció dentro de la actuación judicial. Inicialmente, la Fiscalía solicitó al juez de garantías declararlo en contumacia; sin embargo, el exfuncionario finalmente compareció acompañado de su abogado defensor.Durante la diligencia, la defensa interpuso un recurso de apelación frente a las decisiones adoptadas en el proceso. La audiencia para resolver ese recurso quedó programada para el próximo 22 de julio de 2026.Este nuevo expediente judicial avanza de manera paralela a los procesos que enfrenta Olmedo López por el escándalo de corrupción en la UNGRD.Precisamente esta semana, el exdirector de la entidad se declaró culpable de los delitos de concierto para delinquir y peculado por apropiación dentro de las investigaciones relacionadas con el direccionamiento irregular de contratos y el desvío de recursos públicos en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.
Olmedo López, exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y considerado testigo clave en el escándalo de corrupción que sacudió a esa entidad, aceptó cargos para someterse a una sentencia anticipada. El exfuncionario aceptó su responsabilidad por los delitos de peculado por apropiación y concierto para delinquir, luego de que le fueran negados dos preacuerdos judiciales.Durante la diligencia, López aseguró que su decisión no corresponde a una estrategia procesal ni a un intento de evitar responsabilidades. “Mi decisión de aceptar responsabilidad no nació hoy. No es una decisión oportunista, producto de la base procesal, y mucho menos constituye una maniobra para evitar mi responsabilidad frente a la justicia y frente al país”, afirmó ante el juez. También señaló que desde antes de la imputación inició acercamientos con la Fiscalía General de la Nación, entregando información, documentos y participando en diligencias para esclarecer los hechos investigados.El exdirector de la UNGRD manifestó además que comprende la gravedad de los hechos y el impacto institucional generado por el caso. “Acepto los cargos formulados por la Fiscalía General de la Nación. Lo hago libre, voluntariamente y plenamente asesorado por mi defensa”, sostuvo López, quien agregó que considera que asumir responsabilidades y decir la verdad era “el camino correcto frente al país y frente a las instituciones”.Con esta diligencia judicial ahora deberá surtirse el trámite de la avalación del allanamiento a cargos el próximo martes, mientras un juez de conocimiento avanzará en la definición de la condena que enfrentará el exfuncionario. La audiencia relacionada con la sentencia anticipada quedó programada para junio, dentro del proceso derivado del entramado de corrupción que compromete recursos de la UNGRD.
El Juzgado 35 Penal con Función de Control de Garantías dejó en libertad por vencimiento de términos a Sandra Liliana Ortiz Nova, exconsejera presidencial para las regiones, en medio del proceso penal por el presunto entramado de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, UNGRD.La decisión se produjo luego de una solicitud presentada por la defensa de la exfuncionaria, que argumentó que ya se habían superado los tiempos establecidos por la ley para mantenerla privada de la libertad sin que iniciara el juicio oral.Durante la audiencia, el juez centró el análisis en el cómputo de términos relacionados con el delito de lavado de activos. El despacho explicó que, de acuerdo con el artículo 317 del Código de Procedimiento Penal, en este tipo de delitos deben transcurrir 240 días desde la presentación del escrito de acusación sin que se inicie el juicio oral para que proceda la libertad por vencimiento de términos.Uno de los puntos más debatidos durante la diligencia estuvo relacionado con el conteo de los días que, según la Fiscalía y la representación de víctimas, debían atribuirse a presuntas maniobras dilatorias de la defensa. Entre esos hechos se mencionaron solicitudes de aplazamiento, recursos judiciales y actividades relacionadas con la búsqueda de información para estructurar la estrategia de defensa.Sin embargo, el abogado defensor Mauricio Camacho sostuvo que las actuaciones realizadas por la defensa correspondían al ejercicio legítimo de preparación del caso, y no podían interpretarse como maniobras dilatorias. Según explicó, en total han pasado aproximadamente más de 400 días desde la acusación y que su defendida completa más de 500 días privada de la libertad.La Procuraduría respaldó la posición de la defensa y consideró que las actuaciones cuestionadas por la Fiscalía hacían parte del legítimo ejercicio del derecho a la defensa y del debido proceso.Frente a ese debate, el juez cuestionó que se pretendiera sancionar procesalmente a una parte por ejercer derechos reconocidos por la ley. “Reitero, es inaudito que el Estado colombiano le diga a una parte que puede solicitar algo, y cuando la parte lo solicita, entonces la castigan, entonces la sancionan. Eso es un contrasentido”, señaló durante la audiencia.El funcionario judicial agregó que no es razonable derivar consecuencias negativas por la solicitud de aplazamientos justificados o por actividades orientadas a recaudar pruebas para la defensa. “¿Dónde queda el principio de igualdad?”, cuestionó el juez al explicar su decisión.
La defensa del exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) Olmedo López solicitó que la justicia tenga en cuenta su colaboración en el caso de corrupción, al momento de definir las consecuencias jurídicas tras su decisión de aceptar cargos dentro del proceso.El abogado defensor José Moreno explicó que el preacuerdo inicialmente planteado a favor de su cliente no prosperó por razones técnicas relacionadas con su estructuración por parte de la Fiscalía General de la Nación. Según indicó, esta situación no modifica la voluntad manifestada por López desde el inicio del proceso judicial.El defensor aseguró que el exfuncionario ha reiterado su intención de asumir responsabilidades penales que permitan avanzar hacia una sentencia anticipada. En ese sentido, afirmó que “la Fiscalía ya radicó el escrito correspondiente con allanamiento, porque desde el inicio, Olmedo López ha sido claro en algo, su voluntad es aceptar cargos y asumir su responsabilidad. Y eso cambia completamente el escenario jurídico”.De acuerdo con la defensa, el proceso judicial entró en una nueva etapa en la que el debate ya no gira en torno a la aceptación de responsabilidad, sino a la determinación de las sanciones correspondientes. "Ya no estamos en una discusión para un preacuerdo, sino estamos en una etapa en la que el juez va a definir las consecuencias de una responsabilidad que ya fue reducida. Aquí no se está discutiendo la verdad, se está redefiniendo o se está definiendo la pena”, explicó el abogado.Asimismo, Moreno destacó que el principio de oportunidad otorgado a López continúa vigente, lo que implica su compromiso de colaborar con las autoridades como testigo dentro de las investigaciones relacionadas con el caso.La defensa también insistió en que la colaboración entregada por López ha generado resultados concretos dentro de las investigaciones relacionadas con el caso de corrupción en la UNGRD. Por ello, espera que en la etapa actual del proceso judicial se valore el impacto de la información suministrada por el exfuncionario en la toma de decisiones futuras.En ese contexto, Moreno planteó que el sistema judicial debe reconocer los aportes de quienes colaboran con las autoridades."Aquí hay una pregunta de fondo que el país debe hacerse, ¿vale la pena colaborar con la justicia? Porque si en Colombia termina siendo más costoso decir la verdad que ocultarla, el problema no es solo el procesado, sino es del sistema”, agregó.En paralelo, López Martínez manifestó su intención de aceptar cargos y someterse a una sentencia anticipada, lo que marca un nuevo giro en el proceso.
El exdirector de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (UNGRD) Olmedo López irá a juicio por el escándalo de corrupción que salpica el Gobierno del presidente Gustavo Petro, esto luego de que la Fiscalía desistió de buscar un preacuerdo con el exfuncionario tras dos negativas de los jueces.Ante esto, López se comprometió a aceptar cargos para obtener una sentencia anticipada. Deberá responder por los delitos de concierto para delinquir agravado y peculado por apropiación agravado.La investigación señala que él, en su calidad de ordenador del gasto, habría favorecido a un contratista específico en un proceso por más de 48.000 millones de pesos para el suministro de carrotanques destinados a las comunidades indígenas de La Guajira.Incluso, el ente acusador aseguró que por esta intervención irregular, el exfuncionario habría recibido una dádiva de 24 millones de pesos y permitió que terceros se apropiaran de hasta 340 millones de pesos.Olmedo López, además, es señalado de direccionar otro contrato en agosto de 2023 por la adquisición de cuarenta carrotanques por más de 29.000 millones de pesos, en el que se habría presentado una apropiación indebida de cerca de 11.114 millones de pesos.
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca anuló la resolución que autorizaba la transferencia de más de 7.000 millones de pesos destinados al mantenimiento y operación de carrotanques en el municipio de Uribia, recursos que habían sido ordenados en 2024 durante la administración del entonces director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, Olmedo López.La decisión judicial confirmó irregularidades en la expedición de la Resolución 117 de 2024 y evitó el giro de más de 7.100 millones de pesos al municipio de Uribia. El proceso se originó tras una demanda interpuesta por la actual dirección de la UNGRD, luego de que se ordenara la transferencia de los recursos a través de un Fondo de Inversión Colectiva, mecanismo que posteriormente fue cuestionado por presuntas inconsistencias en su sustentación.En el análisis del caso, el Tribunal concluyó que, si bien existía una situación de emergencia que requería medidas urgentes, la decisión adoptada carecía de los soportes necesarios para justificar la magnitud de los recursos comprometidos. Según lo determinado por la corporación judicial, el acto administrativo presentaba fallas en su motivación y fue expedido de manera irregular, al no explicar de forma clara y suficiente las razones que sustentaban una transferencia por más de 7.100 millones de pesos destinada a la operación de carrotanques en el territorio.El alto tribunal indicó que la medida no contaba con el respaldo técnico, financiero y operativo suficiente que justificara tanto la cuantía como la destinación específica de los recursos públicos.Tras conocerse la decisión, el actual director de la UNGRD, Carlos Carrillo, aseguró que la entidad ha optado por acudir a la justicia para evitar el desembolso de los recursos. En sus declaraciones señaló que “desde que llegamos a la entidad, tomamos la decisión de frenar estos giros y acudir a la justicia. Hoy el Tribunal confirma que las decisiones sobre recursos públicos deben estar debidamente sustentadas y ajustadas a los procedimientos”.Los giros que fueron objeto de este proceso hacen parte de un conjunto de operaciones ordenadas durante los últimos días de la administración de Olmedo López en 2024. Estas decisiones han sido objeto de revisión en el marco de investigaciones relacionadas con el manejo de recursos en la entidad, especialmente en medio de los procesos judiciales que enfrenta el exfuncionario, privado de la libertad tras haber reconocido su participación en un esquema de corrupción que comprometió recursos públicos destinados a la atención de emergencias.
Olmedo López, viejo aliado político de Gustavo Petro, nombrado por el presidente como director de la Unidad de Gestión de Riesgo en plena época del desfalco a esa entidad para la compra de conciencias de congresistas por parte del Gobierno nacional según han dicho las autoridades judiciales, hoy está en el limbo frente a la posibilidad de recibir beneficios penales a cambio de ser el principal testigo del escándalo.El Tribunal Superior de Bogotá dejó en firme la decisión que había tomado en primera instancia un juez, en el sentido de no dar luz verde al preacuerdo alcanzado entre la Fiscalía y López, que consistía en que el exdirector de la Unidad aceptaba los delitos de peculado por apropiación y concierto para delinquir, se convertía en testigo clave contra congresistas, exministros y otros involucrados en el escándalo y se comprometía a la devolución de 724 millones de pesos de lo que se robó del presupuesto de la entidad que dirigía, a cambio de una condena de 6 años y 2 meses de cárcel.La negativa del Tribunal a avalar el preacuerdo se basó en tres puntos: consideró que la condena negociada no es proporcional a la magnitud del escándalo de corrupción en la Unidad de Gestión de Riesgo, uno de los más grandes de los últimos años y el que ha salpicado con mayor fuerza al Gobierno de Gustavo Petro.Además, el Tribunal concluyó que la Fiscalía concedió rebajas muy amplias sin explicar de manera convincente por qué la colaboración de Olmedo López ameritaba tantos beneficios.El tercer punto del Tribunal para negar el preacuerdo es que la indemnización ofrecida por Olmedo López, de 724 millones de pesos es muy inferior, mucho menos de la mitad de todo el dinero que se robaron en el escándalo de corrupción en la Unidad de Gestión de Riesgo y no se justificó con claridad cómo se calculó ese monto.Tras esta contundente negativa de los jueces, a la Fiscalía y a Olmedo López les quedan dos alternativas: la primera es renegociar el preacuerdo eventualmente aumentando la condena que tendría que pagar el exdirector de la UNGRD, sumado a un aumento sustancial del dinero que el exfuncionario debe devolver. La otra opción es que se caiga la negociación y decidan irse a juicio, aunque López advirtió que seguirá delatando a otros funcionarios del gobierno y a otros congresistas involucrados en el entramado de corrupción.De manera simultánea, se conoció la decisión de la Corte Suprema de Justicia decidió no dejar en libertad a los expresidentes del Senado y de la Cámara, Iván Name y Andrés Calle, quienes querían salir de la cárcel argumentando un supuesto vencimiento de términos.
El Tribunal Superior de Bogotá confirmó en segunda instancia la decisión de no avalar el preacuerdo suscrito entre Olmedo López y la Fiscalía General de la Nación, en el cual el exfuncionario aceptaba su responsabilidad en los delitos de peculado por apropiación y concierto para delinquir, en hechos relacionados con el escándalo de corrupción que involucra a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).El acuerdo judicial, firmado en mayo de 2025, contemplaba una reducción de la pena a seis años y dos meses de prisión. Sin embargo, la magistrada del tribunal determinó que el contenido del acuerdo no cumplía con los requisitos legales exigidos para este tipo de negociaciones, por lo que decidió confirmar la improcedencia del mismo. Durante la sustentación de la decisión, la togada sostuvo que “la negociación sometida al examen de esta corporación es ilegal, por lo que habrá de confirmarse la decisión en el sentido de improbar el acuerdo”.La magistrada explicó que la decisión se fundamentó en el incumplimiento de un requisito considerado esencial en casos donde se ha producido apropiación indebida de recursos públicos. Citando precedentes judiciales, precisó que “cuando se trate de conductas ilícitas producto de las cuales el procesado obtuvo un incremento patrimonial para sí o para terceros, es requisito ineludible e imperativo y, por ende, no condonable, la devolución de la mitad del valor apropiado y garantizar el recaudo del monto restante”. En ese mismo sentido, aclaró que la responsabilidad no se limita a los casos en los que el procesado se haya beneficiado directamente del dinero. Según indicó, “que no haya sido directamente en favor del procesado la apropiación de los recursos estatales, no es óbice para exonerarlo del cumplimiento de dicha obligación”, razón por la cual la ausencia del reintegro de al menos el 50 % de los recursos apropiados impidió que el preacuerdo pudiera ser avalado.Previo a la diligencia judicial, Olmedo López reiteró su intención de continuar colaborando con las autoridades sin importar el resultado del trámite judicial. A través de una carta conocida dentro del proceso, el exdirector de la UNGRD aseguró que su compromiso con la justicia se mantiene firme y que su voluntad de aportar información no depende de que el preacuerdo sea aprobado o no. En el documento señaló: “Sin importar si se aprueba o no el preacuerdo mi decisión de colaborar es firme, consciente y no tiene marcha atrás”. Además, en el mismo pronunciamiento agregó que continuará respondiendo a las solicitudes de las autoridades judiciales y sostuvo: “Si la justicia requiere más, habrá más”.Dentro del expediente se ha establecido que el exfuncionario, en ejercicio de sus funciones como director de la UNGRD y ordenador del gasto, habría participado en el direccionamiento de contratos destinados a la mitigación y atención de emergencias en distintos departamentos del país, entre marzo de 2023 y febrero de 2024. Según las investigaciones, estos contratos habrían sido orientados para favorecer a determinados contratistas, congresistas y otros funcionarios públicos.
Puerto Antioquia ubicado en el Urabá antioqueño, recibió al CMA CGM DIGNITY, un buque tipo Neo-Panamax de 366 metros de largo y una capacidad de 14.800 TEU, convirtiéndose en la embarcación más grande que ha operado hasta ahora en esta terminal marítima de la región de Urabá.Durante la estadía de la embarcación, se llevaron a cabo 211 movimientos de contenedores utilizando dos grúas STS, con las que se alcanzó una productividad promedio de 26 movimientos por hora por grúa. La maniobra logística comprendió tanto la descarga de mercancía proveniente de Asia como el embarque de productos destinados a la exportación colombiana."Esta motonave proviene de Asia y es muy importante para nosotros, porque conectamos a Asia directamente con la costa norte de Colombia. Tenemos programado realizar el descargue de 450 contenedores secos, y su principal commodity es tecnología", confirmó Gilberto peña, el vicepresidente de operaciones de Puerto Antioquia.Desde el punto de vista técnico, el CMA CGM DIGNITY pertenece a la categoría Neo-Panamax, diseñada para surcar las esclusas ampliadas del Canal de Panamá. El buque cuenta con 1.000 conexiones para contenedores refrigerados, capacidad para carga seca y tecnología de propulsión mediante Gas Natural Licuado (LNG), un sistema que apunta hacia una operación marítima más eficiente y sostenible.
Las autoridades y organizaciones sociales encendieron las alarmas ante una nueva incursión armada de presuntos integrantes del Clan del Golfo en la vereda Lejanías, zona rural del municipio de Remedios, en el Nordeste antioqueño, donde se reportó la instalación de un retén ilegal.De acuerdo con la Fundación Sumapaz, hombres armados intimidaron a los habitantes de la zona y revisaron las pertenencias de quienes transitaban por los caminos de este sector.La organización defensora de derechos humanos señaló que estos hechos configuran la consumación de escenarios de riesgo previamente advertidos mediante alertas tempranas, las cuales según denuncian no habrían recibido una atención oportuna por parte de las instituciones estatales."Es muy probable que se presenten, con el pasar del tiempo, situaciones mucho más graves, y, por lo tanto, hacemos responsable a las autoridades porque, evidentemente, toda esta situación ya ha sido alertada", detalló Oscar Yesid Zapata de la Fundación Sumapaz.En esta región del departamento sirve como corredor estratégico de movilidad hacia el sur de Bolívar y constituye un territorio en constante disputa por el control de las economías ilícitas y la extracción minera.Ante este panorama, los líderes sociales hicieron un llamado urgente a las autoridades para garantizar la seguridad de los pobladores y advirtieron sobre la necesidad de adoptar medidas efectivas que eviten el escalamiento de la violencia en la subregión.
El alcalde de Unión Panamericana, Chocó, Geyson Copete, entregó un balance de la emergencia provocada por el terremoto registrado este lunes y confirmó que el municipio enfrenta una situación crítica por los daños ocasionados.Según el mandatario, hasta el último reporte se contabilizaban tres personas fallecidas y una herida. Las víctimas mortales fueron reportadas en el corregimiento de La Y, mientras que el lesionado se encontraba en Salero.“Las Lastimosamente tuvimos pérdidas humanas en el corregimiento de La Y. Allí perdimos tres personas, dos mujeres y un hombre”, explicó Copete al referirse al impacto del movimiento telúrico.El alcalde detalló que los tres fallecimientos ocurrieron en dos lugares diferentes. Una de las víctimas estaba en un negocio dedicado al expendio de pollo, mientras que las otras dos se encontraban en una vivienda familiar.En el corregimiento de Salero, una persona resultó herida y tuvo que ser trasladada hasta Quibdó, capital del Chocó, para recibir atención médica en un centro asistencial.Además de las víctimas, Copete reportó numerosas viviendas destruidas y señaló que los organismos de emergencia continúan recorriendo las zonas afectadas para establecer la totalidad de los daños.“La capacidad nuestra en el tema de socorro es muy pequeña, pero hemos logrado ya verificar muchas viviendas”, afirmó el mandatario, quien explicó que también se adelantan labores de remoción de escombros.El alcalde advirtió que todavía no se puede descartar que haya más personas afectadas, debido a que continúan las labores de búsqueda y verificación en estructuras que resultaron destruidas o seriamente comprometidas.Finalmente, Geyson Copete calificó el terremoto como un hecho sin precedentes para Unión Panamericana y manifestó su preocupación por la situación que atraviesa el municipio tras el fuerte movimiento telúrico registrado este lunes.
La Fiscalía General de la Nación imputó al exviceministro del Interior Diego Cancino por el delito de acto sexual violento agravado, dentro de la investigación por la denuncia presentada por la contratista Viviana Vargas, por hechos que, según el ente acusador, ocurrieron el 9 de octubre de 2024.De acuerdo con lo expuesto por la Fiscalía durante la audiencia, cuando Cancino ya no ocupaba el cargo de viceministro, Vargas le presentó su hoja de vida. Según el ente acusador, él la invitó a un almuerzo en su vivienda para hablar sobre oportunidades laborales y fue durante ese encuentro cuando se habrían presentado los hechos denunciados. “Usted, señor Diego Andrés Cancino, realizó en contra de la señora Yuli Viviana Vargas actos de contenido sexual distintos al acceso carnal, consistentes en abrazarla por la espalda, con connotación sexual; tocarle sus senos por debajo de la blusa; intentar besarla en varias oportunidades y sujetarla de los brazos y las manos usando la fuerza”, afirmó el fiscal durante la audiencia.El ente acusador sostuvo que Cancino habría realizado estos actos de carácter sexual pese a que Vargas habría manifestado su incomodidad y su intención de retirarse del lugar. La Fiscalía también argumentó que el exviceministro se habría valido de su posición de autoridad y del vínculo laboral que había tenido con la denunciante en el Ministerio del Interior.Según la Fiscalía, Vargas se desempeñaba como asesora de Derechos Humanos y de la Dirección de Seguridad y Convivencia Ciudadana del Ministerio. En ese contexto, de acuerdo con el ente acusador, se habría generado un vínculo de confianza entre la denunciante y Cancino.Por estos hechos, la Fiscalía imputó el delito con la circunstancia de agravación correspondiente. La conducta tiene una pena base de entre 8 y 16 años de prisión y, con el agravante planteado por el ente acusador, la pena podría estar entre 10 y 24 años, en caso de una eventual condena.Durante la audiencia de imputación, Diego Cancino no aceptó los cargos. El proceso penal continuará y será la justicia la encargada de determinar, con base en las pruebas, si existe responsabilidad penal por los hechos investigados.
El terremoto de magnitud 7,4 que sacudió varias regiones de Colombia este lunes 10 de agosto generó una duda entre algunos usuarios de iPhone: ¿por qué sus celulares no emitieron una alerta sísmica, mientras algunos dispositivos Android sí lo hicieron?La diferencia no necesariamente está en el funcionamiento del teléfono. La recepción de estos avisos depende de los sistemas de alerta disponibles en cada país, de la infraestructura existente y de las funciones habilitadas para cada territorio.¿Por qué algunos iPhone no recibieron la alerta sísmica?Los iPhone cuentan con diferentes mecanismos para recibir avisos relacionados con situaciones de emergencia. Entre ellos están las alertas gubernamentales, de emergencia y de seguridad pública.Sin embargo, Apple no habilita todas estas funciones de la misma manera en todos los países. Por eso, tener activadas las alertas gubernamentales no significa que el celular vaya a mostrar automáticamente una advertencia cuando ocurre un terremoto.Estas notificaciones dependen de que exista un sistema compatible con la infraestructura de emergencias del país y de que las autoridades puedan emitir este tipo de avisos.En el iPhone, algunas opciones pueden revisarse desde:Configuración.Notificaciones.Alertas gubernamentales.Las alternativas disponibles pueden variar según la región y el operador.¿El iPhone puede detectar terremotos?Apple también cuenta con funciones relacionadas con la detección de terremotos. Los dispositivos pueden participar en sistemas que recopilan información de manera anónima a partir de otros equipos cercanos.Esto, sin embargo, no significa que todos los iPhone tengan un sistema de alerta sísmica activo con las mismas características ni que puedan advertir sobre un terremoto en cualquier país.La diferencia es importante: detectar o recopilar información sobre movimientos sísmicos no equivale necesariamente a enviar una alerta preventiva al usuario.Por esta razón, que un iPhone no haya mostrado una notificación durante el terremoto de este lunes no significa necesariamente que el dispositivo tenga una falla.¿Cómo funcionan las alertas sísmicas en los celulares?Las alertas sísmicas utilizan sistemas capaces de identificar rápidamente un movimiento telúrico y estimar qué zonas podrían verse afectadas. Cuando la infraestructura lo permite, estos avisos pueden llegar antes de que las ondas sísmicas más fuertes sean percibidas.No obstante, su funcionamiento depende de la tecnología disponible, las redes de sensores y los mecanismos de emergencia implementados en cada territorio. Por eso, la experiencia puede ser diferente entre usuarios de distintos sistemas operativos.En el caso de Colombia, la ausencia de una alerta en determinados iPhone está relacionada con la disponibilidad de estas funciones y no necesariamente con un problema del teléfono.
