Olmedo López, viejo aliado político de Gustavo Petro, nombrado por el presidente como director de la Unidad de Gestión de Riesgo en plena época del desfalco a esa entidad para la compra de conciencias de congresistas por parte del Gobierno nacional según han dicho las autoridades judiciales, hoy está en el limbo frente a la posibilidad de recibir beneficios penales a cambio de ser el principal testigo del escándalo.
El Tribunal Superior de Bogotá dejó en firme la decisión que había tomado en primera instancia un juez, en el sentido de no dar luz verde al preacuerdo alcanzado entre la Fiscalía y López, que consistía en que el exdirector de la Unidad aceptaba los delitos de peculado por apropiación y concierto para delinquir, se convertía en testigo clave contra congresistas, exministros y otros involucrados en el escándalo y se comprometía a la devolución de 724 millones de pesos de lo que se robó del presupuesto de la entidad que dirigía, a cambio de una condena de 6 años y 2 meses de cárcel.
La negativa del Tribunal a avalar el preacuerdo se basó en tres puntos: consideró que la condena negociada no es proporcional a la magnitud del escándalo de corrupción en la Unidad de Gestión de Riesgo, uno de los más grandes de los últimos años y el que ha salpicado con mayor fuerza al Gobierno de Gustavo Petro.
Además, el Tribunal concluyó que la Fiscalía concedió rebajas muy amplias sin explicar de manera convincente por qué la colaboración de Olmedo López ameritaba tantos beneficios.
El tercer punto del Tribunal para negar el preacuerdo es que la indemnización ofrecida por Olmedo López, de 724 millones de pesos es muy inferior, mucho menos de la mitad de todo el dinero que se robaron en el escándalo de corrupción en la Unidad de Gestión de Riesgo y no se justificó con claridad cómo se calculó ese monto.
Tras esta contundente negativa de los jueces, a la Fiscalía y a Olmedo López les quedan dos alternativas: la primera es renegociar el preacuerdo eventualmente aumentando la condena que tendría que pagar el exdirector de la UNGRD, sumado a un aumento sustancial del dinero que el exfuncionario debe devolver. La otra opción es que se caiga la negociación y decidan irse a juicio, aunque López advirtió que seguirá delatando a otros funcionarios del gobierno y a otros congresistas involucrados en el entramado de corrupción.
De manera simultánea, se conoció la decisión de la Corte Suprema de Justicia decidió no dejar en libertad a los expresidentes del Senado y de la Cámara, Iván Name y Andrés Calle, quienes querían salir de la cárcel argumentando un supuesto vencimiento de términos.
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