Blu Radio tuvo acceso a una dura carta de siete páginas enviada por Olmedo López, principal testigo del escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
El documento, radicado el pasado 14 de julio en la sede de la Comisión en Washington, plantea una denuncia formal por lo que López considera una presunta intromisión del presidente Gustavo Petro en su proceso judicial.
En la misiva, López solicita la intervención urgente del organismo internacional frente a lo que califica como una situación de riesgo, desprotección y vulneración de sus derechos fundamentales por parte del Estado colombiano. Reconoce que hizo parte del entramado criminal al interior de la UNGRD, pero asegura que decidió colaborar con la justicia, aportar pruebas y asumir su responsabilidad.
Sin embargo, advierte sobre un trato desigual frente a otros implicados en la red de corrupción, quienes habrían accedido a beneficios judiciales sin haber entregado información comparable en calidad, alcance o impacto. Esa diferencia, señala, vulnera principios fundamentales como la igualdad ante la ley, la buena fe y la seguridad jurídica.
El eje central de su denuncia gira en torno a una serie de publicaciones del presidente Petro en su cuenta de X (antes Twitter), que según López constituyen una presunta injerencia indebida del Ejecutivo en su caso penal. La carta incluye varios mensajes publicados entre 2024 y 2025:
“Yo pido máxima condena para Olmedo, un hombre de izquierda jamás debe robar a los pobres y a las víctimas. Es un vampiro de la codicia.” (3 de julio de 2025)
“Que Olmedo se vaya a la cárcel, yo mismo exijo la reparación de la UNGRD, pero que no vengan los dueños de ciertos medios con su propaganda contra nosotros a ocultar su propia y enorme podredumbre llena de sangre”. (7 de agosto de 2024)
“He visto este informe que recoge georreferencialmente las declaraciones de Olmedo y Sneyder hechas en semanas pasadas sobre coimas al presidente del Congreso. Pero tiene una inexactitud malintencionada fundamental. El informe dice que esas coimas, que la justicia debe investigar, son para pagar las reformas del Gobierno”. (25 de julio de 2024)
“La falsedad de Olmedo está en que necesita desesperadamente denunciar para rebajar su pena, sin devolver los dineros hurtados, pero la UNGRD debe solicitar, como víctima, la devolución hasta el último peso de lo hurtado. La reparación de las víctimas y la verdad son la base del principio de oportunidad”. (16 de julio de 2024)
A juicio de López, estas declaraciones configuran una presunta e inaceptable intromisión de la rama ejecutiva en asuntos propios de la administración de justicia. En la carta afirma:
Estas declaraciones públicas, provenientes del jefe de Estado, constituyen una gravísima e inaceptable intromisión de la rama ejecutiva en la esfera de la administración de justicia. Esto no solo desnaturaliza la presunción de inocencia, sino que busca incidir directa o indirectamente en la voluntad de jueces y fiscales, y vulnera de manera flagrante la independencia judicial
López también advierte que el hecho de que la actual fiscal general, Luz Adriana Camargo, haya sido postulada en la terna enviada por el propio presidente Petro agudiza la preocupación. A su juicio, este vínculo político refuerza la percepción de que el mandatario estaría excediendo sus competencias y quebrantando el principio de separación de poderes, al exigir públicamente una condena ejemplar en su contra. En la carta añade:
En ese contexto, esta injerencia resulta especialmente grave si se considera que la actual Fiscal General de la Nación fue postulada en la terna presentada ante la Honorable Corte Suprema de Justicia por el mismo Presidente de la República que, hoy, en una clara extralimitación de sus funciones y quebrantando el principio de separación de poderes, exige públicamente una condena ejemplarizante en mi contra
El testigo clave también llama la atención sobre el enfoque selectivo de los señalamientos del presidente, quien, según él, ha centrado sus ataques exclusivamente en su persona, dejando de lado a otros presuntos responsables dentro del mismo Gobierno, como Carlos Ramón González, César Manrique, Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco.
Finalmente, en esta carta, López solicita que la CIDH exhorte al Estado colombiano a adoptar medidas efectivas para garantizar la integridad del proceso penal. Pide que se eviten pronunciamientos que puedan interpretarse como estigmatizantes, revictimizantes o que, a nivel nacional o internacional, puedan percibirse como presiones indebidas o interferencias políticas sobre el actuar de la justicia.