Para muchos ciudadanos, los trámites que se realizan en la Registraduría Nacional del Estado Civil pueden resultar demorados o complejos. Por ello, la entidad habilitó un servicio en línea para solicitar copias de registros civiles sin tener que desplazarse hasta una oficina.El trámite permite solicitar documentos de nacimiento, matrimonio o defunción y recibir una copia directamente en el correo electrónico.La opción busca facilitar este tipo de diligencias, en especial para quienes necesiten el documento y cuenten con acceso a internet. El proceso se realiza desde la plataforma habilitada por la entidad e incluye un pago electrónico.La Registraduría confirmó que la copia del registro civil tiene un valor de $18.750. Una vez el ciudadano complete los pasos requeridos y realice el pago, el documento será enviado al correo electrónico registrado durante la solicitud.¿Cómo puede sacar el registro civil por internet?Para iniciar el procedimiento, el ciudadano debe ingresar al portal habilitado por la Registraduría para solicitar copias de registros civiles. Allí tendrá que crear una cuenta con usuario y contraseña.Quienes ya hayan realizado un registro anteriormente pueden ingresar con las credenciales que crearon. Una vez estén en la plataforma, deben seleccionar la opción “Solicitar copia”, desde donde podrán elegir qué documento necesitan.El sistema permite solicitar copias del registro civil de nacimiento, matrimonio o defunción. Después de escoger el documento, la plataforma solicitará información relacionada con el registro que se quiere consultar.Entre los datos que pueden ser requeridos se encuentran el número serial y la información de identificación correspondiente al registro. El usuario debe diligenciar los campos solicitados para que el sistema pueda ubicar la información disponible.Luego, la plataforma mostrará una vista previa del documento. Este paso permite que el ciudadano revise los datos antes de continuar con el trámite y verifique que correspondan con el registro que necesita.Si la información es correcta, deberá seleccionar “Iniciar trámite” y completar los datos adicionales relacionados con el titular de la solicitud.¿Cuánto cuesta sacar una copia del registro civil y cómo se paga?De acuerdo con lo informado por la Registraduría, el valor de la copia es de $18.750 y el pago se realiza directamente mediante el enlace de PSE. Para completar el procedimiento, el usuario debe elegir la opción correspondiente al pago y seguir las instrucciones de la plataforma para realizarlo desde su cuenta bancaria.Una vez el pago sea aprobado y el trámite termine correctamente, la copia del registro civil será enviada a la dirección de correo electrónico que el ciudadano registró durante el proceso.De esta manera, quienes necesiten una copia de su registro de nacimiento, matrimonio o defunción pueden solicitarla sin tener que acudir presencialmente a una sede de la Registraduría, siempre que puedan realizar el procedimiento a través de la plataforma habilitada.
Blu Radio conoció que la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) cerró el expediente que mantenía abierto contra nueve funcionarios de la Registraduría Nacional del Estado Civil, a quienes investigaba por presunta obstrucción durante una serie de visitas administrativas.Todo comenzó en marzo de 2024, cuando la SIC adelantó siete visitas de inspección a la Registraduría —entre el 12 y el 22 de ese mes— para verificar el cumplimiento de las normas de competencia en la contratación de tecnología electoral. Funcionarios de la entidad, entre ellos Nicolás Farfán, entonces Registrador delegado en lo electoral, cuestionaron desde entonces la forma en que se recaudaron los documentos y, sobre todo, pusieron en duda que la SIC tuviera facultades para hacer ese tipo de control sobre la Registraduría. Esas objeciones llevaron a la Superintendencia, encabezada por Cielo Rusinque, a abrir una investigación formal por obstrucción.El pulso escaló por otra vía: la Procuraduría, a su turno, investigó a los funcionarios de la SIC que ejecutaron las visitas y determinó que habían actuado con dolo y sin competencia para hacerlo.En ese sentido, la Corte Constitucional también se pronunció la semana pasada. Con ponencia del magistrado Miguel Polo, el alto tribunal resolvió una demanda que cuestionaba justamente eso: si la SIC podía vigilar a entidades como la Registraduría o el Banco de la República. Según el alto tribunal, la competencia de inspección y vigilancia de la SIC está reservada a los privados, no a órganos autónomos ni a servidores públicos—, lo que dejó sin piso jurídico la investigación abierta contra los funcionarios de la RNEC y obligó a la SIC a archivarla.Como consecuencia de la decisión de la Corte, la nueva superintendente, María Rocío Cortés, expidió una resolución en la que oficializa el cierre de la investigación por falta de competencia, según el documento conocido por Blu Radio.Pero el caso no termina en el archivo. El exregistrador Farfán ya anunció que demandará a Cielo Rusinque por reparación directa, al considerar que la investigación en su contra —hoy sin fundamento, según el fallo— le generó perjuicios que espera que el Estado le repare.
El Banco de la República es la institución nacional que mayor confianza genera entre los líderes de opinión del país, con 80 puntos sobre 100, de acuerdo con el reciente informe de Panel de Opinión de Cifras & Conceptos.Le siguen la Registraduría Nacional con 78 puntos; la Corte Constitucional, con 77; y la Corte Suprema de Justicia, con 75, mostrando un panorama en el que las instituciones técnicas, electorales y judiciales aparecen mejor posicionadas.En los siguientes lugares se encuentran el Ejército Nacional, con 71 puntos; la Defensoría del Pueblo, con 69; el Consejo de Estado, con 67; y la Policía, con 63.La Jurisdicción Especial para la Paz obtiene 59 puntos, la Contraloría 56 y la Fiscalía 55. El Consejo Nacional Electoral y la Procuraduría registran 54 puntos cada uno.Finalmente, el Congreso de la República obtiene 48 puntos y la Presidencia de la República 44, una diferencia de 36 puntos frente al Banco de la República, que ocupa el primer lugar.Al comparar 2023 y 2026, los líderes califican mejor el desempeño presidencial en asuntos como promover la paz, con 60 puntos; proteger los recursos hídricos, con 60; reducir la pobreza, con 59; y las relaciones internacionales, con 58. En cambio, los resultados son más bajos en seguridad: combatir la delincuencia común obtiene 36 puntos y combatir las bandas criminales, 38.De cara a 2027, la principal preocupación política está relacionada con la capacidad del Estado para responder a los problemas del país. El 31 % de los líderes señala como principal desafío mejorar la capacidad técnica del Gobierno, mientras que el 26 % menciona la necesidad de disminuir la polarización. Otro 15 % considera prioritario cuidar la democracia y el Estado de derecho.La reforma política y electoral, las elecciones locales de 2027, el orden público y la corrupción aparecen después, cada uno con porcentajes inferiores.En materia económica, la preocupación principal es todavía más marcada: el 42 % identifica la sostenibilidad fiscal como el mayor desafío para 2027. Le siguen la reactivación económica, con 18 %, y la inversión y confianza empresarial, con 12 %, el mismo porcentaje que obtiene la formalización laboral. La inflación aparece con 6 %, mientras que la crisis energética y el comercio exterior registran 2 % cada uno.La agenda social está encabezada por la desigualdad, mencionada por el 45 % de los líderes. Muy por detrás aparecen la recuperación del sector salud y el mantenimiento de la inversión social, ambos con 13 %, mientras que las brechas territoriales alcanzan 8 %. En el frente ambiental, la deforestación ocupa el primer lugar, con 40 %, seguida de la minería ilegal, con 22 %, y la transición energética, con 10 %.En el ámbito internacional, los líderes ponen el foco en el papel que Colombia deberá jugar en un escenario regional y global complejo. Promover el multilateralismo aparece como el principal desafío, con 25 %, seguido de la relación bilateral con Estados Unidos, con 20 %, y las relaciones con Venezuela, con 15 %. La migración obtiene 13 % y la soberanía nacional, 11 %.
Una alerta sobre el aumento de casos de falsa identidad y suplantación en Colombia lanzó el registrador nacional, Hernán Penagos, durante el debate del presupuesto de 2027 en las comisiones económicas conjuntas del Congreso.El funcionario aseguró que se ha identificado un fenómeno que involucra a personas provenientes principalmente de Centroamérica, quienes estarían llegando al país con el propósito de obtener documentos colombianos de manera ilegal para posteriormente viajar hacia Europa.De acuerdo con Penagos, estas personas estarían recurriendo a redes criminales dedicadas a la suplantación y falsificación de documentos, aprovechando, entre otras razones, que los ciudadanos colombianos pueden ingresar a países como España sin necesidad de visa.“La cantidad de personas centroamericanas que tratan de buscar redes criminales para suplantar documentos e irse hacia Europa está creciendo de una manera desproporcionada. Todos los días estamos trabajando con redes, se están anulando cédulas de ciudadanía y pasaportes, todos los días con la Fiscalía estamos trabajando para poder enfrentar”, agregó Penagos.Uno de los principales llamados de Penagos está relacionado con la reputación internacional de los documentos colombianos, especialmente del pasaporte.“Saben ustedes que si se deteriora el documento de identidad de Colombia desde el punto de vista reputacional hay serias dificultades. Porque las demás naciones se ven obligadas a poner visas. Luego, tenemos que proteger mucho ese documento”, agregó Penagos.El funcionario explicó que si otros países perciben un aumento de casos de falsificación, suplantación o utilización irregular de documentos colombianos, podrían incrementar los controles para los viajeros nacionales e incluso establecer mayores restricciones de ingreso.
La Registraduría Nacional comenzó un plan especial para la expedición de documentos de identidad en las zonas afectadas por el devastador terremoto que impactó al país el pasado 10 de agosto.Desde Cartagena, el registrador nacional, Hernán Penagos, explicó que la Registraduría tiene desplegadas unidades móviles en sitios estratégicos, como hospitales y albergues, para que quienes necesiten realizar este trámite puedan hacerlo de forma rápida y gratuita.“Estamos desplegando unidades móviles de identificación en todos los municipios y ciudades que están afectados por el terremoto del pasado lunes. Estamos ubicados frente a hospitales, albergues y diferentes lugares para que la ciudadanía pueda obtener su documento de identidad sin mayores contratiempos. Tenemos, inclusive, un vehículo que está recorriendo las calles de Pereira, acercándose a la ciudadanía que ha perdido sus documentos”, explicó el registrador nacional.Sobre el protocolo para la expedición del registro civil de defunción, el registrador Penagos detalló que se estableció un protocolo, en coordinación con alcaldías y gobernaciones, para realizar este trámite de forma ágil y sin costo alguno.“A raíz de estas circunstancias, muchas personas necesitan el registro civil de defunción de sus seres queridos para proceder con algunos trámites de uno y otro sentido. Hemos activado protocolos muy ágiles y rápidos para que no haya dificultad en la expedición de esos registros. En la página estamos definiendo los lugares donde se está prestando el servicio de identificación con las alcaldías municipales. Estamos trabajando y vamos a hacer también jornadas de identificación para que toda la ciudadanía pueda obtener esos documentos de manera gratuita. Esto es importante decirlo: se trata de población vulnerable, afectada por el terremoto, y gratuitamente te vamos a entregar todos estos documentos de identidad”, agregó.Asimismo, el registrador Penagos sostuvo que el terremoto también dejó graves afectaciones en varias sedes de la Registraduría, especialmente en el Eje Cafetero. En ese sentido, señaló que las sedes de Caldas y Risaralda deberán ser reconstruidas por completo.
La Registraduría habilitó sus servicios móviles en las zonas afectadas por el terremoto del pasado lunes para que los damnificados puedan acceder a los servicios de registro civil e identificación.“Las medidas adoptadas están dirigidas especialmente a las personas que perdieron sus documentos de identidad o se encuentran en condiciones de vulnerabilidad y requieren adelantar nuevamente sus trámites de identificación. El plan contempla acciones en los departamentos de Valle del Cauca, Chocó, Risaralda, Caldas y Quindío ”, explica la entidad.Es por eso que ya se trasladó una unidad móvil al departamento de Risaralda y será ubicada al frente al Hospital San Jorge de Pereira. En Valle del Cauca,fueron instaladas cuatro estaciones móviles en los municipios de Sevilla, Roldanillo, El Cairo y El Aguila. En Cali, se van a hacer jornadas de trámites de identificación los días 20 y 21 de agosto en los albergues.“En el departamento del Chocó, el jueves 20 y el viernes 21 de agosto se realizarán jornadas de identificación en Quibdó con estaciones móviles de servicio. Además, está previsto extender estas jornadas a los municipios del Alto Baudó, Nóvita, Medio Baudó, Bajo Baudó, Litoral del San Juan, Istmina, Condoto, Medio San Juan y Tadó”, señalaron desde la Registraduría.Además, en Caldas y Quindío los trámites se están realizando bajo la modalidad deexoneración por condición de víctima de catástrofe, de esta manera se garantiza el acceso gratuito a los servicios de registro civil e identificación.“En el marco de la normatividad vigente y atendiendo las condiciones particulares de la emergencia, las personas directamente afectadas podrán acceder a estos trámites de manera gratuita, con el propósito de remover barreras y facilitar el ejercicio efectivo de su derecho a la identificación”, advierte la entidad.Por otro lado, habrá una medida excepcional para facilitar la inscripción de las defunciones ocurridas entre el 7 y el 21 de agosto en los departamentos de Valle del Cauca, Chocó, Risaralda, Caldas y Quindío.“Las defunciones que, como consecuencia de la emergencia, no puedan ser inscritas dentro del plazo legal de dos días contados a partir del momento del hecho no serán consideradas extemporáneas. En consecuencia, no será obligatorio presentar la orden del inspector de Policía para realizar la correspondiente inscripción en el registro civil”, dice el comunicado de la entidad.
La Defensoría del Pueblo solicitó a la Fiscalía General de la Nación adelantar las investigaciones para identificar a los responsables de las amenazas e intimidaciones que han circulado en las últimas semanas contra la organización electoral. Además, pidió preservar la evidencia digital y actuar frente a las expresiones que puedan constituir delitos y no estén amparadas por la libertad de expresión.La entidad también pidió a la Unidad Nacional de Protección (UNP) evaluar o reevaluar el nivel de riesgo del registrador nacional, Hernán Penagos, y de los funcionarios de la Registraduría, con el fin de garantizar las medidas de seguridad que se requieran para preservar su integridad.Las solicitudes hacen parte de un pronunciamiento en el que la Defensoría rechazó los mensajes intimidatorios difundidos desde cuentas anónimas en redes sociales y plataformas digitales contra el registrador, servidores de la Registraduría y sus instalaciones. Según la entidad, estos hechos se presentan en medio de acusaciones de fraude electoral formuladas por fuera de los canales institucionales y ponen en riesgo a quienes ejercen funciones electorales.Asimismo, la Defensoría hizo un llamado a las plataformas digitales para retirar contenidos que representen amenazas o inciten a la violencia, y pidió a las instituciones, así como a los sectores políticos y sociales, rechazar cualquier acto de violencia contra las autoridades electorales y promover el diálogo para tramitar las controversias sobre el proceso electoral.Finalmente, insistió a los funcionarios públicos o a las instituciones a reducir los discursos que debiliten la confianza en las instituciones democráticas. También reiteró que continuará haciendo seguimiento a esta situación en cumplimiento de su mandato de protección y defensa de los derechos humanos.
Por medio de un comunicado, desde la Registraduría rechazaron las afirmaciones realizadas desde el Gobierno saliente de Gustavo Petro sobre el proceso de las elecciones presidenciales y aseguró que las versiones que cuestionan los resultados oficiales carecen de sustento técnico. El registrador Hernán Penagos reiteró que el proceso electoral colombiano cuenta con las garantías necesarias para asegurar la transparencia, integridad y confiabilidad de los resultados.En el documento también se explica que no existe ningún elemento técnico que permita poner en duda la voluntad expresada por los ciudadanos en las urnas y enfatizó que los señalamientos sobre supuestas alteraciones mediante algoritmos o mecanismos informáticos desconocen la manera en que está organizado el sistema electoral colombiano.El registrador explicó que algunas de las versiones difundidas recientemente parten de interpretaciones relacionadas con secuencias matemáticas o bloques de mesas de votación, argumentos que, según dijo, no corresponden al funcionamiento del censo electoral en Colombia."Esa circunstancia ha ocurrido históricamente en Colombia. Hemos verificado los resultados del año 2022, donde fue triunfador el presidente Petro, así como los del año 2018, y en todos ellos ocurre la misma circunstancia", afirmó Penagos, quien agregó que no existe duda alguna sobre la legitimidad de los resultados oficiales e hizo un llamado a organizaciones independientes especializadas en verificación de datos para que realicen sus propios análisis estadísticos sobre los resultados de las elecciones.
La Fiscalía imputó al auxiliar administrativo de la Registraduría Nacional del Estado Civil en Montería, Córdoba, Jairo Winston Mendoza Soto, por su presunta responsabilidad en un caso de corrupción relacionado con las elecciones legislativas del pasado 8 de marzo. De acuerdo con la investigación, el funcionario habría exigido 100 millones de pesos a una candidata al Congreso de la República a cambio de favorecerla con mil votos en esa contienda electoral.La vinculación formal del procesado se realizó ante un juez de control de garantías, luego de que la Dirección Especializada contra la Corrupción recopilara elementos materiales probatorios que lo relacionan con las presuntas exigencias económicas realizadas a la aspirante, quien habría denunciado y aportado información.Según la investigación, los hechos comenzaron el 25 de febrero, cuando Mendoza Soto habría contactado telefónicamente a la candidata para concertar una reunión en su residencia. En ese encuentro, presuntamente le manifestó que podía favorecerla con mil votos en las elecciones legislativas y, a cambio, le exigió el pago de 100 millones de pesos.La Fiscalía estableció que la solicitud no se limitó a ese primer encuentro. Días después, el funcionario habría citado nuevamente a la aspirante en una cafetería de Montería, donde reiteró la exigencia económica y volvió a asegurar que tenía la capacidad de manipular los resultados electorales para garantizarle los votos ofrecidos.Con base en estos hechos, una fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción le imputó el delito de concusión, al considerar que, presuntamente, utilizó su condición de servidor público para exigir una suma de dinero ofreciendo un beneficio relacionado con el proceso electoral.Durante la audiencia, el funcionario no aceptó el cargo formulado por la Fiscalía, por lo que la investigación continuará dentro del proceso penal para establecer su eventual responsabilidad.
A través de un comunicado a la opinión pública, el Comité Intergremial de Santander manifestó su preocupación por el ambiente político que vive el país e invitó a los diferentes sectores a rodear la institucionalidad democrática, respetar la voluntad expresada por los ciudadanos en las urnas y generar confianza en las instituciones.En el pronunciamiento, el Comité aseguró que la fortaleza del país depende del respeto por las reglas democráticas y del diálogo entre quienes tienen diferencias políticas, con el propósito de brindar tranquilidad y certidumbre a los colombianos.Los gremios también ratificaron su reconocimiento a la labor desarrollada por la Registraduría Nacional del Estado Civil y el Consejo Nacional Electoral, entidades encargadas de garantizar el desarrollo del proceso electoral, e insistieron en la importancia de respetar los resultados oficiales como una muestra de confianza en las instituciones.Asimismo, señalaron que, una vez superada la contienda electoral, el país debe concentrar sus esfuerzos en construir consensos que permitan avanzar en temas como la generación de empleo, la reactivación económica y el fortalecimiento de la inversión.El Comité advirtió que la estabilidad institucional y la seguridad jurídica son factores fundamentales para mantener la confianza de los inversionistas y promover el crecimiento económico, por lo que invitó a los líderes políticos, sociales y económicos a trabajar de manera conjunta por la unidad nacional.El pronunciamiento fue respaldado por cerca de una veintena de organizaciones empresariales y productivas del departamento, entre ellas la Cámara de Comercio de Bucaramanga, Fenalco Santander, Camacol Santander, Andi Seccional Santander, Cotelco Santander, Fedepalma, ACIEM Santander, Anato Oriente, Fasecolda, Confecoop Oriente, la Federación de Ganaderos de Santander, la Sociedad Colombiana de Arquitectos, la Sociedad Santandereana de Ingenieros, Prosantander, Ascolfa, Fenavi Santander y el Comité de Cafeteros de Santander, entre otros gremios que representan sectores clave de la economía regional.
Estos fueron los temas tratados este 25 de septiembre, en Recap Blu:Otty Patiño, excomisionado de Paz durante el Gobierno de Gustavo Petro, habló sobre la extradición de alias 'Araña', las polémicas declaraciones de David Murcia Guzmán y el proceso de la fallida paz total.Las últimas imágenes de alias 'Araña' antes de du extradición y la advertencia del presidente Abelardo De La Espriella a Iván Márquez.El mandatario De La Espriella también respondió a quienes lo cuestionaron por portar un arma: "Que sigan criticando, que eso me impulsa".Se mantiene la cadena perpetua contra Daniel Sancho por el asesinato del médico colombiano Edwin Arrieta.Sobrevivientes del accidente del avión que transportaba al equipo de Chapecoense volvieron al lugar del sinietro casi 10 años después.
MiLoto realiza este viernes 25 de septiembre de 2026 un nuevo sorteo, en el que los participantes buscan acertar la combinación de cinco números para acceder al premio mayor.La combinación ganadora del sorteo de MiLoto de este viernes 25 de septiembre de 2026 es: 36 - 18 - 10 - 08 - 31.Para esta jornada, el acumulado de MiLoto asciende a $160 millones. El resultado oficial permitirá conocer los números sorteados y el balance de ganadores en las diferentes categorías de aciertos.MiLoto es un juego en el que los participantes seleccionan una combinación de cinco números. La mecánica contempla premios para quienes acierten desde dos hasta los cinco números de la combinación sorteada.¿De cuánto es el acumulado de MiLoto?Para este viernes, 25 de septiembre de 2026, el acumulado de MiLoto era de $160 millones.Cuando no se registra un ganador en la categoría de cinco aciertos, el acumulado del premio mayor aumenta para la siguiente jornada, por lo cual quedó en $200 millones para el sigueinte sorteo, de acuerdo con la mecánica del juego.Los participantes pueden verificar sus tiquetes y comparar los números registrados con los resultados oficiales antes de reclamar cualquier premio.
El excomisionado de paz Otty Patiño aseguró en Recap Blu que durante el Gobierno del expresidente Gustavo Petro nunca conoció de un eventual ofrecimiento de una gestoría de paz a David Murcia Guzmán, condenado por el caso DMG. Esta declaración se produjo luego de que Murcia se retractara de varios señalamientos contra el actual presidente Abelardo De La Espriella y afirmara que, antes de realizar esas acusaciones, recibió expectativas relacionadas con una posible salida de prisión mediante esa figura.En entrevista con Recap Blu, Patiño sostuvo que las decisiones relacionadas con las gestorías de paz eran conocidas y consultadas dentro de la Consejería de Paz, pero afirmó que el nombre de Murcia Guzmán nunca estuvo sobre la mesa.“No tengo la menor idea, porque todas las gestorías de paz eran comunicadas, eran, digamos, consultadas con nosotros. En ningún momento a nosotros como Consejería nunca se nos consultó nada sobre este señor”, manifestó el exfuncionario.Patiño también cuestionó que Murcia hubiera sido considerado para una eventual gestoría, al señalar que, desde su perspectiva, no tenía relación con procesos de paz.“Lo cual además me parece absurdo porque este señor no tiene nada que ver con procesos de paz”, afirmó. Choque de afirmacionesFrente a las declaraciones contradictorias del condenado, el excomisionado agregó que Murcia "hoy dice una cosa, mañana dice otra”.Ante la pregunta de si en algún momento, durante su paso por la Consejería de Paz, tuvo conocimiento de un ofrecimiento a Murcia Guzmán, Patiño fue enfático en negarlo."Jamás. Y por supuesto considero que el presidente Petro jamás pensó ni manifestó en esa posibilidad de darle una consejería de paz a este señor", agregó.Las declaraciones se conocen después de que Murcia presentara ante la Fiscalía una retractación de los señalamientos que había realizado contra Abelardo De La Espriella. Según el documento, el condenado afirmó que sus declaraciones estuvieron precedidas por expectativas relacionadas con una eventual vinculación como gestor de paz y con la posibilidad de obtener su libertad. Finalmente, Patiño rechazó que las gestorías de paz hubieran funcionado como un supuesto “cheque en blanco” para quienes recibieron esa condición.“Y si no lo cumple, pues se le suspende la gestoría. Así de sencillo. Pero de allí para allá, que sea una carta blanca para delinquir, para protegerle actividades delictivas, jamás”, concluyó el excomisionado.
TransMilenio anunció una operación especial para facilitar el regreso de los asistentes a los conciertos de BTS, que se realizarán el viernes 2 y sábado 3 de octubre en el estadio El Campín, en Bogotá.Desde las 10:00 p. m., ocho rutas especiales estarán disponibles en las estaciones Campín–UAN y Movistar Arena, con destino a diferentes portales y estaciones de la ciudad.Desde Campín–UAN saldrán cuatro rutas:Portal NortePortal AméricasPortal SubaPortal EldoradoDesde Movistar Arena estarán disponibles otras cuatro rutas hacia:Portal UsmePortal 20 de JulioPortal 80Portal SurLos servicios funcionarán de acuerdo con la demanda de pasajeros. La operación habitual de las estaciones Campín–UAN y Movistar Arena finalizará a las 10:00 p. m. y, entre las 10:00 p. m. y las 11:00 p. m., estas estaciones estarán habilitadas únicamente para facilitar la evacuación de los asistentes.Como alternativa, los usuarios podrán utilizar Universidad Nacional, si salen por Campín–UAN, y 7 de Agosto, si salen por Movistar Arena.¿Cómo llegar al concierto?Para llegar al estadio, TransMilenio contará con 13 rutas troncales en las estaciones Campín–UAN y Movistar Arena. En Movistar Arena estarán disponibles las rutas 4, B72, D21, G30, L25, C25, C30, H21 y H72.En Campín–UAN funcionarán las rutas 4, B11, C25, G11, S42, D21, E42, H21 y L25.Además, TransMiZonal tendrá 39 rutas con paraderos cercanos al estadio El Campín, ubicados en la NQS, calle 63, calle 53 y carrera 24.TransMilenio recomienda a los asistentes recargar con anticipación la tarjeta tullave, planear el viaje mediante TransMiApp y consultar los canales oficiales de la entidad para revisar horarios y recorridos.La entidad también señaló que los despachos de las rutas especiales se ajustarán según la cantidad de pasajeros durante la salida de los conciertos.
“Ni en el tarimazo ni en la fiesta que tuvieron ellos hubo muertos, pero en una política equivocada de guerra sí hay muchos muertos”, afirmó Otty Patiño, excomisionado de Paz durante el Gobierno de Gustavo Petro, al referirse a las polémicas que rodearon algunos episodios de la llamada paz total. En entrevista con Recap Blu, Patiño reconoció que durante un proceso de paz pueden cometerse errores, pero defendió la necesidad de priorizar el diálogo frente a una estrategia basada exclusivamente en la confrontación armada.El exfuncionario respondió por situaciones como el denominado ‘tarimazo’ en La Alpujarra y una fiesta realizada por integrantes de estructuras criminales en la cárcel de Itagüí. Patiño aclaró que no justifica ninguno de esos hechos y sostuvo que estos no fueron provocados directamente por la Consejería de Paz.“No, no lo estoy justificando de ninguna manera”, respondió, antes de explicar que, desde su perspectiva, los errores cometidos durante una búsqueda de paz deben analizarse teniendo en cuenta sus consecuencias.Patiño también defendió la estrategia de negociación adelantada durante el Gobierno Petro y rechazó la afirmación de que la paz total hubiera sido simplemente un mecanismo para permitir que los grupos ilegales continuaran delinquiendo. Según explicó, durante su gestión hubo procesos que avanzaron en diferentes niveles, aunque reconoció que algunos, como el del ELN y el Estado Mayor Central liderado por Iván Mordisco, terminaron fracasando."Había varios procesos que fueron fallidos, como el caso del ELN, digamos, donde ellos demostraron que no había voluntad de paz. Y el proceso con el Estado Mayor Conjunto FARC, fundamentalmente al mando del señor Iván Mordisco, que en el Cauca decidió más bien lanzarse a la guerra que hacer parte, digamos, de un proceso de paz. Los demás, en los demás procesos había avances, en los otros 8 o 9 procesos que estábamos adelantando, que además tenían la característica de que eran muy territorializados, allí hubo avances considerables en cada uno de distintas maneras", afirmó.Frente a las críticas sobre las denominadas gestorías de paz, el excomisionado negó que estas figuras hubieran sido utilizadas como una “carta blanca” para delinquir o como instrumentos de política electoral. Aseguró que quienes recibían esa condición tenían obligaciones y debían presentar planes de acción que posteriormente eran evaluados. “Si no lo cumple, pues se le suspende la gestoría. Así de sencillo. Pero de allí para allá, que sea una carta blanca para delinquir, para protegerle actividades delictivas, jamás”, concluyó.