La Fiscalía General de la Nación imputó al exviceministro del Interior Diego Cancino por el delito de acto sexual violento agravado, dentro de la investigación por la denuncia presentada por la contratista Viviana Vargas, por hechos que, según el ente acusador, ocurrieron el 9 de octubre de 2024.
De acuerdo con lo expuesto por la Fiscalía durante la audiencia, cuando Cancino ya no ocupaba el cargo de viceministro, Vargas le presentó su hoja de vida. Según el ente acusador, él la invitó a un almuerzo en su vivienda para hablar sobre oportunidades laborales y fue durante ese encuentro cuando se habrían presentado los hechos denunciados.
“Usted, señor Diego Andrés Cancino, realizó en contra de la señora Yuli Viviana Vargas actos de contenido sexual distintos al acceso carnal, consistentes en abrazarla por la espalda, con connotación sexual; tocarle sus senos por debajo de la blusa; intentar besarla en varias oportunidades y sujetarla de los brazos y las manos usando la fuerza”, afirmó el fiscal durante la audiencia.
El ente acusador sostuvo que Cancino habría realizado estos actos de carácter sexual pese a que Vargas habría manifestado su incomodidad y su intención de retirarse del lugar. La Fiscalía también argumentó que el exviceministro se habría valido de su posición de autoridad y del vínculo laboral que había tenido con la denunciante en el Ministerio del Interior.
Según la Fiscalía, Vargas se desempeñaba como asesora de Derechos Humanos y de la Dirección de Seguridad y Convivencia Ciudadana del Ministerio. En ese contexto, de acuerdo con el ente acusador, se habría generado un vínculo de confianza entre la denunciante y Cancino.
Por estos hechos, la Fiscalía imputó el delito con la circunstancia de agravación correspondiente. La conducta tiene una pena base de entre 8 y 16 años de prisión y, con el agravante planteado por el ente acusador, la pena podría estar entre 10 y 24 años, en caso de una eventual condena.
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Durante la audiencia de imputación, Diego Cancino no aceptó los cargos. El proceso penal continuará y será la justicia la encargada de determinar, con base en las pruebas, si existe responsabilidad penal por los hechos investigados.
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