La madrugada de este domingo, 9 de febrero, se registró un trágico hecho de intolerancia que cobró la vida de Miguel Antonio Figueroa Sandoval, reconocido comerciante como 'Miguelón', en la intersección de la avenida Santander con calle 15 del municipio de San Gil.De acuerdo con testimonios de sus allegados, la víctima se encontraba compartiendo con cuatro amigos en un apartamento, cuando decidió salir a dar una vuelta por la zona conocida como La Isla. En el trayecto de regreso, aproximadamente a las 3:00 de la mañana, tuvo un altercado vial con dos motocicletas que derivó en una fuerte discusión. En una de las motos se desplazaban dos mujeres, mientras que en la otra iban los presuntos agresores.El enfrentamiento verbal se intensificó antes de llegar al sector de la estación de servicio Los Bayona. Según relatos de testigos, los ocupantes de la motocicleta interceptaron la camioneta en la que se movilizaban el comerciante y sus amigos, increpándolos y obstruyendo su paso. La situación se tornó violenta cuando el conductor del vehículo y sus acompañantes descendieron del automotor para tratar de calmar la confrontación.En ese momento, uno de los hombres de la motocicleta, de nacionalidad venezolana, atacó con un arma cortopunzante a Miguel Antonio, asestándole tres heridas, una de ellas letal en la zona de la clavícula. La víctima, gravemente herida, intentó regresar a la camioneta, pero perdió la conciencia y falleció en el lugar. Uno de sus amigos también resultó lesionado en el brazo y fue trasladado a la clínica de San Gil para recibir atención médica.Las autoridades fueron alertadas de inmediato, y la Policía Nacional, mediante la activación del “Plan Candado”, logró capturar en flagrancia a los presuntos responsables del crimen, identificados como Jairo José Aponte Alcalá y José Nazareth Añanguro Aponte. Ambos serán presentados ante la justicia para responder por los delitos de homicidio y lesiones personales.Este crimen ha generado conmoción en la comunidad sangileña, que lamenta la pérdida de un ciudadano reconocido y respetado. Por eso, en una veltaón realizada en la noche del domingo, exigieron justicia y pidieron a la Alcaldía de San Gil que elabore estrategias de seguridad para prevenir nuevos hechos de inseguridad.
En una nueva acción conjunta entre la Alcaldía de Bucaramanga y Migración Colombia, tres ciudadanos venezolanos con antecedentes judiciales fueron deportados este miércoles tras comprobarse su vinculación a actividades delictivas.El alcalde Jaime Andrés Beltrán confirmó la medida a través de su cuenta en la red social X, donde aseguró que los ciudadanos presentaban anotaciones por tráfico de drogas, porte de armas blancas e irrespeto a la autoridad."A la ciudad la hacemos respetar, quien no se acomode a las leyes, se tendrá que ir", afirmó el mandatario en su publicación.La medida hace parte de una estrategia de tolerancia cero frente a la delincuencia extranjera en la ciudad. En las últimas semanas, las autoridades locales han intensificado los operativos de control migratorio y verificación de antecedentes judiciales, con el objetivo de reducir los índices de criminalidad y garantizar el cumplimiento de la normatividad vigente."Nosotros venimos con esto desde desde que inició la administración de nuestro alcalde, Jaime Andrés Beltrán, hace ya un año y dos meses iniciamos con este proceso de las personas que están incumpliendo, las personas que están causando esos orden y que están y que participan en varios o muchos delitos aquí en la ciudad. Ese proceso lo lleva directamente Migración Colombia. Hemos tenido casos de personas que han destruido el sitio", explicó el coronel en retiro Gildardo Rayo, secretario del Interior de Bucaramanga, explicando sobre el por qué los deben mantener esposados.Bucaramanga, una de las ciudades con mayor presencia de población venezolana en Colombia, enfrenta desafíos constantes relacionados con la convivencia y la integración de esta comunidad. Hasta el momento, han sido deportados 80 venezolanos por incumplir con las leyes colombianas. Las autoridades han reiterado que estas medidas no buscan estigmatizar a la población migrante, sino actuar contra quienes violan las leyes.El proceso de deportación de los tres ciudadanos se llevó a cabo bajo estrictos protocolos legales y fue supervisado por funcionarios de Migración Colombia.
En horas de la tarde del pasado jueves, un atentado sicarial conmocionó a los habitantes del barrio San Francisco, en Bucaramanga. El hecho ocurrió hacia las 4:50 de la tarde, en la carrera 22 con calle 16, donde un hombre de 60 años fue atacado con arma de fuego.La víctima, identificada como Jesús Monsalve Sánchez, natural de Rionegro, Santander, recibió varios impactos de bala mientras se encontraba sentado frente a un establecimiento comercial. Según el reporte oficial de la Policía Metropolitana, los disparos afectaron zonas críticas de su cuerpo, incluyendo la región temporal derecha, la mejilla derecha, el parietal izquierdo y el tórax.Testigos del hecho alertaron a las autoridades, quienes llegaron al lugar y trasladaron al herido al Hospital Universitario de Santander en un taxi de placas XVV745. A pesar de los esfuerzos del personal médico, Monsalve Sánchez fue declarado muerto minutos después de su ingreso, alrededor de las 5:05 de la tarde.De acuerdo con el relato de testigos y el informe policial, los presuntos agresores eran dos hombres que se movilizaban en una motocicleta XTZ de color azul. El conductor vestía un saco rojo, jeans negros y casco negro, mientras que el parrillero, quien habría ejecutado el ataque, llevaba un buzo blanco, pantalón beige y un casco rojo con negro.En el lugar de los hechos, las autoridades hallaron cámaras de seguridad que podrían contener evidencia clave para esclarecer el crimen. El equipo de investigación de la Sijín realizó la inspección técnica del cadáver y recolectó información mediante labores de vecindario y activación de fuentes humanas.Aún se desconocen los móviles del homicidio, y la Policía Metropolitana ha pedido la colaboración de la ciudadanía para aportar información que permita dar con los responsables de este hecho violento.En lo que va de este 2025 se han registrado 14 asesinatos en Bucaramanga y el área.
En un caso que ha generado indignación en el área metropolitana de Bucaramanga, quedó en libertad el conductor de 32 años implicado en la muerte del ciclista Luis Alfredo Santos Villamizar, de 63 años, ocurrida el pasado domingo, 19 de enero, en la autopista Floridablanca - Piedecuesta, cerca de la entrada a Ruitoque bajo.De acuerdo con las autoridades, la liberación se fundamentó en la inexistencia de flagrancia al momento de su captura, puesto que el conductor huyó del lugar del accidente y fue detenido posteriormente. En consecuencia, no se cumplió con los requisitos legales para presentarlo de manera inmediata ante la Fiscalía, lo que impidió su judicialización en el acto.Cabe recordar que el conductor también se negó a realizarse la prueba de alcoholemia tanto en el lugar del siniestro como en Medicina Legal. Ante esta negativa, la legislación vigente presume automáticamente un grado tres de alcoholemia, lo que agrava las circunstancias del caso. Sin embargo, pese a esta presunción y a las evidencias registradas, el hombre no fue privado de la libertad mientras avanza la investigación penal.El accidente ocurrió a las 6:00 a.m. del pasado domingo cuando Santos Villamizar, un ciclista aficionado y taxista reconocido por su pasión por este deporte, realizaba su habitual recorrido. El ciclista fue embestido por un Chevrolet Spark, en el que viajaban dos hombres, de 32 y 37 años. Testigos señalaron que el conductor, tras el impacto, aceleró y huyó del lugar sin prestar ayuda a la víctima, quien falleció en el sitio.Las autoridades capturaron después al presunto responsable gracias a las denuncias y videos que mostraban las condiciones del vehículo implicado, con evidentes daños en su parte frontal. No obstante, la falta de flagrancia y los presuntos vacíos en el procedimiento legal derivaron en su liberación.El proceso judicial sigue su curso para determinar la responsabilidad penal del conductor en la muerte de Luis Alfredo Santos Villamizar, mientras que la comunidad en general y los allegados a la víctima exigen justicia.
En las últimas horas se entregó a las autoridades Víctor Castañeda, el hombre que intentó asesinar a su expareja sentimental frente a sus hijos de apenas 6 y 7 años en el municipio de Cogua, con un machete. Una fiscal de la Seccional Cundinamarca le imputó el delito de tentativa de feminicidio agravado, por lo que fue enviado a la cárcel luego de aceptar cargos.Este hombre es responsable de atacar con machete a su expareja, identificada como Laura Katherine Moreno, cuando se encontraba con los niños en un sector conocido como el Alto de la Cruz, hecho que quedó grabado en videos de cámaras de seguridad en el sitio. Tras el violento ataque, el agresor huyó en una moto, mientras la víctima era trasladada a un hospital por la gravedad de las heridas.Posteriormente, Medicina Legal estableció una incapacidad de 45 días provisionales a la víctima y se informa que por su severidad y la gran perdida de sangre que llevaron al shock hipovolémico, las lesiones descritas pusieron en riesgo la vida de la mujer, en caso de no haber recibido atención medico oportuna y adecuada.De acuerdo con la investigación, el hombre y la mujer sostuvieron una relación sentimental cuatro años en los cuales convivieron y tuvieron dos hijos, en donde este hombre la golpeaba constantemente con puños patadas demás objetos contundentes, la ahorcaba, la insultaba, le quemaba las cosas y la amenazaba de muerte, señalándole que si no era de él no iba a ser para nadie más.
Hasta el municipio de La Plata, en el Huila, se trasladaron investigadores de la Sijín y del CTI de la Fiscalía, quienes hicieron efectiva la captura de Luis Darío Valencia, alias 'Niño Pastuso', presunto integrante de la columna Dagoberto Ramos de las disidencias de las Farc que delinque en el Cauca.Según las autoridades, alias 'Niño Pastuso' desempeñaba funciones en la organización armada ilegal relacionadas con la extorsión, el homicidio y sería uno de los responsables del asesinato de dos policías en el municipio de Nátaga, en el occidente del Huila.“Alias 'Niño Pastuso', integrante de la columna Dagoberto Ramos de las Farc, fue capturado mientras pretendía pasar las fiestas navideñas en el municipio de La Plata, Huila. Esta persona era clave en las finanzas y en las acciones delincuenciales del grupo armado, ejecutando extorsiones, homicidios selectivos y trabajos de inteligencia en Huila y Cauca”, dijo el coronel Carlos Eduardo Téllez, comandante de la Policía en el departamento.El capturado, quien hacía parte del cartel de los más buscados en el Huila, deberá responder ante las autoridades judiciales por los delitos de concierto para delinquir agravado, homicidio agravado, tráfico, fabricación y porte de armas de fuego de uso privativo de las fuerzas armadas.
Uno de los fundadores del cártel de Medellín y exsocio de Pablo Escobar, Fabio Ochoa Vásquez, salió de una prisión federal estadounidense donde cumplía condena por tráfico de cocaína y fue deportado de regreso a Colombia en las últimas horas.Su historial criminalJunto con sus hermanos Jorge y Juan David se alió con Pablo Escobar, líder del desarticulado cártel cocainero que fue abatido el 2 de diciembre de 1993 por la policía colombiana.Fabio Ochoa se entregó a la justicia colombiana en 1990 al amparo de una ley especial emitida por el gobierno del entonces presidente César Gaviria (1990-94), que contemplaba rebaja de penas y la no extradición para los criminales que claudicaran, confesaran sus delitos y delataran a sus socios.Quedó en libertad en 1996 tras purgar una condena de casi seis años en la cárcel de alta seguridad de Itagüí, próxima a Medellín.Su vidaFabio Ochoa, el menor de los hermanos Ochoa y uno de los más cercanos colaboradores de Pablo Escobar durante la época dorada del Cártel de Medellín, ha tenido una trayectoria marcada por el crimen, la captura y la esperanza de redención. En los años ochenta, Fabio Ochoa se destacó como uno de los hombres más ricos del mundo al lado de Escobar. Junto con sus hermanos, Juan David y Jorge Luis, formó parte fundamental del cártel, copando las rutas del narcotráfico en Estados Unidos y dejando una estela de riqueza y violencia. Justicia en Estados UnidosSin embargo, volvió a ser arrestado en octubre de 1999 en el marco de la multinacional "operación Milenio" que permitió detener a decenas de presuntos capos del narcotráfico.Fue extraditado a Estados Unidos. En agosto de 2003 fue condenado en Miami a 30 años y cinco meses de cárcel y al pago de una multa de 25.000 dólares al ser declarado culpable de participar en una organización que ingresó un promedio de 30 toneladas mensuales de cocaína al país entre diciembre de 1997 y octubre de 1999.Varios miembros de la organización testificaron contra Ochoa tras llegar a un acuerdo con la fiscalía estadounidense.El 97% de la cocaína que entra en Estados Unidos procede de Colombia.Escuche aquí el informe:
Una jornada violenta durante el fin de semana en Santander cobró la vida de tres personas en hechos ocurridos en Barrancabermeja y Bucaramanga. Las autoridades adelantan investigaciones para esclarecer los móviles de estos crímenes que han generado alarma en las comunidades locales.Primer casoLa Policía Nacional reportó el asesinato de Diego Andrés Barrios Arrieta, de 25 años, en la zona rural de Barrancabermeja. El hecho ocurrió el pasado 22 de diciembre, cuando la víctima, quien se dedicaba a prestar dinero, fue interceptada mientras se desplazaba en su motocicleta.Según las primeras versiones, dos hombres lo atacaron a disparos. Uno de los agresores vestía una camiseta alusiva al equipo Deportes Tolima, detalle que podría ser clave en la investigación. Barrios fue trasladado de inmediato a la clínica Magdalena por la Policía, pero falleció debido a la gravedad de las heridas.Las autoridades informaron que han iniciado un completo despliegue investigativo que incluye la revisión de cámaras de seguridad, entrevistas a posibles testigos y el análisis de evidencias recolectadas en el lugar de los hechos. Hasta el momento, los móviles del crimen permanecen bajo investigación.Segundo casoHoras más tarde, en el barrio Primero de Mayo de Barrancabermeja, fue ultimado a tiros Barayan Mendoza. Según el reporte policial, Mendoza había sido capturado en junio pasado durante un allanamiento en el que le fueron incautadas dos armas de fuego. Hace apenas seis días había salido de un centro de reclusión tras cumplir una medida judicial.Este caso ha generado especulaciones entre los residentes, quienes no descartan que el asesinato esté relacionado con actividades delictivas previas de la víctima. Las autoridades trabajan en líneas de investigación que puedan conectar estos eventos con redes criminales locales.Tercer casoEn Bucaramanga, un hombre identificado como Jane Gutiérrez fue asesinado en el sector de Bavaria II, en el norte de la ciudad. Los hechos ocurrieron mientras la víctima, quien se encontraba bajo los efectos del alcohol, fue atacada por dos hombres que se movilizaban en una motocicleta.Uno de los presuntos agresores fue capturado en el lugar y fue identificado como Luis Francisco Caballero. Las autoridades no han revelado detalles adicionales sobre el móvil del crimen, pero adelantan las investigaciones para determinar si el ataque estuvo premeditado o si se trató de un hecho aislado.
Condenan a cuatro ex empleados del Metro de Medellín por corrupción. Según la Fiscalía, los procesados defraudaron, en 200 millones de pesos, el sistema masivo de transporte con recargas que nunca entraron al sistemaSe trata de los hermanos Andrés Felipe y Valentina Umaña Tobón, así como Sergio Alexánder Ortiz Raigoza y Julieth Zapata Duque, a quienes un juez de conocimiento condenó a penas que oscilan entre los 7 y 11 años de prisión, por incurrir en actos de corrupción cuando desempeñaban labores como informadores - vendedores en el sistema masivo de transporte.Según reveló la Fiscalía, los procesados alteraron el sistema informático de recargas de tarjetas, lo que les permitió apropiarse de 214’ 354.875 de pesos, inconsistencias que fueron detectadas durante una auditoría interna de la empresa, que probó que estos hechos ocurrieron entre junio de 2018 y agosto de 2019.En su momento, el CTI adelantó un allanamiento y registro en el que se incautaron 228 tarjetas y más de 3 millones de pesos en efectivo.Tras ser encontrados responsables de los delitos de concierto para delinquir, peculado por apropiación y obstaculización ilegítima de sistemas o redes de comunicación, cada uno de los condenados deberá pagar una multa equivalente a 150 salarios mínimos mensuales legales vigentes, para la época de los hechos. Esta sentencia fue apelada por la defensa de los procesados ante la Sala Penal del Tribunal Superior de Medellín.Frente a la decisión, el Metro de Medellín emitió un comunicado en el que argumenta que “una vez identificado el modus operandi de estas personas, la empresa emprendió acciones judiciales con el fin de evitar que los hechos ocurridos hace más de 6 años se repitan, instaurando la respectiva denuncia de los presuntos delitos mencionados”. A su vez, se inició el respectivo proceso disciplinario contra dichos funcionarios, aseguró la compañía paisa.
En una visita pedagógica con estudiantes a una cárcel de Antioquia, fue capturado un ex juez y docente de una institución de educación superior de Medellín, por el delito de prevaricato.Todo comenzó durante una jornada del consultorio jurídico Regional al municipio de La Ceja, oriente de Antioquia, específicamente a la Cárcel del Inpec, donde un docente fue con los estudiantes de la Corporación Universitaria Americana de Medellín.En el ingreso, al entregar los documentos, el docente asignado Héctor Constantino Salazar Jiménez, asesor del Área de Derecho Penal y ex juez penal de Control de Garantías y promiscuo de los municipios de La Unión y Sonsón, fue detenido por personal de la Policía Nacional allí mismo en la cárcel y dejado a disposición del Juez 3 Penal de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Antioquia, que lo requería por un proceso por prevaricato, luego de una denuncia de un fiscal.La detención, según se pudo establecer, se dio por cuenta de una pena impuesta hace ya algunos años, situación ajena a la Universidad y no conocida por la misma, ni por la Dirección del Consultorio Jurídico.El docente y asesor del Consultorio Jurídico estaba vinculado desde el 5 de agosto de 2021 hasta el momento de la materialización de la captura. Desde el año 2022 venía con un contrato de Estabilidad Reforzada por cuenta de un cáncer en el cual requirió de hospitalización y varias cirugías.Hay que recordar que el delito de prevaricato se comete cuando un servidor público, como un juez o autoridad, toma una decisión arbitraria, injusta y contraria a la ley. Se trata de un abuso de autoridad que se sanciona por el derecho penal.