Un enérgico rechazo y una profunda preocupación en el sector empresarial de Santander ha generado el reciente atentado sicarial perpetrado en contra del empresario Yousseff Charlie Najm Garzón, miembro de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Bucaramanga.El ataque, ocurrido en pleno centro de la capital santandereana, motivó un pronunciamiento de la Federación Nacional de Comerciantes, Fenalco; así como de la Cámara de Comercio de Bucaramanga, que exigen garantías efectivas de seguridad y justicia ante una escalada de violencia que amenaza el progreso regional.La Cámara de Comercio de Bucaramanga, junto a su presidente ejecutivo y colaboradores, rechazó categóricamente estas acciones que calificaron de violentas y aleves. La entidad gremial manifestó su total solidaridad con los familiares de Najm Garzón, elevando oraciones por su pronta recuperación en el Hospital Universitario de Santander, donde permanece con pronóstico reservado. Asimismo, la institución instó a las autoridades para avanzar con eficacia en las investigaciones criminales correspondientes.Por su parte, el presidente nacional de Fenalco, Jaime Alberto Cabal, se sumó a las voces de repudio por el hecho en el que también resultó herido Eymar David Prieto Ascanio. Cabal envió un mensaje de fortaleza a Charlie Joussef Najm, padre de la víctima y vicepresidente de la Junta Directiva de Fenalco Santander. El dirigente gremial advirtió que este lamentable suceso constituye una nueva alerta sobre las condiciones de seguridad en Colombia, enfatizando que la tranquilidad colectiva debe ser una prioridad nacional.En las últimas horas la Policía Metropolitana de Bucaramanga confirmó la aprehensión de un menor de 17 años, conocido con el alias “Chucky”, presunto integrante de la estructura criminal “Los del Sur” y señalado como uno de los autores materiales del atentado. El operativo incluyó además la captura de tres adultos y la incautación del arma de fuego que presuntamente fue utilizada en el ataque.Las autoridades expresaron que la primera hipótesis que se maneja es que el ataque estaría vinculado a una situación personal que se habría presentado días atrás y que derivó en la acción criminal.
La Policía Metropolitana de Bucaramanga confirmó la aprehensión de un menor de 17 años, conocido con el alias de “Chucky”, señalado de ser uno de los presuntos responsables del atentado sicarial contra el empresario Yousseff Najm, vicepresidente de la junta directiva de la Cámara de Comercio de Bucaramanga.Los hechos ocurrieron en la tarde del martes en un parqueadero ubicado en la carrera 17 con calle 41, en pleno centro de la capital santandereana. Según las autoridades, dos hombres llegaron al lugar y uno de ellos ingresó al establecimiento para disparar en repetidas ocasiones contra dos personas que se encontraban en el interior.Tras el ataque, Najm resultó gravemente herido y fue trasladado al Hospital Universitario de Santander, donde fue sometido a una delicada intervención quirúrgica. Su estado de salud continúa siendo de pronóstico reservado. En el atentado también resultó lesionado otro hombre.El comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, brigadier general William Quintero, indicó que la rápida reacción investigativa permitió identificar a uno de los agresores mediante el análisis de cámaras de seguridad y labores de inteligencia desarrolladas en las horas posteriores al atentado.“Logramos esta mañana, mediante cuatro diligencias de allanamiento y registro ordenadas por la Fiscalía General de la Nación, la aprehensión del menor y la captura de tres delincuentes más. Además, se incautó un arma de fuego que al parecer fue utilizada en este hecho criminal y prendas de vestir que serían las mismas que portaba el agresor al momento del ataque”, explicó el oficial.De acuerdo con la investigación, alias “Chucky” estaría vinculado a la estructura criminal conocida como “Los del Sur”, organización que, según la Policía, opera bajo las órdenes de los cabecillas conocidos con los alias de “Carnal” e “Italiano”.El general Quintero aseguró que el adolescente ya venía siendo investigado por su presunta participación en al menos tres casos de sicariato en Bucaramanga, aunque las autoridades estiman que podría estar relacionado con más de diez hechos violentos ocurridos recientemente en la ciudad.Las autoridades también descartaron que el atentado esté relacionado con la actividad empresarial o comercial de Jussef Najm, así como con posibles casos de extorsión. Según las primeras hipótesis, el ataque estaría vinculado a una situación personal que se habría presentado días atrás y que derivó en la acción criminal.Mientras avanza el proceso judicial contra los capturados, la Policía mantiene un operativo para ubicar al segundo sicario que participó en el atentado y esclarecer completamente las circunstancias que rodearon este caso que ha generado conmoción entre el sector empresarial y la ciudadanía bumanguesa.
Las autoridades desmantelaron a una organización delictiva señalada de facilitar el tráfico de migrantes y de ocultar las millonarias ganancias obtenidas mediante un presunto esquema de lavado de activos que habría movilizado más de 100.000 millones de pesos. La investigación permitió identificar una red que, al parecer, utilizaba empresas legalmente constituidas y diferentes maniobras financieras para dar apariencia de legalidad a los recursos provenientes de esta actividad ilícita.De acuerdo con la investigación, la estructura promocionaba supuestos paquetes turísticos para conocer el Golfo de Urabá. Sin embargo, las autoridades sostienen que estas ofertas eran utilizadas como fachada para captar ciudadanos extranjeros y coordinar, a cambio de dinero, su salida irregular del país por las costas de Necoclí, en Antioquia, y por Capurganá, Acandí y Sapzurro, en Chocó, con destino a Centroamérica.Las labores investigativas indican que por esta modalidad habrían sido trasladados de manera ilegal por vía marítima más de 800.000 migrantes provenientes de países como Afganistán, Irak, Arabia Saudita, Haití, Venezuela, Costa Rica y China, entre otros. El análisis financiero realizado por las autoridades permitió establecer ingresos superiores a 100.000 millones de pesos durante el período investigado, una parte significativa obtenida incluso durante la pandemia, cuando las actividades turísticas permanecían suspendidas.Las evidencias recopiladas señalan que gran parte de los recursos se movilizaban mediante transacciones en efectivo, la creación de empresas de transporte marítimo y fluvial utilizadas presuntamente como fachada, la adquisición de bienes muebles e inmuebles y la realización de múltiples transferencias fragmentadas en pequeños montos para dificultar el rastreo del dinero dentro del sistema financiero.En desarrollo de la operación conjunta orientada por la Fiscalía fueron capturados nueve presuntos integrantes de la organización en diligencias realizadas en Necoclí, Apartadó y Medellín. Los procesados son señalados de desempeñar diferentes funciones como accionistas, representantes legales y administradores de cinco sociedades que, según la investigación, habrían servido para encubrir la operación de traslado irregular de extranjeros y el flujo de los recursos obtenidos.Como parte de las medidas adoptadas por las autoridades también fue ocupado con fines de comiso un inmueble ubicado en Apartadó, Antioquia. Adicionalmente, fueron identificadas 25 cuentas bancarias respecto de las cuales se solicitará la imposición de medidas cautelares.
Las autoridades avanzan en la investigación de un presunto caso de abuso sexual contra tres menores de edad ocurrido en un apartamento del sector de Chicó Norte, en el norte de Bogotá. En las últimas horas, la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E. informó que los niños ya fueron sometidos a las valoraciones médicas, psicológicas y sociales contempladas en los protocolos de atención para este tipo de casos.De acuerdo con la entidad, los hermanos, de 15, 7 y 4 años, ingresaron el domingo 14 de junio a una institución de salud tras la activación de un Código Blanco, mecanismo que establece la ruta de atención para posibles víctimas de violencia sexual. “Los menores recibieron atención mediante una valoración interdisciplinaria integral, a cargo de profesionales en pediatría, psiquiatría y trabajo social. En el marco del protocolo de Código Blanco, se llevó a cabo la valoración médica general y especializada, la evaluación psicológica y psiquiátrica, la entrevista social y los exámenes médico-legales iniciales, de acuerdo con la pertinencia clínica, así como la habilitación de espacios seguros para la entrevista forense en articulación con la Fiscalía General de la Nación”, dicen en el comunicado.La Subred señaló que todas las actuaciones se desarrollaron bajo estrictos protocolos de protección de la niñez, garantizando la confidencialidad de la información y evitando cualquier forma de revictimización.Los resultados de las valoraciones, que tienen carácter reservado, fueron remitidos al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), a Medicina Legal y a la Fiscalía General de la Nación, entidades encargadas de continuar con las investigaciones y determinar las medidas a seguir.Asimismo, la entidad confirmó que desde el ingreso de los menores se contó con el acompañamiento de la Defensoría de Familia del ICBF, la Policía de Infancia y Adolescencia y la Procuraduría General de la Nación.Mientras avanzan las diligencias judiciales y forenses, los tres menores permanecen bajo protección del ICBF dentro del proceso de restablecimiento de sus derechos.
Acompañada por un abogado, Yuri Manuela Gaspar, de 18 años, se presentó voluntariamente ante el CTI de la Fiscalía en Pereira y confesó el homicidio de su madre, Maryuri, ocurrido el 24 de noviembre de 2025 en una vivienda del barrio Puerto Nuevo, de Dosquebradas, Risaralda.Durante las audiencias preliminares, la joven aceptó el cargo de homicidio agravado imputado por la Fiscalía y suscribió un preacuerdo con el ente acusador, mecanismo que le permitiría acceder a una rebaja de hasta el 50 % de la pena. De ser avalado por un juez de conocimiento, enfrentaría una condena cercana a los 200 meses de prisión, equivalentes a unos 16 años y medio.Según la Fiscalía, los hechos ocurrieron hacia la 1:00 de la madrugada, luego de una discusión relacionada con la clave del servicio de internet de la vivienda. La investigación señala que la madre se negó a suministrarla debido a que la joven no había cumplido con algunas responsabilidades del hogar.El ente acusador indicó que, tras la discusión, Yuri Manuela ingresó a la habitación donde su madre descansaba y la atacó con un cuchillo. La víctima recibió cinco heridas: dos en el abdomen, una en la espalda y dos en un antebrazo. Durante la audiencia, la procesada manifestó que no recordaba con precisión las zonas donde lesionó a su madre, aunque admitió su responsabilidad en el crimen.La Fiscalía también expuso que la joven dañó el módem de internet de la vivienda en medio del episodio. Otro hijo de la víctima intervino para detener la agresión. Aunque Maryuri recibió atención médica, los profesionales de la salud confirmaron su fallecimiento.El caso quedó ahora en manos de un juez de conocimiento, quien deberá decidir si aprueba el preacuerdo alcanzado entre la Fiscalía y la procesada antes de emitir la sentencia correspondiente.
En un operativo de la Policía en Buenaventura, fue capturado alias 'Leison', señalado como uno de los presuntos responsables del homicidio de dos turistas en este puerto del Pacífico. La acción se realizó en el sector de La Bocana, donde las autoridades también detuvieron a otras dos personas y aprehendieron a un menor de edad, todos presuntamente integrantes del grupo delincuencial 'Los Shottas'.Según la investigación, alias 'Leison' habría participado en la desaparición y posterior asesinato de los turistas, hechos ocurridos el pasado 18 de mayo y que generaron gran conmoción en el país. Incluso, sería la persona que aparece en videos difundidos en redes sociales, donde se observa el momento en que una de las víctimas es llevada por la fuerza.Las autoridades lograron su identificación en menos de 20 días gracias al análisis de videos, labores de inteligencia y trabajo judicial, lo que permitió avanzar rápidamente en el esclarecimiento del caso. Durante el operativo también fueron incautadas armas de largo y corto alcance, munición, una granada y varios celulares, elementos que estarían siendo utilizados por esta estructura criminal.“Este contundente resultado representa una afectación significativa a la estructura criminal Los Shottas en el sector de La Bocana, debilitando de manera directa su capacidad de control territorial. Esta organización mantenía vínculos con el GAO ELN, articulándose para el tráfico y transporte de sustancias narcóticas con destino a Centroamérica, lo que los consolidaba como uno de los principales generadores de violencia, homicidios y afectaciones a la seguridad en esta zona turística y rural de Buenaventura. Con esta acción, las autoridades avanzan de forma decidida en la recuperación de la tranquilidad y la confianza de residentes y visitantes”, dijo la general Sandra Liliana Rodríguez, comandante policía Valle. De acuerdo con la Policía, 'Los Shottas' tienen injerencia en actividades como homicidios, extorsiones y control territorial en zonas turísticas de Buenaventura, además de presuntos vínculos con el ELN para el tráfico de drogas hacia Centroamérica.
Vacías están las aulas de clases en el municipio de Soledad, luego de que los maestros se declararon en paro de 24 horas este jueves para exigir garantías de seguridad y claridad frente a las amenazas extorsivas que siguen circulando contra los colegios.Casi a diario circula un nuevo panfleto que advierte sobre ataques a estudiantes y maestros de varios colegios si no cancelan sus clases, pero lo más preocupante aún es que, según los organismos de inteligencia, estos documentos estarían siendo elaborados y difundidos por “estudiantes con graves antecedentes disciplinarios y académicos”.Lo anterior podría ser una muestra de la instrumentalización de menores por parte de las bandas delincuenciales, teniendo en cuenta los nexos que existen entre los jóvenes y estas estructuras criminales, lo cual ha sido visible en las mismas aulas de clases. Los profesores, bajo reserva de su identidad, reconocen que muchas veces sienten miedo hasta de sus propios alumnos."Nosotros tenemos estudiantes que son familiares de las bandas criminales o de los dueños de los expendios de droga. De hecho, tenemos niños que sabemos que consumen droga y llegan a los colegios drogados, pero qué hace uno frente a eso, si uno no le puede decir nada a un estudiante porque nos da miedo que conspiren contra uno", expresó un docente.Las autoridades afirman que ya están avanzando en el proceso de “individualización, judicialización y captura de los responsables”, al tiempo que la Policía y el Ejército mantendrán la presencia en las calles y entornos escolares.A su vez en los colegios hoy se están izando banderas blancas en señal de rechazo a los panfletos y como recordatorio de que la escuela es y debe seguir siendo territorio de paz.
Luego de conocerse la captura en Medellín de la reconocida influencer 'Valentina Mor', señalada de robar a turistas extranjeros en la capital antioqueña, las mismas autoridades en la ciudad dieron a conocer un video exacto del momento en el que la mujer fue capturada en un apartamento del barrio Laureles.De acuerdo con el video compartido por autoridades, fueron dos policías mujeres las que, además de leerle el número de la orden de captura, terminaron por sacarla del recinto. Lo curioso fue que, en medio del proceso, la capturada -tal y como se aprecia en el video suministrado, preguntó "¿O sea, me va a llevar detenida?"-Por esto capturaron a 'Valentina Mor' en MedellínLa captura de la reconocida influenciadora se produjo, según detallaron, en un operativo conjunto entre Policía Metropolitana del Valle de Aburrá y la Fiscalía General de la Nación. La mujer era requerida mediante orden judicial por el delito de hurto calificado y agravado. Además, indicaron que estaría involucrada en varios casos de robo ocurridos en Medellín, pero también en la ciudad de Cartagena.En el caso puntual del delito presuntamente cometido en la capital antioqueña, la influencer habría cometido el robo al interior de un apartamento turístico de corta estancia, según las autoridades. La víctima de este caso denunció el hurto de cerca de un millón de pesos colombianos, 3.000 dólares, varios relojes de lujo y unas gafas de marca, elementos que hacían parte de sus pertenencias personales.Durante la diligencia de allanamiento y registro en Laureles, los investigadores encontraron las gafas reportadas como hurtadas, hecho que fortaleció el material probatorio contra la mujer capturada. En el mismo operativo fueron capturadas otras tres personas requeridas por homicidio, extorsión y delitos internacionales.
La Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes abrió una indagación previa contra el presidente Gustavo Petro, tras la revelación de un audio atribuido a alias ‘Pipe Tuluá’, cabecilla de la banda criminal “La Inmaculada”, en el que supuestamente afirma haber entregado recursos a la campaña Petro Presidente 2022.“Señala los audios publicados que presuntamente alias ‘Pipe Tuluá’ contaría con supuestas pruebas de los dineros entregados, como videos, audios y soportes de consignaciones. Adicionalmente, se indica que alias ‘Pipe Tuluá’ también habría señalado que los dineros no solo se habrían destinado a la campaña presidencial, sino también a otros asuntos relacionados con la DIAN y que esas pruebas serían entregadas a las autoridades de Estados Unidos”, se lee en el auto de la Comisión de Acusación.Por esta razón, se ordenó la práctica de pruebas para profundizar en el caso. “Para el logro de los fines previstos en la etapa de investigación previa, este despacho ordena lo siguiente: 1. Oficiar, a través de la Secretaría de la Comisión Legal de Investigación y Acusación, a la Fiscalía General de la Nación para que, con destino a esta investigación: 1.1. Informen y entreguen copia de las actuaciones, investigaciones, noticias criminales, procesos, preacuerdos, condenas, solicitudes de extradición, informes de policía judicial y demás documentos que cursen o hayan cursado en contra de alias ‘Pipe Tuluá’, especialmente aquellos relacionados con la estructura criminal denominada ‘La Inmaculada’, financiación de actividades ilícitas, lavado de activos, narcotráfico, extorsión, concierto para delinquir, corrupción, pagos a terceros, vínculos con funcionarios públicos o contactos con personas relacionadas con campañas políticas”, se lee en el documento.
Hace unas semanas, en el Palacio de Justicia, hubo una reunión de alto nivel entre el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Mauricio Lenis; el ministro de Justicia, Jorge Iván Cuervo; y el director del INPEC, el coronel Daniel Gutiérrez, para hablar sobre el hacinamiento en los centros transitorios de reclusión. De esa reunión se acordó una serie de puntos para hacerle frente a esa problemática. Uno de esos fue que, mes a mes, debían trasladarse al menos 600 privados de la libertad desde las estaciones de Policía hacia distintos centros penitenciarios.Blu Radio tuvo acceso a unos documentos que dan cuenta de que, si bien esos acuerdos se están cumpliendo, las cifras de hacinamiento siguen siendo preocupantes para el sector de la justicia. De acuerdo con un informe actualizado, con corte al 8 de abril de 2026, el sistema penitenciario colombiano registra una capacidad para 81.025 personas privadas de la libertad, pero actualmente alberga a 102.615 internos, lo que representa una sobrepoblación de 21.590 personas y un hacinamiento del 26,65 %.Según el informe, el promedio mensual de ingresos al sistema penitenciario es de 3.501 personas, de las cuales cerca de 2.023 corresponden a sindicados y 1.479 a condenados. El reporte advierte, además, que más de 1.500 extranjeros permanecen recluidos en instalaciones policiales, mientras que al menos 82 mujeres privadas de la libertad son madres de niños menores de tres años, están en periodo de lactancia o en estado de gestación.Incluso, estos datos apuntan a que, durante la vacancia judicial entre diciembre de 2025 y enero de 2026, se registró un incremento de 152 personas condenadas en centros de detención transitoria, pasando de 341 a 493 casos. Además, el INPEC aseguró que sigue siendo bajo el otorgamiento de medidas sustitutivas de prisión domiciliaria.
La reducción de la jornada laboral en Colombia sigue siendo uno de los cambios más importantes en las relaciones entre trabajadores y empresas. La medida tiene como objetivo disminuir las horas de trabajo semanales sin afectar el salario de los empleados, por lo que las empresas ahora deben ajustar sus horarios y procesos para cumplir con la normativa.El cambio corresponde a la Ley 2101, que establece una reducción gradual de la jornada máxima laboral en el país. La aplicación inició con una disminución progresiva hasta llegar a las 42 horas semanales, reemplazando el límite anterior de 48 horas.Este ajuste lleva a que las empresas deban revisar la manera en la que distribuyen los turnos y las cargas laborales, especialmente en sectores donde la operación depende de horarios extendidos o atención permanente al público.Reducción laboral obliga a hacer estos cambiosUno de los principales cambios que deben implementar las empresas está relacionado con la reorganización del tiempo laboral. Es decir, la reducción de horas no significa que los empleados reciban menores salarios ni que se reduzcan sus funciones automáticamente.Las compañías tendrán que analizar sus esquemas internos para garantizar el cumplimiento de las horas establecidas sin afectar la productividad. Entre los ajustes que pueden realizar están:Redistribuir los horarios de entrada y salida de los empleados.Modificar turnos de trabajo según las necesidades de cada área.Optimizar procesos internos para mantener la operación.Revisar la asignación de tareas y responsabilidades.El objetivo es que la disminución de la jornada no genere sobrecargas laborales ni obligue a los empleados a compensar las horas reducidas con mayor presión durante el tiempo restante.Empresas deben mantener el salarioUno de los elementos que más dudas genera entre trabajadores y empleadores es el impacto económico del cambio. De acuerdo con la norma, la reducción de la jornada laboral no puede ser una razón para disminuir el salario.Es decir, los empleados seguirán recibiendo el mismo pago por sus labores a pesar de la reducción de horas trabajadas. Además, las empresas deberán mantener las condiciones laborales establecidas en los contratos vigentes.La medida busca que Colombia avance hacia modelos laborales con mayor equilibrio entre la vida personal y profesional, siguiendo tendencias internacionales relacionadas con la productividad y el bienestar de los trabajadores.Sin embargo, no se trata únicamente de la reducción de horas, pues también se deben tener en cuenta aspectos como el pago de horas extras, recargos nocturnos y dominicales, ya que estos cálculos dependerán de la nueva jornada máxima permitida.Norma propone un cambio en la organización del trabajoLa implementación de esta norma representa un reto para diferentes sectores económicos, especialmente aquellos que funcionan con atención continua como comercio, servicios, salud, transporte e industrias.Aunque algunas compañías ya han adelantado ajustes, otras deberán acelerar sus procesos de adaptación para evitar incumplimientos laborales. La recomendación para los empleadores es revisar contratos, horarios y sistemas de control de tiempo para ajustarse a las nuevas reglas.Con esta reducción progresiva, el país busca transformar la relación laboral y promover una jornada más equilibrada, mientras las empresas enfrentan el desafío de mantener su eficiencia con una nueva distribución del tiempo de trabajo.
La lucha contra el crimen organizado sumó un nuevo capítulo simbólico en Medellín con la entrega de una lujosa propiedad que alguna vez estuvo en la órbita del Cartel de Pablo Escobar y que, desde ahora, será utilizada por el Gaula Militar para fortalecer las operaciones contra el secuestro y la extorsión.El inmueble, ubicado en el exclusivo sector de El Poblado, deja atrás su pasado ligado a una de las organizaciones criminales más poderosas de la historia del país para convertirse en un activo al servicio de la seguridad.La entrega fue realizada por la Sociedad de Activos Especiales (SAE) como parte de una estrategia conjunta con el Ministerio de Defensa para recuperar bienes provenientes de economías ilícitas y destinarlos al fortalecimiento de la Fuerza Pública.La propiedad, de 1.798 metros cuadrados construidos, hacía parte de los procesos de extinción de dominio relacionados con los hermanos Galeano y Moncada, considerados piezas fundamentales de la estructura financiera del Cartel de Medellín y estrechos aliados de Escobar durante los años de mayor poder de esa organización narcotraficante.Amelia Pérez, presidenta de la SAE, destacó que con esta decisión, el Estado busca resignificar espacios que durante décadas representaron el enriquecimiento producto del narcotráfico y convertirlos en herramientas para combatir precisamente al crimen."Ser utilizado para beneficio del país y qué más que a través de ustedes. Esperamos sea bien aprovechado, que sea bien utilizado en todo lo que ustedes saben hacer para evitar tantas extorsiones, tantos hechos que afectan a esta sociedad", dijo la directiva.Aparte de este bien en la capital antioqueña, la entidad del Gobierno nacional también entregó otros dos inmuebles en Cúcuta y Cali. En la capital nortesantandereana fue recuperada una propiedad de más de 3.500 metros cuadrados que perteneció a la estructura criminal de Henry Carrillo Ramírez, alias ‘Barriga’, señalado como cabecilla de una red transnacional de narcotráfico.Por su parte, en Cali, el Estado puso al servicio de las autoridades una vivienda de tres niveles vinculada a procesos de extinción de dominio contra Helmer Herrera Buitrago, alias ‘Pacho Herrera’, uno de los máximos jefes del Cartel de Cali.
Ariana Tirado es una joven venezolana que vive en el barrio Villa Estadio del municipio de Soledad, en el Atlántico. En esta coyuntura trágica para su país, su historia tuvo un final feliz cuando se enteró de que su hermano, Gustavo Tirado, no murió en el terremoto del pasado miércoles en Venezuela, que afectó gravemente la ciudad de La Guaira, donde se encontraba.Fueron más de dos días los que vivieron Ariana y su madre sin saber nada de su hermano. Contó que las comunicaciones eran casi imposibles; sin embargo, pudo contactarse con algunos vecinos en La Guaira que le dijeron que Gustavo estaba bien, pero no lograban escucharlo a él de viva voz.“Fue una sensación de alivio muy grande, pasamos más de 48 horas sin saber nada de él y por fin este sábado en la madrugada pudimos hablar telefónicamente y nos contó que estaba bien. Estábamos desesperados. Mi hermano vivía en un conjunto residencial que, afortunadamente, no se vino abajo totalmente, pero sí quedó inhabitable. Varios vecinos quedaron heridos y mi hermano ayudó a sacar a varios. Todos los residentes sobrevivieron”.Pese a que su hermano apareció, la joven cuenta que son muchas las personas cercanas y amistades que siguen perdidas entre los escombros, como la señora Celeste Adriana Pérez Landaeta, quien, según describe, estaba en la residencia Costa Azul, en la ciudad de La Guaira.Por último, Ariana agradeció a todos los barranquilleros y colombianos que se han sumado a la campaña de solidaridad, pero hizo énfasis en que ahora lo que más necesitan sus compatriotas, por las conversaciones que ha tenido con familiares y amigos, son insumos médicos para atender a la gran cantidad de heridos que llegan a los hospitales.
Siguen los pronunciamientos institucionales tras las declaraciones de los últimos días del concejal de Medellín, Andrés Felipe Rodríguez, quien lanzó una polémica propuesta al Gobierno nacional electo a raíz de los resultados de los comicios del pasado 21 de junio.Quien más recientemente lo hizo fue la Defensoría del Pueblo, quien afirmó que los discursos que promueven violencia contra territorios y comunidades por sus decisiones políticas son incompatibles con la democracia. Esto, a propósito de la solicitud del corporado de iniciar fumigaciones contra cultivos ilícitos y bombardeos en municipios antioqueños donde aumentó considerablemente la votación por Iván Cepeda entre la primera y segunda vuelta presidencial.Rordíguez se refirió específicamente al municipio de Campamento, Norte de Antioquia, donde días previos a los comicios se levantaron alertas por presuntos constreñimientos de las disidencias de las Farc."No nos vamos lejos, Campamento. Pasó de 400 votos por Iván Cepeda a 2.500 y todos sabíamos las alertas que habían en el municipio de Campamento de las amenazas de las Farc para que votaran por Iván Cepeda. Podemos arrancar las fumigaciones por ahí, podemos arrancar los ataques del Ejército y la Policía por ahí", declaró el corporado druante una sesión plenaria el apsado 23 de junio. Por este tipo de declaraciones la Defensoría del Pueblo le pidió al concejal Rodríguez retractarse de estas declaraciones, al mismo tiempo que anunciaron la remisión de una petición a la Fiscalía General para que investigue si las palabras del concejal constituyen algún tipo de conducta delictiva.“Señalar territorios como objetivos militares por sus decisiones democráticas, constituyen un discurso incompatible con el Estado social y democrático de derecho. Desconoce la dignidad humana y ponen en riesgo la vida, la integridad y la seguridad de millones de colombianos y colombianos”, dijo la Defensoría remarcando que el ejercicio de un cargo de elección popular no constituye una autorización para promover discursos de odio.
Las autoridades colombianas dieron un nuevo golpe contra el crimen transnacional con la captura en Medellín de uno de los delincuentes más buscados por la justicia chilena.Se trata del ciudadano venezolano Eduardo Antonio Gómez Arévalo, conocido como 'Guayo', señalado de integrar estructuras criminales responsables de homicidios y otros hechos de extrema violencia en ese país.La detención fue realizada por la Dirección de Investigación Criminal y la Interpol, luego de un trabajo de inteligencia que permitió ubicar al fugitivo en la capital antioqueña. Al momento del procedimiento, el hombre intentaba ocultar su verdadera identidad: no portaba documentación y utilizaba datos falsos con el propósito de burlar los controles migratorios y evitar ser detectado por las autoridades internacionales.Sobre alias 'Guayo' pesaba una notificación roja de Interpol emitida por la justicia chilena, quienes lo requieren para responder por una serie de delitos de alto impacto. Entre ellos figura el feminicidio de su compañera sentimental, a quien, según la investigación, habría ultimado con arma de fuego. Además, enfrenta procesos por homicidios frustrados y múltiples ataques armados que dejaron varias personas muertas y heridas.Las pesquisas también lo ubican como uno de los presuntos coordinadores de las operaciones delictivas del Tren del Coro en territorio chileno, organización señalada de ejecutar acciones violentas mediante el uso de armas de fuego de alto calibre para atacar a grupos rivales y consolidar su control criminal.Tras su captura, alias 'Guayo' quedó a disposición de la Dirección de Asuntos Internacionales de la Fiscalía General de la Nación, entidad que adelanta el trámite correspondiente mientras el Gobierno de Chile formaliza la solicitud de extradición para que responda ante la justicia por el amplio prontuario criminal que se le atribuye.
