Una prueba de ADN que nunca se practicó terminó con un juez condenado a prisión. La Corte Suprema de Justicia revocó la absolución y condenó al juez Fredy José Puche Causil a 32 meses de prisión por el delito de prevaricato por omisión, tras establecer que omitió voluntariamente una diligencia fundamental dentro de un proceso de filiación.La decisión, con ponencia del magistrado Diego Eugenio Corredor Beltrán, también le impuso una multa de 13,33 salarios mínimos, que equivalen a más de 23 millones de pesos, y una inhabilidad de 60 meses para ejercer funciones públicas. Además, ordenó la pérdida de su cargo como Juez Promiscuo de Familia de Cereté y negó que pudiera cumplir la condena bajo prisión domiciliaria.El caso comenzó en julio de 2011, cuando un ciudadano presentó una demanda de filiación extramatrimonial ante el Juzgado Promiscuo de Familia de Cereté para establecer legalmente su paternidad frente a los herederos de un hombre fallecido. En estos procesos, la Ley 721 de 2001 establece que el juez debe ordenar de oficio y garantizar la práctica de la prueba científica de ADN, por su importancia para determinar el estado civil y la personalidad jurídica.En abril de 2015, el juez abrió el proceso a pruebas y ordenó que el análisis genético se realizara mediante la exhumación del cadáver del presunto padre. El demandante cuestionó esa decisión y pidió que se tomaran muestras a familiares vivos, debido a sospechas sobre una posible alteración del cuerpo en el cementerio.El expediente regresó al despacho en marzo de 2016, pero el juez no envió los oficios a Medicina Legal ni realizó las gestiones administrativas necesarias para coordinar la exhumación. En su lugar, continuó con otras actuaciones y convocó audiencias testimoniales. Luego, en abril de 2016, cerró de manera sorpresiva la etapa probatoria sin que se hubiera realizado el examen de ADN, pese a los reclamos del afectado.En mayo de 2016, el juez dictó un fallo en contra del demandante al considerar que no había logrado demostrar su condición de hijo.Al revisar el caso, la Sala descartó que hubiera existido una imposibilidad real para practicar la prueba y señaló que el afectado solo tuvo poco más de un mes antes de que el despacho cerrara abruptamente la etapa probatoria. Para la Corte, el juez conocía plenamente su obligación y decidió voluntariamente no cumplirla.Finalmente, la Corte concluyó que, al tratarse de un delito doloso contra la función pública, la pena deberá cumplirse en un centro carcelario una vez el fallo quede en firme.
En un operativo desarrollado en el municipio de Suárez, Cauca, las autoridades capturaron a alias ‘Bladimir’ o ‘Morcilla’, señalado de integrar una red de apoyo a la estructura Jaime Martínez, vinculada a las disidencias de las Farc, al mando de alias ‘Iván Mordisco’.La captura se produjo durante una operación adelantada por tropas de la Fuerza de Despliegue Rápido N.° 5, a través del Batallón de Despliegue Rápido N.° 15, con apoyo de la Fuerza Aérea Colombiana y en coordinación con la Policía Nacional.Según información de inteligencia militar, el hombre figuraba entre los ocho más buscados del Cauca por delitos ambientales. Las autoridades habían establecido una recompensa de hasta $100 millones para quien entregara información que permitiera localizarlo y facilitar su captura.Las investigaciones señalan que ‘Morcilla’ habría tenido un papel de liderazgo en actividades de explotación ilícita de recursos naturales entre 2019 y 2023, particularmente en el sector de Minas del Socorro, dentro del Parque Nacional Natural Farallones de Cali.De acuerdo con las autoridades, estas actividades habrían generado afectaciones sobre fuentes hídricas y otros recursos naturales, además de representar una fuente de financiación para la estructura Jaime Martínez.Para el Ejército, la captura afecta la capacidad de esta organización para coordinar economías ilícitas, mantener redes de apoyo y obtener recursos para el desarrollo de sus actividades criminales en el norte del Cauca.El capturado fue dejado a disposición de las autoridades judiciales competentes, que deberán determinar su responsabilidad dentro del proceso.
Aunque se creía que se podía conocer la decisión sobre la posible medida de aseguramiento contra Miguel Quintero en el caso de presunta corrupción entre el Área Metropolitana del Valle de Aburrá y el Cuerpo de Bomberos de Itagüí, durante la audiencia se entregaron detalles que dejaron en evidencia cómo se habría gestado el supuesto entramado de corrupción.Dentro de los detalles que dio a conocer Majer Abushihab, abogado apoderado del AMVA, está que, por ejemplo, cuando estaban tratando de firmar el convenio con los Bomberos de Itagüí, un funcionario de la autoridad ambiental se convirtió en una “piedra” en el zapato para los beneficiarios de las presuntas irregularidades. Por ello, el funcionario habría sido cambiado para poder firmar los seis contratos investigados."Mensaje remitido por el señor Álvaro Villada al grupo, que dice lo siguiente, lista, gracias a mi amigo Micky, el mejor. Micky ya sabemos que es Miguel Quintero, la persona que pusieron para remover al incómodo Gustavo Londoño y que satisfaciera todos los propósitos delictivos de la estructura criminal. 2 días después, se cansaron, necesitaban su ficha y ponen a la señora Ana María Roldán", señaló. Dichos contratos, que se firmaron y que habrían generado una supuesta apropiación ilegal de más de 2.000 millones de pesos, también dejaron en evidencia las constantes irregularidades en la radicación y el pago de facturas dentro del AMVA. Estas debían enviarse hasta el día 20 de cada mes y serían pagadas el mes siguiente. No obstante, una vez Miguel Quintero y sus cercanos tomaron, según las denuncias, el poder de la entidad, se empezaron a radicar y pagar facturas sin seguir la normativa.Sin embargo, Abushihab mostró algunos testimonios en los que Misael Cadavid, excomandante del Cuerpo de Bomberos de Itagüí y quien se encuentra colaborando con la justicia, asegura que las coimas del 15 % en este presunto caso de corrupción estaban destinadas a los hermanos Quintero Calle."Me manifiesta que Miguel Quintero le había dado la indicación de que este contrato se ejecutara con el cuerpo de bomberos voluntarios de Italia. Es decir, aquí hay una instrucción, quiero detallar en el tópico de la entrega de las mal llamadas comisiones o dineros que se comprometían pactadas previamente con Álvaro Villada, que iban destinadas al clan Quintero, Miguel y Daniel Quintero, que correspondían al 15 por 100 de los contratos. Vale la pena aclarar que este 15 fue una imposición de Álvaro Villada, quien me dijo que si no era ese porcentaje, se le entregaba a otro operador los contratos", añadió.¿Mensajes hasta la cárcel para testigo clave?Y aunque el representante del AMVA, como víctima en el proceso, estuvo varias horas demostrando cuál era la relación de Miguel Quintero y sus cercanos con la presunta corrupción, también hubo tiempo para nuevos salpicados en este polémico caso, quienes, tras conocerse estos hechos, habrían ido a visitar a Misael Cadavid a la cárcel.Entre las personas nombradas está el exconcejal de Medellín Lucas Cañas, quien, al parecer, junto a Sergio Zuluaga y Óscar Santamaría, visitó al excomandante del Cuerpo de Bomberos de Itagüí para, supuestamente, enviarle mensajes de los hermanos Quintero Calle."Consultando sobre el proceso, con la idea de traer mensajes de los Quintero, Daniel y Miguel, y de Carlos Trujillo. También me visitó el abogado Edwin, de parte de Daniel Restrepo, representante a la cámara. Finalmente, he recibido ofrecimientos de parte de Sebastián Ortega, enviado por medio de terceras personas, donde me dice que me tenía un cupo en la cárcel de la estrella que costaba 400.000.000, que él ponía 200.000.000 y que yo pusiera 200.000.000", continuó.Los detalles que vinculan a Sebastián Ortega con el casoY aunque el señalado direccionador de los seis contratos, Miguel Quintero, era el foco de la solicitud de medida de aseguramiento por la presunta corrupción, el representante de víctimas pidió que Sebastián Ortega también sea cobijado con la medida, debido a su vinculación con el hermano del exalcalde de Medellín y a que, según lo expuesto en la audiencia, se habría apropiado de más de 130 millones de pesos en este caso.Según las palabras de Abushihab, Ortega estuvo presente en las supuestas irregularidades desde el primer momento e, incluso, en un momento determinado se convirtió en un hombre de confianza de Miguel Quintero, a quien, supuestamente, le entregaron dineros provenientes de la presunta corrupción entre el AMVA y los Bomberos de Itagüí."Siempre actuaron bajo la sombra, se cuidaron las manos de quedar limpios. Y era el mismo ejercicio, particulares, teniendo absoluta influencia e injerencia en entidades del estado, particularmente, no del estado, sino de la administración del señor Daniel Quintero. Él estuvo siempre en la mayoría de las reuniones, él refiriéndose al señor Sebastián Ortega. Y él siempre tenía conocimiento de las pretensiones que tenía Miguel Quintero para conmigo", prosiguió.Más contratos con coimas fuera del caso AMVA-Bomberos ItagüíA pesar de que no se tomó ninguna medida por parte del juez, hay una información más que relevante y de la cual, aunque no se dieron detalles, se desprende que Miguel Quintero y sus cercanos no solo habrían cobrado coimas en el caso investigado, sino que, por ejemplo, en un contrato habrían solicitado el 20 % de lo firmado."En efecto, en el año 2022, el convenio 199, un convenio en el que el Área Metropolitana con Acopi. Hacen unos desgloses, y cuidado acá, 20 por 100. Al contrato le sacan el 20 por 100 parte para Miguel y otra parte para el recolector, en este caso, el señor Villada, y otros compromisos", concluyó Abushihab.Mientras las autoridades correspondientes ponen la lupa sobre estas presuntas irregularidades, la audiencia por el caso del AMVA y Bomberos de Itagüí quedó aplazada para el próximo lunes, 28 de septiembre, cuando intervendrán la defensa de los involucrados y el delegado del Ministerio Público.
Una empresa no puede despedir a sus empleados en medio de un conflicto laboral escudándose en una reorganización, a menos que tenga un estudio técnico real que demuestre que esos despidos eran necesarios y no una excusa para perseguir al sindicato. Así lo definió la Corte Suprema de Justicia, luego de estudiar el caso de una empleada de un hospital público, cuyo despido declaró ineficaz y para quien ordenó el reintegro inmediato. Con esta decisión, el alto tribunal fijó un límite claro a las entidades estatales.El caso analizado por la corporación involucra a una funcionaria que ingresó en enero de 2013 como auxiliar de servicios generales al Hospital Universitario del Valle "Evaristo García" ESE. En octubre de 2016, la directiva del centro médico le notificó la terminación unilateral de su contrato de trabajo, justificando la decisión en la supresión de su cargo debido a un proceso de reestructuración administrativa.Sin embargo, al momento de la desvinculación, la funcionaria gozaba del fuero circunstancial, una protección legal que impide despedir sin justa causa a los empleados durante un conflicto colectivo. La negociación entre el hospital y el sindicato Sintrahospiclínicas, originada por un pliego de peticiones de incremento salarial, inició en diciembre de 2015 y solo concluyó en enero de 2019 con un fallo arbitral.Aunque el hospital argumentó que el recorte era vital para sanear sus finanzas y superar una crisis económica, la Corte Suprema, mediante la Sentencia SL406-2026, precisó que una reestructuración no es un cheque en blanco.“La sala diferenció dos figuras: la reorganización empresarial y la reestructuración administrativa. La primera, que busca recuperar su viabilidad económica, por sí sola no desplaza el fuero. La segunda, que persigue modificar su estructura interna administrativa, operativa o financiera para superar una crisis económica, sí puede hacerlo, pero no de manera automática. En este último caso, es indispensable que un estudio técnico demuestre, con información verificable, que la supresión del cargo sea necesaria, proporcional y ajena a fines antisindicales”, explicó el magistrado ponente Luis Benedicto Herrera Díaz.Durante el análisis probatorio, la Sala de Casación Laboral detectó graves inconsistencias en el informe presentado por el centro médico. Mientras se aconsejaba la eliminación de 495 puestos de la planta permanente, perjudicando en gran medida a auxiliares sindicalizados, la entidad conservaba a más de 1.566 personas contratadas mediante cooperativas, sin una justificación constitucionalmente válida para ese trato diferencial.“La Corte, entonces, encontró que la planta formal era adecuada y que el mayor sobrecosto estaba en esos vínculos indirectos, los cuales representaban cerca del 70 % del gasto de personal. Por eso, se concluyó que el estudio no cumplió el estándar exigido”, añadió el magistrado.Por estas razones, la Sala Laboral dejó sin efecto el fallo de segunda instancia que favorecía al centro de salud y ratificó la decisión inicial a favor de la trabajadora. La Corte determinó que, al no cumplir con las exigencias técnicas requeridas, la terminación del contrato efectuada durante la negociación resultaba ineficaz.Como resultado de la decisión, se ordenó al hospital el reintegro inmediato de la servidora a su puesto habitual. Adicionalmente, el fallo impuso el pago, ajustado a la inflación, de la totalidad de los salarios, prestaciones sociales y aportes pensionales dejados de percibir desde octubre de 2016 hasta su efectiva reincorporación, sentando un precedente sobre el respeto a la libertad sindical.
En medio de la ‘maratón de audiencias’ esta semana por presunta corrupción durante la administración de Daniel Quintero, el alcalde Federico Gutiérrez pidió que la situación sea abordada como un macrocaso para tener más agilidad. Ya van 59 imputados por estos hechos.Solicitudes para acelerar las investigaciones por presuntas irregularidades ocurridas durante la administración de Daniel Quintero en Medellín vuelven a tomar fuerza esta semana, cuando varias de las actuaciones que comprometen a exfuncionarios y contratistas llegan nuevamente a los estrados judiciales.De acuerdo con el alcalde Federico Gutiérrez, ya han sido entregados a las autoridades más de 660 elementos de prueba o hallazgos relacionados con presuntas irregularidades de la pasada Alcaldía y el número de personas imputadas se acerca a 59.Por eso, ahora la solicitud del mandatario es que los expedientes relacionados con posibles hechos de corrupción sean abordados como macrocasos y concentrados, en lo posible, bajo la conducción de un mismo fiscal, con el propósito de evitar que investigaciones que podrían tener conexiones entre sí avancen de manera aislada y a ritmos diferentes."Si siguen manejando esto, con fiscales un caso y un fiscal otro caso, pues se van a demorar mucho más. Esto debería ser manejado como un macro caso, como se manejó en su momento el tema de los Moreno Rojas,", señaló el alcalde Gutiérrez.Además del caso Aguas Vivas, cuya audiencia ya fue aplazada por solicitud de un abogado defensor, esta semana está la imputación contra Miguel Quintero, hermano del exalcalde, así como actuaciones relacionadas con el Área Metropolitana, un millonario contrato de Metroplús y procesos que involucran posibles irregularidades entre Metroparques y el Parque de las Aguas.En medio de la agenda, la propuesta del mandatario de la capital antioqueña apunta a no solo aumentar el número de denuncias, sino en que las autoridades judiciales puedan identificar conexiones, patrones y eventuales responsables comunes entre expedientes que involucran distintas entidades del Distrito.El alcalde ha sostenido que los hallazgos no corresponden a hechos independientes, sino a una estructura que habría operado en diferentes dependencias durante el periodo 2020-2023 para apropiarse de recursos públicos, tesis que el mismo alcalde ha dicho entregar con pruebas incluso a la justicia de Estados Unidos.
Momentos de pánico se vivieron en la autopista entre Bucaramanga y Piedecuesta, luego de que un hombre sacara un arma de fuego de su vehículo durante una discusión originada por un accidente de tránsito con un motociclista.El hecho ocurrió en el sector conocido como El Molino, donde la situación generó tensión entre los conductores que transitaban por esta importante vía del área metropolitana de Bucaramanga.De acuerdo con la información conocida, tras el accidente se produjo una discusión entre los involucrados y, en medio del altercado, uno de los hombres habría extraído una pistola de su vehículo, provocando temor entre quienes se encontraban en el lugar.El episodio es materia de investigación por parte de las autoridades de Santander, que deberán establecer la identidad del hombre, verificar si el arma era de su propiedad y determinar si contaba con los permisos exigidos por la ley para su porte.El caso también reaviva la discusión sobre el control de las armas y la necesidad de evitar que una disputa por un accidente de tránsito termine en una situación de violencia. En Santander, el debate cobra especial relevancia debido a los constantes hechos de violencia y a los operativos de la Policía contra el porte ilegal de armas. Las autoridades han insistido en que estos elementos pueden terminar siendo utilizados en situaciones de intolerancia, incluso durante discusiones que inicialmente se originan por hechos cotidianos, como un accidente de tránsito.La Policía Metropolitana de Bucaramanga ha incautado este año más de 460 armas de fuego ilegales en diferentes operativos en la región.El último caso ocurrió en el norte de la ciudad donde fue capturado un hombre con tres armas, dos revólveres y una pistola. El episodio de la autopista Bucaramanga-Piedecuesta vuelve a poner en el centro de la discusión el riesgo que representa la presencia de armas de fuego durante confrontaciones entre ciudadanos.
Un hombre de 23 años fue capturado en flagrancia en el barrio Minuto de Dios de Bucaramanga, luego de que la Policía Metropolitana le encontrara tres armas de fuego y 11 cartuchos que llevaba dentro de una bolsa.Según las autoridades, los uniformados observaron al ciudadano movilizándose con una bolsa de color gris y decidieron practicarle un registro. En su interior encontraron un revólver calibre 38 con seis cartuchos, una pistola calibre 9 milímetros con tres cartuchos y un revólver artesanal calibre 38 con dos cartuchos.“Los controles permanentes que realizan nuestros uniformados en los diferentes sectores de Bucaramanga permiten detectar oportunamente elementos que pueden ser utilizados para afectar la seguridad de nuestros ciudadanos. Continuaremos fortaleciendo estas acciones para retirar las armas de fuego de las calles”, manifestó el brigadier general Miguel Andrés Camelo Sánchez, comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga.El coronel Harvey Augusto Silva Guzmán, subcomandante de la Policía Metropolitana, confirmó que el capturado y las armas incautadas fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación, autoridad que deberá presentarlo ante un juez para definir su situación judicial.El caso se conoce en medio del debate nacional sobre el porte de armas de fuego y las medidas de restricción, luego del anuncio mencionado por el usuario sobre el levantamiento de restricciones al porte de armas por parte del presidente Abelardo de la Espriella.En el área metropolitana de Bucaramanga, la Policía Nacional reporta que durante este año han sido incautadas más de 460 armas de fuego, como resultado de operativos y controles adelantados en los diferentes municipios.Las autoridades han insistido en que el retiro de armas de las calles es una de las prioridades para prevenir homicidios, hurtos y otros hechos violentos. La captura en el barrio Minuto de Dios se suma a estos procedimientos de control.
Un operativo de la Policía Nacional permitió la incautación de 600 frascos de ketamina y 60 ampolletas de fentanilo, sustancias avaluadas en aproximadamente $51,6 millones, durante un procedimiento realizado en una de las principales vías del Magdalena Medio.El operativo se desarrolló en la vía La Lizama–San Alberto, en el sector La Báscula, jurisdicción de Barrancabermeja, donde uniformados de la Seccional de Tránsito y Transporte de Policía Magdalena Medio adelantaban controles a los vehículos que transitaban por este corredor.Durante la inspección a un bus de servicio público, los policías revisaron la bodega de equipaje y encontraron dos cajas en cuyo interior estaban ocultas las sustancias controladas.Por estos hechos fueron capturados en flagrancia dos hombres de 41 y 50 años, quienes se movilizaban como conductor y ayudante del vehículo. El bus fue inmovilizado y quedó a disposición de la Fiscalía General de la Nación.Según las primeras indagaciones de las autoridades, la sustancia habría sido transportada desde Lebrija, Santander, con destino a Cisneros, Antioquia, y presuntamente estaría relacionada con procesos de elaboración de drogas sintéticas y sus derivados.De acuerdo con la tabla de precios de la Dirección de Antinarcóticos de la Policía Nacional, los elementos incautados tienen un valor aproximado de $51,6 millones: $45 millones correspondientes a los 600 frascos de ketamina y $6,6 millones a las 60 ampolletas de fentanilo.Los dos capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía por el delito de tráfico de sustancias para el procesamiento de narcóticos y deberán responder ante un juez de control de garantías.
Michael Stiven Alfonso Sánchez, de 28 años, conocido como ‘Michael Rap’ o ‘El Mechas’, fue asesinado a tiros durante la noche del domingo 6 de septiembre en el sector de Tres Canchas, barrio Coaviconsa, al sur de Bucaramanga.El joven era reconocido en distintos sectores de la ciudad por su trabajo como tatuador y también por su pasión por el Atlético Bucaramanga, equipo del que era hincha. Su muerte generó conmoción entre personas que lo conocían y compartían con él en el sector.El homicidio ocurrió aproximadamente a las 8:40 de la noche, cuando Michael Stiven se encontraba en inmediaciones de una cancha de fútbol en el sector conocido como Tres Canchas.Según las primeras versiones conocidas por las autoridades, un hombre armado se acercó hasta donde estaba la víctima y le disparó en repetidas ocasiones. El agresor huyó inmediatamente después del ataque. Testigos señalaron que el atacante llevaba una chaqueta negra y un casco gris.Michael recibió al menos seis impactos de arma de fuego. Personas que se encontraban en el lugar intentaron auxiliarlo y lo trasladaron de urgencia hasta la Clínica Foscal, pero debido a la gravedad de las heridas falleció poco después.Funcionarios del CTI de la Fiscalía realizaron la inspección técnica y recolectaron elementos materiales probatorios tanto en el lugar del ataque como en el centro asistencial.Hasta el momento, las autoridades no han establecido públicamente el móvil del homicidio ni han confirmado capturas por este crimen. La investigación busca determinar quién fue el responsable del ataque y qué motivó el asesinato de Michael Stiven.El homicidio se suma a una jornada violenta registrada el domingo en Bucaramanga, donde las autoridades reportaron otros hechos con víctimas mortales.La muerte de ‘Michael Rap’ deja nuevamente en el centro de la discusión la violencia que golpea a Bucaramanga y su área metropolitana, mientras familiares, amigos y conocidos esperan que las autoridades esclarezcan el crimen.
La Policía del Magdalena Medio reportó la captura por orden judicial de alias ‘Edwin’, señalado de pertenecer al Grupo Delictivo Común Organizado ‘Los de la M’ y de estar relacionado con al menos cuatro homicidios ocurridos en Barrancabermeja, Santander, durante 2025 y 2026.El procedimiento se realizó en el barrio Las Malvinas Altas, en la comuna 5 del Distrito, como resultado de una investigación adelantada por las autoridades para afectar las estructuras dedicadas al tráfico de estupefacientes y otras actividades criminales.De acuerdo con la Policía, alias ‘Edwin’ es investigado por los delitos de concierto para delinquir y homicidio. Los elementos recopilados durante el proceso investigativo permitirían establecer, presuntamente, su participación en cuatro asesinatos que estarían relacionados con disputas al interior de ‘Los de la M’ y con la disputa por el control territorial de las rentas derivadas del tráfico de drogas.Le puede interesar: Caen diez integrantes de Los de la M en Barrancabermeja; los acusan de dos muertesUno de los casos que hacen parte de la investigación ocurrió el 19 de octubre de 2025, cuando dos personas fueron asesinadas y una más resultó herida.Según las autoridades, el capturado tendría una trayectoria criminal de aproximadamente ocho años y habría cumplido funciones como sicario de esta estructura delincuencial. La Policía señala que presuntamente actuaba bajo las órdenes de alias ‘Marihuano’, señalado como cabecilla de ‘Los de la M’, y alias ‘Frank’, quien estaría relacionado con el componente sicarial de la organización.Además de los hechos violentos, alias ‘Edwin’, presuntamente, habría participado en labores de control territorial y en el recaudo de recursos provenientes de actividades ilícitas, principalmente en la comuna 5 de Barrancabermeja.La Policía indicó que esta estructura criminal tendría la capacidad de generar rentas ilegales de hasta 70 millones de pesos mensuales.Tras su captura, alias ‘Edwin’ fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Un juez de la República le impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario mientras avanzan las actuaciones judiciales y se define su situación jurídica.
Estos fueron los temas tratados este 25 de septiembre, en Recap Blu:Otty Patiño, excomisionado de Paz durante el Gobierno de Gustavo Petro, habló sobre la extradición de alias 'Araña', las polémicas declaraciones de David Murcia Guzmán y el proceso de la fallida paz total.Las últimas imágenes de alias 'Araña' antes de du extradición y la advertencia del presidente Abelardo De La Espriella a Iván Márquez.El mandatario De La Espriella también respondió a quienes lo cuestionaron por portar un arma: "Que sigan criticando, que eso me impulsa".Se mantiene la cadena perpetua contra Daniel Sancho por el asesinato del médico colombiano Edwin Arrieta.Sobrevivientes del accidente del avión que transportaba al equipo de Chapecoense volvieron al lugar del sinietro casi 10 años después.
MiLoto realiza este viernes 25 de septiembre de 2026 un nuevo sorteo, en el que los participantes buscan acertar la combinación de cinco números para acceder al premio mayor.La combinación ganadora del sorteo de MiLoto de este viernes 25 de septiembre de 2026 es: 36 - 18 - 10 - 08 - 31.Para esta jornada, el acumulado de MiLoto asciende a $160 millones. El resultado oficial permitirá conocer los números sorteados y el balance de ganadores en las diferentes categorías de aciertos.MiLoto es un juego en el que los participantes seleccionan una combinación de cinco números. La mecánica contempla premios para quienes acierten desde dos hasta los cinco números de la combinación sorteada.¿De cuánto es el acumulado de MiLoto?Para este viernes, 25 de septiembre de 2026, el acumulado de MiLoto es de $160 millones.Cuando no se registra un ganador en la categoría de cinco aciertos, el acumulado del premio mayor aumenta para la siguiente jornada, de acuerdo con la mecánica del juego.Los participantes pueden verificar sus tiquetes y comparar los números registrados con los resultados oficiales antes de reclamar cualquier premio.
El excomisionado de paz Otty Patiño aseguró en Recap Blu que durante el Gobierno del expresidente Gustavo Petro nunca conoció de un eventual ofrecimiento de una gestoría de paz a David Murcia Guzmán, condenado por el caso DMG. Esta declaración se produjo luego de que Murcia se retractara de varios señalamientos contra el actual presidente Abelardo De La Espriella y afirmara que, antes de realizar esas acusaciones, recibió expectativas relacionadas con una posible salida de prisión mediante esa figura.En entrevista con Recap Blu, Patiño sostuvo que las decisiones relacionadas con las gestorías de paz eran conocidas y consultadas dentro de la Consejería de Paz, pero afirmó que el nombre de Murcia Guzmán nunca estuvo sobre la mesa.“No tengo la menor idea, porque todas las gestorías de paz eran comunicadas, eran, digamos, consultadas con nosotros. En ningún momento a nosotros como Consejería nunca se nos consultó nada sobre este señor”, manifestó el exfuncionario.Patiño también cuestionó que Murcia hubiera sido considerado para una eventual gestoría, al señalar que, desde su perspectiva, no tenía relación con procesos de paz.“Lo cual además me parece absurdo porque este señor no tiene nada que ver con procesos de paz”, afirmó. Choque de afirmacionesFrente a las declaraciones contradictorias del condenado, el excomisionado agregó que Murcia "hoy dice una cosa, mañana dice otra”.Ante la pregunta de si en algún momento, durante su paso por la Consejería de Paz, tuvo conocimiento de un ofrecimiento a Murcia Guzmán, Patiño fue enfático en negarlo."Jamás. Y por supuesto considero que el presidente Petro jamás pensó ni manifestó en esa posibilidad de darle una consejería de paz a este señor", agregó.Las declaraciones se conocen después de que Murcia presentara ante la Fiscalía una retractación de los señalamientos que había realizado contra Abelardo De La Espriella. Según el documento, el condenado afirmó que sus declaraciones estuvieron precedidas por expectativas relacionadas con una eventual vinculación como gestor de paz y con la posibilidad de obtener su libertad. Finalmente, Patiño rechazó que las gestorías de paz hubieran funcionado como un supuesto “cheque en blanco” para quienes recibieron esa condición.“Y si no lo cumple, pues se le suspende la gestoría. Así de sencillo. Pero de allí para allá, que sea una carta blanca para delinquir, para protegerle actividades delictivas, jamás”, concluyó el excomisionado.
TransMilenio anunció una operación especial para facilitar el regreso de los asistentes a los conciertos de BTS, que se realizarán el viernes 2 y sábado 3 de octubre en el estadio El Campín, en Bogotá.Desde las 10:00 p. m., ocho rutas especiales estarán disponibles en las estaciones Campín–UAN y Movistar Arena, con destino a diferentes portales y estaciones de la ciudad.Desde Campín–UAN saldrán cuatro rutas:Portal NortePortal AméricasPortal SubaPortal EldoradoDesde Movistar Arena estarán disponibles otras cuatro rutas hacia:Portal UsmePortal 20 de JulioPortal 80Portal SurLos servicios funcionarán de acuerdo con la demanda de pasajeros. La operación habitual de las estaciones Campín–UAN y Movistar Arena finalizará a las 10:00 p. m. y, entre las 10:00 p. m. y las 11:00 p. m., estas estaciones estarán habilitadas únicamente para facilitar la evacuación de los asistentes.Como alternativa, los usuarios podrán utilizar Universidad Nacional, si salen por Campín–UAN, y 7 de Agosto, si salen por Movistar Arena.¿Cómo llegar al concierto?Para llegar al estadio, TransMilenio contará con 13 rutas troncales en las estaciones Campín–UAN y Movistar Arena. En Movistar Arena estarán disponibles las rutas 4, B72, D21, G30, L25, C25, C30, H21 y H72.En Campín–UAN funcionarán las rutas 4, B11, C25, G11, S42, D21, E42, H21 y L25.Además, TransMiZonal tendrá 39 rutas con paraderos cercanos al estadio El Campín, ubicados en la NQS, calle 63, calle 53 y carrera 24.TransMilenio recomienda a los asistentes recargar con anticipación la tarjeta tullave, planear el viaje mediante TransMiApp y consultar los canales oficiales de la entidad para revisar horarios y recorridos.La entidad también señaló que los despachos de las rutas especiales se ajustarán según la cantidad de pasajeros durante la salida de los conciertos.
“Ni en el tarimazo ni en la fiesta que tuvieron ellos hubo muertos, pero en una política equivocada de guerra sí hay muchos muertos”, afirmó Otty Patiño, excomisionado de Paz durante el Gobierno de Gustavo Petro, al referirse a las polémicas que rodearon algunos episodios de la llamada paz total. En entrevista con Recap Blu, Patiño reconoció que durante un proceso de paz pueden cometerse errores, pero defendió la necesidad de priorizar el diálogo frente a una estrategia basada exclusivamente en la confrontación armada.El exfuncionario respondió por situaciones como el denominado ‘tarimazo’ en La Alpujarra y una fiesta realizada por integrantes de estructuras criminales en la cárcel de Itagüí. Patiño aclaró que no justifica ninguno de esos hechos y sostuvo que estos no fueron provocados directamente por la Consejería de Paz.“No, no lo estoy justificando de ninguna manera”, respondió, antes de explicar que, desde su perspectiva, los errores cometidos durante una búsqueda de paz deben analizarse teniendo en cuenta sus consecuencias.Patiño también defendió la estrategia de negociación adelantada durante el Gobierno Petro y rechazó la afirmación de que la paz total hubiera sido simplemente un mecanismo para permitir que los grupos ilegales continuaran delinquiendo. Según explicó, durante su gestión hubo procesos que avanzaron en diferentes niveles, aunque reconoció que algunos, como el del ELN y el Estado Mayor Central liderado por Iván Mordisco, terminaron fracasando."Había varios procesos que fueron fallidos, como el caso del ELN, digamos, donde ellos demostraron que no había voluntad de paz. Y el proceso con el Estado Mayor Conjunto FARC, fundamentalmente al mando del señor Iván Mordisco, que en el Cauca decidió más bien lanzarse a la guerra que hacer parte, digamos, de un proceso de paz. Los demás, en los demás procesos había avances, en los otros 8 o 9 procesos que estábamos adelantando, que además tenían la característica de que eran muy territorializados, allí hubo avances considerables en cada uno de distintas maneras", afirmó.Frente a las críticas sobre las denominadas gestorías de paz, el excomisionado negó que estas figuras hubieran sido utilizadas como una “carta blanca” para delinquir o como instrumentos de política electoral. Aseguró que quienes recibían esa condición tenían obligaciones y debían presentar planes de acción que posteriormente eran evaluados. “Si no lo cumple, pues se le suspende la gestoría. Así de sencillo. Pero de allí para allá, que sea una carta blanca para delinquir, para protegerle actividades delictivas, jamás”, concluyó.
