La controversia jurídica por el Parque Mejoras Públicas de Bucaramanga continúa. En una audiencia, la Alcaldía presentó ante una juez un plan de recuperación administrativa del predio, que contempla un periodo de seis meses para adelantar las actuaciones necesarias para restituir este espacio a la ciudad.Sin embargo, la funcionaria judicial determinó que la administración municipal tendrá únicamente 15 días adicionales para iniciar los trámites correspondientes y demostrar avances en el cumplimiento del fallo que ordena la restitución del inmueble.Por su parte, Claudia Arciniegas, apoderada de la Sociedad de Mejoras Públicas, manifestó que la organización no está dispuesta a entregar el parque, al considerar que tiene derechos sobre el terreno.Según explicó, el predio fue donado en 1939 por la Compañía de Fomento Urbano de Santander mediante escritura pública, argumento que sustenta la posición jurídica de la sociedad frente a la propiedad del inmueble.La representante también señaló que esperan un pronunciamiento de una instancia judicial superior, el Consejo de Estado, frente a la controversia.El Parque Mejoras Públicas es un predio de aproximadamente 13.000 metros cuadrados cuya titularidad y restitución mantienen enfrentadas a la administración municipal y la Sociedad de Mejoras Públicas.Mientras la Alcaldía busca materializar la recuperación del espacio mediante el cumplimiento de la decisión judicial, la sociedad mantiene su posición de no entregarlo y espera que el Consejo de Estado se pronuncie sobre el proceso.Por ahora, el plazo de 15 días representa el nuevo término para que la administración municipal inicie las actuaciones ordenadas por la juez.
Esposado de pies y manos y bajo un fuerte dispositivo de seguridad fue trasladado Miguel Quintero Calle a la cárcel de máxima seguridad de Cómbita, en Boyacá. El hombre fue llevado desde el municipio de Copacabana, Antioquia, hasta el aeropuerto de Rionegro, donde abordó un avión de la Policía.Vestido con un uniforme de color naranja y beige, Quintero Calle intentó cubrirse el rostro con un saco mientras era conducido hacia la aeronave. Durante el procedimiento permaneció encadenado y bajo la custodia de varios uniformados de la Policía.El traslado comenzó en una finca ubicada en Copacabana, desde donde fue movilizado hasta Rionegro para su posterior traslado aéreo hacia Boyacá. El operativo contó con un amplio dispositivo de seguridad para garantizar su desplazamiento.En el esquema de seguridad participaron al menos dos vehículos particulares, una patrulla del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) y cinco motocicletas de la Policía. Finalmente, Miguel Quintero Calle fue trasladado a la cárcel de máxima seguridad de Cómbita, donde quedó bajo custodia de las autoridades.Hay que recordar que el traslado de Miguel Quintero a Boyacá se produce en medio de investigaciones en su contra por presuntas irregularidades en contratos por 17.656 millones de pesos entre el Área Metropolitana del Valle de Aburrá y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí. En el caso, la Fiscalía le imputó los presuntos delitos de interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación.Exalcalde de Medellín Daniel Quintero se pronuncióTras conocerse la decisión judicial, su hermano, el exalcalde de Medellín Daniel Quintero, manifestó en su cuenta de X: “Fuerza Miguel. Creo en ti. Se hará justicia. Hay pruebas suficientes de cómo se manipularon las pruebas, los testimonios y quiénes estuvieron detrás. Dios está con nosotros”.
Enviaron a la cárcel a un coronel en retiro señalado de abusar sexualmente de dos hermanas y desaparecerlas en el municipio de Granada hace más de 20 años. Las víctimas habrían sido llevadas a una vivienda para cometer estos actos, bajo el pretexto de que tenían nexos con un grupo ilegal.Un nuevo avance judicial se produjo en la investigación por los crímenes cometidos contra dos hermanas en el municipio de Granada, Oriente antioqueño, en febrero de 2003. La Fiscalía General de la Nación ordenó la detención preventiva en prisión del coronel retirado del Ejército Wilson Humberto Velandia Serrano, señalado de participar presuntamente en una serie de delitos que incluyeron violencia sexual, tortura, homicidio y desaparición forzada.Los hechos investigados se remontan a los días 21 y 22 de febrero de ese año, cuando las jóvenes, de 19 y 17 años, habrían sido retenidas por integrantes de una estructura paramilitar en el parque principal de la localidad y llevadas posteriormente a una vivienda.Según la reconstrucción de la Fiscalía, el entonces teniente Velandia Serrano, adscrito al Batallón de Artillería número 4 de la Cuarta Brigada, habría llegado al inmueble y agredido sexualmente a la menor de las hermanas. La otra joven también habría sido víctima de distintos actos de violencia.La investigación señala que ambas fueron golpeadas e intimidadas bajo acusaciones de mantener supuestos vínculos con una organización armada rival. Entre los elementos recopilados por los investigadores figura la hipótesis de que el oficial habría ordenado a integrantes del grupo ilegal acabar con la vida de las hermanas y ocultar sus cuerpos en una zona montañosa. También se indaga si posteriormente habría dispuesto la exhumación de los restos para impedir su localización.La captura del oficial retirado fue ejecutada en Medellín por unidades de la Policía Nacional adscritas a la Sijín, tras una orden emitida por una fiscal especializada en violaciones a los derechos humanos.El exmilitar fue vinculado formalmente a la investigación mediante indagatoria por los presuntos delitos de secuestro simple agravado, acceso carnal violento en persona protegida, tortura agravada en persona protegida, homicidio en persona protegida y desaparición forzada agravada.
Capturaron a alias ‘Chómpiras’ en el municipio de La Estrella. El procesado es señalado como presunto coordinador del grupo delincuencial Caicedo, encargado de cobrar vacunas a comerciantes e independientes para dejarlos trabajar en el centro de Medellín.Trabajadoras sexuales, vendedores ambulantes y transportadores informales de la comuna 10, La Candelaria, debían pagar cobros semanales de entre 30.000 y 100.000 pesos para poder trabajar en el centro de Medellín. El presunto responsable de estas exigencias económicas es un hombre conocido con el alias de ‘Chómpiras’, de 28 años, quien, de acuerdo con las indagaciones, actuaba como coordinador del grupo delincuencial Caicedo en ese sector de la ciudad.Unidades de la Policía Nacional ubicaron al procesado en el municipio de La Estrella, en el sur del Valle de Aburrá, donde hicieron efectiva su captura en cumplimiento de una orden judicial. Tras las investigaciones de la SIJIN y los seguimientos en el terreno, las autoridades le imputaron los delitos de extorsión, concierto para delinquir agravado y hurto calificado y agravado."Logramos la captura por orden judicial de alias Chompiras, de 28 años, señalado como presunto coordinador del grupo delincuencial organizado Caicedo. De acuerdo con nuestras investigaciones, este hombre sería responsable de coordinar el cobro de extorsiones en la Comuna 10 de La Candelaria, exigencias económicas que oscilaban entre los 30.000 y 100.000 pesos semanales", indicó.De acuerdo con el secretario de Seguridad y Convivencia, Manuel Villa Mejía, las cuotas ilegales impuestas por la estructura criminal afectaban directamente el patrimonio y la tranquilidad de las personas que ejercen labores informales en el centro de la capital antioqueña. El dinero era destinado al sostenimiento de las rentas ilícitas de la organización.Alias ‘Chómpiras’ fue presentado ante la Fiscalía General de la Nación y, tras la realización de las audiencias preliminares, un juez de control de garantías dictó medida de aseguramiento en centro carcelario mientras avanza el proceso judicial en su contra.
Yoel Andrés Estor Gómez, uno de los capturados el pasado 25 de mayo por el atentado contra la empresa de seguridad Atenas, en el que habrían intentado asesinar a Raúl Montes, dueño del negocio y quien fue socio de la fallecida Enilce López, alias ‘La Gata’, es uno de los cinco presuntos miembros de la banda ‘Los Rápidos’, a quienes la Fiscalía imputará cargos por concierto para delinquir y hurto calificado y agravado.A este hombre las autoridades le notificaron la nueva investigación en su contra en el centro carcelario donde se encuentra detenido desde hace cinco meses. La Fiscalía tiene en su poder videos de cámaras de seguridad y testimonio de víctimas que lo identifican en al menos cuatro hurtos a mano armada cometidos en la capital del Atlántico.De acuerdo con la Fiscalía, la investigación que llevó a la captura de los cinco presuntos miembros de la banda ‘Los Rápidos’, se originó por un atraco ocurrido el 5 de noviembre de 2025, en la calle 72 con carrera 70, en el barrio El Prado, donde las víctimas fueron despojadas de sus pertenencias.A partir de sus testimonios, las declaraciones de testigos y el análisis de cámaras de seguridad, los investigadores identificaron vehículos que habrían sido utilizados para cometer el delito y avanzaron en la identificación de los demás responsables.Las autoridades establecieron que, entre julio de 2025 y abril de 2026, los capturados habrían participado en el hurto de joyas y otros objetos de valor tras intimidarlos con armas de fuego a sus víctimas.Entre los detenidos también se encuentra alias ‘Ñoño’, el delincuente que cayó en la redada que anunció el presidente Abelardo De La Espriella. Este hombre registra 13 anotaciones judiciales.
La Corte Suprema de Justicia dejó en firme la condena contra el exmagistrado Camilo Humberto Tarquino Gallego por el delito de concusión y ordenó su captura inmediata.Tarquino deberá cumplir una pena de seis años de prisión, pagar una multa de más de 87 millones de pesos y quedará inhabilitado durante cinco años para ejercer derechos y funciones públicas.La decisión está relacionada con el escándalo de corrupción conocido como el Cartel de la Toga, una red en la que, según las investigaciones judiciales, se ofrecía frenar o archivar procesos penales a cambio de millonarias sumas de dinero, mediante contactos e influencias dentro de la justicia.La Corte determinó que Tarquino, quien para la época de los hechos ya no ejercía como magistrado activo, actuó como intermediario del exmagistrado José Leonidas Bustos.Su papel consistió en contactar al entonces gobernador de Córdoba, Alejandro Lyons Muskus, y ofrecerle ayuda para resolver las investigaciones penales que enfrentaba. Los hechos se remontan a finales de 2014, cuando Lyons era investigado por presuntas irregularidades en el manejo de recursos de regalías relacionados con contratos de ciencia, tecnología e innovación.De acuerdo con lo establecido en el proceso, los primeros acercamientos se produjeron bajo el argumento de que era necesario realizar gestiones ante las autoridades judiciales para conocer el estado de los expedientes. En ese contexto, Tarquino solicitó inicialmente 60 millones de pesos, de los cuales habría recibido 30 millones, para realizar lo que describía como movimientos y acercamientos con funcionarios.Sin embargo, la situación cambió cuando le advirtió a Lyons que sus problemas judiciales eran graves y que las gestiones iniciales no serían suficientes.Según la reconstrucción de los hechos, Tarquino le hizo saber que la situación debía resolverse por completo y que sus contactos podían intervenir tanto en la Fiscalía General de la Nación como, eventualmente, en la Corte Suprema de Justicia.Fue entonces cuando le exigió al exgobernador de Córdoba 20.000 millones de pesos. Según la sentencia, le manifestó que actuaba en representación de Bustos y del también exmagistrado Francisco Ricaurte, y que ese dinero permitiría ayudarlo a archivar las investigaciones penales en su contra y evitar que avanzaran otros procesos.Las reuniones se realizaban en espacios privados y bajo estrictas medidas para evitar que las conversaciones fueran registradas.La providencia señala que Tarquino les pedía a los asistentes que entregaran sus teléfonos celulares antes de hablar y que, en algunas ocasiones, utilizaba música a alto volumen. En el encuentro en el que presuntamente se concretó la exigencia de los 20.000 millones de pesos, apartó a Lyons de sus acompañantes para conversar en privado.El exgobernador no aceptó pagar la suma exigida, pues consideró que se trataba de una cifra desproporcionada que no estaba en capacidad de cubrir.Por esta razón, la Corte ordenó expedir la orden de captura inmediata para que Tarquino cumpla los seis años de prisión impuestos por su responsabilidad en el delito de concusión.
Dos hermanos, Franklin Jovani Pira Sarmiento y Yurley Andrea Pira Sarmiento, fueron enviados a la cárcel y judicializados luego de ser capturados en flagrancia por su presunta participación en el secuestro y hurto de un conductor de una plataforma digital de transporte, ocurrido durante la madrugada del 3 de octubre en Bogotá. Uno de los procesados registra cuatro anotaciones por el delito de hurto.De acuerdo con el relato de la víctima y el procedimiento policial, el conductor había recogido a unos pasajeros cerca del estadio El Campín, en la localidad de Teusaquillo. Posteriormente, habría sido amenazado con armas cortopunzantes, atado de manos, encapuchado y trasladado a un segundo vehículo, donde permaneció retenido durante aproximadamente tres horas.El cautiverio terminó cuando el conductor logró golpear la puerta del automóvil al observar una patrulla de la Policía. Los uniformados escucharon las voces de auxilio y reaccionaron para detener los vehículos y rescatar a la víctima, quien, de acuerdo con la información entregada por las autoridades, permanecía retenida contra su voluntad.Las capturas se produjeron cuando uniformados adelantaban labores de patrullaje en el barrio San Vicente Ferrer, en la localidad de Tunjuelito. Allí observaron un vehículo que era halado con una cuerda por otro automotor y, al escuchar voces de auxilio provenientes del interior, procedieron a intervenir.Al advertir la presencia policial, los sospechosos emprendieron la huida. Durante la persecución, cuadras más adelante, uno de los vehículos perdió el control y terminó volcado. El conductor logró salir por una de las puertas e intentó escapar, pero fue interceptado y capturado por una de las patrullas.La mujer que presuntamente lo acompañaba quedó atrapada dentro del vehículo volcado, situación que fue aprovechada por los uniformados para rescatar al conductor que permanecía retenido. Los dos capturados, de 26 y 28 años, fueron puestos a disposición de la autoridad competente por los presuntos delitos de hurto y secuestro.Según la información del procedimiento, los hechos estarían relacionados con dos modalidades de hurto de vehículos, el denominado falso servicio de plataforma y el halado. La actuación policial se originó en el seguimiento a los automotores y en la alerta generada por la propia víctima durante el momento de su cautiverio.Después de formalizar la denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación, la víctima pidió celeridad en el proceso judicial y reclamó que se adopten medidas frente a las amenazas de muerte que, según manifestó, ha recibido desde el ataque. También solicitó garantías para su seguridad y la de su familia mientras avanzan las actuaciones contra los dos procesados.
Un hombre fue asesinado y otra persona herida dejó un ataque con arma de fuego ocurrido en una estación de servicio ubicada en la vía Floridablanca-Girón, en el sector de Río Frío. La rápida reacción de la Policía permitió la captura de dos presuntos responsables.El hecho ocurrió en la estación de servicio Río Frío, sobre el anillo vial. De acuerdo con la información entregada a las autoridades, dos hombres que se movilizaban en una motocicleta Pulsar NS 200, de color negro y placas VGZ61G, llegaron al establecimiento.Le puede interesar: Tras homicidio de dos líderes en Santander piden al ministro de Defensa consejo de seguridadUno de los ocupantes, quien vestía una chaqueta negra y amarilla, descendió de la motocicleta y se dirigió hacia un hombre que se encontraba sentado en las sillas de la zona refrescante. Sin mediar palabra, habría desenfundado un arma de fuego y le disparó en varias oportunidades. La víctima fue identificada como Diego Fernando Valbuena Arciniegas, quien recibió dos impactos de bala en la cabeza y murió en el lugar. La víctima al parecer había salido de la cárcel tras cumplir una pena. En el ataque también resultó herido Gilberto González Pinzón, quien fue trasladado en un taxi a la Clínica Foscal. Presentaba una herida en el talón del pie derecho y, según el reporte inicial, se encontraba estable.Tras conocerse el ataque, la Policía activó el plan candado y, con apoyo de unidades de las estaciones de Floridablanca y Girón, logró ubicar a los presuntos agresores en el sector de Codisel.Los sujetos abandonaron la motocicleta y emprendieron la huida hacia una zona boscosa. Las autoridades realizaron un cerco y lograron ubicarlos nuevamente. En medio del procedimiento se presentó un intercambio de disparos y uno de los presuntos agresores resultó herido en un pie.Finalmente, dos hombres fueron capturados. En el procedimiento, la Policía reportó la incautación de un arma de fuego tipo revólver y la motocicleta presuntamente utilizada para cometer el ataque. Los detenidos fueron identificados como Juan Sebastian Daza, de 19 años, y Eduin José Campos Yanez, de 30 años, de origen venezolano. Los capturados quedaron a disposición de las autoridades competentes para responder por el homicidio y las lesiones. La investigación también busca establecer los móviles del crimen que estaría relacionado con un presunto ajuste de cuentas", entre bandas criminales, señalaron las autoridades. Según información preliminar de la Sijín, la víctima mortal registraría nueve anotaciones judiciales por diferentes delitos, dato que deberá ser establecido y verificado dentro de la investigación judicial.
La Fiscalía General de la Nación obtuvo órdenes de captura contra el alcalde de Ataco, Tolima, Héctor Fabio Muñoz, el exalcalde de esa misma población, Miller Aldana, y una contratista, por su presunta participación en irregularidades relacionadas con contratos financiados con recursos del Sistema General de Regalías.Las detenciones fueron realizadas por servidores de la Dijín de la Policía Nacional en procedimientos adelantados en Ataco y Florencia, Caquetá, luego de que un fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción recopilará elementos materiales probatorios sobre la posible participación de funcionarios, exfuncionarios y contratistas en el direccionamiento de recursos destinados a atender necesidades de comunidades del municipio. De acuerdo con la investigación, los tres capturados se habrían articulado para direccionar un contrato de obra y otros dos de interventoría relacionados con la construcción de 1.170 baterías sanitarias en zonas rurales de Ataco. El proyecto fue financiado con 21.550 millones de pesos provenientes de regalías y, de acuerdo con la Fiscalía, permanece inconcluso.Los contratos cuestionados fueron suscritos entre junio y agosto de 2022, cuando Ataco, por las afectaciones que dejó el conflicto armado en el sur del Tolima, hacía parte de los municipios incluidos en los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial.Esta condición permitió a la administración municipal acceder a recursos del Sistema General de Regalías a través del Órgano Colegiado de Administración y Decisión (OCAD Paz), con los que se financió el proyecto objeto de la investigación.La Fiscalía sostiene que la contratista detenida habría sido beneficiada con el direccionamiento de algunos de los proyectos financiados con estos recursos. Las autoridades buscan establecer la responsabilidad individual de cada uno de los capturados en las presuntas irregularidades detectadas en la contratación.Los tres serán presentados ante un juez de control de garantías, escenario en el que la Fiscalía les imputará, de acuerdo con su posible responsabilidad individual, los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, falsedad ideológica en documento público agravada y peculado por apropiación agravado.
Una prueba de ADN que nunca se practicó terminó con un juez condenado a prisión. La Corte Suprema de Justicia revocó la absolución y condenó al juez Fredy José Puche Causil a 32 meses de prisión por el delito de prevaricato por omisión, tras establecer que omitió voluntariamente una diligencia fundamental dentro de un proceso de filiación.La decisión, con ponencia del magistrado Diego Eugenio Corredor Beltrán, también le impuso una multa de 13,33 salarios mínimos, que equivalen a más de 23 millones de pesos, y una inhabilidad de 60 meses para ejercer funciones públicas. Además, ordenó la pérdida de su cargo como Juez Promiscuo de Familia de Cereté y negó que pudiera cumplir la condena bajo prisión domiciliaria.El caso comenzó en julio de 2011, cuando un ciudadano presentó una demanda de filiación extramatrimonial ante el Juzgado Promiscuo de Familia de Cereté para establecer legalmente su paternidad frente a los herederos de un hombre fallecido. En estos procesos, la Ley 721 de 2001 establece que el juez debe ordenar de oficio y garantizar la práctica de la prueba científica de ADN, por su importancia para determinar el estado civil y la personalidad jurídica.En abril de 2015, el juez abrió el proceso a pruebas y ordenó que el análisis genético se realizara mediante la exhumación del cadáver del presunto padre. El demandante cuestionó esa decisión y pidió que se tomaran muestras a familiares vivos, debido a sospechas sobre una posible alteración del cuerpo en el cementerio.El expediente regresó al despacho en marzo de 2016, pero el juez no envió los oficios a Medicina Legal ni realizó las gestiones administrativas necesarias para coordinar la exhumación. En su lugar, continuó con otras actuaciones y convocó audiencias testimoniales. Luego, en abril de 2016, cerró de manera sorpresiva la etapa probatoria sin que se hubiera realizado el examen de ADN, pese a los reclamos del afectado.En mayo de 2016, el juez dictó un fallo en contra del demandante al considerar que no había logrado demostrar su condición de hijo.Al revisar el caso, la Sala descartó que hubiera existido una imposibilidad real para practicar la prueba y señaló que el afectado solo tuvo poco más de un mes antes de que el despacho cerrara abruptamente la etapa probatoria. Para la Corte, el juez conocía plenamente su obligación y decidió voluntariamente no cumplirla.Finalmente, la Corte concluyó que, al tratarse de un delito doloso contra la función pública, la pena deberá cumplirse en un centro carcelario una vez el fallo quede en firme.
El expresidente Juan Manuel Santos, durante su intervención en el foro “A diez años del Acuerdo de Paz: balance, implementación y perspectivas”, lanzó una fuerte crítica al presidente Abelardo De La Espriella por la manera en que, según dijo, está mostrando los resultados de las operaciones militares en el país.El exmandatario manifestó su preocupación por lo que considera un posible regreso a prácticas del pasado. “Me preocupa y tengo que decirlo aquí delante de ustedes, que diez años después estamos viendo a un presidente pasearse entre cadáveres, mostrándolos con orgullo o firmando bombas como si fueran un regalo. Espero que eso no dé un mensaje para volver al pasado”, afirmó Santos. Las declaraciones se dieron en medio del balance de la implementación del Acuerdo de Paz firmado entre el Estado colombiano y las antiguas Farc, que el próximo 24 de noviembre cumplirá diez años. En su intervención, el exmandatario defendió los resultados de su Gobierno en materia de seguridad y aseguró que durante su administración se promovió un cambio en la manera de desarrollar las operaciones militares, con respeto por los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario.Santos recordó que cuando llegó al Ministerio de Defensa no se habían producido capturas de integrantes del secretariado de las Farc y sostuvo que durante su gestión se adelantaron operaciones contra sus principales comandantes, pero también se trabajó para conseguir la dejación de armas mediante la negociación de paz.El expresidente insistió en que el cambio de enfoque de las Fuerzas Militares también implicó reconocer la condición humana de los integrantes de la guerrilla, incluso en medio del conflicto armado.En el mismo foro, el presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Danilo Rojas, explicó cuáles son los plazos que tiene la justicia transicional para avanzar en el esclarecimiento de los crímenes cometidos durante el conflicto armado.El magistrado anunció que en diciembre de 2026 se realizará la última imputación de la Sala de Reconocimiento de Verdad, con la que se completaría la atribución de responsabilidades a los máximos responsables dentro de los 11 macrocasos que investiga la jurisdicción.Según explicó, durante 2027 se espera avanzar en los reconocimientos de responsabilidad de los comparecientes para dar paso a los juicios dialógicos y, posteriormente, a la imposición de sanciones propias, de carácter restaurativo, para quienes reconozcan su responsabilidad.En los casos de quienes no acepten los hechos y las responsabilidades atribuidas, los procesos continuarán por la vía de los juicios adversariales.Rojas agregó que en marzo de 2028 la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP realizará su última imputación para estos procesos y que, a partir del 14 de marzo de ese año, comenzará a correr el plazo constitucional y establecido en el Acuerdo de Paz para culminar los juicios, previsto en cinco años.
Paola Jara y Jessi Uribe conquistaron al público latino en Estados Unidos con un concierto de lleno total en el Ritz Theatre, donde el pasado sábado 7 de noviembre presentaron su espectáculo Despecho a 2 Voces. La presentación, que logró un sold out, reunió a colombianos y latinos en una noche dedicada a la música regional colombiana.El éxito del espectáculo ratifica la conexión de los artistas con el público colombiano en el exterior y el crecimiento de este género musical entre las audiencias latinas de Estados Unidos. A través de sus canciones, Paola y Jessi llevaron al escenario una propuesta que combina el despecho, el romanticismo y los sonidos populares que han marcado sus carreras.El concierto hizo parte de una semana de intensa actividad internacional para la pareja artística, que apenas dos días antes había participado en los Premios HEAT 2026, celebrados en Puerto Vallarta, México. Ambos hicieron parte de la programación musical de esta importante celebración de la música latina, sumando así otra aparición destacada en escenarios internacionales.De esta manera, Paola Jara y Jessi Uribe pasaron de los Premios HEAT a encontrarse con miles de seguidores en el área metropolitana de Nueva York, demostrando el alcance de su música más allá de las fronteras colombianas.El lleno total en el Ritz Theatre representa un nuevo impulso para Despecho a 2 Voces, un espectáculo que consolida su presencia internacional y evidencia cómo la música regional colombiana continúa ganando espacios, conectando generaciones y fortaleciendo su lugar dentro de la industria musical latina.
En Puerto Gaitán, municipio petrolero del Meta, concejales y líderes sociales denunciaron presuntas irregularidades en la compra de un predio de nueve hectáreas, ubicado en zona rural del municipio, que pretende hacer la Alcaldía Municipal, para la construcción de una ciudadela universitaria.De acuerdo a las denuncias, dicho predio en 2025 estaba avaluado en 180 millones de pesos, sin embargo, sin una justificación técnica ni jurídica, ahora la Alcaldía busca comprarlo por más de 12.000 millones de pesos.Por esa razón, presentó al Concejo Municipal un proyecto de acuerdo que busca tener la aprobación de esta corporación para poder adquirir el predio. Pese a las denuncias y las alertas que se han presentado, el proyecto ya fue aprobado en primer debate y será presentado en los próximos días en la plenaria para su discusión.Diana Carolina Pérez, concejal por el Partido Liberal, manifestó su preocupación por esta situación, y denunció que, además del exagerado aumento del valor comercial del predio, Puerto Gaitán no cuenta con un plan básico de ordenamiento territorial, por lo que no existe tampoco un estudio técnico que indique que el uso del suelo de este predio sea para la construcción de una infraestructura educativa.Le puede interesar: Santander, segundo en competitividad de educación superior; con retos para retener talentoLa concejal advirtió, además, que no hay certeza de la demanda que el municipio tiene en materia de educación superior y señaló que actualmente no se cuenta con ofertas de universidades públicas ni privadas y cuestionó que esta obra pueda convertirse en un elefante blanco.“En este momento no tenemos ningún convenio con ninguna universidad que garantice asumir directamente el sostenimiento de una ciudadela. Por ejemplo, aquí tenemos también el SENA, que es una gran infraestructura que nadie sostiene en este momento. No se usa el 100%. Entonces, qué nos garantiza que construir una ciudadela, que es algo tan grande, se le vaya a garantizar el sostenimiento”.A través de un comunicado, Jhon Payares, líder social del municipio, mostró su preocupación y pidió a la Alcaldía explicar cómo se realizó el avalúo, y si existen documentos técnicos que respalden este nuevo valor comercial.“Nos dieron una evidencia de un avalúo que se hizo hace un año y medio en un predio colindante con ese, y fue de 300 millones de pesos, no entendemos de dónde sale para que el predio termine costando 1.400 millones de pesos cada hectárea para la Alcaldía. El descontento es total en el municipio. Se ve raro y huele mal”, dijo a Blu Radio.Por ahora, la ciudadanía espera el segundo debate en el Concejo Municipal, donde se discutirá si se otorga o no el permiso a la Alcaldía Municipal la compra del cuestionado predio.
La sultana del Valle se prepara para vivir la mayor fiesta: la 69ª Feria de Cali, que se celebrará del 25 al 30 de diciembre de 2026 y reúne a los más grandes exponentes de la salsa y la música colombiana para recordarle al mundo por qué la sucursal es epicentro de talento.Los caleños poco a poco se van preparando para este evento y se va conociendo la programación de cara a esta fiesta. Ahora, se confirmó uno de los conciertos que se llevará a cabo que tendrá a referentes como Eddie Santiago, Víctor Manuelle, Luis Enrique, Rey Ruiz y Grupo Niche que se reunirán en el Diamante de Béisbol para protagonizar Cali se viste de salsa el sábado, 26 de diciembre.Más de 15.000 personas disfrutarán de los más grandes exponentes de la salsa en el Diamante de Béisbol de uno de los conciertos más importantes en la ciudad durante la feria. Cinco nombres esenciales de la salsa compartirán una misma noche, en un cartel que reúne el romanticismo, el son y la tradición salsera que han acompañado a distintas generaciones.Sin duda la Feria de Cali es uno de los eventos culturales y turísticos más importantes de Colombia, pues representa la identidad, la tradición y la alegría de la capital del Valle del Cauca. Cada año reúne a miles de visitantes alrededor de la salsa, la música, el baile y las expresiones artísticas de la región.Precios para Cali se viste de salsa 2026Palcos Patrocinador: $9.900.000 (para 10 personas). Precio por persona: $990.000. En etapa 2 sube a $12.100.000.Palcos Alfombra Roja: $8.420.000 (para 10 personas). Precio por persona: $842.000. En etapa 2 sube a $9.900.000.Palcos Diamante: $6.550.000 (para 10 personas). Precio por persona: $655.000. En etapa 2 sube a $7.700.000.Palcos Oro: $4.680.000 (para 10 personas). Precio por persona: $468.000. En etapa 2 sube a $5.500.000.Palcos Plata: $3.740.000 (para 10 personas). Precio por persona: $374.000. En etapa 2 sube a $4.400.000.VIP de pie: $146.000 por persona. En etapa 2 sube a $171.000.Gradería: $146.000 por persona. En etapa 2 sube a $171.000.
La Asociación Colombiana de Gas Natural, Naturgas, celebró la elección de luz Stella Murgas en la ANDI, quien estuvo al frente de ese gremio durante los últimos cinco años. La organización destacó su papel en el fortalecimiento de la industria del gas natural, así como su capacidad de interlocución con las autoridades y distintos actores de la cadena."Luz Stella ha sido una lider determinante para la industria del gas natural. Con rigor técnico, capacidad de diálogo y una profunda convicción sobre el papel de este energético en el desarrollo del país, logró que la voz del sector fuera escuchada en los momentos más decisivos para el abastecimiento. Su gestión deja un gremio más fuerte, más cohesionado y mejor preparado para los retos que vienen", dijo Juan Manuel Rojas, presidente del Consejo Directivo de Naturgas.Finalmente, Naturgas señaló que la elección de Murgas representa “acontecimiento significativo para las mujeres que ejercen posiciones de liderazgo en la industria energética”.Asimismo, le deseó éxitos en esta nueva etapa y reiteró su compromiso de continuar trabajando por la seguridad energética, la competitividad y el desarrollo sostenible de Colombia.Las reacciones tras la elección de Murgas en la ANDIBruce Mac Master, expresidente de la ANDI, felicitó a Luz Stella Murgas por su elección como nueva presidenta del gremio, cargo que él ocupó hasta el pasado primero de octubre.“Mis más sinceras felicitaciones para Luz Stella Murgas, muy buena amiga y gran profesional”, expresó Mac Master, quien además le deseó éxitos en su gestión y aseguró: “Su éxito será el éxito de todos”.Por su parte, Juan Camilo Nariño, presidente de la Asociación Colombiana de Minería y quien también participó como finalista en la elección, agradeció a los integrantes de la junta directiva que respaldaron su candidatura y le deseó éxitos a Murgas.“Participar en el proceso de selección del nuevo presidente de la ANDI, ha sido un verdadero honor. Gracias a los miembros de junta que respaldaron mi nombre”, manifestó Nariño.Además, se refirió a Murgas como una gran amiga y profesional, le deseó éxitos y expresó su disposición de trabajar conjuntamente por el fortalecimiento del sector empresarial y la construcción de acuerdos que contribuyan al desarrollo del país.Entre tanto, Carlos Suárez Rojas también reaccionó a la designación de la nueva presidenta de la ANDI y la felicitó. “Inteligente, Caribe, mujer con una nueva visión de la relación gremio/gobierno”, escribió Suárez, quien agregó que “La independencia no es incompatible con romper lo de SIEMPRE para construir lo que NUNCA se había intentado: un nuevo orden de la mano del ciudadano”.A estas reacciones se sumó Mauricio Gómez Amín, Ministro de Comercio, destacó el hecho de que, por primera vez, una mujer asuma la dirección del gremio empresarial.“Desde el @MincomercioCo reiteramos nuestra disposición de trabajar articuladamente con el sector empresarial para impulsar la inversión, la competitividad, la generación de empleo y el crecimiento de Colombia”, señaló Gómez Amín.