Empresario Serafino Iacono se defiende por caso del apartamento de Ricardo Roa y bloque Sinú 9

La Fiscalía General de la Nación llamó a interrogatorio a Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, por presuntas irregularidades en la compra de un lujoso penthouse en el norte de Bogotá, propiedad que habría sido adquirida a una firma vinculada al empresario Serafino Iacono, quien ha estado relacionado con el sector. El caso es investigado por la Dirección contra la Corrupción, que revisa los pormenores de la transacción del apartamento 901, ubicado en el piso 9 del edificio.Ante la controversia, Iacono rechazó “de manera contundente” cualquier insinuación que pretenda asociarlo con irregularidades, asegurando que se están usando “informaciones incompletas o interpretaciones sesgadas” para afectar su nombre.Aseguró que la compra del apartamento por parte de Roa se realizó “enmarcada en la ley” y que ha entregado toda la información requerida a las autoridades.En un comunicado, defendió la transparencia de su trayectoria empresarial, destacó los estrictos controles regulatorios bajo los cuales opera la compañía canadiense NG Energy —de la cual fue directivo hasta 2024— y aclaró que ni él ni sus empresas tienen vínculos o negocios con Ecopetrol.Iacono también precisó que el bloque gasífero Sinú 9, uno de los elementos mencionados en publicaciones recientes, fue adjudicado en 2014 y no en medio de presiones recientes. Reiteró que cualquier intento de vincular estas operaciones con la petrolera estatal “carece de fundamento”.Explicó que “en 2017, NG Energy adquirió, a través de empresas controladas, indirectamente, una participación en el bloque Sinú 9 por medio de acuerdos privados con Clean Energy. Por consiguiente, no es correcto señalar que NG Energy hubiere adquirido sus derechos en el bloque SN-9 en 2024”.Según Iacono, “en 2024, esa participación se reflejó en cabeza de MKMS ante la ANH, luego del cumplimiento de ciertas obligaciones previstas en los acuerdos privados. La cesión de los derechos por parte de Clean Energy a MKMS se dio bajo las reglas que contempla la ley colombiana y fue debidamente sometida a los trámites ante la ANH, como lo exige la normatividad”.Ante esa explicación, ratificó que “no existe ninguna relación de MKMS, NG Energy o sus filiales con Ecopetrol. De igual manera, ni MKMS ni NG Energy ni sus filiales han tenido ni tienen negocios con Ecopetrol”.“Es de vital importancia aclarar que Ecopetrol no tiene ninguna competencia ni injerencia en la adjudicación de áreas de exploración y producción de hidrocarburos en Colombia, pues en la reforma al sector petrolero (2003-2004) se separó la regulación y administración del recurso nacional de la empresa operadora. Esto tiene como objetivo evitar conflictos de interés y garantizar que las adjudicaciones de las áreas sean netamente técnicas, transparentes y abiertas tanto para Ecopetrol como para otros operadores nacionales y extranjeros”, señala el punto 8 del comunicado.El texto también recordó que “la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) es la entidad estatal responsable de administrar las reservas de hidrocarburos de propiedad de la Nación y de asignar las áreas hidrocarburíferas para su exploración y explotación”. Por ello, el empresario enfatizó que “cualquier intento de vincular al bloque Sinú 9 con Ecopetrol carece de fundamento”.El empresario dejó constancia de que no es ciudadano venezolano. “Soy ciudadano italiano. A su vez, no es cierto que haya sido designado cónsul en San Marino por el actual Gobierno. Por el contrario, fui designado cónsul honorario de San Marino en Colombia”.El caso del bloque Sinú 9El bloque Sinú 9, ubicado en Córdoba y considerado una de las joyas del sector energético por su capacidad de producción de gas diarios, equivalentes al 15 % del potencial gasífero del país, volvió a quedar bajo escrutinio público.Según reveló La Silla Vacía, en el proceso habrían existido presiones para acelerar la aprobación de la cesión del 61 % del negocio a la multinacional francesa Maurel & Prom, una operación valorada en cerca de 200 millones de dólares (aproximadamente 758.330 millones de pesos al cambio del 3 de diciembre). De confirmarse, sería una de las movidas más significativas del año en la industria del gas.