La Fiscalía General de la Nación desarticuló una red criminal dedicada a la extracción ilegal de oro en el nordeste y Bajo Cauca antioqueño, que operaba sin permisos legales y con la complicidad de grupos armados ilegales. Durante la operación, las autoridades lograron identificar a cinco presuntos responsables de articular las actividades ilícitas que involucraban la explotación de recursos minerales sin licencia ambiental.
El grupo se encontraba bajo la coordinación de María Consuelo Jiménez Salazar, quien administraba los recursos generados por la actividad ilegal, se encargaba de extraer y comercializar el oro en la región y tenía a su cargo la compra y venta del metal, además de coordinar la obtención de los lingotes.
Por su parte, Yurley Orrego Trujillo y Luciano Antonio Arbeláez Ochoa serían los presuntos encargados de administrar las zonas donde se realizaba la extracción ilegal, mientras que Jhon Wilmar Cabrera González, responsable del transporte de repuestos y de la contratación de mecánicos, a la par se ocupaba de mantener la maquinaria amarilla en funcionamiento. Bernardo de Jesús Orrego Barrios prestó un título minero para intentar legalizar tres lingotes de oro incautados a uno de los miembros de la organización, impidiendo la captura del implicado.
Los elementos materiales probatorios obtenidos por la Fiscalía indican que esta organización no solo se beneficiaba de la explotación ilegal de oro, sino que también habría establecido vínculos con algunos servidores públicos, quienes alertaban sobre operativos de control en la zona. Además, la red criminal contaba con el apoyo de grupos armados ilegales que facilitaban la extracción, el transporte y la comercialización del metal en diferentes mercados, como lo aseguró la fiscal del caso durante la audiencia.
La Fiscalía impuso medidas cautelares de extinción del derecho de dominio sobre bienes de la organización, que incluyen un título minero y propiedades avaluadas en más de 373.000 millones de pesos.
En cuanto a los responsables, se les imputaron cargos por explotación ilícita de minerales, lavado de activos y otros delitos relacionados con la actividad ilegal. Cuatro de los procesados aceptaron los cargos; sin embargo, los cinco imputados permanecerán privados de la libertad bajo arresto domiciliario.
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