¿A quién pertenecían los explosivos y las sustancias químicas halladas en la zona de Santurbán? Esa es una de las preguntas que deberán esclarecer las autoridades tras una operación contra la explotación ilícita de oro en los municipios de California y Suratá, en Santander.Durante los procedimientos fueron incautados materiales explosivos, sustancias químicas, maquinaria, oro y dinero en efectivo que, según las autoridades, presuntamente serían utilizados en actividades de minería ilegal.Entre los elementos decomisados se encuentran 700 metros de cordón detonante, 120 kilogramos de explosivos, 147 barras de Indugel y 62 detonadores eléctricos. También fueron encontrados 200 kilogramos de cianuro y 1.902 gramos de mercurio, sustancias empleadas en determinados procesos de extracción y beneficio del oro que pueden generar graves afectaciones ambientales si se manipulan o disponen de manera inadecuada.El balance de la operación incluye además 12 motores, taladros neumáticos, un equipo de oxicorte, una bala de oxígeno, grameras, 114 gramos de oro en joyas, 211 gramos de oro en amalgama, 54 libras de relaves mineros y más de $92,8 millones en efectivo.Por ahora, la información entregada por las autoridades no identifica a una persona, organización o estructura criminal como propietaria de todos los elementos encontrados. Tampoco precisa si hubo capturas durante los ocho allanamientos.La procedencia de los explosivos y las sustancias químicas, así como su posible relación con explotaciones auríferas ilegales en la zona, deberá establecerse dentro de las investigaciones correspondientes. El operativo también pone el foco sobre los riesgos ambientales asociados a la extracción ilegal de oro. El uso inadecuado de mercurio y cianuro puede contaminar suelos y fuentes hídricas, mientras que la utilización de explosivos puede alterar el terreno y afectar los ecosistemas.El páramo de Santurbán es un ecosistema estratégico para Santander por su importancia en la regulación hídrica y el abastecimiento de agua para numerosas comunidades. Por ello, las actividades mineras que se desarrollan en su área de influencia son objeto de controles ambientales y operativos.Con la incautación de estos materiales, el Ejército y las demás autoridades buscan limitar la capacidad operativa y financiera de quienes se benefician de la explotación ilícita de oro. La investigación deberá determinar la procedencia de los elementos, su destino y las posibles responsabilidades penales relacionadas con los hechos.La intervención se desarrolló en el marco del Plan Amazonía, una estrategia dirigida a combatir actividades ilícitas que afectan los recursos naturales. De acuerdo con el reporte militar, las economías ilegales relacionadas con la explotación ilícita de yacimientos mineros en esta zona estarían generando ingresos superiores a los $1.200 millones mensuales. Sin embargo, no se precisó qué estructura o responsables recibirían esos recursos ni cómo se calculó esa cifra.
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, pidió este miércoles a la Cancillería y a la Procuraduría General del país iniciar gestiones para recuperar el oro venezolano retenido en el Banco de Inglaterra."No voy a dejar de exigir al Banco de Inglaterra el regreso de nuestro oro. Ya basta de excusas. Hubo un acuerdo", dijo Rodríguez, en mención al acuerdo para recuperar los activos de reserva internacional alcanzado en agosto pasado en el primer ciclo de diálogo entre un sector de la oposición y el chavismo.En una reunión del Consejo de Vicepresidentes y Ministros, transmitida por el canal estatal Venezolana de Televisión, la presidenta encargada subrayó que "no hay excusas" para que el oro siga en el Banco de Inglaterra."Ya basta del robo de nuestros recursos, del robo de nuestro oro", expresó.En julio pasado, Rodríguez informó que envió una carta al rey británico Carlos III solicitando la liberación del oro retenido en el Banco de Inglaterra, con el fin de usar esos recursos ante la emergencia provocada por los devastadores terremotos del pasado 24 de junio en Venezuela.El reciente alivio de sanciones por parte de EE. UU. no ha impedido que persistan restricciones estructurales y continúen congelados, o bajo control, fondos y bienes del Estado venezolano en el exterior, como las reservas de oro por valor de unos 2.000 millones de dólares depositadas en el Banco de Inglaterra.El pasado 21 de octubre, el chavismo y el sector de la oposición que participa en el diálogo acordaron la conformación de una comisión paritaria para gestionar ante las instituciones del Reino Unido la recuperación del oro depositado en el Banco de Inglaterra, informaron ambas partes al término de la tercera ronda de negociaciones.La jefa de la delegación opositora, Dinorah Figuera, declaró entonces que su comisión conversó con representantes de Reino Unido para que se haga efectiva la transferencia de los recursos que fueron transferidos al control de la oposición en 2019, en medio de una crisis política desatada por el cuestionamiento al mandato del ahora presidente depuesto Nicolás Maduro, tras unas presidenciales con denuncias de fraude.
Doce de las 14 personas que murieron tras el derrumbe de un talud de tierra en una mina artesanal de Santa Bárbara de Iscuandé, en Nariño, son mujeres, y en su mayoría eran cabeza de hogar. Así lo confirmó el gobernador del departamento, Luis Alfonso Escobar, en entrevista con Mañanas Blu. El mandatario también pidió el apoyo de la Fuerza Aérea Colombiana para trasladar a los heridos en estado crítico.Una tragedia que enluta a Santa Bárbara de Iscuandé y a NariñoSegún el gobernador, el siniestro ocurrió el día anterior en el sector conocido como El Chambero, donde las comunidades explotan oro de aluvión a orillas del río. Escobar explicó que se trata de una mina a cielo abierto, trabajada de forma artesanal.Durante la entrevista, el reporte de víctimas se actualizó. Mañanas Blu consultó por versiones que hablaban de 17 fallecidos, y el gobernador respondió que no tenía confirmación de esa cifra. Dijo que estaba en comunicación con el alcalde de Santa Bárbara, quien le informó que en total son 21 las personas afectadas: 14 fallecidas y siete heridas, cuatro mujeres y tres hombres. Escobar advirtió que cuatro de los lesionados están en condición crítica. Explicó que el hospital local, de primer nivel, no tiene la capacidad para atender su estado de salud.Piden a la Fuerza Aérea trasladar a los heridosEl gobernador señaló que los heridos no pueden ser evacuados por vía marítima ni fluvial, por lo que su desplazamiento hacia Tumaco o Cali depende de transporte aéreo. Explicó que la víspera se gestionó el apoyo con mandos militares, entre ellos el general Salinas, pero que la operación se complicó porque en ese momento se atendía el accidente de un helicóptero en el Cauca y se coordinaba la evacuación de 19 soldados.“Uno entiende esto, pero hoy sí necesitamos que la movilización del ejército y de la fuerza aérea para tratar de trasladarnos estos 4 heridos sería muy importante”, afirmó el mandatario.Doce mujeres, la mayoría cabeza de hogarAl explicar por qué la mayoría de las víctimas son mujeres, tanto en este caso como en el de Policarpa, el gobernador respondió que muchas de ellas son cabeza de hogar y deben salir a trabajar para sostener a sus familias. Indicó que en este caso murieron familias enteras, que según su estimación serían dos o tres.“Son las mujeres en su gran mayoría cabezas de hogar que tienen que salir a trabajar y son las menos, las más indefensas ante el esfuerzo físico que tú ves que se hace ahí en ese tajo”, sostuvo. Añadió que quienes logran escapar suelen ser quienes tienen mayor habilidad física, y concluyó: “Hoy no escaparon 12 mujeres”.Policarpa, el antecedente de hace dos mesesEscobar recordó que la tragedia de Santa Bárbara de Iscuandé no es la primera de este tipo en el departamento. Según dijo, el 29 de agosto, en la zona de Policarpa, 12 personas fueron arrastradas por un talud: cinco mujeres y siete hombres. El gobernador atribuyó este tipo de deslizamientos a la explotación antitécnica. Según afirmó, suelen ocurrir cuando la actividad se realiza sin criterios técnicos ni ambientales.Formalización minera: la salida que plantea el gobernadorEscobar insistió en formalización de la minería artesanal. Afirmó que las comunidades de Santa Bárbara tienen al menos siete solicitudes de áreas de reserva especial minera en trámite ante la Agencia Nacional Minera, algunas desde hace muchos años. A nivel departamental, indicó que Nariño acumula 181 solicitudes de este tipo, con más de 20 años de espera.“Ahí creo que la solución”, dijo sobre la formalización de esas áreas, que describió como zonas de prelación minera de comunidades negras. Según explicó, permitirían una explotación técnica y ambientalmente adecuada.Preguntado por qué la mina no fue cerrada si operaba de manera ilegal, el mandatario respondió que lo ocurrido en Santa Bárbara es una situación cotidiana en Nariño, Cauca y Chocó. Señaló que se trata de una actividad que las comunidades negras han practicado históricamente, ahora con maquinaria de mayor intensidad. Agregó que lo que normalmente puede hacer el Estado es intervenir mediante el Ejército y la Policía donde hay explotación ilegal, pero que, a su juicio, la salida de fondo es formalizar.Qué cambiaría con las licenciasSobre el efecto de otorgar los permisos, el gobernador dijo que cambiaría “todo, absolutamente todo”. Sostuvo que se trabajaría con criterios técnicos y ambientales, y señaló que la gobernación ha ayudado a las comunidades a elaborar estudios técnicos geológicos, y que estas cuentan con planes de trabajo y obra y han comenzado los estudios ambientales. Escobar hizo un llamado a la Agencia Nacional Minera para acelerar los permisos y licencias, de modo que “no mueran más personas” que solo buscan trabajo.
Se elevó a 14 la cifra de personas que murieron este lunes en un deslizamiento de tierra en una mina de oro irregular en Santa Bárbara de Iscuandé, informaron las autoridades del departamento de Nariño.El secretario de Gobierno del departamento de Nariño, Fredy Andrés Gámez Castrillón, y el secretario de Paz y Derechos Humanos de esta misma región, Alex González, confirmaron la cifra de fallecidos a distintos medios locales."Se reporta que varias personas están sepultadas por un derrumbe de tierra, personas que estaban haciendo minería. Y el reporte que tenemos hasta el momento es de nueve muertos", indicó González. Los primeros reportes indicaron que el suceso en esta instalación artesanal se produjo a primera hora de la mañana y que se estima que la mayoría de quienes se encontraban en el lugar permanecen atrapados, por lo que podría elevarse el número de fallecidos.Al lugar, una zona rural de difícil acceso, se desplazaron equipos de bomberos y de la Defensa Civil para contribuir en las labores de búsqueda y rescate.La Defensoría del Pueblo pidió en redes sociales "atención" a la emergencia en esta mina y expresó su "profunda preocupación" ante la posibilidad de que el deslizamiento haya dejado "un número importante de víctimas"."La prioridad en este momento es salvar vidas y garantizar una atención inmediata y coordinada de la emergencia", agregó la Defensoría del Pueblo, quien hizo un "llamado urgente" para "disponer de todos los recursos humanos, técnicos y logísticos necesarios".Este organismo, recordó asimismo que, "ante la presencia de grupos armados ilegales en la zona", es preciso "garantizar el acceso seguro de los equipos de emergencia y del personal humanitario” a la mina.Hace apenas dos meses, también en el departamento de Nariño, tuvo lugar otro accidente en una mina artesanal de oro que dejó 13 muertos y varios heridos.
Las comercializadoras y exportadoras de oro alertaron al Gobierno Nacional sobre un presunto contrabando de entre 500 kilogramos y una tonelada de oro a la semana, que podría representar entre 225.000 y 450.000 millones de pesos, según el precio de referencia del metal.Además, advierten que el Estado podría dejar de recaudar cerca de 40.000 millones de pesos semanales en impuestos por la comercialización que se realiza por fuera de los canales legales.En una carta enviada al Gobierno el pasado 28 de septiembre, las empresas señalaron una disminución considerable del oro disponible en el mercado formal y alertaron sobre presuntas rutas de contrabando por Cúcuta y la frontera con Venezuela.“Nos preocupa que el oro esté dejando de llegar a las empresas que cumplen las reglas. Si resulta más atractivo comercializarlo por fuera de los canales formales, el problema puede trasladarse de una ruta a otra. No basta con perseguir el contrabando: también debemos hacer competitivo operar legalmente”, señala Nicolás Echeverry, vocero de las comercializadoras firmantes.El sector también manifestó preocupación por las dificultades para acceder al sistema financiero y por las cargas tributarias y regulatorias que, aseguran, afectan la competitividad de las compañías que operan legalmente.Esta alerta se conoce en medio de la discusión del borrador del Estatuto Antiterrorista, que propone, en su artículo 327F, penas de entre 6 y 14 años de prisión para quienes comercialicen, transporten, transformen o exporten oro de origen ilícito o sin los soportes de trazabilidad exigidos.“No podemos poner en el mismo nivel a las organizaciones criminales y a los mineros que llevan años intentando formalizarse. Tampoco es razonable exigir a un pequeño productor las mismas capacidades técnicas, administrativas y económicas que a una gran compañía minera.Para combatir la ilegalidad, debemos facilitar la formalización y permitir que ese oro ingrese a la economía legal con trazabilidad y pagando los impuestos correspondientes”, señala Echeverry.Ante este panorama, las comercializadoras solicitaron una reunión urgente con el Gobierno para contrastar las cifras con información de entidades como la DIAN, el DANE y la Agencia Nacional de Minería, y definir medidas que permitan combatir el contrabando, fortalecer la trazabilidad del oro y facilitar la formalización de los pequeños productores.
La multinacional minera canadiense Aris Mining anunció que concluyó la preparación del Estudio de Impacto Ambiental y Social (EIAS) del proyecto de oro y cobre Soto Norte, en Santander, y que durante octubre comenzará una nueva etapa de participación con las comunidades de la zona.De acuerdo con la compañía, las reuniones se realizarán en los municipios de Matanza, Suratá y California, donde será presentado el estudio y se recibirán observaciones y propuestas de los habitantes antes de su presentación definitiva ante las autoridades como parte del proceso para obtener la licencia ambiental.Aris Mining señala que el proyecto fue rediseñado y contempla reservas de 4,6 millones de onzas de oro, con una vida inicial de explotación estimada en 22 años. La empresa proyecta una capacidad de procesamiento de 3.500 toneladas por día, de las cuales 750 toneladas estarían destinadas al material proveniente de mineros locales.Le puede interesar: Mineros de Soto Norte celebran revocatoria de prórroga de reserva temporal de SanturbánLa multinacional también asegura que la planta no utilizará cianuro ni mercurio y que producirá concentrados de oro, plata y cobre.En materia económica, Aris Mining estima que Soto Norte podría generar alrededor de 2.300 empleos durante la construcción y 675 durante la operación, además de unos 15.000 empleos directos e indirectos en el distrito, según sus proyecciones.El anuncio se produce después de que la Agencia Nacional de Minería (ANM) aprobara, el pasado 29 de julio, la modificación del Programa de Trabajos y Obras (PTO) del proyecto. Sin embargo, la compañía aclara que esta aprobación técnica no equivale a una licencia ambiental y que las actividades de construcción y explotación no podrán comenzar hasta obtenerla.La empresa también plantea un modelo de asociación con pequeños mineros de Soto Norte, mediante el acceso a infraestructura de procesamiento y sistemas para el manejo de agua y relaves.Con el inicio de las reuniones comunitarias, el proyecto entra ahora en una etapa clave antes de la eventual presentación del estudio ambiental ante las autoridades competentes.
El sector formal de comercialización de metales preciosos de Colombia envió una carta al presidente Abelardo De La Espriella, fechada en Medellín el 28 de septiembre de 2026, con una alerta urgente por contrabando masivo de oro. El grupo que remite la misiva incluye grandes comercializadoras internacionales, exportadoras, operadores de zonas francas y comercializadores regionales.Según información de varios actores del mercado, por circuitos ilegales podrían estar saliendo entre 500 kilos y una tonelada de oro por semana, lo que equivaldría a decenas de toneladas al año y a miles de millones de dólares en pérdidas para el Estado y las regalías. Según la carta, la red operaría con terceros, grandes sumas en efectivo, criptomonedas (USDT), operadores OTC y flotas de vehículos. Integrantes del sector contactados por este medio, que pidieron reserva de su identidad, señalaron además que se estarían haciendo transacciones de entre 150 millones y 300 millones de dólares con criptomonedas.En la carta señalan dos epicentros: Medellín, donde se concentraría la compra y la financiación, y Cúcuta y la frontera, desde donde el oro se movería hacia Venezuela. De acuerdo con las fuentes consultadas por este medio, el metal seguiría luego su camino hasta Dubái y Estambul. En la misiva también mencionan a Surinam como posible ruta alterna. El fenómeno lleva unos dos años, pero se habría reactivado en el último mes, coincidiendo con cambios en la movilidad y la conectividad con Venezuela.Además, sugieren contrastar las exportaciones de oro en kilos y no en dólares, porque el alza del precio internacional podría estar ocultando una caída en el volumen legal exportado. Por eso, solicitan una reunión urgente con el presidente De La Espriella para presentar sus cifras.
El acuerdo contempla mover 31 toneladas de oro valoradas en unos 4.000 millones de dólares, aunque su uso estaría sujeto a restricciones y supervisión.El Gobierno de Venezuela y la oposición están cerca de alcanzar un acuerdo para trasladar a Estados Unidos las reservas de oro venezolano que permanecen almacenadas en el Banco de Inglaterra, según informó el Financial Times.De acuerdo con el diario británico, se trata de unas 31 toneladas de oro valoradas en aproximadamente 4.000 millones de dólares. El acuerdo en discusión contempla trasladar las reservas desde Londres hasta la Reserva Federal de Nueva York.Según cuatro personas conocedoras de las negociaciones citadas por el Financial Times, el Gobierno interino de Delcy Rodríguez obtendría el control legal sobre el oro, pero no tendría autorización para vender inmediatamente las reservas.La propuesta contempla que el metal pueda utilizarse como garantía para conseguir financiación. Parte de esos recursos podría destinarse a gastos gubernamentales, incluida la reconstrucción tras los terremotos registrados en junio.¿Delcy Rodríguez se quedará con el oro venezolano?Los términos conocidos hasta ahora no plantean que Delcy Rodríguez pueda disponer libremente de las reservas. El Financial Times señala que el Gobierno interino tendría el control legal del oro, pero existirían restricciones sobre su utilización. Además, sectores de la oposición que participan en las negociaciones han exigido mecanismos de supervisión para evitar un uso no autorizado de las reservas.Una figura de la oposición involucrada en las conversaciones, citada por el periódico, aseguró que el oro será trasladado a Estados Unidos, pero que Rodríguez no tendrá acceso directo a las reservas y que estas permanecerán bajo supervisión y restricciones.Un conflicto que lleva siete añosEl oro venezolano almacenado en el Banco de Inglaterra está en medio de una disputa legal desde 2019. Ese año, Estados Unidos, Reino Unido y otros gobiernos reconocieron a Juan Guaidó, entonces presidente de la Asamblea Nacional, como presidente legítimo de Venezuela.A partir de entonces, la oposición reclamó el control de las reservas del Banco Central de Venezuela depositadas en las bóvedas del Banco de Inglaterra. El conflicto llegó incluso hasta la Corte Suprema del Reino Unido.Ahora, las conversaciones entre el Gobierno interino y la oposición, respaldadas por Estados Unidos, buscan resolver el acceso a las reservas y establecer las condiciones bajo las cuales podrían utilizarse. El Gobierno y la oposición ya habían anunciado que estaban trabajando para desbloquear el acceso a las 31 toneladas de oro almacenadas en Reino Unido.Banco de Inglaterra todavía necesita una orden judicialEl traslado del oro no es automático. El Banco de Inglaterra ha advertido que no puede actuar sobre las reservas hasta que exista una nueva orden de un tribunal británico que establezca quién tiene autoridad legal sobre la cuenta. "La Bank no está en posición de actuar sobre instrucciones" hasta recibir una nueva orden judicial que determine quién tiene autoridad legal, explicó un portavoz de la entidad, según el Financial Times.Por esa razón, aunque las partes estarían próximas a un acuerdo, todavía deben resolverse varios aspectos técnicos y jurídicos. Las fuentes citadas por el periódico señalaron que el proceso para cerrar esos detalles podría tomar algún tiempo.El oro podría servir como garantía para obtener financiaciónUno de los elementos centrales de la propuesta es que las reservas no sean vendidas inmediatamente, sino que puedan respaldar operaciones de financiación.Según el reporte del Financial Times, el oro podría utilizarse como garantía para que el Gobierno consiga préstamos destinados a financiar diferentes gastos, incluida la reconstrucción después de los terremotos de junio. El eventual traslado a Nueva York sería además uno de los primeros resultados concretos del proceso de negociación respaldado por Estados Unidos entre el Gobierno interino y la oposición venezolana.
Siete personas fueron capturadas por la Policía Metropolitana de Bucaramanga durante un operativo contra la explotación ilícita de yacimientos mineros en inmediaciones de la quebrada Chapinero, en el predio Forjas, en Bucaramanga.El procedimiento fue adelantado por unidades de la Seccional de Carabineros y Protección Ambiental, quienes, según el reporte oficial, encontraron a los ciudadanos realizando actividades de remoción de la capa vegetal, excavación y debilitamiento del terreno, además de extracción de material aurífero.De acuerdo con las autoridades, estas labores se estarían desarrollando sin los permisos ambientales requeridos por la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga, CDMB.Entre los detenidos estaría un hombre que, según las verificaciones realizadas durante la investigación, sería reincidente en este tipo de conductas y estaría relacionado con actividades de explotación ilegal de yacimientos mineros en este sector de la ciudad.Durante el operativo también fueron incautados elementos que, presuntamente, eran utilizados para las labores de extracción, entre ellos una motobomba, un azadón, seis picas, dos bateas plásticas, 40 metros de manguera, dos canalones y un radio de comunicación.La Policía señaló que la intervención permitió suspender las actividades y prevenir mayores afectaciones sobre la quebrada Chapinero y los recursos naturales de la zona.Los siete capturados y los elementos incautados quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Será la autoridad judicial la encargada de definir las actuaciones correspondientes y, posteriormente, un juez determinará la situación jurídica de los procesados.
Dos hombres, conocidos con los alias de ‘Poveda’ y ‘Nico’, fueron capturados por la Policía Metropolitana de Bucaramanga, señalados de estar relacionados con varios casos de hurto de prendas de oro mediante atraco con arma de fuego en el área metropolitana.Las capturas fueron realizadas en los barrios Don Bosco, en Bucaramanga, y la vereda Palogordo, en Girón, en cumplimiento de órdenes judiciales por el delito de hurto calificado y agravado.Según la investigación, uno de los hechos que estaría relacionado con los detenidos ocurrió en el barrio Provenza, donde una persona fue abordada y despojada de una cadena de oro. Durante el atraco, la víctima habría sido lesionada con un arma de fuego.El caso generó especial preocupación debido a que el hurto se habría cometido frente a un entorno escolar y en presencia de niños y niñas.La Policía indicó que los dos hombres, de 25 y 36 años, respectivamente, estarían vinculados con otros hurtos de prendas de oro registrados en diferentes sectores del Área Metropolitana de Bucaramanga. De acuerdo con las autoridades, la comercialización de los elementos robados sería una de las fuentes de rentabilidad de esta actividad delincuencial.En las verificaciones realizadas en el Sistema Penal Oral Acusatorio, los capturados aparecen con más de 19 anotaciones por diferentes delitos. Entre ellas figuran nueve por hurto calificado y agravado, cuatro por delitos relacionados con armas de fuego, dos por receptación, tres por fuga de presos, además de registros por amenazas, falsedad marcaria y falsedad personal.Los dos hombres quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación, que deberá presentarlos ante un juez para que se determine su situación jurídica.La Policía señaló que continuará las investigaciones para establecer la posible participación de los capturados en otros casos de hurto de oro ocurridos en Bucaramanga y municipios del área metropolitana.
El presidente Abelardo De La Espriella anunció que la Policía, en coordinación con la Fiscalía, logró la captura en Medellín e Itagüí de los dos presuntos responsables del ataque ocurrido el pasado 4 de noviembre en la capital de Antioquia. En este hecho fueron asesinadas tres personas, entre ellas el patrullero Andrés Hamilton Santa Aguirre.“Los capturados deberán responder ante la justicia por los delitos de homicidio agravado y porte ilegal de armas de fuego. He sido claro: quien levante un arma contra un colombiano o contra un integrante de nuestra Fuerza Pública tendrá todo el peso de la ley sobre sus hombros”, dijo el mandatario.Uno de los capturados tenía anotaciones por hurto calificado y lesiones. Otro de ellos tenía anotaciones por hurto calificado y por tráfico, fabricación y porte de estupefacientes.Los dos capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía 46 local, Unidad de Reacción Inmediata de Medellín.
Colombia registra actualmente importaciones de gas natural superiores a los 400 millones de pies cúbicos diarios, un volumen destinado a cubrir el consumo residencial, el transporte vehicular y la generación eléctrica.En diálogo con Mañanas BLU, Nelson Castañeda, presidente de la Cámara Colombiana de Bienes y Servicios Petroleros y Gasoductos (Campetrol), advirtió sobre la urgencia de fortalecer la producción interna para proteger las tarifas de los usuarios y evitar depender exclusivamente de mercados externos.El gasoducto binacional: Una "llanta de repuesto" frente a la crisisEn relación con la propuesta de reparar y habilitar el gasoducto binacional con Venezuela para abastecer al mercado colombiano, el dirigente gremial sostuvo que, si bien constituye una alternativa valiosa, no resuelve de fondo el problema estructural de abastecimiento.Castañeda definió el rol de esta infraestructura señalando: "Esto es una es una llanta de repuesto muy buena. Es un plan B y un plan C. El país necesita todas las fuentes de energía, lógicamente. Privilegiamos el gas nacional, que es mucho más económico". Asimismo, explicó que, aunque el suministro venezolano llegaría por tubería, evitando los costos logísticos de licuefacción y transporte marítimo, su tarifa final dependerá de las condiciones de libre mercado, los acuerdos comerciales y la geopolítica internacional. El elevado costo del gas importado y su impacto en la factura de los colombianosUno de los aspectos más críticos expuestos por el presidente de Campetrol radica en la brecha tarifaria entre el combustible producido en territorio nacional y el gas natural licuado (GNL) traído del exterior.Castañeda detalló que el gas importado debe pasar por un proceso intensivo que incluye su licuefacción, traslado en buques metaneros, recepción en puertos locales y posterior regasificación para inyectarlo al Sistema Nacional de Transporte. "El gas importado vale tres y cuatro veces el gas nacional dado que toca volverlo líquido, transportarlo en barco, traerlo a puerto colombiano, regasificarlo y meterlo al sistema nacional de transporte", enfatizó el vocero.Sirius y Fracking 4.0: Las alternativas nacionales estratégicasPara superar la coyuntura y garantizar el suministro a mediano y largo plazo, Campetrol propuso avanzar de manera paralela en cuatro frentes: la infraestructura de regasificación, la importación vía Venezuela, el desarrollo offshore y los yacimientos no convencionales. Entre las cartas más fuertes a nivel nacional se destaca el proyecto Sirius, el cual posee recursos contingentes proyectados en 470 millones de pies cúbicos diarios. No obstante, Castañeda remarcó la necesidad de agilizar las consultas previas para tramitar la licencia ambiental y construir un gasoducto de 120 kilómetros que conecte el pozo con tierra firme. "Ahí tenemos una alternativa que es Sirius que podría entrar en 36 meses, pero si todos nos ponemos de acuerdo como país podríamos cumplir ese cronograma y no tener demoras", afirmó.Escuche aquí la entrevista:
La polémica relacionada con la captura de Santiago Peña, tras el colapso de Ueno Bank, sigue generando interrogantes. En medio de las investigaciones, durante un allanamiento a la mansión de verano del expresidente paraguayo, las autoridades encontraron una bóveda oculta detrás de una pared falsa.El inmueble, ubicado en San Bernardino, a unos 50 kilómetros de Asunción, fue allanado el domingo 8 de noviembre de 2026, en el marco de las investigaciones por las presuntas irregularidades relacionadas con Ueno Bank. Los fiscales y agentes de Policía llegaron hasta una puerta blindada, pero no consiguieron acceder al espacio que se encontraba detrás.Durante el operativo, las imágenes difundidas por la Fiscalía y medios paraguayos mostraron un pasillo que conduce desde una de las habitaciones hasta el acceso a la bóveda. Al finalizar el procedimiento, las autoridades todavía no habían podido ingresar al recinto. Por lo tanto, se desconoce qué hay en su interior.¿Cómo es la bóveda encontrada en la mansión de Santiago Peña?De acuerdo con información publicada por ABC Color, la puerta tendría un sistema de seguridad de nivel siete y requeriría varios mecanismos de autenticación, entre ellos reconocimiento facial o del iris, huella dactilar, clave numérica y llaves especiales.Medios paraguayos señalaron que la tecnología podría ser de procedencia israelí. Sin embargo, esa información no ha sido confirmada oficialmente.Además, circuló un video que mostraría el espacio durante la construcción de la vivienda. En las imágenes se puede ver el interior de la estructura antes de que terminaran las obras, pero su autenticidad todavía no ha sido verificada.La Fiscalía confirmó el allanamiento, aunque en su comunicado no hizo referencia específica a la bóveda. Según informó ABC Color, los investigadores regresarían a la propiedad para continuar con la inspección de la vivienda.¿Cómo planean abrir la bóveda de la mansión de Santiago Peña?Los investigadores todavía no han definido cómo ingresarán a la bóveda, ubicada debajo de una piscina y detrás de una pared falsa. La estructura tiene una puerta de acero blindado y un sistema de seguridad que, según las primeras hipótesis, podría requerir reconocimiento facial, datos biométricos o una clave alfanumérica. Entre las posibilidades está contactar al fabricante mediante una orden judicial o recurrir a personas que conozcan el mecanismo, incluida la exesposa del expresidente. Sin embargo, no se ha confirmado que ella vaya a participar ni que Peña sea trasladado al inmueble para facilitar la apertura.Sobre el valor de la propiedad, la periodista Fátima Garay informó para Noticias Caracol que la tasación superaría el millón de dólares. Además, señaló que Peña habría solicitado un préstamo de cerca de 470.000 dólares a Ueno Bank para construirla, con cuotas aproximadas de 31.000 dólares. Hasta ahora, las autoridades no han establecido qué contiene la bóveda ni si había objetos en su interior antes del allanamiento.¿Por qué investigan la mansión de Santiago Peña?La residencia es uno de los puntos centrales de la investigación contra el exmandatario. Según el acta de imputación, en mayo de 2024, cuando Peña todavía era presidente, habría recibido dos préstamos simultáneos de Ueno Bank por 3.548 millones de guaraníes, equivalentes a cerca de 600.000 dólares, para financiar la construcción de la propiedad.Las cuotas mensuales habrían sido de 239 millones de guaraníes, una cifra que, de acuerdo con los fiscales, equivalía a seis veces su salario presidencial.La vivienda tuvo un costo declarado de 7.750 millones de guaraníes, distribuidos entre el terreno, la construcción y el equipamiento. La propiedad cuenta con un lote de 5.012 metros cuadrados y una superficie construida de 1.015 metros cuadrados.Peña fue imputado por presunta lesión de confianza, en calidad de instigador, y administración en provecho propio, como autor. La Fiscalía también investiga posibles irregularidades en el manejo de recursos públicos depositados en la entidad financiera.El expresidente niega los cargos y permanece en prisión preventiva en Asunción. Hasta el momento, su defensa no se ha pronunciado sobre el hallazgo de la bóveda.
La Unión Sindical Obrera (USO) rechazó las propuestas que plantean vender Ecopetrol como una salida a la crisis fiscal y una alternativa para evitar nuevas reformas tributarias. En un comunicado de su Junta Directiva Nacional, la organización sindical advirtió que entregar la empresa a manos privadas sería “traicionar a la patria” y aseguró que el déficit fiscal no puede solucionarse vendiendo uno de los activos más estratégicos y rentables del país.Para sustentar su rechazo, la USO señaló que la discusión debe tener en cuenta el panorama energético internacional, marcado por las tensiones y los conflictos alrededor del control de las reservas de petróleo y gas y de los mercados de distribución de energía. Recordó que más del 80 % de la canasta energética mundial sigue dependiendo de los combustibles fósiles y puso como ejemplo a empresas estatales que tienen un papel protagónico en el sector, como Saudi Aramco, de Arabia Saudita; Sinopec y CNPC, de China; Rosneft y Gazprom, de Rusia; Petrobras, de Brasil, y Equinor, de Noruega. "Ecopetrol como grupo empresarial aportó a la nación en los últimos 4 años más de 180 billones vía impuestos, dividendos y regalías; adicionalmente y como ha sido histórico Ecopetrol reemplaza en los territorios con inversión social a los Gobiernos nacional, departamentales y locales", afirmó la USO en su comunicado. También resaltó su papel en la generación de encadenamientos productivos que abarcan desde la exploración y producción de hidrocarburos hasta su transporte, refinación y comercialización.Otro de los argumentos de la USO tiene que ver con la dependencia de Colombia de las importaciones para abastecer su consumo energético. Según las cifras presentadas por el sindicato, el país importa el 41 % del gas natural y el 43 % de las gasolinas que consume, así como el 20 % del diésel. Además, debe traer del exterior el 12 % del crudo liviano que necesita la refinería de Barrancabermeja.Para la organización, estas cifras evidencian una crisis energética que atribuye, entre otros factores, a las políticas de desestímulo a la inversión en petróleo y gas, los bajos resultados de la exploración y la falta de implementación de tecnologías para aumentar la recuperación de hidrocarburos en campos maduros. También señaló los retrasos en la entrada de proyectos de gas offshore, la postergación de los pilotos de yacimientos no convencionales en el Magdalena Medio y la amenaza de un nuevo fenómeno de El Niño.El sindicato advirtió que esta situación se presenta incluso cuando las dos refinerías del país han alcanzado eficiencias importantes y operan al máximo de su capacidad de carga. "Ecopetrol se debe fortalecer en su negocio original para revertir la tendencia creciente de importaciones y así recuperar la seguridad en el suministro y garantizar la Soberanía energética del pueblo Colombiano; lo que jamás sería posible en manos de capitales privados", afirmó el sindicato.Teniendo en cuenta los motivos anteriores, la USO anunció que convocará a sus trabajadores, a las comunidades de los territorios petroleros y al país en general para defender la empresa y la soberanía energética. “La USO sin vacilación alguna convocará a su base trabajadora, a los territorios petroleros y al país en general a defender su soberanía energética y patrimonio público”, dicen en el comunicado. Finalmente, la organización sindical recordó que su historia está ligada a la creación de Ecopetrol. Según explicó, la huelga de 1948, impulsada por trabajadores y comunidades, permitió que la Nación asumiera el control de la industria petrolera que estaba en manos de la Tropical Oil Company, tras impedir la prórroga de su contrato.También recordó que en 2004, durante el primer gobierno de Álvaro Uribe Vélez, protagonizó una huelga que calificó como patriótica para frenar un nuevo intento de privatización de la empresa. Ahora, 22 años después, cuestionó que el expresidente y su bancada política vuelvan a plantear la entrega de Ecopetrol a los privados.
Cuatro presuntos integrantes de las disidencias de las Farc, pertenecientes a la estructura 33, fueron capturados y un menor de edad recuperado durante una operación conjunta del Ejército y la Policía Nacional en la vereda La Perla, en el municipio de Tibú, Norte de Santander.El operativo fue desarrollado por tropas de la Segunda División del Ejército Nacional. Las cinco personas quedaron a disposición de las autoridades competentes para los respectivos procedimientos judiciales y, en el caso del menor, el restablecimiento de sus derechos.Entre los capturados se encuentra alias Eddy, señalado por las autoridades como segundo cabecilla de escuadra de la comisión Roque González de las disidencias. También fueron detenidos alias Franyer, quien sería sicario de esta estructura, y alias Franklin, señalado de desempeñarse como dronista y sicario.Durante el procedimiento, las autoridades incautaron tres pistolas, un arma larga, un cañón de fusil AK-47, una culata, dos cerrojos, un supresor de sonido, una mira telescópica, un bípode de precisión, siete proveedores y abundante munición de diferentes calibres."En materia de comunicaciones fueron encontrados tres radios, dos cargadores de dos metros, diez teléfonos celulares y tres brazaletes alusivos a esta organización armada ilegal", afirmó el general Néstor Nieto, comandante de la Trigésima Brigada del Ejército. Uno de los resultados más importantes de la operación fue la incautación de material explosivo. Según el reporte militar, fueron encontrados aproximadamente 938 metros de cordón detonante, cinco kilogramos de pentolita, cuatro detonadores, dos tarros de pólvora negra y dos cilindros de 20 libras."Además, personal especializado destruyó de manera controlada una granada y cinco dispositivos explosivos improvisados. Uno de ellos, por sus características, se asemejaba a una mina antipersonal, mientras que los otros cuatro podían ser utilizados como trampas explosivas", manifestó el coronel Gonzalo Esteban Blanco, comandante de la Policía Norte de Santander. En el operativo también fueron recuperados una camioneta y una motocicleta que, de acuerdo con los registros judiciales, figuraba como hurtada. Según las autoridades, estos automotores presuntamente eran utilizados para movilizar integrantes de la organización, armamento e insumos.Con este resultado, la Fuerza Pública reportó una nueva afectación a las capacidades armadas, logísticas y explosivas de las disidencias de las Farc, que mantiene presencia en esta zona del Catatumbo.
