El Tribunal Administrativo de Cundinamarca anuló la resolución que autorizaba la transferencia de más de 7.000 millones de pesos destinados al mantenimiento y operación de carrotanques en el municipio de Uribia, recursos que habían sido ordenados en 2024 durante la administración del entonces director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, Olmedo López.
La decisión judicial confirmó irregularidades en la expedición de la Resolución 117 de 2024 y evitó el giro de más de 7.100 millones de pesos al municipio de Uribia. El proceso se originó tras una demanda interpuesta por la actual dirección de la UNGRD, luego de que se ordenara la transferencia de los recursos a través de un Fondo de Inversión Colectiva, mecanismo que posteriormente fue cuestionado por presuntas inconsistencias en su sustentación.
En el análisis del caso, el Tribunal concluyó que, si bien existía una situación de emergencia que requería medidas urgentes, la decisión adoptada carecía de los soportes necesarios para justificar la magnitud de los recursos comprometidos. Según lo determinado por la corporación judicial, el acto administrativo presentaba fallas en su motivación y fue expedido de manera irregular, al no explicar de forma clara y suficiente las razones que sustentaban una transferencia por más de 7.100 millones de pesos destinada a la operación de carrotanques en el territorio.
El alto tribunal indicó que la medida no contaba con el respaldo técnico, financiero y operativo suficiente que justificara tanto la cuantía como la destinación específica de los recursos públicos.
Tras conocerse la decisión, el actual director de la UNGRD, Carlos Carrillo, aseguró que la entidad ha optado por acudir a la justicia para evitar el desembolso de los recursos. En sus declaraciones señaló que “desde que llegamos a la entidad, tomamos la decisión de frenar estos giros y acudir a la justicia. Hoy el Tribunal confirma que las decisiones sobre recursos públicos deben estar debidamente sustentadas y ajustadas a los procedimientos”.
Los giros que fueron objeto de este proceso hacen parte de un conjunto de operaciones ordenadas durante los últimos días de la administración de Olmedo López en 2024. Estas decisiones han sido objeto de revisión en el marco de investigaciones relacionadas con el manejo de recursos en la entidad, especialmente en medio de los procesos judiciales que enfrenta el exfuncionario, privado de la libertad tras haber reconocido su participación en un esquema de corrupción que comprometió recursos públicos destinados a la atención de emergencias.
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