Gracias al principio de oportunidad al que llegó con la Fiscalía, Kelly Andrea Eslava, una exfuncionaria que trabajó y tuvo una relación con el exmagistrado Carlos Alberto Vargas en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, revelará toda la verdad sobre la venta de fallos judiciales y la red de corrupción al interior de ese tribunal.Eslava recibirá beneficios en su proceso y ya no sería juzgada por el delito de cohecho, pero a cambio deberá contarle a la justicia como fue la participación de por lo menos, ochos personas quienes estarían implicadas en esta red de corrupción, un escándalo que estalló al interior del Tribunal Administrativo de Cundinamarca el año pasado.Las personas contra las que Kelly Andrea Eslava deberá declarar son el propio exmagistrado Carlos Alberto Vargas Bautista en calidad de testigo, así como el exmagistrado de la Sala Disciplinaria de la Judicatura Angelino Lizcano.La exfuncionaria también se comprometió a declarar en los procesos contra los particulares Alonso Ospina, Jorge Cortés, Lautaro Alberto López, William Rojas Mazo, Mario Huertas Cotes y Fernando Góngora.Cabe recordar que Eslava y el exmagistrado Vargas Bautista fueron descubiertos por las autoridades en el 2019, por presuntamente, desviar procesos a favor de terceros a cambio de recibir dádivas, por ejemplo, un automóvil Mercedes Benz y un apartamento en Mosquera.Por estos hechos, un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia le imputó al exmagistrado Vargas Bautista los delitos de prevaricato por acción y omisión y, cohecho propio. Hoy en día, el exmagistrado está detenido.En los fallos irregulares se condenó, entre otros, al Hospital Militar y la Superintendencia de Sociedades, pero la Fiscalía también tiene bajo la lupa al exmagistrado de la judicatura Angelino Lizcano por la presunta comisión del delito de tráfico de influencias de servidor público, junto a Alonso Ospina, integrante del Consejo de Administración de Comfacundi.Parte de los arreglos que investiga el ente acusador es que se desde Comfacundi se entregaría el 25% de los eventuales perjuicios que se reconocieran por el tribunal en un proceso que allí se adelantaba, tanto al magistrado Vargas Bautista, Kelly Andrea Eslava y el magistrado Lizcano.Según la Fiscalía, Alonso Ospina sería amigo de Lizcano, el cual serviría de puente con Vargas Bautista a través de Eslava.Además, Kelly Andrea Eslava deberá declarar en el proceso contra Jorge Enrique Cortés Rojas, quien aparece reseñado como falso dueño del previo La Providencia del humedal Jaboque y al mayor retirado del Ejército Lautaro Alberto López.En cuanto al oficial, se investiga si hizo una promesa de compra con el exmagistrado Vargas Bautista en un proceso relacionado con el humedal Jaboque que se adelantaba en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.Esta red que intenta desenredar la Fiscalía con la firma del principio de oportunidad debe ser avalada por un juez de la república en las próximas semanas.
Ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, 17 congresistas de la oposición acusaron por desacato al presidente Iván Duque porque, según dicen, “violó la orden que le dio el tribunal de pedirle permiso al Senado para que pudieran actuar en Colombia las tropas de Estados Unidos”.La medida fue instaurada por congresistas de la Alianza Verde, Polo Democrático, Farc y la lista de los Decentes, al considerar que el presidente violó el artículo 173 de la Constitución, que pide la autorización del Senado para presencia de tropas de otros países.Para el senador Robledo, el ministro de Defensa “engañó al país al considerar que con siete cartas que fueron firmadas por 69 senadores se habría ordenado la presencia de tropas norteamericanas”.
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca se pronunció sobre la necesidad de un protocolo ‘exprés’ con el fin de garantizar las protestas del próximo 21 de octubre.En el pronunciamiento, con ponencia de la magistrada Nelly Yolanda Villamizar de Peñaranda, el tribunal otorgó 19 días hábiles para presentar dichos lineamientos en los que prevalezca el respeto a la protesta y a los derechos humanos.Adicionalmente, el documento asegura que la Alcaldía de Bogotá respetó los derechos humanos en las protestas del 9 y 10 de septiembre, al asegurar que siempre hubo una orden del Distrito para no usar armas o exceso de fuerza.La providencia ordena la creación de una mesa de trabajo que a largo plazo elabore una reforma a la Policía, que tenga en cuenta más de 16 problemáticas del país, que van desde la corrupción hasta la presencia de ciudadanos venezolanos en la ciudad.Conozca el documento del Tribunal Administrativo de Cundinamarca:
Este miércoles culminaron tres días de trabajo entre la Alcaldía de Bogotá, Presidencia, la Gobernación de Cundinamarca y la Fiscalía.Las reuniones se debían desarrollar como parte de la orden del Tribunal Administrativo de Cundinamarca de crear una mesa para restructurar directrices frente al uso de la fuerza durante la protesta social. Aunque hay avances y puntos comunes, hay otros donde no se alcanzaron acuerdos como, por ejemplo, en la prohibición de uso de capuchas y pinturas, que plantea el Gobierno, y el pago de una póliza por los organizadores de la marcha para enfrentar posibles daños por vandalismo. Otros puntos polémicos sería la pérdida de mando del Esmad por parte de las autoridades locales, así como la prohibición al porte de armas de fuego por parte de uniformados.La conclusión principal es que las partes van a solicitar al Tribunal Administrativo de Cundinamarca 60 días más para construir en conjunto este protocolo, alegando que estos días pasados no son suficientes y para que empate con el tiempo en que presentarán el nuevo protocolo a la Corte Suprema de Justicia. Se busca coordinar tiempos para presentar un solo documento a las dos instancias.El secretario de Gobierno de la Alcaldía de Bogotá, Luis Ernesto Gómez, aseguró al final de la reunión de este miércoles que la exigencia de la póliza y la prohibición en el uso de capuchas y pinturas son puntos en los que aún no hay acuerdo porque, para el Distrito, restringen el derecho a protestar.“La propuesta presentada por el Gobierno Nacional contempla una serie de restricciones al ejercicio de la protesta y deberes sobre quienes manifiestan: la necesidad de solicitar una póliza civil extracontractual, la prohibición de utilizar pinturas o de utilizar implementos que cubran el rostro. En el criterio de la Alcaldía estos son asuntos que únicamente pueden ser resueltos por la ley, por una ley estatutaria que son las llamadas a regular derechos”, aseguró Luis Ernesto Gómez.Agregó que hay que diferenciar entre una posible restricción de derechos y el deber de la fuerza pública de identificar a quienes protagonizan actos vandálicos durante las manifestaciones.“Por supuesto que es impotente que se puedan identificar las personas en caso de que haya violencia, pero asemejar el uso de una capucha a un acto de violencia o prohibir el uso de la pintura en la protesta y demás antes de mejorar las relaciones entre la fuerza pública y la sociedad civil es un camino equivocado”.El Gobierno, por su parte, mantiene su propuesta de 19 páginas que fija reglas sobre el uso de armas. Según el texto, se prohíbe la utilización de armas de fuego para la Policía, tanto en el acompañamiento, como en la prevención e intervención de manifestaciones pacíficas. Además, señala que “en cualquier caso, solo se podrá hacer uso intencional de armas letales cuando sea estrictamente inevitable para proteger una vida”.Según el documento, el Esmad será el último recurso de intervención y deberá haber una capacitación en derechos humanos y en uso de armas para las personas que intervengan en las protestas. Tampoco se podrá estigmatizar la protesta social y se debe presumir la legalidad e intención pacífica.
El fiscal Francisco Barbosa dirigió una carta a la magistrada Nelly Yolanda Villamizar, del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en la que notificó que la entidad a su cargo no suscribirá informe ni protocolo alguno, con respecto al fallo de tutela que sentó en una mesa de urgencia a los gobiernos distrital y nacional para que se ofrezcan soluciones con el fin de evitar soluciones para evitar la violencia en las recientes protestas.De acuerdo con la misiva, la Fiscalía tiene como deber constitucional investigar hechos delictivos y no “tomar parte en la formulación de protocolos dirigidos a solucionar ‘el antagonismo violento entre las fuerzas militares y la población civil’”.Según el jefe del ente investigador, la Fiscalía estará en la mesa de trabajo, pero no suscribirá el informe conjunto con destino al tribunal, así como tampoco participará en la elaboración de los señalados protocolos.Esta es la carta de Barbosa a la magistrada Villamizar:Escuche esta noticia y su análisis en Mañanas BLU:
Avianca interpuso un recurso de reposición en contra de la decisión del Tribunal de Cundinamarca de suspender el préstamo de 370 millones de dólares del Gobierno Nacional como medida cautelar mientras se estudia la demanda.Avianca está negociando un proceso de bancarrota en los Estados Unidos y planeaba presentar toda la documentación este 24 de septiembre para ejecutar el financiamiento tipo Deudor en Posesión (DIP), que incluye al Gobierno Nacional y también a otros inversionistas.La aerolínea dice que puede demostrar que el Gobierno cuenta con garantías sobre el dinero que está prestando y que, además, le va a pagar intereses al Gobierno, dos puntos que hacen parte de la demanda. La compañía también se comprometió a mantener su centro de operaciones y sus oficinas en el país y a invertir en Colombia lo que le preste el Gobierno.Según la compañía, su desaparición le costaría al país 123.000 puestos de trabajo y 1.3 millones de dólares anuales en impuestos durante los próximos cinco años.
Luis Manuel Lasso, magistrado del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, habló en Mañanas BLU sobre sobre la detención del desembolso de crédito a Avianca“Se trata de una acción popular que fue presentada por un ciudadano, el señor Jonathan Ruíz Tobón, con el propósito, en primer orden, de tener la posibilidad de aprobación del crédito que le confirió el Gobierno nacional a Avianca Holdings S.A. y en segundo orden, para detener o suspender el desembolso”, explicó.El magistrado dijo que hay dudas sobre las garantías que ofrece Avianca frente al crédito.“No hay claridad acerca de cuáles son las garantías que está ofreciendo Avianca Holdings sobre respaldar este crédito”, afirmó.Lasso dijo que la decisión de frenar el desembolso, fue para tomar una medida previa y urgente con el propósito de evitar un perjuicio irremediable.“El demandante planteó que la inminencia del desembolso de este crédito a Avianca Holdings S.A., el fundamento para ello, radica en las informaciones públicas de que efectivamente fue aprobado un crédito en dirección a esta sociedad”, dijo Lasso.Escuche al magistrado Luis Manuel Lasso del Tribunal Administrativo de Cundinamarca:
Aunque hace un par de días, el presidente Iván Duque anunció la impugnación del fallo que favorecía a la rebelión de las canas, insistiendo en que los adultos mayores de 70 años son la población más vulnerable a la pandemia, el movimiento acaba de ganar la batalla judicial ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.El Tribunal decidió que los adultos mayores tienen los mismos derechos y libertades que el resto de la población.Le puede interesar: Menores de cinco años tienen más carga viral de COVID-19 que adultos, dice estudio“Ordenar la suspensión transitoria de los efectos del artículo 3, numeral 35, inciso 5 del Decreto 749 del 28 de mayo de 2020, modificado por el artículo 1 del Decreto 847 del 14 de junio de 2020, que dispone: “El desarrollo de actividades físicas y de ejercicio al aire libre de los adultos mayores de 70 años, tres (3) veces a la semana, una (1) hora al día”, hasta tanto se resuelva en sede judicial la demanda de nulidad por inconstitucionalidad contra tales actos administrativos, la que debe ser tramitada por los accionantes, si es que no lo hubieren hecho, dentro del mes siguiente a la notificación de este proveído”, dice el fallo.Añade el fallo que, los mayores de 70 años, haciendo uso de su independencia y autodeterminación, puedan decidir al igual que las personas entre 18 y 69 años, las veces que consideran prudente o adecuado salir a desarrollar actividades físicas y de ejercicio al aire libre, observando las medidas de autocuidado.Para el tribunal no existe duda que cuando se trata de derechos y libertades, los adultos mayores se deben considerar iguales en trato al resto de la población.Convierta a BLU Radio en su fuente de noticias“En esta medida, tanto la Constitución Política como la Ley 1251 de 2008, y el derecho convencional, señalan que no se puede permitir ningún tipo de trato discriminatorio a los adultos mayores en razón a su edad”, puntualiza.Incluso, el Tribunal dice que, en términos de la Corte Constitucional, “es la conducta, actitud o trato que pretende, consciente o inconscientemente, anular, dominar o ignorar a una persona o grupo de personas, con frecuencia apelando a preconcepciones o prejuicios sociales o personales, y que trate como resultado la violación de sus derechos fundamentales. El acto de discriminación no solo se concreta en el trato desigual e injustificado que la ley hace de personas situadas en igualdad de condiciones. También se manifiesta en la aplicación de la misma por las autoridades administrativas cuando se escudan bajo el manto de la legalidad para consumar la violación del derecho a la igualdad”.
La Fiscalía le imputó cargos por los delitos de Prevaricato por omisión, prevaricato por acción, concierto para delinquir y Cohecho propio al magistrado del Tribunal Administrativo de Cundinamarca Carlos Alberto Vargas Bautista.Lea también: Los 13 capturados por presunta corrupción con dineros del deporte en Antioquia “Decidió manipular procesos contenciosos administrativos a su cargo en desarrollo del plan criminal, entre otras cosas, omitió el cumplimiento de sus deberes funcionales y tomó dos decisiones contrarias a derecho con el propósito de obtener beneficios económicos”, narró el fiscal del caso Hernán Díaz.Según el ente acusador, el magistrado lideraba una organización criminal que estaba integrada por los particulares Kelly Eslava Montes y Aldemar Vargas. Las investigaciones mostrarían que Kelly Eslava trabajó en el despacho del magistrado y posteriormente, se convirtió en abogada de las partes que resultaban beneficiadas con los fallos del magistrado. Por su parte, Vargas era el encargado de recibir los dineros e invertirlo en negocios de la organización.Convierta a BLU Radio en su fuente de información preferida en Google Noticias.“Reclutaron demandantes a quienes se les ofreció decisiones acordes a sus intereses; se convirtieron en apoderados judiciales de aquellos demandantes eso ocurrió con Kelly Eslava, su amiga íntima; se manipuló el procedimiento con la intervención del magistrado garantizando resultados acordes; se profirieron múltiples decisiones contrarias a la ley que favorecieron intereses de clientes, y recibió dineros por sus decisiones.La organización, según la Fiscalía, operó desde el 2013 al 2017 y emitió dos decisiones contrarias a la ley en las cuales condenó en el 2014 a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado, a pagar 33 millones de dólares a los particulares Kelly Eslava y Jorge Enrique Cortés Rojas, por los daños y perjuicios al negarse comprarles el predio La Providencia del humedal Jaboque.Dijo el representante del ente acusador que el magistrado Vargas le ordenó a la empresa de Acueducto pagarle a Kelly Eslava 12843 millones de pesos y a Jorge Enrique Cortés 51372 millones de pesos.
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca le negó, en segunda instancia, a Hollman Morris una demanda contra el Distrito que argumentaba una desfinanciación del metro de Bogotá por considerar que las vigencias futuras aprobadas en 2017 habían caducado.En la decisión el tribunal explicó que el Distrito dio cumplimiento a los presupuestos, a la apropiación y ejecución de las vigencias futuras del proyecto del metro de Bogotá, por lo que, como se explicó, no es del caso acceder a impartir la orden de cumplimiento.Lea también: Hollman Morris le contesta a exgerente del metro de PetroCabe recordar que para Hollman Morris, el presupuesto equivalente a un billón de pesos no fue ejecutado como lo exige la ley dentro de la vigencia en la que fue aprobado, es decir, en 2017.Argumentó que la administración distrital no suscribió ningún tipo de contrato para la construcción del metro elevado y que por lo tanto "está desfinanciado".
La Alcaldía de Cali continúa con las medidas para frenar el número de contagios por coronavirus en la capital del Valle del Cauca. Por ello, para este domingo 24 de enero la medida de pico y cédula aplica para los ciudadanos cuyo documento de identidad termine en número impar (1,3,5,7,9).¿Qué puede hacer cuando le toque pico y cédula?Para quienes les aplique el pico y cédula este domingo pueden ingresar a centros comerciales, entidades financieras, notariales y de atención al ciudadano.¿Para qué establecimientos rige la medida?La medida rige tanto para establecimientos públicos y privados. Quienes incumplan con la norma no podrán ingresar a dichos sitios.Cabe recordar que en la ciudad también habrá ley seca desde el 23 hasta el 26 de enero a partir de las 10:00 de la noche hasta las 5:00 de la mañana.
Este domingo 24 de enero, en Bogotá la medida de pico y cédula aplica para los ciudadanos cuyo documento de identidad termine en números par, es decir, las personas cuyo digito termine en 2,4,6,8 y 0 no podrán salir o ser atendidos en ciertos establecimientos de acuerdo a las demás restricciones.Cabe recordar que desde el viernes 22 de enero empezó a regir en la capital del país una cuarentena total, medida adoptada por la Alcaldía de Bogotá para reducir los contagios de COVID.Lo anterior quiere decir que las cédulas terminadas en números impares podrán acceder a establecimientos comerciales donde se realicen actividades como adquisición y pago de bienes y servicios.Medidas en Bogotá para este fin de semanaTal y como venía funcionando, se decretó una cuarentena total de nuevo en toda Bogotá durante este fin de semana. Inicia este viernes 22 de enero a las 8:00 de la noche y finaliza el lunes 25 de enero a las 4:00 de la mañana.Entre tanto, las localidades de San Cristóbal, Usme, Bosa, Tunjuelito, Puente Aranda, Rafael Uribe Uribe y Ciudad Bolívar seguirán en cuarentena hasta la medianoche del 28 de enero.También continúa aplicándose la medida de pico y cédula y restricción a la venta y consumo de licor (menos domicilio).
La Alcaldía de Medellín informó que el pico y cédula en la ciudad empezó a regir desde el miércoles 20 de enero y va hasta el martes 26 de enero preliminarmente.Este domingo 24 de enero, la medida de pico y cédula para los ciudadanos que deseen salir será para los quienes su documento de identidad termine en números pares (0,2,4,6,8), así lo determinó la Alcaldía de Medellín.¿Qué se puede hacer mientras apliquen estas restricciones?Los ciudadanos podrán realizar diligencias en establecimientos de comercio, compra de productos, actividades bancarias, financieras y notariales, atención al ciudadano en entidades públicas y privadas, entre otros.
Las autoridades en Bucaramanga extendieron las medidas de restricción hasta el 5 de febrero ante el aumento de casos de coronavirus en la ciudad.A eso se suma que se mantendrá el pico y cédula. Este domingo 24 de enero, podrán salir a realizar diligencias en bancos, supermercados, centros comerciales, entre otros establecimientos con atención al público, las personas cuya cédula termine en números pares (0, 2, 4, 6, 8).Toque de queda y ley secaEsta medida aplicará desde las 10:00 de la noche hasta las 5:00 de la mañana en los 87 municipios de Santander.Otras restriccionesTambién se restringen procedimientos quirúrgicos complementarios no urgentes y cirugías estéticas y se intensificará la estrategia PRASS en toda el área metropolitana de Bucaramanga y municipios de alta afectación de COVID-19 en Santander.
Bogotá sigue siendo la ciudad que puntea en la lista de casos y muertes por coronavirus en Colombia. En el último reporte se registraron 5.591 nuevos contagios y un total de 144 fallecimientos a causa de la enfermedad, siendo la cifra más alta. Frente a esto, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, se pronunció lamentando la cifra récord de muertes en la capital del país, al mismo tiempo que dio un parte positivo sobre la ocupación de UCI. “Tenemos un segundo día en el transcurso de esta semana en el que tenemos más egresos que ingresos a unidades de cuidado intensivo y bajamos la ocupación UCI del 93.5% en el que estaba al 92.2%”, afirmó.Asimismo, indicó que “el CRUE sigue teniendo una tendencia a la baja en el número de solicitudes nuevas”.Agregó que estas cifras demuestran que las cuarentenas localizadas y generales de los fines de semana han dado resultados y han logrado contener la emergencia hospitalaria en Bogotá.Bogotá ya tiene un acumulado de 587.675 casos de coronavirus y un total de 11.787 fallecidos, siendo la ciudad más afectada por el virus en el país.