El abogado Óscar Ortiz, apoderado de Gustavo Petro en el caso de ‘chuzadas’, anunció que se impugnará el fallo del 11 de marzo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca en el que se asignó 760 salarios mínimos repartidos en todos los miembros de la familia del senador.La sentencia menciona como beneficiarios no solo a la esposa e hijos del congresista, sino además sus hermanos y padres.La solicitud busca que, de las 10 víctimas, ocho reciban una indemnización de 300 salarios mínimos. Dos más, que son los hermanos, perciban una compensación de 150 salarios mínimos.Sumando la pretensión de la defensa de Petro, el monto de la indemnización sería de 2.456 millones de pesos.Escuche esta noticia en Mañanas BLU:
Luego de conocerse que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca tumbó una sanción de la Contraloría General de la República que condenó al exalcalde de Bogotá Samuel Moreno a pagar 174.000 millones de pesos por su responsabilidad en el carrusel de la contratación, el organismo de control fiscal anunció que apelarán a decisión.Según la entidad, la decisión tomada en contra de los responsables fiscales del desfalco a los recursos públicos por sobrecostos en la fase 3 de TransMilenio, se tomó dentro de los términos legales y se encuentra suficientemente probada en el respectivo expediente.Según las consideraciones de dicho Tribunal, operó en este caso la prescripción de la acción fiscal. Sin embargo, la Contraloría piensa todo lo contrario.“Respecto a esta decisión, la Contraloría General de la República, a través del Grupo de Defensa Judicial de la Oficina Jurídica de la entidad, presentará y sustentará el recurso de apelación, para demostrar que en esta causa fiscal no operó el fenómeno de la prescripción y, por el contrario, la decisión tomada en contra de los responsables fiscales del desfalco a los recursos públicos se tomó dentro de los términos legales y se encuentra suficientemente probada en el respectivo expediente”, explicó la entidad a través del contralor delegado intersectorial de la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción, José Miguel Char Chicre.
El ministro de Salud, Fernando Ruiz, confirmó que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca resolvió revocar la decisión del juez de primera instancia sobre exigencia de pruebas PCR a viajeros internacionales y, en su lugar, declarar la improcedencia de la acción constitucional.“Es importante sobre todo por el efecto que tenía en la soberanía sanitaria por parte del Ministerio de Salud. Con este fallo, queda absolutamente resuelto la importancia de poner por encima los derechos colectivos sobre los individuales”, explicó el ministro Fernando Ruiz.Este fallo se basó en considerar que el accionante no probó que uno o algunos de sus derechos fundamentales hayan sido vulnerados o amenazados y la legitimación para actuar en agenciamiento de derechos ajenos, es decir, para solicitar el amparo constitucional a favor de la población colombiana.Siendo así, el ministro celebró en su cuenta de Twitter el poder recuperar de nuevo la soberanía sanitaria en pandemia y autoridad sobre los riesgos colectivos.
Gracias al principio de oportunidad al que llegó con la Fiscalía, Kelly Andrea Eslava, una exfuncionaria que trabajó y tuvo una relación con el exmagistrado Carlos Alberto Vargas en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, revelará toda la verdad sobre la venta de fallos judiciales y la red de corrupción al interior de ese tribunal.Eslava recibirá beneficios en su proceso y ya no sería juzgada por el delito de cohecho, pero a cambio deberá contarle a la justicia como fue la participación de por lo menos, ochos personas quienes estarían implicadas en esta red de corrupción, un escándalo que estalló al interior del Tribunal Administrativo de Cundinamarca el año pasado.Las personas contra las que Kelly Andrea Eslava deberá declarar son el propio exmagistrado Carlos Alberto Vargas Bautista en calidad de testigo, así como el exmagistrado de la Sala Disciplinaria de la Judicatura Angelino Lizcano.La exfuncionaria también se comprometió a declarar en los procesos contra los particulares Alonso Ospina, Jorge Cortés, Lautaro Alberto López, William Rojas Mazo, Mario Huertas Cotes y Fernando Góngora.Cabe recordar que Eslava y el exmagistrado Vargas Bautista fueron descubiertos por las autoridades en el 2019, por presuntamente, desviar procesos a favor de terceros a cambio de recibir dádivas, por ejemplo, un automóvil Mercedes Benz y un apartamento en Mosquera.Por estos hechos, un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia le imputó al exmagistrado Vargas Bautista los delitos de prevaricato por acción y omisión y, cohecho propio. Hoy en día, el exmagistrado está detenido.En los fallos irregulares se condenó, entre otros, al Hospital Militar y la Superintendencia de Sociedades, pero la Fiscalía también tiene bajo la lupa al exmagistrado de la judicatura Angelino Lizcano por la presunta comisión del delito de tráfico de influencias de servidor público, junto a Alonso Ospina, integrante del Consejo de Administración de Comfacundi.Parte de los arreglos que investiga el ente acusador es que se desde Comfacundi se entregaría el 25% de los eventuales perjuicios que se reconocieran por el tribunal en un proceso que allí se adelantaba, tanto al magistrado Vargas Bautista, Kelly Andrea Eslava y el magistrado Lizcano.Según la Fiscalía, Alonso Ospina sería amigo de Lizcano, el cual serviría de puente con Vargas Bautista a través de Eslava.Además, Kelly Andrea Eslava deberá declarar en el proceso contra Jorge Enrique Cortés Rojas, quien aparece reseñado como falso dueño del previo La Providencia del humedal Jaboque y al mayor retirado del Ejército Lautaro Alberto López.En cuanto al oficial, se investiga si hizo una promesa de compra con el exmagistrado Vargas Bautista en un proceso relacionado con el humedal Jaboque que se adelantaba en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.Esta red que intenta desenredar la Fiscalía con la firma del principio de oportunidad debe ser avalada por un juez de la república en las próximas semanas.
Ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, 17 congresistas de la oposición acusaron por desacato al presidente Iván Duque porque, según dicen, “violó la orden que le dio el tribunal de pedirle permiso al Senado para que pudieran actuar en Colombia las tropas de Estados Unidos”.La medida fue instaurada por congresistas de la Alianza Verde, Polo Democrático, Farc y la lista de los Decentes, al considerar que el presidente violó el artículo 173 de la Constitución, que pide la autorización del Senado para presencia de tropas de otros países.Para el senador Robledo, el ministro de Defensa “engañó al país al considerar que con siete cartas que fueron firmadas por 69 senadores se habría ordenado la presencia de tropas norteamericanas”.
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca se pronunció sobre la necesidad de un protocolo ‘exprés’ con el fin de garantizar las protestas del próximo 21 de octubre.En el pronunciamiento, con ponencia de la magistrada Nelly Yolanda Villamizar de Peñaranda, el tribunal otorgó 19 días hábiles para presentar dichos lineamientos en los que prevalezca el respeto a la protesta y a los derechos humanos.Adicionalmente, el documento asegura que la Alcaldía de Bogotá respetó los derechos humanos en las protestas del 9 y 10 de septiembre, al asegurar que siempre hubo una orden del Distrito para no usar armas o exceso de fuerza.La providencia ordena la creación de una mesa de trabajo que a largo plazo elabore una reforma a la Policía, que tenga en cuenta más de 16 problemáticas del país, que van desde la corrupción hasta la presencia de ciudadanos venezolanos en la ciudad.Conozca el documento del Tribunal Administrativo de Cundinamarca:
Este miércoles culminaron tres días de trabajo entre la Alcaldía de Bogotá, Presidencia, la Gobernación de Cundinamarca y la Fiscalía.Las reuniones se debían desarrollar como parte de la orden del Tribunal Administrativo de Cundinamarca de crear una mesa para restructurar directrices frente al uso de la fuerza durante la protesta social. Aunque hay avances y puntos comunes, hay otros donde no se alcanzaron acuerdos como, por ejemplo, en la prohibición de uso de capuchas y pinturas, que plantea el Gobierno, y el pago de una póliza por los organizadores de la marcha para enfrentar posibles daños por vandalismo. Otros puntos polémicos sería la pérdida de mando del Esmad por parte de las autoridades locales, así como la prohibición al porte de armas de fuego por parte de uniformados.La conclusión principal es que las partes van a solicitar al Tribunal Administrativo de Cundinamarca 60 días más para construir en conjunto este protocolo, alegando que estos días pasados no son suficientes y para que empate con el tiempo en que presentarán el nuevo protocolo a la Corte Suprema de Justicia. Se busca coordinar tiempos para presentar un solo documento a las dos instancias.El secretario de Gobierno de la Alcaldía de Bogotá, Luis Ernesto Gómez, aseguró al final de la reunión de este miércoles que la exigencia de la póliza y la prohibición en el uso de capuchas y pinturas son puntos en los que aún no hay acuerdo porque, para el Distrito, restringen el derecho a protestar.“La propuesta presentada por el Gobierno Nacional contempla una serie de restricciones al ejercicio de la protesta y deberes sobre quienes manifiestan: la necesidad de solicitar una póliza civil extracontractual, la prohibición de utilizar pinturas o de utilizar implementos que cubran el rostro. En el criterio de la Alcaldía estos son asuntos que únicamente pueden ser resueltos por la ley, por una ley estatutaria que son las llamadas a regular derechos”, aseguró Luis Ernesto Gómez.Agregó que hay que diferenciar entre una posible restricción de derechos y el deber de la fuerza pública de identificar a quienes protagonizan actos vandálicos durante las manifestaciones.“Por supuesto que es impotente que se puedan identificar las personas en caso de que haya violencia, pero asemejar el uso de una capucha a un acto de violencia o prohibir el uso de la pintura en la protesta y demás antes de mejorar las relaciones entre la fuerza pública y la sociedad civil es un camino equivocado”.El Gobierno, por su parte, mantiene su propuesta de 19 páginas que fija reglas sobre el uso de armas. Según el texto, se prohíbe la utilización de armas de fuego para la Policía, tanto en el acompañamiento, como en la prevención e intervención de manifestaciones pacíficas. Además, señala que “en cualquier caso, solo se podrá hacer uso intencional de armas letales cuando sea estrictamente inevitable para proteger una vida”.Según el documento, el Esmad será el último recurso de intervención y deberá haber una capacitación en derechos humanos y en uso de armas para las personas que intervengan en las protestas. Tampoco se podrá estigmatizar la protesta social y se debe presumir la legalidad e intención pacífica.
El fiscal Francisco Barbosa dirigió una carta a la magistrada Nelly Yolanda Villamizar, del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en la que notificó que la entidad a su cargo no suscribirá informe ni protocolo alguno, con respecto al fallo de tutela que sentó en una mesa de urgencia a los gobiernos distrital y nacional para que se ofrezcan soluciones con el fin de evitar soluciones para evitar la violencia en las recientes protestas.De acuerdo con la misiva, la Fiscalía tiene como deber constitucional investigar hechos delictivos y no “tomar parte en la formulación de protocolos dirigidos a solucionar ‘el antagonismo violento entre las fuerzas militares y la población civil’”.Según el jefe del ente investigador, la Fiscalía estará en la mesa de trabajo, pero no suscribirá el informe conjunto con destino al tribunal, así como tampoco participará en la elaboración de los señalados protocolos.Esta es la carta de Barbosa a la magistrada Villamizar:Escuche esta noticia y su análisis en Mañanas BLU:
Avianca interpuso un recurso de reposición en contra de la decisión del Tribunal de Cundinamarca de suspender el préstamo de 370 millones de dólares del Gobierno Nacional como medida cautelar mientras se estudia la demanda.Avianca está negociando un proceso de bancarrota en los Estados Unidos y planeaba presentar toda la documentación este 24 de septiembre para ejecutar el financiamiento tipo Deudor en Posesión (DIP), que incluye al Gobierno Nacional y también a otros inversionistas.La aerolínea dice que puede demostrar que el Gobierno cuenta con garantías sobre el dinero que está prestando y que, además, le va a pagar intereses al Gobierno, dos puntos que hacen parte de la demanda. La compañía también se comprometió a mantener su centro de operaciones y sus oficinas en el país y a invertir en Colombia lo que le preste el Gobierno.Según la compañía, su desaparición le costaría al país 123.000 puestos de trabajo y 1.3 millones de dólares anuales en impuestos durante los próximos cinco años.
Luis Manuel Lasso, magistrado del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, habló en Mañanas BLU sobre sobre la detención del desembolso de crédito a Avianca“Se trata de una acción popular que fue presentada por un ciudadano, el señor Jonathan Ruíz Tobón, con el propósito, en primer orden, de tener la posibilidad de aprobación del crédito que le confirió el Gobierno nacional a Avianca Holdings S.A. y en segundo orden, para detener o suspender el desembolso”, explicó.El magistrado dijo que hay dudas sobre las garantías que ofrece Avianca frente al crédito.“No hay claridad acerca de cuáles son las garantías que está ofreciendo Avianca Holdings sobre respaldar este crédito”, afirmó.Lasso dijo que la decisión de frenar el desembolso, fue para tomar una medida previa y urgente con el propósito de evitar un perjuicio irremediable.“El demandante planteó que la inminencia del desembolso de este crédito a Avianca Holdings S.A., el fundamento para ello, radica en las informaciones públicas de que efectivamente fue aprobado un crédito en dirección a esta sociedad”, dijo Lasso.Escuche al magistrado Luis Manuel Lasso del Tribunal Administrativo de Cundinamarca:
A partir de esta semana la Alcaldía de Bucaramanga cambia la forma de entregar el PAE a más de 35.000 estudiantes, ya no serán mercados, sino alimentos industrializados. Esta modalidad consta de un derivado del cereal, fruta, dulce y bebidas lácteas que se les entregarán a los alumnos beneficiados.La ración del alimento será entrega a los estudiantes que acudan bajo el esquema de presencialidad, alternancia y a quienes tienen comorbilidad que les impide acudir de a las aulas de clases, señaló la Secretaria de Educación Municipal. “Verificamos el descargue, almacenamiento, calidad, limpieza y desinfección de los alimentos por parte del proveedor”, señaló Erika Rubio, ingeniera de alimentos del equipo del Programa de Alimentación Escolar, PAE, de Bucaramanga.Shirley Paola García, bacterióloga de la Secretaría de Salud, manifestó que "se realizará un muestreo a todo el menú de la ración que se repartirá a los niños. Se le hace un análisis microbiológico y fisicoquímico dependiendo el alimento. Estamos pendientes que los reportes estén dentro de la normatividad vigente".
Nicaragua acusó este lunes a Colombia de desafiar la autoridad de la Corte Internacional de Justicia (CIJ, organismo de la ONU) al no respetar sus decisiones, en la apertura de las audiencias sobre diferendos marítimos entre ambos países.Nicaragua había presentado en 2013 ante la CIJ un contencioso en el que afirmaba que Colombia había violado sus derechos en vastas extensiones marítimas muy ricas en recursos petroleros e ictiológicos, que la CIJ le había concedido un año antes.Durante la apertura de este caso, tras años de disputas legales, el representante nicaragüense, Carlos José Argüello Gómez, acusó a Colombia de "ignorar y violar los derechos de Nicaragua"."Esto solamente puede constituir un desafío directo a la autoridad de este tribunal", declaró Argüello.Colombia habría recientemente convocado un referéndum respecto a estas fronteras marítimas, calificando a la CIJ como "el enemigo", anunciando que su armada no respetaría su sentencia, e "inclusive cuestionó la integridad moral de los miembros del tribunal", afirmó el representante nicaragüense."La negativa de Colombia a cumplir con esta sentencia y a respetar los derechos de Nicaragua persiste hasta hoy", añadió.Colombia participará durante esta semana en las audiencias previstas y esgrimirá sus argumentos ante la CIJ, encargada de resolver los diferendos entre países miembros de la ONU.Estas dos naciones latinoamericanas no tienen fronteras terrestres sino marítimas, un tema fuente de tensiones desde hace casi un siglo.Nicaragua había llevado a Colombia ante la CIJ en 2001, y en 2012 logró que se le concedieran decenas de miles de km2 de aguas que antes estaban bajo control de Bogotá.La decisión de 2012 fue vivida como un trauma por Colombia, que afirma temer por los derechos de los habitantes de las islas ubicadas en esa región, así como que sus actividades pesqueras sean puestas en tela de juicio por las autoridades nicaragüenses.Nicaragua volvió a presentarse ante la CIJ en 2013, afirmando que Colombia violó sus derechos en esas vastas extensiones marinas que la CIJ le había concedido en 2012.En 2016, los magistrados de la CIJ se declararon competentes para juzgar estos diferendos marítimos, pese a la oposición de Bogotá que consideraba que este alto tribunal no lo era en estos asuntos.Los países están obligados a acatar las sentencias de la CIJ, que son definitivas, no pueden ser apeladas y son consideradas muy vinculantes.En casos excepcionales, como parece éste, en que algún país se niegue a respetar sus decisiones, pueden ser llevados ante el Consejo de Seguridad de la ONU por el país litigante para que tome las medidas adecuadas.
La comisión de disciplina de la Liga de Fútbol Profesional (LFP) francesa sancionó al Lens a jugar sus paridos a puerta cerrada, en espera de una decisión definitiva sobre los "graves incidentes" ocurridos entre aficionados en el derbi Lens-Lille del sábado.Esta decisión afecta al menos a dos partidos del Lens, contra Estrasburgo, el miércoles, y Reims, el 1 de octubre, que se desarrollarán por tanto sin espectadores, precisó la LFP."Con respecto a los graves desbordamientos e incidentes ocurridos en el curso del partido RC Lens-LOSC Lille (sexta jornada de Ligue 1), la comisión de discipline de la LFP decidió mantener el caso en instrucción" y podría pronunciarse el 6 de octubre, escribe la instancia en un comunicado.La comisión también decidió el cierre de la zona de aficionados visitantes en los estadios en los que juegue el Lille fuera de casa, comenzando por el desplazamiento previsto a Estrasburgo el sábado en la octava jornada de L1.Se trata de las primeras sanciones disciplinarias tomadas por la instancia organizadora del Campeonato de Francia tras los choques ocurridos el sábado en la sexta jornada de Ligue 1.En el descanso del partido, decenas de aficionados del Lens invadieron el terreno para dirigirse hacia la tribuna donde estaban los seguidores del Lille.Los enfrentamientos, que pudieron ser frenados tras la intervención de la policía, causaron seis heridos leves.Dos espectadores fueron detenidos, uno de ellos por haber lanzado un asiento a las fuerzas del orden.Debido a estos incidentes, el inicio de la segunda parte del partido fue retrasado 30 minutos. Lens acabó ganando por 1-0.Escuche las noticias destacadas en BLU Radio:
En plena zona selvática del municipio del Litoral Bajo San Juan, Chocó, se escondían los máximos cabecillas del ELN, alias 'Fabián' y alias 'Carlitos'. Una zona estratégica para esta guerrilla, pues a sólo 27 kilómetros se encuentra el río San Juan, la ruta del narcotráfico más importante para los grupos armados en este departamento.Mientras alias 'Fabián', 'Carlitos', y otros tres cabecillas sostenían una reunión para planear la creación de un nuevo eje de guerra central, las fuerzas especiales de Policía y Ejército bombardearon el campamento principal del ELN.Como resultado de este operativo seis integrantes fueron abatidos en combate y otros tres terminaron heridos y atendidos en un hospital de Cali.La fuerza pública aseguró que uno de los cuerpos corresponde a la compañera sentimental del cabecilla, sin embargo, los restos óseos hallados en el lugar del bombardeo fueron enviados a Medicina Legal para identificar si pertenecen o no a alias 'Fabián'."Tenemos certeza casi de un 100% que alias Fabián y Carlitos fueron abatidos en el bombardeo. Todavía seguimos encontrando fluidos y restos humanos que van a ser sometidos en ese proceso de identificación, pero sumado esto más las pruebas físicas y que en el radar no se le han vuelto a observar más movimientos, diría que en casi ese 100% pertenecen los restos a ellos", dijo el general Jorge Luis Vargas.Con la neutralización de esta estructura, alias 'La Abuela' sería la nueva líder del ELN, por la cual se ofrece una recompensa de mil millones de pesos a quien suministre información de su ubicación.El ministro de Defensa, Diego Molano, sostuvo que en los computadores del ELN recuperados se obtuvo evidencia de los enlaces de la dirección nacional de esta guerrilla con Cuba y Venezuela para fortalecer los negocios del narcotráfico y planear los ataques contra la fuerza pública.La Policía indicó que así como en el computador de alias 'Uriel', se encontraron documentos que daban cuenta de la financiación de más de 70 millones para la denominada línea del paro nacional, en los archivos digitales de alias 'Fabián' se espera hallar material probatorio que revele si este último cabecilla apoyó los destrozos de las jornadas de las pasadas. marchas.Las autoridades presentaron en rueda de prensa los elementos que tenía en el campamento alias 'Fabián', como una silla antigua que ubicada en los más remoto del Chocó, unos zapatos y su mascota que resultó heridas por las esquirlas.Escuche más noticias en Spotify:
El Ministerio de Salud anunció cómo es el mecanismo para que todos los colombianos que recibieron sus dosis contra el COVID-19 fuera del país, puedan tener su certificado digital. Simplemente deben llevar constancia del carné a cualquier punto de vacunación en el país.“Para la persona que se vacunó en el exterior y necesita su certificado digital, acérquese a una IPS vacunadora con el certificado que le dieron en el país en donde se vacunó, para que pueda ser registrada su vacuna en el sistema de información. Posteriormente, generaremos el certificado”, explicó Constanza Engativá, jefe de la oficina de Planeación del Ministerio de Salud.Aquellas personas que tengan problemas en la información que aparece en el certificado digital, deberán llamar también a la línea 192 del Ministerio de Salud para poder solucionarlo o pedir actualización de datos en el lugar donde recibió la vacuna contra el COVID-19.Para descargar el certificado digital, debe ingresar a mivacuna.sispro.gov.co y realizar todo el procedimiento que allí le piden. El ministerio de Salud informó que ya más medio millón de colombianos han podido descargar su certificado, cerca de 30.000 personas cada día.Escuche el podcast con las noticias del momento en BLU Radio:
