El abogado Óscar Ortiz, apoderado de Gustavo Petro en el caso de ‘chuzadas’, anunció que se impugnará el fallo del 11 de marzo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca en el que se asignó 760 salarios mínimos repartidos en todos los miembros de la familia del senador.La sentencia menciona como beneficiarios no solo a la esposa e hijos del congresista, sino además sus hermanos y padres.La solicitud busca que, de las 10 víctimas, ocho reciban una indemnización de 300 salarios mínimos. Dos más, que son los hermanos, perciban una compensación de 150 salarios mínimos.Sumando la pretensión de la defensa de Petro, el monto de la indemnización sería de 2.456 millones de pesos.Escuche esta noticia en Mañanas BLU:
Luego de conocerse que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca tumbó una sanción de la Contraloría General de la República que condenó al exalcalde de Bogotá Samuel Moreno a pagar 174.000 millones de pesos por su responsabilidad en el carrusel de la contratación, el organismo de control fiscal anunció que apelarán a decisión.Según la entidad, la decisión tomada en contra de los responsables fiscales del desfalco a los recursos públicos por sobrecostos en la fase 3 de TransMilenio, se tomó dentro de los términos legales y se encuentra suficientemente probada en el respectivo expediente.Según las consideraciones de dicho Tribunal, operó en este caso la prescripción de la acción fiscal. Sin embargo, la Contraloría piensa todo lo contrario.“Respecto a esta decisión, la Contraloría General de la República, a través del Grupo de Defensa Judicial de la Oficina Jurídica de la entidad, presentará y sustentará el recurso de apelación, para demostrar que en esta causa fiscal no operó el fenómeno de la prescripción y, por el contrario, la decisión tomada en contra de los responsables fiscales del desfalco a los recursos públicos se tomó dentro de los términos legales y se encuentra suficientemente probada en el respectivo expediente”, explicó la entidad a través del contralor delegado intersectorial de la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción, José Miguel Char Chicre.
El ministro de Salud, Fernando Ruiz, confirmó que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca resolvió revocar la decisión del juez de primera instancia sobre exigencia de pruebas PCR a viajeros internacionales y, en su lugar, declarar la improcedencia de la acción constitucional.“Es importante sobre todo por el efecto que tenía en la soberanía sanitaria por parte del Ministerio de Salud. Con este fallo, queda absolutamente resuelto la importancia de poner por encima los derechos colectivos sobre los individuales”, explicó el ministro Fernando Ruiz.Este fallo se basó en considerar que el accionante no probó que uno o algunos de sus derechos fundamentales hayan sido vulnerados o amenazados y la legitimación para actuar en agenciamiento de derechos ajenos, es decir, para solicitar el amparo constitucional a favor de la población colombiana.Siendo así, el ministro celebró en su cuenta de Twitter el poder recuperar de nuevo la soberanía sanitaria en pandemia y autoridad sobre los riesgos colectivos.
Gracias al principio de oportunidad al que llegó con la Fiscalía, Kelly Andrea Eslava, una exfuncionaria que trabajó y tuvo una relación con el exmagistrado Carlos Alberto Vargas en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, revelará toda la verdad sobre la venta de fallos judiciales y la red de corrupción al interior de ese tribunal.Eslava recibirá beneficios en su proceso y ya no sería juzgada por el delito de cohecho, pero a cambio deberá contarle a la justicia como fue la participación de por lo menos, ochos personas quienes estarían implicadas en esta red de corrupción, un escándalo que estalló al interior del Tribunal Administrativo de Cundinamarca el año pasado.Las personas contra las que Kelly Andrea Eslava deberá declarar son el propio exmagistrado Carlos Alberto Vargas Bautista en calidad de testigo, así como el exmagistrado de la Sala Disciplinaria de la Judicatura Angelino Lizcano.La exfuncionaria también se comprometió a declarar en los procesos contra los particulares Alonso Ospina, Jorge Cortés, Lautaro Alberto López, William Rojas Mazo, Mario Huertas Cotes y Fernando Góngora.Cabe recordar que Eslava y el exmagistrado Vargas Bautista fueron descubiertos por las autoridades en el 2019, por presuntamente, desviar procesos a favor de terceros a cambio de recibir dádivas, por ejemplo, un automóvil Mercedes Benz y un apartamento en Mosquera.Por estos hechos, un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia le imputó al exmagistrado Vargas Bautista los delitos de prevaricato por acción y omisión y, cohecho propio. Hoy en día, el exmagistrado está detenido.En los fallos irregulares se condenó, entre otros, al Hospital Militar y la Superintendencia de Sociedades, pero la Fiscalía también tiene bajo la lupa al exmagistrado de la judicatura Angelino Lizcano por la presunta comisión del delito de tráfico de influencias de servidor público, junto a Alonso Ospina, integrante del Consejo de Administración de Comfacundi.Parte de los arreglos que investiga el ente acusador es que se desde Comfacundi se entregaría el 25% de los eventuales perjuicios que se reconocieran por el tribunal en un proceso que allí se adelantaba, tanto al magistrado Vargas Bautista, Kelly Andrea Eslava y el magistrado Lizcano.Según la Fiscalía, Alonso Ospina sería amigo de Lizcano, el cual serviría de puente con Vargas Bautista a través de Eslava.Además, Kelly Andrea Eslava deberá declarar en el proceso contra Jorge Enrique Cortés Rojas, quien aparece reseñado como falso dueño del previo La Providencia del humedal Jaboque y al mayor retirado del Ejército Lautaro Alberto López.En cuanto al oficial, se investiga si hizo una promesa de compra con el exmagistrado Vargas Bautista en un proceso relacionado con el humedal Jaboque que se adelantaba en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.Esta red que intenta desenredar la Fiscalía con la firma del principio de oportunidad debe ser avalada por un juez de la república en las próximas semanas.
Ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, 17 congresistas de la oposición acusaron por desacato al presidente Iván Duque porque, según dicen, “violó la orden que le dio el tribunal de pedirle permiso al Senado para que pudieran actuar en Colombia las tropas de Estados Unidos”.La medida fue instaurada por congresistas de la Alianza Verde, Polo Democrático, Farc y la lista de los Decentes, al considerar que el presidente violó el artículo 173 de la Constitución, que pide la autorización del Senado para presencia de tropas de otros países.Para el senador Robledo, el ministro de Defensa “engañó al país al considerar que con siete cartas que fueron firmadas por 69 senadores se habría ordenado la presencia de tropas norteamericanas”.
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca se pronunció sobre la necesidad de un protocolo ‘exprés’ con el fin de garantizar las protestas del próximo 21 de octubre.En el pronunciamiento, con ponencia de la magistrada Nelly Yolanda Villamizar de Peñaranda, el tribunal otorgó 19 días hábiles para presentar dichos lineamientos en los que prevalezca el respeto a la protesta y a los derechos humanos.Adicionalmente, el documento asegura que la Alcaldía de Bogotá respetó los derechos humanos en las protestas del 9 y 10 de septiembre, al asegurar que siempre hubo una orden del Distrito para no usar armas o exceso de fuerza.La providencia ordena la creación de una mesa de trabajo que a largo plazo elabore una reforma a la Policía, que tenga en cuenta más de 16 problemáticas del país, que van desde la corrupción hasta la presencia de ciudadanos venezolanos en la ciudad.Conozca el documento del Tribunal Administrativo de Cundinamarca:
Este miércoles culminaron tres días de trabajo entre la Alcaldía de Bogotá, Presidencia, la Gobernación de Cundinamarca y la Fiscalía.Las reuniones se debían desarrollar como parte de la orden del Tribunal Administrativo de Cundinamarca de crear una mesa para restructurar directrices frente al uso de la fuerza durante la protesta social. Aunque hay avances y puntos comunes, hay otros donde no se alcanzaron acuerdos como, por ejemplo, en la prohibición de uso de capuchas y pinturas, que plantea el Gobierno, y el pago de una póliza por los organizadores de la marcha para enfrentar posibles daños por vandalismo. Otros puntos polémicos sería la pérdida de mando del Esmad por parte de las autoridades locales, así como la prohibición al porte de armas de fuego por parte de uniformados.La conclusión principal es que las partes van a solicitar al Tribunal Administrativo de Cundinamarca 60 días más para construir en conjunto este protocolo, alegando que estos días pasados no son suficientes y para que empate con el tiempo en que presentarán el nuevo protocolo a la Corte Suprema de Justicia. Se busca coordinar tiempos para presentar un solo documento a las dos instancias.El secretario de Gobierno de la Alcaldía de Bogotá, Luis Ernesto Gómez, aseguró al final de la reunión de este miércoles que la exigencia de la póliza y la prohibición en el uso de capuchas y pinturas son puntos en los que aún no hay acuerdo porque, para el Distrito, restringen el derecho a protestar.“La propuesta presentada por el Gobierno Nacional contempla una serie de restricciones al ejercicio de la protesta y deberes sobre quienes manifiestan: la necesidad de solicitar una póliza civil extracontractual, la prohibición de utilizar pinturas o de utilizar implementos que cubran el rostro. En el criterio de la Alcaldía estos son asuntos que únicamente pueden ser resueltos por la ley, por una ley estatutaria que son las llamadas a regular derechos”, aseguró Luis Ernesto Gómez.Agregó que hay que diferenciar entre una posible restricción de derechos y el deber de la fuerza pública de identificar a quienes protagonizan actos vandálicos durante las manifestaciones.“Por supuesto que es impotente que se puedan identificar las personas en caso de que haya violencia, pero asemejar el uso de una capucha a un acto de violencia o prohibir el uso de la pintura en la protesta y demás antes de mejorar las relaciones entre la fuerza pública y la sociedad civil es un camino equivocado”.El Gobierno, por su parte, mantiene su propuesta de 19 páginas que fija reglas sobre el uso de armas. Según el texto, se prohíbe la utilización de armas de fuego para la Policía, tanto en el acompañamiento, como en la prevención e intervención de manifestaciones pacíficas. Además, señala que “en cualquier caso, solo se podrá hacer uso intencional de armas letales cuando sea estrictamente inevitable para proteger una vida”.Según el documento, el Esmad será el último recurso de intervención y deberá haber una capacitación en derechos humanos y en uso de armas para las personas que intervengan en las protestas. Tampoco se podrá estigmatizar la protesta social y se debe presumir la legalidad e intención pacífica.
El fiscal Francisco Barbosa dirigió una carta a la magistrada Nelly Yolanda Villamizar, del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en la que notificó que la entidad a su cargo no suscribirá informe ni protocolo alguno, con respecto al fallo de tutela que sentó en una mesa de urgencia a los gobiernos distrital y nacional para que se ofrezcan soluciones con el fin de evitar soluciones para evitar la violencia en las recientes protestas.De acuerdo con la misiva, la Fiscalía tiene como deber constitucional investigar hechos delictivos y no “tomar parte en la formulación de protocolos dirigidos a solucionar ‘el antagonismo violento entre las fuerzas militares y la población civil’”.Según el jefe del ente investigador, la Fiscalía estará en la mesa de trabajo, pero no suscribirá el informe conjunto con destino al tribunal, así como tampoco participará en la elaboración de los señalados protocolos.Esta es la carta de Barbosa a la magistrada Villamizar:Escuche esta noticia y su análisis en Mañanas BLU:
Avianca interpuso un recurso de reposición en contra de la decisión del Tribunal de Cundinamarca de suspender el préstamo de 370 millones de dólares del Gobierno Nacional como medida cautelar mientras se estudia la demanda.Avianca está negociando un proceso de bancarrota en los Estados Unidos y planeaba presentar toda la documentación este 24 de septiembre para ejecutar el financiamiento tipo Deudor en Posesión (DIP), que incluye al Gobierno Nacional y también a otros inversionistas.La aerolínea dice que puede demostrar que el Gobierno cuenta con garantías sobre el dinero que está prestando y que, además, le va a pagar intereses al Gobierno, dos puntos que hacen parte de la demanda. La compañía también se comprometió a mantener su centro de operaciones y sus oficinas en el país y a invertir en Colombia lo que le preste el Gobierno.Según la compañía, su desaparición le costaría al país 123.000 puestos de trabajo y 1.3 millones de dólares anuales en impuestos durante los próximos cinco años.
Luis Manuel Lasso, magistrado del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, habló en Mañanas BLU sobre sobre la detención del desembolso de crédito a Avianca“Se trata de una acción popular que fue presentada por un ciudadano, el señor Jonathan Ruíz Tobón, con el propósito, en primer orden, de tener la posibilidad de aprobación del crédito que le confirió el Gobierno nacional a Avianca Holdings S.A. y en segundo orden, para detener o suspender el desembolso”, explicó.El magistrado dijo que hay dudas sobre las garantías que ofrece Avianca frente al crédito.“No hay claridad acerca de cuáles son las garantías que está ofreciendo Avianca Holdings sobre respaldar este crédito”, afirmó.Lasso dijo que la decisión de frenar el desembolso, fue para tomar una medida previa y urgente con el propósito de evitar un perjuicio irremediable.“El demandante planteó que la inminencia del desembolso de este crédito a Avianca Holdings S.A., el fundamento para ello, radica en las informaciones públicas de que efectivamente fue aprobado un crédito en dirección a esta sociedad”, dijo Lasso.Escuche al magistrado Luis Manuel Lasso del Tribunal Administrativo de Cundinamarca:
Quienes me conocen saben que amo el mar, sobre todo si se trata del Mar Caribe. Además, sabrán que nací frente a él y que disfruto mucho poder recorrerlo y llegar a sus playas, que son todo un paraíso. Me gusta coger una lancha e ir conversando con quienes la conducen sobre sus faenas cotidianas. Uno de los lugares que aprecio y recuerdo, es Playa Blanca. Me gusta llegar y encontrar allí todo un ambiente de alegría, gente muy buena que acoge y que permite vivir una experiencia positiva; sin embargo, tengo que decir que quedé preocupado al escuchar las declaraciones del Flaco Solórzano, quien denunciaba un abuso en el cobro de alimentos en esta playa.En el vídeo, entre otras cosas, el Flaco afirma: “180 mil pesos por un par de lebranches”. El restaurante en cuestión también salió a dar su versión de los hechos.Más allá de decir quién tiene la razón, hoy quiero sacar, desde mi experiencia, algunas conclusiones que nos pueden servir para la vida.1. Necesitamos cuidar a los turistas. Es cierto que son muchos los casos en los que los excesos en precio han hecho que más de un visitante se devuelva a su casa frustrado, y en lugar de haber vivido un momento de esparcimiento, termine viviendo toda una experiencia engorrosa. Por eso no está de más insistir en la necesidad que tenemos de hacer sentir queridos a quienes vienen de afuera, lo cual no significa regalar el trabajo, sino brindarles una experiencia justa, tanto para quienes trabajan en este sector, como para sus principales clientes. 2. También les recomiendo –por experiencia- a los turistas, que pregunten antes de consumir y lleguen a acuerdos en los precios. Yo en estas playas siempre encuentro a alguien que trae los pescados en una bandeja y permite elegir entre uno u otro. 3. Necesitamos establecer acuerdos en las dificultades que vivimos con los demás, dejando a un lado el orgullo y aceptando los errores, para poder recomponer de manera asertiva el camino. Creo en el turismo del país, en el esfuerzo de quienes buscan brindar experiencias positivas de esparcimiento y en quienes día a día trabajan en este sector para sacar adelante a sus familias, pero también creo que este caso, y muchos otros que conocemos, nos pueden dejar aprendizajes para el futuro.Disfrutemos todos nuestro país: desde los trabajadores del turismo, hasta quienes visitan los lugares de turistas.
El británico Chris Froome (Israel Start Up Nation), cuatro veces ganador del Tour de Francia, afrontará su novena participación con el nuevo papel de gregario, "una experiencia que será fantástica" en la que tendrá que ayudar a los líderes del equipo, el canadiense Michael Woods y el irlandés Dan Martin.Consciente de que no ha podido recuperar su nivel que le llevó a la cima del Tour tras la grave caída en el Dauphiné de 2019, Froome se muestra emocionado con su participación en la 108 edición del Tour de Francia que comienza el sábado en Brest."Iré al Tour para ayudar al equipo lo mejor que pueda. Será una experiencia fantástica para mi, me emociona volver al Tour de Francia y espero que pueda acercarme a mi mejor nivel", señaló el británico de origen keniano en las redes del equipo.Froome, de 36 años y también ganador de dos Vueltas y un Giro, considera que su equipo "es bueno y equilibrado", y está dispuesto a jugar la baza para la general de Woods."Está en una forma fantástica y será nuestro líder para la general. Tenemos un buen grupo para el esprint con Greipel, también tenemos a Dan Martin que puede ganar etapas. Ante todo, el equipo estará para ayudar a Woods", señaló.Lejos de poder luchar por la general, Froome asegura que no será extraño verlo en este Tour "cargando bidones"."En lo que a mí respecta, intentaré mejorar mi condición física. Lo ideal sería ganar una etapa, pero eso es secundario porque el objetivo número uno será proteger a Woods. Así que pueden esperar verme cargando bidones durante las próximas semanas", concluyó.
El colombiano Nairo Quintana, dos veces segundo y una tercero en el Tour de Francia, saldrá al mando del Arkea Samsic en la 108 edición que se lanza el próximo sábado de Brest y termina el 18 de julio en París.Como él, estos son los colombianos que correrán la presente edición del Tour de Francia: Arkea Samsic: Nairo Quintana Movistar Miguel Ángel ‘Supermán’ López Education First: Rigoberto Urán y Sergio Higuita Qhubeka Assos: Sergio Luis Henao Bike Exchange: Esteban Chaves Egan Bernal, ganador de la competencia en 2019, no correrá el Tour de Francia, luego de correr con éxito el pasado Giro de Italia.
Una tremenda sorpresa recibió la influenciadora Aida Victoria Merlano de parte de su mamá, la exsenadora Aida Merlano, y su novio, quienes se pusieron de acuerdo para decorarle el apartamento por llegar a los dos millones de seguidores en Instagram.Desde la entrada y ocupando toda la sala de su lujoso apartamento se puede observar gran cantidad de globos y hasta un ramo de flores con una dedicatoria que sería de Aida Merlano.”A pesar de la distancia siempre te siento conmigo”, escribió Aida Victoria en unas historias de Instagram para su mamá, a quien no ve hace meses.Vea aquí imágenes de la sorpresa:
Momentos de pánico y zozobra vivieron los habitantes de barrios cercanos a la zona industrial de Bucaramanga cuando se presentó una serie de explosiones y luego un incendio en una planta de gas.“Fue un susto grande, salimos corriendo porque las llamas y el calor eran impresionantes”, afirmo Jorge Rodríguez, habitante del barrio José Antonio Galán.Una chipa pudo haber provocado la explosión de 1.500 cilindros de gas y la estación de llenado de las empresas Gas País y Vida Gas.“Estamos investigando lo sucedido, al aparecer una chispa provocó la emergencia, pero estamos esperando el informe oficial de los técnicos de las empresas de gas. Las llamas destruyeron 18 vehículos y la temperatura llegó a superar los 500 grados centígrados”, aseguró el teniente Edgar Ochoa de Bomberos de Bucaramanga.La emergencia no dejó personas heridas, pero si pérdidas millonarias, reportaron las autoridades.
