Luego de la audiencia en la que un juez dictó medida de aseguramiento domiciliaria contra el juez especializado de Cúcuta de extinción del derecho de dominio, Juan Carlos Campo Fernández, por presuntos hechos de corrupción, la Fiscalía dio a conocer detalles de cómo habría sido el pacto de la entrega de $600 millones para emitir una sentencia que levantaría la medida cautelar sobre los inmuebles en proceso de extinción de dominio.Según la investigación, el juez Juan Carlos Campo, al parecer, sostuvo varias conversaciones telefónicas , y al menos dos reuniones presenciales con el abogado y el ciudadano contra quien se adelanta el proceso de extinción del derecho de dominio.Se trata del abogado Rodrigo Parada quien lo denunció por estos hechos que dan con la captura en flagrancia de Campo Fernández, recibiendo los primeros $50 millones del pacto que había realizado el juez tras la exigencia del dinero.“El material probatorio da cuenta que, al parecer, se había pactado el pago del 50% de la cantidad exigida al radicar la mencionada petición, y el saldo al emitir el fallo que los favorecía. Además, se debía pagar un adelanto de $50 millones. Justamente ese último monto de dinero coincide con la cantidad que tenía en su poder el juez al momento de la captura”, informó la Fiscalía.Según el ente investigador, el juez Campo Fernández, habría afirmado que, para poder emitir el fallo a favor del propietario de los predios en cuestión, necesitaba que el abogado radicara una solicitud de control de legalidad sobre dichos activos.Por estos hechos una fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción le imputó al juez Juan Carlos Campo Fernández el delito de concusión, cargo que no aceptó el juez.El juez implicado en el caso de corrupción fue cobijado con medida de aseguramiento domiciliaria, decisión judicial que fue rechazada por la víctima, el abogado Rodrigo Parada, el representante de las víctimas, el Ministerio Público y la Fiscalía que apelaron la decisión.La Fiscalía en la audiencia solicitó medida de aseguramiento en centro carcelario, petición que no fue atendida por el juez que, en su lugar, lo envió a detención en su lugar de residencia.El juez Juan Carlos Campo, fue nombrado en provisionalidad por el Tribunal Superior de Bogotá y posesionado en octubre de 2019 en Cúcuta. Producto de un proceso disciplinario fue suspendido 2 meses para ejercer como abogado.Otros procesos de extinción de dominio que están siendo llevados por el juez imputado son revisados por la Fiscalía.
En audiencia de definición de medida de aseguramiento un juez en Bucaramanga le dictó medida de aseguramiento domiciliaria al juez de Cúcuta capturado en la capital santandereana por presuntos hechos de corrupción.Pese a que la solicitud de la Fiscalía fue de una medida privativa de la libertad en centro carcelario, el juez que lleva el caso decidió que la medida para su colega debía ser domiciliaria.Con la decisión solo la defensa del juez implicado e investigado por supuestamente haber pedido $600 millones para emitir un fallo favorable en un proceso de extinción de dominio estuvo de acuerdo, tanto la Fiscalía, la víctima, el representante de las víctimas y el ministerio público apelaron la decisión.En su cuenta en X el abogado Rodrigo Parada Rueda, abogado en el proceso de extinción de dominio, escribió lo siguiente:“Con firmeza y carácter afirmo que ojalá y la justicia corrija esta terrible decisión. Sorprende que un juez afirme que, si otro juez se desplaza a otra ciudad a pedir dinero, no sea un corrupto peligro contra la comunidad y la sociedad.El modus operandi del juez implicaba solicitar al abogado que retirara una apelación presentada y volviera a radicar la petición de levantamiento de la medida cautelar. A cambio, se comprometía a emitir un fallo favorable para el cliente del abogado.Durante a captura del juez, las autoridades incautaron 50 millones de pesos que se presume formaban parte del dinero solicitado a la víctima como soborno.
Se trata del mayor Andrés Felipe Montoya Navarro, el patrullero Harol Gil Ramírez, los hermanos Jorge Alberto y Jhon Marlon Gil Ramírez, y Tulia Inés Tapia Mulett. Los dos uniformados pertenecían a la Policía Fiscal y Aduanera (POLFA). Al parecer, a cambio de altas sumas de dinero, se apartaron de sus funciones y permitieron el paso de cargamentos que no cumplían la normatividad aduanera nacional.Producto del actuar ilegal presuntamente incrementaron sus patrimonios injustificadamente, y adquirieron bienes inmuebles y vehículos ubicados en el Eje Cafetero. Los otros tres detenidos habrían prestado sus nombres para transformar y ocultar las rentas ilícitas provenientes del ingreso de contrabando.Por todo lo anterior, la Fiscalía imputó a estas cinco personas, de acuerdo con su posible participación en los hechos investigados, los delitos de enriquecimiento ilícito de servidor público, lavado de activos y concierto para delinquir con fines de contrabando.Por disposición del juez de control de garantías, los dos uniformados recibieron medida de aseguramiento en centro carcelario; mientras que los particulares seguirán vinculados a la investigación.De manera simultánea al proceso penal, una fiscal de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio impuso medidas cautelares de suspensión del poder de dispositivo, embargo, secuestro y toma de posesión sobre 1 sociedad, 20 inmuebles y 10 vehículos localizados en Dosquebradas, Guática y Santuario (Risaralda), y Barranquilla (Atlántico).Las propiedades, avaluadas preliminarmente en 5.940 millones de pesos, quedaron a disposición de la Sociedad de Activos Especiales (SAE).
La Corte Suprema de Justicia tiene en sus manos la decisión sobre el actual gobernador del departamento del Vichada, Hecson Alexys Benito Castro, quien se vio envuelto en un escándalo de corrupción relacionado con la ejecución de dos obras durante su mandato como alcalde del municipio de Santa Rosalía.Los contratos que se encuentran en investigación están avaluados en $15.590.769 y $12.697.946 respectivamente, son un puente peatonal sobre el río Güichire y la construcción de una cubierta y parqueadero en las instalaciones de la Policía.Los hechos se remontan a 2015, cuando el personero municipal trasladó el caso a la Fiscalía Seccional después de realizar investigaciones preliminares disciplinarias. Desde ese momento, el exalcalde Benito Castro habría recurrido a prácticas poco éticas para tratar de archivar los procesos en su contra.Según el escrito de acusación de la Fiscalía, el actual gobernador, al enterarse de las investigaciones mencionadas y aprovechando su posición como alcalde y su destacada influencia en la sociedad de Puerto Carreño, Vichada, se reunió en 2018 con el fiscal local Luis Orlando Sáenz Ojeda, buscando su intervención junto a otros funcionarios del CTI para que sus procesos fueran archivados mediante un informe de campo con resultados favorables.Posteriormente, en otra reunión con agentes del CTI involucrados en el caso, se acordó que Benito Castro pagaría una suma de 40 millones de pesos para manipular los procesos, de los cuales 20 millones debían ser entregados el 10 de julio de 2018 y el resto al presentarse los informes de policía judicial ordenando el archivo de las indagaciones.Tras todo el proceso, tanto la Fiscalía como la Procuraduría solicitaron al 8º Juzgado Promiscuo de Circuito de Puerto Carreño la emisión de un fallo condenatorio. Sin embargo, la decisión absolvió al acusado, lo que llevó a ambas entidades a apelar, considerando que las pruebas eran suficientes para demostrar delitos contra la administración pública, específicamente el de peculado por apropiación.El caso fue enviado al Tribunal Superior de Villavicencio, el cual, el 19 de septiembre de 2023, emitió un fallo en segunda instancia, revocando parcialmente la sentencia anterior y condenando a Hecson Alexys Benito Castro y dos funcionarios más a 93 meses de prisión por el delito de peculado por apropiación. Desde entonces, el caso está bajo la jurisdicción de la Corte Suprema de Justicia.“En el Vichada estamos muy preocupados porque vemos que en cualquier momento la Corte Suprema se va a pronunciar en contra del Gobernador y nos vamos a quedar sin esa figura de ese funcionario tan importante para nosotros. Hoy le pedimos a la Corte que se pronuncie urgentemente ya que hasta ahora el señor Hecson Alexys está iniciando su periodo y estamos a tiempo de elegir otro funcionario y no sufrir traumatismos”, expresó el líder social, Gerardo Royero.
Este martes, la justicia de China sentenció a cadena perpetua a Chen Xuyuan, quien lideró la Asociación China de Fútbol (CFA) desde 2019 hasta 2023, por cometer actos de corrupción.Chen, quien también ocupó un cargo importante dentro del Partido Comunista Chino (PCCh), en la CFA fue encontrado culpable de haber recibido sobornos que superan los 81 millones de yuanes (alrededor de 11,2 millones de dólares o 10,3 millones de euros) durante 13 años, de acuerdo con la decisión del tribunal.El fallo, pronunciado en la mañana del martes por el Tribunal Popular Intermedio de Huangshi, en la provincia central de Hubei, le quita a Chen sus derechos políticos de por vida y ordena la incautación de todos sus bienes.El tribunal también aseguró que se ha logrado recuperar todo el dinero adquirido de manera ilegal.Según las investigaciones, Chen usó su posición en la CFA y en otras instituciones públicas para beneficiar a terceros a cambio de dinero bajo la mesa.Estos actos corruptos tuvieron lugar entre 2010 y 2023, período durante el cual también fue presidente del grupo Shanghai International Port, dueño del equipo campeón de la Superliga de fútbol, el Shanghai Port, lo que causó un daño significativo al fútbol chino.A pesar de esto, el tribunal tomó en cuenta su colaboración y confesión de los crímenes como factores atenuantes al momento de dictar la sentencia.En los últimos años, el Gobierno chino ha llevado a cabo detenciones e investigaciones contra figuras destacadas del fútbol chino, incluido el presidente de la CSL, el subdirector de la Administración General del Deporte y Li Tie, exentrenador de la selección nacional y reconocido exfutbolista que jugó en el Everton de Inglaterra.Li fue acusado de corrupción y soborno a fines de 2022.En octubre, tras la destitución de Chen, Song Kai fue nombrado nuevo presidente de la CFA, comprometiéndose a mejorar la transparencia y apertura de la institución frente a los escándalos de corrupción.Desde su llegada al poder en 2012, Xi Jinping, secretario general del PCCh y presidente de China, ha impulsado una intensa campaña anticorrupción, resultado en la condena de varios altos funcionarios por aceptar sobornos de gran envergadura.
Luego de que el exministro Rafael Pardo y el exfuncionario Eduardo Díaz Uribe presentaran una acción de tutela en contra de la Presidencia de la República por la presunta vulneración de sus derechos fundamentales de petición, honra y buen nombre tras unas declaraciones que entregó el presidente Gustavo Petro durante una visita realizada en Tumaco.Antes de radicar la tutela, el exministro y funcionario rechazaron tajantemente las declaraciones dadas por el presidente Petro por medio de una carta abierta y allí le solicitaron al mandatario retractarse de las mismas. Además, el fundamento de vulneración que presentaron, se basa en que no se efectuó una disculpa pública luego de 15 días de ser presentada la carta por medio de la red social X.La sala de lo contencioso administrativo resolvió ordenar a la Presidencia de la República que, en el término de 48 horas siguientes a la notificación de esta decisión, responda con pruebas o se retracte de estas acusaciones.
El exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA) José María Enríquez Negreira se ha acogido este martes a su derecho a no declarar ante el juez que investiga los pagos que durante años le hizo el FC Barcelona.Según han informado fuentes judiciales, Negreira ha comparecido hoy como investigado ante el titular del juzgado de instrucción número 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre, en una vista que ha durado apenas un par de minutos y en la que Negreira ha comunicado que se acogía a su derecho a no declarar, sin entrar en más detalles de por qué guardaba silencio.El juez acordó en enero pasado la comparecencia como investigado de Negreira tras concluir que, pese a que sufre algún deterioro de memoria a su avanzada edad, conserva las facultades mentales para ser enjuiciado, en contra de lo que alegó su defensa, si bien hoy ante el magistrado no ha aludido a su estado de salud, según las fuentes. Negreira ha acudido al juzgado acompañado de su esposa y custodiado por agentes de los Mossos d'Esquadra, en medio de un enjambre de cámaras para captar su llegada y salida de la Ciudad de la Justicia.De hecho, el exvicepresidente del CTA ha sido el primero de los investigados de este caso que comparece ante el juez, que en la causa mantiene imputados entre otros al actual presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, y a sus antecesores Josep Maria Bartomeu y Sandro Rosell.El pasado septiembre, el instructor dictó un auto en el que acordaba imputar un delito de cohecho a los denunciados en el "caso Negreira", que se suma así a los de corrupción entre particulares en el ámbito deportivo, administración desleal, falsedad en documento mercantil y blanqueo de capitales que hasta ahora se les atribuían.El juez sospecha que los pagos del FC Barcelona al exárbitro y a su hijo -cerca de 7 millones de euros entre los años 2001 y 2018- pudieron obedecer a una "forma novedosa de posible retribución ilegítima a árbitros de fútbol", en un contexto de una "posible corrupción sistémica en el seno del CTA" en la época en que Negreira era vicepresidente de este organismo.Negreira fue sometido a una exploración por parte de los forenses del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Cataluña (IMLCF), tras encargarlo el magistrado para contrastar el informe que había presentado su defensa, que alegó que el exárbitro, de 78 años, sufre un deterioro cognitivo que le incapacita para poder afrontar un proceso penal.El juez instructor encargó esa exploración para confirmar no sólo la demencia que Negreira alega sufrir, sino también para determinar si estará en condiciones de ser interrogado como investigado y, en un futuro, responder ante un eventual juicio. La defensa de Negreira esgrimió un informe del Alzheimer Center de Barcelona -uno de los centros de referencia en el tratamiento de esta enfermedad degenerativa- que certifica que el exárbitro sufre una "demencia leve", con alteración de la memoria o el lenguaje, pero permanece parcialmente orientado "en tiempo, espacio y persona".El exvicepresidente del CTA pasó una primera exploración forense el pasado 10 de octubre, cuando sufrió una caída ante las cámaras de la prensa en el momento en que se disponía a entrar en la sede del Instituto Legal, acompañado de su esposa.Posteriormente, el magistrado pidió al IMLCF una ampliación de su informe forense para determinar el alcance del deterioro de memoria que alega Negreira, lo que le obligó a pasar por un segundo reconocimiento médico. Le puede interesar:
La Procuraduría General de la Nación profirió pliego de cargos contra el expresidente del concejo municipal en San José de Miranda, Santander, Carlos Saúl Jaimes Jaimes, por presuntas irregularidades en un contrato para comprar insumos de papelería de oficina, elementos de protección personal, entre otros.“La Procuraduría investiga la conducta del servidor público, quién, al parecer, para el bilateral que tenía como objeto el suministro de insumos de papelería de oficina, elementos de protección personal y desinfección para el concejo municipal, no expidió invitación pública para participar en el proceso precontractual”, dice el comunicado del órgano de control.La Procuraduría provincial de Bucaramanga busca esclarecer los precios de los productos adquiridos que finalizó en un negocio jurídico de suministro y si el entonces presidente del Concejo actúo con desconocimiento de los principios que regulan la contratación estatal.El órgano de control calificó la presunta falta del investigado como gravísima, a título de culpa grave.Vea también:
A Gerardo Vega, exdirector de la Agencia Nacional de Tierras, ANT, parece que se le viene encima un "tierrero" por los contratos que celebró para la compra de fincas en el Caribe para entregársela a campesinos, pues, tras una visita que el pasado domingo realizó el actual directivo Felipe Harman, pudo verificar que 48 familias de Majagual, Sucre, recibieron el pasado 13 de enero 515 hectáreas de fango y barro, en las que poco o nada se puede cultivar.Esta situación, según explica el actual directivo, será objetivo de reversiones contractuales y de investigación por parte de los entes, mientras se busca un nuevo predio para reubicar a estas familias."No cabe duda de que ahí hay una irregularidad. Nosotros vamos a revisar los temas administrativos en la compra del predio, definitivamente a recuperar los recursos que habrá en su momento invertido la entidad en su compra. Si es necesario, dadas las condiciones y circunstancias, poner en conocimiento a los entes de control para que realicen las investigaciones que sean necesarias", expuso el funcionario. Este hallazgo pone los ojos sobre las actuaciones que Vega adelantó cuando dirigió la entidad, pues también hay cuestionamientos por la compra de un predio en Chimichagua, Cesar, que también sería poco productivo. "Estamos revisando muchos otros. También vamos a avanzar en la contratación de una auditoría interna que revise a detalle no solamente las compras que hizo el antecesor, sino que también cuide las compras que vamos a hacer durante esta dirección", explicó Harman. Sin embargo, es poco lo que se sabe sobre los detalles de las transacciones de estos predios, dado que Vega hizo la entrega de algunos de estos, como el Santa Fe, a través de actas con poca información en las que ni siquiera registraba la matrícula inmobiliaria del inmueble ni su precio ni sus mediciones. En este documento, al que tuvo acceso en primicia BLU Radio, solo aparecen las firmas de los testigos como constancia provisional de acceso a la tierra, en el que la gobernadora Lucy Flores funge como testigo de la entrega.
El gobernador de Santander, general en retiro Juvenal Díaz, denunció un presunto hecho de corrupción en la construcción del colegio en el municipio de Suaita. Una obra que está al borde de convertirse en elefante blanco, según han denunciado los lugareños.“Qué horror, solo vean este documento para que cada uno saque sus conclusiones. Ahí está el origen de este problema que nos dejaron”, escribió el mandatario local.El gobernador adjunta un documento que muestra, en su concepto, las presuntas irregularidades en el contrato del diseño para construir el megacolegio.“Entre otras cosas le llaman megacolegio, pagan $25 millones por su elaboración y dan solo 45 días para su ejecución. Una locura”, agregó.La historia del megacolegio, que podría convertirse en elefante blanco, empezó hace dos años con el anuncio de realizar una inversión por $15.280 millones para construir la obra que contaría con 12 aulas de clase, auditorio, canchas y salas virtuales.La entrega estaba fijada para el 12 de febrero del 2024, hasta hace unos días, sin embargo, hasta hoy eso es un potrero abandonado.El contrato ha estado envuelto en presuntos sobrecostos y tiempos que no se han cumplido, por lo que el actual gobernador de Santander, Juvenal Díaz, ha hecho varios anuncios para recuperar la obra.“Estamos revisando la parte jurídica y técnica para mirar qué hacer con ese colegio. Es un colegio que presupuestaron por $10.000 millones, el contratista lleva un año trabajando y ha hecho nos movimientos de tierra, pero la obra no ha avanzado. Ellos siempre tienen la excusa que les facilita hacer eso, como que hay unas cuerdas de alta tensión, pero ellos debieron prever eso, se pegan de eso (…) Me dicen que van a pedir $5.000 millones adicionales para sacar tierra y otros $10.000 millones para unos muros, entonces vamos a mirar jurídicamente cuál es mejor opción”, señaló el mandatario local.Vea también:
La Policía Metropolitana del Valle de Aburrá informó que en el barrio San Isidro fue capturado un hombre de 51 años y de nacionalidad estadounidense por el delito de demanda de explotación sexual con menor de 18 años.El hombre aún no ha sido identificado, pero se conoció que fue hallado con una niña de 15 años, que fue dejada a disposición de una comisaria de familia para solicitud de verificación y restablecimiento de derechos.Según la información entregada por las autoridades, los hechos se registraron en una casa turística de arriendos que no contaba con documentación legal para ejercer el arriendo del inmueble y por ello procedieron a sellarla.La Policía relata que llegaron los uniformados, tocan la puerta en repetidas ocasiones, sin embargo, el extranjero se tarda en abrir, pero una vez logran entrar verifican la presencia de una joven y por ello se procede a dar captura al ciudadano extranjero.El general Óscar Lamprea, comandante de la Policía Metropolitana, durante 2024 más de 80 personas han sido capturadas por estos delitos, cerca de 50 en Medellín. Precisamente, en la capital de Antioquia ya han sido capturados siete estadounidenses por este delito.
La Comisión Electoral de la Federación Española de Fútbol (RFEF) proclamó este viernes a Pedro Rocha como nuevo presidente, tras haber recibido el apoyo de la mayoría de los asambleístas, con 107 avales presentados de los 138 posibles.La RFEF anunció el acuerdo de la Comisión Elctoral, reunida esta mañana, en base al calendario que fue establecido para este procedimiento, así como que Rocha, de manera inmediata, pasará a ejercer como presidente, según la Orden EFD/42/2024, de 25 de enero, que regula los procesos electorales en las federaciones deportivas españolas y el Reglamento electoral federativo.La Comisión Electoral apunta en su resolución que ambas normativas dictan que en caso de que solo se presente un candidato, como ha sucedido, esta procederá a la proclamación directa del único que lo haya hecho."Dado que solo se ha presentado un candidato a la Presidencia, el proclamado provisionalmente D. Pedro Ángel Rocha Junco, es imperativo que esta Comisión Electoral proceda a su proclamación directa", apunta, tras recordar que el recurso del presidente del Comité Nacional de Entrenadores (CENAFE) contra la candidatura de Rocha por no considerar válidos sus avales fue inadmitido por el Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) "por falta de legitimación".Este jueves, Miguel Galán anunció un nuevo recurso ante el TAD contra la resolución de la Comisión Electoral sobre la proclamación provisional de Rocha como único candidato el pasado día 12.En su recurso, Galán afirma que el plazo para proclamar candidaturas definitivas no puede acabar este viernes como establece el calendario electoral y que, mientras el TAD no resuelva este nuevo recurso, no se puede nombrar presidente definitivo.La proclamación oficial de Rocha se produce un día después de que el Consejo Superior de Deportes (CSD) anunciara la creación de una Comisión de Supervisión, Normalización y Representación para tutelar durante los próximos meses el funcionamiento de la RFEF "en respuesta a la crisis de la entidad y en defensa del interés general de España".La Comisión que el CSD va a designar, con personas de reconocido prestigio de ámbitos como el derecho, el deporte y la economía, tendrá un nivel jerárquico superior a la RFEF, según indicó el organismo.La Comisión Directiva del CSD tiene previsto reunirse el próximo día 30 para analizar la situación y decidir, en su caso, nuevas actuaciones en relación con el expediente disciplinario abierto por el TAD a Pedro Rocha, por extralimitarse presuntamente en sus funciones como presidente de la Comisión Gestora.También hace 24 horas la FIFA y la UEFA aseguraron que evaluarán si la creación de una Comisión de Supervisión, Normalización y Representación para tutelar a la RFEF puede afectar a su independencia, sin injerencias del gobierno.Ambos organismos señalaron que "buscarán información adicional para evaluar hasta qué punto el nombramiento por parte del CSD de la denominada 'Comisión de Supervisión, Normalización y Representación' puede afectar a la obligación de la RFEF de gestionar sus asuntos de forma independiente y sin interferencias indebidas del gobierno".Pedro Rocha (Cáceres, 1955) asumió de forma interina la presidencia de la RFEF en septiembre ante la sanción temporal de tres meses que la FIFA impuso a Rubiales, por su comportamiento en la final del Mundial femenino que ganó España y el beso no consentido a Jenni Hermoso.En aquel momento, Rocha era el único vicepresidente de la junta directiva de Rubiales, en la que era responsable económico desde 2020, y tras la dimisión de este -cuando la FIFA le sancionó tres años en octubre- el dirigente extremeño pasó a presidir la Comisión Gestora para convocar elecciones.Tras haber presidido la Federación Extremeña desde 2013, el mes pasado anunció que no optaría a la reelección para ser candidato a la RFEF.El pasado 12 de abril, día en que fue proclamado presidente de esta de forma provisional, la juez que investiga posibles contratos irregulares de la RFEF durante los últimos años aceptó, a petición de la Fiscalía, cambiar la condición de Rocha de testigo a investigado ante la falta de respuestas durante su declaración.En este procedimiento en el juzgado de Instrucción número 4 de Majadahonda, el lunes 29, está citado a declarar como investigado el expresidente Luis Rubiales.
La inseguridad en Bogotá parece no dar tregua, después de que en el barrio Villas del Dorado, de la localidad de Engativá, se registró un violento asalto que dejó herido al propietario de un establecimiento comercial. El incidente ocurrió alrededor de las 10:00 de la noche en una sucursal bancaria, que funciona en una casa de ese sector, cuando dos sujetos armados irrumpieron para robar el dinero recaudado.La víctima, conocida como 'More' en la comunidad, fue atacada con disparos al resistirse al robo. Los delincuentes escaparon en un vehículo que los esperaba a poca distancia del lugar, pero fueron captados por varias cámaras de seguridad.El teniente coronel Julio César Botero confirmó que la víctima fue trasladada a un centro asistencial para recibir atención médica inmediata. A pesar de la rápida respuesta de las autoridades, los delincuentes lograron huir, pero no es claro si con todo el dinero."Durante el hurto, la víctima opone resistencia, se generan unos disparos, la víctima es lesionada por arma de fuego y gracias a la reacción de nuestros uniformados logran llegar al sitio", detallò el coronel.Este incidente ha generado consternación en la comunidad, que denuncia un aumento en los hurtos diarios en panaderías, casas y gimnasios, y critica la falta de acciones efectivas por parte de la Policía de Engativá.Las autoridades están llevando a cabo actividades de inteligencia e investigación criminal para dar con los responsables del robo y reforzar la seguridad en el sector.Escuche el reporte completo del Ojo de la noche en el audio adjunto:
En una vivienda del reconocido barrio San Alonso de Bucaramanga las autoridades incautaron unos 200 kilos de marihuana y base de coca que habían llegado desde el Cauca. En el operativo fue capturado un hombre quien tenía en su poder un arma de fuego con la cual cuidaba la casa.“La Sijin de la Policía acaba de darle un duro golpe al narcotráfico en Bucaramanga. En una casa en el barrio San Alonso fueron incautadas más de 200 mil dosis de estupefacientes que iban a ser distribuidas por las bandas delincuenciales ‘Los Del Sur’ y ‘Los Villas’, que operan en el barrio Girardot, Villas de Girardot y el norte de Bucaramanga. La droga incautada está avaluada en más de 3.000 mil millones de pesos”, escribió en su cuenta de X el alcalde de Bucaramanga Jaime Andrés Beltrán.Por su parte el secretario del Interior de Bucaramanga, Gildardo Rayo, explicó que este resultado hace parte de la denominada ‘Operación Candado’ que se está realizando en la capital de Santander, la cual afecta las estructuras criminales dedicadas al microtráfico.“Con esto estamos colocando mano dura y estamos imponiendo la autoridad, no vamos a permitir el expendio de este tipo de drogas, además es importante resaltar que estos alcaloides venían del sur del país, al parecer del Cauca y el lugar donde se realizó el allanamiento era el lugar donde se prensaba, donde se hacía el acopio y, donde se distribuía a los diferentes lugares de la ciudad”, manifestó Rayo.Se conoció que la vivienda donde fue incautado el cargamento de marihuana era arrendada. “Vamos a seguir realizando operativos contra estas redes criminales”, dijo el alcalde Jaime Andrés Beltrán Martínez.
La comunidad venezolana en Bucaramanga ha mostrado su preocupación ante la nueva resolución del gobierno colombiano que exigiría pasaportes válidos para los migrantes provenientes de Venezuela. Con esta medida en el horizonte, la posibilidad de obtener un pasaporte válido se ve comprometida para muchos, debido a una serie de factores que dificultan el proceso migratorio.Según cuentan, uno de los principales obstáculos radica en la dificultad para reunir el dinero necesario para obtener el pasaporte. Con un costo aproximado de 400 dólares por persona, esta suma representa una barrera económica para muchos venezolanos que han llegado a Colombia en busca de mejores oportunidades tras la crisis económica en su país causada por el régimen de Nicolás Maduro.Además, la limitada operatividad de los consulados venezolanos en Colombia agrava la situación. Actualmente, solo cuatro consulados están en funcionamiento, y se encuentra en proceso de montaje el Consulado de Venezuela en Bucaramanga. Esta limitación dificulta aún más el acceso de los migrantes venezolanos a los servicios consulares necesarios para tramitar sus documentos de viaje."En Venezuela se necesitan aproximadamente 400 dólares para obtener un pasaporte por persona. Hasta la limitada operatividad en Colombia porque solo tenemos cuatro consulados activos, el que está en Bucaramanga ni siquiera ha sido abierto", indicó Alba Pereira, reconocida líder de la comunidad migrante en Santander.Otro factor preocupante es la imposibilidad de agendar citas a los consulados a través del sistema SAIME para aquellos que salieron irregularmente del país. Esta situación obliga a muchos venezolanos a regresar a Venezuela para iniciar el proceso de obtención del pasaporte, lo que representa un riesgo considerable para su seguridad y bienestar."Esto es muy preocupante considerando que el 60% de los 7.7 millones de venezolanos que salieron lo hicieron de manera irregular", agregó la líder.De acuerdo con datos de Encovi, la población de Venezuela asciende a aproximadamente 28 millones de habitantes, y según la última encuesta Delphos de Felix Seijas, el 25% de la población estaría dispuesta a emigrar. Además, se estima que el 80% de los potenciales migrantes aceleraría su decisión si el actual gobierno de Nicolás Maduro se mantiene en el poder, lo que representaría un éxodo masivo de aproximadamente 5.6 millones de personas.Vea también: