Ordenan libertad plena a dos de los vinculados en presunto despojo de tierras en Atlántico

En audiencia realizada la tarde de este martes, el juez Octavo Penal con funciones de conocimiento de Barranquilla, Álvaro Pájaro, otorgó la libertad plena a dos de los involucrados en un presunto despojo de tierras ocurrido en Barranquilla, en los municipios de Soledad, Santo Tomás y Malambo (Atlántico), así como en la población cordobesa de Cereté.La reciente decisión cobija al notario único de Santo Tomás, Francisco Mejía de la Hoz, y al registrador de Instrumentos Públicos de Soledad Iván Carlos Páez Redondo, quienes tenían la restricción de salir del país, sin embargo, el juez declaró la nulidad parcial sobre esta medida no privativa de la libertad, al considerar que la Fiscalía no expuso la suficiente motivación para validar dicha restricción.En este caso de presunto despojo de tierras están involucrados registradores de instrumentos públicos, inspectores de policía, notarios, calificador de instrumentos públicos y un funcionario de la Alcaldía de Soledad. En total, son 18 procesados, de los cuales 11 están encarcelados, tres están bajo casa por cárcel, dos tienen medidas restrictivas no privativas de la libertad y dos han quedado libres.Según la investigación, por la que la Fiscalía está próxima a radicar el escrito de acusación, esta sería una red corrupta que afectó a constructoras, proyectos urbanísticos y a más de 1.800 familias, luego de que hubiesen sido ocupados de manera irregular 277.000 metros cuadrados de tierra, entre los que se encontraban megacolegios, centros de desarrollo infantil y hasta el aeropuerto Ernesto Cortissoz.Además, se identificó que dichas invasiones fueron realizadas entre decenas de funcionarios públicos en alianza con bandas criminales locales, siendo que el avalúo de los predios corroborados en la investigación asciende aproximadamente a 22.000 millones de pesos.Los implicados están siendo procesados por delitos como peculado por apropiación, prevaricato por acción y omisión, cohecho, asociación para delinquir contra la administración pública, urbanización ilegal y estafa agravada.