Momentos de tensión se vivieron en las últimas horas en el municipio de Necoclí por cuenta del descontento de un sector de la población que reclama la adjudicación de la Hacienda Virgen del Cobre para asociaciones locales de víctimas del conflicto armado.Luego de más de 36 horas de que el inmueble fuera invadido por decenas de personas inconformes y sin derecho de propiedad, por segunda ocasión la fuerza pública desplegó un operativo de desalojo que generó por varias horas alteraciones del orden público inclusive en zona urbana de esta localidad del Urabá antioqueño.Efectivos de la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden, antiguo Esmad, hicieron presencia muy cerca de instituciones educativas en medio de las súplicas de habitantes de la zona para evitar el uso desmedido de la fuerza o el lanzamiento de gases lacrimógenos contra los manifestantes.Tras varias horas del algunos conatos de enfrentamientos en las calles y el bloqueo de la vía nacional, el coronel Jovanni Cepeda, comandante de la Policía Urabá, confirmó no solo la devolución del predio a las asociaciones beneficiadas por parte de la Agencia Nacional de Tierras, sino también la captura de 12 personas y la aprehensión de un menor de edad.El uniformado indicó que serán los nuevos propietarios los encargados de velar por el respeto del predio en compañía permanente de la policía."Ellos son los garantes de la protección de este terreno. Nosotros como Policía Nacional y todas las autoridades vamos a estar atentos, pasando revista y verificando que eso efectivamente se cumpla", destacó.La Hacienda Virgen del Cobre, un terreno de más de 1.143 hectáreas, ha estado en el centro de la polémica en los últimos días por las denuncias de organizaciones sociales y campesinas de Necoclí que aseguran que no las tuvieron en cuenta para la adjudicación del inmueble que pertenció a alias ‘Pelusa’, testaferro del extinto narcotraficante Pablo Escobar.De igual manera, se han registrado duros señalamientos del propio presidente Gustavo Petro y el director de la ANT, Felipe Harman, sobre las vías de hecho de la comunidad que estarían siendo promovidas por el Clan del Golfo y el exalcalde del municipio, Adalberto Baena.
En audiencia realizada la tarde de este martes, el juez Octavo Penal con funciones de conocimiento de Barranquilla, Álvaro Pájaro, otorgó la libertad plena a dos de los involucrados en un presunto despojo de tierras ocurrido en Barranquilla, en los municipios de Soledad, Santo Tomás y Malambo (Atlántico), así como en la población cordobesa de Cereté.La reciente decisión cobija al notario único de Santo Tomás, Francisco Mejía de la Hoz, y al registrador de Instrumentos Públicos de Soledad Iván Carlos Páez Redondo, quienes tenían la restricción de salir del país, sin embargo, el juez declaró la nulidad parcial sobre esta medida no privativa de la libertad, al considerar que la Fiscalía no expuso la suficiente motivación para validar dicha restricción.En este caso de presunto despojo de tierras están involucrados registradores de instrumentos públicos, inspectores de policía, notarios, calificador de instrumentos públicos y un funcionario de la Alcaldía de Soledad. En total, son 18 procesados, de los cuales 11 están encarcelados, tres están bajo casa por cárcel, dos tienen medidas restrictivas no privativas de la libertad y dos han quedado libres.Según la investigación, por la que la Fiscalía está próxima a radicar el escrito de acusación, esta sería una red corrupta que afectó a constructoras, proyectos urbanísticos y a más de 1.800 familias, luego de que hubiesen sido ocupados de manera irregular 277.000 metros cuadrados de tierra, entre los que se encontraban megacolegios, centros de desarrollo infantil y hasta el aeropuerto Ernesto Cortissoz.Además, se identificó que dichas invasiones fueron realizadas entre decenas de funcionarios públicos en alianza con bandas criminales locales, siendo que el avalúo de los predios corroborados en la investigación asciende aproximadamente a 22.000 millones de pesos.Los implicados están siendo procesados por delitos como peculado por apropiación, prevaricato por acción y omisión, cohecho, asociación para delinquir contra la administración pública, urbanización ilegal y estafa agravada.
Hace poco se conoció una denuncia proveniente del municipio de Sopetrán, en Antioquia, donde varias personas indicaron que un lote había sido ocupado de manera irregular, al parecer, luego de que fueran engañados por un supuesto funcionario de la Alcaldía de Sopetrán.A pesar de la polémica que se ha creado en el Occidente antioqueño, la Policía Nacional se refirió a la situación e indicó que hasta ahora no ha podido realizar ninguna acción de desalojo en el predio ubicado entre las veredas El Rodeo y Sabanazo.El coronel Luis Muñoz, comandante encargado de la Policía Antioquia, destacó que las personas que están ocupando de manera irregular el predio son en su mayoría personas que viven en esta subregión del departamento."No hemos tenido la querella o el requerimiento por parte del dueño. Nosotros para poder actuar y una vez que se haga el despeje de estas personas dentro de las 48 horas que aún estamos, se mueven las capacidades, pero también al final de esa actividad no tenemos a quién entregarle el predio", dijo el uniformado.Como destaca la Policía Nacional, aunque todavía están en el tiempo de actuar según la ley, al no tener certeza de que se haga un cierre oportuno con el dueño del terreno no se ha tomado la decisión de efectuar el procedimiento. No obstante, destacaron que en el sector hay presencia activa de la Fuerza Pública para evitar alteraciones al orden público.Por ahora las autoridades en Sopetrán buscan llegar hasta el propietario del terreno, no sólo para esclarecer de quién es el título inmobiliario, sino para evitar que ocurran nuevas invasiones en esta zona del Occidente antioqueño.
Polémica en el Concejo de Turbo por la aprobación de proyectos que buscan legalizar más de mil predios que habían sido ocupados irregularmente hace 40 años. Esta situación generó inconformidad entre líderes del Distrito, quienes habían advertido en su momento que de no prosperar la iniciativa podrían acudir a vías de hecho y exigir la salida de los concejales que se opongan.En el Concejo del Distrito de Turbo se vive un ambiente de tensión en torno a dos proyectos de acuerdo que hoy fueron aprobados para legalizar los predios de más de mil familias, algunas con más de cuatro décadas esperando su titulación.Durante un debate anterior sobre esta iniciativa, la discusión se salió de control y la sesión tuvo que ser suspendida, pues varios concejales expresaron reparos frente a la aprobación. Esta situación generó inconformidad entre líderes del barrio Jesús Mora, una de las comunidades más grandes del Distrito Portuario, quienes advirtieron en su momento que de no prosperar la iniciativa podrían acudir a vías de hecho y exigir la salida de los concejales que se opongan.El concejal de Turbo, Gilberto Sánchez, explicó a Blu Radio que las propuestas que hoy ya fueron aprobadas buscan regularizar predios pertenecientes a la Central Nacional ProVivienda (CENAPROV), que fueron abandonados desde los años 80 en medio de la violencia en Urabá. Según dijo, se realizaría una permuta con el Distrito y la entrega de terrenos, que comprenden unas 40 hectáreas, a manera de dación en pago."Son gente que se fueron, que más nunca vinieron a reclamar nada. Y luego ahora, de más de 60, 40 años, vienen a hacer una negociación con la Alcaldía por medio de una permuta y una acción de pago y donación de los bienes. Entonces, ¿qué proponen? ellos proponen dos acuerdos que se cambien. Todo ese predio de Jesús Mora, que son más de 40 hectáreas, todo Jesús Mora no es CENAPROV, pero todas esas hectáreas que están ahí, pueden cambiarlas por dos hectáreas detrás del estadio, que es un barrio muy popular de aquí, del distrito de Turbo", indicó el concejal."Entonces, ellos, en dación de pago y donación, dan otros predios para que también sean legalizados y que sean patrimonio del distrito. Pero, ¿dónde está el enredo? El enredo está en que nosotros, como concejales, no es que nos estamos oponiendo. Todos queremos que las familias del Distrito de Turbo tengan ese tipo de alivios en materia de predial y que puedan tener sus predios y sus matrículas para poder acceder a subsidios de vivienda y otras cosas. El tema aquí es que no son claros", añadió.El concejal también cuestionó que, pese a que el año pasado el Concejo otorgó facultades a la administración para avanzar en el proceso, se habrían pagado más de 160 millones de pesos a un abogado sin que, presuntamente, se entregara una sola resolución de estos bienes. De igual manera, solicitó a la administración soportes técnicos que permitan dar mayor claridad a lo que se pretende con los proyectos."Trajeron a un delegado del Ministerio de Vivienda para que nos explicara que la plata ya estaba... Porque según ellos, según lo que relataba el señor, cada caracterización vale 180 mil pesos. Es que no nos meten los dedos a la boca, porque nosotros le dimos las facultades el año pasado para que fueran e hicieran lo propio, lo que están buscando hoy. Le pagaron más de 160 millones de pesos a un abogado, seis meses, para que hiciera ese trabajo, y no entregaron una sola resolución. Es que eso es lo delicado del tema. Yo no le puedo pagar a un abogado 160 millones para que me caliente una silla y no me entregue una resolución de los bienes", añadió el corporado.El secretario de Planeación de Turbo, Edinson Carrillo, defendió la iniciativa, pues la falta de títulos ha impedido que el Distrito pueda recaudar impuestos de manera adecuada."No podemos recaudar, no podemos generar impuestos, sino solamente sobre la mejora, pero no en el sueldo, porque no hay una legalidad como tal", indicó el funcionario.La comunidad, entre tanto, mantiene la expectativa, pues con su aprobación se podrían ver beneficiados más de 7 mil personas. Por el momento, el Proyecto 017 fue aprobado con 9 votos a favor y 8 en contra y por su parte, el Proyecto 018 también recibió luz verde.
Tras una información publicada por la Presidencia de la República, donde son señalados al menos ocho congresistas de ser posibles acaparadores de tierras baldías, se prenunció el Representan por Santander, Luis Eduardo Díaz Mateus, del partido Conservador y hermano del gobernador Juvenal Díaz.La acusación fue hecha por el propio director de la Agencia Nacional de Tierras, Felipe Harman."Estos congresistas, que de alguna manera tienen unos impedimentos deliberados asociados a la discusión de tierras, son los que están definiendo la legislación agraria en Colombia y eso sí que es tremendamente delicado”, manifestó Felipe Harman.Afirmó el funcionario que hasta la fecha, han sido investigadas 680.000 hectáreas, de las cuales se han declarado baldíos 183.000. “Esto no es una cacería de brujas... estamos atentos a los llamados del Congreso”, señaló. El representante a la Cámara por el Partido Conservador, Luis Eduardo Díaz Mateus, rechazó categóricamente los señalamientos realizados por el director de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), quien lo tildó de presunto acaparador de tierras en el departamento de Santander.A través de un comunicado oficial, el congresista desmintió las acusaciones relacionadas con la adquisición de un predio rural en el municipio de Cerrito, señalando que se basan en una actuación administrativa preliminar y en construcción. Díaz Mateus calificó las afirmaciones como “infames y temerarias, sin fundamentos sólidos y con flagrante desconocimiento del debido proceso”, además de una vulneración a su derecho legítimo a la contradicción y defensa.El representante conservador también expresó que este tipo de declaraciones públicas, sin el sustento jurídico correspondiente, ponen en riesgo su buen nombre y afectan principios fundamentales del debido proceso, la moral pública y la confianza ciudadana en las instituciones.“Rechazo rotundamente estos señalamientos infundados que no solo buscan desacreditarme, sino que también atentan contra el respeto que merecen las instituciones y los derechos del campesinado colombiano”, indicó Díaz Mateus en su pronunciamiento.
La notaria Ana Dolores Meza Caballero fue presentada este miércoles ante un juez para la legalización de su captura, tras haber sido capturada el pasado martes en la puerta de la Notaría Segunda de Barranquilla, en medio de una diligencia que hace parte de la investigación contra el despojo de tierras que presuntamente se registra en el departamento del Atlántico. De acuerdo con información que conoció Blu Radio, la audiencia de legalización estuvo a cargado del juzgado sexto con función de control de garantías, sin embargo, la de imputación y solicitud de medida de aseguramiento fue atendida por el juzgado 17 penal municipal con función de control de garantías.Los delitos imputados corresponden a concierto para delinquir, invasión de tierras, prevaricato por acción y omisión, peculado a favor de terceros, falsedad en documento público y privado. Esto corresponde a los mismos delitos que fueron imputados a los funcionarios públicos que fueron capturados en el primer operativo que se desarrolló la semana pasada y que dejó 17 detenidos. Entre los elementos que la Fiscalía buscaría probar si la notaria habría incurrido en una eventual estafa, en la presentación falso testimonio, en el uso de documentos falsos, entre otros. Por esto, la fiscal del caso Diana Alejandra Álvarez, solicitó la medida de detención intramural para Meza Caballero, sin embargo, la decisión del juez quedó postergada para la próxima semana.
La decisión del juez de control de garantías, Ángel Monroy, de apartarse del caso en el que se capturaron a 16 personas, muchas de ellas servidores públicos señalados de pertenecer a una banda dedicada al robo de tierras en el Atlántico, no cayó bien en las víctimas y sus abogados.Precisamente, el jurista Alfonso Camerano, quien representa a varias de los procesados, le dijo a Blu Radio que no le queda otra vía que radicar una acción de tutela contra el juez 101 penal municipal con funciones de control de garantías, especializado en Grupos Armados Organizados (GAO) y Grupos Delincuenciales Organizados (GDO), ya que su decisión “frustra un esfuerzo investigativo de más de un año” y que es dirigido por la fiscal octava anticorrupción.De hecho, llegó a comentárselo al mismo juez Monroy durante la audiencia celebrada el pasado martes. “Me parece que no solo precipitada, sino que puede colocar, como lo ha señalado la propia fiscalía, casi que en vilo de nulidad lo que se ha hecho. Estimo que tampoco es el momento indicado, después de haber agotado la primera audiencia de legalización, precipitarla sobre la audiencia de imputación para decir que rehúsa ahora la competencia”, expresó.El pasado miércoles, el juez Monroy decidió no continuar la audiencia, invocando su especialización para casos de Grupos Armados Organizados y Grupos Delincuenciales Organizados, ya que el togado consideró que este grupo de 16 capturados no contaba con esas características, todo esto sin haber oído la imputación de cargos.En cambio, el togado decidió remitir lo actuado al Tribunal Superior de Barranquilla.El abogado Alfonso Camerano, en esa línea, escribió una carta que remitió al presidente Gustavo Petro en la que le informa que el juez encargado no cumplió con su trabajo correctamente, alegando que se negó a seguir con el proceso por no estar en su dependencia. Por lo cual, pide solicita su intervención en esta situación, argumentando que muchos de estos acusados pedirán su libertad por haber corpus.“Señor presidente Gustavo Petro Urrego, la presente situación de abandono de justicia, afecta el debido proceso, ya que está comprometida y legalizada la captura y libertad de los sujetos procesales —y consiguientemente, burladas las víctimas—, con 16 capturados que, seguramente, han de acudir al Juez de tutela a reclamar libertad invocando salvaguardar la garantía constitucional del Habeas Corpus, en ejercicio de un derecho fundamental que encuentran ya despejado en el camino trazado de impunidad, expedito y circense que, en este caso, lo impone una decisión insensata, dañosa e irresponsable de un administrador de Justicia que desiste de su sagrada función constitucional”, escribió.Esta semana, la Policía informó que el despojo de tierras que más de 17 personas habrían realizado entre Barranquilla, Soledad, Santo Tomas, Malambo y Cereté afectaron a constructoras, proyectos urbanísticos y cerca de 1.800 familias, tras ser ocupadas zonas destinadas originalmente para mega colegios, centros de desarrollo infantil y parques.
Hasta nueva orden quedaron suspendidas las audiencias preliminares contra los 16 capturados esta semana en el Atlántico y en Córdoba, entre esos funcionarios públicos señalados de integrar una red criminal que facilitó la apropiación y venta ilegal de tierras.Y es que después de una extensa jornada, en la que pasada la medianoche de este martes, 15 de abril, el juez 101 penal municipal con función de control de garantías ambulante de Barranquilla terminó de legalizar 16 de las 17 capturas que presentó la Fiscalía. Luego de cinco horas de apelaciones por parte del ente acusador y de algunos abogados defensores que no compartieron su decisión en esta primera etapa; el despacho declaró que no era competente para seguir con este caso y atender las siguientes audiencias concentradas.El juez Ángel Monroy argumentó que su despacho está para atender asuntos relacionados con grupos armados organizados y esto, a su criterio, no se cumple en este caso.Si bien la Procuraduría no se opuso a esta decisión, la Fiscalía sí se mostró en desacuerdo, consideró que el juzgado sí es competente y advirtió que esto más bien podría acarrear nulidades frente al proceso.Así las cosas, la decisión ahora quedó en manos de la Sala Penal del Tribunal Superior de Barranquilla, que ahora deberá definir quién tiene la competencia para continuar con las audiencias de imputación de cargos y de solicitud de medida de aseguramiento.
Poco a poco se siguen revelando detalles de las 17 personas detenidas en un operativo que realizó la Fiscalía y la Policía contra la apropiación y venta ilegal de terrenos públicos y privados en el Atlántico.Este operativo incluyó seis allanamientos en Barranquilla, Soledad (Atlántico) y Cereté (Córdoba), en los cuales se dieron las detenciones de 17 personas, en su mayoría funcionarios y exfuncionarios públicos que están en proceso de legalización de capturas por parte de un juez de la República.La Policía informó que esta red tenía "presuntos vínculos con organizaciones criminales que tienen injerencia en la capital del Atlántico y el área metropolitana", estructuras con las que al parecer realizaban "actividades de corrupción relacionadas con dicha apropiación y venta ilegal de terrenos públicos y privados, destinados a proyectos sociales como colegios y parques deportivos".Los detenidos son señalados de afectar a cientos de familias al apropiarse ilegalmente de terrenos de uso público, perjudicando el desarrollo urbano y comunitario, por eso enfrentarán investigaciones por delitos como concierto para delinquir con el fin de cometer delitos contra la administración pública, prevaricato, invasión de tierras, peculado y falsedad documental.Estos son los detenidosBlu Radio conoció que las personas detenidas son Roque Lugo, señalado como falso testigo; José Márquez, abogado; Francisco Mejía, notario de Santo Tomás; Luis Martínez, tramitador; Marlon Mora, inspector de Policía; Andrés Díaz, jurídico de la Alcaldía de Soledad; Rafael Bossio, abogado; Ismael Cárcamo e Inés Salas, señalados como agente corruptor; Iván Páez, registrador de Soledad; Juan Ucrós, exregistrador de Soledad; Neissy Cantillo, exinspector de Policía de Soledad; Alex Ahumada, abogado; Wilmar Machuca, supuesto poseedor irregular; José Pacheco, calificador de Instrumentos Públicos de Soledad; David De Castro, exregistrador de Soledad, y José Peñaloza, supuesto poseedor irregular.Llama la atención que entre los capturados está Juan Manuel Ucrós, reconocido Petrista que, incluso, fue candidato de la Colombia Humana en el municipio de Soledad.
Tres registradores de Instrumentos Públicos, dos inspectores de Policía, dos notarios, un calificador de Instrumentos Públicos y un funcionario de la Alcaldía de Soledad hacen parte de las 17 personas que han sido capturadas como presuntos miembros de una red dedicada a la ocupación ilegal de tierras en Barranquilla y el Atlántico.La información fue entregada la tarde de este lunes por el mismo presidente de la República, Gustavo Petro, quien en su cuenta en X reveló que estos funcionarios públicos, junto a otros “actores criminales”, al parecer “constreñían a la comunidad para apoderarse de terrenos y posteriormente venderlos, estafando a varias familias”.“He sostenido que buena parte de la criminalidad tiene soporte en el mismo Estado. Aquí hemos capturado con la Policía Nacional toda una red dedicada al volteo de tierras en Barranquilla, la mayoría de los capturados son funcionarios públicos ligados a la clase política regional”, dijo Petro.El mandatario sostuvo que “esta operación continuará con 16 imputaciones más, para un total de 33 personas judicializadas de esta organización delincuencial”.Los implicados, informó el presidente, deberán responder “por los delitos de peculado por apropiación, prevaricato por acción y omisión, cohecho, asociación para la comisión de delitos contra la administración pública, urbanización ilegal y estafa agravada”.Capturas e investigaciones pasadasVale anotar que esto se conoce un año después de que se produjeron las capturas en Barranquilla del notario local Augusto Osorio Berdugo, de 69 años, y el abogado Ever Edinson Castro Miranda, de 56, a quienes la Fiscalía los señaló de hacer parte del ‘Cartel de la Tierras’ que se habría apropiado de manera ilegal de varios terrenos en Barranquilla y municipios del Atlántico.Estas dos personas fueron capturados por los delitos de concierto para delinquir y falsedad material en documento público, tras presuntamente alterar documentación a cambio de dinero para que terceros pudieran apropiarse de terrenos.También es oportuno recordar que en 2022, la entonces procuradora general Margarita Cabello advirtió que el ente de control tenía abiertas 10 investigaciones por ocupaciones ilegales de tierra en Barranquilla, municipios del Atlántico y Cartagena.En esa oportunidad, Cabello indicó que estaban siendo investigados “alcaldes, secretarios de Gobierno, registrador de instrumentos públicos, coordinadores jurídicos en instrumentos públicos, notarios e inspectores de Policía”.
El debate vicepresidencial organizado este jueves 14 de mayo por Mañanas Blu 10:30 y Meridiano Blu, de Blu Radio dejó fuertes críticas para los candidatos que no asistieron. Juan Daniel Oviedo, fórmula vicepresidencial de la senadora Paloma Valencia, lanzó una fuerte pulla contra el abogado y candidato presidencial Abelardo De La Espriella por recientes comentarios de tono sexual hechos en un programa radial.Durante su intervención, Oviedo cuestionó el ambiente político y social que, según él, sigue marcado por el machismo y la polarización. Sin mencionarlo inicialmente de forma directa, el exdirector del Dane terminó enviando un mensaje que muchos interpretaron como una respuesta a las declaraciones de De La Espriella en el programa Piso 8, donde el jurista vinculó su popularidad entre mujeres con el tamaño de sus genitales e incluso invitó a una reportera a acercarse a una fotografía suya en la que, según él, se resaltaba esa parte de su cuerpo.“Yo inicio con una pregunta: ¿en qué Colombia queremos vivir en los próximos años?”, comenzó diciendo Oviedo ante los demás candidatos y la audiencia del debate. En su discurso, el aspirante aseguró que el país no puede seguir atrapado entre “populismos de extrema izquierda y extrema derecha”, ni repetir “los mismos errores” basados en el miedo y las promesas imposibles.Sin embargo, el momento más contundente llegó en la parte final de su intervención, cuando habló del proyecto político que impulsa junto a Paloma Valencia.“La Colombia en la que queremos vivir, Paloma y Oviedo, es esa Colombia no del que la tenga más grande, sino una Colombia más grande”, afirmó Oviedo, en una frase que rápidamente generó reacciones en redes sociales y entre los asistentes al debate.El candidato agregó que el país necesita aprender “a sumar, incluso en la diferencia”, así como escuchar y reconocer los derechos de las mujeres “desde la niñez hasta la vejez”. Además, advirtió que Colombia podría dirigirse hacia “un destino pobre, violento, viejo, informal y machista” si no cambia el rumbo político y social.En otro momento de su intervención, Oviedo defendió la alianza política que conformó con Paloma Valencia, luego de semanas de cuestionamientos y diferencias públicas entre ambos sectores. Según explicó, el hecho de que puedan debatir y reconocer sus desacuerdos demuestra que existe disposición para construir consensos.“Preferimos ver a Paloma y Oviedo peleando durante dos meses en lugar de reconocer que aquí estamos hablando de frente de nuestras diferencias para construir un mejor futuro”, señaló.
El ministro del Interior, Armando Bendetti, se pronunció sobre las recientes denuncias de grupos al margen de la ley que estarían presionando a la comunidad para que voten por un candidato a la Presidencia. “Eso no es verdad. No pueden estar diciendo eso, aquí los grupos armados han estado repelidos por la fuerza pública. Antes de las elecciones del ocho de marzo decían que había alerta por 300 municipios y no pasó nada, algunas veces es más bulla electoral que la verdad”, respondió el jefe de la cartera política.Sus declaraciones se dieron al término de una reunión en Casa de Nariño con observadores nacionales e internacionales. El ministro dijo que fue positiva y sobre la ausencia del registrador Hernán Penagos señaló que no fue él quien hizo la convocatoria y desconoce si decidió no ir o no fue invitado.Agregó que durante este encuentro el presidente expresó su preocupación sobre que el software se está mostrando, pero no se puede auditar. “Parece que alguna de estas personas de observación extranjera tienen el punto de vista tecnológico entonces realmente podrán hacer esta auditoría”, agregó.Al encuentro asistieron siete organizaciones nacionales y una internacional, para lo cual registran 309 observadores acreditados. Estuvo también José Antonio de Gabriel, jefe adjunto de la misión de observación electoral de la Unión Europea. Por parte del Gobierno nacional asistió el jefe de despacho, la directora del Dapre y el presidente Gustavo Petro, al igual que el presidente del CNE, Cristian Quiroz.Esta reunión se da luego de que se conociera la carta del magistrado del Consejo Nacional Electoral, Álvaro Hernán Prada, al ministro del Interior, Armando Benedetti, en la que advierte sobre graves riesgos de seguridad y falta de garantías para el proceso electoral en Colombia. Prada también alertó sobre la ausencia de un cronograma para las sesiones de los Comités de Garantías Electorales, en los que se reúnen partidos y entidades para coordinar respuestas institucionales en materia de seguridad.
Crece la preocupación en el municipio de La Estrella, sur del Valle de Aburrá, tras la denuncia de amenazas de muerte contra el líder comunitario Alejandro Rivas, presuntamente por su participación política y su respaldo a la campaña presidencial integrante del Pacto Histórico de Iván Cepeda Castro y Aída Quilcué.Sobre la denunciaSegún la denuncia, una de las intimidaciones fue publicada en redes sociales desde un perfil que, al parecer, no sería falso. “Alejandro Rivas, te estoy respirando en la nuca por getón”, se lee en uno de los mensajes difundidos públicamente.A esto se suma otro mensaje de mayor gravedad recibido directamente por el líder político, en el que se le declara como “objetivo militar” y se le da un ultimátum para abandonar el sector de Tablaza, en La Estrella. En el texto también se advierte que conocen su ubicación y se incluyen amenazas explícitas contra su vida, lo que encendió las alertas entre organizaciones políticas y sociales del departamento.La denuncia fue respaldada por el movimiento Los Verdes Progresistas, que rechazó de manera categórica los hechos y advirtió que este tipo de intimidaciones representan un ataque directo no solo contra Alejandro Rivas, sino también contra las garantías democráticas y el derecho a la participación política en el país. El diputado Juan David Muñoz lamentó las intimidaciones contra este líder y pidió que sea tomado en serio lo que le está ocurriendo."Le amenazan diciéndole que, además de asesinarlo a él, le van a sacar las tripas a su perro. Todo el mundo conoce la dinámica de Alejandro y su perro en el en el sector. Hay mucho detalle en la amenaza, y dicen, además, todos los petristas, h*s y un montón de otros adjetivos son objetivo militar en el municipio de La Estrella", indicó.Un llamado a FiscalíaLa colectividad hizo un llamado urgente a la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo para que investiguen el origen de las amenazas y adopten medidas inmediatas de protección para el líder social y su familia."En este momento hay una situación difícil en materia de orden público. El ejercicio electoral requiere de mayores garantías, y en esa medida solicito no solo al Gobierno nacional por medio del Ministerio del Interior, a la Fuerza Pública, también a la Gobernación de Antioquia, que tiene una dirección encargada de acompañar los protocolos de protección a los líderes sociales amenazados, para que se activen todos los protocolos necesarios", expuso en el recinto de la Asamblea de Antioquia.Muñoz pidió a los políticos de derecha, especialmente del Centro Democrático, que tengan responsabilidad política en los micrófonos, con el lenguaje, pues en otras ocasiones han relacionado a quienes militan a la izquierda con la primera línea, lo que a su juicio es causante de la violencia.Quien también se pronunció rechazando la situación del líder Rivas fue la senadora electa por el Pacto Histórico, Kamelia Zuluaga.
Cali volvió a ser escenario de hechos violentos que mantienen en alerta a las autoridades y generan preocupación entre la ciudadanía.El caso más reciente ocurrió en el sector del Boulevard del Oriente, donde dos mujeres fueron asesinadas. De acuerdo con información preliminar, el presunto agresor habría sostenido una discusión con una de las víctimas minutos antes del ataque. Posteriormente, les disparó en repetidas ocasiones, causándoles la muerte en el lugar de los hechos.Tras este crimen, el secretario de Seguridad de Cali anunció una recompensa de hasta 20 millones de pesos para quien suministre información que permita identificar y capturar al responsable."La Administración Distrital reitera la recompensa de hasta 20 millones de peros por información que permita capturar al responsable de cualquier homicidio que ocurra en Cali. Este caso ya esta siendo investigado por las autoridades, se están analizando cámaras de seguridad en la zona", dijo el secretario de Seguridad de Cali, Javier Garcés. Hasta el momento en la ciudad de Cali se han registrado mas de 390 homicidios durante este año, cifra que va en aumento y alertan a las autoridades.
El mecanismo internacional de expertos independientes de la Organización de Naciones Unidas para promover la justicia e igualdad raciales en la aplicación de la ley presentó los resultados preliminares de su visita a Colombia, en la que recorrió distintas ciudades para documentar denuncias relacionadas con racismo sistémico, perfilamiento racial y uso excesivo de la fuerza contra comunidades afrodescendientes.La misión, que analiza el impacto de las prácticas policiales y el acceso a la justicia, concluyó que en el país persiste un “racismo estructural, sistémico e histórico”, que continúa generando desigualdades, violencia y exclusión.Víctor Rodríguez, integrante de la comisión, aseguró que durante la visita pudieron constatar que el racismo en Colombia “está incrustado en la estructura social” y advirtió que las comunidades afrodescendientes siguen enfrentando discriminación en distintos ámbitos, especialmente en el sistema de justicia y en las actuaciones policiales.“En Colombia efectivamente hay racismo estructural, hay racismo sistémico. Es un racismo incrustado en la estructura social, muchas veces inconsciente, pero normalizado, naturalizado e invisibilizado”, señaló Rodríguez.Entre los hallazgos expuestos por la misión, se encuentran denuncias sobre perfilamiento racial en diferentes ciudades, donde jóvenes afrodescendientes aseguraron ser objeto frecuente de requisas, comparendos y detenciones injustificadas.La comisión también recibió testimonios de familias que denunciaron presuntos casos de uso excesivo de la fuerza por parte de agentes de Policía, así como demoras e impunidad en las investigaciones judiciales.Uno de los puntos más delicados identificados por la comisión fue la situación en Chocó y particularmente en Quibdó, donde la misión aseguró haber encontrado vacíos institucionales y una presencia insuficiente del Estado y de la fuerza pública en varias zonas del territorio.“Esos vacíos han sido cubiertos por grupos armados ilegales al margen de la ley, donde la policía no interviene, donde la policía no está, y donde la población queda en un fuego cruzado. Este es un tema alarmante, es un tema que el estado tiene que atender como una prioridad, es un tema donde estas personas están en en un limbo total, y a veces ni se sabe cuáles son esos, digamos, grupos ilegales para poderlos identificar, porque proliferan cada vez más, y a veces ni se sabe quiénes son los que actúan, quiénes son los que controlan”, afirmó Rodríguez.En Cartagena, los integrantes de la comisión alertaron sobre procesos de segregación urbana y desplazamiento de comunidades afrodescendientes hacia zonas periféricas, además de prácticas discriminatorias en espacios turísticos y comerciales.La comisión también expresó preocupación por las condiciones encontradas en centros de detención transitoria visitados durante su recorrido. Los expertos señalaron que muchas personas permanecen en condiciones “infrahumanas”, pese a no haber sido condenadas.“Llama la atención que la Corte Constitucional se ha manifestado sobre el estado de inexequibilidad de esos centros transitorios, y que no haya habido un un cumplimiento integral de esas resoluciones. Discúlpenme, pero las personas privadas de la libertad no son responsables de sufrir esas condiciones carcelarias producto de lagunas procesales, normativas o institucionales, no resueltas todavía, lo que vendría en responsabilidad internacional”, agregó Rodríguez.Finalmente, entre las recomendaciones preliminares, la misión pidió fortalecer los mecanismos de rendición de cuentas frente al perfilamiento racial y el uso excesivo de la fuerza, mejorar los sistemas de recopilación de datos sobre violencia racial, e insistieron en atender con urgencia la situación de las personas privadas de la libertad en centros de detención transitoria.Los expertos también insistieron en la necesidad de no reducir la capacidad ni el presupuesto de la Defensoría, al considerar que es una de las pocas instituciones con presencia y acceso a territorios apartados donde las comunidades siguen enfrentando graves riesgos de violencia y abandono estatal.