En un trabajo coordinado entre las autoridades locales y ambientales, se realizó un enorme operativo en el barrio La Feria de Bucaramanga, para desalojar a decenas de familias que habían invadido una zona de protección ambiental. La intervención reveló la presencia de 150 cambuches distribuidos en 250 lotes, mientras que cerca de 100 árboles nativos fueron destruidos para dar paso a las construcciones ilegales.El operativo, liderado por la Alcaldía de Bucaramanga en colaboración con la CDMB, tuvo lugar después de varias denuncias por parte de la comunidad que alertaron sobre la invasión en una zona crítica para la preservación del entorno natural. La zona afectada es reconocida como La Curtiembre, en la escarpa occidental de la ciudad.Durante la operación, se identificaron múltiples irregularidades, incluyendo la ocupación ilegal de tierras, la falta de servicios básicos y la destrucción indiscriminada de flora nativa. Los invasores, en su afán de establecer sus viviendas, arrasaron con aproximadamente 100 árboles nativos, según informaron las autoridades a Blu Radio.La Alcaldía de Bucaramanga alertó sobre una presunta red de urbanizadores ‘piratas’ que estarían estafando a ciudadanos con la venta de lotes ilegales.En desarrollo…
El abogado José Alejandro Ramírez habló en Mañanas Blu, cuando Colombia está al aire, sobre la ocupación ilegal de tierras que, según denunció, está pasando en varios territorios del país, uno de ellos, Puerto Boyacá en la finca Aguas Vivas, que pertenecía a un presunto narcotraficante y que estaba a nombre de sus familiares, pero, luego, en poder de la Sociedad de Activos Especiales (SAE).“Hemos visto que hay algunas pretensiones de un grupo de invasores y podemos establecer que hay allí un modus operandi en ellos, de llegar a tierras que están en el listado de predios, bienes inmuebles en la Sociedad de Activos Especiales como bienes en extinción de dominio”, aseguró Ramírez.La situación ha generado confusión, pues en videos difundidos por redes sociales se ve cómo unas personas dicen que están en “un asentamiento humanitario” y, según recalcó Ramírez, esa figura no existe y lo que realmente es “una invasión de tierras”.“Dice ella que no se trataba de una invasión, sino de un asentamiento humanitario y nosotros decimos esa figura no existe. Realmente lo que allí había era una vía de hecho ante un bien que tenía sus legítimos propietarios”, advirtió.Según mencionó el abogado, hay “promesas por parte del Gobierno de reubicar a estas poblaciones en predios en extinción de dominio”, lo cual les genera preocupación porque han escuchado a “funcionarios con pretensiones” respecto a eso.Escuche la entrevista completa en Mañanas Blu, cuando Colombia está al aire:
En días anteriores, en Mañanas Blu, cuando Colombia está al aire, Carlos Gómez, propietario del predio donde se encuentra ubicada la finca Buenos Aires, en el municipio de Turbo, Antioquia, entregó detalle sobre la situación que se vive actualmente en el terreno luego de que sus 100 hectáreas fueran invadidas por un grupo de personas que dicen ser parte de una asociación denominada Asograt.Aunque desde Blu Radio se intentó comunicación con Dagoberto Torregloza, el representante legal de la asociación agropecuaria Asograt, sin embargo, hasta el momento no ha sido posible.Carlos Gómez, dueño de la finca Buenos Aires, insistió a las autoridades para intervenir en la situación, pues la invasión ya deja pérdidas millonarias por cuenta de la destrucción de al menos la mitad de los cultivos de palma que estaban en el terreno. El terreno, por fortuna fue recuperado en su totalidad.“Ayer tuvimos una reunión de la Agencia Nacional de Tierras, donde se buscaba verificar si hacía parte de terrenos baldíos, luego del análisis, la agencia llegó a la conclusión de que no había ningún baldío”, dijo.“Sentimos un respaldo de Fedepalma y la Agencia Nacional de Tierras, quien, a pesar de no tener competencia, buscó que se lograra conciliación”, contó. “Hoy estamos haciendo un reconocimiento y evaluando los daños en la finca”, agregó.Apoyo de FedepalmaNicolás Pérez, presidente de Fedepalma, entregó detalles, sobre el respaldo que brindaron al proceso.“Por fortuna, en el ocurrido del año este es el único predio de palma en estricto sentido que ha sido invadido, no obstante, conversando con colegas de otros gremios en zonas palmeras tenemos invasiones en predios ganaderos que tienden a compartir espacio con la palma”, contó.Y agregó, “nosotros, desde que la familia de Carlos, su hermano Daniel, nos puso en conocimiento de la situación a inicios del mes de septiembre, pusimos a su vez en conocimiento del Ministerio de Agricultura, del Ministerio del Interior, lo que estaba sucediendo como cabezas tanto del sector agropecuario como en el caso del Ministerio del Interior por su interlocución con los alcaldes y gobernadores Aquí en el procedimiento jurídico hay una responsabilidad directa de los alcaldes para garantizar los desalojos”, dijo.Vea la entrevista completa aquí:
La reforma agraria se ha convertido en un tema de discusión nacional, que tiene posiciones a favor y también varios en contra ante el temor del fantasma de las expropiaciones.El Gobierno de Gustavo Petro ha prometido la compra de 3 millones de hectáreas que le entregará a los más pobres para que la produzcan.En el país se han denunciado expropiaciones exprés e invasiones que se producen sin que ninguna autoridad lo evite.En Mañanas Blu, cuando Colombia está al aire, analizamos el caso de la Finca Buenos Aires, ubicada en el municipio de Turbo, Antioquia, y que enfrenta desde el pasado 3 de septiembre esta problemática.Carlos Gómez, propietario del predio, aseguró en Blu Radio que en el momento hay una ocupación en el predio, por lo cual hacen un llamado a las autoridades y al Gobierno a poner la lupa en estos casos en el país.“Este es el tercer predio que es objeto de este tipo de invasiones. Lo que sabemos es que hay de por medio una organización, porque llega un número significativo de personas y van ocupando el lugar”, contó.Sobre la situación en este terreno, aseguró que lamentablemente de parte de las autoridades no han logrado expulsar a las personas que invadieron el lugar; la invasión ya deja pérdidas millonarias.“No han podido que expulsen a los invasores con un agravante y es que han destruidos una gran cantidad de palma, se han apoderado de 58 hectáreas de la finca y están impidiendo el desarrollo productivo de la finca. Tenemos unas vías de hechos que han destruidos la mitad del cultivo de palma”, afirmó con preocupación.Gómez hace un llamado para que se respete la propiedad privada, se hagan los debidos desalojos y que en caso de haya inquietudes, se acuda a las autoridades, “no se puede permitir y que vea con buenos ojo las vías hecho”, resaltó.
El gremio de empresarios del Cauca denunció la invasión que está ocurriendo desde esta madrugada en la Hacienda San Judas, en el municipio de Corinto, donde trabajadores intentan controlar la situación.También rechazaron la invasión que se dio ayer en la Hacienda Japio en Caloto, Cauca, y la quema 65 hectáreas del bosque seco tropical, zona que llevaba más de dos siglos en protección.Gerardo Arroyo, director ejecutivo del Consejo Gremial y Empresarial del Cauca, lamentó los daños irreparables a la flora y la fauna de este bosque seco tropical, que además contribuye con la producción de agua para abastecer algunos municipios del departamento.Además, el dirigente gremial pidió al presidente Gustavo Petro una solución urgente a la situación de invasión de predios en el Cauca y Valle, en donde indígenas y campesinos reclaman las tierras prometidas por el gobierno nacional.Anoche no solo se trató de una invasión a la Hacienda Japio, sino también de un bloqueo a la vía entre Caloto y Santander de Quilichao, la cual se levantó en horas de madrugada gracias la intervención de varias entidades del Ministerio Público y la gobernación del Cauca.En lo corrido de 2023, al menos unas 30 haciendas en este sector de la región han sido ocupadas de manera irregular por personas que reclaman la restitución de tierras.Le puede interesar:
Asocaña, a través de su presidenta Claudia Calero, reiteró en diálogo con Mañanas Blu el llamado al Gobierno nacional para que brinde seguridad a los trabajadores de la región, luego de que dos de ellos fueran secuestrados este martes por un grupo ilegal que les robó sus pertenencias y el vehículo."Desde hace 7 días se vienen registrando nuevas invasiones a nuevos predios, con intimidaciones a nuestros trabajadores Esto genera mucha zozobra y miedo. Hemos pedido a las autoridades que compongan el territorio", señaló Calero.Según expuso la presidenta, actualmente desde Asocaña están "esperando que las autoridades respondan" quiénes están detrás de las intimidaciones contra los trabajadores y quiénes son los responsable, además, de los ataques, incluso con machete, en medio de los cuales también destruyen cultivos de caña de azúcar."Son actividades criminales, por grupos ilegales. Es necesario que a la ciudadanía y toda la región, nos den la información necesaria y la seguridad que todos necesitamos", pidió Claudia Calero, quien detalló que desde Asocaña ya enviaron al Gobierno nacional una carta solicitando intervenga y haga respetar la propiedad privada."Estamos esperando que las autoridades determinen quiénes son. Lo que quiero resaltar es que todas estas actividad ilícitas, ilegales, las hacen grupos o personas que no están en la legalidad", reiteró la presidenta de Asocaña.De acuerdo con la funcionaria de la entidad, en ese territorio, el suroccidente del país, los cultivos de caña generan unos 286.000 empleos directos e indirectos y, además, "un sinnúmero de empresas están articuladas a este clúster y se articulan a este circuito de producción"."Lo que hemos pedido al Gobierno con insistencia es que en este territorio nosotros necesitamos garantías para trabajar, desplazarnos, producir y por supuesto garantías expresas para el respeto a la propiedad privada", continuó Calero.Finalmente, la presidenta de Asocaña explicó que, para afrontar en parte la problemática de las invasiones e intimidaciones, han venido "trabajando en una mesa de diálogo desde el año pasado, en cabeza de la vicepresidencia y el Ministerio del Interior", en la que se han "venido articulando acciones con organismos del Estado para llevar la oferta estatal a este territorio".Escuche la entrevista completa en Mañanas Blu:
Autoridades desalojaron a 156 familias, compuestas por más de 400 personas, que argumentando no tener vivienda, invadieron un lote urbano de aproximadamente 3 hectáreas en el sector conocido como La Escombrera del municipio de San Carlos, oriente de Antioquia."Ya estaban comenzando a levantar sus ranchos. Fueron censadas. Son familias que hemos identificado que tienen viviendas y que han recibido subsidios de vivienda, pero que vieron la oportunidad de vender ranchos y hacer negocio", le dijo a Blu Radio Mary Luz Quintero, alcaldesa de San Carlos.De igual forma, obedeciendo una orden de tipo administrativo, la Alcaldía de Medellín avanza en la demolición de unas 10 viviendas en el sector de El Faro que, al parecer, fueron construidas de forma irregular en un terreno de alto riesgo y en una zona donde, además, está ubicada una reserva forestal."¿Por qué se hace la actividad?, ante denuncias de la misma comunidad de que actores delincuenciales estaban loteando ilegalmente el terreno y por eso ante la advertencia de la corregidora de Santa Elena se toma la medida", indicó José Gerardo Acevedo, secretario de Seguridad de Medellín.Escuche el podcast Emprender, fallar y triunfar:
Hasta 10 millones de pesos cobraban por cada lote las cinco personas que fueron capturadas en Moravia, señaladas de integrar una banda delincuencial dedicada a la venta ilegal de predios en los sectores de Moravia, el Bosque y la autopista Medellín. Según el subsecretario de Gobierno y seguridad local de Medellín, Ómar Rodríguez, al mes, estas personas vendían en promedio 8 lotes y recibían 60 millones de pesos en ganancias."Una vez lograban las ventas continuaban engañando a las familias haciéndose pasar por funcionarios de la Alcaldía de Medellín con el fin de venderles un portafolio de venta de servicios públicos: agua y luz. Posterior a ello, cuando ya no tenían las capacidades, procedían a desplazarlas del lugar para continuar ellos en la reventa de los mismos lotes a otras personas", manifestó el subsecretario de Gobierno Local y Seguridad, Ómar Rodríguez.Las autoridades también establecieron que los capturados, extorsionaban a las familias exigiéndoles dinero a cambio de estacionar, cerca a sus viviendas, sus motocicletas, de lo contrario, también eran desplazados. Por eso, piden a los ciudadanos estar alertas y ante cualquier duda o inquietud, comunicarse con la Policía.Escuche el podcast Emprender, fallar y triunfar:
Un grave enfrentamiento 'a bala' se registró en la noche de este martes en zona rural de Galapa, Atlántico, en la finca ‘Alpes de Sevilla’, por guardas de seguridad privada y un grupo de, al menos, 100 personas que, días atrás, habían sido desalojadas por la Alcaldía Municipal, la Policía Metropolitana, Migración Colombia y Bienestar Familiar.Se conoció de manera oficial que tal hecho dejó a una persona muerta a tiros, identificada como Jesús Antonio Evilla Pérez, de 44 años, miembro de la comunidad desalojada; y Andrés Miguel Cueto Orozco, de 24 años, miembro del personal de vigilancia en el predio, quien resultó herido.El coronel Jorge Urquijo, comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, precisó que “el dueño del predio apareció y pudo demostrar su titularidad a través de unos documentos, por lo que se tuvo que emitir la orden de desalojo el pasado 20 de octubre”.Además, Urquijo fue enfático en señalar que “sin embargo, el intento por ingresar de unas 100 personas generaron enfrentamientos, tras haberse accionado un arma de fuego que desencadenó el intercambio de disparos”.Según el alto oficial, un vehículo particular y dos motocicletas fueron incineradas en medio de la riña que sostuvieron algunas personas con los vigilantes en el barrio Las Moras, Soledad (Atlántico), tan solo minutos después del la “batalla campal”.Misael Delgado, líder comunitario y miembro de la Mesa de Víctimas del Conflicto Armado en el Atlántico, asegura que Evilla Pérez, por ejemplo, solo fue a recoger una colchoneta, desestimando que haya ingresado al predio de manera violenta.“Allí no hay personal de vigilancia, ahí lo que vemos son unos encapuchados sin ningún tipo de identificación como personal de seguridad. La mayoría iban a buscar unos enseres, como era el caso de Evilla Pérez, pero no contaban con que les iban a disparar”.Cabe recordar que por lo menos 600 personas fueron las desalojadas por medio de una orden que cumplieron las autoridades desde el pasado 20 de octubre hasta el 23, tras una solicitud hecha por su propietario al demostrar su título de propiedad.Le puede interesar:
En el municipio de Necoclí, exactamente en el corregimiento de El Totumo, están realizando manifestaciones y bloqueos en la vía por parte de varias familias que se oponen al desalojo de una zona de invasión, la cual está siendo reclamada por las autoridades.Con palos quemados atravesados en plena vía más de 75 familias del corregimiento de El Totumo ,en el municipio de Necoclí, salieron a protestar para evitar ser desalojados de sus viviendas ubicadas en una zona de invasión de este municipio.¿Qué dicen las autoridades?El coronel Óscar Hernán Cortés Dueñas, comandante de Urabá, confirmó que las autoridades se encuentran dialogando con la comunidad para restablecer el orden público en la zona.“Están bloqueando, pero ya está mediando la alcaldía municipal y estamos a la expectativa de que esta situación se resuelva y lleguen a un acuerdo con el alcalde. Esa es la situación este momento”, puntualizó el coronel Óscar Hernán Cortés Dueñas.Sobre el predio en municipio de NecoclíLas personas que se encuentran en la zona son víctimas del conflicto armado que llegaron hasta el corregimiento el Totumo en busca de un lugar donde vivir. Este predio, al parecer, se encuentra en un proceso judicial, debido a que es solicitado por una familia reclamante de tierras. Le puede interesar:
El grupo islamista Hamás responsabilizó este viernes a Israel de la ruptura de la tregua, que había durado siete días, y aseguró que al menos 32 gazatíes murieron en las primeras tres horas tras reanudarse los ataques israelíes."La ocupación es responsable de la reanudación de la guerra y de la agresión nazi contra la Franja de Gaza, después de negarse durante toda la noche a aceptar todas las ofertas para liberar a más rehenes", entre ellos ancianos, indicó Hamás en un comunicado.El grupo islamista aseguró que Israel también se negó a aceptar la liberación de Yarden Bibas y la entrega de los cuerpos de su familia israelo-argentina: su esposa, Shiri Silverman, y sus hijos Kfir, de diez meses, y Ariel, de cuatro años, quienes fallecieron en Gaza por los bombardeos israelíes, según Hamás."La ocupación se negó a aceptar todas estas ofertas, porque tenía la decisión previa de reanudar la agresión criminal", aseguró Hamás, que responsabilizó a Estado Unidos, principal socio de Israel, por "la continuación de los crímenes de guerra sionistas en la Franja".Estas declaraciones contradicen las del gobierno de Israel, quien culpó al grupo islamista por el fin de la tregua."La organización terrorista Hamás-Estado Islámico violó el plan, no cumplió con su deber de liberar hoy a todas las mujeres secuestradas y lanzó cohetes contra los ciudadanos de Israel", indicó la oficina del primer ministro, Benjamín Netanyahu, quien ya había dicho anteriormente que el cese el fuego no sería de ninguna manera permanente.El fuego cruzado se reanudó desde las primeras horas de esta mañana con el lanzamiento de cohetes por parte de las milicias en Gaza, que activaron las sirenas en ciudades israelíes de Sderot, Askalón y numerosos kibutz cercanos a la Franja; así como con potentes ataques por aire, tierra y mar por parte de las fuerzas israelíes a los largo de todo el enclave palestino."A las tres horas del fin de la tregua, las incursiones lanzadas por el Ejército de ocupación israelí provocaron la muerte de 32 ciudadanos y heridas a decenas de personas, la mayoría de ellas niños y mujeres", denunció el Ministerio de Sanidad de Gaza, controlado por Hamás.Las imágenes de colosales hongos de humo y polvo sobre la Franja volvieron a publicarse, mientras cientos de palestinos buscaban desesperadamente a sus familiares bajo los escombros o corrían con heridos en los brazos tratando de encontrar ayuda.Estados Unidos advirtió anoche a Israel contra la reanudación de los combates, a menos de que tuviera un plan concreto para evitar muertes y desplazamientos masivos entre los gazatíes civiles, pero el Ejército ya se había dicho "dispuesto a atacar a cualquier hora".El jueves fue la séptima y última jornada de una tregua negociada por Catar, Egipto y Estados Unidos, a través de un acuerdo que incluyó la liberación de 105 rehenes a cambio de la liberación de 240 presos palestinos en cárceles israelíes y la entrada de ayuda humanitaria a Gaza.Catar afirmó que continuará negociando para "volver a la tregua", y expresó su "profundo pesar" por los nuevos ataques israelíes.La tregua supuso una pausa a la guerra que estalló el 7 de octubre tras un ataque del brazo armado de Hamás que incluyó el lanzamiento de miles de cohetes hacia Israel y la infiltración de unos 3.000 milicianos que masacraron a unas 1.200 personas y secuestraron a otras 240 en aldeas israelíes cercanas a la Franja de Gaza.Desde entonces, y hasta el día en que comenzó la tregua, el 24 de noviembre, las fueras de Israel mantuvieron una implacable ofensiva sobre el enclave palestino que ha dejado más de 15.000 muertos, otras miles de personas sepultadas bajos los escombros, y casi dos millones de desplazados que viven una grave crisis humanitaria ante el colapso de los hospitales y la escasez de vivienda, agua potable, alimento, medicinas y electricidad.
La Organización Panamericana de la Salud (OPS) aseguró que las vacunas utilizadas en Colombia para frenar la expansión del COVID-19, fueron incluidas en la lista de uso en emergencias de la Organización Mundial de la Salud (OMS).Estas vacunas tienen resultados de fase 1-3 al momento en que la OMS otorgó la precalificación con el respaldo del comité científico asesor para vacunas e inmunizaciones que se utilizaron durante la pandemia.“El objetivo es lograr que los medicamentos, las vacunas y las pruebas diagnósticas estén disponibles lo más rápidamente posible para hacer frente a la emergencia, respetando al mismo tiempo criterios estrictos de seguridad, eficacia y calidad. La evaluación sopesa la amenaza que supone la emergencia, así como el beneficio que supondría el uso del producto frente a los posibles riesgos”, precisó la OPS.La OPS añadió que la vacunación redujo el impacto en muertes y hospitalizaciones por COVID-19 en el mundo y siguen siendo una herramienta clave para evitar la enfermedad grave, especialmente en grupos prioritarios de alto riesgo.Le puede interesar
La Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, Usaid, trabaja de la mano con Fundación Panamericana para el Desarrollo, Fupad, en el programa 'Somos comunidad'. El objetivo de esta iniciativa es mejor la unidad social y fortalecer los sistemas de seguridad local en materia de consumo de drogas.Una de las metas relevantes del programa 'Somos comunidad' es la prevención del crimen y el consumo de sustancias psicoactiva. De acuerdo con los líderes del programa, esto afecta el consumo sistemático, es decir, el consumo descontrolado de estas sustancias llevando al joven a olvidar su proyecto de vida y haciendo que se acerquen más a la ilegalidad. Por lo que están trabajando en las zonas más afectadas por el conflicto en diferentes departamentos del país, entre ellos, Norte de Santander, seguido de Bolívar y Sucre.Joshua Mirott, director del programa, aseguró que quieren trabajar a la par de instituciones del Estado para que entre todo puedan prevenir el consumo de este tipo de sustancias: "Lo que queremos con estas iniciativas es juntar al Estado y a la comunidad para que construyan soluciones en prevención de estos factores de riesgo que pueden afectar al territorio", dijo.Estas estrategias fueron socializadas en un foro que se realizó en la ciudad de Bogotá. Allí, la directora de Política de Drogas del Ministerio de Justicia, Gloria Miranda, dijo que el consumo de drogas es variado, tanto legales como ilegales; por ejemplo, es lícito el alcohol, el cigarrillo; mientra que por lo ilegal el consumo de marihuana es lo que más se presenta en el país, según un estudio realizado por el Observatorio de Drogas de Colombia en 2023“Otro dato muy importante de este informe es que el consumo de cualquier sustancia ilícita como marihuana, cocaína, bazuco, éxtasis o heroína ha disminuido entre 2016 y 2022 pasando de un 8.8 % al 4.8 %", detalló Gloria Miranda, directora de Política de Drogas del Ministerio de Justicia.La directora mencionó que están trabajando en la nueva política de drogas, que fue lanzada en el mes de octubre, donde uno de los objetivos es la prevención selectiva e indicada en niños, niñas, adolescentes y jóvenes.Según el Observatorio de Drogas, la edad de inicio del consumo de sustancias psicoactivas en población escolar es de 13 años, mientras que en la población general es de 19. Asimismo, se debe seguir reforzando la prevención selectiva e indicada, el consumo de sustancias en escolares, en jóvenes es del 4.8 %, es decir, la mayoría de los escolares no está consumiendo sustancias psicoactivas.Le puede interesar
La Corte Constitucional ratificó este jueves, 30 de noviembre, las facultades del presidente Gustavo Petro para dialogar con grupos armados organizados al margen de la ley.Con esta decisión del alto tribunal se reiteran los términos jurídicos de las conversaciones con estructuras criminales que contempla la ley 2272 de 2022, conocida como ley de la paz total.Sin embargo, el magistrado Jorge Enrique Ibáñez salvó su voto pues considera que es inconstitucional incorporar en una sola ley el diálogo de paz con estructuras como el ELN, que tienen un carácter político, y organizaciones criminales con el Clan del Golfo dedicadas al narcotráfico.Es indispensable distinguir entre unos y otros grupos, señaló el magistrado Ibáñez al explicar su salvamento de voto, pues “esta distinción no sólo es relevante para establecer su estatus jurídico, sino para determinar cuáles son las normas constitucionales aplicables en uno y en otro caso”.Según el magistrado, la paz total del Gobierno Petro trae un nuevo concepto que incorpora tanto lo referente a las negociaciones con grupos armados con los que se adelanten diálogos de carácter político y acercamientos o procesos de negociación con grupos armados organizados del crimen de alto impacto, con el fin de lograr su sometimiento a la justicia y su desmantelamiento.A juicio del magistrado Ibáñez, "a menos que se tramite una reforma constitucional no es posible asimilar un proceso de paz con un proceso de sometimiento a la justicia, cada uno de los cuales tiene su propio marco jurídico”."La definición y alcance de la paz total, en la que hasta ahora no se había propuesto adelantar procesos de paz con los carteles del narcotráfico se hace desde una ley, sin haberse modificado la Constitución, lo cual no corresponde con el marco jurídico actual", dijo.El magistrado Ibáñez sostiene que aplicar el mismo procedimiento a dos tareas que son sustancialmente diferentes, como son la negociación política y el sometimiento a la justicia es inaceptable en términos constitucionales.Le puede interesar
La junta directiva de Ecopetrol presentó el plan de inversiones presupuestado para 2024: entre 23 y 27 billones de pesos. Esto implica una reducción de la misma proyección que hizo la compañía para el presente 2023, que fue un monto estimado de entre 25.3 y 29.8 billones de pesos.En la ruta plasmada para 2024, Ecopetrol dice que invertirá cerca de 19.3 billones de pesos para lograr niveles de producción rentables entre 725 y 730 mil barriles por día, muy similar a la que se reseñó en el plan de 2023 que fue 720 y 725 mil barriles."El 42 % de las inversiones estarán orientadas a los proyectos de la transición energética y la descarbonización, buscando crecer en esos negocios de soluciones de bajas emisiones. La incorporación, además de un plan riguroso de eficiencias, ahorros y el control del gasto para el periodo de los tres años del 2024 al 2026 por cerca de 7 billones de pesos”, detalló Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol.En medio de esa tarea que hace parte de los proyectos más impulsados por el Gobierno nacional, la compañía complementó que las inversiones en gas se estiman entre 3,1 y 3,5 billones de pesos en 2024 principalmente en el Piedemonte Llanero y Costa Afuera en el Caribe Colombiano, para producir alrededor de 135.000 barriles de petróleo equivalente por día.Por su parte, ISA, invertirá alrededor de 5,9 billones de pesos, de los cuales 4,9 billones de pesos estarán destinados al negocio de transmisión eléctrica. El objetivo es que, en 2026, la red aumente en aproximadamente 2.500 kilómetros.Roa agregó que el plan incluye cerca de 11 billones de pesos en proyectos y actividades de sostenibilidad asociados al cambio climático, la tecnología y la innovación.“Ecopetrol sigue y seguirá demostrando su gran capacidad operativa, su gran talento en el equipo de trabajo y su gran compromiso con el país y con sus accionistas”, puntualizó el directivo.Le puede interesar
