Frecuentes denuncias acerca de que bandas criminales en Medellín y el Valle de Aburrá están tras zonas forestales que buscan lotear ilegalmente y así obtener recursos económicos han llevado a las autoridades a aumentar las labores de control que ya empiezan a evidenciar resultados.Un operativo llevado a cabo con la participación de 136 funcionarios de secretarías de Seguridad y Convivencia, Gestión y Control Territorial, Inclusión Social y Familia, la Policía Nacional, la Personería de Medellín y EPM, permitió desmantelar todo un circuito eléctrico en una vasta zona del cerro Pan de Azúcar, nororiente de la ciudad, que al parecer pretendía ser loteado por estas estructuras."Solicitamos a la Fiscalía General de la Nación que se adelanten las investigaciones de los promotores de esta invasión ilegal de tierras, que están detrás de este negocio ilegal al igual que recomendamos a la ciudadanía en general no ser incautos en la búsqueda de vivienda", expresó Pablo Ruiz, subsecretario Operativo de la Secretaría de Seguridad del Distrito.Durante el operativo se incautaron 9 kilómetros de cable eléctrico, se retiraron 22 postes instalados y se desmantelaron cinco estructuras de madera y lata que ya iban a ser adecuadas para vivienda.
Por vías legales, la administración del municipio de Caucasia busca restablecer el orden en la Hacienda Santa Elena, un predio de cerca de 120 mil hectáreas que desde hace varios meses cientos de habitantes han tomado buscando establecer allí sus viviendas de manera irregular.Se trata de una extensa zona, plana en su mayoría, sobre la que cursa un litigio en la que Armi Judith Escandón como agente liquidador, ya instauró la denuncia frente a la recuperación de estos predios hasta donde han llegado personas de bajos recursos y en altas condiciones de vulnerabilidad.En una reunión con la comunidad afectada, el secretario de Planeación de la localidad, Alejandro Suárez, fue claro en afirmar que serán respetuosos de la ley llevando a cabo las acciones correspondientes con la Policía."Las invasiones que se generen en el municipio de Caucasia no serán ni apoyadas ni acolitadas por la Administración Municipal y en ese sentido se inician las actuaciones jurídicas requeridas con las acciones policías de desalojo", declaró el funcionario.En este mismo sentido, el alcalde Jhoan Oderis Montes invitó a la ciudadanía a no caer en falsas propuestas de venta de lotes en la zona por las que inescrupulosos están pidiendo entre 200 mil y dos millones de pesos, pero además que trabajan en soluciones con el Gobierno nacional para buscar soluciones de vivienda."Vamos a hacer procesos para poder trabajar y luchar por esas vivienda dignas, pero no bajo esas circunstancias, esas condiciones en donde nosotros vamos a ir y vamos aprovechando de bien que veamos lo tomamos. No lo vamos a permitir", dijo Montes.Según el mandatario de esa localidad del Bajo Cauca antioqueño, en el municipio hay un déficit de 3.300 viviendas nuevas y más de 6.000 soluciones de mejoramiento.
Al menos un millón de hectáreas cultivadas en el país hoy están en manos de cerca de 30 empresas extranjeras. Así lo reveló una investigación de El Espectador tras conocer que el Ministerio de Agricultura, en respuesta a una carta solicitando información, determinara que no existen controles a la extranjerización de tierras.Incluso, dice el informe, que esa dependencia “creó un grupo de funcionarios para rastrear los títulos de cada uno de los 113 millones de hectáreas que componen al país”, pues actualmente tienen como respaldo base de datos elaborada por Land Matrix, ONG que es financiada por gobiernos europeos.Durante la investigación, El Espectador visitó diferentes predios en Puerto Gaitán, Mapiripán, Meta, Vichada que están titulados a empresas estadounidenses, europeas, mexicanas, chilenas, israelíes y de Islas Vírgenes para el cultivo de palma de aceite, maíz, soya y la producción de madera y siembra de aguacate hass, respectivamente.Entre los casos se destacan las 30.000 hectáreas que en los documentos oficiales están registradas a nombre de integrantes de la comunidad religiosa conservadora y europea que llegó al Meta entre 2014 y 2016 y aunque adquirieron popularidad por la generación de empleo, entre otros motivos, también enfrentan investigaciones, como la de la Agencia Nacional de Tierra (ANT) por ubicarse terrenos baldíos de la nación.Por otra parte, en Mapiripán está la empresa ítalo-española Poligrow con cultivo que supera las 10.000 hectáreas para el cultivo de palma y siembra de árboles nativos. Este es otro de los casos que está bajo la lupa del grupo especializado designado por el Ministerio de Agricultura sobre la extranjerización de la tierra.“Ahora bien, así como en la altillanura colombiana ha sido un reto saber cuánta tierra tienen las empresas extranjeras, en el Eje Cafetero y otros departamentos colindantes pasa algo muy similar con el cultivo de aguacate hass, que es el tercer producto de mayor exportación en el país y el segundo entre los exportados que más dejan regalías”, advirtió El Espectador en su informe sobre el otro producto que se ha convertido en la controversia.Son 35.000 hectáreas sembradas con aguacate hass todo el país, en especial en Quindío, Caldas, Risaralda, Antioquia, Huila, Tolima y Valle y aunque por un lado se ha convertido en una fuente de empleo relevante, por otro hay preocupación por el impacto ambiental y el gran cantidad de agua que requiere su producción.“La Corporación Autónoma del Quindío (CRQ), por ejemplo, suspendió en 2021 de manera preventiva las actividades de Green SuperFood, que tendría aproximadamente 2.000 hectáreas repartidas entre Quindío y Tolima, por no contar con los permisos necesarios para abrir vías, captar aguas y romper una tubería donde se vertían las aguas residuales en el Quindío”, reseñó como ejemplo el informe de El Espectador.Actualmente ya está en el Congreso de la República, con apoyo del Ministerio de Agricultura, un proyecto de ley busca regular la posesión de tierras en manos de extranjeros y que esta no supere el 15 % de la totalidad del suelo rural de la frontera agrícola del municipio en que se encuentre, un proceso que requerirá como paso fundamental establecer la cifra real que hoy están registradas para empresas no colombianas.
La Alcaldía de Medellín mostró su preocupación por las zonas de invasión en la ciudad. Aseguran que hay 64 invasiones en todo el territorio y que, hasta ahora, el número podría seguir creciendoZonas con más invasiones en MedellínSan Cristóbal, Vallejuelos, Villatina, Moravia y Santa Elena son los lugares invadidos con más densidad poblacional en la capital de Antioquia.El reporte de las autoridades indica que la mayor afectación son las construcciones irregulares."El fenómeno viene creciendo fuertemente en el territorio y fuertemente es muy fuertemente. Este tema está generando inconvenientes en este momento porque es un crecimiento desordenado", aseguró el secretario de Gestión y Control Territorial, Juan Manuel Velásquez.Desde el Concejo de Medellín destacan que la Secretaría de Gestión y Control Territorial debe enfatizar sus esfuerzos en insistir que las invasiones sean reguladas en el plan de ordenamiento territorial.La Administración Distrital insistió que en Moravia hay que poner especial atención, ya que hay un gran número de construcciones en alto riesgo.
En un enérgico trino el pasado miércoles la ministra de Agricultura, Jeniffer Mojica, aseguró que se está desinformando frente a las invasiones en el país y que las autoridades están respondiendo oportunamente frente a cada caso que se presenta.Sin embargo, otra cosa opinan gremios como Asocaña, Procaña y los ganaderos en diferentes regiones del país.¿Qué dicen desde el gremio de la caña?Martha Betancourt, directora de Procaña, dijo en Mañanas Blu con Camila Zuluaga que sus denuncias sobre invasión de tierras "están plenamente respaldadas"."Las denuncias de los gremios están plenamente respaldadas con las voces de las víctimas, que son las que están en el territorio y, en este caso, las víctimas son cultivadores de caña que han interpuesto denuncias durante estos años. Incluso, este 2024 se han interpuesto más de 40 denuncias ante la Fiscalía y se han adelantado acciones policivas e interpuesto otro tipo de mecanismos que tienen los ciudadanos. Lo que los gremios hacemos es ser la voz de los productores. Desde hace 14 años hemos sido reiterativos en decir que el problema viene desde el 2014 y que no se ha resuelto, por eso acudimos al Estado para que cumpla el deber y que cumpla el orden constitucional", indicó Martha Betancourt.Discusiones deben darse en torno a las solucionesLa directora de Procaña dijo que en lo que hay que trabajar actualmente es en las soluciones, ya que la problemática se ha venido visibilizando a través de los años."Hay que trabajar en las soluciones. El Ejército y la Policía han puesto su cuota de muertos y heridos defendiendo la propiedad privada, pero hay mecanismos legales, hay instrumentos que el Gobierno Nacional, a través de sus ministerios y de todo su equipo, debe ejecutar y debe cumplir para que esas medidas que se hagan sean eficaces y cesen, desde todo punto de vista, las violaciones a la propiedad privada que, como le digo, son evidentes", manifestó Betancourt en Mañanas Blu.Asimismo, la directora de Procaña se refirió a los responsables de las invasiones, manifestando que es la Fiscalía la que debe trabajar en identificarlos."Es muy importante destacar que las autoridades competentes, en particular la Fiscalía, son los que deben indicar quiénes son los responsables. Muchos de ellos llegan a los predios encapuchados y los agricultores lo que hacen es interponer las denuncia para que la Fiscalía, ya con los procesos que se llevan adelantados, determinen quiénes son los actores, hagan y expidan las órdenes de captura y trasladen a los jueces correspondientes", puntualizó.¿Qué dicen desde el gremio de los ganaderos?Juan Gonzalo Botero, presidente de la Asociación de exportadores de ganado de Colombia, dijo que el tema de las invasiones han querido "minimizarlo"."Esto se ha vuelto parte del día a día en la costa y algunos quieren minimizarlo. Hoy tenemos problemas muy graves en La Paz, Cesar, donde hace más de 20 días está invadido un predio. En Sabana de Torres Santander también se invadió un predio. Un solo caso de invasión de tierras que se presente es muy grave para la región y para el país, porque eso alimenta el ánimo de otros invasores", explicó. "Aspiramos un mayor apoyo"De acuerdo con Botero, desde el gremio de los ganaderos también se espera un mayor respaldo del Gobierno Nacional frente a este tema de las invasiones."Nosotros aspiramos a un mayor apoyo de las instituciones del Estado que hagan valer la propiedad de los ganaderos, que han sido legales y que ha sido trabajada con el sudor de sus frentes", aseveró.Finalmente, Botero manifestó que no solo el tema de invasión los aqueja, también está la extorsión de la cual han sido víctimas decenas de ganaderos en varias regiones del país.Escuche la entrevista aquí:
Luego de la intervención de las autoridades en repetidas ocasiones y de que la alcaldía de Nechí decretara medidas como el toque de queda o la ley seca en el municipio, los dueños de los terrenos invadidos en Nechí aseguran que sus lotes volvieron a ser tomados por terceros."Sigo invadido. Ayer le pusieron problema al tractorista. Yo vivo de estas cosas. Entonces ya se empieza a poner ya una cosa que se vuelve todos los días", indicó Alejandro Tirado, dueño de uno de los predios.Además, dicen que algunos agricultores tienen proyectos de siembra en la zona y fueron intimidados. Por ello, los afectados piden que se haga un seguimiento y se les brinden alternativas a los invasores.Recordemos que a inicios de semana una persona resultó herida, luego de un enfrentamiento entre la Policía y la comunidad que era desalojada de un predio invadido. Por otro lado, las clases en el municipio también tuvieron que ser suspendidas por varios días mientras se normalizaba la situación de orden público.La alcaldesa de Nechí, Yumaris Henríquez, levantó el toque de queda y la ley seca en el municipio.
La Alcaldía de Barrancabermeja, junto a las autoridades de Policía y Ministerio Público, llevaron a cabo el desalojo de un asentamiento humano ubicado en predios privados en cercanías al Aeropuerto Yariguíes.El desalojo, según el reporte de la Alcaldía, se dio luego de un fallo judicial que ordenó el operativo, luego de un año de tutelas interpuestas que dilataban el procedimiento.“Tanto la operatividad del aeropuerto como la integridad física de las personas que allí habitan, han estado en riesgo debido al mal manejo de residuos sólidos que provocan la presencia de aves de carroña, que podrían afectar a los aviones en pleno vuelo”, informó Adith Romero, secretario del Interior de Barrancabermeja.Según la información brindada por la Secretaría del Interior de Barrancabermeja, allí se realizó una caracterización de 662 personas, de las cuales 47 son víctimas del conflicto armado.Desalojo de invasores en SantanderEn la última semana se realizaron varios operativos de desalojo en Bucaramanga y Girón.El primer operativo, liderado por la Alcaldía de Bucaramanga en colaboración con la CDMB, tuvo lugar después de varias denuncias por parte de la comunidad que alertaron sobre la invasión en una zona crítica para la preservación del entorno natural. La zona afectada fue reconocida como La Curtiembre, en la escarpa occidental de la ciudad.Durante la operación, se identificaron múltiples irregularidades, incluyendo la ocupación ilegal de tierras, la falta de servicios básicos y la destrucción indiscriminada de flora nativa. Los invasores, en su afán de establecer sus viviendas, arrasaron con aproximadamente 100 árboles nativos, según informaron las autoridades a Blu Radio.Vea también:
En un trabajo coordinado entre las autoridades locales y ambientales, se realizó un enorme operativo en el barrio La Feria de Bucaramanga, para desalojar a decenas de familias que habían invadido una zona de protección ambiental. La intervención reveló la presencia de 150 cambuches distribuidos en 250 lotes, mientras que cerca de 100 árboles nativos fueron destruidos para dar paso a las construcciones ilegales.El operativo, liderado por la Alcaldía de Bucaramanga en colaboración con la CDMB, tuvo lugar después de varias denuncias por parte de la comunidad que alertaron sobre la invasión en una zona crítica para la preservación del entorno natural. La zona afectada es reconocida como La Curtiembre, en la escarpa occidental de la ciudad.Durante la operación, se identificaron múltiples irregularidades, incluyendo la ocupación ilegal de tierras, la falta de servicios básicos y la destrucción indiscriminada de flora nativa. Los invasores, en su afán de establecer sus viviendas, arrasaron con aproximadamente 100 árboles nativos, según informaron las autoridades a Blu Radio.La Alcaldía de Bucaramanga alertó sobre una presunta red de urbanizadores ‘piratas’ que estarían estafando a ciudadanos con la venta de lotes ilegales.En desarrollo…
El abogado José Alejandro Ramírez habló en Mañanas Blu, cuando Colombia está al aire, sobre la ocupación ilegal de tierras que, según denunció, está pasando en varios territorios del país, uno de ellos, Puerto Boyacá en la finca Aguas Vivas, que pertenecía a un presunto narcotraficante y que estaba a nombre de sus familiares, pero, luego, en poder de la Sociedad de Activos Especiales (SAE).“Hemos visto que hay algunas pretensiones de un grupo de invasores y podemos establecer que hay allí un modus operandi en ellos, de llegar a tierras que están en el listado de predios, bienes inmuebles en la Sociedad de Activos Especiales como bienes en extinción de dominio”, aseguró Ramírez.La situación ha generado confusión, pues en videos difundidos por redes sociales se ve cómo unas personas dicen que están en “un asentamiento humanitario” y, según recalcó Ramírez, esa figura no existe y lo que realmente es “una invasión de tierras”.“Dice ella que no se trataba de una invasión, sino de un asentamiento humanitario y nosotros decimos esa figura no existe. Realmente lo que allí había era una vía de hecho ante un bien que tenía sus legítimos propietarios”, advirtió.Según mencionó el abogado, hay “promesas por parte del Gobierno de reubicar a estas poblaciones en predios en extinción de dominio”, lo cual les genera preocupación porque han escuchado a “funcionarios con pretensiones” respecto a eso.Escuche la entrevista completa en Mañanas Blu, cuando Colombia está al aire:
En días anteriores, en Mañanas Blu, cuando Colombia está al aire, Carlos Gómez, propietario del predio donde se encuentra ubicada la finca Buenos Aires, en el municipio de Turbo, Antioquia, entregó detalle sobre la situación que se vive actualmente en el terreno luego de que sus 100 hectáreas fueran invadidas por un grupo de personas que dicen ser parte de una asociación denominada Asograt.Aunque desde Blu Radio se intentó comunicación con Dagoberto Torregloza, el representante legal de la asociación agropecuaria Asograt, sin embargo, hasta el momento no ha sido posible.Carlos Gómez, dueño de la finca Buenos Aires, insistió a las autoridades para intervenir en la situación, pues la invasión ya deja pérdidas millonarias por cuenta de la destrucción de al menos la mitad de los cultivos de palma que estaban en el terreno. El terreno, por fortuna fue recuperado en su totalidad.“Ayer tuvimos una reunión de la Agencia Nacional de Tierras, donde se buscaba verificar si hacía parte de terrenos baldíos, luego del análisis, la agencia llegó a la conclusión de que no había ningún baldío”, dijo.“Sentimos un respaldo de Fedepalma y la Agencia Nacional de Tierras, quien, a pesar de no tener competencia, buscó que se lograra conciliación”, contó. “Hoy estamos haciendo un reconocimiento y evaluando los daños en la finca”, agregó.Apoyo de FedepalmaNicolás Pérez, presidente de Fedepalma, entregó detalles, sobre el respaldo que brindaron al proceso.“Por fortuna, en el ocurrido del año este es el único predio de palma en estricto sentido que ha sido invadido, no obstante, conversando con colegas de otros gremios en zonas palmeras tenemos invasiones en predios ganaderos que tienden a compartir espacio con la palma”, contó.Y agregó, “nosotros, desde que la familia de Carlos, su hermano Daniel, nos puso en conocimiento de la situación a inicios del mes de septiembre, pusimos a su vez en conocimiento del Ministerio de Agricultura, del Ministerio del Interior, lo que estaba sucediendo como cabezas tanto del sector agropecuario como en el caso del Ministerio del Interior por su interlocución con los alcaldes y gobernadores Aquí en el procedimiento jurídico hay una responsabilidad directa de los alcaldes para garantizar los desalojos”, dijo.Vea la entrevista completa aquí:
La Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca en Bogotá canceló la ceremonia de grado programada para este viernes, 19 de abril, lo que dejó a más de 500 estudiantes y sus familias afectados. Esta cancelación se debió al decreto de un día cívico para este mismo viernes, anunciado por parte del presidente Gustavo Petro en la tarde del jueves, con el objetivo de ahorrar energía y agua, en medio de la crisis por los niveles de los embalses.Los estudiantes, que habían invertido tiempo y dinero en la preparación para su ceremonia de graduación, incluyendo la compra de vestidos, reservas en hoteles y restaurantes, se vieron sorprendidos por la decisión de último minuto. La universidad notificó la cancelación la noche anterior, generando confusión y frustración entre los afectados.Afirman que los familiares llegaron de otras ciudades, que estudiantes que no estaban en la capital del país pidieron permiso para recibir hoy el diploma muy temprano a las 10:00 de la mañana, pero debido a ese cese de actividades por el día cívico, definitivamente los dejaron plantados.“No me graduó porque pues el señor presidente pues sacó el decreto de que mañana era día cívico, la universidad pues por ser un ente público pues hizo el proceso y canceló. El problema fueron los tiempos, porque nos lo notificaron ahorita a las 9 y algo de la noche. Más o menos hace tres semanas nos confirmaron que los grados eran el 19 de abril. Tres, cuatro semanas, casi un mes", contó a Blu Radio un afectado.Muchos de los estudiantes y familiares habían viajado desde diferentes ciudades del país para asistir al evento. El cese de actividades obligó a cancelar reservas y reuniones familiares, lo que causó inconvenientes financieros y emocionales.Además de los estudiantes y sus familias, los comerciantes que alquilan y venden togas y birretes también se vieron afectados, ya que ahora deben esperar una nueva fecha para evitar conflictos con otros eventos ya programados."Hay personas que compran ropa, hay personas que todavía a esta hora todavía estaban en la peluquería terminándose de arreglar, padres, familiares que compraron tiquetes, compraron pasajes para llegar a la ciudad de Bogotá y poder pues asistir a este evento, sus hijos graduándose y pues nada, lamentablemente cancelado, gastando plata porque es plata que no se va a recuperar", agregaron.Todos están a la espera de que reprogramen nuevamente los grados y así comenzar a pedir los permisos en los lugares que están trabajando y además comenzar a conseguir el dinero para los pasajes y que los papás que están fuera de la ciudad puedan venir a la capital del país a ver a sus hijos graduarse.
La policía española desarticuló una organización criminal dedicada al tráfico de migrantes y detuvo a 12 acusados de explotar laboralmente a colombianos en locales de restauración de España.Según informa este viernes la policía, las víctimas llegaban a España con la promesa de obtener un contrato en prácticas en el sector de la hostelería por el que cobrarían un sueldo de 500 euros por 4 horas de trabajo, pero en muchos casos no llegaban a percibir más que 20 euros por 15 horas de trabajo al día.El número de víctimas de esta organización desarticulada asciende a 46 personas: durante la investigación fueron liberadas 18 personas y otras 28 durante la operación policial.A los 12 detenidos en las localidades de Torredembarra, Reus y Tarragona (nordeste de España) se les acusa de los delitos de pertenencia a organización criminal, trata de seres humanos con fines de explotación laboral, de favorecer la inmigración, detención ilegal y falsedad documental.Durante el dispositivo policial, se practicaron además diez entradas y registros donde los investigadores intervinieron dos armas detonadoras, más de 22.000 euros en efectivo, numerosa documentación de interés y material informático.La investigación comenzó el pasado mes de octubre, cuando los agentes recibieron información de la existencia de personas de origen colombiano que trabajaban en unas condiciones laborales pésimas, sin contrato ni documentación de estancia legal y con un horario abusivo.La organización controlaba con cámaras de vigilancia las viviendas donde eran alojadas las víctimas, las cuales vivían hacinadas en habitaciones.Las víctimas viajaban desde Colombia tras ser captadas por la organización, después de que se les hubiera ofrecido un sueldo y un contrato de prácticas que, ya en España, no se ajustaba a lo acordado.Una vez que les facilitaban la documentación necesaria para realizar el viaje a España, tales como visados, seguros médicos, tasas de abogados, trámites con consulado y administraciones de Colombia, las víctimas contraían con la organización una deuda, quedando así a merced de los jefes de la organización.Ya en España, las condiciones laborales no se ajustaban a lo establecido por los captadores en Colombia, ya que se les había prometido un contrato en prácticas de estudiante de hostelería de cuatro horas diarias con dos días de descanso semanal, vacaciones por año de contrato y un sueldo inicial de 500 euros mensuales.Sin embargo, las jornadas llegaban a ser de entre 12 y 15 horas y de lunes a domingo, los descansos semanales se les concedían en contadas ocasiones y no disfrutaban de vacaciones.El salario que finalmente recibían tras las deducciones que realizaban los detenidos en algunos casos era de solo 20 euros.En la operación policial conjunta desarrollada este mes participaron más de 180 agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil.De las 12 personas detenidas, el juzgado de instrucción que dirige la causa decretó el ingreso en prisión para tres de ellas y la clausura de los cuatro locales de restauración en los que eran explotados los inmigrantes.
En una entrevista con Mirror, el magnate de la tecnología y fundador de Microsoft, Bill Gates, reveló que sus hijos no tenían permitido tener sus propios teléfonos móviles hasta una edad en específico. "Solíamos establecer una hora después de la cual no había tiempo de pantalla, lo que les ayudaba a irse a dormir a una hora razonable", explicó Gates.Aunque reconoció la utilidad de los teléfonos móviles para realizar tareas o estudiar, Gates enfatizó que no permitía que sus hijos interacturan con ellos mientras estaban en la mesa y que solo les dio un celular hasta los 14 años. Los tres hijos de Gates ya han superado la edad mínima para poseer un teléfono, sin embargo, aún les está prohibido tener cualquier producto de Apple en casa. Esta restricción se debe a la histórica rivalidad entre Gates y el fundador de Apple, Steve Jobs. Según un informe de la ONU de 2016 sobre "Niños y tecnología", la edad promedio en la que un niño adquiere su primer smartphone es de 10,3 años."Creo que esa edad tenderá a ser aún más temprana, porque los padres están cansados de dar sus smartphones a sus hijos", comentó Stacy DeBroff, directora ejecutiva de Influence Central, en declaraciones al New York Times, según informa el medio Good. ¿Qué dicen otros expertos?La Academia Americana de Pediatría (AAP) no recomienda dar un celular a un niño menor de 13 años. Sin embargo, reconocen que algunos padres pueden decidir darles un celular a sus hijos antes de esa edad, en cuyo caso recomiendan establecer límites claros sobre cómo y cuándo se puede usar el dispositivo.Aquí hay algunos factores a considerar al decidir si darle un celular a su hijo:Madurez: ¿Su hijo es lo suficientemente maduro como para usar un celular de manera responsable? ¿Puede seguir reglas y cumplir con las expectativas?Responsabilidad: ¿Su hijo es responsable de sus pertenencias? ¿Cuida bien las cosas que le da?Necesidades: ¿Su hijo necesita un celular para mantenerse en contacto con usted o con otros familiares y amigos? ¿El celular le ayudaría a su hijo en la escuela o en actividades extracurriculares?Si decide darle un celular a su hijo, es importante establecer reglas claras sobre cómo y cuándo se puede usar el dispositivo. Algunas cosas que puede considerar incluir en sus reglas son:Límites de tiempo: ¿Cuánto tiempo al día puede pasar su hijo usando el celular?Zonas libres de celulares: ¿Hay alguna área de la casa donde no se permita usar el celular, como la mesa del comedor o el dormitorio?Restricciones de contenido: ¿Qué tipo de contenido puede ver su hijo en su celular?Hora de acostarse: ¿A qué hora debe apagarse el celular por la noche?Privacidad: ¿Cómo protegerá la privacidad de su hijo en línea?También es importante hablar con su hijo sobre los riesgos de usar un celular, como el ciberacoso, el sexting y la adicción.
Los abogados de la familia de Edwin Arrieta en Tailandia presentaron una solicitud de indemnización de 30 millones de bats (unos 760.000 euros) ante el tribunal de Samui, donde tiene lugar el juicio contra el español Daniel Sancho por el supuesto asesinato del cirujano colombiano.Los abogados de la coacusación tailandeses, Mettapon Suwancarern y Lak Wanin, explicaron que se trata de una cantidad calculada en relación al perjuicio económico que la muerte de Arrieta ha supuesto a sus padres, que dependían de él.La solicitud, que ya se hizo en la primera sesión del juicio el pasado 9 de abril, se volvió a presentar hoy con la documentación traducida solicitada por el juez antes de que se cierre el plazo de las acusaciones el próximo martes.La cantidad estimada como indemnización por parte de los letrados tailandeses supone casi el doble del cálculo hecho por el despacho Ospina Abogados, que representa a los Arrieta en España y que la cifró en 410.000 euros (unos 16 millones de bats).Los abogados tailandeses reconocieron que se había incrementado la cantidad ante la posibilidad de que ésta fuera contestada por la defensa y reducida por el juez.En este sentido, Juan Gonzalo Ospina indicó que la familia mantiene la reclamación de la cantidad inicial revelada en marzo, que ha sido calculada teniendo en cuenta las pérdidas y gastos que la muerte del cirujano, de 44 años, había supuesto a su entorno.Ospina consideró también que el cálculo de los abogados en Tailandia, que actúan como coacusación junto a la Fiscalía, es "hipotético" ya que Sancho es insolvente y no tiene intención de indemnizar.En este sentido, el letrado español dijo que lo que la familia quiere es que se haga "justicia".El abogado de oficio de Sancho, Apirchat Srinual, indicó, por su parte, que la defensa tiene todavía que estudiar la solicitud y decidir si la rebate.Los padres de Arrieta, Ana Marcela Arteaga y Leovaldo José Arrieta, de 76 años y quienes no testificarán ya que el juez denegó su petición de que lo hiciesen por videoconferencia, recibían unos 900 euros al mes para sus gastos por parte de su hijo, y "desde su fallecimiento han quedado en situación de pobreza”, según la reclamación de la familia, a la que tuvo acceso.Sancho está siendo juzgado por el supuesto asesinato premeditado y descuartizamiento de Arrieta el pasado agosto en la isla de Phangan, vecina a Samui.El español, de 29 años, confesó inicialmente el crimen en la comisaría, si bien después se declaró no culpable y mantiene que la muerte de Arrieta se debió a un accidente durante una pelea.Sancho y Arrieta, que se conocieron a través de Instagram un año antes, habían quedado el 2 de agosto en la isla tailandesa, día en que tuvo lugar el supuesto crimen en una habitación de hotel.
Dos jóvenes fueron asesinados en el barrio Britalia de la localidad de Kennedy, suroccidente de Bogotá, en la noche del jueves. Los cuerpos sin vida fueron encontrados en la vía pública, uno sobre la acera y el otro en medio de la calle.Según las autoridades, los jóvenes fueron víctimas de un ataque armado por parte de dos sujetos que llegaron al lugar y dispararon sin mediar palabra. Las autoridades aún no han determinado el móvil del crimen, pero se investiga si este hecho está relacionado con otro crimen ocurrido recientemente en el mismo sector."En la madrugada de hoy, en el barrio Britalia de la localidad de Kennedy, se presentó el homicidio de dos personas que se encontraban en una esquina. Dos sujetos que pasaban por el lugar dispararon indiscriminadamente contra ellos y huyeron", informó el teniente coronel Jansen Jair González Aragón, oficial de guarnición de la Policía Metropolitana de Bogotá.Las autoridades acordonaron la zona e iniciaron las investigaciones correspondientes. Se está revisando el material de las cámaras de seguridad del sector y se están realizando entrevistas a testigos para tratar de identificar a los responsables.Otro hecho del Ojo de la NocheDe otro lado, las autoridades lograron detener a un peligroso delincuente conocido como alias ‘Godzilla’ en la ciudad de Melgar.Este hombre pertenecía a una peligrosa banda y tenía antecedentes por porte ilegal de armas y una orden de captura por homicidio. Fue capturado en Melgar luego de un seguimiento por parte de la policía del Tolima. En el momento de su captura, se le incautaron armas de fuego, una granada y abundante sustancia estupefaciente.El comandante de la policía del Tolima, el coronel Fabio Ojeda, dio detalles sobre el operativo: “Esta captura representa un golpe importante contra la delincuencia en la región. Por otro lado, las autoridades continúan investigando estos hechos y trabajando para garantizar la seguridad de la comunidad”.