China anunció este miércoles su disposición a mantener conversaciones con Estados Unidos para abordar las inquietudes relacionadas con el suministro de tierras raras y las tecnologías vinculadas a estos materiales estratégicos. La información fue confirmada por el Ministerio de Comercio chino mediante un comunicado oficial publicado el 20 de mayo de 2026.Según detalló la cartera comercial, Pekín y Washington analizarán de manera conjunta mecanismos que permitan resolver preocupaciones consideradas “razonables y legales” por ambas partes. El pronunciamiento llega en un momento de alta atención internacional sobre el acceso a minerales esenciales para sectores industriales y tecnológicos.El Ministerio de Comercio de China reiteró que el país mantiene controles de exportación sobre elementos de tierras raras bajo el marco de sus leyes y regulaciones nacionales. Al mismo tiempo, señaló que existe disposición para facilitar condiciones favorables que permitan una cooperación “mutuamente beneficiosa” entre empresas de ambos países.Las autoridades chinas también destacaron la importancia de preservar la estabilidad de las cadenas globales de producción y suministro. En el comunicado se enfatizó que el intercambio comercial y tecnológico relacionado con tierras raras requiere garantías de seguridad y previsibilidad para los actores internacionales involucrados en la fabricación de productos industriales, electrónicos y tecnológicos.Las tierras raras se han convertido en un componente clave para múltiples industrias debido a su uso en dispositivos electrónicos, baterías, sistemas energéticos y tecnologías avanzadas. El suministro de estos materiales ha sido objeto de seguimiento constante por parte de mercados internacionales y gobiernos, especialmente por el peso de China dentro de la producción y procesamiento mundial de estos recursos.El anuncio de Pekín refleja una apertura para revisar mecanismos de cooperación con Estados Unidos en un contexto donde las cadenas de suministro internacionales enfrentan desafíos relacionados con regulaciones comerciales, controles tecnológicos y disponibilidad de materias primas estratégicas.En su declaración, el Ministerio de Comercio chino sostuvo que ambas partes trabajarán conjuntamente para estudiar soluciones que permitan atender las preocupaciones existentes sin afectar el funcionamiento de las actividades empresariales. La postura oficial también apunta a reforzar la confianza en los mercados internacionales vinculados al comercio de minerales críticos y componentes tecnológicos.La comunicación oficial no incluyó detalles específicos sobre fechas de reuniones, posibles acuerdos concretos o modificaciones inmediatas a las políticas de exportación vigentes. Sin embargo, el mensaje fue interpretado como una señal de acercamiento para mantener canales de diálogo abiertos en torno a un sector considerado estratégico para la economía global.China mantiene una posición dominante dentro del mercado internacional de tierras raras, materiales indispensables para la fabricación de componentes utilizados en automóviles eléctricos, sistemas de energía renovable, equipos electrónicos y procesos industriales especializados. Por esta razón, cualquier anuncio relacionado con regulaciones o exportaciones suele tener repercusiones directas en los mercados internacionales y en las cadenas manufactureras.El Ministerio de Comercio remarcó que las medidas de control aplicadas por el país responden a criterios legales y regulatorios internos. A pesar de ello, aseguró que existe voluntad para fortalecer la cooperación empresarial y avanzar hacia un entorno comercial más estable y coordinado.La declaración china se produce en medio de un escenario internacional donde distintas economías buscan asegurar el acceso a recursos considerados esenciales para el desarrollo tecnológico y la producción industrial de próxima generación. El suministro de tierras raras ha pasado a ocupar un lugar prioritario dentro de las agendas comerciales y manufactureras de las principales potencias económicas.El mensaje difundido por Pekín pone el foco en la posibilidad de encontrar mecanismos de entendimiento con Washington para reducir tensiones vinculadas al abastecimiento de materiales estratégicos. Asimismo, el Gobierno chino insistió en la necesidad de mantener cadenas globales de producción seguras y estables para evitar interrupciones en sectores industriales sensibles.Hasta el momento, Estados Unidos no había emitido una respuesta oficial detallada sobre el contenido del comunicado chino. Entretanto, el anuncio mantiene la atención de industrias tecnológicas, fabricantes y mercados internacionales que dependen del flujo constante de minerales críticos y componentes asociados a las tierras raras.
Momentos de tensión se vivieron en las últimas horas en el municipio de Necoclí por cuenta del descontento de un sector de la población que reclama la adjudicación de la Hacienda Virgen del Cobre para asociaciones locales de víctimas del conflicto armado.Luego de más de 36 horas de que el inmueble fuera invadido por decenas de personas inconformes y sin derecho de propiedad, por segunda ocasión la fuerza pública desplegó un operativo de desalojo que generó por varias horas alteraciones del orden público inclusive en zona urbana de esta localidad del Urabá antioqueño.Efectivos de la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden, antiguo Esmad, hicieron presencia muy cerca de instituciones educativas en medio de las súplicas de habitantes de la zona para evitar el uso desmedido de la fuerza o el lanzamiento de gases lacrimógenos contra los manifestantes.Tras varias horas del algunos conatos de enfrentamientos en las calles y el bloqueo de la vía nacional, el coronel Jovanni Cepeda, comandante de la Policía Urabá, confirmó no solo la devolución del predio a las asociaciones beneficiadas por parte de la Agencia Nacional de Tierras, sino también la captura de 12 personas y la aprehensión de un menor de edad.El uniformado indicó que serán los nuevos propietarios los encargados de velar por el respeto del predio en compañía permanente de la policía."Ellos son los garantes de la protección de este terreno. Nosotros como Policía Nacional y todas las autoridades vamos a estar atentos, pasando revista y verificando que eso efectivamente se cumpla", destacó.La Hacienda Virgen del Cobre, un terreno de más de 1.143 hectáreas, ha estado en el centro de la polémica en los últimos días por las denuncias de organizaciones sociales y campesinas de Necoclí que aseguran que no las tuvieron en cuenta para la adjudicación del inmueble que pertenció a alias ‘Pelusa’, testaferro del extinto narcotraficante Pablo Escobar.De igual manera, se han registrado duros señalamientos del propio presidente Gustavo Petro y el director de la ANT, Felipe Harman, sobre las vías de hecho de la comunidad que estarían siendo promovidas por el Clan del Golfo y el exalcalde del municipio, Adalberto Baena.
En audiencia realizada la tarde de este martes, el juez Octavo Penal con funciones de conocimiento de Barranquilla, Álvaro Pájaro, otorgó la libertad plena a dos de los involucrados en un presunto despojo de tierras ocurrido en Barranquilla, en los municipios de Soledad, Santo Tomás y Malambo (Atlántico), así como en la población cordobesa de Cereté.La reciente decisión cobija al notario único de Santo Tomás, Francisco Mejía de la Hoz, y al registrador de Instrumentos Públicos de Soledad Iván Carlos Páez Redondo, quienes tenían la restricción de salir del país, sin embargo, el juez declaró la nulidad parcial sobre esta medida no privativa de la libertad, al considerar que la Fiscalía no expuso la suficiente motivación para validar dicha restricción.En este caso de presunto despojo de tierras están involucrados registradores de instrumentos públicos, inspectores de policía, notarios, calificador de instrumentos públicos y un funcionario de la Alcaldía de Soledad. En total, son 18 procesados, de los cuales 11 están encarcelados, tres están bajo casa por cárcel, dos tienen medidas restrictivas no privativas de la libertad y dos han quedado libres.Según la investigación, por la que la Fiscalía está próxima a radicar el escrito de acusación, esta sería una red corrupta que afectó a constructoras, proyectos urbanísticos y a más de 1.800 familias, luego de que hubiesen sido ocupados de manera irregular 277.000 metros cuadrados de tierra, entre los que se encontraban megacolegios, centros de desarrollo infantil y hasta el aeropuerto Ernesto Cortissoz.Además, se identificó que dichas invasiones fueron realizadas entre decenas de funcionarios públicos en alianza con bandas criminales locales, siendo que el avalúo de los predios corroborados en la investigación asciende aproximadamente a 22.000 millones de pesos.Los implicados están siendo procesados por delitos como peculado por apropiación, prevaricato por acción y omisión, cohecho, asociación para delinquir contra la administración pública, urbanización ilegal y estafa agravada.
Hace poco se conoció una denuncia proveniente del municipio de Sopetrán, en Antioquia, donde varias personas indicaron que un lote había sido ocupado de manera irregular, al parecer, luego de que fueran engañados por un supuesto funcionario de la Alcaldía de Sopetrán.A pesar de la polémica que se ha creado en el Occidente antioqueño, la Policía Nacional se refirió a la situación e indicó que hasta ahora no ha podido realizar ninguna acción de desalojo en el predio ubicado entre las veredas El Rodeo y Sabanazo.El coronel Luis Muñoz, comandante encargado de la Policía Antioquia, destacó que las personas que están ocupando de manera irregular el predio son en su mayoría personas que viven en esta subregión del departamento."No hemos tenido la querella o el requerimiento por parte del dueño. Nosotros para poder actuar y una vez que se haga el despeje de estas personas dentro de las 48 horas que aún estamos, se mueven las capacidades, pero también al final de esa actividad no tenemos a quién entregarle el predio", dijo el uniformado.Como destaca la Policía Nacional, aunque todavía están en el tiempo de actuar según la ley, al no tener certeza de que se haga un cierre oportuno con el dueño del terreno no se ha tomado la decisión de efectuar el procedimiento. No obstante, destacaron que en el sector hay presencia activa de la Fuerza Pública para evitar alteraciones al orden público.Por ahora las autoridades en Sopetrán buscan llegar hasta el propietario del terreno, no sólo para esclarecer de quién es el título inmobiliario, sino para evitar que ocurran nuevas invasiones en esta zona del Occidente antioqueño.
Polémica en el Concejo de Turbo por la aprobación de proyectos que buscan legalizar más de mil predios que habían sido ocupados irregularmente hace 40 años. Esta situación generó inconformidad entre líderes del Distrito, quienes habían advertido en su momento que de no prosperar la iniciativa podrían acudir a vías de hecho y exigir la salida de los concejales que se opongan.En el Concejo del Distrito de Turbo se vive un ambiente de tensión en torno a dos proyectos de acuerdo que hoy fueron aprobados para legalizar los predios de más de mil familias, algunas con más de cuatro décadas esperando su titulación.Durante un debate anterior sobre esta iniciativa, la discusión se salió de control y la sesión tuvo que ser suspendida, pues varios concejales expresaron reparos frente a la aprobación. Esta situación generó inconformidad entre líderes del barrio Jesús Mora, una de las comunidades más grandes del Distrito Portuario, quienes advirtieron en su momento que de no prosperar la iniciativa podrían acudir a vías de hecho y exigir la salida de los concejales que se opongan.El concejal de Turbo, Gilberto Sánchez, explicó a Blu Radio que las propuestas que hoy ya fueron aprobadas buscan regularizar predios pertenecientes a la Central Nacional ProVivienda (CENAPROV), que fueron abandonados desde los años 80 en medio de la violencia en Urabá. Según dijo, se realizaría una permuta con el Distrito y la entrega de terrenos, que comprenden unas 40 hectáreas, a manera de dación en pago."Son gente que se fueron, que más nunca vinieron a reclamar nada. Y luego ahora, de más de 60, 40 años, vienen a hacer una negociación con la Alcaldía por medio de una permuta y una acción de pago y donación de los bienes. Entonces, ¿qué proponen? ellos proponen dos acuerdos que se cambien. Todo ese predio de Jesús Mora, que son más de 40 hectáreas, todo Jesús Mora no es CENAPROV, pero todas esas hectáreas que están ahí, pueden cambiarlas por dos hectáreas detrás del estadio, que es un barrio muy popular de aquí, del distrito de Turbo", indicó el concejal."Entonces, ellos, en dación de pago y donación, dan otros predios para que también sean legalizados y que sean patrimonio del distrito. Pero, ¿dónde está el enredo? El enredo está en que nosotros, como concejales, no es que nos estamos oponiendo. Todos queremos que las familias del Distrito de Turbo tengan ese tipo de alivios en materia de predial y que puedan tener sus predios y sus matrículas para poder acceder a subsidios de vivienda y otras cosas. El tema aquí es que no son claros", añadió.El concejal también cuestionó que, pese a que el año pasado el Concejo otorgó facultades a la administración para avanzar en el proceso, se habrían pagado más de 160 millones de pesos a un abogado sin que, presuntamente, se entregara una sola resolución de estos bienes. De igual manera, solicitó a la administración soportes técnicos que permitan dar mayor claridad a lo que se pretende con los proyectos."Trajeron a un delegado del Ministerio de Vivienda para que nos explicara que la plata ya estaba... Porque según ellos, según lo que relataba el señor, cada caracterización vale 180 mil pesos. Es que no nos meten los dedos a la boca, porque nosotros le dimos las facultades el año pasado para que fueran e hicieran lo propio, lo que están buscando hoy. Le pagaron más de 160 millones de pesos a un abogado, seis meses, para que hiciera ese trabajo, y no entregaron una sola resolución. Es que eso es lo delicado del tema. Yo no le puedo pagar a un abogado 160 millones para que me caliente una silla y no me entregue una resolución de los bienes", añadió el corporado.El secretario de Planeación de Turbo, Edinson Carrillo, defendió la iniciativa, pues la falta de títulos ha impedido que el Distrito pueda recaudar impuestos de manera adecuada."No podemos recaudar, no podemos generar impuestos, sino solamente sobre la mejora, pero no en el sueldo, porque no hay una legalidad como tal", indicó el funcionario.La comunidad, entre tanto, mantiene la expectativa, pues con su aprobación se podrían ver beneficiados más de 7 mil personas. Por el momento, el Proyecto 017 fue aprobado con 9 votos a favor y 8 en contra y por su parte, el Proyecto 018 también recibió luz verde.
Tras una información publicada por la Presidencia de la República, donde son señalados al menos ocho congresistas de ser posibles acaparadores de tierras baldías, se prenunció el Representan por Santander, Luis Eduardo Díaz Mateus, del partido Conservador y hermano del gobernador Juvenal Díaz.La acusación fue hecha por el propio director de la Agencia Nacional de Tierras, Felipe Harman."Estos congresistas, que de alguna manera tienen unos impedimentos deliberados asociados a la discusión de tierras, son los que están definiendo la legislación agraria en Colombia y eso sí que es tremendamente delicado”, manifestó Felipe Harman.Afirmó el funcionario que hasta la fecha, han sido investigadas 680.000 hectáreas, de las cuales se han declarado baldíos 183.000. “Esto no es una cacería de brujas... estamos atentos a los llamados del Congreso”, señaló. El representante a la Cámara por el Partido Conservador, Luis Eduardo Díaz Mateus, rechazó categóricamente los señalamientos realizados por el director de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), quien lo tildó de presunto acaparador de tierras en el departamento de Santander.A través de un comunicado oficial, el congresista desmintió las acusaciones relacionadas con la adquisición de un predio rural en el municipio de Cerrito, señalando que se basan en una actuación administrativa preliminar y en construcción. Díaz Mateus calificó las afirmaciones como “infames y temerarias, sin fundamentos sólidos y con flagrante desconocimiento del debido proceso”, además de una vulneración a su derecho legítimo a la contradicción y defensa.El representante conservador también expresó que este tipo de declaraciones públicas, sin el sustento jurídico correspondiente, ponen en riesgo su buen nombre y afectan principios fundamentales del debido proceso, la moral pública y la confianza ciudadana en las instituciones.“Rechazo rotundamente estos señalamientos infundados que no solo buscan desacreditarme, sino que también atentan contra el respeto que merecen las instituciones y los derechos del campesinado colombiano”, indicó Díaz Mateus en su pronunciamiento.
La notaria Ana Dolores Meza Caballero fue presentada este miércoles ante un juez para la legalización de su captura, tras haber sido capturada el pasado martes en la puerta de la Notaría Segunda de Barranquilla, en medio de una diligencia que hace parte de la investigación contra el despojo de tierras que presuntamente se registra en el departamento del Atlántico. De acuerdo con información que conoció Blu Radio, la audiencia de legalización estuvo a cargado del juzgado sexto con función de control de garantías, sin embargo, la de imputación y solicitud de medida de aseguramiento fue atendida por el juzgado 17 penal municipal con función de control de garantías.Los delitos imputados corresponden a concierto para delinquir, invasión de tierras, prevaricato por acción y omisión, peculado a favor de terceros, falsedad en documento público y privado. Esto corresponde a los mismos delitos que fueron imputados a los funcionarios públicos que fueron capturados en el primer operativo que se desarrolló la semana pasada y que dejó 17 detenidos. Entre los elementos que la Fiscalía buscaría probar si la notaria habría incurrido en una eventual estafa, en la presentación falso testimonio, en el uso de documentos falsos, entre otros. Por esto, la fiscal del caso Diana Alejandra Álvarez, solicitó la medida de detención intramural para Meza Caballero, sin embargo, la decisión del juez quedó postergada para la próxima semana.
La decisión del juez de control de garantías, Ángel Monroy, de apartarse del caso en el que se capturaron a 16 personas, muchas de ellas servidores públicos señalados de pertenecer a una banda dedicada al robo de tierras en el Atlántico, no cayó bien en las víctimas y sus abogados.Precisamente, el jurista Alfonso Camerano, quien representa a varias de los procesados, le dijo a Blu Radio que no le queda otra vía que radicar una acción de tutela contra el juez 101 penal municipal con funciones de control de garantías, especializado en Grupos Armados Organizados (GAO) y Grupos Delincuenciales Organizados (GDO), ya que su decisión “frustra un esfuerzo investigativo de más de un año” y que es dirigido por la fiscal octava anticorrupción.De hecho, llegó a comentárselo al mismo juez Monroy durante la audiencia celebrada el pasado martes. “Me parece que no solo precipitada, sino que puede colocar, como lo ha señalado la propia fiscalía, casi que en vilo de nulidad lo que se ha hecho. Estimo que tampoco es el momento indicado, después de haber agotado la primera audiencia de legalización, precipitarla sobre la audiencia de imputación para decir que rehúsa ahora la competencia”, expresó.El pasado miércoles, el juez Monroy decidió no continuar la audiencia, invocando su especialización para casos de Grupos Armados Organizados y Grupos Delincuenciales Organizados, ya que el togado consideró que este grupo de 16 capturados no contaba con esas características, todo esto sin haber oído la imputación de cargos.En cambio, el togado decidió remitir lo actuado al Tribunal Superior de Barranquilla.El abogado Alfonso Camerano, en esa línea, escribió una carta que remitió al presidente Gustavo Petro en la que le informa que el juez encargado no cumplió con su trabajo correctamente, alegando que se negó a seguir con el proceso por no estar en su dependencia. Por lo cual, pide solicita su intervención en esta situación, argumentando que muchos de estos acusados pedirán su libertad por haber corpus.“Señor presidente Gustavo Petro Urrego, la presente situación de abandono de justicia, afecta el debido proceso, ya que está comprometida y legalizada la captura y libertad de los sujetos procesales —y consiguientemente, burladas las víctimas—, con 16 capturados que, seguramente, han de acudir al Juez de tutela a reclamar libertad invocando salvaguardar la garantía constitucional del Habeas Corpus, en ejercicio de un derecho fundamental que encuentran ya despejado en el camino trazado de impunidad, expedito y circense que, en este caso, lo impone una decisión insensata, dañosa e irresponsable de un administrador de Justicia que desiste de su sagrada función constitucional”, escribió.Esta semana, la Policía informó que el despojo de tierras que más de 17 personas habrían realizado entre Barranquilla, Soledad, Santo Tomas, Malambo y Cereté afectaron a constructoras, proyectos urbanísticos y cerca de 1.800 familias, tras ser ocupadas zonas destinadas originalmente para mega colegios, centros de desarrollo infantil y parques.
Hasta nueva orden quedaron suspendidas las audiencias preliminares contra los 16 capturados esta semana en el Atlántico y en Córdoba, entre esos funcionarios públicos señalados de integrar una red criminal que facilitó la apropiación y venta ilegal de tierras.Y es que después de una extensa jornada, en la que pasada la medianoche de este martes, 15 de abril, el juez 101 penal municipal con función de control de garantías ambulante de Barranquilla terminó de legalizar 16 de las 17 capturas que presentó la Fiscalía. Luego de cinco horas de apelaciones por parte del ente acusador y de algunos abogados defensores que no compartieron su decisión en esta primera etapa; el despacho declaró que no era competente para seguir con este caso y atender las siguientes audiencias concentradas.El juez Ángel Monroy argumentó que su despacho está para atender asuntos relacionados con grupos armados organizados y esto, a su criterio, no se cumple en este caso.Si bien la Procuraduría no se opuso a esta decisión, la Fiscalía sí se mostró en desacuerdo, consideró que el juzgado sí es competente y advirtió que esto más bien podría acarrear nulidades frente al proceso.Así las cosas, la decisión ahora quedó en manos de la Sala Penal del Tribunal Superior de Barranquilla, que ahora deberá definir quién tiene la competencia para continuar con las audiencias de imputación de cargos y de solicitud de medida de aseguramiento.
Poco a poco se siguen revelando detalles de las 17 personas detenidas en un operativo que realizó la Fiscalía y la Policía contra la apropiación y venta ilegal de terrenos públicos y privados en el Atlántico.Este operativo incluyó seis allanamientos en Barranquilla, Soledad (Atlántico) y Cereté (Córdoba), en los cuales se dieron las detenciones de 17 personas, en su mayoría funcionarios y exfuncionarios públicos que están en proceso de legalización de capturas por parte de un juez de la República.La Policía informó que esta red tenía "presuntos vínculos con organizaciones criminales que tienen injerencia en la capital del Atlántico y el área metropolitana", estructuras con las que al parecer realizaban "actividades de corrupción relacionadas con dicha apropiación y venta ilegal de terrenos públicos y privados, destinados a proyectos sociales como colegios y parques deportivos".Los detenidos son señalados de afectar a cientos de familias al apropiarse ilegalmente de terrenos de uso público, perjudicando el desarrollo urbano y comunitario, por eso enfrentarán investigaciones por delitos como concierto para delinquir con el fin de cometer delitos contra la administración pública, prevaricato, invasión de tierras, peculado y falsedad documental.Estos son los detenidosBlu Radio conoció que las personas detenidas son Roque Lugo, señalado como falso testigo; José Márquez, abogado; Francisco Mejía, notario de Santo Tomás; Luis Martínez, tramitador; Marlon Mora, inspector de Policía; Andrés Díaz, jurídico de la Alcaldía de Soledad; Rafael Bossio, abogado; Ismael Cárcamo e Inés Salas, señalados como agente corruptor; Iván Páez, registrador de Soledad; Juan Ucrós, exregistrador de Soledad; Neissy Cantillo, exinspector de Policía de Soledad; Alex Ahumada, abogado; Wilmar Machuca, supuesto poseedor irregular; José Pacheco, calificador de Instrumentos Públicos de Soledad; David De Castro, exregistrador de Soledad, y José Peñaloza, supuesto poseedor irregular.Llama la atención que entre los capturados está Juan Manuel Ucrós, reconocido Petrista que, incluso, fue candidato de la Colombia Humana en el municipio de Soledad.
León XIV inició este domingo 8 de noviembre una visita histórica a Argentina, la primera de un papa en casi 40 años, y en su primer discurso reclamó para este país justicia social y apoyo a la educación y la investigación, así como la necesidad de proteger a los jubilados y las personas discapacitadas, precisamente los sectores más afectados por la ‘motosierra’ de Javier Milei.“La economía debe estar al servicio de la persona, y no la persona al servicio de la economía", dijo el papa ante el propio Milei, quien escuchó sentado a su lado en el auditorio del antiguo Centro Cultural Kirchner (CCK), rebautizado como Palacio Libertad.Milei llegó a la Presidencia en diciembre de 2023 con la promesa de imponer equilibrio fiscal y reducir la inflación. Para ello, puso en marcha políticas públicas encaminadas a reducir el Estado, los programas sociales, las pensiones y la financiación de la educación y salud públicas. Lo que él mismo llamó, con orgullo, la “motosierra”.Desde entonces, han desaparecido 32.390 empresas y 465.811 empleos, se ha profundizado la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores y los jubilados, se ha disparado la morosidad en los hogares hasta el 12,8 % y la tasa de desocupación ha llegado al 7,9%, según el Centro de Política Económica Argentina (CEPA), en su informe difundido este fin de semana bajo el título ‘La Argentina que recibe al papa’.En definitiva, la clase media argentina ha sido la más golpeada por las políticas de ajuste, que han impactado en programas de derechos humanos, mujeres, jubilados, educación, infancias y colectivos vulnerables, como las personas discapacitadas.El contundente discurso del pontífice puso precisamente el acento en esos aspectos: "Pienso de manera particular en las familias que llevan sobre sí el peso de la incertidumbre, en quienes buscan trabajo, en los ancianos que han contribuido durante años a construir la sociedad y en quienes, aún trabajando, tienen dificultades para cubrir las necesidades de su hogar".Y reclamó “especial atención en la enfermedad, la dependencia y la discapacidad", así como a “la medicina, la educación, la producción y la investigación”.Advertencia anterioresEl arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, quien ocupa el cargo que en su día tuvo el papa Francisco, antecesor de León XIV, ya había cuestionado al gobierno de Milei por la situación de los jubilados, que se manifiestan cada miércoles ante el Congreso y con frecuencia son reprimidos por la policía, y las personas discapacitadas.El llamado del papa a cuidar a las personas se completó con otro sobre la defensa de la tierra, en respuesta a la reforma de la ley de glaciares propuesta por el Gobierno argentino para que se puedan explotar recursos mineros en zonas aledañas a las masas de hielo."Argentina ha sido bendecida por Dios con una extraordinaria riqueza natural. Sus campos, sus reservas de agua, sus fuentes de energía, sus minerales y la diversidad de sus ecosistemas ofrecen amplias posibilidades de desarrollo", dijo el papa, al añadir "una ecología auténticamente humana sabe unir el cuidado de la creación al de las personas”.El papa León XIV llegó a Buenos Aires procedente de Uruguay, donde inició el viernes una gira sudamericana que también lo llevará a Perú, donde vivió y ejerció como sacerdote y obispo durante casi 20 años, la segunda patria del papa estadounidense.Estas primeras palabras del papa en Argentina, ante un Milei amilanado tras las derrotas electorales de sus aliados en Estados Unidos y Brasil, así como por la destitución y detención del ya expresidente de Paraguay Santiago Peña (por su responsabilidad en la quiebra del Ueno Bank), le han llevado a ofrecer un mensaje moderado el que ha resaltado la figura del papa Francisco como un “ser excepcional” y “el argentino más importante de la historia”.También defendió la fe católica tras haber abrazado el judaísmo en los últimos años, considerar a Israel un socio político fundamental y tras inaugurar recientemente un gran templo evangélico en Argentina.Milei recibió a León XIV a su llegada a Argentina y luego se reunieron en privado en la Casa Rosada durante 40 minutos. Entre medias, el pontífice rindió homenaje, con una ofrenda floral, al monumento de José de San Martín, prócer de la independencia sudamericana, y recibió las llaves de la ciudad de Buenos Aires.El papa presidirá mañana una misa que se espera multitudinaria en Buenos Aires, el martes viajará a la ciudad de Córdoba y el miércoles lo hará a Luján, donde se encuentra la basílica que acoge a la patrona de Argentina.
El presidente estadounidense, Donald Trump, reconoció que su política de deportaciones fue "demasiado dura" tras las elecciones de mitad de mandato del martes pasado en las que su partido perdió las mayorías del Congreso, según una entrevista con la cadena CBS publicada este domingo.El corresponsal del programa '60 Minutes' Ross Douthat preguntó a Trump, en la primera entrevista televisiva del mandatario tras las elecciones, si consideraba que su política de deportaciones fue demasiado lejos. "Pienso que fue demasiado dura. Pienso que quizá fue demasiado dura, sí", expresó el mandatario, según un fragmento de la entrevista que se transmite en su totalidad horas más tarde.Sus declaraciones se producen tras los comicios del martes, en los que los demócratas ganaron las mayorías de la Cámara de Representantes y el Senado en unas campañas en las que el rechazo a las redadas del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) motivó a votantes, en particular a electores latinos.A pesar de estos resultados y estas declaraciones, Trump nombró el viernes como nuevo jefe de su gabinete a Stephen Miller, un asesor considerado el artífice de la política antiinmigrante del Gobierno.Además, el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, avisó que "las deportaciones continuarán" en una publicación en sus redes sociales un día después de las elecciones.
El hotel La Luna, en Cali, ubicado en el sur de la ciudad, y que quedó gravemente afectado por el terremoto del pasado 10 de agosto, en las últimas horas registró un desprendimiento de escombros asociado a un movimiento en su estructura. La situación obligó a las autoridades a reforzar las medidas de seguridad en el sector para evitar que alguna persona resultara afectada.De acuerdo con el secretario de Gestión del Riesgo de Cali, Ricardo Peñuela, el incidente no dejó personas lesionadas ni víctimas. Sin embargo, debido a las condiciones de la edificación, se amplió el perímetro de seguridad alrededor del inmueble."Se presentaron movimientos estructurales en lo que es el edificio, la estructura denominada Hotel La Luna, para lo cual hubo movimientos en el punto de inflexión de la mitad, donde el edificio colapsó. No tenemos víctimas fatales ni heridos.", dijo Peñuela.El funcionario también explicó que la estructura ya cuenta con la aprobación del Consejo Distrital para adelantar su demolición, un procedimiento que estará a cargo de los propietarios del hotel."Tenemos la protección de la vida restringida, como lo pueden ver en cuanto a las personas que transitan por la vía, pero hemos extendido este perímetro para que las personas que transiten por aquí lo hagan de manera segura. La próxima semana empezaremos con toda la demolición de esta estructura para eliminar o reducir el riesgo de colapso que tenemos en este sitio.", señaló el funcionario.Según indicó Peñuela, actualmente se desarrollan mesas técnicas para avanzar en los aspectos necesarios que permitan ejecutar la intervención y establecer las condiciones bajo las cuales se realizará la demolición.
La Selección Colombia tendrá que modificar su nómina para los compromisos amistosos de noviembre de 2026. El cuerpo técnico, liderado por el entrenador argentino Néstor Lorenzo, confirmó la salida de Jaminton Campaz debido a una lesión y anunció la convocatoria de Óscar Cortés para ocupar su lugar.La decisión se conoció luego de que Rosario Central, equipo al que pertenecía Campaz, notificara al cuerpo técnico sobre la situación física del futbolista. Ante esta novedad, el seleccionador decidió incorporar al atacante que actualmente juega en Huracán, del fútbol argentino.El cambio representa un ajuste en los planes de Lorenzo para la próxima fecha FIFA, en la que el combinado nacional se medirá con Chile en Cali y posteriomente en Santiago. La modificación también obliga al entrenador a reorganizar las alternativas ofensivas disponibles para estos encuentros.¿Por qué Jaminton Campaz salió de la convocatoria de Colombia?La baja del atacante se produjo por una lesión que le impide sumarce a la concentración de la Tricolor. La información sobre su estado físico fue comunicada por Rosario Central, situación que llevó a la Federación Colombiana de Fútbol y al cuerpo técnico a gestionar su reemplazo.Campaz era uno de los nombres incluidos inicialmente en la lista de convocados por Lorenzo. Su ausencia representa una baja para el grupo que se prepara para los amistosos de noviembre, en una etapa en la que el entrenador busca consolidar el funcionamiento colectivo y evaluar distintas alternativas de cara a las eliminartorias que arrancarían en septiembre del próximo año.¿Quién reemplazará a Jaminton Campaz en la Selección Colombia?El elegido para ocupar el lugar de Campaz es Óscar Cortés, delantero que milita en Huracán, de Argentina. Su convocatoria busca mirar las opciones disponibles en el frente de ataque de la Selección Colombia de cara a los compromisos internacionales.La doble jornada de amistosos de noviembre de 2026 tendrá dos compromisos frente a Chile: el primero se disputará en Cali y el segundo en Santiago. Estos encuentros representan una oportunidad para que Néstor Lorenzo pruebe variantes tácticas, evalúe nuevos jugadores y continúe ajustando el funcionamiento del equipo nacional de cara a sus próximos retos oficiales.Con este movimiento, la Selección ajusta su lista de convocados y continúa con la preparación para cerrar el año futbolístico con resultados positivos.
Una serie de documentos reservados de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), conocidos por la Unidad Investigativa de Noticias Caracol, revelarían presuntas irregularidades durante el gobierno de Gustavo Petro, relacionadas con posibles operaciones de espionaje a expresidentes, intentos de interferir en procesos electorales y millonarias contrataciones de equipos que habrían presentado fallas o no pudieron utilizarse.Los hallazgos hacen parte de un informe de empalme de 26 páginas, elaborado en julio de 2026 y dirigido al nuevo director de la entidad. El documento contiene fotografías, reportes internos y señalamientos basados en información suministrada por funcionarios de la propia agencia.Uno de los asuntos más delicados tiene que ver con la presunta intención de instalar micrófonos y dispositivos GPS en los vehículos destinados a los esquemas de protección de expresidentes y exvicepresidentes de la República.Según el informe, el Gobierno expidió el Decreto 0563 del 3 de junio de 2026, mediante el cual incorporó a la DNI entre las entidades encargadas de participar en la asignación de esos vehículos. El documento advierte que esta modificación podría haber buscado facilitar labores de inteligencia sobre las personas protegidas.Al respecto, Juan Carlos Restrepo, exconsejero de seguridad nacional y exinspector de la DNI, cuestionó que la entidad participara en estas funciones, pues, según explicó, estarían por fuera de sus competencias y de su campo de acción.Otros hallazgos sobre presuntas irregularidades en la DNIEl informe también menciona una supuesta estrategia para mantener personal cercano al gobierno Petro dentro de la entidad. De acuerdo con el documento, algunos funcionarios habrían sido declarados insubsistentes sin justificación ni debido proceso, con el propósito de que posteriormente acudieran a instancias judiciales y consiguieran su reintegro.Otro de los señalamientos apunta a la existencia de una casa de inteligencia clandestina ubicada a pocos metros de la Embajada de Estados Unidos en Bogotá. Según la fuente citada en el informe, el inmueble habría funcionado como una sede operativa no registrada oficialmente y fue desocupado después de las elecciones presidenciales. Además, se habría eliminado cualquier registro de su existencia en los archivos de la DNI.A esto se suma una alerta sobre posibles equipos tecnológicos entregados por Rusia a funcionarios de inteligencia colombianos. El documento señala que computadores y celulares habrían sido suministrados durante un viaje de agentes a Moscú para recibir capacitación del servicio secreto ruso, el SVR. La sospecha es que los dispositivos podrían contener programas maliciosos para espiar los sistemas de la entidad y al siguiente gobierno.Un dron de $9.000 millones que habría presentado fallasEntre los hallazgos relacionados con contratación aparece la adquisición de un helicóptero no tripulado por $9.000 millones. Según las especificaciones del contrato, el equipo estaba destinado a recolectar información mediante imágenes y videos para labores de inteligencia y contrainteligencia.El aparato tendría un alcance máximo de 600 kilómetros, autonomía de vuelo de hasta seis horas, transmisión de datos en un rango de 200 kilómetros y capacidad de carga de entre 60 y 120 kilogramos.Sin embargo, el informe señala que el equipo habría sido entregado con fallas en cuatro sistemas críticos: comunicación, combustible, caja de transmisión y motor. Incluso, un vuelo de prueba tuvo que cancelarse por razones de seguridad.La adquisición también estaría bajo un proceso sancionatorio por presuntos incumplimientos de las especificaciones técnicas. A esto se suma que el 15 de marzo de 2026 el helicóptero sufrió un siniestro y, según los documentos conocidos, estaba asegurado únicamente por $900 millones, equivalentes al 10 % de su valor.Compras de equipos y vehículos bajo revisiónOtro informe de 11 páginas, enviado por la DNI a la Presidencia en septiembre de 2026, detalla diferentes aspectos de la contratación de la entidad.Entre ellos aparece la compra de cuatro camionetas Tahoe modelo 2024, dos de las cuales habrían sido acondicionadas con equipos antidrones para la Casa de Nariño. La adquisición de tres de estos sistemas representó un gasto de $8.340 millones.El documento también señala que se está verificando la información entregada por un funcionario sobre la posible capacidad de estos vehículos para interceptar comunicaciones.Adicionalmente, la entidad se habría quedado sin una plataforma para registrar sus misiones de inteligencia y contrainteligencia desde 2024, debido a que no se renovó el contrato con el proveedor. Esta situación, según el informe, estaría afectando el desarrollo y la supervisión de las operaciones.Las observaciones sobre contratación también incluyen un sistema de identificación biométrica, dactilar, facial y de iris adquirido en 2022 por $580 millones, que no pudo implementarse por incompatibilidad con los equipos de la entidad.Asimismo, se reportaron problemas de calidad en 595 computadores comprados en 2024 por $1.314 millones. En otro contrato de enero de 2026, por $1.549 millones, aparecen compras de atriles por $14 millones cada uno y camas por $18 millones, destinadas a las nuevas oficinas de la DNI en Funza, cuya construcción presentaba un retraso del 12 %.Hacker de la DNI señalado de un posible ataque contra la RegistraduríaUno de los capítulos más delicados de la investigación está relacionado con Carlos Oyola, un ingeniero de sistemas que ingresó a la DNI en febrero de 2024 y que, según documentos internos de la entidad, habría tenido participación en actividades informáticas y de contrainteligencia.El informe señala que Oyola habría liderado una red encargada de realizar acciones para alterar los resultados de las votaciones del 21 de junio de 2026. Según el documento, el ingeniero se encontraba en Madrid, España, junto con otros integrantes, desde donde presuntamente ejecutarían ataques contra la Registraduría.Un elemento que llama la atención es que, para ese momento, Oyola tenía una orden de captura emitida por un juez el 7 de mayo de 2026. Además, los documentos indican que habría logrado escapar de un allanamiento de la Fiscalía a un apartamento utilizado como fachada de la DNI, horas antes de la primera vuelta presidencial. En el inmueble quedaron computadores, celulares y otros dispositivos electrónicos.Los antecedentes del funcionario también fueron incluidos en la investigación. Según la información conocida, Oyola enfrentaba un proceso por presuntas irregularidades relacionadas con el acceso a los sistemas informáticos de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD), así como por falsedad en documento público, fraude procesal y concierto para delinquir.La investigación señala que habría falsificado calificaciones para obtener títulos académicos. Además, documentos de la DNI lo relacionaban con la coordinación de activistas digitales, bodegueros y hackers.Otro señalamiento tiene que ver con su participación en el desarrollo del Sistema Integrado de Inteligencia y Contrainteligencia, una plataforma destinada al registro de las operaciones de la entidad. Según el informe, Oyola no habría entregado el sistema y presuntamente habría sido víctima del robo del computador en el que trabajaba. Sobre este hecho, el documento advierte que no existiría una denuncia ante la Fiscalía.Finalmente, Noticias Caracol informó que Carlos Oyola fue capturado el viernes 6 de noviembre por el caso relacionado con el hackeo a la UNAD. Para ese momento, todavía figuraba como funcionario activo de la DNI.La investigación también señala que el medio consultó a varios expresidentes sobre las presuntas operaciones relacionadas con sus esquemas de seguridad, pero ninguno quiso pronunciarse públicamente. Asimismo, buscó respuestas de los dos últimos directores de la DNI durante el gobierno Petro y de la fiscal general Luz Adriana Camargo, sin obtener respuesta.