Paloma Valencia

La prórroga del principio de oportunidad concedido a Manuel Antonio Castañeda Bernal, conocido como el ‘Narcochofer’, fue cuestionada por abogados de personas vinculadas a las investigaciones en las que él colabora con la Fiscalía General de la Nación. Las defensas solicitaron revisar las condiciones del beneficio judicial, las supuestas reuniones que habría sostenido con personas relacionadas con el narcotráfico y la información que ha entregado a las autoridades, incluida una declaración en la que mencionó a la excandidata presidencial y exsenadora Paloma Valencia.Un juez de control de garantías avaló la ampliación del principio de oportunidad, mediante el cual Castañeda continúa colaborando con la Fiscalía en cinco líneas de investigación. Estas están relacionadas con la fuga de Juan Larinson Castro Estupiñán, alias ‘Matamba’, de la cárcel La Picota; el presunto uso de vehículos de la Unidad Nacional de Protección (UNP) para transportar estupefacientes; actuaciones de integrantes de la Fuerza Pública relacionadas con una incautación de cocaína; una presunta estructura dedicada al acopio, transporte y comercialización de drogas, y hechos asociados con esquemas de seguridad de la UNP.En entrevista con Blu Radio, el abogado Holman Devia, representante de Omar Hernández, quien se desempeñaba como uniformado en el procedimiento de captura de Castañeda, cuestionó que se prorrogara el beneficio mientras persisten interrogantes sobre las actividades del colaborador con la justicia.“Este caso me genera una pregunta que quiero hacerle directamente a la Fiscalía y es, ¿a Manuel Castañeda le otorgaron un principio de oportunidad o una licencia para delinquir?”, planteó el abogado.Devia se refirió a dos situaciones que, según dijo, requieren aclaración. La primera corresponde a una reunión en el Country Club de Bogotá, sobre la cual señaló que el propio abogado de Castañeda, Miguel Ángel del Río, había relatado encuentros de su representado con narcotraficantes. El defensor de Hernández pidió establecer si esos contactos fueron informados y autorizados por la Fiscalía y si hicieron parte de alguna operación controlada por las autoridades.“Hasta donde tiene entendido esta defensa, el señor Castañeda no está actuando bajo la figura de agente encubierto, porque una cosa es colaborar con la justicia y otra muy distinta es mantener contactos cuya finalidad y legalidad no han sido suficientemente esclarecidas ante la opinión pública”, sostuvo.El segundo episodio mencionado por Devia corresponde a grabaciones de una reunión del 18 de julio de 2025 en la Dirección Nacional de Inteligencia. Según su exposición, en esa conversación aparecería Castañeda hablando de sus contactos con alias ‘Falcón’ y alias ‘Fortuna’, personas vinculadas con el narcotráfico que habrían estado privadas de la libertad en Estados Unidos. También habría referencias a negociaciones relacionadas con bienes bajo administración de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) y a posibles acuerdos con funcionarios del Gobierno Petro.“¿La Fiscalía verificó si estos contactos comprometían las obligaciones de su beneficio, y todavía hay una pregunta más importante, ¿por qué después de conocerse estos hechos se prorrogó su principio de oportunidad?”, preguntó el abogado.El interrogatorio en el que se menciona a Paloma ValenciaUno de los principales cuestionamientos expuestos por Devia se refiere a un interrogatorio rendido por Castañeda en junio de 2026, durante el periodo de campaña electoral, días antes de la segunda vuelta presidencial. Según el defensor, en esa diligencia se hicieron referencias directas a Paloma Valencia, en el contexto de una investigación relacionada con los Comandos de Frontera, estructura criminal que tiene como cabecilla a alias ‘Araña’, recientemente extraditado.Blu Radio conoció el interrogatorio en el que se indagó a Castañeda sobre Luis Carlos Vélez, alias ‘El Mono’, señalado como supuesto líder financiero de los Comandos de Frontera y recientemente judicializado, quien también habría sido facilitador de paz durante el Gobierno del presidente Gustavo Petro. En la diligencia también se mencionó a alias ‘JJ’, identificado en el interrogatorio como cabecilla de esa estructura.Al preguntarle por los nexos entre esas personas, Castañeda hizo afirmaciones sobre supuestos vínculos políticos de la organización criminal y mencionó expresamente a Valencia. En el interrogatorio afirmó “Es preocupante porque estas personas están haciendo parte de las mesas de negociación de gobierno y tengo información, verás por algunas fuentes de información bastante confiables que la organización participa en política y que tienen aliados políticos, los cuales los benefician tanto económica como políticamente”.Luego agregó “Según la última información que recibí, alias JJ está apoyando la campaña política de la actual candidata presidencial, Paloma Valencia, y a un señor exgobernador del Putumayo que se llama Buanerges Rosero, y en general al partido político Centro Democrático en el departamento del Huila”.Devia cuestionó el momento en que se produjo la diligencia y pidió conocer las pruebas que respaldarían esas afirmaciones, así como establecer si fueron verificadas de manera independiente. El abogado sostuvo que la Fiscalía debe esclarecer el propósito de la declaración y determinar si la información se utilizó exclusivamente para fines legítimos de investigación.“¿Cuál es el objeto de esa declaración? ¿Qué pruebas respaldan lo manifestado? Y la otra es si fue verificada de manera independiente, y, especialmente, ¿se utilizó esa información exclusivamente para fines legítimos de investigación o existió algún intento de instrumentalizar los mecanismos judiciales con propósitos políticos?”, planteó.El defensor también señaló que, según la información que conoce, la declaración se produjo durante el periodo electoral y en un momento en el que, afirmó, habría existido una instrucción desde el Pacto Histórico para que Miguel Ángel del Río liderara una campaña de verificación de posibles fraudes electorales. Devia indicó que Castañeda rindió el interrogatorio en presencia de Del Río, su abogado. Estos señalamientos fueron resaltados por el abogado Devia como cuestionamientos que deben esclarecerse.Al solicitar una revisión integral del principio de oportunidad, Devia pidió verificar las obligaciones impuestas a Castañeda, las actividades reportadas y la información que sustentó la prórroga. También solicitó establecer si las reuniones con personas vinculadas al narcotráfico fueron informadas, autorizadas o controladas por las autoridades y que, si se identifican incumplimientos o posibles nuevos delitos, se adelanten las actuaciones correspondientes.El abogado hizo además un llamado al Departamento de Justicia de Estados Unidos, a la DEA y a las autoridades federales competentes para que, mediante los canales oficiales de cooperación judicial, examinen la información relacionada con los presuntos contactos de Castañeda con personas vinculadas al narcotráfico internacional. Devia agregó que ha sido víctima de amenazas durante el proceso y aseguró que esos hechos no han avanzado en la Fiscalía.Otro cuestionamiento por las investigaciones relacionadas con la UNPPor su parte, el abogado Sergio Clavijo, defensor del líder sindical Wilson Devia, también cuestionó la prórroga del principio de oportunidad. Su representado se encuentra en etapa preparatoria de juicio por hechos que, según la Fiscalía, estarían relacionados con esquemas de seguridad y presuntas solicitudes de dinero para garantizar acompañamientos irregulares. Castañeda es testigo dentro de ese proceso.Clavijo afirmó que, a partir de audios divulgados públicamente, existirían interrogantes sobre las actividades del ‘Narcochofer’ y posibles contactos con personas vinculadas al narcotráfico. También sostuvo que Castañeda tendría denuncias por presuntas estafas relacionadas con automóviles y otras transacciones, sobre las cuales, según dijo, desconoce avances investigativos.“Para la defensa recibimos con sorpresa esta prórroga al principio, porque decimos si esta persona sigue delinquiendo, no entendemos cómo la Fiscalía prorroga”, manifestó.El abogado también cuestionó que, según su versión, no se haya avanzado en denuncias presentadas por Yesid Torres, propietario de un esquema de seguridad, relacionadas con el transporte de estupefacientes. En ese contexto, mencionó a Viviana Toro, esposa de Castañeda, y preguntó por qué no se habría investigado su posible participación en esos hechos.Clavijo sostuvo, además, que su cliente fue absuelto en un proceso ante la Procuraduría por hechos que, según afirmó, guardan relación con la investigación sobre el presunto alquiler irregular de esquemas de la UNP. Por ello, cuestionó la continuidad del beneficio otorgado a Castañeda mientras, a su juicio, siguen pendientes asuntos que deben ser esclarecidos.

Paloma Valencia

Síguenos en: