Una preocupación grande se despertó en las últimas horas en el municipio de Luruaco, Atlántico, tras el reporte de una presunta intoxicación alimentaria que se presentó en la jornada de la tarde de la Institución Educativa San José de Luruaco, sede John F. Kennedy, al parecer derivada de la ingesta de comidas del Programa de Alimentación Escolar (PAE).Fueron ocho los estudiantes que resultaron afectados y debieron ser llevados hacia un centro asistencial, encendiendo inmediatamente las alarmas de la Gobernación del Atlántico, a través de la Secretaría de Educación Departamental.Los menores fueron atendidos oportunamente por su dolor abdominal y vómito, y todos fueron dados de alta, aunque las autoridades mantienen activos sus protocolos y rutas de atención para determinar las circunstancias de este suceso y si habría alguna irregularidad ya sea en el arroz con leche, en los bollos o en los huevos que fueron servidos por los trabajadores a cargo."Nuestra prioridad absoluta es la salud y el bienestar de nuestros niños y jóvenes. Apenas conocimos este presunto caso, activamos de inmediato nuestra ruta de reacción en articulación con la firma interventora Consorcio As Atlántico y el operador. Hoy nuestro equipo técnico se encuentra en terreno adelantando las investigaciones rigurosas para esclarecer los hechos y tomar las medidas administrativas que correspondan", afirmó el secretario de Educación Departamental, José Ternera.Desde la Gobernación se precisó que la administración departamental “actúa como entidad contratante del programa, mientras que la preparación y el suministro directo de los complementos alimentarios en este plantel educativo están a cargo exclusivo de un operador llamado Fundación Benkis Biojó, organización contratada bajo los lineamientos de la Resolución 051 de 2021 para atención etnoeducativa”.Por su parte, el alcalde Ameth Juan Hanna confirmó por sus redes sociales que se tomaron muestras de los alimentos suministrados para la realización de estudios de laboratorio. Una vez se tenga el dictamen, escribió que se tomarán “correctivos inmediatos para evitar que se vuelva a presentar un hecho tan lamentable”.
El dengue sigue ganando terreno en el Caribe, en la medida en que la alta humedad y el almacenamiento de agua en casa por las altas temperaturas están propiciando la proliferación del mosquito Aedes aegypti. La situación es tan alarmante que el Instituto Nacional de Salud reporta 42.351 casos confirmados en lo corrido de 2026 en la región.La preocupación crece no solo por los contagios, sino por la mortalidad; teniendo en cuenta que el Caribe suma 37 muertes confirmadas por dengue, de un total de 43 notificadas; otras 6 permanecen en estudio.La Guajira es el que más reporta muertes confirmadas por dengue, con 10 casos. Aunque no es el territorio con más contagios reportados, este departamento sí tiene la tasa de letalidad por dengue más alta de la región, con 0,32%, y una letalidad por dengue grave del 15,87%.Dicen los expertos que estas muertes por dengue suelen darse por la no atención médica oportuna, pues muchos optan por automedicarse al confundir los síntomas con una simple virosis. Justamente, el infectólogo Jesús Tapia indica que signos de alarma que deben ser atendidos con urgencia en un centro asistencial."Cuando el dolor de cabeza es tan intenso que no cede al consumo de analgésicos, si el dolor abdominal es muy fuerte o el paciente presenta vómitos y no tolera la hidratación oral, todos esos son signos de alarma", indicó."Otro punto importante son los sangrados, por ejemplo, cuando la gente se cepilla y sangra las encías, o cuando hay moquillo con sangre. Además, están las manchas rojas en la piel, las cuales no desaparecen cuando se pasa la mano", agregó.El resto de las muertes por dengue en el Caribe se reportan así: nueve en Magdalena, siete en Bolívar, seis en Atlántico, tres en Cesar y dos en Sucre. Así las cosas, Córdoba y San Andrés son los únicos que no registran fallecimientos confirmados por estos contagios.Cifra de contagiosAunque Atlántico tiene una situación de cuidado con 6.676 casos reportados, incluyendo aquellos contabilizados en Barranquilla, la mayor gravedad ocurre en Bolívar con 12.709 contagios, sumando los de Cartagena. Le siguen Magdalena con 7.828 y Cesar con 6.579 casos confirmados respectivamente.La Guajira presenta 3.166 casos; Córdoba, 3.016, y Sucre, 2.338. En el Archipiélago de San Andrés van 39 casos.
Los habitantes del municipio de Galapa están preocupados, pues afirman que, pese a las intervenciones de las autoridades, miembros de bandas criminales continúan intimidando a los comerciantes para exigirles el pago de extorsiones.Uno de los casos más recientes quedó evidenciado en las cámaras de seguridad de una tienda en el barrio Villa Olímpica, cuya fachada fue incinerada por un delincuente que llegó caminando. En las imágenes se observa al criminal rociando gasolina al negocio y luego prendiéndole fuego; sin embargo, antes de huir, los zapatos del agresor también terminaron encendidos por las llamas.El hecho ocurrió en la madrugada del pasado lunes festivo. En esta zona la comunidad y los comerciantes han denunciado ser víctimas constantes de extorsionistas. A este flagelo se suman los homicidios registrados recientemente en esta misma urbanización, lo que ha elevado la zozobra entre la ciudadanía que clama una intervención más contundente de las autoridades.El concejal de Galapa, Carlos Villarreal, advirtió que desde el Concejo Municipal han alzado la voz de alerta en repetidas ocasiones para dar a conocer estos hechos, y piden mayor presencia del GAULA.Hasta el momento, el responsable no ha sido capturado. Las autoridades confían en que el registro de las cámaras de seguridad sea clave para lograr su identificación y ponerlo a disposición de la justicia.
El brote de dengue que se registra en el Atlántico y que está afectando principalmente a los menores de edad habría cobrado su nueva víctima. Se trata de Yelian Almanza Pertuz, de 13 años, quien falleció tras padecer síntomas que suelen estar asociados al dengue hemorrágico.La salud de este menor, estudiante de sexto grado, se deterioró en cuestión de cinco días. Empezó padeciendo fiebre y malestar general como si se tratara de un resfriado, pero conforme pasaban las horas el dolor en el cuerpo se hizo más insoportable, sus plaquetas se desplomaron, la saturación bajó, sus pulmones colapsaron y hasta taquicardia sufrió.Su madre, Jessica Pertuz, contó que el niño recibió atención oportuna en la Clínica Santa Ana, de Baranoa, y en la Clínica San Rafael, de Sabanalarga, donde fue remitido; pero a pesar del esfuerzo de los médicos, el menor sufrió una hemorragia interna que le provocó la muerte.Le puede interesar: El dengue cobra la vida de un niño de 2 años en La Peña, Atlántico"Él se me fue complicando. Todo se complicó muy rápido, muy rápido. Lograron estabilizarle la presión con un medicamento, pero la saturación fue algo que hasta el último momento no se controló. Entonces, ya llegó un momento en que la doctora me dice: 'mamá, lo siento, pero el niño se fue, porque le dio una hemorragia interna", contó Pertuz.La muerte de Yelian está en estudio, pero todos los síntomas apuntan a que fue consecuencia del dengue. El Instituto Nacional de Salud reporta que, este año, en todo el Atlántico se han confirmado seis muertes por esta enfermedad y otras tres están en estudio.Los contagios ascienden a 6.651 casos, de los cuales 2.895 se han registrado en Barranquilla. De estos, más del 40% ha presentado signos de alarma, de allí el llamado de las autoridades a evitar los criaderos de mosquitos en casa y la petición de las comunidades a intensificar las jornadas de fumigación.El llamado a fumigar también lo hace Jessica, madre de Yelian, para evitar que otros menores sufran las consecuencias como su hijo."Hay demasiado mosquito, uno no sabe ni dónde estar. No basta con cerrar las puertas, o sea, es algo inexplicable la mosquitera que se ha desatado", expresó la mujer.
En Barranquilla el presidente Abelardo De La Espriella reunió a su gabinete en la sede presidencial alterna del Batallón Paraíso. El encuentro con los ministros y otros altos funcionarios se concentró, entre otros temas, en coordinar la agenda legislativa de cara a la recta final del año.En sus redes sociales el mandatario dio a conocer la reunión que sostuvo este domingo con sus ministros y otros altos funcionarios del Gobierno en la sede Presidencial alterna, en el norte de la capital del Atlántico.“Domingo de trabajo junto al gabinete de la Patria Milagro. Trabajamos sin descanso, con compromiso y resultados, por el futuro de Colombia”, escribió De La Espriella.Teniendo en cuenta la apretada agenda legislativa en el tramo final del año, el encuentro giró, entre otros temas, en buscar en el Senado y la Cámara de Representantes la aprobación de la Ley de Sometimiento a la Justicia y la Ley de Rescate Económico, que son vitales para el Gobierno.Sobre este último proyecto de ley, Presidencia de la República argumentó en una publicación en la red social X, que la Ley de Rescate Económico propone que el Estado asuma el 70% del ajuste, devolver el IVA a 19 millones de colombianos y reducir el impuesto de renta empresarial al 31% desde 2028.Agregó que también “protege los recursos de salud, pensiones, educación básica y agua potable para recuperar la estabilidad económica del país”.
A las 11:00 de la mañana en el Parque Espejo del Agua de Baranoa arranca este domingo el gran Desfile de los Angelitos, que finalizará en la plazoleta Manuel Patrocinio Algarín.Esta tradicional celebración que por primera vez tendrá un desfile, estará encabezada por La Majestuosa Banda de Baranoa que acompañará con su música a más de 4.000 niños, los reyes del Carnaval de Barranquilla, los reyes del carnaval de los Niños y los reyes de la calle 44, 18 grupos folclóricos y un público en el que reinará el color blanco que caracteriza a los ángeles.El alcalde Edison Palma decretó la prohibición de circulación de vehículos de todo tipo como motos, motocarros, de transporte público y particulares en el municipio y sus 3 corregimientos desde las 10:00 de la mañana hasta las 2:00 de la tarde.“Queremos garantizar la seguridad de los miles de niños que salen a las calles de los diferentes barrios a pedir dulces y mantener tradiciones como la caña, el bollo de angelito, la bola de chocolate y las frutas. Entonces son muchos los niños que salen a nuestras calles y el riesgo de algún tipo de accidente es bastante alto. Asimismo, con la Policía también hemos dispuesto operativos en los diferentes barrios y sectores para la seguridad de los niños y sus familias. Así reducimos el riesgo de accidentes de tránsito”.Por su parte, Hilton Escobar, director de la Majestuosa Banda de Baranoa, resaltó que el objetivo del desfile es darle más fuerza a la tradición del ‘Día de los Angelitos’ que en los municipios del Atlántico tiene gran arraigo cultural, por lo que la idea es que las nuevas generaciones la sigan viviendo en familia con dulces, música y el tradicional coro: “Ángeles Somos del cielo venimos pidiendo limosnas para nosotros mismos”.“En los municipios del Caribe, sobre todo desde Cartagena hasta acá, se festejan primero los angelitos que cualquier otra fiesta como Halloween. Los niños salen en pleno mediodía a pedir dulces a los vecinos, a pedir comida, como se hacía antes. Entonces nosotros vamos hacer por primera vez un desfile con música de los angelitos. Para eso vamos a tener mucha organización, muchas reinas, muchos elementos del Carnaval de Barranquilla, para demostrarle al país que el Día de los Angelitos es nuestra fiesta”.
Los jueces en el Atlántico ya no podrán hacer trabajo remoto, de acuerdo a una orden impartida por el Tribunal Superior de Barranquilla. La decisión generó inconformidad entre algunos funcionarios, que consideran que la virtualidad ha facilitado el acceso de los usuarios a la justicia, avance de los procesos y mayor seguridad a los togados que tienen amenazas contra su vida.El Presidente del Tribunal Superior de Barranquilla, Carlos Andrés Pérez, dio la orden perentoria de “no autorizar el teletrabajo a los jueces del distrito judicial”. La medida que dio a conocer a través de una circular, la argumenta en una serie de visitas que hizo a los municipios en las que confirmó la falta de presencialidad de los funcionarios en sus despachos.Dice el magistrado que la justicia también se construye con presencia, y “para muchas comunidades, el juez es el rostro más cercano del Estado, y su permanencia en el territorio permite escuchar, orientar y atender a quienes acuden al despacho".Sobre esta orden que empezó a regir este viernes, varios jueces se han mostrado en desacuerdo, entre otras cosas, porque la virtualidad es una herramienta que les ha ayudado a evacuar procesos por la facilidad que brinda a abogados y usuarios en general a conectarse a las audiencias, y, en últimas, acceder a la justicia.La juez 14 Civil Municipal de Barranquilla, Carmen Beatriz Barros, también señala que la atención al público hoy se puede realizar a través de ventanillas virtuales o físicas que tienen los despachos judiciales. Agrega que lo que sí se debe revisar es el excesivo volumen de trabajo que hoy tienen muchos juzgados en el Atlántico, que manejan entre 1.200 y 1.300 procesos al año, lo que les genera estrés, más horas de trabajo por fuera del horario laboral y menos tiempo con sus familias.“Los jueces nos pronunciamos a través de las decisiones y despachando el volumen de trabajo. Entonces, lo que hay que verificar es cuáles son las cargas que tenemos que asumir los jueces en esta labor que es excesiva. Por ejemplo, puedo decir que en Barranquilla un juzgado despacha entre 300 y 400 tutelas al año. Precisamente con la emergencia del terremoto despaché de 7 a 8 tutelas diarias que me remitieron de Pereira”.Barros agregó que muchos juzgados en el Atlántico manejan entre 1.200 y 1.300 procesos al año, lo que le genera a los funcionarios de la justicia un mayor estrés, más horas de trabajo por fuera del horario laboral y menos tiempo con sus familias.“Así como los abogados y los usuarios se conectan virtualmente desde sus lugares, desde sus oficinas, desde otras ciudades, igual lo puede hacer el juez, lo importante es que se despache y se dé trámite a la audiencia. Para eso es la virtualidad”.Otro aspecto importante a revisar, según otros jueces con los que Blu Radio pudo conversar, son las amenazas que se han presentado contra varios de ellos, por lo que la virtualidad es una herramienta que les permite no ponerse en riesgo ante el accionar de organizaciones criminales y bandas delincuenciales que operan en el Atlántico.
Pedro Lemus presentó su renuncia a la Secretaría General de la Gobernación del Atlántico. La noticia fue confirmada por el gobernador Eduardo Verano, a través de sus redes oficiales, donde le agradeció a Lemus y destacó su valiosa gestión al servicio del Atlántico como ejecutor de las más grandes obras desarrolladas en el departamento.Su labor fue clave para sacar adelante importantes proyectos sociales que han transformado la vida de miles de atlánticenses.Sobre LemusEs arquitecto, especialista en Planeación y Desarrollo Urbano Regional Sostenible y magíster en Desarrollo Social y Desarrollo Urbano Sostenible. Cuenta con una amplia trayectoria en el sector público. Ha ejercido como secretario de Planeación Departamental, secretario privado del gobernador, gobernador encargado del Atlántico y secretario general.Durante la actual administración, uno de sus aportes más significativos ha sido su participación en la gestión y ejecución de iniciativas para la transformación y ampliación de la sede Centro de la Universidad del Atlántico, un proyecto que busca recuperar un espacio emblemático de la educación superior y abrir nuevas oportunidades de formación para los atlanticenses.Desde la Secretaría General también participó en la articulación, seguimiento y ejecución de proyectos de infraestructura hospitalaria, educativa, deportiva y recuperación de espacios públicos, mediante el trabajo conjunto con alcaldías, entidades y dependencias del gobierno departamental.Su trayectoria incluye la participación en importantes proyectos como la ampliación de la Plaza de la Paz, los escenarios deportivos de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, los nodos del Sena, el Recinto Ferial Puerta de Oro y el Malecón del Río, así como iniciativas de vivienda de interés social y planeación territorial.
Hasta la clínica Iberoamérica de Barranquilla, ubicada en el norte de la ciudad, llegó el artista vallenato Kbeto Zuleta para recibir atención especializada luego del siniestro vial que protagonizó esta semana junto a su agrupación musical.El desplazamiento del cantante se coordinó mediante un avión ambulancia, que partió en la tarde de este martes desde el aeropuerto Alfonso López Pumarejo de Valledupar. Además, esta es una determinación que se tomó, luego de una junta en la que participaron su padre Poncho Zuleta, su tío y acordeonero Emiliano Zuleta, y el equipo médico de la Clínica regional Sinais Vitais, de Bosconia.Cabe resaltar que, "Kbeto continuará su tratamiento en la Unidad de Cuidados Intensivos, bajo vigilancia médica permanente y seguimiento especializado", según confirma un comunicado oficial de su manager Esteban Bolaño.La agrupación y la familia expresaron su gratitud por los cuidados iniciales recibidos tras la emergencia, así como por las muestras de afecto del público.Este martes, Medicina Legal también entregó los cuerpos del guitarrista Harold Santana y el corista Geovanni Lobo, víctimas fatales del suceso. Sus restos fueron trasladados hasta la Biblioteca Rafael Carrillo Lúquez, donde permanecerán en cámara ardiente a la espera de sentidos homenajes. Según confirman sus familiares, Harold será velado en Valledupar y las honras fúnebres de Geovanni serán en su natal Codazzi.Otro de los pronunciamientos de las últimas horas fue el de la empresa de bus que transportaba a la agrupación de Kbeto Zuleta, Expreso Súper Star S.A.S, lamentando el trágico accidente. La compañía envío sinceras condolencias y sobre las circunstancias del siniestro, aclaró que serán las autoridades las que las determinen.Por otro lado, la agrupación de Iván David Villazón anunció el aplazamiento del lanzamiento de su nuevo álbum, previsto para este viernes. La decisión, escribió en sus redes, “nace del dolor que nos embarga por las vidas que se perdieron y del luto que vive el mundo vallenato”.
La Federación Nacional de Industriales de la Madera (Fedemaderas) y la Asociación Colombiana de Actores del Mercado de Carbono (Asocarbono), en alianza con la Fundación Santo Domingo, realizarán del 26 al 28 de octubre la II Semana de la Bioeconomía Colombiana, en el Pabellón de Cristal del Gran Malecón del Río, en Barranquilla.El evento busca construir, de manera colaborativa, una nueva visión de desarrollo económico basada en la cadena de valor de la naturaleza, bajo acuerdos entre distintos sectores que aseguren su conservación.Según los organizadores, el 48% del PIB colombiano depende de los servicios que prestan los ecosistemas, pero la degradación ambiental pone en riesgo el 13% de ese aporte de cara a 2030. Frente a ese riesgo, la bioeconomía y los mercados de carbono se consolidan como alternativas para atraer inversión hacia la conservación sostenible, con un enfoque también productivo.Fedemaderas señaló que la cadena forestal de madera y mobiliario ya representa el 0,8% del PIB y genera 210.000 empleos directos e indirectos. Por su parte, Asocarbono indicó que 248 proyectos certificados en el país han logrado reducir o remover más de 250 millones de toneladas de CO₂ equivalente.Según los organizadores, con una política de Estado de largo plazo estas cifras podrían crecer de manera significativa: la cadena forestal podría superar el 3% del PIB, y los activos ambientales, como los de carbono y biodiversidad, podrían movilizar más de 200 mil millones de pesos anuales hacia el desarrollo de las regiones y las comunidades.El director ejecutivo de Fedemaderas, Juan Miguel Vásquez Suárez, afirmó que el bienestar del país está ligado a su capital natural y que la sostenibilidad debe permitir convertir los recursos en oportunidades económicas y beneficios para la sociedad. “Queremos que las conversaciones de esta Semana trasciendan el evento y se conviertan en una hoja de ruta para que la bioeconomía contribuya al desarrollo y crecimiento del país”, señaló.El director de Inversión Social de la Fundación Santo Domingo, Daniel Gonzales, destacó que la megadiversidad biológica y cultural de Colombia debe protegerse y traducirse en desarrollo y bienestar. Explicó que la Fundación impulsa mecanismos de inversión basados en resultados, sustentados en ciencia y evidencia, para la conservación de ecosistemas y la inclusión productiva de sus guardianes.El presidente de Asocarbono, Mauricio Rodríguez Castro, afirmó que los grandes desafíos de la sostenibilidad no se resuelven desde un solo sector, sino cuando diferentes actores se sientan a construir juntos. “Esta Semana busca conectar diferentes actores para identificar oportunidades, generar acuerdos y convertir las conversaciones en acciones concretas”, dijo.El evento reunirá a representantes del sector público y privado, comunidades, productores, empresas, inversionistas, banca, cooperación internacional y academia, alrededor de temas como la conservación, el capital natural, la producción sostenible, los servicios ecosistémicos, los activos ambientales, el financiamiento climático y los mercados de carbono y biodiversidad.También contará con la participación de entidades de Uruguay, Chile, Francia y Australia, que presentarán nuevas inversiones, y con espacios de diálogo con el Gobierno Nacional para identificar oportunidades y abordar aspectos normativos, financieros e institucionales.
Una evacuación preventiva se llevó a cabo en el centro de Ibagué, luego del sismo de magnitud 5,0 registrado en el municipio de Rioblanco, Tolima. La emergencia motivó la activación de protocolos de seguridad en varias edificaciones.Entre los inmuebles evacuados se encuentran los edificios de la Gobernación del Tolima y la Alcaldía de Ibagué, además de otras estructuras ubicadas en el centro de la capital tolimense.Las autoridades activaron medidas preventivas tras el movimiento telúrico, con el propósito de proteger la integridad de los funcionarios y ciudadanos que se encontraban en estas instalaciones.La evacuación se produjo como parte de las acciones de prevención ante posibles afectaciones estructurales derivadas del sismo. Las medidas buscan garantizar la seguridad mientras se evalúan las condiciones de las edificaciones.Temblor del viernes en ColombiaEsta evacuación se da luego de un nuevo temblor que sacudió a Colombia durante la tarde de este viernes 13 de noviembre. Según el reporte actualizado del Servicio Geológico Colombiano (SGC), el movimiento telúrico alcanzó una magnitud de 4,2 y tuvo su epicentro en el departamento del Tolima, cerca del municipio de San Antonio.El organismo informó que el sismo se presentó puntualmente a las 2:43 de la tarde, con una ubicación aproximada de 16 kilómetros del casco urbano de San Antonio. Además, el evento registró una profundidad superficial, inferior a los 30 kilómetros, de acuerdo con los datos técnicos publicados por la entidad.
Estos son los hechos que fueron noticia en Colombia en Mañanas Blu, con Néstor Morales, de este viernes, 13 de noviembre de 2026:Richard Claro, alcalde de Tibú, Norte de Santander, informó que cuatro militares murieron y otros cinco resultaron heridos en un ataque con cerca de 20 drones contra una unidad móvil del Ejército que realizaba labores de reconocimiento. Señaló que Tibú acumula más de 100 ataques con drones durante este año y consideró posible que los aparatos utilizados en el último hecho hayan sido operados desde Venezuela por la cercanía con la frontera.Norma Hurtado, senadora del Partido de la U y coordinadora de la comisión bicameral que hace seguimiento al Fondo Milagro, aseguró que las comunidades afectadas por el terremoto todavía no han visto los resultados esperados y cuestionó la falta de información entregada al Congreso. Señaló que el fondo cuenta actualmente con unos 624.000 millones de pesos frente a una reconstrucción que podría costar cerca de 54 billones, y pidió revisar los salarios de sus directivos bajo la premisa de tener menos burocracia y más resultados.Nubia Carolina Córdoba, gobernadora del Chocó, aseguró que en su departamento existe comunicación permanente con el Fondo Milagro y que ya presentó los proyectos requeridos para avanzar en demoliciones, vivienda nueva y reparación de inmuebles afectados por el terremoto. Indicó que el Chocó necesita reconstruir alrededor de 38.000 viviendas y destacó también el apoyo del sector privado para proyectos de infraestructura.Rodrigo López, agente del CTI liberado por el ELN después de 18 meses de secuestro, contó que permanece bajo valoración médica y aseguró que durante su cautiverio el grupo armado les manifestó que eran considerados objetivos por su condición de funcionarios de la Fiscalía. Dijo que la liberación se produjo por razones humanitarias, sin pago de dinero, y aseguró que salió sin rencores pese a las secuelas psicológicas que le dejó el secuestro.Miguel Tigsilema, trabajador sobreviviente al colapso de un edificio en Nueva York, relató que se encontraba trabajando en una construcción vecina cuando escuchó el estruendo y logró escapar entre el polvo y los escombros. Después regresó al lugar para ayudar a otras personas y participó en el rescate de un niño, a quien cargó hasta que llegaron los bomberos; aseguró que la experiencia le dejó un fuerte impacto emocional que todavía intenta superar.Natalia Gutiérrez, presidenta del Consejo Gremial Nacional y de Acolgen, aseguró que los empresarios reconocen la necesidad de un ajuste fiscal, pero buscan alternativas que no comprometan la viabilidad de los sectores ni el crecimiento económico. Explicó que analizan propuestas como revisar el IVA a lo largo de cadenas productivas completas, retirar algunas exenciones en sectores maduros, gravar plataformas internacionales que no tributan en Colombia y hacer más gradual la reducción del impuesto de renta empresarial.Paloma Baytelman, experta en inteligencia artificial, explicó que hasta ahora no existe evidencia de que la caída masiva de servicios de Microsoft haya sido producto de un ciberataque y señaló que la explicación preliminar apunta a una falla de infraestructura y sobrecarga de servidores. Advirtió que el episodio demuestra el riesgo de que gobiernos y empresas dependan de unos pocos proveedores tecnológicos y destacó la necesidad de contar con sistemas alternativos, interoperabilidad y planes de continuidad ante fallas de gran escala.Tomás Vásquez, suegro de Santiago Sapón Gutiérrez, trabajador fallecido en el derrumbe de un edificio en Brooklyn, contó que su yerno llevaba cuatro años viviendo en Nueva York y se dedicaba a la construcción. Explicó que Santiago deja a su esposa y a un hijo de aproximadamente cinco años, quienes también viven en Estados Unidos, y señaló que la prioridad de la familia es completar la identificación y los trámites necesarios para repatriar su cuerpo.Escuche el programa completo aquí:
El Comité Intergremial y Empresarial del Valle del Cauca manifestó su rechazo y preocupación frente a la reciente ola de ataques terroristas que ha golpeado a Cali y diferentes municipios del departamento, hechos que representan una amenaza para la seguridad ciudadana, la infraestructura estratégica y la tranquilidad de las comunidades.A través de un comunicado de prensa, el gremio empresarial condenó los atentados registrados en los últimos días, entre ellos el ataque contra la central hidroeléctrica de Amaime, en Palmira, ocurrido el 10 de noviembre; los hechos contra la sede de RCN en Cali, el 11 de noviembre; y el ataque a una patrulla de la Policía Nacional en el sector de Siloé, el 12 de noviembre. Asimismo, rechazó las acciones violentas contra los peajes del Valle del Cauca y el Cauca, que ponen en riesgo la integridad de trabajadores, transportadores y usuarios de las carreteras.El CIEV señaló que estos acontecimientos generan una profunda preocupación entre los empresarios y la ciudadanía, debido a las consecuencias que pueden tener sobre la seguridad, la infraestructura esencial y el desarrollo económico de la región. También advirtió que la violencia afecta directamente a las comunidades y vulnera el derecho de los ciudadanos a vivir y trabajar en paz.En su pronunciamiento, el Comité expresó su solidaridad con los uniformados, trabajadores, periodistas y comunidades que han resultado afectadas por estos hechos. De igual manera, respaldó la labor de la Policía Nacional y las Fuerzas Militares, e hizo un llamado al Gobierno Nacional para que se adelanten las acciones necesarias que permitan proteger a la población y evitar nuevos ataques.Ante este panorama, los gremios empresariales propusieron establecer una mesa de articulación y seguimiento entre las autoridades y el sector privado, con el propósito de identificar riesgos, coordinar estrategias de prevención y contribuir a la protección de las comunidades y de la infraestructura estratégica del departamento.La iniciativa busca fortalecer el trabajo conjunto entre las instituciones públicas y los empresarios, promoviendo acciones que permitan responder de manera oportuna a las amenazas que enfrenta el territorio y evitar que nuevos hechos violentos sigan afectando la actividad económica y la vida cotidiana de los vallecaucanos.
Las juezas y los jueces penales municipales con función de conocimiento de Bogotá expresaron su respaldo a las jornadas nacionales de protesta convocadas por las organizaciones sindicales de la Rama Judicial y manifestaron su preocupación por las condiciones estructurales que, a su juicio, afectan la adecuada prestación del servicio de administración de justicia.A través de un comunicado, los funcionarios señalaron que existe una contradicción entre el aumento de las responsabilidades asignadas a los despachos judiciales y la disponibilidad de recursos para cumplirlas. De acuerdo con su planteamiento, mientras crecen las obligaciones de los funcionarios judiciales, disminuyen las posibilidades de contar con personal, presupuesto e infraestructura suficientes.Uno de los principales puntos señalados es el incremento de la carga laboral sin un fortalecimiento proporcional de los despachos. Los jueces explicaron que el crecimiento sostenido de las acciones de tutela ha generado una sobrecarga de trabajo, debido a que estos procesos requieren atención prioritaria y demandan cada vez más tiempo y recursos humanos, mientras que los procesos penales a cargo de los juzgados continúan con sus propias exigencias.A esta situación, agregaron, se suman las actuaciones administrativas derivadas del trámite de las tutelas, muchas de las cuales son asumidas por los empleados de los despachos ante la falta de un esquema de apoyo suficiente. Para los jueces, esto termina trasladando las deficiencias estructurales del sistema a los funcionarios y empleados judiciales, quienes deben asumir mayores cargas con recursos que, según advierten, permanecen prácticamente inalterados.“En consecuencia, el peso de las insuficiencias estructurales del sistema termina recayendo sobre los funcionarios y empleados judiciales, quienes debemos asumir cargas de trabajo cada vez mayores con recursos prácticamente inalterados. Esta situación no puede seguir normalizándose, pues el compromiso y la dedicación de los servidores judiciales no pueden convertirse en el sustituto permanente de las obligaciones institucionales del Estado”, señalaron.Los jueces también cuestionaron la suficiencia del presupuesto destinado a la Rama Judicial frente al aumento de la demanda del servicio. En el comunicado mencionaron las advertencias que, según ellos, han realizado autoridades judiciales, entre ellas, la presidenta del Tribunal Superior de Bogotá, sobre la necesidad de contar con mayores recursos para atender las necesidades de funcionamiento, ampliación de personal e infraestructura.Para los firmantes, la falta de financiación suficiente limita las posibilidades de ampliar la cobertura judicial, fortalecer la infraestructura y adoptar medidas de descongestión. Advirtieron, además, que las consecuencias de esta situación no se limitan a las condiciones laborales de los servidores judiciales, sino que pueden repercutir en los ciudadanos que acuden a la justicia para obtener protección de sus derechos.“La financiación suficiente de la Rama Judicial no constituye, por tanto, una simple necesidad administrativa, sino una condición indispensable para garantizar una justicia oportuna, eficiente y efectiva”, señalaron las juezas y los jueces penales municipales de Bogotá.El tercer punto planteado está relacionado con las condiciones laborales y la remuneración de los servidores judiciales. Los funcionarios cuestionaron que, mientras aumentan las cargas y responsabilidades de la función judicial, se discuta una propuesta legislativa orientada a eliminar el tratamiento de renta exenta previsto para los gastos de representación de jueces y magistrados.Según el comunicado, una eventual aprobación de esa iniciativa podría afectar los ingresos disponibles de quienes ejercen funciones judiciales. Los firmantes aclararon que no desconocen las necesidades fiscales del Estado ni las competencias del Congreso, pero pidieron que la propuesta sea analizada teniendo en cuenta su impacto económico y las condiciones laborales y salariales de los funcionarios.“Sin desconocer las necesidades fiscales del Estado ni las competencias del legislador, consideramos indispensable que esta propuesta sea objeto de un debate serio sobre su impacto económico efectivo, atendiendo a las condiciones laborales y de remuneración de quienes ejercen la función judicial, cuya dignificación constituye un componente relevante para el ejercicio autónomo e independiente de sus funciones”, afirmaron.
Dos nuevos movimientos sísmicos se registraron en la tarde de este viernes, 13 de noviembre, en Colombia. De acuerdo con el boletín del Servicio Geológico Colombiano (SGC), el primer temblor tuvo una magnitud de 4.2 y el segundo de 4.2 en el departamento del Tolima, en una zona cercana al municipio de San Antonio.Según el reporte de la entidad, el primer temblor ocurrió a las 2:43 de la tarde y fue localizado a 16 kilómetros de San Antonio, en el Tolima. El movimiento tuvo una profundidad superficial, es decir, inferior a los 30 kilómetros, una característica que hace parte de los datos técnicos entregados por el organismo.El Servicio Geológico Colombiano también informó que el sismo tuvo como coordenadas una latitud de 3.82 y una longitud de -75.59. El municipio de Chaparral aparece como referencia geográfica en el boletín emitido por la entidad para identificar el evento.Segundo temblor en el paísTan solo unos minutos después, a las 3:01 de la tarde, se registró el segundo evento sísmico también de 4.2 en Chaparral. Por esto, varias edificaciones en ese departamento realizaron evacuaciones como manera preventiva.De hecho, en la publicación del Servicio Geológico Colombiano, varios usuarios comentaron que sintieron el temblor en otras ciudades del país como Bogotá, Sevilla, Cali, Palmira, Armenia, entre otras.El mapa compartido por el SGC muestra la ubicación del epicentro y las estaciones de monitoreo sísmico distribuidas en diferentes puntos del territorio nacional. Entre las ciudades identificadas en el gráfico se encuentran Cali, Pereira, Armenia, Ibagué, Manizales, Bogotá y Neiva.Por el momento, se desconoce afectaciones en edificaciones o personas lesionadas por este nuevo evento telúrico en el país.
